Publicado en la web de noticias Spacio Libre (18 de setiembre de 2013)
La presentación del Proyecto de Ley N.° 2647/2013-CR que plantea establecer la “unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo”, realizada la semana pasada por el congresista Carlos Bruce, como era de esperarse, motivó la iracunda reacción de los sectores más conservadores de nuestra sociedad.
La iniciativa legislativa, en esencia, propone otorgar a las parejas homosexuales diversos derechos hasta ahora reservados exclusivamente a los parejas heterosexuales casadas o cuya unión de hecho (concubinato) haya sido reconocida: herencia, seguridad social, pensiones, entre otros. Sin embargo, de manera expresa precisa que no se trata de un contrato matrimonial.
El cardenal Juan Luis Cipriani fue de los primeros en disparar contra el proyecto de ley y, de pasadita, contra su autor (al pretender descalificarlo insinuando su supuesta homosexualidad, lo que resulta una falacia ad hominen que uno no esperaría del alto jerarca de la Iglesia), utilizando para ello la privilegiada tribuna (o trinchera) que tiene en su programa Diálogo de Fe de RPP.
Sobre la iniciativa manifestó que “es parte de una vieja estrategia que ya se ha dado en países como España, Italia y Francia, en que se empieza poniendo el zapato en la puerta con esta ley, y se acaba pidiendo el matrimonio entre los homosexuales”.
Suponemos que en un esfuerzo de tolerancia, el cardenal manifestó que “quien quiera tener su relación tiene el derecho civil para realizar contratos”. Sin embargo, precisó, “no es necesario hacer una caricatura del matrimonio para luego destrozarlo”.
Al respecto, me sumo a quienes aclaran que esta no es una discusión religiosa; que acá nadie está hablando del sacramento del matrimonio. Se trata de una discusión jurídica, de derechos civiles, de contratos legales, y las consideraciones de orden moral basadas en la fe o en dogmas religiosos deberían estar de lado.
