¿Cómo se elige un juez supremo? Observando las recientes entrevistas del CNM

Desde hace un par de días, diversos blogs vienen cuestionando la reciente decisión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de elegir dos magistrados supremos: un juez supremo (César Hinostroza Pariachi) y un fiscal supremo (Tomás Gálvez Villegas), señalando que con estos nombramientos se confirma la crisis institucional del Consejo y la falta de idoneidad de sus miembros para seguir al frente de esta entidad, tal como diversas ONGs vienen reclamando desde unas semanas atrás, luego del affaire suscitado por la incorporación (y luego pedido de vacancia) de José Quispe Pariona.

Siendo sinceros, la decisión tomada por el CNM no me parece la mejor ni mucho menos, especialmente por el caso de Gálvez Villegas, a quien ni siquiera se le debió dejar postular luego de estar envuelto en el 2010 en el escándalo que llevó a la destitución del consejero Efraín Anaya, y menos aún por estar sometido actualmente a una investigación por el mal uso de los fondos del propio Ministerio Público. Por ese lado, no se puede dejar de dar la razón a quienes cuestionan al CNM; sin embargo, considero que también hubiera sido pertinente que estas instituciones participen observando las entrevistas a los postulantes llevadas a cabo el último 15 de setiembre, dado que ello les hubiera dado más elementos de juicio respecto a qué pudo pasar para que se produzcan dichos nombramientos, y por tanto qué hay que hacer –de cara al futuro- para que casos como éste no se vuelvan a repetir, en lugar de apelar a la fórmula facilista de proponer “que se vayan todos”.

Precisamente ese día, y en mi calidad de simple ciudadano, tuve la oportunidad de asistir a las entrevistas hechas a los 13 postulantes a jueces supremos (hoy me arrepiento de no haberme quedado a ver la de Gálvez Villegas), debido a que vengo trabajando una investigación sobre el tema. Las entrevistas se realizaron en un hotel de Miraflores y el acceso era totalmente abierto, ni siquiera pedían DNI a los que querían asistir, a diferencia de lo que hubiera pasado si las entrevistas se hubieran hecho –como ha ocurrido en los últimos años- en la sede institucional del CNM.

Al llegar, mi primera sorpresa fue que –en contra de lo que esperaba- no había ningún representante de las distintas ONGs que hoy vienen pidiendo la cabeza de los consejeros. Hay un blog que ha dicho que un grupo de manifestantes había intentado “parar” el evento con unos carteles, pero ello no fue cierto. Cuando ingresé (ya comenzada la primera entrevista) las 4 personas que luego se levantaron estaban debidamente sentadas sin hacer bulla o movimiento alguno, y solo se pararon cuando el Pleno llamó para su entrevista a Hinostroza Pariachi, sin emitir además palabra alguna. El personal de seguridad les pidió que se retiraran y allí acabó todo, por lo que ni siquiera escucharon la entrevista del hoy juez supremo. Igualmente, el plantón convocado ese día para cuestionar el proceso de selección se realizó al frente del Palacio de Justicia y no frente a este hotel, como se hubiera esperado, por lo que tampoco tuvo efecto directo alguno en las entrevistas.

Mi sorpresa mayor, sin embargo, fue que ni un solo medio de prensa –escrito, televisivo o radial; nacional, extranjero, provincial o distrital- se dignó en enviar a alguno de sus periodistas, a pesar de que las entrevistas eran públicas (y me consta que lo fueron). Ni uno.¿Lo sabían? Claro que sí. Sé además por algunos asistentes que todas las entrevistas fueron transmitidas en vivo vía streaming en el portal web del CNM, pero los medios tampoco se colgaron de esa señal para transmitir las entrevistas y difundirlas a la opinión pública, como se hubiera esperado en este caso. Es penoso constatar así que los medios prefieren transmitir el juicio a Facundo Chinguel o el proceso sobre Oyarce en vez de divulgar la fase final de selección de quien formará parte de uno de los poderes del Estado, o que se encargará de orientar las investigaciones criminales en el país. Por tanto, la falta de transparencia que se le achaca al CNM debería ser sopesada adecuadamente, dado que también son responsables en ello los medios de prensa.

Los aspectos positivos de lo observado

Dicho esto, cabe algunas palabras sobre lo observado en las 13 entrevistas a los candidatos a juez supremo, las que se extendieron desde las 8:30 a.m. hasta cerca de las 7 p.m., con un breve descanso para almorzar. Mi intención de participar en este evento era identificar tanto aspectos positivos como negativos de estas entrevistas, dado que ambos aspectos deben tomarse en consideración si se quiere mejorar la manera en que se desarrolla esta etapa, en la que se otorga el puntaje final a los candidatos y se procede a la votación y nombramiento de los magistrados de acuerdo a las plazas establecidas.

Cabe señalar que una de las críticas constantes que se suele hacer a esta etapa es que ella suele ser la más discrecional y arbitraria de las tres etapas (que incluyen un examen escrito y una calificación curricular), a pesar de ser paradójicamente la única etapa que es pública. En ella podemos encontrar reflejados así los criterios más personales que sigue cada consejero para optar por uno u otro candidato, criterios que se expresan en el tipo de preguntas que hacen a los postulantes. Y por lo menos en experiencias anteriores, estas preguntas podían ir desde interrogar por la cultura jurídica más exquisita de los candidatos, hasta abordar cuestiones enteramente personales (recuerdo incluso una vez en que se inquirió sobre la opción sexual del entrevistado, por ejemplo), sin contar con un balotario o con algún patrón orientado por los tres aspectos que, a nivel internacional, se considera deben incluirse en estas entrevistas; esto es, a) la calidad profesional demostrada en el ejercicio como juez, fiscal, abogado o docente universitario; b) el perfil ético alcanzado en la trayectoria profesional, y c) el compromiso desarrollado por el postulante con el desarrollo del sistema de justicia en una sociedad democrática (ver al respecto http://www.dplf.org/es/resources/la-entrevista-personal-en-la-seleccion-de-autoridades-judiciales).

Precisamente, nuestra observación buscaba confrontar si en las entrevistas a desarrollarse podíamos encontrar estos tres aspectos (o por lo menos uno de ellos), así como otros puntos que pudieran servir para una crítica objetiva de esta etapa y proponer los correctivos necesarios. Cabe precisar que las conclusiones a presentar parten de nuestra observación de las entrevistas a los candidatos a jueces supremos y no de las realizadas a los postulantes a la fiscalía suprema, dado que el tiempo nos impidió quedarnos a ver estas últimas; sin embargo, debido al patrón seguido en las entrevistas observadas –que seguramente se aplicó también a los segundos- consideramos que las conclusiones que presentamos pueden ser válidas para ambos casos.

Ahora bien, ¿cuáles fueron los aspectos positivos observados? Además del mencionado libre acceso a cualquier ciudadano –lamentablemente no aprovechado como pudo ser- cabe resaltar por lo menos tres aspectos positivos que pudimos observar en estas entrevistas:

1. En primer lugar, a pesar de lo extenso de la jornada, todos los consejeros mostraron un interés y una buena participación en las entrevistas. En otras palabras, a diferencia de lo que vemos a diario en el Congreso -donde los congresistas se suelen dormir en los plenos- o incluso en algunas audiencias judiciales, no vimos a ninguno de los consejeros cabecear o estar haciendo algo distinto mientras los postulantes hablaban, lo cual –por lo menos en nuestro país- es algo digno de resaltar. Así, además del consejero ponente (esto es, del encargado de conducir la entrevista a cada postulante) otros miembros del Pleno participaron de manera importante en cada entrevista, con un mínimo de 3 consejeros por postulante, siendo el Presidente del Pleno quien mayor cantidad de intervenciones tuvo a lo largo de las entrevistas.
2. En segundo lugar, salvo por una excepción, mi percepción es que todos los postulantes que fueron entrevistados mostraron claramente porqué habían superado las etapas anteriores, debido a su solvencia para enfrentar esta etapa. No dudo que otros postulantes que participaron de este concurso también contaban con adecuados méritos, experiencia o conocimientos, o puede cuestionarse que no hubieran postulantes externos al Poder Judicial, dado que todos los postulantes eran jueces de carrera. Pero si este concurso no atrajo necesariamente a los mejores profesionales del derecho, sí atrajo a muy buenos jueces de carrera, tanto de Lima como del interior del país, a pesar de ser un concurso de acceso abierto y no de ascenso. Este es un dato que no se puede obviar, dado que da a entender que el cargo de juez supremo siegue siendo más atractivo –y más fácil de superar- para los jueces de carrera -que esperan así ver culminada la misma accediendo al máximo cargo judicial- que para los actores externos al sistema judicial.
3. En tercer lugar, un aspecto que me parece importante relevar es la pluralidad de opiniones que los entrevistados mostraron respecto a los diferentes problemas del Poder Judicial, incluso en contra del parecer de algunos consejeros. Por lo menos para mí, las entrevistas me mostraron que existen debates internos que los “foráneos” no solemos conocer, pero que se producen y reproducen de manera constante al interior del Poder Judicial. Ello fue claro cuando se trataron temas como el control de la corrupción, la aplicación de la prisión preventiva o la realización de los plenos jurisdiccionales –que incluso uno de los entrevistados consideró “inútiles”- donde el parecer de los diferentes entrevistados se contraponía a las de otros. Y si bien se pudo percibir cierto consenso en algunos temas referentes a la Corte Suprema -como la necesidad de regular mejor la casación- lo cierto es que existe entre los jueces una pluralidad ideológica que debería ser tomada más en cuenta por los consejeros al momento de designar a estos magistrados, a fin de que esa pluralidad se traslade a la Suprema y enriquezca las decisiones del máximo órgano de justicia.

Los aspectos negativos

Frente a estos aspectos positivos, las entrevistas mostraron también un conjunto de aspectos negativos que muestran que aún hay mucho por mejorar para que esta etapa cumpla su papel como mecanismo de evaluación imparcial y objetivo de la idoneidad y calidad de los postulantes. Como señala la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), cuando son bien planeadas y desarrolladas, estas audiencias son instrumentos útiles para conocer mejor las ideas de las y los postulantes en cuanto al derecho, el rol de la judicatura y el papel de la Corte Suprema en la sociedad (ver http://dplf.org/sites/default/files/seleccion_de_integrante_de_altas _cortes.pdf), algo que lamentablemente solo vimos de manera parcial:

1. En primer lugar, a pesar de que a partir de la segunda o tercera entrevista se podía detectar ya cierto patrón en la realización de las preguntas, este patrón mostraba la mayor preocupación de los consejeros por revisar la historia profesional de los postulantes y por tener una respuesta de éstos frente a sus quejas o denuncias, aunque sin profundizar mucho en ninguno de estos aspectos. Así, las entrevistas generalmente abordaron en primer lugar los estudios realizados por los candidatos –que posgrados obtuvo y dónde, porqué estudió tal maestría o tal doctorado o si lo culminó-, luego seguían con sus publicaciones –haciendo algunas preguntas sobre las propuestas que éstas contenían, a total discreción del preguntante- para continuar solicitando un descargo de las quejas y denuncias que habían tenido en su contra a lo largo de su carrera, para terminar haciendo preguntas sobre sus declaraciones de bienes.Cabe señalar además que, en el caso de los postulantes más cuestionados –como Hinostroza Pariachi o Romero Díaz- buena parte de la entrevista estuvo centrada en los descargos de las denuncias en su contra, a partir de los votos singulares que se habían hecho en sus procesos de ratificación sin agregar cosas nuevas. En el resto de casos, los consejeros se contentaron con que los postulantes dijeran “bueno, pero todos los jueces tenemos quejas” o “los litigantes suelen usar esto para molestar al juez por sus decisiones”, sin profundizar más en una u otra denuncia.
2.  En segundo lugar, las entrevistas observadas muestran que el CNM sigue privilegiando la dimensión jurisdiccional de la labor de los jueces y su conocimiento de la doctrina antes que profundizar en los otros aspectos señalados, como sus ideas sobre el rol de la judicatura o el papel que a su entender debía jugar la Suprema en la sociedad. Tal vez las preguntas más cercanas a este punto fueron las referidas a la situación del sistema de casación –que fue hecha prácticamente a todos los candidatos-, donde los postulantes concordaron en señalar que era un sistema que debía revisarse de manera profunda para no seguir congestionando la labor del máximo órgano judicial, o algunas preguntas sueltas sobre qué harían de llegar a dicha instancia, pero nada más allá de eso. Cabe señalar, sin embargo, que aquellos postulantes que habían sido Presidentes de Corte sí le dieron más peso a sus logros en la gestión realizada, lo que permitía acercarse a otros aspectos de la labor judicial, pero fue claro que –salvo por lo mencionado sobre los descargos a sus quejas- la dimensión ética de los candidatos, o su postura sobre los aspectos políticos de la labor de la Suprema, no fueron tocados ni abordados en las entrevistas. Este punto es, además, importante de resaltar por otra razón: porque a tenor de lo visto es claro que cuando las entrevistas se concentran en aspectos doctrinarios del derecho, o en aspectos puntuales del trabajo jurisdiccional, quienes no forman parte de la comunidad jurídica –y que no pueden comprender el lenguaje legal o la experiencia judicial- están en las nubes. Incluso a mí me costó seguir algunos aspectos de lo conversado (por ejemplo, cuando le preguntaron a uno de los postulantes sobre los tipos de flagrancia, o sobre la distinción entre proceso y acción según la doctrina italiana) a pesar de mi formación jurídica. Por tanto, considerando que el CNM es un órgano que no está conformado solo por abogados, es evidente que las entrevistas requieren abrirse a otros temas que puedan ser igualmente evaluados sin requerirse de una formación legal, algo que aún no se da.
3. En tercer lugar, a pesar de que en estas entrevistas no se produjo un manejo “irracional” de las preguntas como en experiencias anteriores, si notamos aún cierto desorden en el orden de las preguntas, permitiendo que cada consejero manejara con cierta discrecionalidad las entrevistas a su cargo. Esto era claro, por ejemplo, con uno de los consejeros que hacía preguntas doctrinarias de su especialidad –y no de la especialidad del entrevistado- a fin de saber cuánto sabía sobre ello, o cuando uno de los consejeros (conocido por su postura crítica a la nueva Ley Universitaria) se lanzó todo un discurso exponiendo sus razones por las que se oponía a dicha ley, como si se tratara de un foro de decanos universitarios y no un espacio para conocer la idoneidad de los postulantes a la Corte Suprema. Estos hechos mostraban entonces que el manejo de la discrecionalidad en las preguntas es una cuestión que aún requiere de un mayor manejo.
4. Finalmente, no puede dejar de mencionarse que, a pesar de que vimos un buen interés en todos los consejeros en el desarrollo de las entrevistas, solo tres de ellos fueron los que concentraron el esfuerzo de hacer peguntas a los candidatos, mientras que los recientemente nombrados se limitaron –salvo por una pregunta cada uno- a observar dicho proceso. Y si bien es claro que su reciente ingreso puede haber limitado su papel en esta etapa –expresado además en que ninguno fue consejero ponente- es cuestionable que estos consejeros emitan votos que tengan un peso importante en el nombramiento final, por lo que lo más saludable hubiera sido que el proceso se hubiera postergado unos días hasta que los nuevos consejeros hubieran tomado mayor conocimiento sobre el perfil de los candidatos para participar de manera más activa en las entrevistas.

¿Cómo mejorar las entrevistas? Algunas ideas a tomar en cuenta

Como se puede concluir, las entrevistas observadas aún están algo lejos de servir como un adecuado instrumento de valoración de la idoneidad y sobre todo de la probidad y de la perspectiva que pueden tener los candidatos sobre el importante papel que buscan asumir, considerando el rol que cumple la Corte Suprema en nuestro país, rol que no se limita a tener la última palabra en la interpretación de las leyes (rol jurisdiccional) sino que incluye también la orientación en la que se debe aplicar el control difuso en el sistema de justicia; la definición de los objetivos institucionales y las políticas públicas del Poder Judicial, así como la composición de sus principales instancias administrativas (rol de gestión) y servir de contrapeso a los otros poderes del Estado, ejerciendo un adecuado control de la legalidad y constitucionalidad de sus actividades (rol político).

Como hemos señalado, el hecho de que quienes llegan principalmente a esta etapa final son jueces de carrera –como ha ocurrido ya en otros concursos- puede estar llevando a entender que el acceso a la Corte Suprema solo implica elegir a quienes demuestren tener un mejor conocimiento de la ley y de su aplicación -lo que es notorio en el tipo de preguntas aplicadas a los candidatos-, o que hayan tenido una carrera judicial sin mayores manchas. Pero esto es una mirada al pasado, no al futuro. De esta manera, no sabemos cuál puede ser –más allá de definir que se debe mejorar la casación en la Suprema- cual puede ser el punto de vista o la postura que puede asumir uno u otro candidato frente a temas controversiales que pueden ser vistos precisamente si la Corte Suprema llega a convertirse en una verdadera corte de casación, como el tema del aborto, de la unión civil, de los derechos ambientales u otros que tienen que ver con nuestra frágil democracia. Las entrevistas tampoco nos permiten conocer cuáles pueden ser sus ideas acerca de cómo manejar las relaciones con los otros poderes del Estado, con la sociedad civil o con la prensa, o cómo garantizar una mayor independencia judicial (palabra que, dicho sea de paso, brilló por su ausencia en todas las entrevistas).

Más aún, si estos aspectos serían tratados con mayor objetividad, podría exigirse igualmente la definición de criterios más objetivos (y por ello más transparentes) al momento de la votación. En el caso del CNM, dado el desorden en las preguntas y la arbitrariedad con las que ellas aún son realizadas, no sabemos cuáles son los motivos que tiene cada consejero para darle un puntaje determinado a cada candidato. La Ley Orgánica del CNM señala que los consejeros emiten un “voto de conciencia”, lo que lamentablemente ha sido entendido, en términos prácticos, que pueden votar como les da la gana. En este caso, si bien los resultados finales parecen dar a entender ello, también muestran que los consejeros siguen valorando una buena entrevista, tal como ocurrió con uno de los postulantes (el último de los entrevistados) que subió merecidamente en la lista final gracias a mostrar su gran experiencia y compromiso con el Poder Judicial.

Es precisamente esta arbitrariedad y subjetivismo lo que debe desterrarse no solo de esta etapa, sino del conjunto del proceso de selección y nombramiento de magistrados en general. Cambiar a las personas, por tanto, no va a servir de mucho si estas reglas de juego se mantienen. Asimismo, las entrevistas no pueden enfocarse solamente en limpiar cualquier duda sobre los candidatos, o en priorizar la experiencia jurisdiccional de los mismos, sino que deben también permitir conocer cuál es el papel que cumplirá la persona que sea nombrada para fortalecer, mejorar y democratizar la Corte Suprema, otorgándole una mayor legitimidad a ojos de la sociedad. Finalmente, las entrevistas deben permitir que cualquier persona, y no solo los abogados, puedan comprender el sentido de las entrevistas y participar activamente de ellas, lo que debe ser acompañado por un papel más activo de la prensa y de la sociedad en la difusión de estas entrevistas.

Sobre la base de estos criterios, consideramos que una reforma de la etapa de entrevistas personales para la selección de jueces supremos (lo que puede ser aplicado, en parte, a otros niveles de la judicatura) podría considerar las siguientes recomendaciones preliminares:

1. Las entrevistas deberían dividirse, de ser posible, en dos partes: una primera parte en la cual se revise la trayectoria personal, profesional y ética de los candidatos –más aún considerando, como señalaron los consejeros, que en esta etapa las denuncias, tachas y quejas contra los postulantes se acrecientan- y una segunda etapa en la que se presente y evalúe un plan de trabajo en caso de ser nombrado a la Corte Suprema, que incida en cómo mejorar los roles que cumple esta instancia en la sociedad. Asimismo, consideramos que la primera parte debe ser eliminatoria; esto es, solo deben pasar a la segunda entrevista quienes logren unanimidad de votos –o un puntaje a determinar- en la primera etapa.
2. En segundo lugar, debe abrirse una mayor participación ciudadana en esta etapa de entrevista. Para ello, debe permitirse que los ciudadanos, la prensa u otras entidades vinculadas a los candidatos –como los Colegios de Abogados- presenten preguntas específicas que puedan ser recogidas por el Pleno del CNM. Debe evitarse, en lo posible, preguntas de último minuto que provengan además de fuentes “no identificadas”, dado que ello afectaría el derecho de defensa de los postulantes.
3. En tercer lugar, las preguntas de la segunda etapa deben ser trabajadas de manera abierta y transparente entre los consejeros del CNM y expertos –tanto nacionales como internacionales- en reforma judicial, a fin de definir un set de preguntas que puedan permitir una adecuada evaluación de los planes de trabajo. Asimismo, cada pregunta debe tener un puntaje determinado, a fin de evitar que los puntajes sean impuestos de manera discrecional. Y si bien podría permitirse alguna pregunta suelta por parte de un consejero, debe quedar en claro que ella no debe ser considerada para el puntaje final, salvo que el Pleno así lo considere conveniente.
4. Finalmente, debe trabajarse con los medios de prensa a fin de que tomen mayor conciencia sobre la importancia de publicitar y hacer un seguimiento adecuado a las entrevistas a jueces supremos, cuya relevancia es similar a la de un proceso electoral donde se designa al Presidente de la República o a los miembros del Congreso. En otros países, como Estado Unidos, es impensable que se nombre a un juez supremo que no haya pasado por el control de la prensa y la opinión publica. Si queremos mejorar la legitimidad del Poder Judicial es necesario que la población conozca quiénes son sus miembros, qué trayectoria tienen y qué piensan hacer para mejorar la justicia en el país. De otro modo, los problemas que la aquejan seguirán persistiendo.