Publicado en EL COMERCIO, martes 31 de enero de 2012, pág. a6







El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Hugo Sivina, explicó ayer en el Congreso los alcances de la reforma integral de la legislación electoral propuesta por su entidad.

Ante un subgrupo de trabajo de la Comisión de Constitución, Sivina afirmó que el proyecto plantea como requisito previo para la inscripción de una organización política la verificación del compromiso del ciudadano. Ello implica reemplazar la figura de adherentes (simples firmas) por la presencia efectiva de afiliados (0,5% con respecto al último padrón electoral).

Igualmente, se planteó incrementar el número de los comités públicos requeridos –de 65 a 98– para lograr la inscripción de partidos políticos. Cada comité debe tener un mínimo de 100 afiliados debidamente identificados.

Sivina manifestó que la reforma también propone la eliminación del voto preferencial, pero se indica que esto debería darse necesariamente de manera conjunta con otras medidas legislativas que garanticen el ejercicio de una real democracia interna en las organizaciones políticas.

TERMINAR CON DISPERSIÓN
El titular del JNE afirmó que la propuesta de reforma integral de la legislación electoral se hace con la finalidad de que el ciudadano tenga más acceso a este tipo de información.

“Son 11 leyes que de manera dispersa se manejan en el sistema electoral. Consideramos que un código debe unificar dichas normas para que no estén más dispersas”, señaló Sivina.

Para estudiar las mencionadas reformas, la Comisión de Constitución del Congreso formó un subgrupo de trabajo presidido por Javier Diez Canseco (Gana Perú).

Existe un primer acuerdo para que las reformas sean discutidas por el pleno en marzo.

Sivina sostuvo que la propuesta de reforma no solo está dirigida a los partidos u organizaciones políticas, sino también a los ciudadanos, “con la finalidad de que sepan qué pueden hacer ellos como actores democráticos”.

El titular del JNE refirió que su presentación ante los parlamentarios fue informativa.

“Espero que la información brindada a los congresistas permita que ellos puedan mejorar el sistema político. Una reforma electoral hecha de manera aislada traería como consecuencia una regulación electoral deficiente y superficial que no da solución a los problemas de fondo del sistema político”, apuntó Sivina.

CONSENSO
Además de Diez Canseco, integran el subgrupo Javier Velásquez Quesquén, Lourdes Alcorta y Javier Bedoya de Vivanco. Lo cierto es que parece existir un consenso de las bancadas para llevar adelante la reforma.

En el debate de ayer se notaron algunas diferencias técnicas, que más parecían cuestiones de forma que de fondo.




PUNTO DE VISTA
Debate sobre el voto preferencial

Políticamente el punto más interesante de esta propuesta de reforma es la eliminación del voto preferencial.

Esto podría darse en una segunda etapa, solo si previamente se hace una reforma a nivel de las normas de democracia interna de la Ley de Partidos Políticos.

A mi juicio, las elecciones internas deberían convertirse en primarias con la participación de organismos electorales como la ONPE y el JNE.

Actualmente, la democracia interna del partido la maneja con autonomía cada partido. La ONPE solo da una asistencia técnica y lo que debería hacerse, con un cambio de la ley, es fiscalizar las elecciones.

¿Por qué no eliminar el voto preferencial sin hacer estas reformas? Porque si no se garantiza una democracia interna, entonces solo se favorecería a la cúpula del partido.
CARLO MAGNO SALCEDO, Analista político.


EL DATO
Otra innovación

El tribunal electoral plantea que sea obligación de los candidatos consignar toda sentencia condenatoria impuesta por delito.

Publicado en EL COMERCIO, miércoles 9 de noviembre de 2011, pág. a6



RETO PARA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN

► Gana Perú y PPC a favor de derogar este mecanismo de elección.

► Aplazan discusión para la próxima semana, a la espera de lograr consenso.


La Comisión de Constitución del Congreso empezó ayer a debatir el predictamen de la ley que eliminaría el voto preferencial. Sin embargo, este inicio fue poco prometedor, pues algunas fuerzas políticas se han expresado a favor y otras –de manera solapada– han condicionado el apoyo a esta enmienda a la Ley General de Elecciones.
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No pasó mucho tiempo para que, entre los congresistas elegidos en las últimas elecciones, aparezcan muchos impresentables, con antecedentes que los hacen poco recomendables para la función pública y que en lugar de tener hojas de vida parece que tuvieran prontuarios.

Varias denuncias o investigaciones que pesan sobre algunos de estos congresistas salieron a la luz pública incluso antes que el nuevo Congreso asuma sus funciones. Todos ellos se encuentran ahora cómodamente sentados en sus escaños.

Algunos culparon al Ministerio Público por no investigar con más celeridad. Este le pasó la pelota al Congreso por permitir que los congresistas electos cuestionados juramenten sin haber solucionado sus problemas con la justicia. El Congreso trasladó la responsabilidad al JNE por haberles otorgado sus credenciales o, supuestamente, por no haber sido riguroso al analizar las hojas de vida de los candidatos.

Pero después quedó claro que el problema no esta en ninguna de esas instituciones que, finalmente, no hacen más que cumplir las leyes, sino en la poca institucionalidad o debilidad de los partidos políticos.
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En este blog hemos sostenido hasta la saciedad que, antes de eliminar el voto preferencial, es impres-cindible profundizar la democracia interna en los partidos políticos, dispo-niendo una intervención más decidida de los organismos electorales en sus procesos electorales internos, para lo cual resulta necesario reformar la Ley de Partidos Políticos.

Sin embargo, también hemos manifestado nuestra sospecha que en el Congreso no existiría la voluntad política para democratizar verdaderamente a los partidos y, más bien, lo que se pretendería es que las cúpulas partidarias tengan aún más poder del que actualmente tienen; efecto que se producirá inevitablemente si la eliminación del voto preferencial no está precedida o acompañada de una reforma de fondo de las normas de democracia interna de la Ley de Partidos Políticos.
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IMPORTANTE:Una actualización necesaria sobre este tema se realiza en el post: "Congreso podría aprobar reforma a la democracia interna en los partidos políticos, conforme a la propuesta de la ONPE"

En el post anterior sobre este tema ―“Antes de eliminar el voto preferencial se debe afianzar la democracia interna en los partidos”―, insistí en la idea que la eliminación del voto preferencial debería tener como condición sine qua non una reforma legal destinada a garantizar una efectiva democracia interna en los partidos políticos, a través de una mayor participación de los organismos electorales en sus elecciones internas, para lo cual debería evaluarse la posibilidad que dichos comicios sean organizados por la ONPE y juzgados por el JNE. Sobre el particular, acoté que si se elimina el voto preferencial sin asegurar antes la pulcritud de las elecciones internas de los partidos, lo único que se fortalecerá será a las cúpulas partidarias, que podrán conformar las listas de candidatos a su antojo, quitándole a los ciudadanos el único elemento correctivo a su alcance: la posibilidad de modificar la conformación de esas listas a través del voto preferencial.
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IMPORTANTE:Actualizaciones necesarias sobre este tema se realizan en el post: "Aumenta consenso: antes de eliminar el voto preferencial se debe mejorar la democracia interna" y, sobre todo, en el post: "Congreso podría aprobar reforma a la democracia interna en los partidos políticos, conforme a la propuesta de la ONPE"

En el artículo La "oferta política" en el Perú. A propósito del debate sobre la reforma política (publicado en este blog el 8 de junio pasado), enuncié brevemente una idea que vengo sosteniendo desde hace algún tiempo, respecto a las propuestas de eliminar el voto preferencial:

“Creo que la misma [la eliminación del voto preferencial] únicamente puede darse si y sólo si previamente se asegura de verdad la democracia interna de los partidos políticos; para lo cual debe, incluso, evaluarse la posibilidad de que las elecciones internas de los partidos sean organizadas por la ONPE y juzgadas por el JNE, ya que es el único modo de garantizar que las ‘oligarquías partidarias’ no acomoden los procesos de democracia interna a su gusto.
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Hace algún tiempo (en la tercera semana de abril pasado) se generó una interesante polémica en el blog de Carlos Meléndez, (a) el Jorobado de Notre Dame, a propósito de sus post “Cómo acabar de una vez por todas con los ‘balances’ de la izquierda” y “En busca del elector desconocido”. En dicho debate incorporé a la discusión el asunto de la “oferta política” en el Perú y propuse una idea que me ha estado dando vueltas hace bastante tiempo, respecto a la crisis del sistema político en nuestro país: que el principal problema en el Perú no está en el electorado (los “consumidores” o “demandantes” de la oferta política) sino en los partidos (los generadores de la “oferta política”).
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