Compartimos el texto final aprobado en la Conferencia Nacional de Desarrollo – Macro Norte, evento que reunió a delegaciones de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martín, La Libertad y Lambayeque. Este evento fue promovido por CONADES y por una red de enlaces del norte. La organización estuvo a cargo de ADOSCIL
XIII CONADES DESCENTRALIZADA MACROREGION NORTE PERU
Chiclayo, 28 y 29 de Noviembre 2008
Los delegados y delegadas de sociedad civil del Norte, provenientes de los departamentos de Tumbes, San Martín, Amazonas, Cajamarca, Piura, La Libertad y Lambayeque, hemos tomado la decisión de publicar nuestra percepción de las realidades existentes y de las demandas que consideramos plantear al Estado en sus niveles local, regional y nacional, con la perspectiva de ir construyendo una región próspera que avanza hacia el desarrollo con democracia y equidad.
Al finalizar el año 2008 y en medio de promesas y sueños de unos y de dudas razonables y frustraciones de otros, los delegados y delegadas de sociedad civil que conforman la Región Nor Oriental del país, hemos decidido darnos un tiempo para revisar las cifras y los datos que tienen que ver con el desarrollo de todos y todas, especialmente de los que menos tienen y de los que más exclusión sufren por razones de sexo, de procedencia, de idioma o de parecido físico. Una somera revisión de información oficial nos revela que en el Norte tenemos que el analfabetismo afecta a más del 12% de la población, que la desnutrición infantil es alarmante, que muchos niños y jóvenes no terminan sus estudios primarios o secundarios, que los servicios elementales de agua y desagüe todavía no llegan a más del 50% de la población regional. Tal vez los datos que resumen todos estos componentes se expresan en los rangos de pobreza que se mantienen, persistentemente altos: Tumbes (18.1%), La Libertad (37.3%), Lambayeque (40.6%), Ancash (42.6%), San Martín (44.5%), Piura (45%), Amazonas (55%) y Cajamarca (64.5%). Estas son cifras que nos cuestionan, pero especialmente al modelo de desarrollo excluyente que se sigue implementando y que explican el descontento y la alta desaprobación de los gobernantes a pesar de sus logros macroeconómicos.
Consideramos que la salud, la educación y el acceso a servicios de saneamiento son fundamentales para vivir con dignidad y para crear las condiciones para un desarrollo integral de las personas, pueblos y regiones. Es con esta concepción que la sociedad civil ha participado en la formulación de planes nacionales, regionales y locales sobre educación, salud, saneamiento, infancia y adolescencia, igualdad de oportunidades. Siempre con este mismo interés está alentando la política de presupuestos por resultados y los programas estratégicos presupuestales. Frente a ello demandamos que los Ministerios de Educación, Salud, Vivienda y los gobiernos regionales pongan en práctica esos planes, los articulen entre los diversos sectores del Estado y les otorguen los recursos necesarios para su implementación.
La sociedad civil se ha convertido en uno de los pilares de afirmación democrática en todos los espacios en que actúa y, ha dado muestras de su capacidad de organización, de formulación de propuestas y que responde adecuadamente cuando los gobiernos lo convocan y establecen mecanismos participativos. Sin embargo sentimos que, salvo honrosas excepciones, los gobernantes no convocan a la sociedad civil, intentan deformar su participación y siempre están prestos a condenar el reclamo y la protesta. Por ello demandamos a los gobernantes que practiquen la democracia, que respeten y de ser posible amplíen los espacios de diálogo y concertación y que la palabra democracia, concertación y participación no sólo la invoquen, sino que también la practiquen. La sociedad civil alerta sobre las exigencias de algunos gobiernos regionales y congresistas de restringir y hasta eliminar los espacios de concertación establecidos en base a los presupuestos participativos.
La descentralización y la integración territorial representan una apuesta de desarrollo integral de los hombres y mujeres de nuestra patria y, por ello, la sociedad civil apuesta y sigue apostando para su profundización y en tal sentido se une a los gobiernos locales y regionales en demanda de transferencia del 100% de funciones, de mayores recursos económicos y humanos. Consideramos que ya es tiempo de exigir a los gobiernos regionales y locales que no defrauden la expectativa popular y exhiban resultados concretos en favor de la gente, especialmente en solucionar los problemas en educación, en salud, en saneamiento y en empleo y que esos resultados se den desde los caseríos y centros poblados hasta las capitales departamentales.
Al repasar el tema del medio ambiente en el ámbito regional, constatamos que la sociedad, especialmente los campesinos y comuneros norteños, se han convertido en firmes defensores del medio ambiente, de la no contaminación de lo recursos naturales, de freno a la depredación de recursos y de la salvaguarda de los derechos territoriales, comunales y que los enfrenta con empresas mineras irresponsables que sólo buscan el lucro y la ganancia máxima. En tal sentido demandamos al gobierno que asuma su rol constitucional de preservar la vida y los derechos de los pueblos, que mejore las acciones de control y vigilancia para las empresas mineras y que en caso de conflictos se comporte como un árbitro y no como una agencia de las grandes empresas mineras. La sociedad civil regional reconoce el importante rol que cumplen las comunidades campesinas y nativas en la defensa del medio ambiente y la preservación de la vida.
Las actividades productivas que sustentan la vida, en el norte, son la agricultura y pequeña ganadería, el comercio y la pequeña industria, las mismas que dan sustento y empleo a cientos de miles de familias. Sin embargo el gobierno no les presta la debida atención ya que no tiene actividades promocionales, los planes que hacen no funcionan como fueron prometidos, no se mejora la integración vial, no hay programas serios y de largo plazo para mejorar la producción y productividad, la inversión en caminos y carreteras interdistritales es muy reducida y no alienta la comercialización de productos locales, además de no prever los impactos del megaproyecto IIRSA. Es por ello que demandamos al gobierno, local, regional y nacional, que en sus políticas y presupuestos destinados a la producción se brinde preferencia a la pequeña y mediana agricultura y ganadería, al comercio y a la micro y pequeña empresas, tomando en cuenta la repercusiones de los TLCs. En la producción local.
En los últimos meses hemos constatado que efectivamente los presupuestos que se invierten en las regiones se ha incrementado, hecho que es exhibido como un gran logro del gobierno central. Igualmente hemos escuchado quejas de los gobiernos locales y regionales que les falta recursos o que no llegan en tiempos oportunos o que se les hace exigencias para facilitarlos. Lo cierto es que parece que existen ineficiencias que tendrán que ser resueltas tanto en el nivele central y en los subnacionales. En particular nos llama la atención que a sólo dos meses del término de ejercicio presupuestal los gobiernos regionales hayan ejecutado entre el 37. 3% y el 65.3% de los presupuestos asignados. Frente a esta situación la sociedad civil demanda al Estado mayores niveles de coordinación entre ellos y mejore su capacidad de gasto ya que los retrasos, la deficiente gestión y los casos de corrupción afectan a todos los niveles del Estado. En particular demandamos que los casos de corrupción sean investigados y sancionados y que los órganos de control de las instituciones públicas funcionen realmente y muestren resultados en su labor.
Hemos tomado nota de que los montos de inversión asignados a los departamentos del norte se han incrementado significativamente los últimos años y ello tiene que ver con el proceso de “regionalización del gasto”. Así tenemos que todos los organismos públicos invierten en Cajamarca más de 1,010 millones de soles, en La Libertad más de 895 millones, en Piura más de 991 millones y en Lambayeque más de 424 millones. Igualmente hemos tomado nota que el Estado concerta con la sociedad organizada sólo una fracción del presupuesto de inversión en cada una de las regiones. En tal sentido demandamos que se den las normas correspondientes para que los gobiernos locales y los gobiernos regionales convoquen a los pliegos presupuestales para que informen, coordinen y concerten sus respectivos presupuestos de inversión dentro de sus respectivos ámbitos y con participación de los CCLs. y CCRs correspondientes.
La sociedad regional y en particular los movimientos sociales y acciones reivindicativas que protagonizan diversos sectores y poblaciones enteras vienen siendo objeto de condenas, de ilegalizaciones y con dureza creciente que apunta hacia la criminalización de la protesta social. Frente a esta situación demandamos al Estado que tenga una actitud democrática, que tienda puentes oportunos para resolver los problemas realmente existentes ya que son sus decisiones o sus políticas las que generan la mayor parte de problemas. Demandamos que no se vuelva a usar el pretexto de la violencia del narcotráfico o del terrorismo para acallar la protesta social y el derecho a la discrepancia que deben existir en todo régimen democrático. En particular demandamos que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso dejen de tomar iniciativas que atenten contra las libertades y derechos de las personas, tal como ha sucedido con la persecución de que es objeto la Presidenta del Frente Cívico de San Martín, Sra. Semira Pérez Saavedra, a quien le expresamos nuestra pública solidaridad.
Hemos asistido a eventos internacionales en los cuales el gobierno ha expuesto con claridad y entre aplausos del mundo empresarial exportador e importador su política de puertas abiertas y de manera incondicional y hasta se ha permitido prácticamente subastar los recursos naturales y el mercado nacional bajo el recurso demagógico de que todo TLC favorece al país. Las experiencias internacionales revelan de que los tratados de libre comercio no sólo traen beneficios, sino que traen también problemas y grandes desafíos, especialmente a los pequeños productores que siembran arroz, maíz y algodón y que no están en la capacidad para afrontar los impactos y tampoco se tiene la confianza de que el Estado esté en capacidad para compensar los efectos negativos. En este punto demandamos a los gobiernos regionales del norte que establezcan Mesas del diálogo sobre el TLC, seguridad – soberanía alimentaria y también sobre el IIRSA, con participación de empresarios, de productores, de sociedad civil y del Estado.
Somos una sociedad regional diversa, con desarrollos históricos particulares, con identidades culturales, que se expresan en la gastronomía, en la vestimenta, en la vivienda, en las actividades productivas, costumbres, ritos, creencias y en los idiomas diversos que hablamos o las diferencias dialectales. Esta diversidad cultural y la diversidad natural en la que nos desenvolvemos no es reconocida por el Estado en sus diferentes niveles y a menudo las políticas públicas y los funcionarios públicos la desconocen. Frente a esta situación demandamos al Estado la puesta en práctica de todos los instrumentos normativos locales, regionales e internacionales que protegen y defienden los derechos de los pueblos indígenas, la diversidad cultural, la no discriminación, la interculturalidad y que se plantee seriamente políticas que apunten a construir distritos, regiones y un país “de todas las sangres”.
Chiclayo, 29 de Noviembre de 2008.