Day: 8 julio, 2009

Este video es uno más de tantos que existen, pero cada quién puede dar sentido a este video, tal vez se vean reflejadas en las escenas. Pero presten atención qué origina el conflicto?, y de qué otra manera se puede solucionar el conflicto que se presenta en el video?. Finalmente se puee afirmar que en la escena está presente el modelo hegemónico de masculinidad? y ¿cómo cuáles?.

Fuente: tu.tv/videos-ext/

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Sáb, 17/10/2009 – 21:37

Por Alberto Adrianzén M. (*)

Si algo queda claro en el debate sobre el aborto es que el mismo se ha construido sobre una serie de falsedades. Esta propuesta, como se ha señalado, no busca aprobar el aborto en general. Nadie ha planteado legalizarlo. Lo que se discute es la modificación del artículo 119 del Código Penal, al incorporar, además de la que hoy existe (cuando se pone en riesgo la salud de la mujer), dos causales más: despenalizarlo cuando el embarazo es producto de una violación y cuando el feto presenta graves malformaciones que hacen inviable su vida. Lo que se discute, por tanto, es el aborto eugenésico ya que el terapéutico existe –y solo falta su protocolo– desde nada menos que 1934.

Hay que señalar que para tomar esta decisión, la Comisión Revisora del Código Penal integrada por congresistas, representantes del Ministerio de Justicia, del Colegio de Abogados, la Defensoría del Pueblo, las Universidades, decidió, además, invitar a expertos de la sociedad civil: el Colegio Médico del Perú, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Asimismo a las organizaciones de mujeres, e igualmente a los sectores opositores, todos vinculados a la Iglesia Católica. Como se sabe el debate fue intenso. Luego se votó y ahora todos sabemos el resultado: se aprobó modificar el artículo 119 del Código Penal.

Lo que ha pasado es que debido al lobby de las diversas iglesias (la católica y las otras), de sectores conservadores e integristas, y del propio gobierno, el congresista Carlos Torres Caro ha planteado una nueva votación con el claro objetivo de que la comisión cambie lo acordado.

Sin embargo lo que llama la atención son algunos hechos. El primero es comprobar una vez más que el liberalismo de algunos ministros (un buen ejemplo es Mercedes Aráoz) no es tal y que más bien es una simple coartada para promover grandes intereses. Sería bueno preguntarle a esta ministra cómo concilia su liberalismo económico con sus claras opciones conservadoras. También al ministro de Defensa, Rafael Rey, si debe opinar sobre temas de salud pública. Un liberal auténtico (y no interesado solamente en promover los intereses de sus grandes amigotes) argumentaría que existe lo que se llama la “libertad negativa”, es decir, esta suerte de espacio propio (el cuerpo es uno de ellos) que tiene toda persona y que no puede ser invadido ni limitado y menos apropiado por el Estado y por la religión.

Es un chiste ver cómo aquellas personas a las que les gusta promover la libertad de las cosas (o mercancías) no les gusta promover la libertad de las mujeres.

El segundo es esta campaña, muy poco cristiana por cierto, basada en confundir a la opinión pública con argumentos nada serios. Se ha dicho que se quiere construir una nueva Esparta para arrojar a los niños defectuosos desde el monte Taigeto. Que aquellos que promueven esta reforma son unos asesinos en serie. En última instancia, estos sectores buscan que pensemos como ellos en asuntos públicos. En la democracia existe el pluralismo. El Estado peruano se supone que es laico y, por lo tanto, ni el gobierno y menos los grupos religiosos nos pueden imponer su estilo de vida ni sus creencias en temas públicos donde hay diversidad de opiniones.

El tercero es la hipocresía del gobierno. El ministro de Justicia, que se opone a esta reforma, representa a un presidente que cada cierto tiempo levanta la tesis que hay que implantar en este país la pena de muerte.

Finalmente hay un tema de fondo: el papel y lugar de la mujer en la sociedad. Aquellos que se oponen al aborto terapéutico y eugenésico siguen considerando que el principal rol de la mujer es su condición de reproductora. Tan es así que ella debe sacrificar su vida si es necesario o aceptar un hijo indeseado cuando es violada. En ambos casos no se toma en cuenta ni la vida ni la opinión de la mujer. Para esos sectores el valor de la vida de una mujer es igual a cero.
(*) www.albertoadrianzen.org

Fuente: La República (más…)

César Hildebrandt
Columnista

Mientras Cipriani y Rey insisten en creer que las mujeres son vientres o tierras de labranza (a la espera de cualquier regante) y que si un loco degenerado las viola en un ascensor “tienen el deber” de parir, ayer, en Huánuco, una de esas mujeres que la Iglesia dice proteger dio una lección radical de libre albedrío: se ahorcó porque estaba harta de no tener con qué darle de comer a sus tres hijos.

Yesenia Domínguez Trujillo se llamaba y tenía 28 años. Había discutido con su marido –Marcelo Torres Chihuán, de 48- porque ya no sabía qué hacer con el hambre de Francis (4), Deisy (6) y José (8).

El marido, un obrero de construcción civil, le volvió a decir que no era enteramente su culpa, que había hecho un trabajo por el que le debían haber pagado hacía dos meses y que se había presentado a varias obras pero que no había vacantes y que, más bien, estaban despidiendo a los que empezaban a sobrar. No lo dijo así, pero eso fue lo que quería decir.

A Yesenia pareció importarle poco la explicación. Siguió reclamando a voz en cuello y dijo que no podía más, que lo que debía hacer el marido era llevarse a sus tres hijos y darles de comer algo en el mercado.

Marcelo Torres Chihuán, salió, en efecto, con sus tres hijos y con cinco soles en el bolsillo. El corresponsal del diario “Correo”, de donde procede esta noticia aparecida ayer en su versión digital, no precisa qué pudieron comer los niños con los cinco soles del padre.

Lo que sí dice es que, de regreso del mercado, Marcelo tocó la puerta de su casa (Las Magnolias 107, distrito de El Tambo, Huánuco) y que nadie respondió. Entonces se trepó por una pared y halló a su mujer colgada de la viga que divide la cocina del único dormitorio de la casa. Había usado una faja ombliguera para ahorcarse.

Mientras Yesenia Domínguez ejercía, del modo más siniestro, su soberanía personal, a muchos kilómetros de allí, pero casi simultáneamente, una mujer llamada Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), informaba a la prensa que, según las estadísticas, la crisis reciente ha incrementado en 13% el hambre en la región.

Latinoamérica había logrado cifras excepcionales de crecimiento en los últimos años –añadió-, pero la dimensión de la crisis actual está haciéndonos retroceder.

Para decirlo en cifras: mientras los conservadores celebran los funerales del debate económico (“¡nadie debe discutir la prevalencia del mercado!”), treinta por ciento de latinoamericanos viven instalados en la pobreza.

Eso quiere decir que 180 millones de latinoamericanos son pobres. Y de ellos, 70 millones pueden considerarse pobres extremos.

Sólo en el 2009 el número de desempleados en América Latina crecerá en unos cuatro millones adicionales.

No olvidemos que, como el Perú lo grita en cada esquina, América Latina es la región con mayores índices de desigualdad. El 10% más rico se lleva hasta el 47% de la renta, mientras que el 20% más pobre se reparte el 3 por ciento del PIB regional.

Pero si el escenario latinoamericano es preocupante, la aldea global, donde se supone que la felicidad está a punto de consagrarse, resulta inexplicable.

A pesar de estas décadas de liberalismo galopante, la miseria de millones demuestra una tenacidad enfermiza y un carácter sistémico: de los 6,791 millones de habitantes de este planeta todavía azul, 2,600 millones viven con menos de dos dólares por día. Y de estos 2,600 millones, 1,040 millones –la cifra ha aumentado en los últimos diez meses- “viven” con un dólar o menos de un dólar. Por eso es que la FAO dice, con toda razón, que hay por lo menos 1,040 millones de hambrientos en el mundo.

La directora del Programa Mundial de Alimentos, Josette Sheeran, dijo ayer –en pleno Día Internacional de la Alimentación- que el hambre mundial se aliviaría considerablemente sólo con el uno por ciento (1%) de lo que los gobiernos ricos han gastado en salvar bancos y corporaciones.

La gran prensa comprometida con el inmovilismo quiere hacernos creer que hemos abordado el tren expreso al paraíso. Pero gente como Yesenia Domínguez Trujillo no pudo creer que los sueldos basura, los sindicatos aporreados y los parados crecientes sean parte de algún edén.

Cuando alguien me pregunta cuál es la diferencia entre derechas e izquierdas suelo decir que sólo hay una: la compasión, la posibilidad de ponerse en el pellejo de los que sufren.

La derecha es implacable y socialmente darwinista cuando le va bien. Apenas fracasa llama a los bomberos para que la salven del fuego. Pero ni cuando le va bien piensa en los de abajo. Y a quienes se preocupan por ellos les llama “pobretólogos”. ¿Son otra especie? ¿Tienen genomas diferenciados? Algún día lo sabremos.
Fuente: La Primera (más…)

Actualidad | Sáb. 17 oct ’09

Cifra corresponde a lo que va del año. El 50% de denuncias por desaparición es de menores. Al menos cuatro limeños se pierden diariamente, advierte la Policía Nacional.

Autor: Lourdes Fernández

Un día simplemente desaparecieron como si se los hubiera tragado la tierra. Sus rastros se perdieron y a sus familias no les quedó más que coger una fotografía y salir a buscarlos en las calles. Esta es la historia que diariamente viven, al menos, cuatro hogares limeños.

Según el jefe de la División de Investigación de Desaparecidos de la Policía Nacional, José Luis Langle, las denuncias por desaparición de personas pueden llegar hasta a ocho en un día cualquiera.

Lo más alarmante es que, solo en lo que va del año, esta división policial ha contabilizado un total de 1,278 personas desaparecidas, de las cuales 619 –es decir, casi el 50%– son adolescentes cuyas edades van de los 12 a los 17 años. ¿La razón? Para la Policía, detrás de estos hechos están las mafias de trata de personas.

ENGANCHES CIBERNÉTICOS. El boom de las redes sociales –como Messenger, Hi5 y Facebook– entre los adolescentes se ha convertido en un arma de doble filo. Según el coronel Langle, el fácil acceso a este tipo de medios facilita el trabajo de las bandas que buscan captar a menores para reclutarlos en la mendicidad, la explotación laboral o sexual y hasta en el tráfico de órganos.

“A partir de falsas ofertas de empleo, empiezan a seducir a los chicos que, a veces, terminan secuestrados o en manos de mafias”, precisa Langle. Un ejemplo de la actuación de estas peligrosas bandas es el secuestro que sufrió una menor de 15 años, el pasado 11 de agosto, en San Martín de Porres.
La adolescente había entablado contacto con los hampones de la banda ‘Los Hackers’ a través del chat del Messenger.

Los delincuentes utilizaron un nombre falso para engañar con facilidad a la menor y no dejar rastro del embuste. El anzuelo para atraer su atención fue ofrecerle un trabajo fácil y rentable por medio de la red.

Luego de mantenerla en cautiverio por más de 30 días, los sujetos recibieron el pago de 5 mil dólares de la familia. Luego, durante una intervención, la Policía los capturó.

Para María Teresa Mosquera, coordinadora de la ONG Acción por los Niños, este tipo de casos es muy frecuente entre los adolescentes que son asiduos a las mencionadas redes.

Sin embargo, resaltó que la captación de menores por parte de mafias de alta peligrosidad ocurre con frecuencia en ciudades como Pucallpa, Huánuco y Ayacucho, donde los jóvenes son convencidos con mayor facilidad por la necesidad de obtener empleo.

Mosquera asegura que estas bandas trafican con muchachos que llegan a ser vendidos a otras organizaciones internacionales.

“En su mayoría, las niñas y, ahora, niños son obligados a ingresar a la explotación sexual y a otros se los llevan a trabajar en parcelas; por ejemplo, en el sur”, agrega.

SE ESCAPAN. Sin embargo, existe otro factor que también es relevante en la desaparición de menores. Según el jefe de la división policial, un gran número de estos desaparece ‘voluntariamente’ para huir de sus hogares con sus parejas sentimentales.

“Los padres denuncian la desaparición cuando, en realidad, es fuga del menor rebelde que quiere independizarse”, señala.

La mayoría de estos casos se presenta en distritos populosos como San Juan de Lurigancho, El Agustino, Rímac, La Victoria, San Martín de Porres y Ventanilla.

Fuente: Perú21
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El día miercoles 14 de octubre, el diario Gestión anunciaba que el presdidente García enviará cartas a los inversionistas extrangeros invitándolos a invertir por el monto de 60 mil millones de dolares. La pregunta es ¿Es buena o mejor esta iniciativa?, si en caso de tener éxito esta iniciativa ¿Qué sucederá con las futuras generaciones?, ¿es esta la forma correcta de promover desarrollo sostenible o sustentable?. (más…)

Uruguay: entre la dignidad y la impunidad

Gilberto López y Rivas
La Jornada

El 25 de octubre los ciudadanos uruguayos enfrentan una elección compleja en la que dirimirán paralelamente la posibilidad de un segundo gobierno del Frente Amplio, la obtención del voto en el exterior y, sobre todo, la decisión de anular –por la vía plebiscitaria– la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que fue aprobada a la salida de la dictadura cívico militar en diciembre de 1986.

Ésta ha constituido el marco jurídico de la impunidad y a su amparo han encontrado protección los “delitos cometidos hasta el primero de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto” (artículo 1º). Este engendro jurídico eliminó el ejercicio de la coerción judicial sobre los uniformados, consagrando así la desigualdad de los uruguayos ante la ley, y destruyó la separación de poderes al obligar al juez, por su artículo 4º, a remitir a la presidencia de la república toda denuncia sobre personas “desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones”, a fin de que éste califique la procedencia o improcedencia del acto denunciado.

Todos los presidentes inmediatamente posteriores al restablecimiento del orden civil ampararon con esta ley a los criminales de lesa humanidad. Centenares de denuncias promovidas por los familiares de los detenidos-desaparecidos regresaron a los juzgados con el sello del Ejecutivo que ordenaba al Poder Judicial considerar el caso amparado y con la indicación de “archívese”. Ni siquiera fueron exentados y sometidos a investigación los sumarios de los bebés secuestrados en el marco de la represión cuyo paradero investigaban los organismos de derechos humanos de ambas márgenes del Plata con objeto de restituirles su identidad y reintegrarlos a sus familias originarias. Así, por ejemplo, Simón Riquelo logró enterarse a los 26 años de edad que era hijo de Sara Méndez, de cuyos brazos fue arrebatado a los 22 días de vida, y no el vástago de un funcionario policial argentino, mientras Macarena Gelman, la nieta del poeta, consiguió recuperar su identidad y lo que quedaba de su familia originaria, no así los restos de su madre, desaparecidos en alguna unidad militar.

Este ciclo de impunidad plena se modificó, en alguna medida, cuando el gobierno frenteamplista, que asumió en 2005, logró manejarse entre los pequeños resquicios que dejó el funesto artículo 4º y desclasificó algunos casos importantes de los más de 200 detenidos desaparecidos en el curso de la represión dentro y fuera de las fronteras nacionales, en el marco de la Operación Cóndor. Una decena de militares han sido procesados, junto a dos civiles, no amparados por la ley. Me refiero a Juan María Bordaberry, el presidente constitucional que en alianza con las fuerzas armadas rompió el orden institucional, en 1973, y Juan Carlos Blanco, su ministro de Relaciones Exteriores.

Se constatan algunos avances, desde este momento, en materia de escudriñar la verdad y aplicar algo de justicia. El presidente Tabaré Vázquez, en acuerdo con la Universidad de la República, confió una investigación minuciosa sobre los detenidos desaparecidos a un connotado equipo de historiadores, e inició excavaciones a cargo de antropólogos forenses de la misma universidad. Los resultados de estas investigaciones fueron volcados en cinco grandes volúmenes que conjuntan más de 3 mil 600 páginas, y que constituyen la demostración fehaciente del terrorismo de Estado y de ninguna manera “los excesos aislados de unos pocos elementos de las fuerzas armadas”, como sostienen los mandos militares uruguayos, que solapan un pacto mafioso de silencio en torno a la ubicación de los cuerpos de los desaparecidos.

Aunque nula de origen, por contravenir tanto la normativa interna como los principios universales en materia de derechos humanos, la ley sigue rigiendo a pesar de los diversos apercibimientos que ha recibido el Estado uruguayo. En 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a Uruguay revertirla por ser violatoria del pacto interamericano en la materia. En el mismo sentido se han pronunciado el Comité de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y otras instancias internacionales.

Esta ley, que garantizó más de 20 años de impunidad, no pudo ser derogada cuando fue sometida a referéndum, en abril de 1989, momento en que la presencia dictatorial era un fantasma que amagaba desde las sombras. Pese a la alta votación que obtuvo su derogación, fue insuficiente para reunir la mayoría. Un manto de olvido y complicidad trató de tender el sector político civil cómplice de la dictadura sobre los crímenes del pasado.

Alguno de sus integrantes y no poco representativos, como el ex presidente Julio María Sanguinetti, sostenían que no había que mirar al pasado y “tener los ojos en la nuca” y que “todo terminaría finalmente cuando, transcurrido el tiempo, murieran las partes involucradas”. Ante estos propugnadores de la amnesia social, la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, con el apoyo de diversos organismos sociales y políticos, entre ellos el Frente Amplio, impulsan la anulación de la ley; buscan arrancar la venda de los ojos que durante más de tres décadas ha impedido conocer la verdad y aplicar la justicia. Esa es la apuesta del 25 de octubre, momento en que los uruguayos deberán decidir si incluyen, junto al voto de su preferencia política, una papeleta de color rosa que anule la ley de impunidad. Los ojos del continente tienen la mirada puesta en ese pequeño y querido país del sur. Como sostienen algunos teóricos: el antónimo de olvido no es memoria, sino justicia.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2009/10/16/index.php?section=opinion&article=026a1pol

Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente: rebelion.org (más…)