En Puno, la gripe AH1N1 ha matado a nueve personas en lo que va de este invierno. Pero durante este mismo periodo la neumonía ya ha fulminado –sigo hablando de Puno- a 74 niños menores de cinco años.

Por lo tanto: Gripe AH1N1 9-Neumonía 74. Es la goleada mortal más abultada de los últimos tiempos.

Y a esto habría que añadir que más de la mitad de las muertes causadas en Puno por el virus de la gripe porcina corresponde a niños. La última de estas víctimas, por ejemplo, era una niña de dos años y ocho meses que no pudo ser salvada en el hospital Carlos Monge.

De modo que hablar de 74 a 9 resulta no sólo idiotamente frívolo sino también inexacto.

Es cierto que la mortalidad infantil ha descendido lentamente en el Perú. Pero aun ahora, después de estos años de bonanza minera y agroexportadora, seguimos siendo un país con cuatro veces más muertes infantiles que las que ocurren en los países desarrollados.

Los ministros de Agricultura, Educación, Energía y Minas, de la Mujer y Desarrollo Social, Transportes y Comunicaciones, Salud, Ambiente, y Vivienda, Construcción y Saneamiento forman ahora el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos que funciona desde el 22 de junio para atender diversas demandas de las poblaciones indígenas tras los hechos de violencia del 5 de junio, en Bagua.

La participación de los ochos ministros en el proceso de diálogo con las comunidades nativas se formalizó ayer a través de la Resolución Suprema 211 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), publicada en el diario oficial “El Peruano”, que modifica la Resolución Suprema 117, que creó el grupo de coordinación entre Gobierno y los indígenas.

Servindi, 25 de agosto de 2009.- La política del “perro del hortelano” que impulsa el gobierno de Alan García no es tan original como se piensa y en realidad corresponde a la denominada “legislación para el despeje” que pretende mercantilizar los territorios indígenas, afirmó la especialista Frederica Barclay.

Se trata de una tendencia mundial que mediante la reforma de leyes forestales busca forzar a las comunidades indígenas a entrar en esquemas de arrendamiento de sus tierras a muy largo plazo, afirmó.

La razón “es que en todas partes los capitales nacionales y trasnacionales presionan para obtener amplios espacios para establecer plantaciones masivas de para la producción de agrocombustibles (tanto en América como en el Sudeste Asiático)” afirmó Barclay.

Tales aseveraciones fueron expuestas durante la presentación del anuario El Mundo Indígena 2009, realizado en Lima el 04 de agosto en el marco de la Feria Internacional del Libro.

Cuando Sendero Luminoso inició sus sanguinarias acciones, tuvo a la comunidad de Putis —y a las aledañas— en la mira. En 1983 asesinó a su teniente gobernador dejando en el cuerpo ensangrentado el siguiente mensaje: “Si alguien se levanta en nuestra contra será exterminado”. Los subversivos sabían que se gestaban rondas campesinas para combatirlos. La zona era considerada roja por el desplazamiento de columnas senderistas; estaba bajo control militar y regía el estado de emergencia. Ese año la violencia impidió que se realizaran elecciones municipales en toda la provincia de Huanta. Eran peruanos, civiles, campesinos que se encontraban entre dos fuegos, una situación que caracterizó a nuestro conflicto interno. Tanto el terrorismo como las fuerzas del orden desconfiaban de la gente humilde que solo quería salvar su pellejo. Los de Putis no pudieron hacerlo.

Sendero continuó asesinando y amenazando a esas comunidades. Sus habitantes tuvieron que refugiarse en las alturas, por ello los militares (la Marina y el Ejército) los miraban como si fueran prosenderistas. No tomaron en cuenta las muertes ni su difícil situación. En noviembre de 1984 se instaló una base militar en Putis. En diciembre convencieron a la población de que dejaran los cerros y que volvieran a su comunidad; les dijeron que les darían protección. El 13 de diciembre los militares les hicieron cavar una fosa para hacer una piscigranja de truchas. Pero los asesinaron a punta de bala. Eran 123 pobladores, entre hombres, mujeres y niños. A estas las violaron y robaron el ganado. Los 123 eran demasiado sospechosos para los militares. Una matanza que aún produce escalofrío y lágrimas.

En el colegio Javier Pérez de Cuéllar, en San Juan de Lurigancho, estudia Camila Castillo Castilla. Ella es una niña de sexto grado de primaria que admite que antes no entendía lo que leía. “Hoy en cambio puedo leer un texto de una página en menos de un minuto y comprender el propósito del autor”, dice.

Para que se diera este cambio Camila se integró en el 2007 al programa Leer es Estar Adelante, del grupo BBVA. Carlo Reyes, gerente de imagen del BBVA, cuenta que el referido programa capacita a maestros de tercero a sexto grado de primaria para que logren mejorar los niveles de comprensión de lectura de sus alumnos. Así, se ha logrado capacitar a más de 600 maestros de colegios en zonas marginales de Lima, Arequipa, Ayacucho, Loreto y Piura, con el fin de mejorar los niveles de enseñanza en el Perú. Y es que como indica la Evaluación Censal de Estudiantes 2008, prueba que cada año aplica el Ministerio de Educación, en el 2008 solo el 16,9% de estudiantes de segundo año de primaria alcanzó el nivel de lectura que deberían lograr a su edad.

Servindi, 21 de agosto, 2009.- Diversos académicos de América Latina, Estados Unidos y Europa manifestaron su indignación por el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) que dejó en libertad a 20 indígenas acusados por el asesinato de 21 mujeres, 15 niños y 9 hombres tzotziles en Acteal.

Los 20 encarcelados fueron liberados, según informó la SCJN, porque “en la mayoría de los casos tanto la integración del cuerpo del delito y la de la responsabilidad penal probada, se basan en la valoración de pruebas obtenidas en forma ilícita”.

Para que un medio probatorio sea admitido es imprescindible que su obtención no sea ilícita o de lo contrario todos sus efectos también son ilícitos y por tanto la prueba se convierte en ineficaz o nula.

A consecuencia de esta mala conducta procesal originada por la violación de derechos procesales de los acusados- que derivó a la resolución de la SCJN, existe el riesgo de que lo ocurrido quede impune.

Ayer se realizó el Foro: “En Defensa de los Puertos y la Soberanía Nacional” organizado por la CGTP y la FENTENAPU, donde especialistas, dirigentes sindicales, políticos y público en general denunciaron las irregularidades y presuntos actos de corrupción que viene cometiendo el gobierno aprista en el proceso de privatización del Puerto de Paita.

Ante la presencia de algunos medios de comunicación pero con un auditorio lleno, se denunció que capitales chilenos estarían tomando el control del terminal portuario con la venia de Alan García, usando empresas de fachadas, demostrando que la pretensión de la dictadura fujimorista de entregar los puertos a nuestro vecino del sur ha sido asumida por el partido y gobierno del APRA, en claro prejuicio de los intereses nacionales.

Cabe mencionar, que los trabajadores han presentado iniciativas para modernizar el Puerto de Paita con las propias ganancias que genera Enapu en dicho terminal, además de proponer una alianza estratégica con un operador privado para la construcción de un nuevo muelle. Esto dejaría a Paita en condiciones de competir con los puertos ecuatorianos y colombianos, y convertirse en el centro de operaciones para el comercio transoceánico con el Brasil.

Ayer, después de 15 años, se entregaron los restos de 92 asesinados en Putis durante la violencia terrorista. Un gran avance, sin duda, pero veamos los que falta, según fsbchichu, Santiago Pedraglio y, sobre todo, Jacqueline Fowks, que estuvo en la ceremonia. He remixeado sus textos:

- Según los sobrevivientes de la masacre de diciembre de 1984 -a manos de efectivos del Ejército- son unas 400 personas en total las muertas y desaparecidas en Putis.

- Se están devolviendo únicamente los 92 cuerpos que se han podido encontrar. De ellos, sólo 28 pudieron ser identificados y entregados a sus familiares. Los demás han tenido que ser entregados al presidente de la comunidad.

Es reconfortante para la prensa y la sociedad civil escuchar el rotundo deslinde político y doctrinal que han hecho el presidente de la República, Alan García, y el jefe del Gabinete, Javier Velásquez Quesquén, respecto del malhadado anteproyecto congresal que, bajo el pretexto de regular el derecho de rectificación, pretendía amedrentar a los medios de comunicación.

“Creo que el componente fundamental de la democracia es la más irrestricta libertad de expresión y la libertad de prensa y así será defendida por mi gobierno (...) que es y será siempre un gobierno de libertades”, ha dicho correctamente el primer mandatario.

Por su parte, Velásquez Quesquén aclaró que el derecho de rectificación ya se encuentra reglamentado en la Constitución Política del Perú, por lo que resulta innecesario promover un debate, más aun si este se da sobre la base de un proyecto confuso y eventualmente riesgoso para garantizar dichas libertades.

Servindi, 21 de agosto, 2009.- La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura archivó definitivamente la denuncia por terrorismo contra 35 dirigentes comunales, presentada hace año y medio por la “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Segunda y Cajas”.

Al respecto, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) saludó la resolución final del caso, conocdido como el “Caso Majaz”, y señaló que la entidad denunciante fue creada y financiada por la empresa minera Majaz, hoy Río Blanco Copper.

Mercedes Cabanillas dijo ayer en relación con la iniciativa presentada por su compañero José Vargas que “un proyecto es un proyecto, no una versión final”, pero la verdad es que estamos ante un mamarracho inmejorable que debe ir al tacho de la basura para dejarlo sin efecto cuanto antes.

Hay consenso en que este proyecto es una clara amenaza a la libertad de expresión, como concluye el comunicado de Ipys emitido ayer. Es una opinión compartida por el Consejo de la Prensa Peruana y por prácticamente todos los medios de comunicación con la excepción de un par de diarios distraídos que seguramente hoy también se apuntarán en la dirección indispensable de rechazar esta iniciativa descabellada.

Servindi, 20 de agosto, 2009.- Los 20 indígenas que fueron encarcelados durante 11 años por el caso Acteal se reunirán este jueves con sus familiares y autoridades de sus comunidades para decidir su futuro. (Imagen: zapateando)

“La intención es ver cómo podemos avanzar en la reconciliación de todos los grupos en las comunidades de Los Chorros, La Esperanza, Acteal Alto y Canolal”, manifestó el integrante del Comité de Familiares de los Presos Inocentes, Manuel Anzaldo.

Explicó que la situación “se ha vuelto muy tensa en la zona de Chenalhó, en especial después de la visita que hiciera el representante de la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori”.

Además del orden, la inclusión es el otro lema del Presidente para el segundo tramo de su gobierno. Para algunos lo ha proclamado con convicción. Para otros es solo otra mecida más. Como sea, la inclusión es lo que el Presidente ha escogido para evaluar a su gobierno. Apenas lanzado, sin embargo, aparecen hechos grandes y pequeños que le quitan credibilidad a la oferta.

Entre los grandes hechos está la desatención a la gran mayoría de los afectados por el terremoto del Sur. Esto ha merecido primeras planas e informes especiales de casi todos los medios. A dos años del sismo, hay gente viviendo casi a la intemperie, escombros aún sin recoger, hospitales públicos que ni se han comenzado a reconstruir, presupuestos ejecutados al mínimo. Es obvio que no toda la responsabilidad recae en el Ejecutivo, pero este país es presidencialista para lo bueno y para lo malo.

Fritz Du Bois y Patricia del Río han recordado la gigantesca, abrumadora, esperanzadora solidaridad que todo el Perú mostró entonces y lamentan que el gobierno no haya estado a la altura de su gente.

Tienen más razón de la que creen.

Hace un año, en el primer aniversario de la tragedia, el presidente García afirmó que el Estado había invertido S/. 1 123 000 000 en la reconstrucción:

Las cifras están ahí para que las investigue cualquiera, son mil 123 millones de soles, casi 400 millones desde el momento en que hubo que ir con aviones, reconstruir las carreteras y puentes de urgencia, poner ataúdes, alimentar cientos de miles de personas. Jamás se hizo eso en el Perú.

IPS, 16 de agosto, 2009.- El principal líder indígena colombiano recela de que las bases militares de su país que serán usadas por militares estadounidenses retrotraigan a la época del control de Estados Unidos sobre América Latina, y una dirigente nativa teme que se repitan abusos sexuales de soldados extranjeros a jóvenes aborígenes.

El acuerdo entre Bogotá y Washington para el uso estadounidense de siete bases militares en territorio colombiano, que sacude a las diplomacias de América Latina, fue ignorado en las discusiones sobre el comportamiento de Colombia ante la discriminación racial que se desarrollan esta semana en Ginebra.

El director regional de Energía y Minas de Madre de Dios, Rony Pastor, informó hoy que la cuenca del río Jayabe fue declarada en emergencia ambiental para combatir la minería informal que tiene alta presencia en la zona.

Explicó que el objetivo de la medida consiste en ordenar la situación en dicho sector, debido a que los mineros informales están colmatando el río, lo que puede derivar en serios riesgos si se presentan lluvias.

En nuestro país los grandes proyectos destinados al fracaso reciben el mismo tratamiento que un desastre nacional. Una convocatoria que reclama fe en los propósitos o solidaridad con las víctimas, según sea el caso, es excitada por un verbo divino que eleva al clímax sus propuestas. En los últimos tiempos sufrimos con más frecuencia esos fuegos fatuos que se desvanecen a la vuelta de un nuevo discurso encendido y condenado a caducidad anticipada. El mensaje a la Nación del presidente y el informe al Congreso del primer ministro se han caracterizado por una verborrea de buenas intenciones como si no estuvieran iniciando el cuarto año de una gestión con visos de desconcierto imparable.

Si hay un campo en el que se juega la superación definitiva del colonialismo interior que se ha mantenido e incluso reforzado durante los cerca de doscientos años de la historia republicana de Bolivia, tal es el de las autonomías y esto por la sencilla razón de que habrá de posibilitar el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.

Con buen criterio, dado su alcance, el Gobierno ha hecho público su Anteproyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización de cara a las elecciones generales de diciembre. Digo esto porque el texto sólo podrá formalizarse como Proyecto por el Gobierno y ante la Asamblea que surjan de tales elecciones. Constituye así el Anteproyecto un compromiso electoral que se contrae no mediante vagas declaraciones, sino con un texto articulado y completo. ¿Es la herramienta que se precisa para la superación del colonialismo que está en juego ante las elecciones?

Servindi, 6 de agosto, 2009.- Delegaciones de Bolivia, Nicaragua, México y Colombia reconocieron el conocimiento y sabiduría ancestral de los pueblos originarios en el marco del Seminario Internacional sobre el Movimiento Indígena y la Educación Superior en Abya Yala.

El seminario, organizado por la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador AMAWTAY WASI, tuvo como objetivo analizar académicamente las necesidades de la interculturalidad en la educación regional.

El lenguaje no solo sirve para comunicarnos, sino que dice mucho de quiénes somos. Las palabras, los gestos y la entonación dan a entender lo que pensamos, sentimos o queremos. El lenguaje es dinámico y el sentido de una palabra depende del contexto en que se expresa. Mientras mis abuelas se referían a radiolas, tocadiscos y bateas, y hablaban de “prender la luz eléctrica” y “moler en el batán”, hoy vivimos en la era de la música digital, la licuadora y electricidad interconectada a en el ámbito nacional y entendemos perfectamente cuando alguien nos pide que contestemos su “e-mail”, le enviemos un “attach” o hagamos un “cut & paste”, frases que hace dos décadas hubiesen resultado ininteligibles. A diferencia del lenguaje coloquial, el oficial suele ser más difícil que se transforme; queda muchas veces rezagado ante los cambios sociales y frena la adecuación estatal a la cambiante realidad nacional. Quizá esa inercia nos aporta cierta estabilidad ante situaciones percibidas como volátiles. Pero en un contexto de descentralización fiscal, auge de liderazgos regionales y un gabinete que se precia de contar con la presencia activa de profesionales nacidos fuera de Lima, toca revisar cómo nos ubicamos dentro del país. Referencias geográficas, demarcación geopolítica entre departamentos, provincias y distritos, urbe y ruralidad dicen mucho de nuestra cosmovisión.

Servindi, 5 de agosto, 2009.- Sólo en el mes de junio, la tala ilegal de árboles ocasionó la desaparición de 578,6 kilómetros cuadrados de bosques de la Amazonia brasilera, una superficie equivalente a la mitad del área de la ciudad de Río de Janeiro, según anunció el Gobierno.

El Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) adelantó que, no obstante, ese resultado se redujo en un tercio con respecto a las estadísticas registradas en la misma fecha del año anterior, en el que registró 870 kilómetros cuadrados afectados.

El cierre de Radio la Voz de Bagua como represalia a la difusión de lo que ocurría en la lucha indígena contra los decretos que permitían la concesión de sus territorios sin haber sido previamente consultados es un hecho que atenta contra la libertad de expresión en el Perú. El informar sobre los dramáticos sucesos que costaron la vida de policías y nativos hizo que, con argumentos administrativos, se cancele la licencia de esta radio “incómoda” para el gobierno.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el día 12 de Junio remitió a Radio La Voz, la resolución de cierre de transmisión, poniendo como argumento que la emisora no envió a tiempo la documentación de la llamada “homologación de equipos”. La Voz de Bagua es parte de la Coordinadora Nacional de Radio y esta grave situación ha merecido comunicados de organismos de protección de los derechos humanos , entre ellos de Human Rights Wacht.

Servindi, 3 de agosto, 2009.- El ministro peruano de Justicia, Aurelio Pastor, responsabilizó a los pobladores indígenas y mestizos por la muerte de las 34 personas el pasado 5 de junio, en la ciudad de Bagua (Amazonas). (Imagen: riojaperu)

Así lo hizo durante su exposición ante el Comité contra la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD-ONU), en la ciudad de Ginebra, lugar al que fue citado para defender al gobierno peruano sobre las denuncias de discriminación.

“La verdad no se dijo como debió decirse. En la muerte de esas personas, 23 de los cuales eran policías, intervinieron indígenas y mestizos y otras personas, alentados por grupos extremistas”, manifestó el nuevo ministro aprista.

El mensaje a la nación del presidente Alan García Pérez, el 28 de julio, fue decepcionante para millones de peruanos. Ratificó tozuda y peligrosamente su hoja de ruta de confrontación y polarización; reconfirmó que las políticas de su gobierno en los dos años finales son “más de lo mismo”; no propuso ninguna cura de emergencia para la peor de las enfermedades del país, la corrupción, y con sus anuncios de gastar y gastar en obras y más obras se reafirmó como un cortoplacista empeñado en consolidar el modelo primario exportador. Ciego, sordo y sin visión de futuro.

Para los indígenas amazónicos, el mensaje no sólo fue decepcionante, sino desesperanzador. Igual que el 4 de junio pasado cuando creyeron que el Congreso derogaría el decreto legislativo 1090, esta vez también esperaban con expectativa la solución a sus justas demandas.

Servindi, 3 de agosto, 2009.- El consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN), Jorge Arias, anunció que un indígena campesino fue asesinado por cinco hombres encapuchados, en la localidad López Adentro. (Imagen: redcolombia)

Los representantes de la ACIN manifestaron que esta persona, así como otra decena de campesinos asesinados, se debe a la oposición que presentan contra a la presencia de militares y grupos armados en sus cabildos.