Pérdida de libros en Biblioteca Nacional del Perú exige nuevo sistema de seguridad

Durante tres meses la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) cerrará sus puertas porque ya no puede más con el desorden, la precariedad y las mafias que de manera sistemática vienen sustrayendo los títulos más valiosos.

“No tenemos un registro de todo este patrimonio bibliográfico. Hay inventarios dispersos, pero son pocos y están desactualizados”, dice con pesar el historiador Ramón Mujica, quien lleva cinco meses como director de la BNP.

Con base en ese inventario disperso, Mujica ha detectado –inicialmente– la desaparición de 663 libros en la última década. Son aquellos que los investigadores pueden encontrar aún en el catálogo electrónico, pero que ya no están en los almacenes.

“Yo mismo, que soy investigador, he buscado libros muy valiosos que consulté hace tres años, pero ya no están”, lamenta Mujica.

Entre estos títulos perdidos, figuran 544 documentos de la biblioteca que donó Raúl Porras Barrenechea, pródiga en libros del siglo XVII y ejemplares únicos. También se ha detectado la desaparición de 66 libros de la Colección X, que reúne los fondos más valiosos.

Y aunque sólo dos empleados comparten la clave de acceso a la bóveda y a la caja fuerte, donde se custodian los libros más antiguos y los 30 incunables, más de uno se acerca para orientar sobre el manejo de las cerraduras.

Quizá por eso, entre los títulos que Mujica reporta como desaparecidos se cita un incunable de Erasmo de Rotterdam, publicado en París en 1524. También faltan originales del archivo de José María Arguedas, lo que se hizo evidente el mes pasado, cuando se homenajeó al escritor peruano.

“En estos tres meses de cierre, vamos a poner a todo el personal (330 empleados) a catalogar los libros más valiosos. Por supuesto, esto representará menos del 1% de lo que atesora la BNP”, detalla la directora técnica Silvana Salazar, quien explica que en la tarea se invertirá medio millón de soles.

Asimismo el Archivo General de la Nación cerrará sus puertas por 90 días debido a la imposibilidad presupuestal de establecer un correcto sistema de seguridad y tecnología adecuada que permita la conservación del material histórico.Esto es más que todo una medida de emergencia y de presión para comprometer al Ejecutivo, en especial al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de destinar mayores recursos.