Day: 8 julio, 2009

Por Maura Gastelú Escalante de CODEHICA (más…)

Mujeres violadas sexualmente en conflicto interno no reciben justicia hasta la fecha. Denuncian que Estado no actúa.

DETALLE
Presentan cifras de casos que siguen sin atender. El Estado no se preocupa en hacer justicia.

Portal también criticó el cierre del Consejo de Reparaciones, pues dejó sin acreditar a miles de víctimas de la violencia interna, por lo que quedarán fuera del sistema de reparaciones individuales.

Han pasado casi treinta años desde el inicio del conflicto armado en el Perú y hasta la fecha hay casos que no se resuelven, muertos que no descansan en paz y cientos de mujeres que no encuentran justicia para sus hijos, sus esposos y para sus propias vidas. De acuerdo al registro único de víctimas, hasta agosto del 2009 se tenían registradas 503 denuncias por violación sexual y 29 por violencia sexual, casos que hasta la fecha no han sido judicializados en su mayoría.

Según informó Diana Portal, encargada de la línea jurídica de la ONG Demus, Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer, la inexistencia de normas nacionales específicas para el procesamiento de la violencia sexual en conflictos armados hace más difícil la labor de la administración de justicia, además que no se consideran como delitos de lesa humanidad, pese a que los tratados internacionales sí lo hacen.

Fuera de las estadísticas
Portal también aclaró que el número de denuncias registradas oficialmente no abarca la totalidad de casos, pues en la mayoría de mujeres que fueron atacadas sexualmente prefieren mantener el silencio el hecho, o si lo denunciaron en el momento en que ocurrió, ya no quieren hacerlo nuevamente por temor a represalias y porque el Estado no les da garantías. “Por ejemplo, en el caso de los poblados de Manta y Vilca, en Huancavelica, de las 24 denuncias que se tienen, hasta la fecha solo 7 mujeres valientes han seguido adelante con su denuncia”, añadió.

En cuanto a las reparaciones económicas, el Estado hasta la fecha ha tenido un papel casi nulo. Los representantes de Demus criticaron el accionar del presidente Alan García, a quien se le responsabilizó de muchos de los hechos registrados en el conflicto interno, pues sucedieron durante su primer mandato presidencial.

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Datos locales

Para conmemorar el Día de la No Violencia Contra la Mujer el 25 de noviembre diversas organizaciones de mujeres realizarán una gran cadena humana en San Juan de Lurigancho. Según cifras de las entidades vinculadas, en el distrito seis de cada diez mujeres sufren alguna forma de violencia, por parte de sus parejas. Dicha actividad busca promover la reflexión en torno a esta realidad.

La inscripción de nacimiento será gratis
El Congreso aprobó una disposición legal por la cual se establece gratuidad de la inscripción de nacimientos, decisión que modifica diversos artículos de la Ley Orgánica del Reniec. La disposición legal, que obtuvo 75 votos a favor, será de aplicación en las dependencias públicas y privadas que tengan a su cargo la inscripción de nacimientos, incluidas las oficinas del registro civil de gobiernos locales fuera del Reniec.

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La migración tiene rostro más femenino. Esa es la conclusión a la que llegó un estudio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde señalan que de 300 mil peruanos migrantes al extranjero en el 2008, el 51% del grupo fueron mujeres.

Según la antropóloga Geeanine Anderson, encargada de la investigación, el estudio determinó que las familias de las mujeres que emigran quedan en condiciones vulnerables, ya que el Perú no cuenta con mecanismos de protección social. El informe aclara que al menos el 10% de la población peruana vive en el extranjero y que la migración de una mujer deja un vacío no sólo en su hogar propio, sino también en el de sus padres, suegros, abuelos y hermanos.

Fuente: LA Primera (más…)

Indígenas lo denunciarán por violar derechos humanos.

La dirigencia de los pueblos nativos buscará que el presidente Alan García tenga el mismo destino que el ex dictador Alberto Fujimori: que sea condenado y recluido en una cárcel por cometer crímenes contra los derechos humanos.

Durante la reunión del Consejo Aguaruna Huambisa, realizado el último fin de semana en la localidad de Urakusa, el dirigente Carlos Navas propuso denunciar a García bajo el argumento que cometió violación de los derechos humanos de nativos, mestizos y policías durante el paro amazónico, el pasado 5 de junio, donde murieron 34 personas (entre civiles y policías), por organizar desde su posición de jefe del Estado el desbloqueo de La Curva del Diablo y por exponer la vida de efectivos policiales.

“En el caso de Fujimori, él utilizó las herramientas del Estado para aniquilar personas que eran enemigas de su régimen dictatorial. En el caso de García, él utiliza los recursos del Estado para perseguir y eliminar a quienes están en contra de sus intereses económicos. No debemos olvidar que la matanza de nativos vino con una orden superior, la cual desencadenó la muerte de policías y nativos, por eso García debe ser denunciado junto con el ex premier Yehude Simon y la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas”, sostuvo Navas tras indicar que durante los próximos mesas ultimarán los detalles para presentar la referida demanda ni bien García termine su mandato puesto que como mandatario es “inimputable”, es decir, no puede ser denunciado por ningún delito. La propuesta tuvo aceptación entre los apus y dirigentes indígenas de las cuencas de los ríos Chiriaco, Marañón, Santiago y Cenepa. Esto es parte de una estrategia legal que desarrollarán a partir de ahora los nativos, la misma que incluye la presentación de Acciones de Amparo contra la firma de los contratos que permiten a las empresas petroleras y mineras realizar actividades en territorios ocupados milenariamente por las comunidades nativas. En tanto, Hernán Coronado, abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, viene asesorando a los dirigentes nativos para que hagan respetar su derecho a consulta previa. “Los dirigentes pueden presentar acciones de amparo en cualquier juzgado para pedir el derecho a la consulta, y si las autoridades no cumplen pueden denunciarlas ante instancias internacionales”, señaló Coronado.

Marcelo Puelles
Enviado Especial

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