A propósito de las encuestas bamba: la validez de las encuestas de intención de voto

Encuesta bamba de Idice

Soy de los que no dudan que la “encuesta” de la “encuestadora” Idice, divulgada hace unos días por TV Perú, “el canal de todos los peruanos”, y publicada por algunos medios como la revista Caretas, que le otorga a la candidata aprista Mercedes Araoz 11% de intención de voto, y a Ollanta Humala y Alejandro Toledo sólo 6%, es más bamba que copia certificada del jirón Azángaro; y la versión del Diario 16 sobre la forma en que se fabricó la misma me parece verosímil.

Antes, gracias a una entrevista que, el 12 de febrero de 2010, me hicieron los periodistas Jaime Del Castillo, Humberto Rodríguez y Miguel Rivera, en el programa “Impacto Político”, que conducían en Radio Cadena (1200 AM), tuve la ocasión de exponer mi posición sobre la credibilidad de las encuestadoras.

En ese entonces, estaba aún fresco el escándalo de la supuesta encuesta hecha con una muestra de ¡27 mil personas! a la que hizo referencia el presidente García en una entrevista en RPP. Sobre esta cuestión, ni el gobierno ni el partido de gobierno supieron explicar quién ordenó hacer el sondeo, ni quién la hizo, ni cómo se financió (si con recursos públicos, del partido aprista o del bolsillo del presidente); incurriendo en graves contradicciones, como decir en un momento que fue hecha por los militantes del partido, y en otro por una encuestadora muy seria. Esta encuestadora “muy seria” no sería otra que Idice. Por cierto, su director nunca confirmó ni desmintió que su empresa haya sido la que hizo la encuesta, alegando un contrato de confidencialidad. Al final la cuestión nunca quedó aclarada.

Lo que yo creo es que nunca se hizo tal encuesta; que sólo fue un bluf del primer mandatario lanzado en medio de la emoción de la entrevista y que acabó en tremenda metida de pata, poniendo en aprietos al gobierno y al partido aprista para tratar de explicar lo inexplicable. Al final, la encuestadora Idice se prestó al jueguito para que, sin negarlo ni confirmarlo, se sobreentendiera que fue ella la que hizo el fantástico sondeo; dándole así una manito al gobierno y a su partido para ayudarlos a salir del atolladero al que los excesos verbales del presidente los había conducido.

Aunque estamos en otro momento, los actores involucrados en este nuevo escándalo, coincidentemente, son los mismos: el gobierno y la encuestadora Idice. La intención también es la misma: tratar de manipular a la opinión pública en función de los intereses del presidente García. En ambos casos la situación fue motivo para poner en cuestión la validez de las encuestas de intención de voto como herramientas válidas para el análisis político. Creo, por tanto, que la ocasión es pertinente para exponer y precisar algunas ideas que sobre el particular señalé en la mencionada entrevista.

En primer término, hay que distinguir entre las encuestadoras que son serias y, por ello, se han ganado un lugar en el mercado, de las que no lo son. Personalmente creo que Ipsos Apoyo o el Iop de la Pucp, entre otras, están entre las encuestadoras serias y fiables, por lo que sus estudios merecen tomarse en cuenta. Por el contrario, son muy pocos los que pondrían sus manos al fuego por la credibilidad de Idice; por lo que sus “sondeos” hay que tomarlos como de quién vienen, a pesar que la simpática candidata del presidente asegure, con una “candidez” que hasta produce ternura, que no tiene por qué dudar de la encuesta de marras.

Fuente: La República, 14 de noviembre de 2010

Sin embargo, es necesario advertir que hay situaciones en que todas las encuestadoras pueden equivocarse de verdad; que no es lo mismo que “equivocarse” haciendo deliberadamente trafa, cambiando los resultados obtenidos, manipulando las muestras o, simplemente, inventando encuestas que nunca se han realizado, señalando, eso sí, con mucha seriedad, que el nivel de confianza de la encuesta es superior al 95%. La equivocación de las encuestas consiste en que sus sondeos no reflejen, por ejemplo, resultados electorales reales obtenidos en las urnas.

Es lo que, por ejemplo, ocurrió con las encuestas a “boca de urna” en las Elecciones Generales de 2000, en que todas dieron como ganador a Alejandro Toledo, cuando lo real es que había ganado el presidente reeleccionista Alberto Fujimori. El triunfo de Fujimori, si no le creemos a la ONPE de entonces (dirigida por José “papelito manda” Portillo), fue corroborado con el “conteo rápido” o muestreo en base a resultados reales obtenidos de los carteles de resultados publicados en los locales de votación inmediatamente después de concluido el escrutinio, hecho por la ONG de observación electoral Transparencia. En esa ocasión ocurrió el fenómeno del “voto oculto”, consistente en que un importante porcentaje de encuestados, especialmente aquellos que habían votado por el candidato reeleccionista, no respondían con la verdad al ser preguntados sobre el sentido de su voto.

Aunque hay quienes sostienen, como mis entrevistadores del programa Impacto Político, que en ese entonces todas las encuestadoras estuvieron coludidas con el gobierno, yo no lo creo así; a pesar de ser innegable el contexto fraudulento en que se realizó todo ese proceso electoral. De haber sido cierta la colusión, todas las encuestadoras, más bien, no se habrían equivocado dando resultados de encuesta tan distintos a los resultados electorales de la ONPE. Por el contrario, esa discrepancia en las cifras entre las encuestas y los resultados electorales, perjudicaba a Fujimori y fue más bien un triunfo político de Alejandro Toledo y, de alguna manera, fue el inicio de la caída del régimen fujimorista al generar una tremenda reacción popular ante la sensación de fraude generada por aquella discrepancia.

Como señala Martín Tanaka, al final de la primera vuelta Fujimori obtuvo una derrota y Toledo un enorme triunfo, debido a un hecho totalmente accidental y fortuito: todos los exit polls dieron como ganador a Toledo y los resultados de las actas a Fujimori. Las irregularidades de la campaña, la oscuridad del proceso de cómputo de votos, generaron la percepción de que un fraude grosero le estaba arrebatando el triunfo a Toledo, y ello desencadenó una movilización impresionante y fuertes presiones externas, que evitaron que el gobierno cayera en la tentación de ganar “en mesa” lo poquísimo que le faltaba para evitar una segunda vuelta.

De otro lado, hay que considerar que debido a la alta volatilidad electoral que caracteriza al sistema político peruano, los resultados electorales son muy impredecibles. Por tanto, como ya se ha dicho insistentemente pero no está de más volver a repetirlo, las encuestas deben tomarse únicamente como la expresión de un estado de ánimo del momento; estado de ánimo que puede variar dramáticamente a medida que se acerca la fecha de las elecciones e incluso de una semana a otra. Es decir, las encuestas de intención de voto no predicen los resultados electorales; lo único que hacen es medir las variaciones en tales estados de ánimo de los ciudadanos respecto de los candidatos.

Finalmente, hay una última cuestión sobre la que quiero referirme. Tras el escándalo de la encuesta presidencial de las 27 mil personas, y cuando el gobierno y el partido aprista no podían brindar una explicación coherente y verosímil al respecto, el presidente García, como por arte de birlibirloque, sacó un conejo del sombrero: proponer una veeduría a las encuestadoras; propuesta que después se concretó en un proyecto de ley presentado por la PCM. Al respecto, el primer comentario que tengo es que resulta cuando menos paradójico que sea precisamente el presidente quien haya hecho una propuesta como esta, después del papelón de su encuesta. Asimismo, no me parece una propuesta seria, mucho menos en el contexto en que se propuso. En todo caso, es una propuesta tan seria como las encuestas de Idice.

Ciertamente, considero que sí es necesario que existan mecanismos de supervisión al trabajo que hacen las encuestadoras, especialmente cuando hacen sondeos de intención de voto, por la innegable incidencia que sus resultados pueden tener en el ánimo de los electores. Sin embargo, a mi juicio, ello se puede conseguir revisando las normas electorales para que la supervisión sobre las encuestadoras que ya ejerce el Jurado Nacional de Elecciones, sea más intensa.

Puntuación: 5.00 / Votos: 10

Comentarios

  1. Gianna Tassara escribió:

    Como siempre acertado en tus analisis apreciado Magno,encuestadors y medios de comunicacion,se hn convertiod en elementos nada fiables.

  2. Víctor Godomar Vega escribió:

    Apreciable argumentación, también esta la encuesta de PUCP que una semana antes le daba ventaja de 16% a Susana y terminó en menos de 1%, nadie en sano juicio puede creer q se cayó SV 15% en ese lapso, lo que hace inferir q también hay las encuestas que nos quieren hacer creer en hechos consumados.

  3. Guillermo Correa escribió:

    IDICE FUE LA UNICA ENCUESTADORA QUE DIO COMO GANADOR A ALAN GARCIA, PARA QUE PASE A LA SEGUNDA VUELTA. TODOS CREIAN QUE LOURDES ERA LA GANADORA, INCLUSIVE ELLA. PORQUE TENGO QUE DUDAR AHORA, ADEMAS LA POBLACION QUIERE A UNA ECONOMISTA EXITOSA COMO MECHE ARAOZ

  4. Juan José Beteta escribió:

    Sobre IDICE es muy fácil "acertar" cuando la presunta encuestadora se presta a determinadas estrategias de campaña. Así se predice en el presente un futuro previsible o diseñado (x guerra sucia). En la segunda vuelta de 2006 era previsible que García avanzaría por estar al centro, entre Humala y Lulú. Y en 2010 IDICE e IMA "acertaron" en el ajustado resultado entre Susana y Lulú porque fueron el primer paso de una campaña de demolición contra la primera, que no llegó a consumarse.

  5. Juan José Beteta escribió:

    De acuerdo contigo Carlo Magno. Solo añadir que el fraude del 2000 efectivamente no ocurrió en las urnas, donde Fujimori ganó; sino por un contexto político de virtual anulación del Estado de derecho y grave restricción de las libertades básicas, gracias al control abierto o encubierto de los poderes públicos y los medios de comunicación. Así, la democracia no es el mero hecho de votar y contar los votos, sino un conjunto de libertades y derechos que garanticen la neutralidad del Estado y la independencia de poderes, lo cual no existía entonces.

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