Nota informativa de Radio Uno (Tacna), a partir de entrevista que se me hizo horas antes que el Movadef haga pública su decisión de desistirse de su pretensión de inscribirse como partido político. [Los errores de redacción son propios de la nota].



El Politólogo, Carlos Magno Salcedo manifestó que el Jurado Nacional de Elecciones tiene fundamentos legales para ratificar la resolución que emitió en contra del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) al querer inscribirse como Partido Político.



“El JNE va a confirmar esta resolución seguramente, no vemos porque no vaya a ser así”.

Precisó que el MOVADEF se acoge a los principios antidemocráticos, violentitas y contrarios a la ley de partidos políticos que dice que los Partidos deben tener entre sus fines, generar una cultura democrática, respetuosos de los derechos humanos y todos estos principios y valores son contrarios a los de Gonzalo, teniendo pleno conocimiento de lo que significo el pensamiento Gonzalo que justificó los actos violentitas y de muerte y los mas afectados fueron los más indefensos del país, victimas civiles con que se ensaño Abimael Guzmán y que en su tiempo la Corte Suprema lo tituló como acción de terrorismo y masacre, en base a esos hechos y a la comisión de la verdad y reconciliación que ha dado cuenta de las atrocidades que ha cometido Abimael Guzmán, es que el JNE debe ratificar la resolución en contra de MOVADEF.
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Publicado en EL COMERCIO, martes 31 de enero de 2012, pág. a6







El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Hugo Sivina, explicó ayer en el Congreso los alcances de la reforma integral de la legislación electoral propuesta por su entidad.

Ante un subgrupo de trabajo de la Comisión de Constitución, Sivina afirmó que el proyecto plantea como requisito previo para la inscripción de una organización política la verificación del compromiso del ciudadano. Ello implica reemplazar la figura de adherentes (simples firmas) por la presencia efectiva de afiliados (0,5% con respecto al último padrón electoral).
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En nuestro post anterior comentamos los alcances de la sentencia del 27 de setiembre, expedida en el Exp. 0002-2011-PCC/TC (STC), a través de la cual el Tribunal Constitucional (TC) resolvió el proceso competencial promovido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), respecto de la franja electoral y la supervisión de las finanzas de las organizaciones políticas, funciones previstas en la Ley de Partidos Políticos, Ley N.° 28094 (LPP).

En dicho post señalamos que, respecto de la flanja electoral, el TC le dio la razón a la ONPE al resolver que dicho organismo es competente para regular todos los aspectos relacionados con su implementación y ejecución en todo proceso electoral; sin perjuicio de las competencias fiscalizadoras, supervisoras y jurisdiccionales que le corresponden al JNE. Sin embargo, respecto de la otra cuestión, precisamos que, aunque el TC reconoce que es competencia de la ONPE supervisar o realizar el control externo de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas, también hace hincapié en que es competencia del JNE, fiscalizar y supervisar el ejercicio de la competencia de control externo de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas ejercida por la ONPE; por consiguiente, ésta tiene la obligación constitucional de remitir los informes y documentos que el JNE le requiera para el debido ejercicio de tal supervisión.

Además de lo señalado, a través de dicha STC, el TC realiza algunas precisiones que consideramos importantes respecto de las funciones o competencias constitucionales del JNE.
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Mediante sentencia de fecha 27 de setiembre, expedida en el Exp. 0002-2011-PCC/TC, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió el proceso competencial promovido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mediante demanda presentada el 11 de febrero pasado, a través de la cual la ONPE pretendía lo siguiente:

a) Que se le reconozca la competencia para regular íntegramente todo lo relativo a la franja electoral prevista en la Ley de Partidos Políticos, Ley N.° 28094 (LPP), y, en consecuencia, que se declare nulo el Reglamento de Franja Electoral para las Elecciones Generales 2011[135clicks], aprobado por el JNE mediante Resolución N.° 031-2011-JNE.

b) Que se le reconozca la competencia exclusiva para supervisar los fondos y recursos de las organizaciones políticas, y, en consecuencia, que se declare nulo el Reglamento de la Supervisión del Cumplimiento de las Normas sobre Financiamiento de las Organizaciones Políticas[86clicks], aprobado por el JNE mediante Resolución N.° 032-2011-JNE.
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Publicado en LA REPÚBLICA - EL GRAN SUR, jueves 17 de febrero de 2011, p. 22.

CREDIBILIDAD MELLADA. SEGÚN ANALISTAS, VOCACIÓN DE SERVICIO NO ES PRINCIPAL INTERÉS PARA TENTAR CURUL

► El celo excesivo del Jurado nace de la falta de rigor de de algunos sondeos, cuyos resultados, aunque errados, pueden influir a la hora de votar.

Las encuestadoras lograron que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) retrocediera en su intento de exigir información personal de los encuestados. Pero azuzó las dudas que siempre existen sobre la credibilidad de los resultados de dichos sondeos.

¿Las encuestas son confiables? En las últimas elecciones regionales y municipales hubo una “encuestitis”, traducida en que la mayoría de estudios arrojaron resultados distintos sobre tendencia del voto del electorado. Incluso estos síntomas se muestran ahora que vivimos una coyuntura política por los comicios generales (ver resultados en la infografía al final del texto).

¿Puede una encuesta variar abismalmente de otra? ¿Cómo reconocer a una que pueda sufrir presiones o esté direccionada? El especialista en temas electorales, Carlo Magno Salcedo, explicó que las empresas dedicadas a estas investigaciones pueden compararse con cualquier producto. Siempre hay buenos y malos. “En cualquier actividad, hay empresas serias y otras no. Precisamente, los resultados de las encuestadoras serias siempre coinciden. Y es que existe un conjunto de empresas (encuestadoras) que hacen un trabajo serio y otras en virtud a políticos y gobernantes. Pero al final, cada empresa de opinión se gana su prestigio”, refirió.
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Publicado en EL COMERCIO, lunes 14 de febrero de 2010, pág. a10







Mientras la mayoría de jóvenes de su edad aprovecha las vacaciones y el verano para darse un chapuzón en las playas o irse a bailar; Kristell, Miguel y Carlos Andrés, que frisan los veinte años de edad, se visten con traje formal para recibir a los primeros inscritos en uno de los cuatro cursos que su agrupación estudiantil ha organizado, en vísperas de las elecciones presidenciales y congresales.

Administración Pública y Reforma del Estado; Martes Electorales; Actualización en Ciencia Política; y Márketing Político son los cursos que se dictan, gratuitamente, de lunes a jueves, en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desde el pasado 24 de enero.
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Publicado en DIARIO 16, lunes 27 de diciembre de 2010, p. 2.


ESTÁ PROHIBIDO DE ACUERDO A LA LEY ELECTORAL, ADVIERTEN EXPERTOS



A colación de los recientes hechos protagonizados por el presidente Alan García y su entorno en contra de la norma electoral y a favor de la candidata presidencial del Apra, Mercedes Aráoz, expertos en el tema recordaron al Gobierno que está impedido de realizar publicidad estatal en ninguna de sus formas, con excepción de aquella que tiene un carácter de necesidad o utilidad pública.

El primero en hacerlo fue Carlo Magno Salcedo, ex jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quien enfatizó que ya comenzó el periodo en el cual el Estado debe dejar de hacer publicidad que no sea de necesidad pública.

Salcedo, quien dejó la ONPE hace un mes, explicó que todo anuncio que tenga que ver con obras tendría que ser suspendido, ya que los candidatos que ocuparon cargos públicos suelen recordárselas a la población. O en este caso, la candidata presidencial del Apra puede resultar beneficiada con la publicidad del actual Gobierno.

El experto recordó que, desde la convocatoria a las elecciones generales del 2011, quedó prohibida la publicidad estatal en cualquier medio de comunicación público o privado. El pasado 4 de diciembre el presidente Alan García convocó a las elecciones.
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Durante la conferencia de prensa, del 26 de octubre pasado, en que Lourdes Flores Nano reconoció su derrota ante su contendora Susana Villarán, aunque manifestó ser respetuosa de las resoluciones de los órganos del Estado responsables de la justicia electoral: los jurados electorales especiales (JEE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuestionó el hecho que estos hayan validado un gran número de actas electorales observadas, especialmente aquellas que no contaban con todas las firmas y huellas digitales de los miembros de mesa, dando a entender que si estas actas se hubieran anulado, otro hubiese sido el resultado.

Según la ex candidata, al haber sido el propio JNE el que determinó, a través de la Resolución N.º 1717-2010-JNE (que aprueba el Reglamento del Procedimiento aplicable a las actas observadas para las Elecciones Regionales, Municipales y Referéndum Nacional para la aprobación o desaprobación del “Proyecto de Ley de Devolución de Dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo” del año 2010) que tales actas electorales debían ser observadas, dicho organismo debió anularlas, y que al no hacerlo habría violado sus propias normas, sentando un preocupante precedente.
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La demora en la entrega de los resultados definitivos de los comicios del 3 de octubre pasado, cuya principal causa inmediata fue el elevado porcentaje de actas electorales observadas que deben ser resueltas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes que puedan ser procesadas por la ONPE (situación que a su vez se debió a la incorrecta elaboración de las actas electorales por muchos miembros de mesa), ha puesto nuevamente sobre el tapete la necesidad de implementar el voto electrónico en nuestro país.

La votación electrónica, entre otras muchas ventajas, evitaría las actas observadas y permitiría tener resultados a pocas horas de concluido el sufragio. Al respecto, considero oportuno destacar, como lo he señalado en anteriores oportunidades (aquí y aquí), que hace varios años la ONPE viene realizando diversos esfuerzos y tiene todo listo para implementar el voto electrónico; objetivo que, no obstante, no puede lograr debido al vacío normativo que hay en la materia.
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“En el Perú, el Presidente tiene un poder, no puede hacer presidente a quien él quisiera, pero sí puede evitar que sea presidente quien él no quiera. Yo lo he demostrado.”

Eso fue lo que anteayer dijo el Presidente de la República a un grupo de banqueros latino-americanos, en lo que parece ser un desafor-tunado desliz. Tales expresiones causaron un gran revuelo en el ámbiente político y fueron interpretadas por algunos líderes de la oposición como una injerencia o interferencia del jefe de Estado a las próximas elecciones presidenciales e, incluso, como una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho o un anuncio de fraude electoral. No faltaron, por cierto, quienes exigieron el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre el particular.
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