VIII Pleno Casatorio Civil: por qué debe apoyar la anulabilidad y no la nulidad.

[Visto: 3516 veces]

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE INTEGRACIÓN DE DERECHO CIVIL Y DERECHO PROCESAL CIVIL

TRABAJO FINAL

Alumna: Cecilia Patricia Castillo Cieza

Tema: Disposición unilateral de bienes sociales por parte de uno de los cónyuges de una sociedad conyugal en base a la Casación N°111 2006- Lambayeque.

–Antes de que lo empiecen a leer, quiero recomendarles un libro interesante que encontré en la biblioteca central de la PUCP, es de un profesor español que analiza el articulo del CC de su país, al respecto de la disposición unilateral de bienes sociales. Apropósito, el articulo español es más exacto que el peruano. Aquí los datos del libro:

-Bienes Inmuebles y Sociedad Conyugal. José Lopez Liz. Editorial: Bosch. Barcelona. Año 1998.

Tomé fotos de todo el libro, más adelante quizá lo puedo compartir, los interesados me pueden escribir y dejarme sus correos para pasárselos.

1.Hechos: Casación N°111 2006- Lambayeque

El caso materia de estudio, se refiere a la controversia entre una pareja de esposos (sociedad conyugal), donde el demandante es el cónyuge Aldo Antonio Zeballos Picco y la demandada es la cónyuge Monnsy de Fátima Chong Arrunátegui. La controversia es sobre una hipoteca que se hizo sobre un bien inmueble de propiedad de la sociedad conyugal, pero que para la constitución de la hipoteca solamente participó la cónyuge; por lo que el conyugue demanda la nulidad del acto jurídico puesto que era necesaria su intervención para la constitución de la hipoteca.
Es en base a casos similares a este, que además son muy comunes en el Poder Judicial, que han tenido sentencias contradictorias, y donde está en discusión los alcances del artículo 315 del Código Civil, es que en el mes de diciembre del año 2015 se convocó al 8vo Pleno Casatorio Civil donde los amicus curae expresaron su posición al respecto, sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho pública la decisión que tomó la Corte Suprema.
El caso propuesto pasó por las dos instancias y llegó a Corte Suprema. Es así que la sentencia de primera instancia fue el 14 de noviembre del año 2005, declaraba fundada la demanda y declaraba nulo el acto jurídico y el contrato de garantía hipotecaria. Mientras que la sentencia de segunda instancia, declaraba infundada la demanda, que declaraba nulo el acto jurídico, en todos sus extremos. En la sentencia de casación, declararon procedente el recurso de casación debido a que se solicitó: a)Inaplicación del artículo 315 del CC, ya que teniendo conocimiento el Banco que la demandada Monnsy de Fátima Chong Arrunátegui tenía la condición de casada, requería necesariamente para la constitución de hipoteca de su intervención, en su calidad de cónyuge; por lo que al haberse celebrado un acto jurídico de gravamen respecto de un bien inmueble social, sin la intervención conjunta de los cónyuges, no resulta oponible la publicidad registral por el conocimiento previo de la inexactitud del registro; b)Aplicación indebida de los artículos 2012, 2013 y 2014 del CC, pues al momento de la celebración del acuerdo hipotecario no concurrían “los elementos objetivos ni subjetivos de la buena fe registral como es la exactitud registral y la buena fe”, pues al tenerse conocimiento de la situación jurídica de casada de la demandada, se desvanece la presunción iuris tantum del articulo 2014 del CC; asimismo, señala que los magistrados no han reparado que existe inexactitud en el registro, esto es, discordancia entre el registro y la realidad jurídica. Finalmente declara infundado el recurso de casación, es decir, apoya la segunda instancia y apoya la teoría de la anulabilidad.
1.1.VIII Pleno Jurisdiccional:
En este se discutió sobre el verdadero alcance del artículo 315 del CC, sobre la actuación a nombre ajeno, a nombre propio, incluso analizaron el artículo 161 del CC que trata sobre la ineficacia del acto por exceder el poder otorgado. Además se discutió si correspondía aplicar la ineficacia o la nulidad en los casos donde se vulnera el artículo 315 del CC. sobre si la norma, articulo 315 del CC es hiperactiva y sobre que sostener la nulidad acarrearía detener el tráfico jurídico y por ello mejor sería aplicar la anulabilidad.
Sin embargo, si bien se llevó a cabo la exposición de las posiciones de los amicus curae con respecto al tema, aun está pendiente la decisión y la publicación de la decisión final de la Corte Suprema en el diario oficial el peruano.
Teniendo en cuenta a la sentencia de casación del expediente Casación N°111 2006- Lambayeque, y que tiene relación directa con las cuestiones que plantea resolver el VIII Pleno Casatorio y el precedente de éste que es el IV Pleno Casatorio Civil es que se responderán las siguientes cuestiones:
-¿Cuáles son los métodos de interpretación/ integración que utilizan los jueces al emitir su sentencia /pleno?
Los jueces utilizan el método judicial usual, interpreta la norma, concretamente el artículo 315 del CC y le da una interpretación que según ellos mismos señalan: expresamente lo siguiente en el considerando tercero: “Que tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se ha discutido sobre el supuesto de hecho previsto en el artículo 315 del CC siendo que con esta Sentencia Suprema, se procede a variar criterios anteriormente establecidos, a fin de concluir que, el supuesto previsto en la referida norma sustantiva no recoge un supuesto de nulidad del acto jurídico, sino uno de ineficacia, el mismo que origina que el acto cuestionado no sea oponible al patrimonio de la sociedad de gananciales.” Por lo que proceden a variar los criterios que usualmente se tenían sobre el artículo 315 del CC.
Además, los jueces utilizan una interpretación doctrinal para sustentar su postura. Así, en el considerando quinto citan a Massimo Bianca, “Diritio Civile”: Es decir, la intervención de ambos cónyuges supone dar cumplimiento a un requisito de eficacia denominado legitimidad para contratar, el cual implica el “poder de disposición que tiene el sujeto en relación a una determinada situación jurídica”.
Asimismo, con respecto a la integración, los jueces de la Corte Suprema utilizan los principios generales del derecho y la doctrina.
-¿Cuáles son los criterios jurídicos que aporta la sentencia / pleno?
-Que tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se ha discutido sobre el supuesto de hecho previsto en el artículo 315 del CC siendo que con esta Sentencia Suprema, se procede a variar criterios anteriormente establecidos, a fin de concluir que, el supuesto previsto en la referida norma sustantiva no recoge un supuesto de nulidad del acto jurídico, sino uno de ineficacia, el mismo que origina que el acto cuestionado no sea oponible al patrimonio de la sociedad de gananciales.
-De acuerdo al artículo 292 del CC, la sociedad conyugal se encuentra representada por los dos cónyuges, que de acuerdo al artículo 315 del CC ambos cónyuges deben intervenir si quieren disponer sobre los bienes inmuebles, supuesto que no descarta la posibilidad de que uno de ellos pueda otorgar poder al otro, posibilidad legal que se encuentra recogida tanto en el articulo 315 del CC como en el articulo 292 del CC; lo cual lleva a concluir que, la presencia de ambos cónyuges en un acto de disposición o gravamen, no supone un requisito de validez del acto jurídico, sino supone una adecuada legitimidad para contratar.
-Es decir, la intervención de ambos cónyuges supone dar cumplimiento a un requisito de eficacia denominado legitimidad para contratar, el cual implica el “poder de disposición que tiene el sujeto en relación a una determinada situación jurídica”. Tal supuesto resulta plenamente reconocido por nuestro sistema jurídico, ya que el mismo puede ser encontrado en el artículo 161 del CC, a propósito de los efectos realizados por el denominado falsus procurator. La diferencia en el caso materia de autos es que, en la celebración del contrato de constitución de garantía hipotecaria, la demandada doña Monnsy de Fátima Chong Arrunátegui se presentó ante el Banco demandado como única propietaria del bien inmueble y además declarando su calidad de soltera.
-¿el Poder Judicial resolvió o no el problema que le pusieron a su consideración? ¿si? ¿no? ¿por qué?
El poder judicial en la sentencia de casación sí resolvió el problema porque aplica la anulabilidad y no la nulidad, corrige de que cuando el código civil en el artículo 315 establece que ambos cónyuges deben participar en el negocio para disponer de los bienes sociales, se trata de la legitimidad para contratar y no de la validez, de esa forma se separa de la doctrina que decía que si no intervienen ambos cónyuges entonces falta la manifestación de voluntad de ese cónyuge lo cual produce falta de validez y por lo tanto el negocio es nulo.
Si bien es una sentencia del año 2006, ese razonamiento es el mismo que parece que va a adoptar la Corte Suprema en el VIII Pleno Casatorio que se llevó a cabo en el 2015, del cual aun no se tiene una sentencia.
Además, la tendencia de aplicación de ese razonamiento es latente debido a que en se llevó a cabo el IV Pleno Casatorio Civil donde los magistrados dispusieron una posición a favor de la nulidad argumentando básicamente que falta manifestación de voluntad del cónyuge que no participa y por lo tanto es causal de nulidad según el articulo 219 del CC. el cual es un argumento que parecería que está desfasado porque no ha ayudado a reducir la contradicción entre las sentencias de las instancias judiciales.

1.2.Hipótesis
En el trabajo se sustentará que el artículo 315 del CC no recoge un supuesto de nulidad del acto jurídico sino uno de ineficacia, por lo tanto, si bien el artículo 292 del CC establece que la sociedad conyugal se encuentra representada por los dos cónyuges, en el supuesto caso de que intervenga solamente uno de los cónyuges en el negocio jurídico se considerará que solamente faltó la legitimidad para contratar porque no participaron los dos cónyuges, pero que ello no supone que se haya producido la falta de un requisito de validez porque faltó la manifestación de voluntad del cónyuge que no interviene del acto jurídico. Por lo tanto, se produce la anulabilidad y no la nulidad del acto jurídico. Razones de por las que se sustenta esta hipótesis:
-Porque el artículo 315 no dice expresamente que si no intervienen los dos cónyuges en la disposición de los bienes inmuebles entonces el negocio es nulo.
– El artículo 140 del CC establece que el acto jurídico tiene validez si es que no incumple la (4) Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad.

-Conforme al artículo 221 del CC, inc 4 “Cuando la ley lo declara anulable”, la ley tampoco establece para este caso el remedio de la anulabilidad, sin embargo, la tendencia en la jurisprudencia y doctrina es proteger el negocio jurídico, por lo tanto no debería aplicarse una medida extrema como la nulidad, que incluso no es un remedio jurídico sino que es una sanción estricta.

-Porque el artículo 315 no establece que falta la manifestación de voluntad del cónyuge que no interviene, que es un requisito para que haya nulidad del acto jurídico. Lo que sí podría haber es la falta de representación.

-No debe aplicarse la nulidad porque con la nulidad el negocio jurídico no podrá ser convalidado por la parte que no interviene. Por esa razón es mejor aplicar la anulabilidad.
Entre otros argumentos que apuestan por la postura de la aplicación de la anulabilidad para casos como este y no la nulidad, a continuación se procederá a desarrollar los puntos señalados.
2.Sociedad de gananciales
Antes de empezar a desarrollar el tema en cuestión, cabe establecer algunos conceptos base como el de la sociedad de gananciales, debido a que la situación materia de estudio es especial puesto que se trata de un conflicto entre cónyuges, es decir, personas que tienen una relación especial y estrecha diferente a la de dos personas que no son cónyuges y que además de ello, están regidos bajo las reglas de la sociedad de gananciales, los cuales son detalles relevantes para resolver cuestiones parecidas. Es así que para Benjamín Aguilar Llanos, una sociedad conyugal es diferente de una sociedad mercantil porque:
“Si bien es cierto que el matrimonio da lugar a una sociedad conyugal, esta no puede considerarse como una persona jurídica, pues en ella no aparecen los elementos característicos de ésta. Así, en la sociedad conyugal los cónyuges que la integran conservan cada uno su propia identidad, no la pierden para dar paso a una persona independiente de sus integrantes. Además, cualquier forma societaria tiene un fin propio que es la razón de ser de su existencia, mientras que en el matrimonio el fin de los cónyuges es su propia felicidad, la misma que posibilita su consecución a través de la comunidad de vida”. (Página 117)
Establecida la diferencia entre una sociedad conyugal formada por el matrimonio y una sociedad mercantil donde lo principal es el lucro, se reconoce que una sociedad conyugal tiene la particularidad de que es conformada por dos personas cuyo único fin es la felicidad alejada de temas mercantiles como el lucro, es decir, una sociedad conyugal no se conforma con el fin de lucrar. Partiendo de ese punto, se evidencia es relevante la relación que existe entre los sujetos que inician una controversia, en este caso es la estrecha relación entre dos personas, que no son ajenas entre ellos y que incluso cumplen todas las reglas del Código Civil en el Libro III, Derecho de Familia incluso el tan estrecho vínculo como el deber de cumplir con la cohabitación, regulada en el artículo 289 del CC.
2.1.Bienes gananciales:
Sin embargo, no solamente existen deberes de cohabitación, fidelidad y asistencia entre los cónyuges, sino también existe un tema fundamental consistente en el soporte económico que garantice la estabilidad y permanencia de la familia, en donde también se dan relaciones de orden económico como las relaciones económicas que establece la sociedad conyugal con terceros, donde es conveniente regular estas relaciones contenidas con temas patrimoniales puesto que no solo interesan a los cónyuges sino también a los terceros que contraten con la sociedad, pues la sociedad como tal no tiene personería jurídica. (Aguilar: 135)
Si bien existen dos regímenes opuestos con respecto a los regímenes patrimoniales de una sociedad conyugal, como son: el de la comunidad de bienes y deudas; el régimen de separación de patrimonios; y regímenes mixtos. En el caso concreto se trata de una sociedad conyugal bajo el régimen de la comunidad de bienes y deudas, donde:
“La sociedad conyugal se convierte en el titular único de un solo patrimonio. No existen patrimonios de los cónyuges, pues el patrimonio del hombre y la mujer, antes de casados e independientes hasta el momento de contraer matrimonio, se fusionan a raíz de éste en uno solo, no importando la causa o la época en que los bienes fueron adquiridos o contraídas las deudas”. (Aguilar: 137)
En el caso concreto, el conflicto entre los cónyuges es sobre los bienes de ambos: los bienes de la sociedad conyugal, bienes sociales o bienes gananciales. El artículo 310 del CC trata sobre los Bienes Sociales y regula lo siguiente:
“Son bienes sociales todos los no comprendidos en el artículo 302, incluso los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión, así como los frutos y productos de todos los bienes propios y de la sociedad y las rentas de los derechos de autor e inventor.
También tienen la calidad de bienes sociales los edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose a este el valor del suelo al momento del reembolso”.
Cabe señalar que en caso de duda, el artículo 311 del CC regula las reglas para calificación de los bienes, y establece que (1) Todos los bienes se presumen sociales, salvo prueba en contrario.
Es así que ya se está abarcando otro aspecto del derecho de familia que es el derecho civil patrimonial, puesto que trata de los bienes patrimoniales de la sociedad conyugal que se negocian con terceros. En ese sentido, se evidencia que aquí se está pasando a otra dimensión que ya no es propiamente la de derecho de familia donde los sujetos involucrados son los cónyuges e hijos sino que se trata de la relación entre la sociedad conyugal y terceros, lo cual es claramente un tema solamente competente del derecho civil patrimonial, por lo tanto a partir de ello es que se debe buscar una solución al conflicto propuesto en la Casación N°111 2006- Lambayeque. El profesor Gastón Fernández, quien fue un amicus curiae en el VIII Pleno Casatorio Civil señaló lo siguiente:
“En forma previa a cualquier discusión sobre los alcances del artículo 315 del CC y el remedio/sanción aplicable a su violación, es indispensable tener presente que ello implica el análisis de un problema que es propio del derecho civil patrimonial y no uno del derecho de familia”. (Fernández: 25)

3.Análisis del artículo 315 del CC
Entrando propiamente al artículo en discusión, cabe señalar que existe una doctrina opuesta a la que se plantea en el trabajo que apuesta por la aplicación de la nulidad para los casos de disposición unilateral de bienes sociales por parte de uno de los cónyuges sin la autorización del otro, la cual está recogida por la siguiente jurisprudencia: Casación 2117-01-Lima.08/07/02, e interpreta al artículo 315 en el siguiente sentido:
“El articulo 315 del CC establece en su primer párrafo que para la disposición de bienes sociales se requiere la intervención de los cónyuges y que cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad si cuenta por poder especial del otro. A fin de establecer una interpretación correcta de esta norma jurídica debe atenderse ante todo a los principios consagrados en la Constitución Política de 1993, que se desprenden de sus artículos 4 y 7 , en donde se prevé que la comunidad y el Estado deben proteger a la familia , teniendo todos derecho a la protección del ambiente familiar , en ese sentido, las regulaciones que se han previsto a través del derecho de familia presentan una especial fisonomía, en contraste con el derecho patrimonial o derecho de la contratación (siguiendo a Luis Diez Picazo y Antonio Gullón). Volumen 4. Editorial Tecnos. Séptima Edición reimpresa, revisada y puesta al día. Madrid 1998. Pagina 42 y siguientes), presentándose de manera latente factores de orden público dentro de la normatividad de la familia, cumpliendo una función tuitiva en beneficio de ella, que trasciende los intereses estrictamente individuales; ello se expresa a través de normas imperativas (aunque el derecho de familia también contiene algunas normas preceptivas) que impiden o limitan el ejercicio de la autonomía privada , en ese sentido, se puede establecer que el articulo 315 del CC contiene una norma imperativa, en la que el ejercicio de la autonomía privada se ve ciertamente limitado, en el sentido que se exige la intervención de los cónyuges, aunque se les da la posibilidad de que puedan actuar por poder: norma imperativa que atiende a la protección constitucional del ámbito familiar, entre ellos del ámbito patrimonial de la familia; por ello, de no cumplirse con la norma imperativa contenida en el articulo 315 materia de análisis, se estaría contraviniendo una norma de orden publico, por lo que resulta aplicable el articulo V del Titulo preliminar del Código Civil; esta norma contiene lo que en doctrina se denomina “nulidad virtual”; entendiéndose que los supuestos de nulidad virtual se dan cuando el acto jurídico se opone a una norma imperativa (Shoschana Zusman Tinman. “Teoría de la invalidez y la ineficacia”. En: Revista Ius et Veritas.
3.1.Problema: Disposición unilateral de bienes sociales
La disposición unilateral de bienes sociales en una sociedad conyugal no se puede equiparar, por ejemplo, a la disposición de la que hace un miembro de una copropiedad. La jurisprudencia ha desarrollado el tema con el Expediente: 3845-98, SPACS, 12/05/99:
“Los bienes de una sociedad conyugal no constituyen copropiedad de los referidos cónyuges, sino un patrimonio autónomo, conforme lo establece el articulo 65 del CPC , por lo que las reglas aplicables a los bienes sociales no pueden confundirse con las correspondientes a la copropiedad, en consecuencia, los bienes de una sociedad conyugal no constituyen copropiedad de los referidos cónyuges , sino un patrimonio autónomo , conforme lo establece el articulo 65 del CPC , por lo que las reglas aplicables a los bienes sociales no pueden confundirse con los correspondientes a la copropiedad.”
Por lo tanto, se produce un problema cuando uno de los cónyuges dispone del bien de la sociedad. Frente a ello, cabe señalar que el problema trata sobre la disposición unilateral de los bienes sociales por parte de uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro, es decir cuando no se cumple lo supuesto por el primer párrafo del artículo 315:
“Para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad si tiene poder especial del otro”.
Se evidencia que el artículo en sí no establece una solución en caso de su incumplimiento. Como ya se adelantó, mucha doctrina establece que es una norma de orden público porque es parte del libro de familia: “El artículo 315 tiene rango constitucional en el art 4 de la Constitución, que dice: “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolecente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad”, sin embargo, se desbarató esta teoría porque citamos a Gastón Fernández cuando estableció que este artículo es parte del derecho Civil Patrimonial y no del derecho de Familia porque es parte del derecho de la obligaciones e intervienen terceros en el negocio jurídico, con lo cual se aleja de la esfera familiar y se toca la esfera del negocio jurídico. Además, queda más claro que se trata de un problema del derecho civil patrimonial enteramente debido a que el mismo artículo 315 del CC prevé la posibilidad de la intervención de uno solo de los cónyuges con poder del otro, ello solo manifiesta la especial naturaleza que tienen las disposiciones de orden patrimonial dentro del derecho de familia.
Incluso, la doctrina propone la nulidad, en tanto que las normas del Código Civil, son de orden público, pero esta vez de acuerdo al Art. V del Título Preliminar [1], que señala con nulidad su infracción. Así, Benjamín Aguilar señala lo siguiente: “La norma comentada contiene un mandato, una orden y por ello resulta imperativa, en consecuencia el cónyuge que dispone de un bien social sin la intervención de su consorte tal disposición resulta nula”.
3.2.La anulabilidad como solución al problema de la disposición unilateral de bienes sociales:
Sin embargo, cabe preguntarse si en realidad la nulidad sería la solución adecuada toda vez que la misma constituye una sanción pero no un remedio jurídico. Por ello otra doctrina propone más bien la anulabilidad, en tanto que resulta una acción adecuada porque permite al cónyuge defraudado mantener a salvo sus intereses y en caso reconsidere el acto, poder confirmarlo y adherirse a él. Así, Alex Placido expresa lo siguiente:
____________________
[1] Cita extraída del TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SEMINARIO IV, de la Sección de Postgrado, Facultad de Derecho, Doctorado en Derecho de la Universidad Particular San Martin de Porres. Página 73.
“Pero, como el interés afectado no es otro que el del cónyuge que no interviene para controlar el poder dispositivo de bienes sociales y puede suceder, por el contario, que, aun sin su consentimiento, no tenga nada que oponer al acto realizado, que tal vez estime ventajoso, o bien que prefiera proteger su interés de algún otro modo, de acuerdo con su consorte, no parece adecuado caracterizar esta situación como una acción de nulidad radical e insalvable, sino más bien como una acción de anulabilidad, cuyo ejercicio depende del arbitrio del cónyuge no interviniente” [2]
En la misma línea de apoyo hacia la postura de la anulabilidad, en la sentencia de casación que es materia de estudio: Casación N°111-2006-Lambayeque, los jueces apoyaron la anulabilidad con la argumentación que es vital para entender por qué apostar por la anulabilidad y no la nulidad, la cita se encuentra en el considerando quinto de la sentencia:
“Es decir, la intervención de ambos cónyuges supone dar cumplimiento a un requisito de eficacia denominado legitimidad para contratar, el cual implica el “poder de disposición que tiene el sujeto en relación a una determinada situación jurídica”. Tal supuesto resulta plenamente reconocido por nuestro sistema jurídico, ya que el mismo puede ser encontrado en el artículo 161 del CC, a propósito de los efectos realizados por el denominado falsus procurator. La diferencia en el caso materia de autos es que, en la celebración del contrato de constitución de garantía hipotecaria, la demandada doña Monnsy de Fátima Chong Arrunátegui se presentó ante el Banco demandado como única propietaria del bien inmueble y además declarando su calidad de soltera.”
Es decir, que el hecho de que intervengan ambos cónyuges en el negocio jurídico solamente da eficacia o legitimidad para contratar, entonces si es que no interviene uno de los cónyuges en el negocio jurídico entonces no es que el negocio no haya cumplido con uno de los requisitos de validez como los establecidos en el artículo 219 del CC: falta de manifestación de voluntad, que además son causales de nulidad del acto jurídico, sino que el cónyuge que dispuso del bien inmueble simplemente no tenia la legitimidad para negociar lo cual da un supuesto de anulabilidad del acto jurídico y por lo tanto, es un acto que puede subsanarse con la posterior intervención del cónyuge que no intervino.
Además, la falta de intervención de uno de los cónyuges en el negocio jurídico se equipara a la falta de representación o el exceso de poder de representación que puede tener el cónyuge. Esto porque el mismo artículo 315 del CC establece la salvedad siguiente:
“Para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad si tiene poder especial del otro”.

__________________________________
[2] Cita extraída del TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SEMINARIO IV, de la Sección de Postgrado, Facultad de Derecho, Doctorado en Derecho de la Universidad Particular San Martin de Porres. Página 74.
Es decir, parecería que el mismo artículo dispone la solución de que en caso se contravenga la norma entonces es de aplicación lo dispuesto por las reglas de representación.
Es aquí donde cabe recordar lo inicialmente desarrollado con respecto a que la relación entre los cónyuges tiene un tratamiento especial, es decir, existe una relación estrecha entre ambos de tal forma que la confianza que se tienen lleve a crear un campo más dispositivo antes que imperativo entre la relación entre ellos, lo cual no significa desprotección por parte del derecho sino que entonces debería aplicarse normas más permisivas y libres frente a problemas como estos de tal forma que la solución sea contemplada por aplicar las reglas de la representación y no de manera tajante la nulidad. En relación a ello, el profesor Gastón Fernández, amicus curiae del VIII Pleno Casatorio Civil señala lo siguiente:
La afectación al supuesto de hecho previsto en el articulo 315 del CC puede darse, entonces, por dos vías
a)Cuando uno de los dos cónyuges actúa en nombre propio y en nombre ajeno respecto a su otro cónyuge; y respecto a esta ultima actuación se presenta un supuesto de exceso o ausencia de poder.(…) Esta circunstancia activa el remedio/sanción previsto en el articulo 161 del CC peruano: la ineficacia del acto celebrado (y en donde por ello cabe la posibilidad de su ratificación, con arreglo a lo dispuesto por el articulo 162 del CC).(Fernández: 31)
Además, “Cuando uno de los cónyuges interviene en un negocio jurídico y declara vender, arrogándose, o una representación que no tiene del otro cónyuge, o una titularidad de este otro cónyuge que no posee, el negocio jurídico se celebra siempre teniendo a sujetos que expresan una voluntad: existe manifestación de voluntad. Lo que no existe es legitimidad para la disposición de un bien común”. (Fernández: 33). Por lo tanto, sí existe manifestación de voluntad del cónyuge que no interviene, con lo cual no se constituye un supuesto de falta de validez de acuerdo con el artículo 219 del CC, por lo que la no intervención de uno de los cónyuges no es causal para apoyar la nulidad del acto jurídico.
Incluso, cabe señalar que en la legislación española el artículo 1322 del CC también establece como remedio a la disposición unilateral de bienes sociales a la anulabilidad, como señala la siguiente cita:
“Cuando la ley requiera para un acto de administración y disposición que uno de los cónyuges actúe con el consentimiento del otro, los realizados sin él y que no hayan sido expresa o tácitamente confirmados podrán ser anulados a instancia del cónyuge cuyo consentimiento se haya omitido o de sus herederos. No obstante serán nulos los actos a titulo gratuito sobre bienes comunes si falta, en tales casos, el consentimiento del otro cónyuge”. (López: 69)
Sin embargo, reconoce de manera muy acertada una diferencia que no hace el Código Civil peruano, que es la diferencia entre los bienes que fueron dispuestos a título gratuito y los que fueron dispuestos a título oneroso, muy acertadamente dispone que si fue dispuesto a titulo gratuito como la donación entonces sí es un acto nulo, insalvable. Incluso, el autor español José López Liz, hace una interpretación del artículo señalado en el siguiente sentido:
“Se requiere, para que se dé el supuesto estudiado, que el acto de administración o disposición sea realizado por uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro. Para prestar el consentimiento (…) es suficiente que uno de los cónyuges preste su conformidad al acto realizado por el otro con plena capacidad de obrar. En esta clase de actos lo que no deja a salvo la Ley (art 1322 CC), frente a la anulación, como hemos visto antes, son los derechos de los terceros: pero sí permite la posibilidad de la anulación a instancia del cónyuge cuyo consentimiento se ha omitido, o de sus herederos. Y es más, tal anulación puede perfectamente ir en contra incluso de los derechos de un extraño a esa relación.”
De esta forma, existe una preocupación por parte del autor de que no se protege al tercero que negocia con el cónyuge, puesto que la norma obliga a que después se manifieste el cónyuge que no intervino, perjudicando así al tercero que adquirió de buena fe el inmueble puesto que de acuerdo a la manifestación del cónyuge que no intervino o éste puede perjudicar al tercero (no aceptar el negocio) o aceptar el negocio: “Si la exigencia de la intervención conjunta viene preceptuada por la Ley como requisito ineludible, el acto anulable (…)podrá ser intentado aun a costa de perjudicar los derechos de terceros, porque nadie puede escudarse en la ignorancia de las leyes para justificar sus acciones u omisiones.” (López: 72)
Incluso existen más razones para apoyar la anulabilidad, puesto que se consigue la posibilidad de conservar el negocio jurídico, con la finalidad de proteger además otros principios del derecho civil patrimonial como son la seguridad jurídica, el normal curso del tráfico jurídico, el interés económico, el orden publico en el derecho privado, etc. Respecto a la seguridad jurídica, el Tribunal Constitucional [3] dispuso que:
“En esa línea, resulta especialmente clara y atinada la definición que brinda el Tribunal Constitucional de España, citado por la autora italiana Aida Kemelmaier de Carlucci (1998, p. 208): “la seguridad es la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en saber o poder predecir cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del derecho”.
El autor español José Luis Palma Fernández cita nuevamente al referido Tribunal Constitucional español, cuando precisa aún más el concepto al sostener que la seguridad jurídica “es suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad.” (1997, p. 43)”
Con respecto al “interés económico”, Marcial Rubio mencionó lo siguiente:
El interés económico puede ser definido como aquel que tiene contenido patrimonial, es decir, valorizable en sí mismo, o referido a bienes susceptibles a su vez de ser valorizados. Nótese que en este
_____________________________________
[3] Jurisprudencia: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00016-2002-AI.html
caso el interés se protege extensivamente en comparación al interés moral, porque no se establece la limitación de la referencia «al agente o a su familia». De hecho es así, porque bien puede quedar legitimado el acreedor mediante la clásica acción revocatoria (Artículo 195 del Código Civil), o mediante la subrogación, especialmente la considerada en el inciso 2 del artículo 1260.
Con respecto al orden público, Marcial Rubio menciona que:
Por otra parte, el orden público podría ser definido como un conjunto de normas jurídicas que el Estado considera de cumplimiento ineludible y de cuyos márgenes no puede escapar ni la conducta de los órganos del Estado ni la de los particulares, para lo cual el Estado compromete sus atribuciones coercitivas y coactivas, de ser necesario. (Rubio: 93)
El mismo que interpretado de acuerdo a la postura de que se protege al comprador porque se ha trascendido a la esfera del derecho de familia y el problema está dentro del derecho civil patrimonial, es que se sustenta que la anulabilidad por cuanto le da una oportunidad a que el negocio jurídico se conserve es que se correspondería mejor con el orden publico para que no afecte la confianza que tienen las personas (compradores) en las normas jurídicas y no se sientan desprotegidas, es decir, se entra al terreno de la seguridad jurídica.
Del mismo modo el Tribunal Constitucional, con respecto al orden público ha establecido lo siguiente:
El orden público es el conjunto de valores, principios y pautas de comportamiento político, económico y cultural en sentido lato, cuyo propósito es la conservación y adecuado desenvolvimiento de la vida coexistencial. En tal sentido, consolida la pluralidad de creencias, intereses y prácticas comunitarias orientadas hacia un mismo fin: la realización social de los miembros de un Estado. El orden público alude a lo básico y fundamental para la vida en comunidad, razón por la cual se constituye en el basamento para la organización y estructuración de la sociedad.(Rubio: 94)
Además, sostener la nulidad va a detener el tráfico jurídico, porque como ya se expuso, el problema no es entero del derecho de familia sino que es del derecho civil patrimonial. Por eso es menos lesiva la aplicación de la anulabilidad: Porque se aplica la nulidad cuando existe un interés general, interés público, sin embargo, en el caso propuesto solo existe el interés del cónyuge que no interviene. Sostener solo la protección al cónyuge que no interviene sería proteger el abuso del derecho, regulado en el artículo II del Título Preliminar. Sobre el abuso del derecho, Marcial Rubio señala:
“Fernández Sessarego tiene una concepción en la que coincidimos:
Al situarse el problema del abuso del derecho dentro del marco de la situación jurídica subjetiva es recién posible comprender, a plenitud, cómo el acto abusivo significa trascender el límite de lo lícito para in­ gresar en el ámbito de lo ilícito al haberse transgredido una fundamental norma de convivencia social, nada menos que un principio general del derecho dentro del que se aloja el genérico deber de no perjudicar el interés ajeno en el ámbito del ejercicio o del no uso de un derecho patrimonial. Se trata, por cierto, de una ¡licitud sui generis, lo que per­ mite considerar al abuso del derecho como una figura autónoma que desborda el campo de la responsabilidad para ingresar en el de la Teoría General del Derecho.” (Rubio: 33)
3.3.IV Pleno Casatorio Civil
Cabe señalar que a mediados de octubre de 2015, en el IV Pleno Jurisdiccional Civil 2015 realizado en la ciudad de Arequipa, los jueces superiores de todo el país, por mayoría opinaron que debía considerarse como nulo el acto de disposición de un bien de la sociedad de gananciales (bien social) por uno de los cónyuges sin intervención del otro. No obstante la votación fue muy ajustada: 49 votos a favor contra 45 que opinaban que dicho acto debía ser ineficaz. La conclusión del IV Pleno Jurisdiccional Civil fue que este acto jurídico es nulo y no ineficaz, en los actos jurídicos en los que uno de los cónyuges dispone de bienes de la sociedad de gananciales sin la intervención del otro puesto que se advierte la falta del requisito de manifestación de voluntad del cónyuge preterido en la celebración del acto, siendo la manifestación de voluntad un elemento primordial para su validez (inciso 1 del articulo 219 del CC). El objeto del acto es jurídicamente imposible, toda vez que a ley establece que para disponer de bienes de la sociedad de gananciales se necesita el consentimiento de ambos cónyuges (articulo 315 CC). Finalmente el acto jurídico podría contener un fin ilícito, pues existiría la voluntad de engañar y perjudicar al cónyuge que no interviene en dicho acto jurídico.
Frente a ello, cabe señalar que dicha postura a la fecha no ha solucionado los problemas puesto que persisten de tal forma que algunas salas del Poder Judicial no cumplen la regla establecida por la Corte. En tal sentido pareciera que la solución menos lesiva para los intereses de las partes en conflicto sigue siendo la anulabilidad.
3.4.La Colusión entre los cónyuges
O la posición contraria que sería la mala fe por parte del comprador, en el caso propuesto es el Banco. Es así que, un tema afín con los bienes sociales es la prohibición de celebrar contratos entre los cónyuges, respecto de los bienes de la sociedad tal como lo manda el artículo 312, excepto cuando se trata de poderes. La idea es proteger a terceros con posibles colusiones entre los cónyuges. Ahora bien esta razón también la encontramos en el caso de la separación de patrimonios, sin embargo no existe norma prohibitiva en ese régimen. (Aguilar: 157)
En todo caso, consideramos que se estaría vulnerando al orden público y a la buena fe, vinculado con las citas expuestas y con el artículo V del Título Preliminar en el caso de que se cometa fraude para adquirir el bien inmueble. Y como se adelantó, el fraude puede ser por parte de una colusión entre los cónyuges contra el comprador, o una colusión entre el comprador y un cónyuge. Como expone la casación N°835-2014-Lima Norte, publicada en el Peruano el 30 de setiembre de 2015. Que establece lo siguiente:
Es nula la venta de un bien social realizada por solo uno de los cónyuges, especialmente si el comprador conocía que el vendedor era casado y no soltero. Por ello, debe entenderse que en estos casos el adquiriente actúa de mala fe, al realizar la operación pese a conocer el real estado civil del transferente.
Conclusión de la cual estamos completamente de acuerdo, es decir, lo que se propone en el trabajo es la anulabilidad por las razones extensamente expuestas anteriormente, sin embargo, si existen pruebas suficientes de que existió fraude sea ésta por parte de una colusión entre los cónyuges contra el comprador, o una colusión entre el comprador y un cónyuge contra el cónyuge que no interviene; entonces este es un tema que trasciende a la discusión de la cuestión propuesta en el trabajo: “¿Se debe aplicar la nulidad o la anulabilidad en la disposición unilateral de los bienes sociales por parte de uno de los cónyuges sin la intervención del otro?”, porque es materia del derecho probatorio. Es decir, si se tienen las pruebas suficientes de que hubo colusión entre el comprador y un cónyuge contra el cónyuge que no intervino entonces éste debería demandar la nulidad del acto jurídico y el juez y el derecho deberían admitirlo, de igual forma si hubo colusión ente los cónyuges contra el comprador entonces éste debe demandar lo que corresponda y ser protegido por el derecho. Porque como se mencionó anteriormente, el derecho no protege el abuso del derecho ni los actos ilícitos.
En ese sentido, se evidencia que las pruebas son fundamentales para evaluar si el comprador conocía que el vendedor era casado o si por el contrario, existió colusión entre los cónyuges para cometer fraude contra el adquiriente del bien inmueble. Sin embargo, ello no quiere decir que la mejor solución para el problema propuesto sobre si debe aplicarse la nulidad o la anulabilidad en la disposición de bienes inmuebles por parte de uno de los cónyuges sea que deba evaluarse si aplicar una solución u otra caso por caso, porque como se expone en el trabajo si se tienen las pruebas suficientes sobre la colusión entonces debería aplicarse la nulidad pero si no se tienen entonces lo más conveniente en aras de proteger el negocio jurídico sería aplicar la anulabilidad.
Además, con más razón es mejor apostar por la anulabilidad y no nulidad del acto cuando se trata de la unión entre los cónyuges para defraudar al comprador, porque así se evita que con la nulidad se afecte el negocio jurídico y de ella se beneficien los cónyuges. Es decir, se ve más allá de solamente el simple pleito entre dos cónyuges, sino que se ve el negocio jurídico en sí, debido a que es evidentemente que se superó la esfera del derecho de familia y ahora abarca la esfera del negocio jurídico donde hay un tercero o comprador que negocia con el cónyuge, quien es el vendedor.
Finalmente, Rómulo Morales [4] propone la ineficacia, señala que cuando no hay asentimiento de uno de los cónyuges, el efecto es la ausencia de legitimación. El autor señala lo siguiente, “La competencia que tiene la parte de disponer o de transferir de las posiciones jurídica o situaciones jurídicas subjetivas. Se requiere de la presencia del instituto de la legitimación como requisito de las partes contratantes a fin de que el contrato pueda surtir efectos jurídicos”.
______________________
Morales Hervías, Rómulo (2005). Validez y eficacia de los actos de disposición y de gravamen en la sociedad de gananciales. El concepto oculto en el artículo 315° del Código Civil. En: Revista Jurídica del Perú. N° 64 Setiembre-Octubre. Pág. 174.
Conclusiones
A modo de conclusión, cabe señalar que el trabajo ha desarrollado extensamente las razones de por qué debe aplicarse la anulabilidad y no la nulidad. A modo de ejemplo, el profesor Alan Pasco Arauco [5] explica lo grave que sería apostar por la nulidad del acto jurídico en el supuesto planteado:
“Pero hay algo incluso más preocupante. Si la Corte concluye que la pretensión “A” podría terminar afectando todas las sucesivas transferencias que se den en el plazo de 10 años (10 años es el plazo prescriptorio de la nulidad). En cambio, si la Corte concluye (como me parece que finalmente ocurrirá) que la pretensión correcta es la ineficacia, entonces “A” podrá afectar transferencias realizadas 15, 20, 30 o 40 años después, ya que la pretensión de ineficacia por falta de legitimidad para contratar (inoponibilidad) es imprescriptible.”
Por ello es que, por ejemplo, la casación materia de discusión del presente trabajo es originada en el 2003 y hasta hace a penas 3 años venció su plazo de prescripción para demandarla vía judicial.
En la misma línea a favor de la anulabilidad, se encuentra el profesor Enrique Varsi Rospigliosi [6], quien afirma que la sanción jurídica a lo dispuesto por el artículo 315 del CC es la ineficacia suspendida. Esto quiere decir que, ante la disposición unilateral de un bien social, existiría la posibilidad de que se confirme dicho acto y sea subsanado por las partes, lo que permitirá reducir los costos de transacción.
Asimismo, el profesor Fort Ninamancco [7] también apoya la tesis de la anulabilidad de acuerdo al siguiente análisis: “Si un conyugue dispone de bienes sociales irrogándose facultades de representación del otro que en realidad no tiene, se configura un supuesto de ineficacia por ausencia de poder de representación, según el artículo 161 del CC.”. En cambio sostuvo que el supuesto usual donde un solo cónyuge, actuando en nombre propio, vende bienes sociales, debe someterse a la regulación de la compraventa del bien ajeno. Por tanto, el cónyuge que no celebró aquel contrato, si lo estima conveniente, podrá solicitar que ese acto sea declarado ineficaz o inoponible a la sociedad de gananciales.
Para ahorrarse los problemas, lo ideal sería que este regulada la solución para la contravención del artículo 315 del CC como así lo hace por ejemplo el artículo 227 de la Ley la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero, y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, puesto que desarrolla la presunción de que los cónyuges han manifestado su consentimiento para que se cree una cuenta corriente del titular de la cuenta [8]:
________________
[5] VIII Pleno Casatorio: Venta de bien social por un solo cónyuge, ¿qué está realmente en juego?. Artículo. Autor: Alan Pasco Arauco.
[6] , [7] Extraídos de la versión virtual del diario La Ley, de fecha 22 y 23 de diciembre de 2015.
[8] Cita extraída del TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SEMINARIO IV, de la Sección de Postgrado, Facultad de Derecho, Doctorado en Derecho de la Universidad Particular San Martin de Porres. Página 98, 99.
“Entre las presunciones el supuesto más conocido, en nuestro medio, es el establecido por el Art. 227° de la Ley N° 26702 del 09 de diciembre de 1996, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, que señala que:
“Art. 227.- En el establecimiento de cuentas corrientes por personas naturales y en las operaciones que se efectúe con las mismas, se presume de pleno derecho el consentimiento del cónyuge del titular de la cuenta”.
El antecedente más cercano de esta norma es el Decreto Ley N° 18855 del 14 de mayo de 1971 que tuvo por objeto atenuar el rigor de la actuación conjunta establecida primigeniamente en el Art. 188° CC de 1936 (modificado por el Decreto Ley N° 17838 del 01 de octubre de 1969).”
El propósito de esta norma, conforme se puede apreciar de su parte considerativa, consistió en favorecer el rápido desarrollo de las actividades a través del crédito oportuno que otorgan las Instituciones Bancarias mediante la simplificación de trámites y que para lograr tal objetivo, era conveniente adaptar lo dispuesto en el Art. 188° CC de 1936 a la necesidad de agilizar las operaciones de crédito que otorgan las Instituciones Bancarias.[9]
Con la actual norma, queda claro que en los actos de disposición del patrimonio social realizados por uno de los cónyuges como titular de una cuenta corriente, mediante transferencias así como por las demás operaciones bancarias, se presume sin admitir prueba en contrario que cuenta con el asentimiento de su consorte. De tal manera que en esta clase de actos el cónyuge no interviniente ni siquiera puede alegar su anulabilidad (o nulidad de acuerdo al criterio jurisprudencial). La ley permite la intervención unilateral del cónyuge titular de una cuenta corriente con el objeto –al igual que en el Decreto Ley N° 18855- de proveer a los Bancos de mecanismos que le faciliten la recuperación de sus colocaciones. Lo cual si bien resulta siendo una razón válida, en la práctica puede prestarse a arbitrariedades, mucho más si se lo une con otros mecanismos establecidos por la Ley N° 26702, como podrá apreciarse en el ámbito de los actos puramente obligatorios.
Sin embargo, como se expuso en el trabajo, el artículo 315 regula en sí mismo un remedio jurídico a la contravención de esa norma, que es aplicar lo dispuesto por los remedios a la falta de representación o el exceso de representación.

___________________
[9] Cita extraída del TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SEMINARIO IV, de la Sección de Postgrado, Facultad de Derecho, Doctorado en Derecho de la Universidad Particular San Martin de Porres. Página 98, 99.
Bibliografía
-La Familia en el Código Civil Peruano, autor: Benjamín Aguilar Llanos, editorial: Ediciones Legales. Año: febrero 2008.
-La Disposición de bienes conyugales. Reflexiones sobre dos instituciones encontradas: la nulidad y la ineficacia sobre la venta de bienes conyugales. Autor: Gastón Fernández Cruz. Año: enero 2016.
-TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SEMINARIO IV, de la Sección de Postgrado, Facultad de Derecho, Doctorado en Derecho de la Universidad Particular San Martin de Porres. Año 2012.
-El titulo Preliminar del Código Civil. Décima edición. Marcial Rubio Correa. Fondo Editorial de La Pontificia Universidad Católica del Perú. Año 2008.
-Bienes Inmuebles y Sociedad Conyugal. José Lopez Liz. Editorial: Bosch. Barcelona. Año 1998.

INDEPENDIZACIÓN DE INMUEBLES

[Visto: 488 veces]

La norma actualizada es la Res. SUNARP N° 097-2013- SUNARP/SN

https://www.sunarp.gob.pe/directivas/Central%20Resoluci%C3%B3n%20097-2013-SN.pdf

¿Qué ocurre si dos inmuebles fueron independizados y así consta inscrito en SUNARP, el registrador independizó un inmueble y lo registró con una partida propia pero el otro inmueble no tiene una partida propia sino que se mantuvo en la partida matriz?

Ambos inmuebles deberían tener una partida propia y la partida matriz debió eliminarse.

El problema ocurre cuando quieren vender los inmuebles, deben venderlos independizados.

Si ya se inscribió la independización entonces éste consta en título archivado, bastará entonces elaborar un escrito dirigido al registrador donde se pida que se le otorgue un número de partida propio al inmueble que no fue independizado.

Se deberá citar el título archivado.

Acta de JGA sobre contrato consigo mismo: “autocontrato”

[Visto: 3665 veces]

Se produce por ejemplo cuando un accionista de una sociedad arrienda a la sociedad, de la cual es accionista, un bien. Un ejemplo más concreto es un contrato de arrendamiento de vehículo entre un accionista y la sociedad, donde el bien que se cederá en uso es un vehículo que usará exclusivamente el gerente general.
En este caso que propongo, el GG es el dueño del vehiculo, y arrendará a la sociedad el vehiculo, como es GG entonces representa a la sociedad, asi que se constituye la figura de que contrata consigo mismo.

Una autora, Sheilla Giulliana Lazo Diaz, ya desarrolló la problemática académica al respecto, citaré algunas de sus investigaciones que considero concisas y prácticas, no hay nada más que agregar:

En el Perú, la Ley General de Sociedades no autoriza ni prohíbe el acto jurídico consigo mismo, sin embargo nos planteamos una primera interrogante: ¿Existen límites para que su celebración tenga eficacia? La respuesta es sí. Dichos límites no son una invención del legislador peruano, en cuanto lo ha previsto para la representación voluntaria (artículo 166 del Código Civil); sino que estos tienen una fundamentación doctrinaria fuertemente cimentada, que pueden resumirse en dos presupuestos: es inadmisible i) cuando la ley lo prohíbe ii) o cuando suscita un conflicto de intereses. Ahora bien, una segunda interrogante es planteada de la siguiente manera ¿Es posible aplicar los mismos límites regulados en el artículo 166 del Código Civil al autocontrato en los negocios jurídicos celebrados por los administradores societarios?

Link: https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1PRFC_enPE632PE632&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=actos+celebrados+consigo+mismo

Por mi parte, aportaré en mi blog, brindando un modelo de acta de JGA donde el punto de agenda es el contrato de arrendamiento (o acto jurídico consigo mismo), conforme al caso planteado al inicio.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE XXXX S.A.C
15 de julio de 2015

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 a.m., se reunieron en el domicilio de la compañía, sito en avenida VVVVVVVV provincia y departamento de Lima, los siguientes accionistas de XXXX S.A.C.:

• AUGUSTO, propietario de 751,667 acciones nominativas de un valor de Un Nuevo Sol cada una, representativas del 65% del capital social.

• JAVIER , propietario de 289,103 acciones nominativas de un valor de Un Nuevo Sol cada una, representativas del 25% del capital social.

• JOSÉ, propietario de 115,641 acciones nominativas de un valor de Un Nuevo Sol cada una, representativas del 10% del capital social.

Total: 1’156,411 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 (Un Nuevo Sol) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

QUORUM Y APERTURA
Estando presentes los accionistas titulares que representan el 100% de las acciones suscritas con derecho a voto, y habiendo manifestado por unanimidad su deseo de llevar adelante la presente junta, acordado unánimemente los asuntos a tratar en la misma, la Junta General de Accionistas de XXXX S.A.C. se entendió convocada y quedó válidamente constituida, conforme a lo previsto en el artículo 120 de la Ley General de Sociedades.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA
Actuó como Presidente el Sr. Javier y como Secretario el Sr. José, elegidos por unanimidad para el ejercicio de dichos cargos.

La agenda propuesta por el señor Presidente y aprobada unánimemente por los accionistas era la siguiente:

AGENDA ÚNICA

1.El Presidente manifestó que, conforme a lo acordado de forma unánime, el único punto de agenda a tratar era la autorización al Gerente General, el Sr. José identificado con DNI No. 44444444, para realizar el arrendamiento de un vehículo en nombre y representación de la Sociedad.

DESCARGO DE LA AGENDA

1.AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL, EL SR. JOSÉ IDENTIFICADO CON DNI No. 444444, PARA REALIZAR EL ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD.

Iniciando su exposición, el señor Presidente manifestó a la Junta General de Accionistas que, en virtud a las actividades comerciales que desarrolla la Sociedad, resultaba conveniente a sus intereses, arrendar el siguiente vehículo:

a) Vehículo automóvil marca _______, con Placa de Rodaje N° ________, inscrito en la Partida Electrónica N° _________ del Registro de Propiedad Vehicular de la Oficina Registral de Lima.

Continuando con su exposición, el señor Presidente dio a conocer a los señores accionistas que, en la medida que el vehículo que se va a adquirir pertenece al señor José, identificado con DNI No. 444444, quien es el gerente general de la Sociedad; resulta necesario autorizar al mismo, para que éste en su calidad de gerente general de la Sociedad y propietario del vehículo descrito anteriormente, pueda contratar consigo mismo, llevando a cabo el arrendamiento sobre el vehículo. Asimismo, el señor Presidente añadió que, sin perjuicio de las facultades que a la fecha posee el señor José en su calidad de gerente general, se le otorguen las facultades que resulten necesarias a fin de que se lleve a cabo el arrendamiento del vehículo señalado. En ese sentido, se le otorgan las siguientes facultades:

a) Pactar el precio, condiciones, plazo y demás cláusulas, estipulaciones y modalidades de la operación autorizada mediante el presente acuerdo.
b) Suscribir todos los documentos que resulten necesarios para llevar a cabo la operación descrita anteriormente, sean éstos públicos o privados.

El asunto quedó al voto.

ACUERDOS

Después de deliberar sobre el particular la Junta de Accionistas de XXXX S.A.C. tomó por unanimidad los siguientes acuerdos:

Acuerdo Primero.- Autorizar al señor José, identificado con D.N.I N° 44444, para que, en su calidad de gerente general de la Sociedad y propietario del vehículo descrito en la presente junta, pueda contratar consigo mismo, llevando a cabo la adquisición de los vehículos señalados precedentemente a favor de la Sociedad.

Acuerdo Segundo.- En virtud de la operación que se autoriza en la presente junta, sin perjuicio de las facultades que a la fecha posee el gerente general, se le otorgan las siguientes facultades:

a) Pactar el precio, condiciones, plazo y demás cláusulas, estipulaciones y modalidades de la operación autorizada mediante el presente acuerdo.
b) Suscribir todos los documentos que resulten necesarios para llevar a cabo la operación descrita anteriormente, sean éstos públicos o privados.

No habiendo otro asunto que tratar, se procedió a redactar la presente acta, la que leída fue aprobada y suscrita por los presentes en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 11:00 a.m.

________________________ ________________________
José Javier

__________________________
Augusto

Cuando firma un no accionista en un acta

[Visto: 404 veces]

Una de las curiosidades que pasó cuando ibamos a constituir dos sociedades, fue que la esposa de uno de los socios firmó las dos actas de constitución de las dos sociedades que querían constituir, sin ser accionista!
En notaria surgió la duda de si de repente el registrador iba a considerar que se tenía que registrar a la sociedad conyugal como accionista, lo que no queríamos.
En notaria nos dijeron que iban a aclarar ante el registrador que la esposa solamente firmó en señal de conformidad. Felizmente en registros lo aceptaron y finalmente lo registraron sin obervaciones. Pero la señora también tuvo que firmar en registros.
Queda la duda de qué hubiera ocurrido si el registrador hubiera registrado una de las actas pero hubiera observado la otra aun cuando se trata del mismo tema?

ALGUNOS DETALLES SOBRE LAS INSCRIPCIONES DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

[Visto: 3914 veces]

 

ALGUNOS DETALLES SOBRE LAS INSCRIPCIONES DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

En la práctica entendí finalmente lo que mis profesores de PPJJ y de derecho societario intentaron explicarme. Cuando una sociedad, como llamamos en el derecho corporativo-societario a  las empresas, quiere realizar actos que obliguen a todos los socios o tener derechos dentro de la sociedad recurren para ello a realizar Juntas Generales de Accionistas (JGA) o Juntas Obligatorias Anuales (JOA) o Sesiones de directorio (SD), otro tema son las Matriculas de Acciones.

Aprendí ciertos detalles sobre como inscribir un acta de JGA, con detalles básicos recurrentes de la práctica pero no por ello menos importantes de tener cuidado.

En primer lugar, se revisan las actas de JGA. Ésta debe contener en el encabezado la fecha en que se realizó la JGA, debe incluirse el lugar donde se realizó la JGA que debe ser la dirección del domicilio de la sociedad. Luego debe escribirse el nombre de los socios o accionistas con el número de acciones que tienen. Debe incluirse quién fue el presidente y el secretario de la JGA, en la LGS dice en el art 129 que la junta es presidida por el presidente del directorio y el gerente general de la sociedad actúa como secretario. Tengan siempre cuidado con poner la hora de inicio y fin de la junta, si se equivocan en eso el registrador puede observarlo.

También tengan en cuenta que la información, en caso de no tener a la mano el libro de actas de JGA, se obtiene también de las partidas electrónicas o del estatuto de la sociedad. La información se puede obtener en la página de la SUNARP, específicamente en la sección de “Publicidad Registral en Línea” solamente escribiendo el número de partida de la sociedad.

Se acumulan los documentos necesarios para que se registre el acta, por ejemplo si se quiere inscribir una JGA sobre aumento de capital se debe adjuntar el voucher del banco donde se depositó la cantidad de dinero que se aumentará, o en su defecto el Estado de Cuenta.

Junto con las actas de JGA debe estar la certificación que por ley DS 006-2013-JUS se obliga a los gerentes generales a confirmar que las firmas de los accionistas si son verdaderas y que la junta si se realizó. Debe estar acompañada de su huella digital, la que estará registrada en la notaria y será revisada por biométrica.

Todo el trabajo se hace con coordinación con notaria, quienes elaborarán un proyecto de CC o de EP. Además Notaria puede hacer un presupuesto del costo por derechos notariales y registrales, pago necesario para que se inscriba un acta.

¿Cuándo es escritura pública o cuándo es copia certificada? Según la LGS, un EP se hace para los siguientes trámites: modificación de estatuto como aumento o reducción de capital. Mientras que una CC se hace para otorgamiento de poderes.

Con respecto al libro de matrícula de acciones, este no se inscribe, solamente se registran las transferencias de acciones en el libro.

Un dato curioso es que un mismo libro puede tener actas de junta general de accionistas y actas de sesión de directorio.

Lo más común es que cuando le hagan seguimiento a un título que esperan que se inscriba, obviamente que se encuentra en SUNARP, es que tenga estos estados: en calificación, observado, inscrito.

Más adelante seguiré escribiendo detalles de éste tipo y curiosidades sobre los registros y el derecho corporativo.

Análisis del Nuevo Régimen laboral de jóvenes

[Visto: 2291 veces]

La Ley se dedica a jóvenes entre 18 y 24 años de edad, y el Congreso justifica su creación en vista de la realidad laboral donde el 57%, según las cifras señaladas, no tienen contratos laborales formales. Además que, como lo menciona la Ley, se busca aumentar la empleabilidad de los jóvenes determinando que éstos laboren en actividades que han estudiado o que los ayude a insertarse en el mercado laboral y que, además, serán inscritos automáticamente en la Bolsa de Trabajo del Ministerio para que puedan conseguir otro empleo cuando sus contratos estén a punto de terminar.

A continuación se analizará si hay alguna diferencia sustancial con respecto a la Ley General, el Decreto Legislativo N° 728, LPCL. En primer lugar, con respecto a la duración del contrato sujeto a este régimen, la norma en su artículo 6 establece que el régimen es de naturaleza temporal por un plazo de 5 años, lo cual entiendo que se trata de que cada contrato laboral según este régimen especial durará un plazo máximo de 5 años. Mientras que en el artículo 7 de la Ley se menciona que bajo este régimen habrá un plazo determinado de por lo menos 1 año, lo cual es un cambio importante porque se asegura que acogido el joven trabajador bajo este régimen laboral entonces podrá laborar mínimo 1 año, sin el riesgo de que unilateralmente el empleador termine la relación laboral antes de ese plazo. Y si ello ocurriera, se aplica el artículo 8, donde el empleador debe indemnizar al trabajador despedido antes del plazo: “el empleador deberá pagarle en efectivo, un monto equivalente a 20 remuneraciones diarias por cada mes dejado de laborar con un máximo de 120 remuneraciones diarias. Las fracciones de mes se abonan por treintavos”. Considero que se aplica a casos donde se constituye un despido arbitrario, donde no hay causas justas para despido, lo que en el DL 728 está regulado en el artículo 38. Y al ser un despido arbitrario o fraudulento, artículo 34 de la LPCL, según sentencias del TC correspondería también la reposición.

En segundo lugar, con respecto al artículo 9 sobre la Desnaturalización del régimen laboral juvenil, se considera que este contrato será de duración indeterminado, es decir, que no se tiene que renovar el contrato en cada periodo, esto siempre que sea una de las causales determinadas por la norma. Lo cual considero que es importante debido a que así el trabajador tiene más protección porque está protegido por la Ley que le permite conservar el trabajo que tiene, mientras que el empleador será cuidadoso con los plazos y de mala fe no desnaturalizará el contrato laboral.

Otros cambios sustanciales que se observan son que, la Ley establece en su artículo 14 que el descanso vacacional es de 15 días por cada año completo de servicios, lo cual evidentemente es un cambio con respecto a la LPCL por cuanto se regula que el descanso es de 30 días al año y en el artículo 19 se establece que se pueden vender al empleador un máximo de 15 días de descanso. Ahora no se podrá vender ningún día de descanso puesto que los días mínimos de descanso vacacional al año son 15. Mientras que el período de prueba que esta mencionado en el artículo 7, ha disminuido a 60 días (2 meses), lo cual es diferente al del DL 728 donde en el art 10 establece que es de 3 meses. Evidentemente es un cambio que beneficia al trabajador juvenil porque en menos tiempo puede finalmente acceder a la protección laboral que no tenía en el período de prueba.

Es importante resaltar, que la Ley establece en su artículo 3 que para todo lo que no esté mencionado en la misma será de aplicación el DL 728, LPCL, en ese sentido, acaso lo cuestionado por las organizaciones civiles y políticas de que ahora con esta Ley hay menor protección para el trabajador joven por cuanto en su artículo 11  establece que este régimen especial comprende con estos derechos: remuneración mínima, jornada de trabajo de 8 horas y 48 semanales, horario de trabajo y trabajo en sobre tiempo, descanso semanal, descanso vacacional, descanso por días feriados, protección contra el despido justificado; pero no establece CTS ni Asignación Familiar.

Entonces como solamente establece expresamente estas protecciones, cabe preguntarse si restrictivamente se ocupa de estas protecciones o es que también le corresponde al trabajador  CTS, Asignación familiar debido a que estas están incluidas en el régimen general. Recordemos que la Ley dice que lo que no regula será cubierto por la LPCL, y en este caso la Ley no niega expresamente que no tengan estos derechos, como de otro lado sí establece cuando dice que las vacaciones solamente serán de 15 días. Este es un tema que genera polémica, y que el profesor Mujica se ha expresado de esta forma: No se ataca lo fundamental, que es una educación paupérrima, a nivel escolar y universitario, muchas veces privada y se utiliza la supuesta desventaja de los jóvenes para recortar derechos a los trabajadores. ¿Inclusión social?No se ataca lo fundamental, que es una educación paupérrima, a nivel escolar y universitario, muchas veces privada y se utiliza la supuesta desventaja de los jóvenes para recortar derechos a los trabajadores. ¿Inclusión social?

“No se ataca lo fundamental, que es una educación paupérrima, a nivel escolar y universitario, muchas veces privada y se utiliza la supuesta desventaja de los jóvenes para recortar derechos a los trabajadores. ¿Inclusión social?”

Por otro lado, cabe precisar que este es un régimen que muchos cuestionan si era necesario, de legislarse porque ya estaba cubierto por la LPCL, por eso profesores como Mujica cuestionan si en aras de supuestamente proteger a los que mayormente se les violenta sus derechos se está restringiendo más derechos, entonces solamente era un tema de hacer respetar los derechos y no de legislar un régimen especial. O es que acaso, este régimen hace atractivo que se aplique para que las empresas quieran contratar a los jóvenes de manera formal, frente a ello, se observa que no sería atractivo, sino que es una obligación de las empresas acatarlo por un máximo de 25% de su total de planilla. A menos que si se trate  de atractivo porque las empresas no pagaran CTS, ni gratificaciones, ni asignaciones. Incluso dice la norma que si se desnaturaliza el régimen especial, osea si se le aplica este régimen a los trabajadores después de cumplidos los 25 años, entonces será indeterminado su contratación pero bajo este régimen, que es sin los beneficios mencionados. Frente a todo ello, hay cuestionamientos, entrampamientos, que cabe que las autoridades aclaren estos puntos.

Recordemos que la Ley se construye sobre la base política, pero una vez publicada ya no es cuestión política sino que se aplica sin cuestionarla hasta que se derogue.

Sigue leyendo

Nenúfares de Claude Monet

[Visto: 1197 veces]

Como lo adelanté en algún post, no solo de política y economía vive el hombre sino que también del arte. Tengo fascinación por la pintura y el dibujo en particular y aunque no es lo que estudio en la universidad, sí intento estudiarlo en mis ratos libres de los sábados  y domingos de forma autodidacta. En especial intento pintar y dibujar. Porque creo que las hobbies o pasiones no se pueden forzar sino que nacen de uno mismo, por eso he decidido publicar mis pinturas en mi blog y proximamente también escribiré artículos sobre pinturas y arte en general: tanto históricas como reportajes. Viva la libertad personal!

Disculparán la falta de técnica los conocedores y artistas que vean el post.

20141020-2.jpg

20141020-1507702_10202232352746451_1255404944_n.jpg

20141020-1538854_10202232349066359_925902736_n.jpg

20141020-10556531_10203612181681312_7155478145351447470_n.jpg

Como lo notarán esta obra es un intento de copia de los Nenúfares de Claude Monet. Es que considero a los impresionistas y en particular a Monet como mi profesor de pintura, porque uno aprende de los grandes. Como dijo Vargas Llosa cuando ganó el Nobel: “Mis maestros son Flaubert y su “Madame Bobary”, Victor Hugo con sus “Miserables”; es decir, se refería a los grandes autores de la lituratura universal como sus maestros. Del mismo modo, yo me refiero a los grandes de la pintura.

En realidad enfoqué la pintura a la parte que más me gustaba de la obra de Monet. Lo que amo de su obra son esas plantas ahogadas en un estanque, o flotantes y la combinación del cielo azul con las nubes reflejadas en ese estanque o río. Monet es tan fabuloso, y expone en sus pinturas tanta sensibilidad que motiva a otros a pintar e ilusamente imitarlo, por eso le agradezco tanto.

Detalles de la pintura: Mi pintura está pintada sobre papel bond tamaño A4 con témpera donde resalta el color celeste que combiné con blanco, azul, rosado y algo de amarillo. Con materiales sencillos se puede conseguir pinturas que viven mucho tiempo, esta pintura es de diciembre del 2013 y está enmarcada con cartón. Es práctica porque al ser pequeña la puedo ubicar en cualquier espacio.

Este es la pintura original de Monet a la que tanto me refiero.

20141020-nympheas-monet.jpg

Un poco de información sobre los Nenufares, extraído de wikipedia:

Los nenúfares (en francés Les nymphéas) es un ciclo de pinturas al óleo que ejecutó el pintor impresionista Claude Monet (aproximadamente 250 obras) al final de su vida, sobre amplios paneles, como el de la ilustración, que mide 219 × 602 cm, y que actualmente se exhiben en el Museo de la Orangerie de las Tullerías, en París, Francia.

Estos inmensos paneles representan un lago con nenúfares. Son representaciones del Jardín de Giverny, lugar donde se instaló Monet con su familia y construyó una finca en 1890. Monet instala allí un estanque con plantas exóticas que será el modelo de sus famosos nenúfares. [1]

 src=

Estado actual de los Jardines de Giverny

Monet los pintó para que quedaran suspendidos en círculo (dentro de una estancia circular) de modo que crean el efecto del transcurrir de un día o el de las cuatro estaciones que se desvelan ante los ojos del espectador.

En el Museo de la Orangerie están suspendidos en dos estancias ovales y suman ocho piezas. Los motivos le fueron proporcionados por los nénufares del estanque de su jardín en Giverny. En efecto, en 1890 Monet había adquirido una casa en esa localidad. En su jardín construyó un puente japonés sobre un estanque que estaba repleto de nenúfares, conocido como «jardín de agua». Desde entonces y hasta el final de su vida pintó una y otra vez estas plantas acuáticas. Los nenúfares obtuvieron un gran éxito en 1909 y Monet profundizó en el estudio de estas plantas, con toda una serie de cuadros como Nenúfares en el crepúsculo (1910), que puede verse en la Kunsthaus de Zúrich.

Esta serie de composiciones cromáticas culminaron con el conjunto monumental pintado para estas dos salas de la Orangerie de París. El 12 de abril de 1922 Monet donó al estado francés 22 pinturas sobre este tema, que se realizaron entre 1920 y 1926.

En realidad se encuentran ubicados así y esta es su real dimensión:

20141020-nenuphars.jpg

A proposito, personalmente he notado cierto rechazo al arte, a las artes plásticas en particular, eso de parte de la familia como de los profesores de derecho como del circulo de amigos e incluso de la sociedad en general. No hagan caso, háganle caso de sus pasiones, pinten y disfruten, sean felices!

 

Sigue leyendo

Nuevo paquete de reformas contra la desaceleración económica

[Visto: 356 veces]

EDITORIAL DE EL DIARIO EL COMERCIO DE HOY: 07/10/2014

Editorial: El paquete que necesitamos

El Ejecutivo debe impulsar una reforma tributaria y laboral en serio.

Este jueves 9 la Comisión de Economía del Congreso tendría planeado debatir el nuevo paquete de medidas reactivadoras presentado por el Ejecutivo. Ojalá y así sea, pues si bien este último proceso electoral distrajo la atención pública del problema de la desaceleración económica, este no es un tema menor que debiera ser desplazado de la agenda del Estado.

Ahora, lo cierto es que este paquete, si bien propone algunas medidas interesantes (como ciertos cambios en la regulación tributaria o la ampliación del mecanismo de obras por impuestos), no trae consigo ninguna iniciativa de cambios profundos que permita dar un fuerte impulso a nuestra desacelerada economía. Y el Ministerio de Economía y Finanzas parece ser consciente de esto, pues ya ha anunciado que enviará al Congreso más propuestas para reactivar los mercados.

Por ello, en este Diario nos queremos tomar la libertad de insistir en dos reformas que creemos fundamentales y que el gobierno haría bien en impulsar en los próximos paquetes normativos que presente al Parlamento.

La primera es la reducción de los impuestos. En los últimos diez años, la recaudación tributaria se ha más que triplicado, pero el Estado no ha mejorado sus servicios (si no los ha empeorado) y todos los años muestra una incapacidad de gasto tremenda (en el 2013, por ejemplo, alrededor de 30% del presupuesto para la adquisición de bienes de capital no fue ejecutado). ¿No es ya de por sí una buena razón para bajar los tributos que el Estado actualmente nos prive a los ciudadanos de nuestros ingresos para no gastarlos o para gastarlos mal?

Más aun, una reducción de impuestos aminoraría los costos de hacer negocios y ayudaría así a reactivar la inversión privada, a la vez que dejaría más dinero en las manos de los ciudadanos para aumentar su consumo y fomentar la demanda.

No es, por lo demás, que no existan ideas de por dónde cortar tributos. Hugo Santa María, socio de Apoyo Consultoría, señaló ayer en un artículo del diario “Gestión” que reducir en un punto el Impuesto General a las Ventas (IGV) incrementaría los recursos del sector privado en S/.2.800 millones anuales. Y, pese a que no hay garantía de que lleguen en su totalidad al circuito económico, el movimiento de estos recursos tendría mayor impacto que el efecto de la inversión pública no ejecutada, sin generar al Estado problemas fiscales. ¿Por qué no apostar por una medida de este tipo?

Incluso, se podría tratar de aumentar la agresividad de la reducción de impuestos y mirar hacia un horizonte más ambicioso. Especialmente, porque nuestro punto de comparación deberían ser las economías asiáticas que lideran el crecimiento mundial, de cuyos bajos niveles impositivos estamos muy lejos: en el Perú el Impuesto a la Renta corporativo es de 30% y el IGV es de 18%, mientras que en Singapur estas tasas son de 17% y 7%, en Hong Kong de 16,5% y 0% y en Taiwán de 17% y 5%.

La segunda reforma que consideramos fundamental es la reducción de la rigidez de los contratos laborales y de sus sobrecostos. Con siete de cada diez peruanos trabajando en la informalidad, queda claro que la actual regulación está pensada para favorecer solo a una minoría privilegiada a costa de la exclusión de la mayoría de trabajadores que se ven forzados a laborar sin ningún tipo de protección legal.

La rigidez laboral, además, según el reciente Reporte Global de Competitividad, es uno de los tres principales factores más problemáticos para los negocios y nuestro país se ubica en el puesto 130 de 144 naciones en la categoría de “facilidad para la contratación y el despido”. Como si eso fuese poco, los costos no salariales del trabajo que impone nuestra legislación superan el 60% del costo laboral total. Basta mirar estos datos con algo de sensatez para darse cuenta de que este es uno de los principales frenos a nuestro desarrollo.

El gobierno del señor Ollanta Humala aún tiene tiempo para hacer reformas importantes. Atacar los problemas de los costos laborales y tributarios podría hacer una diferencia enorme en la vida de muchos peruanos y permitiría a este gobierno, que hasta el momento no ha destacado positivamente en materia económica, dejar un legado importante.

Sigue leyendo

Candidatos a la Alcaldía. Un análisis superficial.

[Visto: 803 veces]

¿Voto viciado? Muy tentador, pero mejor empiezo a analizar a los candidatos aunque sea superficialmente. Descarté a Castañeda, a Heresi y a Cornejo. Pienso votar por Villarán porque podrá ser “vaga”, “lenta”, “caviar” pero no es corrupta.

20141002-s.jpg

De cabeza descarté a Castañeda. No entendía el tema de Comunicore hasta que vi un video donde con dibujitos explicaban de qué se trataba. Comunicore es una empresa fantasma que le compró la deuda a Relima a un costo muy bajo.. blah blah, que se le escaparaon 21 millones de dólares. El asunto es que también  le han encontrado nexos con el narcotráfico por el lavado de activos. Todo suena muy grave y se le vincula directamente estas operaciones con Castañeda aunque él lo niegue.

http://utero.pe/2014/09/25/video-el-cuentazo-de-comunicore-explicado-en-solo-2-minutos/

20141002-heresi.jpg

Heresi también está descartado para mi. Fue alcalde de San Miguel por dos gestiones, y aunque no soy de San Miguel me han dicho que no ha hecho nada bueno. Vi un reportaje del canal 4 donde denunciaban que San Miguel, junto con otros distritos como Miraflores, permitía que los restos de construcción sean desechados al mar; e incluso un Nadador conocido fue a botar los restos de basura en la puerta de la Municipalidad de San Miguel. Por otro lado, tiene cuestionamientos de desbalance patrimonial. También tuvo denuncias periodísticas donde cuestionan sobre cómo pudo comprar departamentos en San Isidro y en Asia. Y siinceramente así por percepción, no lo encuentro capacitado como para gestionar una ciudad tan grande.

http://espacio360.pe/noticia/actualidad/video-nadador-peruano-recoge-basura-del-mar-y-la-bota-en-la-municipalidad-de-san-miguel-57be

20141002-cornejo.png

Cornejo, es el candidato estrella, no solo porque es aprista sino porque sorprendió a todos las ultimas semanas de su candidatura, sobre todo en el debate del domingo. Confieso que me impactó y que hasta hace unas semanas no sabía quién era, y eso me motivó a investigar sobre quién era éste personaje. En primer lugar, es aprista desde siempre, me refiero que desde el primer gobierno de Alan García, sí ese gobierno desastroso. Es economista. Concretamente hizo el dólar MUC que benefició a unos pocos empresarios con millones de dólares. Fue ministro de Vivienda en el gobierno aprista, se jacta de haber reconstruido Pisco cuando aun sin haber viajado a Pisco el periodismo nos lo muestra cada año del aniversario del terremoto del 2007 y todo está igual de destruido. Además, con el mismo cargo desapareció miles de dólares de los subsidios del Banco de Materiales. Fue Ministro de Transportes en el gobierno aprista, y seamos honestos ¿acaso vemos alguna mejora en el transporte?, también condecoró a Orión entonces si la abría detenido en esos años tantas vidas habrían sido salvadas!  A propósito! No le creo nada cuando dice que hará un tren eléctrico en 8 meses, acaso el tren aprista no demoró 30 años en terminarse y tuvo serios cuestionamientos de corrupción? Hablará lindo, será una gran idea pero de ahí a que lo haga está bien difícil!

Es un viejo político, gran orador, de gran porte y bigotes afilados. Pero con esos antecedentes no votaré por él. A mis amigos los convenció, hice un sondeo por las redes y todos dicen que votarán por el Bigote. Es increíble! La gente de las redes no votará por Castañeda ni por Heresi y si pensaron votar por ellos entonces emigrarán su voto al Bigote, porque les encanta como habla. Son pequeños electores molestos con la tía Villarán, sus caviaradas y sus improvisaciones en su reforma del transporte.

En el debate del pasado domingo, Castañeda, Heresi y Villarán no mostraron liderazgo. Lo cual hizo que muchos vean a Cornejo como la “mejor opción”.

20141002-iu.jpg

Villarán por descarte puede ser una opción de voto. No porque sea la mejor sino porque muchos no queremos que la corrupción vuelva a  tener las riendas del gobierno. Su gestión fue mediocre. Conciertos gratis y apoyo a los artistas callejeros hubo mucho, “una gestión más humana” pero ¿suficiente? Sé que cualquier zurda con una mentalidad de desarrollo y con capacidad de gestión y liderazgo lo puedo hacer mejo, solucionando desde el primer día el problema del Transporte y no empezando la gestión condecorando a “La Chilindrina”. Sin olvidar que sufrió de un electroshock con la “revocatoria” que al menos le hizo despertar y empezar a hacer obras a partir de su segundo año. A propósito, el corredor azul si me parece una total improvisación, pintan buses porque les faltó? ¡! Por ahí dicen que es una Orión pintada.. No, en verdad son Metropolitanos pintados! Por otro lado, me he tomado la molestia de revisar quienes son sus regidores, les confieso que me preocupa, conozco a unos cuantos que son los “jóvenes” .. Muchos tira piedras, inhala gases lacrimógenos, sobre todo jóvenes sin experiencia laboral. Acaso toman la alcaldía como una institución donde hacer sus practicas pre profesionales?  Me preocupa que sean esos chicos quienes gobiernen Lima.

Entonces, ¿el voto viciado es la única opción que nos queda? ¿O mejor votamos por los enanos? Si votas por los candidatos que tienen menos posibilidades de ganar, entonces le das carta abierta a que entre uno de los regidores de esos candidatos. ¿Otro problema no? Conocer a cada uno de sus regidores.

La realidad es que a estas alturas el candidato que lidera la intención de voto es Castañeda y no es para menos, los medios de comunicación masiva: canal 2, 4, 5, 8,9, periódicos del Grupo el Comercio lo han puesto como favorito sin haberlo cuestionado, sin haberlo incomodado. No le preguntan sobre Comunicore ni sobre sus estudios. Solo algunos periódicos como La Republica, Diario 16 y hasta el Correo sí le han movido el piso. Y otras revistas independientes como Hildebrandt en sus 13 y sobre todo “Poder” le han hecho una investigación donde lo relacionan con la empresa Fantasma Comunicore.

Entonces,  ¿nos resignamos a que gane Alibabá y los 40 ladrones? Si gana Castañeda es peligroso, no solo está él en la Alcaldía, corre el riesgo de que gane Keiko o Alan la presidencia, quienes a propósito lo han apoyado en la campaña y no a sus candidatos. Entonces las principales instituciones públicas estarían ocupadas por esos “políticos”.

Por resignación votaré por Villarán, porque como dice Hildebrandt: “es mi voto inutil”

Se avecinan días oscuros, esperemos al domingo.

20141002-10703568_10152679784062559_4786607969673731543_n.jpg

Sigue leyendo

ALAN GARCIA ¿OTRO DOCTOR BAMBA..?

[Visto: 5445 veces]

Como deber cívico encuentro necesario compartir el artículo escrito por el profesor de la UNMSM  Jorge Rendón Vásquez, artículo publicado el día 14 de julio del 2014 en la bitacora La Mula. 

ALAN GARCIA ¿OTRO DOCTOR BAMBA..?

 

PUBLICADO: 2014-07-14

Por Jorge Rendón Vásquez

A Alan García Pérez no le ha gustado la nueva Ley Universitaria. Su arcaico cañón verbal disparó contra la entidad creada para controlar la calidad de la formación universitaria, de la que dijo: “La superintendencia militar sobre las universidades es un remedio peor que la enfermedad”; “no pueden proponerse soluciones que signifiquen empeorar su situación y mucho menos ponerla bajo una bota o poder político”.

¿Podían él y sus cuatro representantes en el Congreso de la República haber propuesto alguna solución alternativa?

Nunca lo hicieron.

¿Estaban capacitados para hacerlo? Cuando Alan García fue Presidente de la República, los proyectos de ley y de decretos supremos no salían de él, ni de su Partido. Venían de ciertas consultoras, pasando por los ministerios y, si de normas de significación económica y contratos de obras públicas se trataba, debían contar con el visto bueno de los empresarios y los grupos empresariales interesados.

La Superintendencia de Educación Universitaria les cae a Alan García y a sus conmilitones enquistados en algunas universidades públicas y privadas como un fumigador en un campo asolado por alguna plaga de voraces insectos. Si alguna de esas universidades fuese un dechado de avance científico y tecnológico tendrían, tal vez, razón de protestar. Ninguna lo es. Al contrario: están en el otro extremo y temen por su vida.

El sistema universitario es un servicio público que corona la estructura de la formación profesional de cada país. Su tratamiento con la solvencia indispensable es asunto de especialistas académicos calificados.

¿Alan García Pérez lo es?

Las referencias en Internet sobre sus antecedentes universitarios, que verosímilmente él mismo ha proporcionado, son muy escuetas y difusas. Las resumo:

En 1967 (a los 18 años) ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde siguió Letras y Derecho. En 1971 se trasladó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde se recibió de abogado. En setiembre de 1972 viajó a Madrid y en la Universidad Complutense “defendió con éxito una tesis sobre Derecho Constitucional Comparado ante un tribunal del que era miembro el catedrático Manuel Fraga Iribarne, ex ministro de los gobiernos de Franco […] en 1973 continuó los estudios en la parisina Universidad de la Sorbona y se sacó un posgrado en Sociología” En otra biografía se dice: “En París, en la Escuela de Hautes Études Politiques obtiene su título en Sociología”.

Vayamos por partes.

1.— En 1967, Alan García ingresó a la Universidad Católica y en 1971 se trasladó a la Universidad de San Marcos. Por entonces, en la Facultad de Derecho de esta Universidad, yo tenía a mi cargo los cursos Derecho del Trabajo Individual y Colectivo y Derecho de la Seguridad Social en el turno de la noche que empezaba a las seis de la tarde. Alan García Pérez figuraba entre mis alumnos. Casi nunca asistió a mis clases y no dio los exámenes parciales ni el final, lo que hice constar en las actas. Años después me enteré que Alan García Pérez tenía nota en mis cursos. Averigüé. Se había hecho tomar indebidamente los exámenes con un profesor de simpatías apristas que dictaba en las mañanas. ¿Dio, en realidad, los exámenes? Ese profesor ha fallecido hace muchos años. Siempre he sido un profesor muy exigente y, por eso, no era muy popular entre los alumnos, aunque luego de recibirse muchos me lo agradecían cuando me encontraba con ellos. ¿Se recibió Alan García de abogado? En ese tiempo era obligatoria la tesis de bachillerato. ¿La hizo y la sustentó? El legajo personal de Alan García en los archivos de la Universidad de San Marcos desapareció en 1985, poco después de haber sido elegido Presidente de la República.

2.— Las biografías de Alan García dicen que en setiembre de 1972 fue a la Universidad Complutense de Madrid y que obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas. Esto tiene que haber sido entre ese mes y junio de 1973, último mes del año académico, porque en 1973, como se afirma, comenzó a estudiar en la Sorbona, donde el ciclo académico se iniciaba en octubre.

Según la normativa de la Universidad Complutense, los estudios doctorales comprendían en ese tiempo, dos años de estudios comprensivos presenciales y la elaboración de una tesis para la cual se requería un mínimo de dos años, al término de los cuales si el director de tesis estimaba que el trabajo reunía los requisitos de originalidad y suficiencia como investigación la administración académica le permitía al doctorando pasar a la sustentación ante un jurado de no menos de tres profesores.

A Alan García no le sale la cuenta. Si llegó a Madrid en setiembre de 1972, la sustentación de su tesis, si la hubiera hecho, debería haber tenido lugar en junio de 1976, el plazo más breve. ¿Siguió realmente los estudios doctorales en Madrid? Todo indica que no. Tampoco su nombre aparece en la relación de doctores recibidos en la Universidad Complutense, ni en aquellos años ni posteriormente (portal en internet de esta Universidad). Había en ella cursos de asistencia voluntaria en determinadas asignaturas que podían durar hasta un año académico y permitían obtener un certificado de asistencia, que, obviamente no era un diploma de maestría y menos de doctorado.

3.— Continuemos siguiendo esta pista. Según una biografía, en octubre de 1973, Alan García habría comenzado los estudios de Sociología en la Sorbona de París, y, según otra, en la École de Hautes Études Politiques, habiendo obtenido un título en Sociología. Esta École, cuya denominación era entonces École Pratique de Hautes Études, y la Sorbona eran y son dos entidades distintas y una no dependía de la otra. Para obtener la licenciatura en Sociología en Francia se debía haber hecho por aquellos años los cuatro del llamado pregrado en una universidad, después de lo cual el estudiante aprobado podía ingresar a una entidad para hacer los estudios de especialización de dos años. En la École Pratique de Hautes Études, se podía hacer los estudios de pregrado, pero no los de doctorado, para la que fue habilitada recién a partir de 1976. Para el doctorado se requería pasar cuatro ciclos semestrales y redactar y sustentar una tesis que tomaba de dos a cinco y más años. A quienes lo deseaban, por lo general estudiantes extranjeros con un título profesional, se les permitía concurrir a los cursos durante un año y se les entregaba un certificado de asistencia. ¿Fue Alan García uno de esos estudiantes libres? ¿Obtuvo el certificado de asistencia? Alguien recuerda haberlo visto haciendo cola en el restaurante de la École.

A pesar de no serlo, en Lima, sin embargo, Alan García se hace llamar “Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid”. Figura así en un aviso del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porras, del que es director gracias a la permisión (o la complicidad) del rector aprista de esta Universidad que le estaría pagando unos 50,000 soles mensuales por esa actividad y figuración, según se dijo en algunos diarios.

Para quienes no lo saben, los títulos y grados universitarios obtenidos en el extranjero adquieren validez en el Perú: a) haciéndolos legalizar sucesivamente en los ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores de los países cuyos centros de formación los han expedido, por el consulado peruano en esos países y por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; y b) haciéndolos revalidar por la universidad nacional autorizada del Perú, y registrar hasta ahora en la Asamblea Nacional de Rectores y, en lo sucesivo, en la Superintendencia de Educación Superior Universitaria.

¿Alan García ha hecho legalizar y revalidar el grado y el título que dice haber conseguido en España y Francia?

Al parecer no. Y, entonces, ¿por qué es director del indicado instituto de la Universidad San Martín de Porres, engañando a los estudiantes que, dicho sea de paso, pagan, y bastante? ¿Tienen validez los cursos que dicta Alan García sin tener una maestría o un doctorado?

A algunos representantes al Congreso les están haciendo problemas por haber declarado en sus hojas de vida estudios secundarios y universitarios que no poseen. Alan García se va de alivio. Cree tener corona en esto, como pretende tenerla también en la investigación seguida por el Congreso de la República por los narcoindultos y otras travesuras venables de su autoría, de proporciones dantescas.

Alan García podría ponerse a derecho, exhibiendo ante el periodismo y la opinión pública los títulos y grados que se atribuye. Pero no es probable que lo haga.

Despotrica contra la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria sin ton ni son. Lo que se decantaría de este intríngulis de títulos presumiblemente apócrifos sería que el susodicho personaje estuvo en Francia, pero Francia no estuvo en él. Nunca se enteró de que el sistema universitario francés es nacional y forma parte de una estructura integral de educación y formación profesional y, como ocurre en los demás países europeos, está centralmente dirigido, y es altamente eficiente.

(14/7/2014)

 

Sigue leyendo