Política | Sáb. 07 nov ’09
Ignorando la historia
Autor: Santiago Pedraglio
El Consejo Nacional de Reparaciones (CNR), encargado de crear el Registro
Único de Víctimas de la Violencia “ocurrida de mayo de 1980 a noviembre de
2000”, de acuerdo con la Ley 28592, que crea el Plan Integral de
Reparaciones (PIR), ha suspendido, a partir del 1 de noviembre, la
calificación e inscripción de los casos pendientes. El anuncio, dado a
conocer en un reciente comunicado, quiere decir que, para empezar, 28 mil
expedientes que ya están en sus manos, se quedarán sin revisar. La razón
es simple: su solicitud de ampliación presupuestal, necesaria “como
consecuencia del recorte del presupuesto original correspondiente al
ejercicio 2009”, no ha recibido respuesta (o no ha sido aceptada, que no
es lo mismo… pero es igual).
El CNR ha registrado a 62,909 personas y 5,409 centros poblados. Su
compromiso era culminar este año con 90 mil inscritos. Para los efectos de
este registro, la ley considera como víctimas a “las personas o grupos de
personas que hayan sufrido actos u omisiones que violan normas de los
derechos humanos”; por ejemplo, desaparición, secuestro, ejecución,
desplazamiento forzoso, detención arbitraria, tortura o violación.
Igualmente, a los familiares de muertos y desaparecidos en ese contexto y
en el lapso señalado. Excluye a los miembros de organizaciones
subversivas, quienes “no son considerados víctimas y, por ende, no son
beneficiarios de (…) la presente ley”. Dicho sea esto con claridad, pues
no faltan quienes, por ignorancia o para desinformar, afirman que los
programas de reparación favorecen a los “terrucos”.
El PIR, al que deberían acceder las víctimas una vez terminada la labor
del consejo, está compuesto por programas como restitución de derechos
ciudadanos, reparaciones en educación y en salud, colectivas y simbólicas,
y facilitación al acceso habitacional. ¿Por qué dificultar estas
reparaciones si son parte de la “deuda interna” del Estado con personas
–en su mayoría campesinas y quechuahablantes– que llevan años confiando en
que serán resarcidas? Tal parece que el Gobierno no entiende que este tipo
de actos de reparación es, fundamentalmente, un reconocimiento de
ciudadanía, de pertenencia a una sociedad de iguales por parte de un
Estado que cumple con sus responsabilidades.
En lugar de filtrar información sobre arrepentimientos supuestos, ciertos
u obligados por las circunstancias, faltando al espíritu de la ley que
creó esa figura –“el procedimiento (…) tendrá la clasificación de
‘estrictamente secreto’, para garantizar la integridad personal del
solicitante y de sus familiares”–, bien haría el Gobierno en estudiar las
lecciones de países como Chile y Uruguay, que bastante han avanzado en la
reconciliación aplicando reparaciones como parte del reconocimiento de las
faltas del Estado en tiempos de violencia.
http://peru21.pe/impresa/noticia/ignorando-historia/2009-11-07/260442