La gran discusión sobre el caso Due Run y las predicciones que entretejen sobre la posible solución del conflicto, nos obligan a brindar nuestra opinión al respecto.
A la fecha la empresa Due Run, se encuentra en la muy premeditada y calculada imposibilidad, a nuestro entender, de asumir financieramente sus compromisos ambientales y remediar con ello el problema ambiental que por años aqueja a la localidad más contaminada de nuestro país y una de las 10 problemas ambientales mundiales según el Instituto Blacksmith.
El premeditado y calculada imposibilidad financiera de Due Run, tiene sus inicios el día en el cual el estado peruano le concede la concesión a Doe Run, al establecerse una flexible y poco seria obligación de poner a disposición un monto dinerario destinado exclusivamente a remediar el problema ambiental; es el caso que Doe Rum cumple a la fecha de la entrega de la concesión, para los ojos ciegos del estado, con dicha obligación pero a los pocos días ese dinero es retirado dejando al flujo operativo del negocio la tarea de cubrir dicha obligación ambiental.
Cabe resaltar, que días previos a otorgar la concesión, las empresas competidoras desistieron del proyecto ante lo poco atractivo que les resulto cubrir dicha obligación; sin embargo Due Run conocedor de la escasa fiscalización y la inacción permisible del estado peruano, retiró dicho fondo que a nuestro entender debió ser protegido mediante un fideicomiso, que hubiese evitado el retiro inmediato de dicho fondo.
A la fecha Doe Run, argumenta la imposibilidad de cubrir con su flujo operativo dicha obligación, lo que a nuestro entender a los ojos de cualquier financista resulta fácil de predecir de acuerdo a las proyecciones del mercado; sin embargo, Doe Rum debió mantener el monto dinerario al que se le obligó desde un inicio para cubrir la remediación ambiental.
Desde nuestra posición consideramos que resulta sumamente complicado obligar a estas alturas a Doe Run a cumplir con una obligación que existió desde el otorgamiento de la concesión, sumada a la ya conocida negativa de sus bancos a seguir otorgándoles un crédito revolvente; sin embargo, a pesar de la complejidad del tema, el gobierno deberá tener mano dura y exigir su cumplimiento, y en el supuesto dicha empresa mantenga su posición de incumplimiento se deberá cancelar la concesión, a partir de la ley ambiental que establece la cancelación de la concesión por atentar contra el medio ambiente y la vida de la población de la Oroya.