En mi post anterior sobre la “Reforma legal del régimen sobre el Proceso Contencioso Administrativo”, sugerí que, junto con las diversas reformas de fondo de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, Ley N.º 27584 (en adelante, simplemente “LPCA”), realizadas por el Decreto Legislativo N.º 1067 (en adelante, simplemente “DL”), se aprobaron algunas modificaciones meramente formales, destinadas a mejorar la redacción o realizar precisiones terminológicas, pero que no afectaban el sentido de las normas modificadas, por lo que no se trataba de verdaderas reformas legales.

Dentro de esas “reformas formales”, señalé la realizada respecto al artículo 23 de la LPCA, actualmente numerada como artículo 25 del Texto Único Ordenado de la LPCA, aprobada por el D.S. N.º 013-2008-JUS (en adelante simplemente TUO), referida al efecto de la admisión de la demanda sobre la ejecución del acto administrativo.
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IMPORTANTE: Una actualización sobre este tema se realiza en el post: "Precisiones sobre la modificación del artículo 23 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo".

Como se sabe, mediante la Ley N.º 29157, el Congreso de la República delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú Estados Unidos (el famoso TLC) y el apoyo a la competitividad económica. Dentro de esas materias, la ley considera la “mejora de la administra- ción de justicia en materia comercial y contencioso administrativa”.

Al amparo de dicha ley autoritativa, mediante Decreto Legislativo N.º 1067 (en adelante, simplemente “DL”), publicado en el Diario Oficial el 28 de junio de 2008, el Gobierno aprobó un importante conjunto de reformas a la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, Ley N.° 27584[1674clicks] (en adelante, simplemente “LPCA”). Seguidamente paso a reseñar las reformas:
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), amparándose en su particular interpretación de los artículos 142 y 181 de la Constitución, 23 de su Ley Orgánica (Ley N.º 26486) y 36 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859) –que establecen que las resoluciones del JNE en materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, son dictadas en instancia final y definitiva, que no son revisables en sede judicial y que contra ellas no procede recurso alguno– considera que todas sus resoluciones son irrevisables, entre ellas las que se refieren a la declaración de vacancia de las autoridades regionales y municipales.

Si bien las mencionadas normas establecen la irrevisabilidad de las resoluciones del JNE, esta se refiere únicamente a aquellas referidas a materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, que son emitidas por el JNE en su calidad de organismo jurisdiccional electoral o tribunal electoral.
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