Redacción ContraPunto / Fotografía cortesía MARN

Los diputados aprobaron expeditamente varios decretos relacionados a la emergencia, pero aún se la piensan para reorientar los $150 millones con los que el Gobierno pretende iniciar la reconstrucción.

SAN SALVADOR – Raras veces la Asamblea Legislativa en El Salvador se pone de acuerdo y emite decretos por unanimidad, como los aprobados el lunes de Estado de Calamidad Pública, otro para el uso de fondos municipales y el de Luto Nacional en tributo a las víctimas que dejaron las devastadoras lluvias del fin de semana.

Con tales decretos, así como el de Emergencia Nacional impuesto por el presidente Mauricio Funes, el Estado salvadoreño tratará de hacerle frente a los estragos que provocaron las intensas lluvias, a causa de fenómenos climáticos sin precedentes, y que dañaron gravemente a seis de los 14 departamentos o provincias del país.

Los efectos reales del desastre afloran en la medida que avanzan las horas. Hay caseríos y cantones arrasados totalmente en las zonas montañosas de San Vicente, así como en las playas y orillas de lagos.

El domingo, a primeras horas, se decía que los muertos eran 42. En la actualidad la cifra ronda los 150, según las morgues de Medicina Legal en cada provincia. El ministro de Gobernación, Humberto Centeno, aseguró el lunes que los muertos eran 130.

En San Vicente, punto neurálgico de la tragedia y cuando los escombros, el lodo y piedras del volcán Chinchontepec, no han sido retiradas, los muertos sobrepasan los 50, según la morgue provincial, cuando oficialmente se dijo que eran 40.

Reportes de las radios locales, incluso de la Radio Nacional -del gobierno-, insisten en grandes cantidades de desaparecidos.

Muchos de los cadáveres localizados se han encontrado a varios kilómetros de sus lugares de origen, ello debido a que el agua los arrastró. Era domingo de madrugada cuando ocurrieron los deslaves y las inundaciones.

Las últimas decisiones legislativas permitirán al gobierno mover fondos de cualquier ministerio o instituciones para atender la emergencia.

San Salvador y San Vicente siguen siendo los departamentos que registran la peor cara de la tragedia al acumular la mayor cantidad de víctimas.

Las principales prioridades en la actualidad serán atender a los más de 13.000 damnificados que se encuentran en 118 albergues distribuidos en siete departamentos. En los albergues se reporta falta de alimentos y abrigos.

Sin embargo, pese a las calamidades que se viven en El Salvador, los políticos, de un lado y otro, quieren sacar ventajas.

Unos acusan al actual gobierno de no haber actuado con la celeridad debida, mientras que el gobierno culpa a sus antecesores de no haber hecho nunca las obras de mitigación de riesgos.

Fondos en sala de espera
Pero la celeridad con que los diputados aprobaron los decretos de Calamidad Pública y Luto Nacional no se movió al mismo ritmo a la hora de aprobar otras cosas más urgentes: la redirección de fondos para atender la reconstrucción.

El presidente Funes urgió ayer lunes a los diputados de la Asamblea Legislativa a aprobar una reorientación de créditos pactados anteriormente para, de eso, destinar $150 millones al proceso de reconstrucción de la infraestructura colapsada por las lluvias del fin de semana pasado, y que han dejado un saldo preliminar de 144 muertos hasta este martes 11.

Funes visitó el poblado de Verapaz, en el departamento de San Vicente, uno de los lugares más devastados por un deslave proveniente del volcán Chinchontepec, que soterró con rocas y lodo la mayor parte del pueblo.

Durante el recorrido, el mandatario dijo que ese dinero es parte de un crédito de $300 millones otorgado por organismos internacionales, pero que se buscaba que de eso el Congreso reorientara $135 millones para el Programa Anticrisis (PAC), con el cual el gobierno pretende hacerle frente a la crisis económica internacional que golpea al país.