Elecciones 2016: ¿Qué dicen los planes de gobierno sobre la justicia?

Estos últimos días, en que la campaña electoral ha estado sumergida entre acusaciones de plagio, lobbysmo, aportes fantasma y manipulación de encuestas –o sea, lo normal en el Perú- algunos pocos han hecho un esfuerzo por darle un poco más de contenido al debate y mostrar qué incluye cada uno de los 19 planes de gobierno, o qué piensa cada candidato presidencial sobre determinados temas clave para el país.

Hasta ahora, los temas que mayor atracción pública han tenido son los de corrupción, seguridad ciudadana, unión civil y desarrollo económico, especialmente en lo referido a las inversiones mineras y la consulta previa. Le siguen a éstos temas más sociales como educación, salud y empleo, mientras que otros igualmente relevantes, como el de vivienda, cambio climático o descentralización, están aún en la espera de ser abordados por los medios de prensa o alguna entidad que promueva debates entre candidatos.

Entre estos temas en espera se encuentra una vez más, lamentablemente, el tema de la administración de justicia. Desde hace años, el tema judicial constituye una suerte de “cenicienta” entre los partidos y candidatos en campaña. Incluso en el caso de la academia, solo dos de las instituciones que han elaborado documentos o coordinando encuentros orientados a mejorar los planes de gobierno de los partidos políticos, como son la Asociación Civil Transparencia (ver aquí) y el Instituto de Estudios Peruanos (ver acá), han incluido dentro de sus propuestas algunos aspectos para la reforma del sistema de justicia, propuestas que en todo caso puede servir de guía para contrastar qué dicen los expertos y qué plantean los partidos sobre el tema[i].

¿Cómo encontramos los planes de gobierno?

Para comenzar, una comparación entre planes de gobierno no es una tarea fácil, dado que estos son muy disímiles entre sí tanto en su diseño como en su contenido. Algunos pocos contienen diagnósticos sobre el tema judicial, mientras otros solo incluyen un breve sustento bibliográfico o estadístico para sus propuestas e incluso las incluyen sin fundamento alguno (la mayoría, en realidad). Peor aún, solo 3 o 4 planes definen cómo se espera implementar o hacer realidad las propuestas presentadas, mientras en la mayor parte de casos las propuestas apenas son mencionadas de manera desordenada, sin agregar alguna mención sobre cómo o cuándo se lograría lo prometido.

En tercer lugar, lo que se entiende como parte de la problemática judicial difiere grandemente en cada plan, lo que muestra una falta de visión uniforme sobre los alcances de la labor de administrar justicia en el país. Si bien la mayoría dedica un capítulo específico al tema judicial bajo distintos nombres, una lectura de estos capítulos muestra que los aspectos incluidos en cada uno difieren tremendamente; por ejemplo, el tema penitenciario es apenas incluido en dos de los planes como parte de lo judicial, mientras otros ubican este punto en el tema de seguridad ciudadana. Por tal motivo, el análisis que presentamos solo incluye aquellos puntos que cada plan considera como parte del tema judicial, no incluyendo aspectos que pueden estar en otros capítulos.

Finalmente, es lamentable observar cómo la mayor parte de partidos que incluyen propuestas más o menos amplias sobre el tema judicial solo toman “prestadas” ideas de diferentes documentos para añadirlas a sus planes. Así, en el caso de Peruanos Por el Kambio (PPK) –reconocido por su propuesta en materia de seguridad ciudadana- su plan toma prestadas íntegramente las propuestas de Transparencia agregando algunas más de su propia cosecha, mientras que el plan de Todos por el Perú (TPP) también toma prestadas sus propuestas de los documentos de Transparencia, de un reciente diagnóstico publicado por Gaceta Jurídica (ver aquí) y de la CERIAJUS. Por su parte, en el caso de otros planes es visible que solo se ha “actualizado” las propuestas presentadas en las elecciones anteriores, e incluso que se han sustraído ideas de las propuestas de gobierno presentadas por Presidentes de la Corte Suprema en sus respectivos períodos.

El hecho de que las fuentes de estas propuestas sea señalada explícitamente –aunque no en todos los casos- no implica, sin embargo, que estos planes en materia judicial no sean cuestionables, dado que esta práctica muestra la carencia de un equipo especializado que pueda reflexionar y generar propuestas consistentes e integrales que aborden los graves problemas de la administración de justicia. Así, como veremos en los cuadros que se acompañan, existen muchos e importantes temas que han sido dejados de lado en los actuales planes de gobierno, como ocurre con la reforma del Tribunal Constitucional, la precisión de las funciones que cumple la Academia de la Magistratura o los cambios urgentes que requieren los Colegios de Abogados en materia de lucha contra la corrupción de la profesión legal.

Para tener una visión más clara sobre la manera en que los planes de gobiernan abordan el tema judicial, acompañamos entonces un cuadro temático donde se ubican los principales sub-temas considerados en cada plan, así como las propuestas incluidas en cada uno de dichos sub-temas (ver PROPUESTAS JUSTICIA ELECCIONES 2016-CUADRO TEMATICO). A este cuadro se acompaña un segundo cuadro más extenso donde están incluidas las diferentes propuestas sobre el tema judicial en cada plan de gobierno (ver PROPUESTAS SOBRE JUSTICIA EN PLANES DE GOBIERNO 2016), dado que el cuadro temático no permite apreciar el mayor o menor contenido que cada plan tiene respecto de cada uno de los puntos considerados, por lo que ambos cuadros deben ser leídos de manera conjunta.

¿Qué dicen los planes de gobierno sobre el tema judicial?

A fin de analizar cuál es el tratamiento que se le da a la administración de justicia en los 19 planes de gobierno actualmente en campaña, hemos separado las propuestas en 10 temas específicos, además de un último tema general donde se agregan propuestas aisladas incluidas en dichos planes. Estos sub-temas son los siguientes:

• Sistema de justicia en general

Un primer grupo de propuestas considera cambios en la manera en que se articula el sistema de justicia, sistema que hoy incluye no solo al Poder Judicial (PJ) y al Ministerio Público (MP), sino también al Tribunal Constitucional (TC), el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la Academia de la Magistratura (AMAG) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), entre otras, entidades que suelen trabajar de manera poco coordinada, lo que impide plantear políticas públicas conjuntas a largo plazo que mejoren la calidad del servicio de justicia.

Uno de los pocos intentos hechos para articular la labor del sistema de justicia fue la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS), que funcionó hace más de 10 años y cuyo trabajo permitió fijar un norte para la reforma judicial. Precisamente, un punto propuesto hasta por 4 partidos es reactivar y actualizar la labor de dicha Comisión, incluso sin mayores cambios en su composición. En otros 2 planes encontramos además propuestas similares, como son constituir una Comisión Especial de Juristas que lidere la reforma, y promover un Acuerdo Nacional por la Justicia –idea tomada de Transparencia- propuestas que siendo importantes apuntan sin embargo a una articulación de mediano plazo y no a un trabajo conjunto a largo plazo.

Al respecto, la única propuesta a largo plazo para el sistema de justicia es la constitución de un Sistema de Justicia Estatal, propuesta que sin embargo carece de mayor contenido en el respectivo plan, lo que impide saber cómo serían las formas de articulación o cuáles serían sus objetivos y funciones, y cómo ellas podrían mejorar al sistema de justicia sin poner en riesgo la autonomía de cada entidad. Además, al concentrar la propuesta en las entidades de la justicia del Estado se deja de lado un componente cada vez más crucial en las políticas judiciales, como es la justicia comunal o rondera, cuya incorporación podría ser importante para lograr una justicia más inclusiva.

Otras dos propuestas que cabe resaltar en este sub-tema es la ampliación del sistema de justicia con la incorporación de una nueva entidad, como sería una Procuraduría General del Estado separada del MINJUS –idea que es recogida hasta en 4 planes de gobierno- y culminar de una vez con la reforma del proceso penal, lo que sin embargo apenas es resaltado por 2 partidos, mostrando con ello que existe aún poca voluntad e interés por seguir adelante con este proceso. Junto con ellas, podemos encontrar algunas propuestas que sí podrían ser consideradas en un nuevo gobierno como políticas de largo plazo, como la mejora presupuestal del sistema de justicia, una mayor interconectividad entre sus entidades, estandarizar la información producida por cada una de ellas, promover mecanismos conjuntos de control de la corrupción e incorporar enfoques trasversales que mejoren sus funciones, como los de género, interculturalidad o derechos humanos.

Finalmente, en este punto cabe cuestionar dos propuestas. La primera es implantar un mayor control parlamentario sobre el conjunto del sistema de justicia, idea que rompe con el principio de separación de poderes y que podrí a llevar, a la larga, a una nueva politización de la justicia (situación que es cuestionada en otro plan, aunque sin una solución específica). La segunda es la de optar por un sistema de elección popular de las principales autoridades del sistema de justicia, como se aplica actualmente en Bolivia, experiencia que ha mostrado sin embargo un escaso impacto respecto al funcionamiento de la justicia en dicho país, tal como lo muestra un reciente estudio de Luis Pásara (consultar aquí), por lo que es dudoso que su implementación pueda tener un mayor impacto en nuestro país más allá de lo simbólico.

• Poder Judicial

Como puede apreciarse en el cuadro, el PJ sigue siendo la institución del sistema de justicia que concentra la mayor cantidad de propuestas entre los partidos políticos, reflejando su ubicación central en el sistema de justicia. Asimismo, se puede decir que las propuestas abarcan la mayor parte de los problemas institucionales que atraviesa actualmente el PJ, si bien como señalamos la mayor parte de ellas carece de mayor contenido y sustento técnico.

Del conjunto de propuestas, la que concentra la mayor parte de adhesiones es la de fortalecer el papel de la Corte Suprema, ubicándola principalmente como un tribunal de casación. Esta idea es recogida por 6 planes de gobierno, siguiendo con mucho la propuesta de Transparencia. Otra propuesta igualmente aceptada es la de promover una mayor informatización en la justicia, como el uso del expediente electrónico, las notificaciones electrónicas y el acceso informático a las sentencias, lo que es recogido por otros 6 planes de gobierno. Asimismo, la instalación de juzgados de flagrancia es recogida en 5 planes de gobierno, mientras que la atención a la sobrecarga procesal y el fortalecimiento de la justicia de paz letrada es recogida en 4 propuestas de gobierno.

Considerando sin embargo el número total de planes de gobierno en juego, podemos ver que la problemática judicial no goza aún del consenso que pudiera esperarse. Esto se agrava cuando vemos que otras propuestas igualmente relevantes, como mejorar el presupuesto y la infraestructura judicial, fortalecer al órgano de control (OCMA y ODECMAS), promover el uso de medios alternativos para resolver conflictos, eliminar las barreras del acceso a la justicia o ampliar la competencia de la justicia comercial, apenas son asumidas por 1 a 3 planes de gobierno. Ello refleja la dificultad de que estos temas sean luego incorporados en las agendas políticas, impidiendo así que se establezca una verdadera política judicial desde el estado.

• Justicia de paz y justicia comunal

Una de las novedades que traen los planes de gobierno es la relevancia que le han dado al tema de la justicia comunal y a la justicia de paz, algo que añas atrás no merecía mayor interés para las agrupaciones políticas. Sea por influencia de la academia, sea por la importancia que viene adquiriendo el tema indígena, lo cierto es que hoy este es un tema viene siendo incorporado en las propuestas del sistema judicial, aunque aún sin el tratamiento que merece.

De esta manera, encontramos que hasta 5 planes de gobierno hace mención a la necesidad de fortalecer la justicia de paz, mientras otros 3 planes insisten en la necesidad de aprobar una ley de coordinación entre la justicia ordinaria y la especial dentro del marco del art. 149º de la Constitución. Sin embargo, apenas un plan señala la necesidad de institucionalizar los espacios de diálogo entre las justicias, mientras que solo uno más reconoce la existencia de una Oficina encargada del tema dentro del PJ (ONAJUP). Es claro entonces que aún falta mucho por profundizar en este tema y fijar políticas que apunten a fortalecer la justicia intercultural, para lo cual sería necesario que los partidos revisen la Hoja de Ruta elaborada por el PJ, se promueva un mayor número de investigaciones y foros de debate sobre el tema, y se señalen medidas más concretas que permitan fortalecer efectivamente la justicia de paz –como el reconocimiento de un salario a estos magistrados-, más allá de meros enunciados de apoyo.

• Ministerio Público

A diferencia del Poder Judicial, el Ministerio Público casi no aparece en los actuales planes de gobierno, salvo por dos aspectos puntuales: reformar el sistema de elección del Fiscal de la Nación –derivado claramente de lo ocurrido con el caso Ramos Heredia- e instalar fiscalías distritales, especialmente en Lima Metropolitana y el Callao, que apoyen en el control del crimen. Fuera de ello, todo parece funcionar bien respecto de esta entidad para los candidatos al Ejecutivo, lo cual deja de lado varios problemas graves que atraviesa esta institución, como la falta de un presupuesto adecuado, la carencia de fiscales mejor capacitados para la investigación del crimen y el manejo de audiencias, la necesidad de modernizar el Instituto de Medicina Legal o de crear nuevas oficinas que colaboren con las investigaciones fiscales, e incluso el cómo otorgar mayor seguridad a aquellos fiscales que vienen siendo amenazados por su labor.

• Tribunal Constitucional

Al igual que en el caso del MP, el Tribunal Constitucional es otro gran olvidado en los planes de gobierno. Aquí las propuestas se enfocan en tres temas: ampliar el mandato de los magistrados del TC, ampliar el número de miembros del TC y que sus miembros sean elegidos por el CNM y no por el Congreso, como ocurre en la actualidad.

Estas propuestas muestran igualmente, como en el caso anterior, una falta de visión integral sobre la problemática de esta entidad. Si bien las dos primeras propuestas son importantes y ya se vienen promoviendo desde hace tiempo atrás, hubiera sido recomendable que los planes de gobierno aborden cuestiones como la sobrecarga procesal que hoy afecta también a esta institución por el abuso de las acciones de amparo; la mejora en el tratamiento del control difuso frente al control concentrado; un manejo más claro de los precedentes vinculantes por parte de los jueces; cómo mejorar la aplicación de las sentencias del TC y cómo mejorar las relaciones entre esta entidad y los otros integrantes del sistema de justicia.

• Consejo Nacional de la Magistratura

A diferencia de las entidades anteriores, el CNM ha logrado una mayor notoriedad en los planes de gobierno, aunque no por algo positivo. Por el contrario, la mayor atención brindada hacia esta entidad deriva claramente de las recientes denuncias sobre la designación de personajes reprobables en su composición (caso Quispe Pariona), así como en la percepción de que no está cumpliendo debidamente con su función de nombrar a jueces y fiscales idóneos, honestos y debidamente capacitados; de acabar con la provisionalidad en el PJ y el MP y de luchar contra la corrupción en ambas instituciones.

En tal sentido, las propuestas apuntan sobre todo a recomponer la composición y la forma de elección de los miembros del CNM –propuesta que recogen 8 planes de gobierno-, en algunos casos siguiendo la pauta propuesta por Transparencia; esto es, cambiando a las instituciones que hoy designan a sus integrantes por otras más “representativas”. Asimismo, 5 planes recogen la idea de mejorar la forma de selección y nombramiento de jueces y fiscales, en algunos casos haciendo hincapié en la necesidad de hacer más transparente dicho proceso y más acorde con un principio de meritocracia, pero sin brindar un mayor contenido sobre cómo llevar a cabo dicha mejora.

Sin embargo, a contracorriente con esta idea de reformar la institucionalidad del CNM, por lo menos 3 planes incluyen la idea de que este organismo se encargue del control interno del PJ y el MP, eliminando el sistema mixto actualmente vigente. Otras propuestas menos consensuadas son terminar con los procesos de ratificación de magistrados –si bien un plan apuesta por una ratificación “extraordinaria” para acabar con todos los jueces corruptos- y hacer más transparentes las hojas de vida de éstos. Por tanto, esta mayor visibilidad del CNM en los planes de gobierno no está necesariamente acompañada de una mayor reflexión sobre cuáles son los cambios a largo a plazo que debe hacerse en esta entidad, ni de propuestas específicas para contar con mejores procesos de selección, ratificación o control de los operadores de justicia.

• Academia de la Magistratura

Al igual que el MP y el TC, la Academia de la Magistratura es otra entidad prácticamente “invisibilizada” en los planes de gobierno, a pesar de las recientes denuncias de graves irregularidades en el manejo de esta entidad (ver aquí). La cuestión de cargos y contrataciones debería ser entonces un tema por atender, al igual que una definición más clara del perfil de jueces y fiscales (necesario para la construcción de la malla curricular), la calidad de los cursos que se dictan, la descentralización de los cursos, sus vínculos con las facultades de Derecho y, en especial, cuál es el aporte que debe tener la AMAG en la construcción de una verdadera carrera judicial.

• Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Por su parte, las propuestas sobre el MINJUS aparecen igualmente como una novedad en los planes de gobierno, si bien no por una visión positiva sobre este ministerio. Así, la mayor parte de ideas lanzadas por los partidos cuestionan más bien la labor de 2 de sus principales entidades: las procuradurías públicas por un lado –a las que se les cuestiona sobre todo su alta litigiosidad que afecta los derechos de los ciudadanos- y la defensa pública por el otro, debido al poco alcance de esta entidad.

Sin embargo, las propuestas también reconocen la labor de los consultorios legales gratuitos que mantiene el MINJUS, mientras solo un plan reconoce la labor directriz que puede tener este ministerio en la reforma y gestión del sistema de justicia. Lo cierto es que los planes no muestran una visión clara acerca de las funciones que tiene este ministerio dentro de la estructura del Estado, funciones que deberá ser replanteadas si se logra la creación de una Procuraduría General desgajada de éste, o de un Sistema de Defensa Pública igualmente autónomo, como existe en otros países.

• Defensoría del Pueblo

Si bien algunos consideran que la DP no forma parte del sistema de justicia, lo cierto es que la existencia de este organismo ha mostrado ser fundamental para mejorar la calidad de la justicia en el país, tanto por los informes y recomendaciones emitidos sobre diferentes aspectos de la problemática judicial, como por su permanente control acerca de la atención a los usuarios de justicia por parte de los juzgados y fiscalías.

Sin embargo, apenas un plan de gobierno apunta a la labor de este organismo en materia judicial, planteando de manera muy general fortalecer a la DP y hacer que sus decisiones sean vinculantes para los jueces (propuesta que, además de variar el sistema de fuentes jurisprudenciales, requeriría una reforma constitucional). Lamentablemente, otros planes ni siquiera toman en cuenta la labor de la DP a pesar de los problemas que aún impiden un verdadero fortalecimiento de esta institución, desde mejorar el mecanismo de designación del Defensor del Pueblo hasta incrementar su presupuesto, por solo mencionar los más relevantes.

• Educación legal

Al parecer debido al debate reciente sobre la calidad de la educación universitaria y el papel de la SUNEDU, algunos planes han considerado dentro de sus propuestas sobre la justicia el tema de educación legal y la situación de los profesionales del derecho. Lamentablemente, como en otros sub-temas, las propuestas pecan por su generalidad y por no aterrizar en propuestas específicas. De esta manera, las propuestas recogidas solo resaltan la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza universitaria en derecho –lo que apenas es recogido por 2 planes- o articular a las Universidades con las propuestas de capacitación judicial, mientras que uno de los planes agrega ideas más vinculadas a la profesión legal, como implementar un observatorio de la profesión legal con los colegios profesionales o acabar con el desempleo entre los abogados.

Existen, sin embargo, diversos temas que podrían ser adoptados por los partidos para incorporarlos dentro de sus políticas de mediano plazo para mejorar una educación legal que aún peca de tradicionalista y formalista, como actualizar las mallas curriculares a fin de adaptarlas a los nuevos modelos legales y procesales; promover nuevas especialidades adaptadas al entorno global; facilitar el ejercicio profesional en otros países y, claro está, fomentar con mayor fuerza una formación ética entre los nuevos abogados.

• Sistema penitenciario

Como señalamos arriba, la cuestión del sistema penitenciario y la aplicación de penas ha tenido un tratamiento diferenciado en los actuales planes de gobierno: mientras algunos incluyen este tema en las áreas de seguridad ciudadana o corrupción, otros lo mantienen en el área de la justicia, que es donde corresponde en realidad, dado que su gestión está a cargo, precisamente, de entidades que forman parte de este sistema, como el PJ y el MINJUS.

Las propuestas en este punto se dividen en tres grandes rubros: por un lado encontramos propuestas referidas al fortalecimiento del INPE y de su personal –en materia de sueldos, por ejemplo- , de otro lado propuestas relativas a la modernización y mejora de las cárceles y los programas de resocialización, y en tercer lugar propuestas relativas a la gestión de las penas, las que apuntan principalmente a que éstas sean más extensas y duras, incluyendo la reducción de la edad para ser sancionado o hacer obligatoria la prisión preventiva. Esto muestra entonces el mantenimiento de una visión punitiva y criminalizadora antes que apuntar a la búsqueda de nuevas alternativas para el tratamiento del crimen, incluyendo mecanismos de control como los grilletes electrónicos. Asimismo, cabe resaltar que estas propuestas pecan igualmente de generales y continuistas, por lo que no cabe esperar ideas innovadoras que vayan más allá de lo que ya existe, por más que muestre escasos resultados.

• Temas adicionales

Finalmente, los planes de gobierno revisados incluyen una serie de iniciativas e ideas que, sin calzar del todo en alguno de los sub-temas considerados, han sido consideradas por los partidos como relevantes dentro de sus propuestas de gobierno.

Entre estas iniciativas encontramos, por ejemplo, las de mejorar la calidad de la normatividad y apuntar a su estandarización, sobre todo para fines de integración; precisar las funciones de la justicia castrense –tema antes relevante y hoy prácticamente olvidado-; mejorar determinados procesos judiciales, como los de paternidad, alimentos y familia en general; mejorar los procesos de colaboración eficaz (idea con la que concordamos); implementar los juicios por jurados o un sistema de registradores judiciales; promover campañas de difusión en valores y derechos humanos, y hasta retomar la pena de muerte para algunos delitos graves.

Algunas preocupantes conclusiones

Luego de esta breve revisión del tema judicial en los planes de gobierno –que merecería una mayor atención- las conclusiones a las que se puede llegar son bastante desalentadoras:

1. Los planes de gobierno no muestran una visión integrada y de largo plazo sobre el sistema de justicia y la problemática judicial. Esto impide un tratamiento sistemático de dicha problemática, la gestación de una agenda judicial en el debate político y legislativo y el logro de los consensos necesarios para impulsar las reformas que requiere el sistema.
2. Salvo excepciones, las propuestas incluidas en los planes de gobierno carecen de un adecuado diagnóstico sobre la situación de la administración de justicia en el país, así como de objetivos y metas específicas y medibles, lo que impide que dichas propuestas vayan más allá de lo meramente declarativo. Por tanto, lo que se requiere es el diseño de políticas judiciales más consolidadas que orienten las decisiones que pueda tomar el próximo gobierno, si es que no queremos seguir con lo mismo.
3. Las propuestas analizadas, si bien recogen algunas de las importantes reformas en curso en materia judicial –como la reforma procesal penal o el expediente electrónico-, no muestran que exista un consenso y una voluntad política para seguirlas impulsando a mediano plazo, por lo que deben generarse debates que permitan establecer acuerdos acerca de la continuidad de dichas reformas. Asimismo, deben incorporarse en estos debates a otras reformas dejadas de lado, como la reforma de la justicia laboral.
4. Si bien la situación de la justicia es importante para atender problemáticas más visibles, como las de la inseguridad ciudadana o la corrupción, ella tiene su propia lógica de funcionamiento, por lo que su reforma no puede ser subsumida en alguno de estos campos. Es necesario que el tema de la justicia sea vista desde su problemática interna, donde todos los actores involucrados puedan asumir un compromiso y un papel específico en las políticas de cambio que se lleven a cabo en el siguiente gobierno, por lo que cualquier reforma debe comenzar con articular los esfuerzos de las diferentes entidades del sistema de justicia desde una perspectiva de largo plazo.

 

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[i] Cabe precisar que una lectura de ambos documentos es recomendable, dado que ambos solo coinciden en un tema, como es la mejora del sistema de selección de jueces. La cartilla del IEP, por ejemplo, se enfoca en 4 temas: la reforma de la justicia penal, especialmente del proceso penal; la promoción de una justicia intercultural; la atención judicial a la violencia sexual y de género; y la selección y control de magistrados. Luego de un breve pero importante diagnóstico sobre cada punto, la cartilla incluye 17 recomendaciones puntuales sobre estos aspectos. Por su parte, el documento de Transparencia –que incluye diferentes propuestas de reforma institucional para el fortalecimiento democrático- se concentra también en 4 temas: la mejora en el sistema de selección de jueces; la mejora en el acceso a la justicia; favorecer la descarga procesal y delimitar las funciones de la Corte Suprema y fortalecer sus funciones de fiscalización. Sin embargo, las 6 propuestas específicas que se acompañan no necesariamente están enmarcadas en estos puntos, además de carecer de un diagnóstico que fundamente cada una de dichas propuestas.