Publicado en el blog de noticias Spacio Libre (19 de marzo de 2012)



Hemos estado comentando (aquí y aquí) el artículo “Construcción de Partidos y paradoja del fujimorismo” (LR, febrero 19 de 2012) de Steve Levitsky. En dicho texto, el politólogo estadounidense sostiene que los partidos fuertes no son resultado de ninguna reforma institucional, sino surgen del conflicto y se construyen luchando por o contra algo. Para ello, un partido necesita de una ideología, identidad colectiva o mística, basada en una historia de lucha, que una a los políticos y cuadros más allá de sus ambiciones individuales. Asimismo, necesita cierto arraigo en la sociedad: una militancia y una base más amplia de gente que, aunque no milite activamente, siempre vote por el partido.

Según el propio Levitsky, más allá de lo que sea deseable, la única fuerza política que reúne las condiciones para la consolidación partidaria en el Perú contemporáneo es el fujimorismo, lo cual resulta paradójico ya que no hay nadie más “antipartido” que Alberto Fujimori.
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A estas alturas de la contienda electoral, los promotores, voceros y mercenarios de la candidatura de Keiko Fujimori no pueden seguir ocultando o manteniendo en el olvido lo que significó para nuestro país el régimen de Alberto Fujimori. Por eso, en esta segunda vuelta su campaña se centra en diferenciar a la hija del padre, señalando que la pobre Keiko Fujimori no es su papá; que no se la puede responsabilizar por los “errores”, pecados, delitos y crímenes de su padre; o que la propensión al crimen no se transmite genéticamente.

En principio, es verdad que nadie es responsable por los delitos cometidos por otros, incluyendo los familiares más cercanos; ni puede, por tanto, cargar con sus culpas. Pero eso no aplica en el caso de los Fujimori, padre e hija. Voy a graficarlo con un ejemplo cinematográfico.
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Conocidos los resultados de la primera vuelta electoral, Steven Levitsky acuñó una de las expresiones más recurridas en este periodo de campaña de la segunda vuelta: “de Humala tenemos dudas, de Keiko (Fujimori) tenemos pruebas”. El politólogo de Harvard aludía con ello a las credenciales democráticas (o, más bien, antidemocráticas) de ambos candidatos.

Más allá que luego se haya discutido sobre si lo que Levitsky dijo se refería al pasado (lo que antes habían hecho) o al futuro (lo que harían en caso de ser gobierno), lo cierto es que dicha frase expresó muy bien la percepción que mucha gente tenía respecto de ambos candidatos, inmediatamente después de la primera vuelta. Me incluyo entre esa gente.
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En un post anterior inicié la crónica sobre la polémica que sostuve con Nicolás Lynch, el 29 de noviembre pasado, en el marco del “IV Seminario en Ciencias Sociales” (Mesa sobre la caída del régimen de Alberto Fujimori), organizado por el Grupo de Estudios e Investigaciones Interdisciplinario en Ciencias Sociales y Humanidades PERSPECTIVAS, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El debate se centró en tres cuestiones: primero, la naturaleza del régimen de Alberto Fujimori, sobre lo cual la discusión giró en torno a si fue una dictadura o alguna otra modalidad de régimen autoritario (la crónica sobre esta primera cuestión la presenté en el referido post); segundo, determinar la razón específica de la caída de dicho régimen, siendo la materia controvertida el rol que desempeñó la oposición democrática y si dicha oposición fue la que derrocó al fujimorato; y tercero, las razones que explican la precariedad del sistema democrático post Fujimori.

Antes de seguir reseñando las otras dos cuestiones, me gustaría realizar algunas notas adicionales respecto de si el régimen de Fujimori fue una dictadura, como sostiene con insistencia Lynch, o si fue otra forma de régimen autoritario, como sostiene la gran mayoría de analistas, a los que yo me sumo; considerando que, en el calor del debate, Lynch me acusó de tener una lectura sesgada ya que no tuve en cuenta lo que él había escrito sobre el particular. Al respecto precisé que yo me había basado en estudios que se referían específicamente al colapso del régimen de Alberto Fujimori, como los siguientes:
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Con el presente post continuamos con la serie iniciada en un post anterior aprovechando el encuentro entre Montesinos y Fujimori, quienes después de ocho años se vieron nuevamente a las caras, y no perdieron la oportunidad para hacerse ojitos, el pasado 30 de junio, ante la Sala Penal encargada de juzgar al ex presidente por los delitos de lesa humanidad que presuntamente cometió durante su mandato. Anteriormente nos referimos a la tesis de Martín Tanaka, en esta ocasión nos vamos a referir a la de Sinesio López.
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El día de hoy, lunes 30 de junio de 2008, Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, luego de ocho años, se han visto nuevamente frente a frente; esta vez ante el tribunal de justicia encargado de juzgar al ex presidente por los diversos delitos que presuntamente cometió durante su mandato.

Quiero aprovechar la ocasión para recordar y analizar la forma en que la relación entre ambos, tras varios años de estrecha unión (por algo el apelativo de “siameses” les caía como anillo al dedo), se deterioró y acabó raudamente el 2000, y cómo es que el fin de esa relación implicó también el colapsó del régimen autoritario montado por ambos personajes.
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10/dic/2007: Fujimori se declara inocente de cargos de violación de derechos humanos



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En las últimas semanas se ha especulado mucho acerca de la posible postulación de Alberto Fujimori a la Presidencia de la República. En el mismo sentido señalado por destacados constitucionalistas como Valentín Paniagua, Enrique Bernales, Francisco Eguiguren, Samuel Abad, Javier Valle Riestra, entre otros, considero que Fujimori, definitivamente, no puede postular ni a la Presidencia de la República ni a ningún otro cargo público, toda vez que se encuentra inhabilitado por 10 años para el ejercicio de toda función pública, por la Resolución Legislativa N° 018-2000-CR, del 23 de febrero de 2001, aprobada por el Congreso de la República al amparo del Art. 100 de la Constitución, dispositivo constitucional que consagra el denominado juicio político.
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