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El IMPACTO ECONÓMICO DE LA INEFICIENCIA JUDICIAL EN LAS MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA- MIPYME EN EL PERÚ

Categoría : Desarrollo Productivo

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  1. Introducción

Desde finales del siglo pasado el Perú realizó reformas estructurales en materia económica y como resultado se produjo un crecimiento económico sostenido hasta la llegada del COVID 19. Sin embargo, el problema de la pobreza y el desempleo aún persisten. En este sentido, merece particular atención los 150 millones de personas que actualmente trabajan en micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina.

En este contexto, la micro, pequeña y mediana empresa tienen una serie de obstáculos y/o barredas que tienen que superar para mejorar su productividad. Confome el Banco Interamericano de Desarrollo – BID los obstáculos y/o barredas son cuatro principalmente: las políticas y el entorno reglamentario, el acceso a los servicios financieros, el acceso a los servicios empresariales y los recursos insuficientes de sector.

Durante los últimas decadas en nuestro país, la atención se ha centrado en la importancia de la MIPYME como generadora de desarrollo en nuestra economía por este motivo el Estado peruano ha ido implementando diferentes políticas, instrumentos y acciones encaminadas a impulsar el fortalecimiento de la MIPYME, entre las cuales tenemos:

  • Un marco normativo especifico, la Ley N° 28015 (03.07.2003)- Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, la citada norma fue modificada por el Decreto Legislativo N° 1086 (28.06.2008) Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente finalmente modificado por la Ley N° 30056 (02.07.2013).El Plan Nacional de Diversificación Productiva aprobado por Decreto Supremo N° 004-2014-PRODUCE,
  • La creación de una serie de organismos e instituciones destinados al fomento de este sector: Innnovate, INACAL, Programa de Diversificación Productiva -PNDP y el Programa Nacional Tu Empresa

 Estas acciones de promoción se sustentan en la Constitución Peruana, en particular en el artículo 59º, el cual señala que “(…) el Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad, promueve a las pequeñas empresas en todas sus modalidades”.

Como señalaba el Dr. Enrique Bernales,

La parte final del artículo bajo comentario establece una norma de justicia distributiva en la actividad empresarial (…) Las posibilidades de acción y desarrollo de las unidades económicas varían según su dimensión, especialidad, capacidad instalada etc. Esto crea disparidad entre las empresas que a la larga pueden conducir a que los esfuerzos de sus empresarios se vean frustrados no por falta de calidad o de trabajo sino por operación misma del mercado y de los otros agentes.[1]

Esta norma constitucional busca la actuación positiva del Estado, dando facilidades a las MYPE para su promoción y desarrollo.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta  el concepto de seguridad jurídica tiene como base la estabilidad institucional en donde se busque el cumplimiento normativo de una forma eficiente y eficaz. En tal sentido el presente artículo busca tratar la problemática de la ineficiencia judicial y su impacto en la MIPYME peruana. 

2.-LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL PERÚ

La MIPYME como sector muestra una gran complejidad y problemática. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la década pasada elaboró una tipología de la MYPE peruana:

  • MYPE de acumulación; tiene la capacidad de generar utilidades para mantener su capital original e invertir en crecimiento de la empresa, tiene mayor cantidad de activos y tiene la capacidad de generar empleo.
  • MYPE de subsistencia; son aquellas unidades sin capacidad de generar utilidades en detrimento de su capital, dedicándose a actividades que no requieren de transformación substancial de materiales o deben realizar dicha transformación con tecnología rudimentaria, no incidiendo de modo significativo en la creación de empleo adicional.
  • Nuevos emprendimientos; se entiende como aquellas iniciativas empresariales concebidas desde un enfoque de oportunidad es decir con una opción superior de autorrealización y generación de ingresos[2].

Otra clasificación que también es asumida tiene que ver con la situación de formalidad, es decir si cumplen con la normatividad vigente (municipal, tributaria, societaria etc.).

La Micro y Pequeña Empresa es definida legalmente como “una unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.”[3]

De acuerdo a la Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial a nivel nacional[4] se modifica la tipología empresarial utilizando ahora el monto anual de ventas de estas unidades económicas e incorporando a la mediana empresa.

Cuadro I. Definición de MIPYME

TIPO DE EMPRESA VENTAS BRUTAS ANUALES (VBA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Microempresa

VBA ≤ 150 UIT Persona Natural o Persona Jurídica
Pequeña Empresa VBA ≤ 1700 UIT

Persona Natural o Persona Jurídica

Mediana  Empresa VBA ≤ 2300 UIT

Persona Natural o Persona Jurídica

Fuente: Elaborado a partir de la Ley N° 30056

La distribución de las empresas según el Cuadro Nº II, nos muestra que el 99.5% de las empresas peruanas son MIPYMES, por esta razón, la importancia que debe tener en las políticas públicas de fomento a este sector.

 

Cuadro II. Empresas Formales

ESTRATO EMPRESARIAL N° DE EMPRESAS Porcentaje
Microempresa 1 518 284 94.9
Pequeña Empresa 71,313 4.5
Mediana Empresa 2,635 0.2
Total de MIPYME 1 592 232 99.5
Gran Empresa 8 388 0.5
Total de Empresa 1 600 620 100.0

Fuente: PRODUCE-2017

Asimismo, según la literatura la MIPYME tienen las siguientes deficiencias: limitaciones tecnológicas, problemas de gestión y organización debido a la  poca  cultura de los empresarios de emplear técnicos y profesionales  de alto nivel (por sus altos costos), así como carecer de iniciativa y capacidad para el desarrollo de nuevos productos debido al poco acceso a  la tecnología., Además:

Dentro de las limitaciones internas cabe destacar la falta de personal calificado que ostente competencia, destrezas y habilidades que los estándares del mercado exigen, la sub utilización e ineficiencia en el uso de sus recursos la ausencia de controles de calidad  de procesos y productos; el desconocimiento de los instrumentos básicos de gestión empresarial (manejo de costos, marketing, asistencia técnica y capacitación ); la falta de un nivel de especialización que coadyuve al aumento de productividad, sus limitados niveles de capacitación y modernización de activos fijos[5].

 

 3.-UNA MIRADA AL PODER JUDICIAL

El Texto Constitucional señala que la potestad de administra justicia emana del pueblo y se ejerce a través del Poder Judicial[6]. Los derechos y libertades fundamentales solo pueden preservarse en una sociedad donde la profesión legal y el Poder Judicial tengan libertad y no están condicionado por presiones o interferencia políticas de ningún tipo.

La función jurisdiccional se trata de una función pública “…por cuanto es el Estado el que mediante los órganos y personas especialmente considerados aptos por la Ley para ejercerla la lleva a efecto. Por regla general ese órgano es el jurisdiccional, aun cuando, otros casos especiales que por cierto tienen a aumentar, la jurisdicción se radica en la cabeza de ramas del poder público diferente como la legislativa y la ejecutiva”[7]

A decir, de Zagrebelsky el derecho constitucional nos ha llevado a reconocer la importancia de la función jurisdiccional se podría considerar a los jueces “como los actuales señores del derecho.”[8]

Asimismo, Domingo García Belaunde sostiene el problema de la magistratura “ha sido y es hasta ahora el problema de su independencia frente al poder político que es la garantía principal que tiene los ciudadanos frente a los excesos del poder”[9]

Es preciso señalar que existe un justicia informal debido a las circunstancias históricas según Hernando de Soto “la mayoría de las personas acuden al sector extralegal para pagar impuestos sino porque la ley vigente no atiende a sus necesidades o aspiraciones“[10]

Por otro lado, el Dr. Fernando de Trazegnies resume lo que es el Poder Judicial de la siguiente manera “el poder judicial se ha cerrado sobre si mismo se ha aturdido con sus propios problemas  y ha perdido de vista que es un servicio público  como cualquier otro, y que como tal tiene que dar satisfacción a los ciudadanos En vez de ello se ha hecho una imagen  de su propia función como si esta no estuviera  al servicio de ese hombre  que viene a pedir que se le resuelva su problema concreto, sino de abstracta  diosa justicia .Es por ello que actúa más como una orden religiosa hermética que como empresa de servicios que debe tener atención puesta ante todo el público. Esto ha llevado a la subsistencia de hábitos mentales y de trabajo totalmente obsoletos ,al mantenimiento  de procedimientos engorrosos que retardan innecesariamente la justicia, a la utilización de justicia  a la utilización de  un lenguaje  que no entiende el común de la gente al punto que cuando lee la sentencia ,el litigante tiene que preguntar a su abogado si ha ganado o perdido y el propio abogado no pude encontrar  una explicación coherente y transparente  de las razones por que ha ganado o perdido  por que la Corte suprema se pronuncia  a la manera de un oráculo sin preocuparse de fundamentar o explicar su decisión[11]

Finalmente, la efectividad de la protección jurisdiccional a los derechos fundamentales se consigue solamente a través de una absoluta independencia del Poder Judicial y de sus componentes respecto de los demás poderes del Estado. Esta independencia política permite ejercer funciones sin injerencias directas o indirectas a su potestad jurisdiccional.

4.-La ineficiencia judicial y su impacto en la MIPYME

Al respecto, desde la aparición del libro de Douglas North respecto a las instituciones y el desarrollo económico, que tiene como hipótesis que las instituciones son las claves del desarrollo económico de las naciones[12]. Es así que “la relación entre el desarrollo económico y las instituciones legales es un tema que ha recibido creciente atención en la última década. Diversas investigaciones sobre este tema han resaltado la importancia de contar con un sistema de justicia eficiente, predecible y accesible a fin de impulsar el crecimiento y la inversión. También se ha destacado la necesidad de contar con un marco legal apropiado para garantizar el crecimiento económico a largo plazo y maximizar el potencial de los mercados financieros, el crecimiento empresarial y la inversión privada. La ausencia de tales condiciones genera escenarios “no óptimos” que conducen a resultados ineficientes. Frente a dicho contexto, los empresarios deben modificar su conducta a fin de adaptarse al entorno y mitigar los riesgos derivados de la ineficiencia del poder judicial”.[13]

Asimismo, el éxito económico o fracaso de los países “el éxito económico de los países difiere debido a las diferencias entre sus instituciones, a las reglas que influyen cómo funcionan sus economías y los incentivos que motivan a las personas (…)”[14]

Al respecto, la micro, pequeña y mediana empresa- MIPYME en el Perú actúan en condiciones económicas no óptimas así los empresarios deben tomar decisiones en un ambiente donde el sistema de justicia es ineficiente y poco predecible. Esta ineficiencia judicial aumenta los costos de transacción y por otro lado la poca probabilidad de ser sancionado hace que no se cumpla con contraprestaciones correspondientes[15]. (Herrero Alvaro y Henderson Keith, 2003).

En el caso de la MIPYME peruana la ineficiencia del sistema judicial afecta en los siguientes aspectos:

  • Las MIPYME deben enfrentar costos relacionados a los servicios de justicia costos altos, no guardan relación con los servicios relacionado. La ineficiencia, la corrupción hace que el sistema de justicia no se una opción atractiva y eficiente para resolver conflictos..
  • Los niveles macro, se observa la ineficiencia judicial tiene un impacto económico negativo sobre las decisiones empresariales. (Herrero Alvaro y Henderson Keith, 2003).

Uno de los conceptos importantes en esta relación entre derecho y economía son los costos de transacción los cuales son definidos como “costos del intercambio y éste tiene tres pasos descritos de manera elemental:

  • Debe localizarse un socio para el intercambio lo cual implica encontrar a alguien que desee comprar lo que se quiere vender o vender lo que se quiere comprar.
  • Deberá llegarse a un arreglo entre las partes que intercambian. Este arreglo se logra mediante una negociación exitosa, lo que podría incluir la redacción de un contrato.
  • Una vez realizado un contrato, éste deberá ejecutarse. La ejecución implica hacer el seguimiento del cumplimiento de las partes y castigar las violaciones al acuerdo

Una vez realizado un contrato, éste deberá ejecutarse. La ejecución implica hacer el seguimiento del cumplimiento de las partes y castigar las violaciones al acuerdo.

A las tres formas de los costos de transacción, correspondientes con estos tres pasos de un intercambio, podemos definirlas como:

  1. Costos de búsqueda
  2. Costos de arreglo
  3. Costos de la ejecución[16].

Aunque los costos de transacción pueden ser endógenos o exógenos en el sentido en que las reglas legales pueden disminuir los obstáculos existentes para la negociación privada, el Teorema de Coase sugiere que la ley puede estimular la negociación, reduciendo los costos de transacción[17].

Así la reducción de los costos de transacción lubrica la negociación; una forma muy importante en que la ley puede hacer esto es la definición de derechos de propiedad simples y claros; es más fácil negociar cuando los derechos legales son simples y claros que cuando son complicados e inciertos. De allí puede deducirse la formulación de un nuevo teorema, llamado por Cooter y Ulen “teorema normativo de Coase”, esto es, “estructurar la ley de tal modo que se eliminen los incentivos, los impedimentos para los acuerdos privados”. En principio este teorema es normativo porque ofrece una guía a los legisladores y se inspira en el teorema de Coase porque supone que el intercambio privado puede asignar eficientemente los derechos legales.

 Cuando el sistema de administración de justicia no opera eficientemente en cada uno de sus niveles aumentan los costos de transacción, la ejecución forzosa de la obligación sean estas adquiridas de manera legal o contractual es costosa y en algunos casos poco viables. Una administración de justicia ineficiente introduce una serie de distorsiones en la economía como las siguientes:

  • Escaso progreso tecnológico: es producido por el ineficiente sistema de protección de los derechos de propiedad industrial y marcaria, lo que inhibe la investigación y el desarrollo.
  • Pocos incentivos para tomar decisiones de inversión: producto de invertir en proyectos riesgosos depende de la tasa de retorno de la inversión y como el sistema de administración de justicia no es eficiente para la tutela de derechos se incrementa el riesgo.
  • Ineficiente asignación de recursos: las empresas prefieren proveedores conocidos aunque más caros que otros nuevos, para evitar en caso de incumplimiento de contrato tener que acudir a la vía judicial.
  • Limitación para el desarrollo de capitales: los principales inversionistas se inhiben de crear o comprar instrumentos financieros nuevos debido a la incapacidad del sistema de tutelar sus derechos.
  • Efectos negativos en la distribución del ingreso. los altos costos del sistema de justicia impiden que accedan los micro y pequeños empresarios accedan a este para el cumplimiento de sus contratos y en general el respeto de sus derechos económicos. (GARCIA, Mauricio.1999)

 Es por ello que el sistema de justicia juega un rol importante en el desarrollo económico de un país. En términos generales existe una amplia literatura entre justicia y desarrollo económico especialmente desarrollada por la corriente del análisis económico del derecho.

Finalmente, un estudio del Banco Mundial realizado al principio de los años 90 en los países de Canadá, Argentina, Filipinas, Perú, Brasil, España y Portugal demuestra que el impacto de la variable administración de justicia en el crecimiento económico varía entre un 10% y un 35%.[18]

5.CONCLUSIONES

Existe una relación expresa entre economía y sistema judicial por ende hay que analizar el papel que desempeñan las instituciones en el desarrollo económico: la protección de los derechos de propiedad, la reducción de los costos de transacción desempeña un papel decisivo en el proceso de desarrollo económico.

Los empresarios enfrentan dos tipos de costos: aquellos derivados del uso del sistema de justicia y aquellos derivados de operar en un entorno institucional deficiente debido a la ineficiencia judicial.

La ineficiencia judicial introduce un aspecto negativo en la toma de decisiones empresariales sin importar el tamaño de la empresa.

BIBLIOGRAFÍA

[1] BERNALES Ballesteros, Enrique, La Constitución de 1993. Análisis Comparado, Quinta edición, Editorial Rao, Lima 1999, pág. 356.

[2] Mediante Ley N° 29271, Ley que establece que el Ministerio de la Producción es el sector competente en materia de Promoción y Desarrollo de Cooperativas, transfiriéndosele las funciones y competencias sobre Micro y Pequeña Empresa.

[3] Artículo 2 de la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, publicada el 03 de julio de 2003.

[4] Vale la pena señalar que no existe una definición estándar de MYPE a nivel internacional, lo cual dificulta la comparación con realidades de otros países.  Incluso en el Perú, las definiciones pueden variar en función al sector económico del que se trata.

[5] VELASCO Dennis y LÓPEZ, Kristian, Capacidad innovadora de las pymes en el universo del APEC, Cuadernos de difusión de ESAN, año 8, Nº 14, junio 2003, pág. 127.

[6] Articulo 138 Constitución Política del Perú

[7] García Maynes Eduardo Introducción al estudio del Derecho 5 edición Abogados asociados editores pág. 229.

[8] ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos. Justicia. Editorial Trotta. Décima Edición 2011.pág.

[9] Garcia Belaunde Domingo, la nueva constitución del Perú: Poder judicial y las garantías constitucionales .En desafíos constitucionales Contemporáneos. Cesar Landa y Julio Faundez (editores) .Fondo Editorial de la Universidad Católica del Perú. Maestría en Derecho Lima Marzo de 1996 pág. 50.

[10] De Soto Hernando, El Misterio del Capital .El Comercio Lima 2000 pág.180.

[11] De Trazegnies Granda Fernando: Reflexiones sobre la sociedad Civil y el Poder judicial ARA editores. Lima, pág.58.

[12]Según North, las instituciones son las reglas del juego que determinan las restricciones y los incentivos en la interacción económica, política y social.

[13] HERRERO, Álvaro y Henderson Keith, El costo de la resolución de conflictos en la pequeña empresa caso Perú. BID. Washington DC 2003. Pag.

[14] ACEMOGLU, Daron y ROBINSON James, Por qué fracasan los países, los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Ediciones Deusto  pág 95.

[15]  Pag. 30

[16] BEJARANO, Jesús. Análisis Económico del Derecho. Comentarios sobre textos básicos. Bogotá 1999.pp164-165

[17] Para ejemplos abundantes véase Cooter y Ulen, pp. 118 ss.

[18] SHERWOOD, Robert. Judicial Performance.Its economic impact in seven country. World Bank 1996.


LA TRANSFORMACIÓN DE LOS MERCADOS DE ABASTOS EN EL PERÚ: HACIA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA

Categoría : Desarrollo Productivo

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INTRODUCCIÓN

El Censo de Mercado de abastos realizado el año 2016 identificó que a nivel nacional existe 2612 mercados de abastos que agrupan según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a 2´843,907 de trabajadores pertenecientes al sector comercio mayorista y minorista.

La literatura define a los mercados de abastos como una cadena sin precedentes de establecimientos comerciales presentes a lo largo y ancho del país, que ofrece una canasta variada de productos alimenticios y servicios.  Asimismo, en el mercado interno constituyen el principal canal de abastecimiento y comercialización de productos alimenticios agrícolas. Se estima que comercializan el 70% del abastecimiento de este tipo de productos.

En este contexto, los mercados de abastos en nuestro país, presentan barreras que limitan su competitividad, generan ineficiencias en la distribución de alimentos y afectan la cadena de valor gastronómica, entre las principales barreras tenemos: i) inadecuada infraestructura y equipamiento, ii) administradores y conductores con limitadas capacidades para la gestión, iii) deficientes prácticas de manipulación y salubridad, iv) inadecuada gestión de residuos sólidos, v) ausencia de políticas de promoción para su modernización, y vi) débil gobernanza y marco legal difuso.

Al respecto, esta crisis ha sido una constante culpabilizar a los mercados de abastos de su incapacidad en saber adecuarse a los nuevos hábitos de los consumidores. A los cambios de gusto y tendencias de la sociedad, las respuestas de los mercados han sido mala gestión, incapacidad de modernizarse por parte de los comerciantes, abandono por parte de las autoridades locales con el consecuente mal estado de los edificios, etc[1].

En el caso peruano las funciones en materia de comercio interno la tienen el Ministerio de la Producción, previamente existieron intentos institucionales de trabajar herramientas para los mercados de abasto como en el año 2008 con la creación del “Programa Mi Mercado” del Programa Mi Empresa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo[2] el cual fue un intento aislado por parte del Estado de mejorar la infraestructura cuyos resultados fueron los siguientes:

  • 13 Proyectos de infraestructura concluidos,
  • 1780 comerciantes de abastos participando en el Producto Integral Mi Mercado,
  • 1400 créditos articulados, a través de Subastas Financieras.

Durante los años 2015 y 2016, el Ministerio de la Producción volvió a gestionar instrumentos de promoción de manera aislada con la estrategia de “Mi Mercado Productivo” y la creación del “Premio Mi Mercado Productivo” en el marco del Plan de Diversificación Productiva[3]. Un paso fundamental en esta cronología fue la aprobación de los “Lineamientos Generales de la Política Nacional para la Competitividad de los Mercados de Abastos” aprobado mediante Resolución Ministerial N° 196-2016- Produce.

En el año 2017 se modificó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción se designó a la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria como el órgano encargado de la promoción y/o capacitación en materia de comercio interno. Durante este periodo se han desarrollado las siguientes:

  • Se dictaron talleres de implementación del manual de buenas prácticas bodegueras y la implementación de la Guía de Gestión para mercados de abastos minoristas.
  • Asimismo, dentro de la Comisión Multisectorial OP 6.6 “Creación de nuevos Mercados Modelos” del Plan Nacional de Competitividad, las herramientas necesarias para la implementación en infraestructura y gestión para los mencionados mercados, los cuales deberán ser transformados en manuales didácticos para su implementación en cada uno de los rubros de negocio que se desarrollan dentro de los mercados minoristas.

En el año 2019 se creó la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal para el diseño de los pilotos de mercados de abastos tiene por objeto elaborar un informe técnico final que contenga la propuesta del diseño de los pilotos de mercados de abastos para el Perú, en el marco de la Medida de Política N° 6.6 denominada: “Nuevo modelo de mercados de abastos” del Objetivo Prioritario N° 6 denominado: “Generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivo” del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, aprobado por Decreto Supremo N° 237-2019-EF.

Finalmente, podemos señalar el Decreto de Urgencia N° 073-2020, Decreto de Urgencia que facultó al Ministerio de la Producción a implementar mercados temporales frente a la emergencia sanitaria a consecuencia del covid-19, tiene por objeto establecer medidas complementarias en materia económica y financiera para facultar al Ministerio de la Producción a través del Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) a implementar cincuenta (50) mercados temporales, con la finalidad de generar condiciones óptimas para el abastecimiento de los productos de primera necesidad en las ciudades del país, frente a la Emergencia Sanitaria producida por el brote del COVID-19 con un financiamiento de S/ 6 098 792,00 (SEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS Y 00/100 SOLES)

EL VALOR DE LOS MERCADOS DE ABASTOS

Conforme a la Encuesta Nacional de Hogares del año 2014, el 50% de los alimentos comprados por los hogares se realizó en el mercado minorista y el otro 6% en mercados mayoristas. Asimismo, 2 215 mercados se encuentran registrados en el Directorio Central de Empresas y Establecimientos del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI. De estos, 1 769 se encuentran ubicados en Lima y 446 en Regiones.

 Al respecto, un primer punto para realzar es el valor del mercado de abasto como un “espacio social” de intercambio como lo señala el antropólogo Juan Ignacio Robles:

El mercado minorista, comercio agrupado por excelencia, tal y como  hoy la conocemos, cumple, por tanto, una función de estructuración de las relaciones sociales dentro del espacio urbano, relacionándose también con una forma específica de “uso del espacio”, de “forma de vida” y, finalmente, definiendo un modelo distintivo de ciudad y de barrio vertebrado alrededor de las relaciones vecinales en un espacio social equilibrado y sostenible[4]

El segundo punto para realzar se relaciona con la producción alimentaria industrial y el análisis de su actual modelo de distribución a escala mundial:

Nuestros hábitos alimentarios y de consumo han sufrido, en los últimos años, una profunda transformación. La aparición de los supermercados, hipermercados, cadenas de descuento, autoservicios (lo que se ha venido en llamar distribución moderna) han contribuido a la mercantilización del qué, el cómo y el dónde compramos supeditando la alimentación, agricultura y el consumo a la lógica del capital y del mercado[5]

Un tercer punto, es la relevancia que ha tomado los mercados de abastos debido a la pandemia en consecuencia con mercados de abastos competitivos beneficiara a todos los peruanos.

DEBEMOS TENER UNA POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFORMACIÓN DE LOS MERCADOS DE ABASTOS

En este contexto, cual ha sido la respuesta por parte del Estado peruano ante la situación antes señalada una primera respuesta se da en la década de los años 90 donde se intentó privatizar los mercados de abastos lo cual contaba con un tinte ideológico el Estado no puede subvencionar a los comerciantes[6]. Dicha corriente no llego a concretizarse por completo en el País.

Años después el tema de mercados de abastos no se encontraba en la agenda pública nacional hasta la emergencia sanitaria producida por el COVID. Al respecto, la Defensoría del Pueblo público este año el Informe Especial N° 010-2020-dp, en donde hace una descripción de las falencias y la problemática de los mercados de abastos.

La ruta que proponemos para esta transformación de los mercados de abastos, son los siguientes:

  • Fortalecer la Infraestructura de Mercados de Abastos, no solo de manera temporal sino de manera permanente con instrumentos creados para este fin,
  • Fortalecer los instrumentos de financiamiento a los mercados de abastos a nivel nacional,
  • Facilitar el desarrollo de herramientas tecnológicas que faciliten la adaptación digital de los locales o negocios comerciales,
  • Elaborar y promover los modelos de gestión para los mercados de abastos; y
  • La creación instrumentos transversales que ayuden a mejorar la competitividad de los mercados de abastos. (capacitación y asistencia técnica)

Finalmente, un tema pendiente en la agenda pública es discutir la institucionalidad no solo de la promoción de los mercados de abastos; sino del Comercio Interno en el país.

CONCLUSIÓN

Es necesario por parte del Estado peruano articular los esfuerzos públicos y privados para la elaboración e implementación de una política pública que atienda a este importante número de comerciantes; asimismo, hoy es imprescindible la transformación de estos mercados de abastos hacerlos competitivos en el contexto de la emergencia nacional.

BIBLIOGRAFÍA 

[1] MAIELLO Vincenzo; Análisis de los procesos de transformación de los mercados municipales de abastos de Madrid. Año 2014.página 6

[2] MI MERCADO fue un producto integral que formaba parte del Programa Mi Empresa en el MTPE, que unió los esfuerzos del Estado y los comerciantes con la finalidad de modernizar y mejorar los mercados de abastos, para que estos puedan ser competitivos ofreciendo productos, servicios y soluciones con calidad y alto valor agregado que logren la plena satisfacción del consumidor.

[3] Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2014-PRODUCE

[4] ROBLES Juan I. (2008) Comercio Urbano en Espacios metropolitanos. Mercados, vidas y barrios. Distribución y Consumo, septiembre-octubre 2008

[5] VIVAS Esther (2007) La distribución moderna: la invasión de los supermercados. Revista Viento Sur Número 94/noviembre 2007.

[6] El caso español en los años 90 el Ayuntamiento de Madrid se intentó vender los puestos de concesión municipal a los comerciantes “El Ayuntamiento no puede gastar su dinero en subvencionar a unos comerciantes privados; se les puede ayudar, dar ideas, hacerles estudios de mercado, pero la iniciativa tiene que salir de ellos mismos” (El País)


Una mirada a las microfranquicias como instrumento de desarrollo de la MYPE en el Perú

Categoría : Desarrollo Productivo

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1.INTRODUCCIÓN
En Latinoamérica el sistema de franquicias en los últimos años se ha fortalecido como la mejor opción para que los empresarios crezcan sus propios mercados y se expandan a mercados internacionales. La microfranquicias son un gran instrumento de crecimiento económico, generación de empleo e inclusión social para la situación que enfrenta actualmente el nuestro mercado.

Este instrumento tiene sus raíces en el tradicional contrato de franquicia, que básicamente es la copia de un negocio exitoso y replicarlo en otro lugar siguiendo un conjunto de procesos y procedimientos.

Aunque no existe una estadística regional podemos señalar que gana velozmente terreno en la región países como Ecuador, México, Colombia y Venezuela dan muestra de ello. El sistema de franquicia es una de las fórmulas empresariales que mayor desarrollo está teniendo en el mundo, por las innumerables posibilidades que presenta para desencadenar actividad empresarial en una gran variedad de industrias y en todos los espectros de la población. Prueba de ello es que en Estados Unidos hay más de 75 sectores económicos que operan con franquicias y cada vez más, las franquicias se están convirtiendo en una oportunidad de desarrollo para mujeres y minorías. El éxito y efectividad de este sistema radica en la sostenibilidad de los negocios, ya que como indica la Small Business Administration (SBA) , mientras que el 30% de los negocios que no son franquicia fracasan durante el primer año, el porcentaje cuando se trata de franquicias baja al 5%. Solamente en Estado Unidos, facturan US$ 881.000 millones y dan empleo directo a 11 millones de personas, cifra equivalente al 8% del empleo privado del país (International Franchise Association, 2005).

2.QUÉ ES UNA FRANQUICIA

Un concepto de franquicia de conformidad con la doctrina “es un sistema de cooperación entre empresas, ligados por un contrato, en virtud del cual una de ellas llamada franquiciadora, concede a otras llamadas franquiciadas, el derecho de explotar una marca, un producto, un servicio o una formula comercial junto con la transmisión de una fórmula concreta de organización, administración empresarial y de los recursos humanos asegurándole al mismo tiempo ayuda técnica y servicios regulares destinados a facilitar dicha explotación y, a cambio el franquiciado contrae la obligación materializada en un canon de entrada y unos pagos periódicos llamados royalties y/o distribución y venta de productos” .

3.UNA MIRADA HACIA LAS MICROFRANQUICIAS

Las microfranquicias es la aplicación en escala micro del sistema socio-empresarial de gran éxito y desarrollo a nivel mundial¨ franquicia¨. Donde cada micro o pequeño empresario, dueño de su propia micro o pequeña empresa, genera un fuerte impacto en el desarrollo económico. Consecuentemente, el capital generado permanece en la comunidad local donde fue aplicada. Esto promueve el efecto multiplicador, creando nuevos negocios, con un efecto inclusivo.

La microfranqucia es un contrato de franquicia con estándares de marca, manuales de operación, regalías, capacitación y financiamiento. La importancia de esta forma de negocio inclusivo es que alivia la pobreza pero sobre todo desarrolla y fortalece a la micro y pequeña empresa locales.

4.BENEFICIOS DE LA MICROFRANQUICIAS

Entre los principales beneficios deacuerdo al libro Microfranchising at the base of the pyramid son los siguientes:
•El franquiciador tiene un mejor poder de negociación con los proveedores.
•El franquiciador es generalmente mejor equipados para centrarse en la comercialización y el crecimiento.
•Además, con la presencia de un franquiciador central, las innovaciones desarrolladas por una franquiciado puede ser rápidamente implementadas a lo largo de todo una red de franquiciados.

5.CONCLUSIONES

Es necesario iniciar en nuestro país una labor culturizadora y profesional que afiance los conocimientos que se tienen del sistema de microfranquicias,y lograr que la MYPE peruana conozcan las posibilidades de expansión en diversos mercados mediante este sistema

.

“Leer más”

Los Costos de transacción en la formalización de la Micro y Pequeña Empresa.

Categoría : Desarrollo Productivo

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Introducción:
¿Qué sucede cuando un ciudadano decide constituir o formalizar una micro o pequeña empresa? en el presente articulo se explora esta pregunta. Al respecto existen diversos enfoques de informalidad entre los cuales tenemos:

Enfoque Institucional, identifica a De Soto como su máximo exponente. Este enfoque entiende a la economía informal como una serie de actividades de producción extralegales; pero lícitas que tienen su origen en la excesiva carga de regulaciones impuestas por el Estado. Hace énfasis en su ineficiencia, por no proveer los recursos y medios necesarios para que las empresas registren sus funciones, debido al exceso de trabas burocráticas y administrativas.
Enfoque Neo marxista, según este enfoque, las grandes industrias con la finalidad de disminuir sus costos de producción utilizan la subcontratación de trabajadores de pequeñas empresas, convirtiéndolos en asalariados encubiertos del sector formal. Considera que el Sector Informal, al estar subordinado a las necesidades de acumulación de capital, no tiene posibilidad alguna de desarrollo autónomo. Según esta postura, una vez superada la crisis, la economía experimentará períodos de crecimiento, ocasionando así una reincorporación de la población al sector formal.
Enfoque Alternativo, este enfoque es apoyado por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), y hace referencia a las diferentes estrategias de sobrevivencia que son capaces de implementar los pobres para autogenerarse empleo e ingresos, realizando para ello actividades económicas de pequeña escala que sirven para satisfacer sus necesidades ante la inflación y las altas tasas de desempleo. Su principal exponente, Luis Razeto Negliaro, indica que de esta forma los sectores populares constituyen formas alternativas de empresas creando un modo especial de hacer economía dentro del sistema económico global, a la cual se puede denominar Economía Popular.
La OIT habla de “economía informal”, ya que constituyen diversas actividades económicas, cuyo origen no es la globalización; sino la falta de instituciones y políticas, que siguen aportando a la informalidad y como consecuencia a la economía informal representando un getho para aquel ciudadano que carece de empleo o de oportunidad de negocio.

Según el Banco Mundial en su informe Informalidad: Escape y Exclusión señalo que el fenómeno de la informalidad es un grave problema que afecta el desarrollo económico de nuestros países:
“La informalidad ha suscitado una atención cada vez mayor como una posible barrera al crecimiento económico y al bienestar social como una fuerza que corroe la integridad de las sociedades latinoamericanas”

También contribuye a fomentar el fenómeno de la informalidad la falta de una reforma estructural profunda, que haga un Estado eficiente en el cual las políticas públicas sean de largo plazo, con los contrapesos correspondientes y la eficiente fiscalización por parte de los ciudadanos y de los organismos públicos correspondientes.

La modernización del Estado es una condición necesaria para elevar la competitividad de nuestra economía. Es preciso redefinir las reglas institucionales con que opera el Estado e implantar nuevas estructuras y sistemas administrativos para que su acción sea eficaz. Estos sistemas Administrativos deben incentivar y alentar el proceso de formalización.

El año 2005 World Development Report, señalo que la mejora del clima de inversión proporciona incentivos y oportunidades a todas las empresas, se vio reflejado en la reforma legal y regulatoría en Turquía que convino siete procedimientos necesarios para inscribir una empresa en una sola visita, esta modificación redujo de 38 días a solo 9 días y el costo general del registro se redujo a la tercera parte en los primeros meses el número de registro creció 18%.

Las Mypes en el Perú

Las micro y pequeñas empresas constituyen organizaciones económicas de bienes y servicios de muy limitada capacidad, si la consideramos individualmente; pero en conjunto representa un factor importante en nuestra economía nacional veamos: dado que el PBI es el principal indicador económico, el aporte de la Mype es bastante significativo y asciende al 42% del PBI total; del total de la PEA ocupada el 53% (7’226,282 empleos) trabaja en una micro empresa, 21% son independientes o autoempleados, 8% trabaja en el sector público, 8% de la PEA se encuentra trabajando en la mediana y gran empresa y 7% labora en la pequeña empresa. La importancia radica es por la alta concentración (4’335,829) de trabajadores en este sector. Que asciende del total de la PEA ocupada a 89% (incluyendo el autoempleo).

A pesar de estas cifras Las Mypes tienen las siguientes deficiencias: limitaciones tecnológicas, problemas de gestión y organización debido a la poca cultura de los empresarios de emplear técnicos y profesionales de alto nivel (por sus altos costos), así como carecer de iniciativa y capacidad para el desarrollo de nuevos productos debido al poco acceso a la tecnología.

Además: “Dentro de las limitaciones internas cabe destacar la falta de personal calificado que ostente competencia, destrezas y habilidades que los estándares del mercado exigen, la sub utilización e ineficiencia en el uso de sus recursos la ausencia de controles de calidad de procesos y productos; el desconocimiento de los instrumentos básicos de gestión empresarial (manejo de costos ,marketing, asistencia técnica y capacitación ); la falta de un nivel de especialización que coadyuve al aumento de productividad, sus limitados niveles de capacitación y modernización de activos fijos”.

Cabe señalar que la informalidad constituye una barreda para el acceso al sistema financiero formal; debido a que el empresario no tienen como justificar su capacidad de pago frente a las obligaciones adquiridas en el sistema formal.

En los últimos años, con la creación del Programa Mi Empresa del MTPE, que nace de la fusión de diversos programas que operaban a favor de la Mype, se ha dado algunas mediadas para superar las deficiencias antes señaladas.

Impacto económico de los costos de transacción

Como sabemos nuestras Mypes operan en un mercado donde las condiciones no son óptimas, así que la toma de decisiones empresariales están relacionadas a fin de disminuir sus riesgos frente a instituciones poco eficientes. La ineficiencia Estatal aumenta los costos de transacción.

Los costos de transacción surgen de la transferencia de propiedad. Incluye todos aquellos costos que no emergen directamente del proceso de producción de los bienes y servicios. Tiene un amplio espectro de costos institucionales que incluyen los costos de información, pagos que surgen de la constitución de la persona jurídica, diseño, vigilancia y cumplimiento de contratos y protección de derechos de propiedad.

Una de las diferentes formas para la disminución de los costos de transacción es la simplificación de trámites a través de los siguientes mecanismos :

Modelo de Ventanilla Única, este modelo concentrar del Front Office, en una sola instancia capaz de constituirse en la gestora de la recepción de las solicitudes de las demás entidades estatales pudiendo ser: institucional ella misma decide sobre el fondo de la solicitud; interinstitucional que son en un mismo espacio físico diferentes instituciones; pero con un solo proceso, lo que conlleva una mayor complejidad y respeto de las competencias por cada institución.

Centro Multiservicio este modelo concentra en un mismo espacio físico a diferentes instituciones públicas, pero en este caso cada una lleva su proceso administrativo no hay una estrategia de unificación.

Virtualización, este modelo será utilizado cuando no se ha necesario la presencia física del ciudadano, pero a su vez requiere de plataformas informáticas robustas.

Externalización, cuando se delega todo parte del proceso administrativo es dado aun privado como una manera de concesión.

Las entidades públicas comprometidas con el tema de formalización cuando deciden hacer frente a estos costos de transacción aplican una estrategia de combinación varias de estas figuras

Conclusiones:

Para luchar contra la informalidad y acelerar el crecimiento económico, es necesario que el Estado reduzca los riesgos normativos, los costos de transacción y las barreras a la libre competencia. “Un buen clima para la inversión es vital para el crecimiento y la reducción de la pobreza.”
El precio de la informalidad es el estancamiento empresarial. Si nuestras Mypes formales crecen sostenidamente, este crecimiento representara un costo de oportunidad muy importante, que deberá ser tenido en cuenta por los empresario informales.

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