Sicariato: Buscando nuevas salidas

El proyecto de ley lanzado recientemente por el Presidente del Poder Judicial, Javier Enrique Mendoza, para juzgar a los menores de 16 años que incurren en el delito de sicariato, junto con la afirmación hecha días atrás por el Ministro del Interior aduciendo que el sicariato solo afectaba a los delincuentes, muestran que desde el Estado peruano no se tiene mayor idea de qué es y cómo detener el imparable crecimiento de esta forma de delito, que hoy llena las páginas policiales y parece llegar hasta los distritos de clase alta de la capital.

Por suerte, los medios y las redes sociales se dieron el trabajo de demostrar, por un lado, que el sicariato sí es una práctica que puede tener como víctima a cualquier persona -incluso menores de edad- y producirse en cualquier lugar, y de otro lado que enfocarse en penalizar a los sicarios, especialmente a los menores de edad, puede ser parte de la solución pero no va a acabar con el problema. Ni muchos menos. Por el contrario, parece una medida destinada a mostrar a la tribuna que se está haciendo algo, aunque no se sepa con claridad qué.

Lo cierto es que este debate solo refuerza algo que se viene repitiendo desde hace tiempo atrás: que no existe una fuente información confiable que nos permita saber cuáles son los grupos de edad donde se ubican los sicarios, cuáles son sus principales víctimas y cuáles son los lugares donde esta práctica se viene presentando con mayor frecuencia. Menos aún contamos con data clave para diseñar una estrategia que permita enfrentar este problema de manera efectiva; esto es, quiénes son los clientes que contratan a estos sicarios y cuáles son los objetivos que estos clientes buscan.

Este dato es clave porque lo que el Estado parece olvidar (o no comprender) es que, a diferencia de cualquier otro delincuente, el sicario no actúa por cuenta propia sino por encargo de un tercero, sea éste una persona individual o un grupo criminal. Al sicario no le importa a quién mata, a su cliente sí, por lo que el sicario solo es un instrumento para que sea el cliente el que logre su objetivo.

Esta idea elemental muestra entonces que enfocarnos en la penalización del sicario, sea de la edad que éste sea, no va a resolver nada, o muy poco[i]. Por tanto, lo que nos indica esta idea elemental es que para ir controlando esta práctica criminal no debemos enfocarnos tanto en el sicario como en el cliente, tal como se viene haciendo ya con otras prácticas como la prostitución.

Si ello es así, ¿cómo podemos ir penalizando a los clientes del sicariato? Es claro que un paso importante va a ser ir conociendo quiénes son aquellos grupos que están utilizando –o empezando a utilizar- a los sicarios para lograr su principal objetivo, como es la muerte de una o más personas que pueden estarse oponiendo a sus intereses. Hay que considerar al respecto que el uso del sicariato implica ya un conflicto que a la vista del cliente solo puede resolverse con la muerte de su rival, ya que de otro modo apelaría a tácticas como la amenaza, el amedrentamiento, la extorsión o la golpiza. Para ello puede hacerse uso de otro tipo de delincuentes, más el uso de un sicario implica un objetivo directo y terminal, ya que la función del sicario es eliminar a la persona o personas que son percibidas como un obstáculo para el cliente.

En tal sentido, si bien ello hace comprensible que sean sobre todo organizaciones criminales las que hagan uso del sicariato, sea como medio de acabar con sus bandas competidoras, de amedrentar a otros rivales, de acallar a posibles testigos o de vengarse de quienes los traicionaron, genera una fuerte preocupación que también empecemos a encontrar entre los clientes del sicariato a personas no necesariamente vinculadas al mundo criminal: maridos o esposas que quieren acabar con sus respectivos cónyuges, sea por despecho u otro motivo; empresarios o pseudo-empresarios que buscan acabar con la competencia o con investigaciones en su contra; incluso vecinos que ya no soportan a los de al lado. Y ello no solo por la clara desvalorización del ser humano que esta situación expresa, sino también porque demuestra que el sicariato puede estar calando en nuestra sociedad más profundamente de lo que puede pensarse.

Para comprender este hecho hay que considerar otras dos ideas fundamentales. La primera de ellas es que el sicario es un tipo de delincuente que no está vinculado a una banda o grupo criminal determinado, sino que es un delincuente que se mueve de acuerdo a un mercado de muerte que se ha ido constituyendo en el país. Es evidente que un grupo de narcotraficantes vinculados a los carteles mexicanos o colombianos, por ejemplo, va a tener a personas determinadas que se encarguen de matar a quienes le ordenen los jefes o capos, pero estos no son precisamente sicarios. Para ser sicario, el asesino debe poder ser contratado por cualquier persona o grupo, sin mayores limitaciones. A lo más, el sicario estará vinculado a otros sicarios que lo ayudarán a conseguir armas y otras necesidades para su cometido, pero más allá de eso el sicario solo responde ante el cliente y ante Dios.

Esto nos lleva a la segunda idea, y es lo poco que conocemos acerca del funcionamiento de este mercado de la muerte. A lo más, nos hemos ido enterando que los sicarios ofrecen sus servicios por Internet, haciendo uso de herramientas como el facebook , el whatsapp y otras redes, lo que les permite llegar a un mayor número de personas, pero no tenemos idea, por ejemplo, de cuáles son los grupos sociales específicos que conocen o hace uso de estas ofertas, cómo se hacen los contactos, cuáles son las tarifas que se aplican, cómo se establecen éstas, qué información debe ser entregada por el cliente y cuál debe ser recabada por el sicario, cómo se vincula a otros mercados (por ejemplo, el de armas o el de corrupción de funcionarios), cuáles son las modalidades de pago o los plazos máximos para cumplir con el “contrato”. Tampoco sabemos, por añadidura, qué ocurre si el sicario no cumple con su cometido, si se equivoca de víctima o si es capturado.

En otras palabras: cómo ocurre con cualquier otro mercado, poco podemos hacer para controlarlo si no tenemos la menor idea de cómo funciona. Solo vemos sus consecuencias, sus resultados –esto es, las personas que mueren a manos de los sicarios- pero todo lo demás está, por ahora, en una oscuridad casi total. Claro está, podríamos apelar a estudios realizados en otros países, especialmente Colombia, o repetir medidas que pueden haber tenido un éxito parcial en otros países, pero ello solo nos daría una visión parcial (y posiblemente desfigurada) y un resultado desconocido al no saber contra qué estamos luchando. Por tanto, si queremos ir frenando el crecimiento de dicho mercado en nuestro país, debemos asumir el riesgo de irlo conociendo mejor.

Más allá de lo impostergable de esta tarea, enfocarnos sobre el mercado y el cliente nos permite también ir apuntando algunas ideas sobre cómo organizar una respuesta penal más adecuada que va más allá de lo que siempre suele hacerse; esto es, aumentar las penas o reducir la edad de los penalizados. A nuestro entender, una respuesta más eficaz requiere definir tanto un objetivo preventivo como un objetivo punitivo, que a su vez pueda ser complementado con una propuesta rehabilitadora, especialmente cuando se encuentren involucrados menores de edad que hayan incurrido en este delito.

Si bien el diseño final de esta propuesta requiere, como hemos indicado, conocer mejor el funcionamiento y dinámica del mercado del sicariato, podemos ir soltando algunas ideas generales al respecto. Sobre el primer objetivo (preventivo), consideramos que la respuesta del Estado debe estar dirigida a reducir las probabilidades de que grupos sociales no criminales puedan apelar al sicariato como una forma de imponer sus intereses. Para ello existen dos mecanismos: de un lado, la constitución de una unidad informática dentro de la Policía Nacional o el Ministerio Público que permita identificar, seguir y eliminar las ofertas de sicariato que se hagan a través de las redes sociales, y de otro lado penalizar a aquellas personas que contraten a un sicario con el doble de la pena que se pueda aplicar al sicario mismo.

Seamos claros: esta propuesta no reducirá mucho, creemos, el uso de sicarios por parte de grupos criminales, pero si puede ser un incentivo negativo para que otras personas hagan uso de sicarios para sus intereses privados. Ya sabemos que hoy puede contratarse un sicario por 500 soles, y esta es una cifra que fácilmente puede ser cubierta por un empresario –así sea pequeño- o por una persona de clase media, por lo que el tema del costo aporta más bien a ampliar este mercado que a frenarlo. Por tanto, debe atacarse el crecimiento del sicariato por otros lados: por el lado de la información y el acceso, y por el lado de desincentiva el uso de este delito por cualquier persona, dejando en claro que si alguien contrata a un sicario le va a ir peor que a éste último. Además, si ello se logra, permitirá enfocar el esfuerzo de investigación en el vínculo entre sicarios y grupos criminales.

Con respecto al objetivo punitivo, el objetivo debe ser identificar y sancionar a los clientes a través del único medio que tenemos para conocerlo: el sicario. En tal sentido, la propuesta apunta a tener la posibilidad de reducir la pena del sicario cuando éste brinde información de quién o quienes lo contrataron –especialmente cuando se trate de bandas criminales- o de la persona que les sirvió de contacto para ello, hasta la mitad de su pena o incluso eliminándola. En el caso de menores de edad que hayan incurrido por primera vez en este delito, esta colaboración debería estar acompañada del ofrecimiento de medidas de protección de testigos y de rehabilitación social (estudios y otros), que le permitan reconstruir su vida fuera del mercado del sicariato.

Al igual que en el punto anterior, no queremos ser ingenuos asumiendo que esta será la panacea para acabar con el sicariato ni mucho menos. Pero las medidas sobrepenalizadoras no parecen tampoco serlo, e incentivan más bien al silencio de los sicarios al ubicarlos dentro de un espacio penitenciario donde pueden ser fácilmente víctimas de venganza si “echan” a sus clientes. Por el contrario, la posibilidad de que los sicarios puedan convertirse en colaboradores eficaces contra los clientes abre una alternativa distinta que apunta a quienes mueven realmente este mercado, además de retirar de dicho mercado a quienes recién están entrando en él.

Finalmente, solo queremos señalar con esta propuesta que es necesario profundizar el debate sobre qué hacer para contener el crecimiento del sicariato, y hacia dónde deben apuntar las medidas que aplique el Estado para tener la eficacia que la ciudadanía exige. Más aún, reiteramos la necesidad de contar con un sistema de información que nos brinde evidencia clara sobre el funcionamiento y dinámica del sicariato, porque de otro modo cualquier propuesta solo funcionará a oscuras, y por tanto no podremos saber cuál es el impacto que se puede lograr y cuáles son los correctivos que se pueden aplicar.