'ASESOR URBANO'

por Jorge Toyama en "Apuntes Laborales" de www.semanaeconomica.com

Se supone que las negociaciones colectivas son libres y el Estado no debe intervenir para resolver los conflictos entre sindicatos y empresas. Debemos decir ahora ¿se suponía?

A través de recientes y preocupantes resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) y de Autoridades Regionales de Trabajo (ART) se pretende que los trabajadores pueden obligar a ir a un arbitraje y que la ART puede resolver el pliego de reclamos ante la falta de acuerdo entre las partes.

De acuerdo con las normas y criterios de la OIT así como las leyes, el arbitraje es voluntario, es decir no se puede imponer un arbitraje a las empresas o sindicatos pues es un mecanismo voluntario de solución de conflictos. Este ha sido el criterio del Ministerio de Trabajo. Ahora, según el TC, el arbitraje es potestativo y los sindicatos pueden obligar a las empresas a acudir a un arbitraje y un tribunal arbitral resolver el pliego de reclamos (Caso Estibadores Portuarios).

Por otro lado, también según la OIT y las leyes peruanas, la autoridad laboral no puede resolver un conflicto colectivo salvo en situaciones de convulsión social o peligro de continuidad de la empresa. Así, si las partes no llegan a un acuerdo directamente hay la conciliación, extra proceso, arbitraje. Sin embargo, algunas ART tienen un criterio diferente: si el sindicato hace una huelga y dura unos días, con actos de protestas y no hay rasgos de que se arribe a un acuerdo, las Autoridades de Trabajo de Ica (y ahora Arequipa) consideran que deben resolver inmediatamente el pliego de reclamos sin verificar las situaciones excepcionales. O sea, retrocedemos treinta años.

Habría una tendencia hacia la solución del conflicto a como dé lugar, apreciándose una inusual e intensa intervención del Estado en la forma y fondo de solución de los pliegos de reclamos. El Estado no debe resolver conflictos privados.

Ojalá que solo sean estas resoluciones. De lo contrario, el diálogo y las negociaciones entre las partes serán sustituidos por el criterio de un funcionario público o un árbitro. La vuelta a la década del setenta.



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Capacitación de abogados es indispensable

Realidad del país exige diversificar ejercicio legal hacia el campo empresarial

La capacitación de los abogados hacia la aplicación del derecho preventivo para evitar la litigación que actualmente satura el Poder Judicial y, de esa forma, fortalecer el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación, arbitraje, negociación y mediación, debe ser responsabilidad de todos los colegios de abogados del país a fin de mejorar el ejercicio profesional.

Así lo sostuvo la candidata al decanato de la Orden, Luz Aurea Sáenz, quien agregó que de acceder a dicho cargo, creará el Centro de Posgrado del Colegio de Abogados de Lima (CAL), de acuerdo con la Ley Universitaria.

“Es razón de ser del colegio impartir la capacitación y actualización profesional del abogado inherente a su condición de tal. Por ello, con el citado centro de estudios los abogados tendrán la posibilidad de acceder a maestrías y doctorados de acreditada solvencia académica y en especialidades que respondan al nuevo contexto de globalización y apertura económica.

“No es verdad que exista sobresaturación de abogados, pues a cambio de los 250 mil ingenieros solo hay 85 mil abogados, el problema es que todos quieren litigar en el Poder Judicial y eso tiene que cambiar”, afirmó.
Para mejorar la calidad de vida del abogado, Sáenz plantea crear un sistema de previsión social para otorgar una pensión de jubilación. Además, la suscripción de un convenio con Essalud para la cobertura de la salud integral y con una compañía de seguros que cuente con las mejores clínicas afiliadas.