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Afirma que proyecto tomará como base Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín, anunció que presentará al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el próximo 9 de abril, una propuesta de ejecución progresiva sobre la escala remunerativa de los jueces, en el marco de la Comisión creada por la Ley N° 29818 para analizar este tema.

La propuesta tomará como base lo previsto en los artículos 146°, inciso 4, de la Constitución y 186°, inciso 5, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Poder Judicial, norma última que dispone que el haber de los jueces superiores es del 90% del total que perciben los jueces supremos, los jueces especializados el 80% y los jueces de paz letrados el 70%.

Así lo expresó en un pronunciamiento emitido luego de la clausura del Primer Encuentro de Presidentes y Administradores de las Cortes Superiores de Justicia 2012, que culminó esta tarde.

“En lo referido a las remuneraciones de los jueces –dijo el doctor San Martín– el Poder Judicial es enfático en resaltar que todo juez tiene derecho a percibir una remuneración que le asegure un nivel de vida digno de su labor, conforme lo establece la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

De otro lado, manifestó que el Poder Judicial, en forma conjunta y coordinada, seguirá desarrollando en el presente año una serie de acciones en otros ejes como el del acceso a la justicia, capacitación, lucha contra la corrupción, descarga procesal, reforma procesal penal, reforma procesal laboral, gestión y tecnologías de la información, reformas legales yunidades ejecutoras.

Remarcó que estas medidas tienen como objetivo apuntalar una estrategia destinada al fortalecimiento de la justicia y la tutela de la dignidad de los jueces.

Lima, 30 de marzo de 2012
OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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Los suscritos, Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país que suscriben, reunidos en el Encuentro de Presidentes y Administradores de Cortes Superiores de Justicia 2012, expresan:
Primero.- Que, la Constitución de 1993, consagra en su artículo 146° que, como regla general, la función jurisdiccional es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada. Asimismo, señala que todos los jueces perciben las remuneraciones que les asigna el presupuesto público, además de los provenientes de la enseñanza u otras previstas por la ley.
Segundo.- Que, la labor de los Magistrados es a exclusividad, por lo que la remuneración a la que tienen derecho debe asegurarles un nivel de vida digno de su misión y jerarquía, como bien ha reconocido nuestra Constitución en el numeral 4) del artículo 146° antes glosado y la Ley de carrera judicial en el numeral 11 de su artículo 25°.
La Ley 28212 regulo los ingresos de altos funcionarios y autoridades del Estado, estableciendo que los magistrados supremos recibirán una remuneración mensual igual al equivalente por todo concepto a seis unidades remunerativas del Sector Público (URSP), denominadas mediante Decreto de Urgencia N° 038-2006 “Unidad de Ingreso del Sector Público (UISP)”.
Tercero.- Que, en el caso concreto de los Magistrados, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 186°, modificado por la Ley N° 28901, en concordancia con la Ley N° 28212, una remuneración a acorde con su función, dignidad y jerarquía y de acuerdo a los porcentajes preestablecidos.
Cuarto.- En conclusión, no se viene cumpliendo con la Ley, puesto que los Magistrados del Poder Judicial vienen percibiendo por remuneración un monto menor al que le corresponde a su nivel y funciones, pues lo demás conceptos a los que tienen derecho son abonados sin considerar su verdadera naturaleza remunerativa.
Esta distorsión en el sistema y las normas legales que rigen las remuneraciones de todos los magistrados del Poder Judicial, no puede continuar subsistiendo, puesto que atenta contra una verdadera equidad y trato justo al que tienen derecho.
Quinto.- Que, con motivo del “V Congreso Nacional de Jueces” Tarapoto-2011, por consenso se acordó: el cumplimiento del sistema remunerativo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial; así como que dicho sistema remunerativo no sea referente a otros funcionarios o servidores públicos, dada la exclusividad que tienen los jueces en la función jurisdiccional.
Dentro de ese contexto solicitamos señor Presidente del Poder Judicial que asuma institucionalmente el sistema remunerativo respecto de los magistrados en el siguiente orden:
- Jueces Superiores es el 90% del total que perciben los Jueces de la Corte Suprema
- Jueces Especializados o Mixtos es del 80%
- Jueces de Paz Letrado es del 70%-
Asimismo, invocamos se continúe asumiendo la solución de la problemática remunerativa de los trabajadores del Poder Judicial en los estándares adecuados a las otras entidades del Estado.
(Suscrito por los Presidentes de las 31 Cortes Superiores de Justicia de la República)
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LOS JUECES ESPECIALIZADOS Y MIXTOS Y DE PAZ LETRADOS TITULARES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

Reunidos en Junta de Jueces Permanente:

ACUERDAN:

EXPRESAR nuestra preocupación por las declaraciones que un medio de prensa atribuye al Presidente del Consejo Ejecutivo y del Poder Judicial, que presuntamente reflejarían la posición asumida por la máxima instancia de gobierno judicial, la misma que no se condice con lo dispuesto por el artículo 82 inciso 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que prescribe que "Son funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial asegurar el pago íntegro de las remuneraciones de los Magistrados y demás servidores del Poder Judicial, según lo establecido" en la propia LOPJ.

RECHAZAR que se considere populista, irrazonable y carente de lógica jurídica el justo reclamo de los magistrados por el respeto de sus derechos laborales consagrados en el texto expreso y claro del artículo 186 inciso 5 de la LOPJ desde hace veinte años y ratificados por una sentencia firme cuyo cumplimiento resulta ineludible y no puede ser soslayado mediante la aprobación de una ley que rebaje nuestros derechos remunerativos.

CONSIDERAMOS arbitrario que, pese al mandato legal y lo ordenado mediante una sentencia fiorme, el Estado no cumpla el régimen remunerativo ya definido en la LOPJ desde hace dos décadas. Por tanto, RECHAZAMOS que se pretenda sustituir dicho régimen remunerativo y previsional, por uno nuevo, con el eufemismo de que sea razonable y equilibrado, en desmedro de los derechos remunerativos ya previstos en la ley para los Jueces Superiores, Especializados y Mixtos y de Paz Letrados, desmejora que sin embargo no afecta a los señores jueces supremos.

REITERAMOS que no estamos solicitando incremento remunerativo alguno, sino el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado y ratificadas por una sentencia judicial, correspondiendo a las instancias de gobierno del Poder Judicial, desarrollar las acciones administrativas y presupuestales para su cabal cumplimiento, sobre la base del reconocimiento que se trata de un tema que atañe a los derechos laborales de los jueces, por ende irrenunciables, que no pueden ser afectados por decisión unilateral de una instancia institucional.

EXHORTAMOS a las instancias de gobierno que con sujeción a sus deberes legales y atendiendo al sentir unánime de los Jueces Superiores, Especializados, Mixtos y de Paz Letrados, de la Corte Superior de Justicia de Lima disponga las acciones administrativas para la implementacion de nuestro sistema remunerativo.

Lima, 30 de marzo de 2012

30/03/12: COMUNICADO

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AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y OPINIÓN PÚBLICA

Los señores Jueces Superiores de la Corte Superior de Justicia de Lima, reunidos en Sala Plena en la fecha, ACORDARON por UNANIMIDAD:

1.- DEPLORAR las expresiones del Presidente del Poder Judicial, César San Martín Castro, en la inauguración de la 1ª. Reunión de 31 Presidentes de Cortes Superiores al afirmar que nuestros justos reclamos remunerativos "constituyen actos de populismo y carentes de lógica jurídica"

2.- INFORMAR que el artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente desde 1993 establece los montos remunerativos que deben percibir los Jueces de la República, dispositivo que NO SE CUMPLE hace 19 años para los Jueces Superiores, Especializados y de Paz Letrado, sin embargo SÍ SE CUMPLE para los Jueces Supremos, evidenciándose desigualdad en el cumplimiento de la Ley. En consecuencia, exigir el cumplimiento del principio de igualdad y una remuneración digna (arts. 2.2 y 146 Constitución) no constituyen actos de populismo y carentes de lógica jurídica.

3.- RECORDAR que en el último Congreso Nacional de Jueces realizados en Tarapoto con presencia del Presidente del Poder Judicial, se APROBÓ POR UNANIMIDAD, exigir el cumplimiento de los porcentajes establecidos en la norma ya citada. Clamor nacional que esta Sala Plena reitera se cumpla.

Lima, 30 de marzo de 2012.
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SERIEDAD. RESPECTO A LAS DEMANDAS DEL RÉGIMEN REMUNERATIVO
San Martín pide a jueces evitar caer en el populismo

Debate debe centrarse en líneas propositivas razonables, manifiesta

Exhortó a magistratura a actuar con mayor celeridad y eficacia

La actual discusión y demanda de la magistratura para mejorar el sistema de remuneraciones de jueces superiores, especializados y de paz letrado debe centrarse en líneas propositivas razonables, sin caer en populismos ni peticiones que, finalmente, no van a ser aceptadas por su falta de sustento económico y de lógica jurídica.

Así lo sostuvo el titular del Poder Judicial, César San Martín Castro, quien afirmó que en este caso el objetivo es lograr un régimen remunerativo y previsional, razonable, equilibrado y que haga justicia a un cuerpo de funcionarios y autoridades, que tiene un carácter estable y constituye una línea de carrera fundamental para la vigencia del Estado Constitucional.

Fue al inaugurar la Primera Reunión Anual 2012, que congrega hasta hoy a los 31 presidentes de las cortes superiores de justicia del país. En la cita, la autoridad exhortó a los jueces de todo el país a enfrentar con decisión y voluntad los retos que plantea insistentemente la ciudadanía y ser más céleres y eficaces en el servicio de impartición de justicia.

Durante el cónclave, al que asisten también jefes de oficinas de administración de estas cortes, el magistrado expresó que la celeridad demanda medidas imaginativas para una descarga procesal efectiva. Agregó que durante su gestión se aprobaron nuevas directivas, se impuso un nuevo modelo organizacional de carácter gerencial y se diseñó un proyecto de inversión para alcanzar en tres o cuatro años la "carga cero".

En este contexto, remarcó que la descarga efectiva empezó el año pasado, cuando se resolvieron cien mil causas más (diferencia entre las que ingresan y egresan anualmente).

"Hay un stock final que tenemos que trabajar como proyecto de inversión", remarcó el presidente de este poder del Estado.

Durante esta jornada, los jefes de las oficinas de administración distrital, por separado, también debatirán e intercambiarán ideas relacionadas con sus funciones.





Seguridad ciudadana

Respecto de la exigencia ciudadana de mayor eficacia, San Martín dijo que ésta se presenta en los ámbitos de seguridad ciudadana y determinadas decisiones judiciales que tienen efecto sobre políticas públicas, especialmente de procesos asociados a la violencia, libertades indebidas no bien pensadas, y argumentación contradictoria.

Por otro lado, manifestó que se atribuye a los jueces "un uso perverso y equivocado, y una jurisprudencia errática de medidas cautelares en ámbitos como la pesca y acciones que las comunas dictan sobre locales que funcionan indebidamente".

Al respecto, aseveró que la judicatura ya lo está enfrentando con propuestas legales, como la regulación al uso de medidas cautelares en amparos, el procedimiento de ejecución coactiva y el cambio de leyes penales

EL PERUANO
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Doctor César San Martín inauguró reunión de Presidentes de Cortes Superiores de Justicia con Jefes de las Oficinas de Administración.

El Presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín Castro, exhortó a los jueces de todo el país a enfrentar con decisión y voluntad los retos que plantea insistentemente la ciudadanía: celeridad y mayor eficacia en el servicio de impartición de justicia.

Durante la inauguración de la Primera Reunión Anual 2012 de los 31 Presidentes de Cortes Superiores de Justicia con los Jefes de las Oficinas de Administración de éstas, San Martín manifestó que la celeridad demanda medidas imaginativas para una descarga procesal efectiva. Al respecto, expresó que en su gestión se han aprobado nuevas directivas, que hay un nuevo modelo organizacional de carácter gerencial y que se configurará un proyecto de inversión para alcanzar en tres o cuatro años la "carga cero".

Recordó que la descarga efectiva empezó el año pasado cuando se resolvieron cien mil causas más (diferencia entre las que ingresan y egresan anualmente). "Hay un stock final que tenemos que trabajar como proyecto de inversión", remarcó.

Respecto de la exigencia ciudadana de mayor eficacia, San Martín dijo que ésta se presenta en los ámbitos de la seguridad ciudadana y determinadas decisiones judiciales que tienen efecto sobre políticas públicas. "Lo que constantemente se nos achaca en seguridad ciudadana es la respuesta judicial a los procesos asociados a la violencia: las libertades indebidas no bien pensadas, y argumentación escasa y contradictoria", indicó.

Y, por otro lado, manifestó que se atribuye a los jueces "un uso perverso, abusivo y equivocado, y una jurisprudencia errática en materia de medidas cautelares en ámbitos como la pesca, y acciones que las municipalidades dictan respecto de locales que funcionan indebidamente".

Propuestas normativas

Sostuvo que, si bien éste es un problema delicado, el Poder Judicial ya lo está enfrentando con propuestas normativas.

Sobre el tema, informó que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ha puesto en debate tres anteproyectos de ley: Uno para regular el uso de las medidas cautelares en los procesos de amparo, otro sobre el procedimiento de ejecución coactiva y un tercero sobre seguridad ciudadana que plantea más de cuarenta modificaciones en las leyes penales.

Uno de los temas de discusión en este encuentro de Presidentes de Corte y Jefes de Oficinas de Administración Distrital es el referido al sistema de remuneraciones de jueces superiores, especializados y de paz letrado.

Al respecto, el doctor San Martín sugirió que esta discusión se centre en líneas propositivas razonables, sin caer en populismos ni peticiones que, finalmente, no van a ser aceptadas por su falta de sustento económico y de lógica jurídica. De lo que se trata, remarcó, "es de lograr un régimen remunerativo y previsional, razonable, equilibrado –dijo- y que haga justicia a un cuerpo de funcionarios y autoridades, que tiene un carácter estable y constituye una línea de carrera fundamental para la vigencia del Estado Constitucional".

Durante la jornada de hoy, los Jefes de las Oficinas de Administración Distrital, por separado, también debatirán e intercambiarán ideas relacionados con sus funciones.

Segundo día

Para mañana viernes, en el segundo día de trabajo, se desarrollarán un conjunto de conferencias como "La reforma judicial en el Poder Judicial-ETI Laboral" a cargo del expositor Orestes Cáceres; "La nueva perspectiva del presupuesto institucional del Poder Judicial: visión descentralizada a través de las Unidades Ejecutoras" por el doctor Ricardo Salazar Chávez.

Luego el ingeniero Eduardo Roncal Ávalos disertará sobre "La gestión de la información en el Poder Judicial. Perspectivas del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información".

Posteriormente, el integrante del CEPJ doctor Darío Palacios Dextre abordará el tema "El Plan Nacional de Descarga, metas, estándares de producción. Perspectivas de corto plazo 2012".

Después, el doctor Manuel Bernales Pacheco tratará acerca de "Los indicadores y la medición de la producción judicial", mientras que el doctor Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, abordará "Reformas legales propuestas por la Presidencia del Poder Judicial".

Lima, 29 de marzo de 2012
OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Categoría: Derecho Judicial
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29/03/12: Eso no es noticia

Categoría: Escritos reunidos
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Jaime David Abanto Torres (*)

Un domingo por la noche mi esposa me avisó que en un programa de televisión estaban entrevistando a dos jueces, sobre un tema de actualidad. Cuando los magistrados entrevistados señalaron que los medios de comunicación solo resaltaban lo malo del Poder Judicial y nunca lo bueno, la periodista replicó que “eso no es noticia”.

No sé si fue intencional o inconsciente. Solo sé que difícilmente algunos medios de comunicación harán conocer a los ciudadanos las carencias que padecemos quienes prestamos el servicio de justicia. La razón es sencilla: “eso no es noticia”.

El público poco conoce que por las noches, pasada la jornada laboral, las luces continúan encendidas en los juzgados, que siguen analizándose los folios de los expedientes, que aún suenan los teclados de las computadoras sobre incómodos y vetustos escritorios, que las hojas de las fotocopiadoras e impresoras continúan atascándose, que las agujas e hilos aún continúan cosiendo tomos y tomos de expedientes, hasta romperse. Pero no son los duendes del zapatero del cuento de hadas, son personas de carne y hueso como ustedes, amables lectores. Trabajadores que llegan tarde a casa robando tiempo a sus familias, héroes anónimos e incomprendidos. Son los milicianos de la justicia, personas que tienen sueños y esperanzas, principios y valores y luchan por ellos.

Un juez jubilado me dijo amargamente: “para ganar un juicio no basta tener la razón: hay que tener dinero o hay que tener influencias”. Lo escuché en silencio y hoy le respondo que los jueces resuelven conforme a la ley y lo que aparece en el expediente, que en los juzgados se cierra las puertas a la corrupción y al tráfico de influencias, que en un proceso gana el que tiene la razón y pierde el que no la tiene, se condena al culpable y se absuelve al inocente, y jamás a la inversa.

No podemos negar que algún juez pueda sucumbir ante los poderosos o a las más variadas de las tentaciones. De seguro usted sabrá de algún juez o servidor que anda por malos pasos, pero tal vez no se atreve a denunciarlo porque cree que de hacerlo usted se perjudicará perdiendo su proceso; pero no debe temer, presente su queja ante la Oficina de Control de la Magistratura o denuncie a ese mal juez o servidor judicial ante la Fiscalía, y si son responsables no dude que se le aplicarán las sanciones que correspondan.

Es sorprendente ver la facilidad con que algunas personas utilizan a los medios de comunicación y atacan a los jueces sin que estos tengan mayor defensa que los fundamentos de su resolución, dictada muchas veces en horas de la madrugada, como cuando se trabaja en un Juzgado Penal de Turno Permanente, recibiendo muchos atestados policiales con detenidos cuya situación debe definirse con igual número de resoluciones.

Los jueces no somos insensibles a los sentimientos y emociones de los litigantes, pero los escuchamos y formamos nuestro criterio en silencio, porque la ley nos prohíbe adelantar opinión. Y si cometemos un error, para corregirlo están los jueces de la instancia superior a la que cualquiera de las partes puede recurrir.

(*) Juez Civil, integrante del Programa Social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte Superior de Justicia de Lima.

En http://www.expreso.com.pe/blog/la-columna-del-juez-39

Expreso, 29 de marzo de 2012

27/03/12: Oye mi amor

Categoría: Música
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Maná

Categoría: Música
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Maná

27/03/12: Me llamas

Categoría: Música
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José Luis Perales

ME LLAMAS
PARA DECIRME QUE TE MARCHAS
QUE YA NO AGUANTAS MÁS
QUE YA ESTÁS HARTA,
DE VERLE CADA DÍA
DE COMPARTIR SU CAMA
DE DOMINGOS DE FÚTBOL
METIDA EN CASA.

ME DICES QUE EL AMOR
IGUAL QUE LLEGA PASA
Y EL TUYO SE MARCHÓ POR LA VENTANA
Y QUE ENCONTRÓ UN LUGAR
EN OTRA CAMA.

Y TE HAS PINTADO LA SONRISA DE CARMÍN
Y TE HAS COLGADO EL BOLSO QUE TE REGALÓ
Y AQUEL VESTIDO QUE NUNCA ESTRENASTE
LO ESTRENAS HOY
Y SALES A LA CALLE, BUSCANDO AMOR.
(BIS)

ME LLAMAS
PARA DECIRME QUE TE ENGAÑA
QUE YA DE VUESTRO AMOR
NO QUEDA NADA
QUE SE BUSCÓ OTRO NIDO
QUE ABANDONÓ TU CASA
QUE TE FALTAN CARICIAS
POR LAS MAÑANAS.

ME DICES QUE EL AMOR
IGUAL QUE LLEGA PASA
Y EL TUYO SE MARCHÓ POR LA VENTANA
Y QUE ENCONTRÓ UN LUGAR EN OTRA CAMA.

Y TE HAS PINTADO LA SONRISA DE CARMÍN
Y TE HAS COLGADO EL BOLSO QUE TE REGALÓ
Y AQUEL VESTIDO QUE NUNCA ESTRENASTE
LO ESTRENAS HOY
Y SALES A LA CALLE, BUSCANDO AMOR.
(BIS)

27/03/12: Te quiero

Categoría: Música
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José Luis Perales

Cada vez que te beso me sabe a poco.
Cada vez que te tengo me vuelvo loco.
Y cada vez, cuando te miro, cada vez,
encuentro una razón para seguir viviendo.
Y cada vez, cuando te miro, cada vez,
es como descubrir el universo.

Te quiero, te quiero
y eres el centro de mi corazón.
Te quiero, te quiero
como la tierra al sol.

Cada vez que la noche llega a tu pelo
de cada estrella blanca yo siento celos.
Y cada vez, cuando amanece, cada vez,
me siento un poco más, de tu mirada preso.
Y cada vez, entre tus brazos, cada vez,
despierta una canción y nace un beso.

Te quiero, te quiero
y eres el centro de mi corazón.
Te quiero, te quiero
como la tierra al sol.

Te quiero, te quiero
y eres el centro de mi corazón.
Te quiero, te quiero
como la tierra al sol.


Categoría: Música
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Los violadores

Uno-Dos Ultraviolento
Uno-Dos Ultraviolento
Uno-Dos Ultraviolento
Uno-Dos Ultraviolento

Varias debotchas
caminan por ahi
Mueven sus scahrros
con frenesi
Los mal chicos de cuero
nos queremos divertir
Con mis drugos
al ataque vamos a ir

Y ahora que pasa, eh?
Y ahora que pasa, eh?
Y ahora que pasa, pasa:
Uno-Dos Ultraviolento.

Sin militscos en la esquina
Es mas fácil para mi
El dremcom en la goloba
Me hace decidir
La de grudos mas bolches
La quiero para mi
Crobo rojo entre sus capas
Les haremos salir

Y ahora que pasa, eh?
Nos quieren transformar
No lo lograran
No lo lograran
No, no lo lograran
No... no, no, no

Y ahora que pasa, eh?
Uno-Dos-Ultravio-len-to.

26/03/12: Sentimiento Fatal

Categoría: Música
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Los violadores

Por favor dame otra oportunidad
Solo te pido una noche mas
Creo que estoy probando tu amor
Porque no te entregas a mi seducción

Algo mas , algo mas, algo mas
Que ilusiones yo te voy a dar
Algo mas , algo mas, algo mas
Algo mas...

Dame a mi lo mismo que le diste a él
Si yo puedo hacerlo tal cual como es
Siento que hoy ya no me quieras ver
Porque tan difícil tenia que ser?

Algo mas , algo mas, algo mas
Que ilusiones yo te voy a dar
Algo mas , algo mas, algo mas
Algo mas...

Éxtasis, lujuria y placer
Llevo marcadas en mi piel
Éxtasis, lujuria y placer...

Por favor dame otra oportunidad
Solo te pido una noche mas
Intente vivir tal cual como soy
Porque tan difícil me resulto?

Algo mas , algo mas, algo mas
Que ilusiones yo te voy a dar
Algo mas , algo mas, algo mas
Algo mas...

Éxtasis, lujuria y placer
Llevo marcadas en mi piel
Éxtasis, lujuria y placer...
Llevo marcadas en mi piel!

24/03/12: Libre

Categoría: Música
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Nino Bravo

24/03/12: Un beso y una flor

Categoría: Música
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Nino Bravo



24/03/12: América

Categoría: Música
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Nino Bravo

24/03/12: Puerta del amor

Categoría: Música
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Nino Bravo

24/03/12: Cartas amarillas

Categoría: Música
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Nino Bravo



Soñé que volvía a amanecer,
soñé con otoños ya lejanos.
Mi luz se ha apagado,
mi noche ha llegado;
busqué tu mirada y no la hallé.
La lluvia ha dejado de caer,
sentado en la playa del olvido
formé con la arena
tu imagen serena,
tu pelo con algas dibujé.

Y busqué entre tus cartas amarillas
mil te quiero, mil caricias
y una flor que entre dos hojas
se durmió.
Y mis brazos vacíos se cerraban
aferrándose a la nada,
intentando detener mi juventud.

Al fin hoy he vuelto a la verdad,
mis manos vacías te han buscado;
la hiedra ha crecido,
el sol se ha dormido,
te llamo y no escuchas ya mi voz.

Y busqué entre tus cartas amarillas
mil te quiero, mil caricias
y una flor que entre dos hojas
se durmió.
Y mis brazos vacíos se cerraban
aferrándose a la nada,
intentando detener mi juventud.

Y busqué entre tus cartas amarillas
mil te quiero, mil caricias
y una flor que entre dos hojas
se durmió.

22/03/12: Caminante

Categoría: Poemas
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Antonio Machado

Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante no hay camino
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.

22/03/12: Reconciliación

Categoría: Música
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Los Mojarras

Sentada en la cantina, llorando una pena de amor,
se encuentra la muchacha
tomando en la mesa del rincón.

Cuando de pronto en la puerta,
un muchacho preguntando llego,
el motivo de su pena, el galán de su novela,
qué mirada le plantó.

Todos quedamos quietos, algo iba a suceder,
se fue empujando sillas hacia la mesa del rincón.
Más no pasaba nada, él le ha suplicado,
le ha pedido perdón
Entre abrazos y te quiero, caricias y disculpas,
este grito se escuchó.

Mozo!... dos cervezas! (coro) (bis)
Y una pa cada mesa por mi cuenta.

Ella me ha perdonado, hay reconciliación

Póngame una chicha de Chacalon.

Mozo!... dos cervezas! (coro) (bis)
Y una pa cada mesa por mi cuenta.

Ella me ha perdonado, hay reconciliación,
Pónganme una chicha de Chacalon.


Tu serás la causa de mi muerte

De mi muerte oh, de mi muerte! (coro)(bis)

Tu será la causa de mi muerte

De mi muerte oh, de mi muerte! (coro) (bis)


Mozo!... dos cervezas!
Y una pa cada mesa por mi cuenta. (coro) (tres veces)

22/03/12: Llorando se fue

Categoría: Música
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Los Kjarkas

Ulises y Gonzalo Hermosa

Llorando se fue
y me dejó solo  sin su amor

Llorando se fue
y me dejó solo sin su amor

Sola estará recordando este amor
que el tiempo no puede borrar

Sola estará recordando este amor
que el tiempo no puede borrar

La recuerdo hoy
y en mi pecho no existe el rencor

La recuerdo hoy
y en mi pecho no existe el rencor

Llorando estará recordando el amor
que un día no supo cuidar

Llorando estará recordando el amor
que un día no supo cuidar
(Bis)

Cuarteto Continental

Márcia Ferreira

Kaoma

http://www.laprensa.com.bo/diario/entretendencias/escena/20110814/llorando-se-fue-el-mito-boliviano_3470_6398.html

http://elpais.com/diario/1989/10/03/cultura/623372405_850215.html

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El Consejo Directivo de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia – JUSDEM, hace de conocimiento a la opinión pública lo siguiente:

1.- Nuestra Constitución Política señala que el Estado garantiza a los magistrados judiciales una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y garantía. Esto es debido a la importancia que tiene el juez en un sistema democrático y constitucional de derecho en la primera línea de defensa de los derechos fundamentales de las personas.

2.- En ese sentido, el texto vigente de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en su artículo 186 inciso 5) reconoce como derecho de los magistrados el percibir una remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía, para estos fines se toma en cuenta que el haber de los Vocales Superiores es del 90% del total que perciban los Vocales de la Corte Suprema; el de los Jueces Especializados o Mixtos es del 80%; el de los Jueces de Paz Letrados es del 70%, y 55% el de los Secretarios y Relatores de Sala, referidos también los tres últimos porcentajes al haber total de los Vocales de la Corte Suprema.

3.- Es así que desde la entrada en vigencia de la LOPJ en 1993 a la fecha, nos encontramos frente a un incumplimiento reiterado de las normas antes indicadas, relacionadas con la determinación y pago oportuno de la remuneración establecida por la Ley. No obstante ello, los jueces del Perú siempre hemos efectuado nuestros mejores esfuerzos para brindar cada día un mejor servicio de justicia, a pesar de nuestras históricas carencias.

4.- Queremos DEJAR EN CLARO que los jueces superiores, especializados y mixtos y de paz letrados no estamos solicitando incremento remunerativo alguno, sino simplemente el cumplimiento de las obligaciones de carácter remunerativo a cargo del Estado Peruano para con sus Magistrados.

5.- Existe una sentencia judicial con autoridad de cosa juzgada que se encuentra en etapa de ejecución, que ordena el pago de las remuneraciones de los jueces conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fuera emitida en el proceso seguido por la Asociación Nacional de Magistrados contra el Poder Judicial sobre proceso de cumplimiento, por lo que EXIGIMOS el cumplimiento de la citada sentencia.

6.- Asimismo, INVOCAMOS al Doctor César San Martín Castro, Presidente del Poder Judicial y Titular del Pliego de dicha institución, que gestione ante las autoridades pertinentes el cumplimiento de nuestra Ley Orgánica y de la sentencia del proceso de cumplimiento, pues no podemos considerar la existencia de un Estado Democrático Constitucional, cuando el propio Estado incumple, desde hace más de veinte años, el pago de las remuneraciones a sus Magistrados, conforme a los parámetros establecidos en la LOPJ y una sentencia con autoridad de cosa juzgada, que no puede ser dejada sin efecto por ninguna ley.

7.- Finalmente, RESPALDAMOS la Declaración de Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Lima del 8 de marzo de 2012, en cuanto exige el cumplimiento del artículo 186 inciso 5) de la LOPJ.

Lima, 21 de marzo de 2012
EL CONSEJO DIRECTIVO
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Carlos Hugo Falconí Robles (*)
Es lamentable escuchar las noticias al inicio de cada semana con un resumen de accidentes de tránsito que suceden en la ciudad. En varios casos los mismos se producen por culpa del conductor y también suceden por negligencia del propio peatón.

Estos hechos causan pérdida de vidas a pesar de que se han instalado semáforos inteligentes, empero, sigue agudizándose esta situación que viene generando estrés en los transeúntes y el riesgo se mantiene día a día.

¿Se podrá dar solución a la problemática antes señalada? Creo que sí, siempre que se haga una campaña de difusión que muestre al público y a las autoridades sobre su propia seguridad y tomar las medidas del caso, tal como lo viene haciendo el Programa “Justicia en Tu Comunidad” de la Corte Superior de Justicia de Lima en diversos centros, y que se ha fortalecido con el reciente convenio celebrado entre la Corte con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM).

Haciendo un paréntesis, es importante destacar que gracias a este convenio miles de escolares de diversas instituciones educativas de 25 distritos de Lima no sólo recibirán charlas educativas en esta materia sino también de conocimientos básicos de aspectos jurídicos. Asimismo, conocerán sobre las consecuencias negativas de la violencia familiar, el pandillaje y el bullyng, entre otros.

Igualmente, es urgente advertir y educar a los peatones, con ayuda de las autoridades competentes, para tomar medidas adecuadas en las zonas más álgidas con esta problemática. Asimismo, se debe establecer directivas específicas que ordenen a los policías de tránsito velar por el normal movimiento de los transeúntes, a efecto de cautelar su integridad física.

Por otro lado, los peatones deben ser concientes del peligro al que están expuestos. Muchas veces los jueces penales tienen que archivar el proceso penal por lesiones, o inclusive por homicidios ocasionados por accidentes de tránsito, por cuanto las investigaciones demostraron que el factor que predominó en el accidente fue del propio peatón a quien se le imputa en forma objetiva dicha negligencia por cruzar las pistas sin respetar las reglas de tránsito, por lo que conforme a la vigente doctrina de derecho penal, en tales accidentes no se configura delito alguno.

Por ello, estimado lector, usted también puede poner su grano de arena para un cambio de mentalidad, tomando todas las precauciones y no poner en peligro la vida de los ciudadanos y enlutar hogares. Esta problemática de violar las reglas de tránsito afecta a nuestra comunidad; por ello insto a los conductores y a los peatones a cuidar sus hogares y el de sus semejantes. ¡No más atropellos!

(*) Juez integrante del Programa Social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima

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* A César Vallejo se le acusa de ateo, sin embargo, presenta a Dios como imperfecto; no lo niega, lo refuta. Para el presidente del Instituto de Estudios Vallejianos, César Alva, su literatura está llena de poemas sentimentales, llenos de tristeza.

Hace 120 años, el poeta nació en Santiago de Chuco (La Libertad), lugar que lo inspiró en un sinnúmero de poemas de vida, de reflexión y de intimidad familiar.

"La grandeza de Vallejo, su genialidad, cuya voraz lectura algo extraña en estos tiempos, prefieren reemplazarla por la denominada literatura light".
César Alva Lescano, escritor

Al cumplirse 120 años del nacimiento de César Vallejo, esta es una reflexión sobre la polémica e incomprendida genialidad del vate nacido en la ciudad de Santiago de Chuco (La Libertad), el 16 de marzo de 1892.

Aunque muchos lo califican de patético, otros de trágico y hasta se atreven a culparlo de los fracasos de los peruanos. Sin embargo, César Vallejo constituye, desde mi visión personal, el poeta con un hondo sentimiento humano, capaz de expresar lo más íntimo de los temores, angustias y preocupaciones de nosotros, simples mortales.

Proveniente de una provincia del ande liberteño, Santiago de Chuco, es el escenario que inspira en el poeta, el amor por la tierra, la naturaleza, la vida apacible y sencilla, que en el seno de una extensa familia forjaron el espíritu sensible de Vallejo, el "Shulca".*

Para muchos es incomprensible la dimensión mundial del pensamiento y la poesía de Vallejo, que para su época significó la ruptura ante todo, una escritura que rompe paradigmas. Tal vez esa sea la razón para que no pueda ser valorado y considerado aburrido, pesimista o traumático como las actuales publicaciones nominadas best seller de carácter mercantilista.

Para el presidente del Instituto de Estudios Vallejianos, César Adolfo Alva Lescano, su literatura está llena de poemas sentimentales, llenos de tristeza, angustia, pero también de íntimas alegrías como lo demuestra en “Trilce”, poemario de protesta basado en la niñez y la juventud del vate santiaguino.

“Tiene un lenguaje difícil y profundo, que hoy en día no se puede entender. Hasta ahora diversos investigadores tratan de interpretar lo profundo de sus versos. En sus libros expresa su amor a la vida y la muerte. “Para explicar mi vida no tengo sino mi muerte”, dijo el propio Vallejo”, manifestó el investigador.

Para Alva, Vallejo estuvo consciente de su grandeza literaria pues decía “Cuando muera de vida y no de tiempo”, tal como sucede ahora con sus libros que son traducidos a todos los idiomas.

Igualmente, a este vate se le acusa de ateo, sin embargo, presenta a Dios como imperfecto; no lo niega, lo refuta. Varios hechos dolorosos en su vida como la muerte de su madre, sus amigos, las guerras, que presenció en España lo llevan a cuestionarse sobre la naturaleza del hombre, la maldad, el sufrimiento, el hambre, las injusticias sociales, las contradicciones del mundo moderno, por ello no pierde vigencia.

Su permanente divorcio con lo convencional lo lleva a rechazar un sinnúmero de homenajes y honores como los cargos diplomáticos o manutenciones ofrecidas por ciertos gobiernos como el ruso; no persigue la posteridad, no es aspirante a la gloria divina, ni humana.

Esa es la grandeza de Vallejo, su genialidad, cuya voraz lectura algo extraña en estos tiempos para muchos, que prefieren reemplazarla por la denominada literatura light, no pueden ocultar la esencia del sentimiento vallejiano.

Durante mis estudios universitarios, nos pidieron la lectura de un libro y por supuesto llevé el poemario de Vallejo ante lo cual mi maestro exclamó “pero ¿porqué lees este libro, si el poeta es lúgubre?” desconociendo mi profunda admiración por Vallejo, no solo como poeta, sino como periodista desde tiempos de la secundaria, cuando quisimos ponerle su nombre a la promoción; sin embargo no se pudo porque ya había tres grupos que lo habían hecho.

Pasear por Trujillo y observar la casa donde vivía en sus épocas de estudiante, pasar por el Centro Viejo donde fue preceptor, caminar por la otrora grama de Mansiche, hoy convertida en óvalo, me acercan aún más a este eterno trovador de las profundidades humanas que cumplió su destino, convertirse en la voz más analizada y criticada de las letras.

Si Vallejo viviera -tendría 120 años- podría comprobar la vigencia de los versos de su poema “Nueve Monstruos”: “Y también de resultas del sufrimiento, estoy triste hasta la cabeza, y más triste hasta el tobillo, de ver al pan, crucificado, al nabo, ensangrentado, llorando, a la cebolla, al cereal, en general, harina, a la sal, hecha polvo, al agua, huyendo, al vino, un ecce-homo, tan pálida a la nieve, al sol tan ardio!.

"¡Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tánta sed de sed!
Señor Ministro de Salud; ¿qué hacer? !Ah! desgraciadamente, hombres humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer”.

Pero tal vez moriría con más dolor al saber que están pidiendo no leer sus escritos, por ello invoco a todos los amantes de la lectura, padres de familia y docentes de todos los niveles no perder la vista el mensaje y dejar de lado la moda de la literatura fácil que estos días abunda. Vallejo, señores es inmortal y universal. ¡Felices 120 años de vida literaria al santiaguino ilustre!

Dato: Según Adolfo Alva Lescano, Vallejo habría tenido un hijo con una dama limeña llamada Otilia, con quien tuvo amoríos, pero ante la oposición de su familia que la corrió de su casa, ella desapareció hacia 1920, es por eso que no se tiene la certeza del nacimiento del niño. Empero, el recuerdo de esa relación quedó marcado en Trilce.

*Shulca, vocablo quechua que nombra al último de los hijos de un familia.

Por: Lady Villanueva

En http://www.rpp.com.pe/2012-03-16-la-inmortalidad-de-cesar-vallejo-mendoza-noticia_462117.html
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Por Francisco Távara Córdova
Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura
Vocal Titular de la Corte Suprema de Justicia

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Discurso pronunciado en la ceremonia de “Homenaje al poeta César Vallejo”, el día 2 de agosto de 2006, en el salón de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia , como parte del ciclo de actos programados por el “Día del Juez”

En http://ocma.pj.gob.pe/contenido_archivos/boletin/055-056.pdf

pp. 15-20

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También respalda acciones emprendidas por el Presidente del Poder Judicial, para lograr una escala remunerativa adecuada y justa para los trabajadores judiciales.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, órgano supremo de deliberación del Poder Judicial, en sesión extraordinaria realizada hoy, ratificó su decisión de requerir la mejora sustantiva del sistema de remuneraciones y pensiones de los jueces de la República.

A través de un comunicado, el Supremo Tribunal, anunció que se ha formado una comisión que tiene a su cargo la labor de afrontar de manera integral esta situación.

El documento recuerda que el artículo 146°, inciso 4, de la Constitución Política prescribe que el Estado garantiza a los jueces una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía.

El comunicado añade que este precepto constitucional no ha sido desarrollado en toda su dimensión por el ordenamiento jurídico vigente, razón por la cual el Presidente del Poder Judicial tiene el encargo de realizar todas las gestiones necesarias para lograr que se respete el mandato constitucional antes citado.

Asimismo, la Sala Plena expresó su respaldo a las acciones emprendidas por la Presidencia de este Poder del Estado para lograr en el más breve plazo una escala remunerativa adecuada y justa para los trabajadores judiciales.

Lima, 15 de marzo de 2012

OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Comunicado 20120315-comunicado_para_la_web.pdf[66clicks]
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Corte Superior de Justicia de Lima
NOTA DE PRENSA Nº 034- 2012-OPII-CSJL

Cuenta con el apoyo de todas las Cortes Superiores a nivel nacional

COMISIÓN DE DEFENSA INSTITUCIONAL RESPALDA ACUERDOS SOBRE REMUNERACIONES DE JUECES

 Magistrados piden derogatoria de Ley 29718 que reduce sus ingresos

La Comisión de Defensa Institucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, presidida por el Juez Superior, Iván Sequeiros Vargas, e integrada por los Jueces Superiores Dr. Luis Arce Córdova, Jefe de Odecma – Lima y la Dra. Liliana Dávila Broncano, señalaron que se encuentran desarrollando acciones a fin de viabilizar el respeto de los acuerdos adoptados en la Sala Plena de este Distrito Judicial, respecto a la nivelación de la remuneración de los Magistrados.

La Comisión, enfatizó que las 31 Cortes Superiores a nivel nacional, respaldan este reclamo, ratificado en octubre del año pasado a través de un Acuerdo Nacional suscrito en el Congreso Nacional de Magistrados, llevado a cabo en la ciudad de Tarapoto, toda vez que los porcentajes de los ingresos que deben percibir los jueces se encuentran establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En tal sentido, recalcaron que el haber de los Vocales Superiores debe ser del 90% del total que perciben los Vocales de la Corte Suprema. El de los jueces Especializados o Mixtos debe alcanzar el 80%; el de los Jueces de Paz Letrado debe llegar al 70% y el de los Secretarios y Relatores de Sala a un 55%.

Por otro lado, la Comisión se pronunció a favor de la derogatoria de la Ley 29718, porque la misma es una ley ordinaria que por jerarquía de normas no puede modificar y menos derogar el contenido de la Ley Orgánica del Poder Judicial; como tal resulta inconstitucional, poniendo énfasis en el peligro de su aplicación por cuanto inconstitucionalmente reduciría los porcentajes remunerativos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la práctica reduciría los ingresos de los magistrados.

Finalmente, demandaron al Presidente del Poder Judicial, al Presidente de la República como Presidente del Poder Ejecutivo y al Presidente del Congreso de la República a cumplir con lo ordenado y establecido en la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica del Poder Judicial y la Sentencia de Acción de Cumplimiento iniciada por la Asociación Nacional de Magistrados que tiene la calidad de cosa juzgada.

Lima, 15 de marzo de 2012
OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL
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Juan Carlos Valera Málaga (*)

Debido a la alta carga de morosidad en el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes, el sistema judicial ha estado debatiendo la posibilidad de crear registros de deudores para determinados ámbitos. A la fecha, por ejemplo, tenemos el registro de deudores alimentarios morosos, el cual se ha implementado para aquellos obligados a prestar periódicamente alimentos a los alimentistas y que a la fecha no lo cumplen.

Sin embargo, la morosidad en el cumplimiento de las sentencias judiciales se enfoca a la naturaleza de la obligación impaga, como en el caso de los alimentos para cautelar el derecho del alimentista a recibir eficientemente la pensión alimenticia en forma oportuna.

Siendo ello así, el enfoque del tema es insuficiente ya que debe ser más global, y se debe crear condiciones idóneas para que el sistema judicial funcione no solo en la sentencia de la controversia judicial, sino en también en su ejecución. Es así que el sistema judicial no puede limitarse a crear registros de deudores morosos en limitadas áreas por la naturaleza de la pretensión, porque ello produciría una proliferación de diversos registros de deudores en diversas áreas, siendo que las deudas son obligaciones que afectan en su conjunto al patrimonio del deudor moroso. Por ello no se puede pretender crear un sistema de deudores morosos en materia de arrendamiento cuando lo que se debe buscar en nuestra sociedad es la reducción significativa de deudores morosos judiciales, y por ende, la reducción de sentencias inejecutables.

Por ello, lo que se debe fomentar es la creación de un registro de deudores judiciales, donde se registren todas las deudas reconocidas judicialmente que se encuentren impagas (de dar, de hacer o de no hacer), de acceso al público en general y al usuario del servicio de justicia.

Su fundamento es el derecho de la sociedad de identificar a las personas que adeudan obligaciones y constituyen una amenaza constante al patrimonio de futuros acreedores. Ello no busca un castigo al deudor, sino una naturaleza preventiva y correctora, creando condiciones favorables para que una serie de obligaciones y derechos derivadas de una relación jurídica no nazcan heridas de muerte o genere inseguridad económica y social y así poder proteger a todo futuro acreedor o titular de derecho.

Una gran herramienta contra la “cultura del no pago” permitiría que se eviten la generación de muchos conflictos jurídicos y el aumento de procesos innecesarios a causa de una mala negociación con información insuficiente del deudor desleal y reincidente, salvo que el futuro acreedor quiera asumir un mayor riesgo.

Su implementación sería sencilla, pues el juez de la causa previo requerimiento de pago de la obligación ejecutoriada al deudor, procedería a través de un sencillo software adecuado al sistema que se usa para descargar resoluciones en los expedientes judiciales con el que cuenta la administración de justicia peruana a inscribir al deudor moroso judicial dentro de un registro nacional de deudores morosos judiciales, y así nos ahorramos tiempo y dinero en llevar a cabo conciliaciones extrajudiciales y procesos judiciales innecesarios. El debate está abierto.

(*) Juez integrante del Programa Social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima

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Corte Superior de Justicia de Lima

Nota Informativa N° 020-2012-OPII-CSJL

EN SALA PLENA CORTE DE LIMA SE PRONUNCIÓ SOBRE NIVELACIÓN DE REMUNERACIONES

Con la participación de más de 300 Jueces de los diversos niveles y especialidades como Jueces de Paz Letrado, Especializados y Superiores, la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Lima, se pronunció el último jueves 08 de marzo del año en curso sobre la nivelación de remuneraciones de los magistrados.

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Dr. Héctor Lama More, informó a los asistentes que en forma paralela se realizaron otras Salas Plenas en 17 Distritos Judiciales de todo el país. Posteriormente, se dirigió a la opinión pública nacional a través de una Conferencia de Prensa.

Al finalizar la reunión, se dio lectura a la Declaración de la Sala Plena a través de la cual se señaló entre otros aspectos lo siguiente: “Los Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima expresamos nuestro público malestar por la situación remunerativa que atravesamos los jueces; como ciudadanos y trabajadores de este país, tenemos derechos, estos se encuentran reconocidos en la Constitución Política, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en la Ley de Carrera Judicial.

(…) La Ley Orgánica del Poder Judicial desde 1993, en el articulo 186 numeral 5 reconoce como derecho de los magistrados. (…) 5.- Percibir una renumeración acorde con sus función, dignidad y jerarquía la que no puede ser disminuida de manera alguna, Para estos fines se toma en cuenta lo siguiente; b) El haber de los vocales superiores es del 90% del total que perciben los vocales de la corte suprema; el de los jueces especializados o mixtos es del 80%; el de los Jueces de Paz Letrados es del 70% y 55% el de los secretarios y relatores de sala, referidos también los tres últimos porcentajes al haber total de los vocales de la Corte Suprema”.

Desde casi 19 años, normativamente existe una escala remunerativa para los Magistrados; sin embargo, esta no se cumple porque la Vigésima Sexta Disposición Final y Transitoria de la misma LOPJ señaló, que se harían efectivos progresivamente según las disponibilidades del Presupuesto General de la República, dentro de los cinco años siguientes a la publicación de esta Ley; pues bien, han pasado largamente los cinco años establecidos y no ha existido voluntad ni decisión política de cumplir con la ley.

(…) Exigimos a las autoridades del Poder Judicial se integren al presupuesto del Poder Judicial los porcentajes fijados en la LOPJ.

(…) Por ello exigimos que el Estado tome las medidas correctivas a efecto de que se cumpla con la Ley y se restablezca nuestro derecho a una justa remuneración acorde a nuestra delicada función. Más aún si tenemos conocimiento que otros servidores de la Administración Pública perciben remuneraciones superiores a las nuestras, sin que exista justificación válida de dicha diferencia. El Perú debe dar muestras de que cuenta con un Poder Judicial que garantiza el estado de derecho en que vivimos y ello debe demostrarse en primer lugar con un trato justo a sus jueces.

Los Jueces exigiremos al Ejecutivo y al Legislativo cumplan con lo ordenado en la LOPJ y la Constitución y daremos los pasos legales necesarios para el logro de tal fin; para ello cuidaremos guardar el nivel que nuestra jerarquía exige, SIN DESCUIDAR EN NINGUN MOMENTO LOS PROCESOS JUDICIALES, porque conocemos y somos conscientes de que nuestro trabajo genera la paz social que necesita nuestro país. (…)”

Lima, 12 de marzo de 2012

OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL
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Para la aprobación de nueva escala remunerativa de servidores judiciales y ley sobre remuneraciones de jueces superiores, especializados y de paz letrado.

El titular del Poder Judicial, doctor César San Martín Castro, expresó esta mañana que la próxima semana se reunirá con el Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, y con el Ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, para que se apruebe la nueva escala remunerativa de los trabajadores administrativos y jurisdiccionales de su sector

La autoridad judicial expresó que esta nueva escala de remuneraciones debería aprobarse antes de finalizar este mes mediante decreto supremo para que entre en vigencia en abril en beneficio de los trabajadores judiciales. "Estamos trabajando activamente, cuidando siempre de que los ingresos ya ganados no se pierdan y se consolide un sistema razonable y presupuestalmente equilibrado de ingresos de los trabajadores", remarcó.

Añadió que las gestiones que realiza su despacho están bien encaminadas y que coordina permanentemente con el MEF. "Se tiene claro el punto de partida y las reglas básicas, se están viendo los sistemas básicos de reordenación y de progresividad, no está en discusión el monto ni el modelo", puntualizó.

Remuneraciones de jueces

Asimismo, se refirió al sistema de remuneraciones de los jueces superiores, especializados y de paz letrado. Señaló que mediante Ley N° 29718 se incorporó al sistema de la Unidad de Remuneraciones del Sector Público (URSP) a los jueces superiores, especializados y de paz letrado, y se estableció que éstos percibirán el81%, 58% y 40%, respectivamente, del sueldo que percibe un juez supremo.

Precisó que en diciembre de 2011, se emitió la Ley 29818 que dispuso constituir una comisión especial de representantes del Poder Judicial y del MEF para evaluar la situación de los ingresos de los jueces antes mencionados, y proponer un proyecto de ley en un plazo de seis meses.

"La directiva de la Ley N° 29718 es que esto sea aplicado de manera progresiva y ordenada en el marco de las leyes de presupuesto y debe tenerse en cuenta los principios de equilibrio y programación presupuestaria, es un mandato de progresividad", acotó.

Informó de que una comisión integrada por dos representantes del Poder Judicial y dos del MEF ya realizó una primera reunión de trabajo, y que próximamente el Poder Judicial presentará el proyecto correspondiente, cuya base fundamental está en la propuesta que antes la Corte Suprema presentó al Congreso para reordenar el sistema remunerativo de los jueces.

(...)

Lima, 13 de marzo de 2012
OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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Corte Superior de Justicia de Lima

Los Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima expresamos
nuestro público malestar por la situación remunerativa que atravesamos
los jueces; como ciudadanos y trabajadores de este país, tenemos
derechos, estos se encuentran reconocidos en la Constitución Política, en
la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en la Ley de Carrera Judicial.

La Constitución en el articulo 146 numeral 2, establece como obligación
del estado garantizar a los magistrados una renumeración que les
asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía.

La Ley Orgánica del Poder Judicial desde 1993, en el articulo 186
numeral 5 reconoce como derecho de los magistrados.
5.- Percibir una renumeración acorde con sus función, dignidad y
jerarquía la que no puede ser disminuida de manera alguna, Para estos
fines se toma en cuenta lo siguiente;
b) El haber de los vocales superiores es del 90% del total que perciben
los vocales de la corte suprema; el de los jueces especializados o mixtos
es del 80% ; el de los Jueces de Paz Letrados es del 70% y 55% el de los
secretarios y relatores de sala, referidos también los tres últimos
porcentajes al haber total de los vocales de la Corte Suprema.

Desde casi 19 años, normativamente existe una escala remunerativa para
los Magistrados; sin embargo, esta no se cumple porque la Vigésima
Sexta Disposición Final y Transitoria de la misma LOPJ señaló, que se
harían efectivos progresivamente según las disponibilidades de la
Presupuesto General de la República, dentro de los cinco años siguientes
a la publicación de esta Ley; pues bien, han pasado largamente los cinco
años establecidos y no ha existido voluntad ni decisión política de cumplir
con la ley.

En el Poder Judicial por el tema presupuestario, en materia remunerativa,
la LOPJ nos se cumple para Jueces Superiores, Jueces Especializado y
Mixtos y Jueces de Paz Letrados, pues no se perciben los porcentajes
remunerativos establecidos, pese a los requerimientos públicos hechos
por los Magistrados de nuestra corte.

Exigimos a las autoridades del Poder Judicial se integren al presupuesto
del Poder Judicial los porcentajes fijados en la LOPJ.

La Asociación Nacional de Magistrados cuenta con una sentencia firme
expedida en un proceso de cumplimiento, la que ordena el Ejecutivo
(MEF) cumpla con lo establecido en la LOPJ, no obstante el MEF no
provee de presupuesto para cumplir con el mandato judicial. Exigimos al
Sr. Presidente de la República efecto de que haga cumplir la resolución
judicial expedida en dicho proceso, conforme lo dispone la Constitución
Política del Estado.

Nosotros los Magistrados, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, es
así, que en le año 2011 hemos logrado un incremento sustancial de la
producción jurisdiccional y hemos llevado a cabo planes de descarga
procesal, que nos coloca en una expectante y privilegiada situación de
exigencia de la respectiva contraprestación por el estado.

Como ejemplo la descarga procesal de las superiores contenciosas
administrativas que conocen precisamente los procesos contra el estado,
fueron declaradas en emergencia, y tomadas las medidas necesarias han
dado como resultado un incremento importante de la producción,
alcanzando a noviembre del 2011 la suma total de 15,189 expedientes
resueltos, lo que significa un aumento de 71% en relación a lo producido
en noviembre del 2010 (8,873) expedientes).

Estas medidas carecerían de toda eficacia y sentido, sin el esfuerzo y
compromiso de los jueces y trabajadores integrantes de esta Corte
Superior , quienes a pesar de las carencias o deficiencias administrativas
y logísticas y pocos recursos con que se cuentan, han redoblado sus
esfuerzos posibilitando un incremento de la producción judicial.

Por ello exigimos que el Estado tome las medidas correctivas a efecto de
que se cumpla con la Ley y se restablezca nuestro derecho a una justa
remuneración acorde a nuestra delicada función. Más aún si tenemos
conocimiento que otros servidores de la Administración Pública perciben
remuneraciones superiores a las nuestras, sin que exista justificación
válida de dicha diferencia. El Perú debe dar muestras de que cuenta con
un Poder Judicial que garantiza el estado de derecho en que vivimos y
ello debe demostrarse en primer lugar con un trato justo a sus jueces.

Los Jueces exigiremos al Ejecutivo y al Legislativo cumplan con lo
ordenado en la LOPJ y la Constitución y daremos los pasos legales
necesarios para el logro de tal fin; para ello cuidaremos guardar el nivel
que nuestra jerarquía exige, SIN DESCUIDAR EN NINGUN MOMENTO
LOS PROCESOS JUDICIALES, porque conocemos y somos conscientes
de que nuestro trabajo genera la paz social que necesita nuestro país.

Lima, 08 de marzo de 2012
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COMUNICADO
Los Magistrados Titulares de todos los niveles de la Corte Superior de Justicia de Ancash- Huaraz, reunidos en la sala de acuerdos el día 08 de marzo del 2012 a las 15 horas, por unanimidad acordaron:
Respaldar y apoyar el acuerdo adoptado por la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Lima, realizado el día 08 de Marzo del año en curso, exigiendo el cumplimiento del artículo 186, Inciso 5 literal b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto a la remuneración de los Jueces Superiores (90%), Jueces Especializados y Mixtos (80%) y Jueces de Paz Letrados (70%) de las remuneraciones de un Juez Supremo. Asimismo reiteramos nuestro respaldo a los acuerdos que en materia remunerativa se adoptaron en el último Congreso de Magistrados realizado en la ciudad de Tarapoto.
En tal virtud, invocamos respetuosamente al señor Presidente del Poder Judicial Dr. César San Martín Castro, que recogiendo los justos reclamos de los Magistrados, realice las gestiones ante las entidades públicas competentes para el cumplimiento de la citada norma.

Huaraz, 08 de marzo de 2012

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, PRENSA Y PROTOCOLO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH.
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COMUNICADO

Los Jueces Superiores de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en Sala Plena Extraordinaria del día de la fecha, acordaron por Unanimidad emitir el siguiente Pronunciamiento:

PRONUNCIAMIENTO

LA SALA PLENA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, LA PRIMERA CORTE DEL PERÚ REPUBLICANO, EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA FECHA, ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

1. EXPRESAR SU ADHESION AL PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA PLENA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DEL 08 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SOBRE EL DERECHO DE LOS JUECES SUPERIORES, ESPECIALIZADOS Y MIXTOS Y DE PAZ LETRADOS A PERCIBIR INGRESOS CONFORME A LA ESCALA REMUNERATIVA PREVISTA EN EL ARTICULO 186° DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, QUE LA ESTABLECE EN 90, 80 Y 70% DEL HABER TOTAL DE LOS JUECES DE LA CORTE SUPREMA, RESPECTIVAMENTE.

2. SOLICITAR AL SEÑOR PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL, A LA SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA, AL CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL Y AL TITULAR DEL PLIEGO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, TOMAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ESCALA REMUNERATIVA SEÑALADA EN EL ARTICULO 186° DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL Y EN LAS SENTENCIAS FIRMES FAVORABLES, PARA ALCANZAR, ASI, EL ANHELO HISTORICO DE TODOS LOS JUECES DEL PAIS A UNA REMUNERACION DIGNA Y JUSTA COMO LO RECONOCE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU.

3. PONER EN CONOCIMIENTO EL PRESENTE PRONUNCIAMIENTO, AL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL, A LA SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA, AL CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL, AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, A LAS CORTES SUPERIORES DEL PAIS Y A LA OPINION PUBLICA.

TRUJILLO, 09 DE MARZO DE 2012


Atentamente,

Lucio Zavaleta Mendoza
Secretario De Presidencia
Corte Superior De Justicia De La Libertad

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En diálogo con RPP Noticias, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima dijo que exigen que se cumpla lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, que data del año 1993.El presidente de la Corte Superior de Justicia, Héctor Lama More, aclaró que los jueces no están pidiendo un aumento salarial, sino que se respeten las remuneraciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que data del año 1993."La Ley Orgánica del Poder Judicial estableció que el juez superior debe ganar el 90% de lo que gana un juez supremo. El especializado debe ganar el 80% y el juez de paz letrado el 70%", dijo en diálogo con RPP Noticias."Además, dijo que esa homologación debería hacerse en los siguientes cinco años posteriores a la entrada en vigencia, o sea, hasta el año 1998. Estamos 2012 y hasta ahora no se ejecuta. (...) No hemos esperado que se homologue para trabajar. Hemos estado trabajando intensamente, incluso ante la adversidad presupuestaria", añadió.Lama More explicó que a los jueces supremos se les niveló el sueldo con los congresistas a S/.15.600. Luego, se asignaron un bono de S/.7,617.20, que hace un total de S/.23,217.20 mensuales que perciben como ingresos, sin contar que hay otro grupo que por antigüedad percibe S/.5,000 más, con lo que su sueldo llega a S/.27,000.En cambio, los jueces superiores tienen dividido su sueldo en tres partes : Sueldo S/.3,000 + Bono por Función Jurisdiccional (no pensionable) S/.3,000 + Gastos Operativos S/.5,500: Total : S/.11,500.00, cifra que no es el 90% que establece la ley.

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Espera recibir sus aportes para elaboración de Proyecto de Ley sobre el tema

El Presidente del Poder Judicial, César San Martín, informó que ha tomado nota de lo acordado por los titulares de las Cortes Superiores del país, acuerdo vinculado a demandar a las autoridades correspondientes del Congreso y el Gobierno el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre las remuneraciones de los Jueces Superiores, especializados y de Paz.

Indicó que a su retorno a Lima los convocará para conocer y analizar sus aportes.

San Martín recordó que a finales de 2011 se conformó una comisión encargada de evaluar la situación de los ingresos de los magistrados, en el marco de la Ley 29718, norma cuya aplicación fue suspendida al no contarse con los recursos económicos necesarios. Dicho grupo de trabajo está integrado por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y del Poder Judicial quienes vienen trabajando en la configuración de una serie de actividades, debidamente financiadas, las cuales permitan el cumplimiento de la Ley 29718 de manera progresiva y ordenada, pero buscando además asegurar que ello se produzca dentro del marco de las normas anuales de presupuesto del sector público.

Lima, 9 de marzo de 2012
OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA DE LA CORTE SUPREMA
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Jueces demandan al Gobierno un aumento salarial

RPP

* Lama More manifestó que actualmente los conceptos que perciben no tienen carácter remunerativo.

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima pidió al Ejecutivo que se cumplan con los porcentajes establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

15.600
nuevos soles percibe como remuneración un juez supremo.

Los jueces superiores, jueces especializados mixtos y jueces de paz letrados de todo el país demandan al Gobierno mejoras salariales de acuerdo a Ley.

En representación de estos magistrados, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Héctor Lama More, manifestó que actualmente los conceptos que perciben no tienen carácter remunerativo.

Según detalló, el juez de paz letrado recibe como sueldo S/.1.805; el juez especializado, S/.2.005; el juez superior, S/.3.005 y el juez supremo, S/.15.600.

Dijo, además, que los conceptos que se agregan a esta suma son distintos a la remuneración, como un bono por función jurisdiccional y gastos operativos.

"Estamos haciendo notar a la opinión pública que los jueces debemos percibir por conceptos remunerativos los porcentajes que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial", refirió Lama More.

Como ejemplo, mencionó que el 90% de lo que gana un juez supremo debe ser los ingresos como conceptos remunerativos de los magistrados superiores.

Así ganan los jueces:
Remuneración Bono Gastos operativos
Jueces superiores S/. 3.005 2.100 2.700
Jueces especializados mixtos 2.005 2.700 4.300
Jueces de paz letrados 1.805 3.500 5.500


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A los Presidentes de la Cortes Superiores de Justicia del Perú:

El próximo Jueves 08 de marzo del presente año, a las 15:00 horas, se realizará en Lima la Sala Plena de Jueces Superiores y en dicha asamblea se ha considerado incluir como punto de agenda el tema de la remuneración de los magistrados, con el propósito de concordar criterios sobre el particular, y del cual hacemos de su conocimiento para los fines pertinentes.

COMUNICADO


“Los Jueces Superiores de la Corte Superior de Justicia de Lima, en Sala Plena reunida el 29 de diciembre en curso, en relación con la Ley 29818, por la que se constituye una Comisión encargada de evaluar la situación de los ingresos de los Jueces a que se refiere la Ley 29718, acordó:

1.- EXIGIR al Gobierno y al Ministerio de Economía dotar del Presupuesto necesario al Poder Judicial para el cumplimiento del artículo 186° literal b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y se respete el cumplimiento de los porcentajes remunerativos establecidos en dicha norma:

“Artículo 186.- Derechos

Son derechos de los Magistrados:

(..) 5. Percibir una remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía. Para estos fines se toma en cuenta lo siguiente:

(…) b) El haber de los Vocales Superiores es del 90% del total que perciban los Vocales de la Corte Suprema; el de los Jueces Especializados o Mixtos es del 80%; el de los Jueces de Paz Letrados es del 70%, y 55% el de los Secretarios y Relatores de Sala, referidos también los tres últimos porcentajes al haber total de los Vocales de la Corte Suprema;”

2.- EXIGIR, el cumplimiento de los acuerdos que en materia remunerativa se tomaron en el último Congreso Nacional de Magistrados realizado en el presente año en la ciudad de Tarapoto, que estableció el respeto de los porcentajes remunerativos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que ninguna remuneración de la administración pública deberá estar vinculada a la remuneración de los Magistrados.

3.- Poner en conocimiento del Señor Presidente del Poder Judicial, los acuerdos adoptados en la Sala Plena e invocarle a hacer respetar la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia remunerativa de los Jueces Superiores, Jueces Especializados y Mixtos y Jueces de Paz Letrados”.

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CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ley que dispone la constitución de una comisión encargada de evaluar la situación de los ingresos de los jueces a que se refiere el artículo 1 de la Ley 29718

LEY Nº 29818


EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

Artículo único. Constitución de una comisión encargada de evaluar la situación de los ingresos de los jueces

Constitúyese una comisión conformada por representantes del Poder Judicial y del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de evaluar la situación de los ingresos de los jueces a que hace referencia el artículo 1 de la Ley 29718, con el objeto de proponer un proyecto de ley dentro de ciento ochenta (180) días calendario, debidamente financiado, del ordenamiento de dichos ingresos, el mismo que será aplicable de manera progresiva y ordenada, en el marco de las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público. El proyecto tendrá en cuenta los principios constitucionales de equilibrio y programación presupuestaria, las reglas macrofiscales y las reglas para la estabilidad presupuestaria para cada año fiscal.

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo precedente, en tanto no entre en vigencia la ley propuesta por la mencionada comisión, déjase en suspenso, en todos sus efectos, la aplicación de la Ley 29718, la misma que se sujetará a lo que la ley propuesta por la citada comisión establezca para tal fin. En consecuencia, se restituye la vigencia del artículo 4 de la Ley 28212 y del artículo 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los términos establecidos antes de la vigencia de la Ley 29718, quedando modificada la Ley 29718 en dichos términos.

Comníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación.

En Lima, al uno de diciembre de dos mil once.

DANIEL ABUGATTÁS MAJLUF
Presidente del Congreso de la República

MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil once
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ÓSCAR VALDÉS DANCUART
Presidente del Consejo de Ministros


http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29818.pdf
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TUO Ley Orgánica del Poder Judicial
Artículo 186, inciso 5.b) del TU0 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley 28901
"El haber de los Vocales Superiores es del 90% del total que perciban los
Vocales de la Corte Suprema; el de los Jueces Especializados o Mixtos es del 80%; el de los Jueces de Paz Letrados es dei 70%, y 55% el de los Secretarios y Relatores de Sala, referidos también los tres últimos porcentajes del haber total de las Vocales de la Corte Suprema".

Dicha norma nunca se ha cumplido. En la actualidad los magistrados perciben una remuneración bruta inferior a lo prescrito por la LOPJ.

No conformes con eso, en un maltrato a la magistratura de paz letrada, especializada y superior, en pleno Estado Democrático y Constitucional de Derecho, el Congreso ha rebajado las remuneraciones de dichos magistrados mediante la Ley 29718.

La Ley 29718 modifica la escala remunerativa prevista en la LOPJ, de tal suerte que los "los Jueces Superiores; Jueces Especializados y Jueces Mixtos; y Jueces de Paz Letrados, reciben una remuneración igual al 81%,58% y 40% respectivamente, de lo que percibe un Juez Supremo".
20110629-Ley N- 29718 Modifica Remuneracion Magistrados.pdf[1627clicks]

Así las remuneraciones de los jueces superiores se reducen en un 9%, la de los jueces especializados y mixtos en un 12% y la de los jueces de paz letrado en un 15%.
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C O M U N I C A D O

La Asociación Nacional de Magistrados del Perú, ante la promulgación de la Ley 29718, que modifica el artículo 4 de la Ley 28212 - que regula los ingresos de los Altos Funcionarios Autoridades del Estado y dicta otras medidas, como la modificatoria de la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto se refiere a las remuneraciones de los Jueces Superiores, Jueces Especializados y Jueces Mixtos, y Jueces de Paz Letrados estableciendo que éstos perciben una remuneración igual al 81%, 58% y 40%, respectivamente de lo que percibe un Juez Supremo, hace de conocimiento de sus Asociados, de la Comunidad Jurídica y del público en general, lo siguiente:
Primero: Que, la referida Ley, no ha sido promovida ni avalada por la Asociación.
Segundo: Que, la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, desde el año 2009, viene tramitando la demanda de Cumplimiento con el objeto que el Poder Judicial otorgue a los magistrados una remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía, es decir, acate lo establecido en el numeral 5 literal b del Artículo 186 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece, que el haber de los Jueces Superiores es el 90% del total que perciben los Jueces Supremos; el de los Jueces Especializados o Mixtos es el 80%; el de los Jueces de Paz Letrados es el 70%; demanda declarada fundada en Primera Instancia y actualmente se encuentra pendiente de Resolución la apelación interpuesta por el Poder Judicial, ante la Tercera Sala Civil de Lima.
Tercero: Que, la referida Ley, ha generado preocupación en un sector de magistrados, por la reducción de sus ingresos, por ende, a efectos de evaluar el impacto de la referida norma legal, se está convocando a Asamblea General ampliada de Delegados y representantes de todos los Distritos Judiciales del país, para acordar las acciones que correspondan emprender, dentro del marco legal y constitucional.
Lima, 02 de julio de 2011
La Junta Directiva
Elmer Rubina Angulo
Presidente

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En atención a la reciente Ley N° 29718, que establece porcentajes del 81%, 58% y 40% del monto que percibe un Juez Supremo, para las remuneraciones de los Jueces Superiores, Jueces Especializados y Mixtos, y Jueces de Paz Letrados respectivamente, el Consejo Directivo ha acordado lo siguiente:
1. Promover entre los asociados y jueces en general, un debate abierto sobre la nueva norma, así como sobre sus antecedentes normativos y jurisprudenciales.
2. Con dicha finalidad, se invita a que todos los asociados de JUSDEM, nos constituyamos en sesión permanente a nivel de cada una de nuestras sedes, a fin de evaluar los alcances de la norma emitida.
3. Solicitar que los reflexiones a las que arribemos se remitan al correo institucional de JUSDEM (jusdem@jusdem.org.pe) a más tardar el día martes 05 de julio.
4. Adicionalmente, JUSDEM solicitará a las Presidencias de Cortes Superiores considerar la posibilidad de realizar Salas Planas ampliadas, a fin de analizar el tema con la mayor amplitud democrática.

Lima, 28 de junio de 2011.
Consejo Directivo.
Categoría: La columna del juez
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María Esther Gallegos Candela
Es rica la experiencia que nos otorga el cargo de magistrados, y en esta oportunidad quiero plasmar en una carta las inquietudes y apreciaciones de los menores que he podido entrevistar en los procesos de tenencia y régimen de visitas, las expresiones que contiene pertenecen a los propios niños, no son frases inventadas. Espero que sirva de ayuda a aquellas pequeñas voces silenciosas que por respeto no se atreven a manifestar, ante sus padres, sus pensamientos y sentimientos, y que sin culpa alguna son víctimas de las equivocadas decisiones de quienes decidieron traerlos a la vida.

“Queridos papitos:
Cuando decidieron traerme al mundo lo hicieron con mucho amor, yo me sentía emocionado por conocerlos, estaba feliz por haber sido ustedes quienes me eligieron, y no fui yo, quizás me hubiera equivocado al elegirlos. Pero no entiendo qué de malo hice al nacer para que ambos no se quisieran como antes y tengan que pelearse por mí ante un llamado Juzgado, donde un señor o una señora que nunca vivieron con nosotros decidan con quién viviré mejor y qué horas y días serán las propicias para salir con ustedes, ¿es tan difícil que se pongan de acuerdo en algo tan sencillo?, yo quiero vivir con ustedes dos juntos, y si eso no es posible quisiera me cortaran en dos partes iguales para que sean felices con un pedazo de mí y así poder estar con los dos.

Los amo mucho papitos, me siento triste cuando uno de ustedes me habla mal del otro, si ambos son perfectos para mí, me entristece cuando no quieren mirarse y apenas se hablan, o cuando otras veces solo discuten por mí, que por qué llegó tarde papá o mamá a recogerme, por qué se tardó en retornarme a la casa, que por qué no le dio dinero para los alimentos; si se nos pasó un poco la hora fue porque yo le pedí a papá o mamá un poquito más de tiempo, porque lo estaba pasando bien y estaba feliz, si ahora te enojas es por mi culpa.

Nunca pensé que venir a este mundo les iba a causar tantos problemas, si hubiera sabido ello, creo que fue mala idea, me equivoqué, solo vine a causar desdicha y tristeza entre ustedes que tanto se amaron al inicio. Díganme qué puedo hacer para que sean felices y reparar esta pena, los amo papitos lindos, los amo…”.

Ustedes, como padres tienen legalmente el derecho de iniciar procesos judiciales por alimentos, tenencias y régimen de visitas, pero hay que reflexionar qué efectos emocionales generan estos juicios a sus hijos. Estos angelitos no les pidieron venir a esta vida, pero si así lo decidieron, asuman su responsabilidad, no desgracien sus vidas con sus rencores y egoísmos; por el interés superior del niño, háganlos felices.

(*) Jueza integrante del Programa Social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima

07/03/12: Obsesionado

Categoría: Música
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Willy Rivera



Ven, ya no vienes mas
ven mi amor
estoy asi tan solito
no sé que hora marca el despertador
desperté con tu corazón.

Es o no es
soy tu amor
estoy hablando bajito
no sé que hora marca mi corazón
desperté con el despertador.

(Obsesionado) con tu reflejo en cada cosa que veo
(Obsesionado) las olas del me llaman con tu voz
veo nuestros besos por television
vivo tan obsesionado alta tension.

(Obsesionado) obsesionado pero ni caminas
(Obsesionado) y me estoy olvidando por pensar solo en ti
vivo por amarte en la imaginación
vivo tan obsesionado alta tension.

Ven, ya no vienes mas
ven mi amor
estoy asi tan solito
no sé que hora marca mi corazón
desperté con el despertador.

(Obsesionado) obsesionado pero ni caminas
(Obsesionado) y me estoy olvidando por pensar solo en ti
vivo por amarte en la imaginación
vivo tan obsesionado alta tension.

Coro
(Obsesionado estoy contigo)
Enamorado, ilusionado mamita linda con tu cariño obsesionado.

(Obsesionado estoy contigo)
Ya no vienes mas, ya no vienes mas
ven mi amor, ven mi amor
ven para darte mi calor.

(Obsesionado estoy contigo)
Ven mi amor, ven mi amor a mi que por tu amor yo aquí estoy sufriendo.

(Obsesionado estoy contigo)
Obsesionado vivo po ti, obsesionado solamente pienso en ti.

07/03/12: La medallita

Categoría: Música
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Cuarteto Continental



Ay, el niño salió a la calle y se encontró una medallita
el niño salió a la calle y se encontró una medallita
que representa la imagen de la virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persigna al besar su medallita(BIS)
Ay, el niño salió a la calle y se encontró una medallita

Y el niño contento regresa a su casa, alegre y sonriendo le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré…
mira lo que me encontré (4 veces)

Ay, el niño se fue pa´ misa y se llevó su medallita
el niño se fue pa´ misa y se llevó su medallita
Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina, colmado de alegría yo tengo aquí la imagen de la Virgen Maria (BIS)
Ay, el niño se fue pa misa y se llevó su medallita

Se arrodilló el niño y al Padre le dijo, llegó y se metió la manito en el bolsillo, Padre mira lo que me encontré…
mira lo que me encontré (4 veces)

07/03/12: Mujer

Categoría: Música
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Los rancheros

Como un loco en la cornisa que intenta saltar
desde lo mas alto de un torre que hay en el lugar.
cuando un sueño se termina y uno empieza a despertar,
necesita irse lejos para volver a empezar.
sin sentido fue mi vida, hasta que te vi
iluminada en mil colores, parada frente a mi.
Quisiera saber de ti, salir a caminar
por las calles olvidadas
por los dias que vendran.

Mujer, mujer si existe el paraiso,
si existe en ti mujer!!!

Con su boca de cemento, hierro, luces y alquitran
todos corren por su vida y nadie mira a los demas
necesito verte hoy, en cualquier lugar
necesito ir contigo a la eternidad.

Mujer, mujer si existe el paraiso, si
existe en ti mujer.

Mujer, mujer si existe el paraiso,
si existe en ti, mujer.

07/03/12: Mujeres

Categoría: Música
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RICARDO ARJONA

No se quién las inventó
No se quién nos hizo ese favor tuvo que ser Dios
Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos
En dos

Dicen que fue una costilla
Hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar
Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear
Sin voltear, sin voltear

Y si habitaran la luna
Habría mas astronautas que arenas en el mar
Más viajes al espacio que historias en un bar
En un bar, por qué negar
Que es lo mejor que se puso en este lugar

Mujeres, lo que nos pidan podemos
Si no podemos no existe
Y si no existe lo inventamos por ustedes
Mujeres, lo que nos pidan podemos
Si no podemos no existe
Y si no existe lo inventamos por ustedes

Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo
Y al final la historia termina en par
Porque en pareja venimos y en pareja hay que terminar
Terminar, terminar

Y si habitaran la luna
Habría mas astronautas que arenas en el mar
Más viajes al espacio que historias en un bar
En un bar, por qué negar
Que son lo mejor que se puso en este lugar

Mujeres, lo que nos pidan podemos
Si no podemos no existe
Y si no existe lo inventamos por ustedes
Mujeres, lo que nos pidan podemos
Si no podemos no existe
Y si no existe lo inventamos por ustedes
Mujeres

Categoría: Derecho Judicial
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Categoría: Derecho Judicial
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UN REGLAMENTO QUE SE PRESTA A IRREGULARIDADES Y FRAUDESEl Registro de Personas JurídicasGunther Gonzales Barrón Profesor de Derecho Civil de la PUC

Desde hace algunos años se puede advertir una tendencia creciente de irregularidades y fraudes en el registro de las personas jurídicas, específicamente en la inscripción de las juntas directivas. Las causas son muchas, pero, entre ellas, se debe tener en cuenta el uso y abuso de las llamadas "declaraciones juradas".¿Dónde está el problema? La asamblea o junta general (reunión de miembros o asociados) de una persona jurídica se reúne esporádicamente para adoptar acuerdos de trascendencia, entre los cuales se encuentra la elección de juntas o consejos directivos, encargados del manejo de fondos, recursos y, en general, de la administración institucional.La citada asamblea necesita cumplir determinados requisitos de convocatoria (persona especialmente legitimada para llamar o convocar a la reunión, comunicación pública o directa con la finalidad de que los asociados tomen conocimiento de la reunión, plazos de anticipación de la comunicación) y exigencias de quórum (número de asistentes para entender que la reunión es válida, sea en primera o segunda convocatoria, mayoría específica de votos a favor de los acuerdos), sin perjuicio de otros requerimientos.Se supone (y en el Perú, lamentablemente, solo se supone) que el Registro tiene la función de controlar la legalidad de los actos y negocios jurídicos que celebran los particulares, las empresas, las distintas organizaciones nacionales o extranjeras y hasta el Estado. Paradójicamente, aquí, la falsedad viene incentivada por el propio Registro.Así, pues, el pésimo reglamento aprobado por la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp) en el año 2009, que ya repite un criterio anterior, dice en forma despreocupada y general que "la convocatoria y quórum se acredita con declaraciones juradas del presidente". La declaración jurada es una manifestación unilateral por la que una persona certifica por sí y ante sí la ocurrencia de ciertos hechos, sin mayor prueba, pues simplemente se cree en lo que se diga.En tal sentido, allí puede expresarse que un grupo de personas fue convocado, se reunió y tomó acuerdos, aunque todo no pase de la pura fantasía.El registro cree en esa declaración, y procede a inscribir una nueva directiva, que a partir de ese momento podrá manejar las cuentas bancarias, vender activos y realizar cualquier desfalco sin mayor problema.Para poner la cereza al pastel, y según informa el diario oficial (28 febrero 2012), el superintendente adjunto de registros públicos señala más o menos lo siguiente: "los registradores deben acatar la declaración jurada, y nada más". Este comentario es un canto a la sinrazón y al formalismo extremo. Es casi la reencarnación de la frase repetida por un personaje de triste recordación: "papelito manda". En este caso, "declaración jurada manda".Con este mismo argumento, mientras no se extienda la partida de defunción ("el papelito"), una persona seguiría con vida, aunque lleve varios años en el panteón. El Derecho, y con ella la justicia, se reduce a un simple escrito con sellos, signos y etiquetas. Si ello es así, ¡qué tristísima labor se le reserva a los juristas!En este punto, vale recordar que la declaración jurada es un mecanismo para simplificar los procedimientos, que permite excluir cierto tipo de prueba, y dentro de esa perspectiva es un mecanismo relativamente válido, con muchas precauciones, por lo que nunca puede tomársele como verdad dogmática, texto sagrado o libro revelado para la posteridad. La declaración jurada carece totalmente de valor, por ejemplo, cuando se enfrente, ora con hechos notorios (¡solo hay dos abogados en Lima!) –dicho sea de paso, la notoriedad también vincula al juez-; ora con la naturaleza de las cosas (¡cien mil asociados se reunieron en un local de 100 m2!); ora con la lógica o las matemáticas (¿un registrador inscribirá que asistió una persona a la reunión, y que luego se apersonó otra más, o sea, tres?) ; o, finalmente, entre otras hipótesis, si contradice la realidad histórica (¡"nuestro asociado Barack Obama, visitante ilustre en la ciudad de Lima, aceptó el cargo de tesorero de "Sport Albaricoqui"!).Téngase en cuenta una regla de oro: el sentido común no se deroga.Empero, con el criterio del superintendente adjunto, mañana podría inscribirse, perfectamente, una asociación peruana con el plausible fin de contribuir a la paz mundial, bajo la presidencia de Osama Bin Laden.En suma, el embrollo no se circunscribe solo a los registradores y su cerrado criterio, pues el verdadero problema se inicia con los funcionarios de alta dirección que defienden cuestionables reglamentos. El cambio más efectivo, eficiente y perdurable, empieza por estos.EL PERUANO
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Ministerio Público

http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc01032012-071511.pdf

 

Categoría: Sentencias
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EXP. N.° 03595-2010-PA/TC
LIMA
INGENIERÍA MANTENIMIENTO
& CONSTRUCCIÓN S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES

RAZÓN DE RELATORÍA

La resolución recaída en el Expediente N.º 03595-2010-PA/TC, es aquella conformada por los votos de los magistrados Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos y Urviola Hani, que declaran IMPROCEDENTE la demanda interpuesta. Se deja constancia que, pese a no ser similares en sus fundamentos, los votos de los magistrados concuerdan en el sentido del Fallo y alcanzan la mayoría suficiente para formar resolución, como lo prevé el artículo 5º -cuarto párrafo- de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y el artículo 11º -primer párrafo- del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional.


RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


Lima, 30 de noviembre de 2011

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Ingeniería Mantenimiento & Construcción S.A.C. Contratistas Generales contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 223, su fecha 10 de junio de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que con fecha 24 de noviembre de 2008 la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ahora Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE), con la finalidad de que se deje sin efecto la Resolución N.º 2784-2008-TC-S3, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 7 octubre de 2008, que le impone una sanción administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de un año en sus derechos de participar en procesos de selección y contrataciones con el Estado.

2. Que con fecha 16 de abril de 2009 el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución N.º 6, declaró fundada la demanda por considerar que la entidad demandada, a pesar de tener la dirección domiciliaria real de recurrente, no le remitió la notificación personal a dicho domicilio, sino que, por el contrario, pasó por alto la orden de prelación establecida en el artículo 20º de la Ley N.º 27444 y procedió a notificarle vía edicto. Por su parte, con fecha 10 de junio de 2010 la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, reformando la apelada, declaró improcedente la demanda en aplicación del artículo 5º, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, por considerar que el proceso contencioso administrativo es la vía procedimental específica igualmente satisfactoria para ventilar la pretensión.

Por las consideraciones que a continuación se exponen en los votos que se acompañan, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE, con los votos concurrentes de los magistrados Vergara Gotelli y Urviola Hani, que alcanzan una posición en mayoría; el voto en discordia del magistrado Calle Hayen y el voto dirimente del magistrado Beaumont Callirgos, que se agregan a los autos,

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

VERGARA GOTELLI

BEAUMONT CALLIRGOS

URVIOLA HANI





EXP. N.° 03595-2010-PA/TC
LIMA
INGENIERÍA MANTENIMIENTO
& CONSTRUCCIÓN S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES


VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI

Emito el presente voto encontrándome de acuerdo con lo expresado con el Juez Constitucional Urviola Hani, pero expresando algunos fundamentos adicionales:

1. En el presente caso tenemos que la recurrente es una persona jurídica denominada Ingeniería Mantenimiento & Construcción S.A.C. Contratistas Generales, que interpone demanda de amparo contra el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ahora Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE), con la finalidad de que se deje sin efecto la Resolución N.º 2784-2008-TC-S3, de fecha 7 de octubre de 2008, que le impuso una sanción administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de un año en sus derechos de participar en procesos de selección y contrataciones con el Estado.

2. En el presente caso considero necesario manifestar mi posición conocida respecto a la falta de legitimidad para obrar activa de las personas jurídicas (sociedades mercantiles) para demandar en el proceso constitucional de amparo. Es así que en el presente caso se advierte que existe una demanda de amparo propuesta por una persona jurídica, habiendo en reiteradas oportunidades expresado mi posición respecto a la falta de legitimidad de éstas para interponer demanda de amparo en atención a que su finalidad está dirigida incrementar sus ganancias. Es por ello que uniformemente he señalado que cuando la Constitución habla de los derechos fundamentales, lo hace pensando en la persona humana, esto es en el ser humano física y moralmente individualizado. Hacia él pues se encuentran canalizados los diversos atributos, facultades y libertades, siendo solo él quien puede invocar su respeto y protección a título subjetivo y en sede constitucional. Es por ello que nuestra legislación expresamente señala que la defensa de los derechos fundamentales es para la “persona humana”, por lo que le brinda todas las facilidades para que pueda reclamar la vulneración de sus derechos fundamentales vía proceso constitucional de amparo, exonerándoseles de cualquier pago que pudiera requerirse. En tal sentido no puede permitirse que una persona jurídica, que ve en el proceso constitucional de amparo la forma más rápida y económica de conseguir sus objetivos, haga uso de este proceso excepcional, urgente y gratuito, puesto que ello significaría la desnaturalización total de dicho proceso. No obstante ello considero que existen casos excepcionales en los que el Tribunal Constitucional puede ingresar al fondo de la controversia en atención i) a la magnitud de la vulneración del derecho, ii) que ésta sea evidente o de inminente realización (urgencia) y iii) que el acto arbitrario o desbordante ponga en peligro la propia subsistencia de la persona jurídica con fines de lucro.

3. En el caso presente no se evidencia urgencia por el que este Colegiado deba ingresar al fondo de la controversia, puesto que lo que pretende la empresa recurrente es que este Tribunal ingrese a evaluar la sanción impuesta a la empresa recurrente –inhabilitación temporal por el periodo de un año– considerando que es arbitraria. En tal sentido pretende que este Colegiado desnaturalizando sus competencias se sustituya en funcionario administrativo de manera que evalúa si la sanción ha sido correcta. En tal sentido estoy de acuerdo con el juez constitucional Urviola Hani que considera que existe una vía igualmente satisfactoria para la resolución de la materia traída indebidamente al amparo, razón por lo que la empresa recurrente debe acudir a dicha vía a efectos de que dilucide la controversia, correspondiendo la aplicación del artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional.

4. Finalmente cabe señalar que los procesos constitucionales están destinados a la defensa de la persona humana, habiendo por ello el legislador brindado las mayores facilidades para acceder a la jurisdicción constitucional, dándole las características a dicho proceso de excepcional, rápido y hasta gratuito, a efectos de que cualquier persona humana que se sienta afectada pueda acceder a dicha justicia sin que irrogue gasto alguno. Es por ello también que la jurisdicción internacional ha delimitado su competencia, dando atención prioritaria a las denuncias realizadas solo por la persona humana.

En consecuencia, mi voto es por la IMPROCEDENCIA de la demanda por los fundamentos expuestos.


Sr.

VERGARA GOTELLI



EXP. N.° 03595-2010-PA/TC
LIMA
INGENIERÍA MANTENIMIENTO
& CONSTRUCCIÓN S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES


VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI


Con el debido respeto a mis colegas magistrados, emito el presente voto singular por las razones que a continuación expongo:

1. La empresa recurrente interpone demanda de amparo para dejar sin efecto la Resolución Nº 2784-2008-TC-S3, de fecha 7 de octubre de 2008, expedida por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ahora Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE) que le impone una sanción administrativa de inhabilitación temporal por el período de un año en sus derechos de participar en procesos de selección y contrataciones con el Estado.

2. Sobre el particular la entidad emplazada solicita que la jurisdicción constitucional se inhiba de emitir un pronunciamiento de fondo atendiendo a que existe una vía igualmente satisfactoria para que el actor presente su requerimiento como es el proceso contencioso administrativo, según el artículo 54º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Decreto Supremo N° 083-2004-PCM.

3. No obstante en el fundamento 11 de la ponencia se esgrimen las razones por las cuales se desestimaría la referida pretensión de la emplazada, alegando que: i) “el caso materia de discusión está estrictamente vinculado con el derecho de defensa”; ii) “existen los suficientes elementos de juicio para emitir un pronunciamiento respecto de la pretensión planteada”; y iii) “la resolución del presente conflicto constitucional podría también tener implicancias sobre aquellos que a pesar de estar vinculados directamente con los hechos acontecidos, lo están indirectamente, al depender en alguna medida de la recurrente”.

4. En mi criterio, ninguna de las consideraciones expuestas supra refutan la pretensión de la entidad emplazada -que coincide con la línea marcada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional- y es más, resultan plenamente aplicables en caso se hubiese acudido a la vía del proceso contencioso administrativo.

5. En consecuencia, no encuentro una razón válida para prescindir del proceso contencioso administrativo como vía igualmente satisfactoria para que se ventile la presente causa, de conformidad con el artículo 5° inciso 2° del Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos considero que la demanda de amparo de autos es IMPROCEDENTE.

Sr.

URVIOLA HANI


EXP. N.° 03595-2010-PA/TC
LIMA
INGENIERÍA MANTENIMIENTO
& CONSTRUCCIÓN S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES


VOTO DEL MAGISTRADO CALLE HAYEN

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por Ingeniería Mantenimiento & Construcción S.A.C. Contratistas Generales contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 223, su fecha 10 de junio de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos, el magistrado firmante emite el siguiente voto:

ANTECEDENTES

Con fecha 24 de noviembre de 2008 la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ahora Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE), con la finalidad de que se deje sin efecto la Resolución N.º 2784-2008-TC-S3, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 7 octubre de 2008, que le impone una sanción administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de un año en sus derechos de participar en procesos de selección y contrataciones con el Estado.

Refiere que a pesar de tener un domicilio conocido y real, se ha publicado mediante edicto tanto la sanción como el inicio del procedimiento sancionador instaurado en su contra, situación a la que no ha tenido acceso ni mucho menos tuvo pleno conocimiento, pese a que ha venido ejecutando varios contratos con Petróleos del Perú S.A. (Petroperú), entidad que la convocó y le dio la buena pro en el concurso de Adjudicación de Menor Cuantía N.º 0111-2006-RIQ/PETROPERÚ para la contratación del servicio de consultoría de obra “Supervisión de la Obra de Reforzamiento de Derecho de Vía de Poliducto”, motivo por el cual considera lesionado su derecho de defensa. Precisa que después de resultar favorecida con el otorgamiento de la buena pro, Petróleos del Perú S.A. le dio el plazo de diez días para presentar la documentación señalada explícitamente en las bases del concurso y así suscribir el contrato respectivo. Sin embargo, a pesar de que dicho requerimiento fuera cumplido antes del vencimiento del plazo establecido, un día antes del mismo y por vía telefónica, dicha entidad la solicitó de forma adicional documentación no prevista en las mencionadas bases (inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores), y pese a haber cumplido con ello no se ha considerado; todo lo contrario, la citada entidad después de declarar desierta dicha plaza, remitió el expediente al Consucode (ahora OSCE), máximo organismo regulador de las contrataciones, para que su tribunal proceda a aplicar la sanción administrativa correspondiente por la no suscripción del contrato conforme lo dispone el inciso 2 del artículo 203º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, petición que fue estimada, pero sin habérsele notificado válidamente.

Con fecha 4 de febrero de 2009 el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, contesta la demanda expresando que debe ser declara improcedente o en su defecto infundada. Señala que la vía pertinente para dilucidar la presente pretensión es la contencioso administrativa de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 54º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Decreto Supremo N.º 083-2004-PCM, tanto más si se ha agotado la vía administrativa al vencerse los plazos para interponer los recursos administrativos correspondientes. Asimismo, refiere que en el caso de analizarse el fondo de la pretensión, el juez constitucional debe tener en cuenta que el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la demandante ha sido seguido con el cabal respeto de sus derechos constitucionales, ya que se adoptaron las medidas indispensables para asegurar que la empresa recurrente tome conocimiento oportuno de la instauración del procedimiento sancionatorio iniciado en su contra. Precisa que para garantizarlo, primero se le notificó en su domicilio ubicado en Calle Cuzco N.º 43, Punchana- Iquitos, y después mediante edicto publicado en el diario oficial “El Peruano”, debido a que dicha dirección no fue ubicada por el courier por falta de datos y/o por no dar razón del mismo.

Con fecha 16 de abril de 2009, el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución N.º 6, declaró fundada la demanda por considerar que la entidad demandada, a pesar de tener la dirección domiciliaria real de recurrente, no le remitió la notificación personal a dicho domicilio, sino que, por el contrario, pasó por alto la orden de prelación establecida en el artículo 20º de la Ley N.º 27444 y procedió a notificarle vía edicto.

Con fecha 10 de junio de 2010, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, reformando la apelada, declaró improcedente la demanda en aplicación del artículo 5º, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, por considerar que el proceso contencioso administrativo es la vía procedimental específica igualmente satisfactoria para ventilar la pretensión.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de la presente demanda se circunscribe a que el Tribunal Constitucional deje sin efecto la Resolución N.º 2784-2008-TC-S3, de fecha 7 de octubre de 2008, que le impone a la recurrente una sanción administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de un año (12 meses) en sus derechos de participar en procesos de selección y contrataciones con el Estado. La recurrente aduce que no se le notificó de su existencia, ni tampoco del inicio del proceso sancionador en el que fuera emitida, impidiéndole de esta forma presentar sus descargos frente a las imputaciones realizadas, razón por la cual considera afectado su derecho de defensa.

Cuestiones preliminares

2. Antes de analizar el tema de fondo, considero pertinente examinar algunos asuntos de orden procesal, como lo son el agotamiento de la vía administrativa aludido por las partes intervinientes, así como el rechazo de la conducción de la presente demanda al proceso contencioso administrativo, tal y como lo dispuso la instancia judicial previa.

Agotamiento de la vía administrativa

3. La demandante considera que debido a no haber concurrido a la sede administrativa no ha agotado dicha vía, motivo por el cual el amparo resultaría ser el proceso adecuado para ventilar su pretensión. Por su parte y de forma contraria, el demandado considera que en razón al término de los plazos para la interposición de recursos administrativos pertinentes, debe entenderse por agotada la vía administrativa en el presente caso.

4. Sobre dicho punto, es necesario recordar que la vía administrativa es una instancia previa a la instauración del proceso constitucional. Todo aquel que dice ser perjudicado en su derecho por algún acto de la Administración Pública debe ponerla en conocimiento para que, en caso de ser necesario, ella tenga la oportunidad de rectificar su criterio antes de que el diferendo sea sometido a la función jurisdiccional. Como tal cualquier sujeto que tenga alguna pretensión frente a la Administración Pública, no puede elegir libremente entre acudir a la vía administrativa o a la vía jurisdiccional, ni prescindir del planteamiento previo ante la autoridad administrativa competente, ya que en virtud de esta regla, le corresponde iniciar directamente la secuencia administrativa y debatir allí su pretensión hasta obtener una resolución que cause estado; cuando ello ocurra, se podrá decir que la vía administrativa ha quedado agotada y, recién allí, procederá su impugnación en sede constitucional (si es que la vía contencioso administrativa no sea idónea o igualmente satisfactoria para la tutela de derecho reclamado, punto que será materia de análisis en el siguiente ítem).

5. De allí que tenga pleno sentido lo establecido en el artículo 5.4º del Código Procesal Constitucional, disposición que prevé la improcedencia de demandas constitucionales cuando no se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos por este Código y en el proceso de hábeas corpus.

6. En ese sentido, la Ley N.º 27444, que regula el procedimiento administrativo en general, a través de su artículo 218º indica cuáles son los actos administrativos que agotan la vía administrativa previa. Así en su artículo segundo, literal e) se establece que uno de ellos son “Los actos administrativos de los Tribunales o Consejos Administrativos regidos por leyes especiales”.

7. En efecto, existen organismos de conformación colegiada con facultad de decisión en última instancia administrativa sobre cuestiones contenciosas, y que en resguardo de su autonomía se encuentran sometidos exclusiva y directamente a un ulterior control jurisdiccional. Se tiene por ejemplo el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el Tribunal Fiscal, el Consejo de Minería, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, Tribunal Nacional del Deporte, etc. (Al respecto, MORÓN URBINA Juan Carlos, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Gaceta Jurídica, Perú, pág. 601).

8. De acuerdo con ello, en el presente caso, al impugnarse una resolución emitida por el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, se puede afirmar que dicha resolución por sí misma agota la vía administrativa conforme lo dispone el literal e) del inciso 2 del artículo 218º de la Ley N.º 27444. Por consiguiente, siendo esta la razón y no otra, se considera que dicho pronunciamiento causa estado, motivo por el cual, considero que resulta inapropiada la aplicación del artículo 5.4º del Código Procesal Constitucional.

Existencia de la vía igualmente satisfactoria

9. En autos puede observarse que el demandado solicita la inhibición de la jurisdicción constitucional para emitir un pronunciamiento de fondo por la existencia de una vía igualmente satisfactoria como resulta ser el proceso contencioso administrativo, según el artículo 54º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Decreto Supremo N.º 083-2004-PCM, para que el accionante pueda presentar su solicitud. Criterio que consideró estimable la instancia judicial precedente.

10. Frente a ello, se debe manifestar que el Tribunal Constitucional ya ha tenido oportunidad de pronunciarse a este respecto en la STC 0206-2005-PA/TC, señalando que “[…] solo en los casos en que las vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo”; de esta forma, el juzgador podrá determinar si, a la luz de los hechos, se evidencia, por lo menos de manera preliminar, la necesidad de una tutela de urgencia; o si, por el contrario, el caso podría ventilarse en otro proceso obteniendo símiles resultados.

11. De lo actuado se evidencia que el caso materia de discusión está estrictamente vinculado con el derecho de defensa; y de acuerdo a la revisión de las instrumentales obrantes en autos, se puede afirmar que existen los suficientes elementos de juicio para emitir un pronunciamiento respecto de la pretensión planteada, razón por la cual el caso de autos merece ser analizado en la vía extraordinaria del amparo, máxime si la resolución del presente conflicto constitucional podría también tener implicancias sobre aquellos que a pesar de no estar vinculados directamente con los hechos acontecidos, lo están indirectamente, al depender en alguna medida de la recurrente. Por ello, la excepción en cuestión también debe ser desestimada.

12. Una vez aclaradas las cuestiones preliminares, corresponde emitir pronunciamiento respecto del derecho fundamental supuestamente vulnerado por la parte demandada.

El derecho al debido proceso y su extensión al ámbito del derecho administrativo sancionador

13. Si bien el inciso 3) del artículo 139° de nuestra Constitución establece que son “principios y derechos de la función jurisdiccional” la “observancia del debido proceso” y la “tutela jurisdiccional”, la eficacia de esta disposición constitucional no solo alcanza a los procedimientos judiciales, sino que también se extiende a los procedimientos administrativos sancionatorios. En efecto, en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha sostenido que el derecho reconocido en la referida disposición “(...) no solo tiene una dimensión “judicial”, sino que se extiende también a sede “administrativa” y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, a “cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana (...)” [Exp. Nº 2050-2002-AA/TC, fundamento 12].

14. Asimismo, respecto de los límites de la potestad administrativa sancionadora, el Tribunal Constitucional ha señalado que tal potestad “(...) está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, de los principios, constitucionales y, en particular, a la observancia de los derechos fundamentales (...), [debiendo] resaltarse la vinculatoriedad de la Administración en la prosecución de procedimientos administrativos disciplinarios, al irrestricto respeto del derecho al debido proceso y, en consecuencia, de los derechos fundamentales procesales y de los principios constitucionales (v.gr. legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) que lo conforman” [Exp. Nº 1003-1998-AA/TC, fundamento 12].

El derecho de defensa y la interdicción de la indefensión

15. Entre los derechos fundamentales de naturaleza procesal, destaca el derecho de defensa, el mismo que se proyecta como un principio de interdicción de ocasionarse indefensión y como un principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha sostenido que “(...) el derecho de defensa consiste en la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercerlo en todo tipo de procesos, incluidos los administrativos, lo cual implica, entre otras cosas, que sea informada con anticipación de las actuaciones iniciadas en su contra” [Exp. Nº 0649-2002-AA/TC, fundamento 4].

16. De ello se desprende que la importancia de esta garantía mínima de realización de actos que suponen un debido proceso, inclusive en sede administrativa, no se satisface con el mero y aparente cumplimiento de una ritualidad de noticiar a la persona sobre la existencia de un proceso, más aún si este tiene por finalidad la imposición de algún tipo de sanción, sino con el desarrollo de todas las diligencias previas e idóneas a efectos de una comunicación válida y oportuna sobre la existencia de un proceso. De lo contrario, este derecho fundamental se convertiría en una mera formalidad procedimental que la vaciaría de su real contenido, lectura contraria a la naturaleza de los derechos fundamentales en cuento mandatos de optimización [Exp. Nº 02728-2007-AA/TC, fundamento 7].

17. El demandado sostiene que notificó a la recurrente en su domicilio ubicado en la calle Cuzco N.º 43, entre Panamá y 28 de Julio/Loreto- Maynas- Punchana. Sin embargo, dicha diligencia no tuvo éxito puesto que el courier devolvió la cédula de notificación N.º 16865/2006.TC con la observación de “faltar datos para la entrega/ no dan razón”. Es por ello que después de confirmar dicha dirección en el RUC, dispuso su notificación vía edicto, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1.2 del artículo 23º de la Ley N.º 27444.

18. Efectivamente, la Ley N.º 27444, que regula el procedimiento administrativo general, en su artículo 20º prevé que las modalidades de notificación en sede administrativa son las siguientes:

20.1 Las notificaciones serán efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación:

20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio.

20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax, correo electrónico; o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.

20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley.

20.2 La autoridad no podrá suplir alguna modalidad con otra, bajo sanción de nulidad de la notificación. Podrá acudir complementariamente a aquellas u otras, si así lo estimare conveniente para mejorar las posibilidades de participación de los administrados.

20.3 Tratamiento igual al previsto en este capítulo corresponde a los citatorios, los emplazamientos, los requerimientos de documentos o de otros actos administrativos análogos.

19. En suma, en virtud de este orden de prelación de los actos de notificación, se reconoce el carácter supletorio de la notificación por edictos, por lo que debe ser realizada como última alternativa para comunicar a los administrados los actos expedidos por la autoridad, ya que, por su naturaleza, este tipo de notificación es la que menos garantiza -efectivamente- el derecho de defensa de aquellos. En consideración a lo cual debe exigirse el cumplimiento de los requisitos señalados por la precitada norma para que proceda su realización, los cuales no solo se agotan con limitación al mero cumplimiento formal, sino con actos que razonablemente evidencien el cabal diligenciamiento de la autoridad a fin de no perjudicar un derecho de relevancia constitucional, como lo es el derecho de defensa de los administrados, tanto más si media algún acto que podría poner en menoscabo sus derechos subjetivos.

20. En atención a lo anteriormente expuesto, estimo que, a pesar de la notificación ordenada por los demandados en el domicilio de la recurrente, y de la notificación vía edicto difundida por medio del diario oficial “El Peruano” sobre el inicio del proceso sancionador y de la sanción impuesta, los actos realizados por la entidad demandada no fueron suficientes para lograr la finalidad requerida, como es la de poner en conocimiento de la demandante del inicio de un proceso que afectó sus intereses. En efecto no parece razonable que simplemente la entidad demandada se haya limitado a realizar una sola diligencia para notificarle en el domicilio establecido, y que con la misma se haya creado una convicción de que la dirección consignada por la demandante, no solo en sus registros, sino en diversos portales públicos como por ejemplo SUNAT, ESSALUD, SUNARP, etc., no existe; bien se pudo realizar diversos actos para confirmar dicho hecho, como el disponer una nueva fecha de notificación en tal dirección para confirmar lo señalado por el courier (que fue uno solo), y de esta forma evitar que hayan dudas e interpretaciones sobre tal hecho.

21. Dicho criterio se respalda aún más con las actuaciones realizadas por el juez que conoció de la demanda en primera instancia. En efecto, el a quo no tuvo mayor inconveniente en notificar a la recurrente vía exhorto, en el mismo domicilio del cual supuestamente no se tenía referencia (calle Nº 43 Punchana Iquitos, Provincia de Maynas, Región de Loreto). Dicha dirección fue hallada sin contratiempo alguno, lo cual permitió poner en conocimiento de la recurrente las observaciones advertidas, quien, subsanándolas, logró levantar la inadmisibilidad decretada.

22. Por tanto, considero que la demandada no realizó las diligencias necesarias para respetar el orden de prelación de las notificaciones lo cual trajo como consecuencia una afectación del derecho de defensa de la recurrente, en la medida que ésta no pudo defenderse de las imputaciones realizadas, las mismas que sirvieron de sustento para la sanción impuesta.

23. Sin embargo la sanción impuesta consistía en la inhabilitación por el período de 12 meses para participar en los procesos de selección y contrataciones con el Estado. Dicha resolución fue publicada en el diario oficial “El Peruano”, con fecha 7 de octubre de 2008, esto es, hace casi tres años. De igual manera, de la información pública obtenida de la propia página web del Registro Nacional de Proveedores del Estado- OSCE (www.rnp.gob.pe), puede acreditarse que la empresa en cuestión de encuentra en la actualidad activa y vigente como proveedora de bienes y servicios.

24. Esto significa que, en el transcurso del tiempo, la sanción ya ha sido levantada y la demandante nuevamente se encuentra cumpliendo con sus objetivos empresariales con el Estado. En ese sentido, el artículo 1º del Código Procesal Constitucional dispone en su segunda parte que “si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron su demanda, y que si procediere de modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 22º del presente Código, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda”. Es evidente entonces que la agresión se ha convertido en irreparable, pero considero que debe estimarse la demanda.


Por estas razones, mi voto es por:

1. Declarar FUNDADA la demanda.

2. Ordenar al Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado (OSCE) se abstenga de incurrir en el futuro en los mismos actos que motivaron el presente proceso bajo apercibimiento de disponerse la aplicación de las medidas coercitivas previstas en el artículo 22º del Código Procesal Constitucional.

Sr.

CALLE HAYEN


EXP. N.° 03595-2010-PA/TC
LIMA
INGENIERÍA MANTENIMIENTO
& CONSTRUCCIÓN S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES


VOTO DIRIMENTE DEL

MAGISTRADO BEAUMONT CALLIRGOS


Habiendo sido llamado a dirimir la presente causa –de conformidad con el artículo 5º, in fine, de la Ley N.º 28301, Orgánica del Tribunal Constitucional, y los artículo 11º y 11º-A del Reglamento Normativo de éste Colegiado–, emito el presente voto a efectos de dejar constancia de mi adhesión al voto suscrito por mi colega el magistrado Urviola Hani.

En consecuencia, mi voto es porque:

Se declare IMPROCEDENTE la demanda de amparo, en aplicación del inciso 2) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional.

SR.

BEAUMONT CALLIRGOS

En http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011//03595-2010-AA%20Resolucion.html
Categoría: La columna del juez
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Miguel Díaz Cañote (*)

Sin duda los avances científicos nos brindan cada día más oportunidades para alargar la vida y la búsqueda del elixir de la juventud no se detendrá; sin embargo, sigue formando parte de nuestro ciclo vital la adultez y la vejez y tal, en muchos casos, nos puede llevar a un estado de incapacidad.

En este escenario, tenemos un medio legal para prevenir con anticipación quiénes dispondrán de nuestra salud y patrimonio cuando perdamos esa capacidad, y en su oportunidad tomen las decisiones por nosotros, este instrumento jurídico es la curatela.

En efecto, antes de encontrarnos incapacitados, podemos tomar la decisión de nombrar a nuestro curador mediante una escritura pública notarial y con la presencia de dos testigos, en previsión de la eventualidad futura de ser declarados judicialmente interdictos o incapaces; la referida escritura pública deberá inscribirse en el Registro Personal de los Registros Públicos.

El nombramiento anticipado de nuestro curador es personal y obliga al Juez. También anticipadamente podemos indicar quien no podrá ser designado nuestro curador y establecer el límite de las facultades del curador; de esa forma, evitamos que el Juez designe como curador a una persona que no deseamos que decida sobre nuestra salud (designación del lugar donde seremos atendidos, tratamientos, etc.) y nuestro patrimonio (gravar, vender, enajenar bienes, etc.), y también podamos precisar las facultades del curador respecto al cuidado de nuestra salud y el manejo de nuestro patrimonio.

En caso de no nombrar anticipadamente algún curador, ni mucho menos los alcances de sus facultades, serán nuestros familiares quienes en un proceso judicial de interdicción decidirán nuestra salud y patrimonio, lo que debe ser solicitado ante el Juez de Familia del lugar donde se encuentra la persona que se busca sea declarada incapaz ya sea por encontrarnos privados de discernimiento; ser sordomudos, ciegosordos o ciegomudos y no poder expresar nuestra voluntad de manera indubitable; por adolecer de retardo o deterioro mental que nos impida expresar nuestra libre voluntad; ser pródigo; haber incurrido en mala gestión; ser ebrio habitual o toxicómano.

Declarada la incapacidad, el Juez nombrará un curador, quien será la persona o personas que decidan sobre nuestra salud y patrimonio, y tal declaración se inscribirá en el Registro Personal de los Registros Públicos y comunicada al Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec).

(*) Juez integrante del programa “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima
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Categoría: Derecho Judicial
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Dr. Noé Ñahuinlla Alata

Por la formación profesional que hemos recibido en las facultades de derecho, después como Abogados en el ejercicio profesional, luego como Jueces del Poder Judicial, nuestra formación y visión del derecho para la solución de los conflictos y controversias que se dan en el contexto social, cuando éstos han sido sometidos al Poder Judicial, la impartición de justicia a cargo de los Jueces ha sido y es en base al ordenamiento jurídico positivo (Constitución, leyes y reglamentos) emanados del Estado (Legislativo, Ejecutivo y otras instancias estatales), bajo la perspectiva y creencia de que es la única fuente del derecho oficial en nuestro país.

Lo cierto es que, bajo esa visión unitaria y única del derecho en nuestro país, no avistamos ni tomamos en cuenta que nuestro Perú es un país que está constituido por diversas nacionalidades, culturas, lenguas que es la herencia de nuestras civilizaciones originarias así como del Inkario, quienes también desarrollaron formas y alternativas de solución de sus conflictos, muchas veces mas expeditivas y eficaces que la justicia oficial, las que perviven y se mantienen a pesar del tiempo en nuestras comunidades, pueblos y nacionalidades a lo largo y ancho de nuestra patria.

El Estado y la Jurisdicción Especial

En esa realidad social y jurídica de nuestro país, es que la Justicia Comunal, de las Rondas Campesinas, la Jurisdicción Especial a pesar de que tienen reconocimiento en la Norma Fundamental (art. 149) no fue tomado en cuenta por el Estado Oficial, por las autoridades, funcionarios y servidores públicos, entre ellos la Policía Nacional, los Fiscales del Ministerio Público y finalmente por los Jueces del Poder Judicial, en razón de que los responsables y actores de la Jurisdicción Especial (autoridades y dirigentes comunales, ronderos e indígenas) fueron denunciados, procesados y sancionados penalmente en muchos casos por la justicia oficial, por nuestra visión positivista y unitaria del derecho, concluyendo que habían transgredido las normas sustantivas del Código Penal por haber incurrido en la comisión de delitos de secuestro, lesiones graves, tortura y otros ilícitos penales.

Lo que sucedió es que no habíamos reparado ni mirado -como llamaríamos ahora- “la otra orilla del río”, esto es la justicia comunal que, paralelamente en ella se venía aplicando el “Derecho Mayor, el más antiguo derecho de nuestros pueblos originarios”; los del otros lado (nosotros los Jueces) aplicábamos e interpretábamos “el único derecho oficial de Perú”, que es copia y herencia del derecho europeo transportado a nuestro continente por los españoles, con las consecuencias que todos conocemos.

El Convenio 169 de la OIT y la Justicia Indígena

En las últimas cinco décadas del siglo XX, la comunidad internacional, la ONU, los organismos interamericanos, ante el reclamo y la exigencia de que se tomen en cuenta las culturas y naciones anteriores al Perú Oficial y de América, se firman tratados internacionales relacionados a los pueblos indígenas, entre ellas el Convenio 169 de la OIT (1989) que reconoce el derecho de los pueblos indígenas, a la consulta respecto de ellas, así como se reconoce entre otros derechos, las formas de solución de conflictos de los pueblos originarios. Es así que las Constituciones Políticas de los países iberoamericanos a partir de la década del 90 no podían dejar de lado dicha realidad, es así que fueron plasmándose en el marco constitucional y legal, como es el caso de Perú: el art. 149 de la Carta Magna de 1993.

Bajo el amparo de la citada norma constitucional, la judicatura nacional, en especial las Salas Penales de la Corte Suprema de la República han venido resolviendo, a la vez ilustrando a las demás instancias judiciales de que, los actores y ejecutores de la justicia comunitaria no pueden ser juzgados y condenados por ejercer su Jurisdicción Especial sin tener en cuenta dicha justicia intercultural, con la excepción de que no se violen o afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos peruanos que son sometidos y juzgados por la justicia comunal.

El III Congreso Intercultural sobre la Justicia Intercultural y el Sistema Nacional de Administración de Justicia

A la vez el Poder Judicial, liderados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial CEPJ, han iniciado una labor educativa, cultural y difusora tanto al interior de ella, así como una labor de inclusión social con los Congresos Internacionales sobre la Justicia Intercultural. En esa línea es que los días 28, 29 y 30 de Noviembre del 2011, en la hermosa ciudad de Huaraz (región Ancash) nos reuniremos Jueces profesionales, autoridades y dirigentes comunales, ronderas, los Jueces de Paz en el III Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural, para consolidar el pluralismo jurídico.

El citado evento es una acción más de la política de inclusión social del Poder Judicial que por el momento lidera dicha tarea, pero a mi criterio en dichos Congresos tienen que estar presentes y participando activamente todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Administración de Justicia de nuestro país, esto es el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensa Pública, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, en especial las 2 últimas instituciones públicas por cuanto ellos son los primeros en conocer, procesar y calificar las denuncias contra los ciudadanos que ejercen la justicia comunal, por lo que también tienen la misma obligación del Juez: conocer, reconocer y tener en cuenta la Jurisdicción Especial.

Participé en el III Congreso Internacional sobre la Justicia Intercultural realizado en Cajamarca (2010) vi participar a 3 miembros de la Policía Nacional del Perú, no tengo información ni puedo asegurar si participó algún representante del Ministerio Público, menos si participarán en el Congreso de Huaraz. Esperamos que en el próximo IV Congreso participen los señores Fiscales y Policías conjuntamente con los Jueces conjuntamente con los representantes de la justicia comunal para coordinar e intercambiar experiencias y pareceres de “las dos orillas” que deben complementarse; de ser así, todos estaremos juntos en la tarea de reconocer y reconocernos como un país de diferencias, pero unidos en nuestro destino común e inclusivo de la justicia nacional.



Noé Ñahuinlla Alata
Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica
Participante en el III Congreso Intercultural sobre la Justicia Intercultural
Publicado por: a20042926
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Artículo 142.- No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces.

1.- EXP. N.° 2409-2002-AA/TC
LIMA
DIODORO ANTONIO GONZALES RÍOS
7 de Noviembre del 2002
b. Con relación a los derechos humanos, cabe señalar que el artículo 8.° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que "toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la Ley".
Asimismo, el inciso 3) del artículo 2.° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que "Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) toda persona cuyos derechos o libertades reconocidas en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) la autoridad competente, (...) decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y desarrollará las posibilidades del recuso judicial (...)".
Igualmente, el artículo 25.° de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que: " 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo al de los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de su función oficial. 2. Los Estados Partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso (...)".
Dentro de ese contexto es necesario recordar que la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993 señala taxativamente que las normas relativas a los derechos y las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. En ese sentido, es pertinente recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en aplicación de lo establecido en el artículo 29.° de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha señalado que no es admisible que ningún Estado Parte suprima o limite el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la referida Convención.
A mayor abundamiento, es evidente que una lectura sistemática de la Constitución y una aplicación integral de las normas relativas a los derechos fundamentales de la persona no admiten " zonas de indefensión", menos aún de los denominados estados de excepción previstos en el artículo 137.° de la Constitución, y que siempre es permisible a un justiciable la utilización de las acciones de garantía en defensa de sus derechos básicos, así como la actuación contralora y tuitiva del Tribunal Constitucional sobre dicho material.
Finalmente, cabe consignar que en atención a que el artículo 44.° de la Constitución establece como deber fundamental del Estado el garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, con la actuación eficaz del Tribunal Constitucional dentro del marco de sus competencias en pro de la defensa de la dignidad de la persona y de sus derechos y libertades esenciales, éste contribuye de manera decisiva a la legitimación de la razón y sentido de la existencia del cuerpo político.
1. En la resolución de la presente controversia se tienen en cuenta los argumentos adoptados por la recurrida, y se hace necesario dilucidar, previamente al análisis del tema de fondo, si la demanda interpuesta reúne o no los requisitos que justifiquen su procedencia. Sobre tal extremo, este Colegiado no puede menos que objetar el raciocinio utilizado por la recurrida para justificar los alcances de la nulidad decretada y la renuncia a su deber de merituar desde la perspectiva de una interpretación constitucional si la regla contenida en el artículo 142.° de la Constitución admite una exclusiva y excluyente lectura. Las razones que sustentan esta afirmación son de dos tipos y conviene aquí explicitarlas:
a. El hecho de que una norma constitucional pueda ser analizada a partir de su contenido textual no significa que la función del operador del Derecho se agote, en un encasillamiento elemental o particularizado, con el que se ignore o minimice los contenidos de otros dispositivos constitucionales, con mayor razón si resulta evidente que aquellos resultan siendo no un simple complemento, sino en muchos casos una obligada fuente de referencia por su relación o implicancia con el dispositivo examinado. La verdad, aunque resulte elemental decirlo, es que las consideraciones sobre un determinado dispositivo constitucional solo pueden darse cuando aquellas se desprenden de una interpretación integral de la Constitución, y no de una parte o de un sector de la misma, como parecen entenderlo, en forma por demás errónea, los jueces de la jurisdicción judicial.
b. De lo antes expuesto, queda claro para este Colegiado que cuando el artículo 142.° de la Constitución establece que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de Jueces, limitación que no alcanza al Tribunal Constitucional por las razones antes mencionadas, el presupuesto de validez de dicha afirmación se sustenta en que las consabidas funciones que le han sido conferidas a dicho organismo sean ejercidas dentro de los límites y alcances que la Constitución le otorga, y no a otros distintos, que puedan convertirlo en un ente que opera fuera o al margen de la misma norma que le sirve de sustento. En el fondo, no se trata de otra cosa sino de la misma teoría de los llamados poderes constituidos, que son aquellos que operan con plena autonomía dentro de sus funciones, pero sin que tal característica los convierta en entes autárquicos que desconocen o hasta contravienen lo que la misma Carta les impone. El Consejo Nacional de la Magistratura, como cualquier órgano del Estado, tiene límites en sus funciones, pues resulta indiscutible que estas no dejan en ningún momento de sujetarse a los lineamientos establecidos en la normal fundamental. Por consiguiente, sus resoluciones tienen validez constitucional en tanto las mismas no contravengan el conjunto de valores, principios y derechos fundamentales de la persona contenidos en la Constitución, lo que supone, a contrario sensu, que si ellas son ejercidas de una forma tal que desvirtúan el cuadro de principios y valores materiales o los derechos fundamentales que aquella reconoce, no existe ni puede existir ninguna razón que invalide o deslegitime el control constitucional señalado a favor de este Tribunal en los artículos 201.° y 202.° de nuestro texto fundamental.
En dicho contexto, si este Tribunal estima que una situación como la descrita viene aconteciendo, puede, como lo hace ahora, ingresar a evaluar el tema de fondo sin que, como contrapartida, pueda alegarse ningún tipo de zona invulnerable a la defensa de la constitucionalidad o la protección de los derechos humanos.
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/2409-2002-AA.html


2.- EXP. N.º 1941-2002-AA/TC
LIMA
LUIS FELIPE ALMENARA BRYSON
27 días del mes de enero de 2003
Alcances del artículo 142.° de la Constitución
1. En resolución recurrida, se ha alegado que el artículo 142.° de la Constitución (según el cual "No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces") impide que las resoluciones de la demandada puedan ser impugnadas en sede judicial. Sin embargo, al resolver de ese modo, las instancias judiciales ordinarias han obviado que también constituye un atributo subjetivo de naturaleza constitucional el derecho de acceder a un tribunal de justicia competente que ampare a las personas contra todo tipo de actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la Ley, según enuncia, entre otros instrumentos internacionales, el artículo 8.° de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

2. Sobre el particular este Tribunal ha sostenido (entre otros, en el Caso Deodoro Gonzales Ríos, Exp. N.° 2409-2002-AA/TC) que detrás de ese derecho y, en concreto, del establecimiento de los procesos constitucionales de la libertad, se encuentra implícito el derecho a la protección jurisdiccional de los derechos o, lo que es lo mismo, el derecho a recurrir ante un tribunal competente frente a todo acto u omisión que lesione una facultad reconocida en la Constitución o en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. De conformidad con la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye parte del núcleo duro de la Convención Americana de Derechos Humanos y, en ese sentido, no puede obstaculizarse irrazonablemente su acceso o simplemente impedirse su cabal goce y ejercicio.
Al respecto, tal como lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-9/87. "(...) el artículo 25.1 de la Convención es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, como procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales. Establece este artículo, igualmente, en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley". (Párrafo 23), así "los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (Art. 25°), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (Art. 8.1°), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción". (Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencias del 26 de junio de 1987, Párrs. 90 y 92, respectivamente).
3. Como ha destacado la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Según este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte (...). En ese sentido, debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta que esté previsto por la Constitución o la ley o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla" (OC/9-87, párrafo 24).

4. En materia de derechos fundamentales el operador judicial no puede sustentar sus decisiones amparándose únicamente en una interpretación literal de uno o más preceptos constitucionales, ya que, rara vez, la solución de una controversia en este ámbito puede resolverse apelándose a este criterio de interpretación. Requiere, por el contrario, de un esfuerzo de comprensión del contenido constitucionalmente protegido de cada uno de los derechos, principios o bienes constitucionales comprometidos, para, después de ello, realizar una ponderación de bienes.

5. Por ello, el Tribunal Constitucional no puede aceptar, como una derivación del artículo 142.° de la Constitución, el argumento de que este órgano constitucional no pueda ser objeto de control jurisdiccional, pues ello supondría tener que considerarlo como un ente autárquico y carente de control jurídico en el ejercicio de sus atribuciones.
Como este Tribunal ha recordado (en el Caso Colegio de Abogados del Cusco, Exp. N.° 014-2002.AI/TC "(...)Los poderes constituidos(...) –y el Consejo Nacional de la Magistratura lo es– deben su origen, su fundamento y el ejercicio de sus competencias(...) a la Constitución" (Fund. Jur. 61). De manera que ni se encuentra desvinculado de la Constitución ni, por ese hecho, carente de adecuados y eficaces mecanismos de control jurídico sobre la forma como ejerce sus atribuciones constitucionales. Y es que si el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano constitucional más del Estado y, en esa condición, se trata de un poder constituido dotado de competencias –como la ratificación de los jueces y miembros del Ministerio Público- que deben ejercerse dentro del marco de la Constitución y su Ley Orgánica, entonces, no es inadmisible que se pueda postular que su ejercicio antijurídico no pueda ser objeto de control jurisdiccional.
6. En consecuencia, la limitación contenida en el artículo 142.° de la Constitución no puede entenderse como exención de inmunidad frente al ejercicio de una competencia ejercida de manera inconstitucional, ya que ello supondría tanto como que se proclamase que, en el Estado Constitucional de Derecho, el texto supremo puede ser rebasado o afectado y que, contra ello, no exista control jurídico alguno (Caso Expediente N.° 2409-2002-AA/TC). La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico-estatal y, como tal, la validez de todos los actos y normas expedidos por los poderes públicos depende de su conformidad con ella.
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/1941-2002-AA.html


3.- EXP. N.° 2366-2003-AA/TC
ICA
JUAN GENARO ESPINO ESPINO

6 días del mes de abril de 2004

4. Este Tribunal, por consiguiente, debe enfatizar, al igual como lo hiciera respecto de las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de la Magistratura en el Exp. N.° 2409-2002-AA/TC (Caso Gonzales Ríos) y la posibilidad de un control jurisdiccional sobre ellas, que no cabe invocar la existencia de campos de invulnerabilidad absoluta al control constitucional, so pretexto de que la Constitución confiere una suerte de protección especial a determinadas resoluciones emitidas por parte de determinados organismos electorales. En efecto, aun cuando de los artículos 142° y 181° de la Norma Fundamental, se desprende que en materia electoral no cabe revisión judicial de las resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones, y que tal organismo representa la última instancia en tal asunto, dicho criterio sólo puede considerarse como válido en tanto y en cuanto se trate de funciones ejercidas en forma debida o, lo que es lo mismo, compatibles con el cuadro de valores materiales reconocido por la misma Constitución. Como es evidente, si la función electoral se ejerce de una forma que resulte intolerable para la vigencia de los derechos fundamentales o quebrante los principios esenciales que informan el ordenamiento constitucional, no sólo resulta legítimo sino plenamente necesario el control constitucional, especialmente cuando éste resulta viable en mecanismos como el amparo.

5. En un contexto como el anteriormente descrito queda absolutamente claro que, cuando resoluciones como las emitidas en sede judicial, pretenden apoyarse en un criterio consistente en una ausencia de mecanismos de control o fiscalización jurisdiccional, se incurre en una lectura no sólo sesgada sino unilateral de la Constitución, porque se pretende adscribir los organismos electorales a una concepción de autarquía funcional opuesta a la finalidad de respeto a la persona que, desde una perspectiva integral, postula la misma Norma Fundamental. Como ya se ha enfatizando en otro momento, no pueden admitirse como razonables o coherentes interpretaciones tendientes a convalidar ejercicios irregulares o arbitrarios de las funciones conferidas a los órganos públicos, puesto que un Estado sólo puede predicarse como de Derecho cuando los poderes constituidos no sólo se desenvuelvan con autonomía en el ejercicio de sus competencias, sino que, sobre todo, respeten plenamente y en toda circunstancia los límites y restricciones funcionales que la misma Carta establece, sea reconociendo derechos elementales, sea observando los principios esenciales que, desde el Texto Fundamental, informan la totalidad del ordenamiento jurídico.

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/2366-2003-AA.html



4.- EXP. N.° 5396-2005-PA/TC
SAN MARTÍN
MAX HENRRY
RAMÍREZ GARCÍA

6 días del mes de setiembre de 2005

De la posibilidad de analizar las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones

2. El artículo 142° de la Constitución establece que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral. Asimismo, el artículo 181° de la Constitución establece que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia, resuelve en arreglo a ley y a los principios generales del derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.

3. No obstante, el último párrafo del artículo 103° de la Constitución establece que ésta no ampara el abuso del Derecho, por lo que tal ejercicio de poder será legítimo sólo en la medida que sea respetuoso de un conjunto de derechos mínimos del ciudadano, como son los derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a la tutela procesal efectiva. Esta es la única interpretación posible en un Estado Constitucional de Derecho y, en atención a ella, el inciso 8) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional ha establecido que no proceden los procesos constitucionales cuando se cuestionen las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, salvo cuando no sean de naturaleza jurisdiccional o cuando, siendo jurisdiccionales, violen la tutela procesal efectiva.

4. En este sentido, la discusión sobre la naturaleza administrativa o jurisdiccional de la resolución que viene siendo impugnada a través del presente proceso queda en un segundo plano, toda vez que tanto en uno como en otro caso, tal decisión deberá haber sido emitida respetando el derecho a la tutela procesal efectiva del demandante, por lo que corresponde a este Tribunal conocer el fondo de la cuestión, siendo necesario analizar el procedimiento de vacancia de autoridades regionales.


http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/5396-2005-AA.html

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Caso Samuel Gleiser Katz

2. Previamente a la resolución del presente caso, el Tribunal Constitucional, supremo guardián e intérprete de la Constitución y de los derechos fundamentales, advierte un vacío legislativo en cuanto al plazo de investigación prejurisdiccional. En consecuencia, considera necesario establecer, en virtud del artículo VI del Código Procesal Constitucional, determinados criterios jurídicos que permitan determinar la razonabilidad y proporcionalidad del plazo de investigación que realice el Ministerio Público en cumplimiento del mandato constitucional previsto en el artículo 159º de la Constitución del Estado.

3. La Constitución (artículo 159º) ha asignado al Ministerio Público una serie de funciones constitucionales, entre las cuales, destaca la facultad de ejercitar la acción penal ya sea de oficio o a pedido de parte, tal como dispone el artículo 159º inciso 5 de la Constitución. Si bien es una facultad discrecional reconocida por el poder constituyente al Ministerio Público, es obvio que esta facultad, en tanto que el Ministerio Público es un órgano constitucional constituido, y por ende sometido a la Constitución, no puede ser ejercida, irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales.

4. En realidad, ésta es una exigencia que se deriva de la naturaleza misma de nuestro Estado constitucional y democrático, si se considera que dos elementos caracterizadores de este tipo de Estado son la supremacía jurídica de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales. El primer elemento permite que la Constitución, en tanto norma jurídica y política suprema, establezca el marco jurídico dentro del cual se realiza el ejercicio de los poderes públicos y privados. Por su parte, la tutela de los derechos fundamentales, en tanto éstos comportan una eficacia vertical y horizontal, se erigen como auténticos límites al ejercicio del poder estatal, pero también de los particulares. En tal sentido, se puede señalar que el Estado constitucional se caracteriza, precisamente, por limitar y controlar el ejercicio arbitrario del poder del Estado y de los particulares.

5. En esta misma línea de limitación y control del poder público y privado, el artículo 200º inciso 1 de la Constitución establece que el proceso constitucional de hábeas corpus “(...) procede ante el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos”. De conformidad con esta disposición constitucional, se puede señalar que la Constitución no ha excluido la posibilidad de realizar un razonable control constitucional de los actos del Ministerio Público, pues ha previsto la procedencia del hábeas corpus contra cualquier autoridad, funcionario o persona que amenaza o vulnera el derecho a la libertad personal o los derechos conexos.

6. Lo señalado precedentemente tiene su fundamento, por otro lado, en la interdicción de la arbitrariedad, la cual es un principio y una garantía frente a la facultad discrecional que la ley ha reconocido al Ministerio Público al no disponer un plazo máximo de investigación prejurisdiccional lo cual afecta el principio-derecho de la seguridad jurídica. De ahí que se haya señalado, en sentencia anterior (Exp. N.º 06167-2005-PHC/TC, FJ 30), que

“el grado de discrecionalidad atribuido al fiscal para que realice la investigación sobre la base de la cual determinará si existen elementos suficientes que justifiquen su denuncia ante el juez penal, se encuentra sometida a principios constitucionales que proscriben: a) actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica; b) decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad; y c) lo que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica”.


7. Asimismo, se fundamenta en que la Constitución (artículo 2º-24-e) reconoce el principio-derecho fundamental a la presunción de inocencia, lo que implica que “[c]uando existe el procesamiento y mucho antes, es decir, con la sola imputación por parte de cualquier otro miembro de la sociedad (el fiscal, la policía, el vecino, la prensa) el principio que rige es que la persona no sea señalada como culpable hasta que una sentencia no lo declare como tal”.

8. Precisamente el contenido principal de la presunción de inocencia comprende la interdicción constitucional de la sospecha permanente. De ahí que resulte irrazonable el hecho que una persona esté sometida a un estado permanente de investigación fiscal o judicial. Ello es así en la medida que si bien es cierto que toda persona es susceptible de ser investigada, no lo es menos que para tal efecto se exija la concurrencia de dos elementos esenciales: 1) que exista una causa probable y 2) una búsqueda razonable de la comisión de un ílicito penal [2].

9. De igual modo, la posibilidad de que el Tribunal Constitucional realice el control constitucional de los actos del Ministerio Público tiene su sustento en el derecho fundamental al debido proceso. Este derecho despliega también su eficacia jurídica en el ámbito de la etapa prejurisdiccional de los procesos penales; es decir, en aquella fase del proceso penal en el cual al Ministerio Público le corresponde concretizar el mandato constitucional previsto en el artículo 159º de la Constitución.

10. Claro está, que las garantías previstas en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, que no son sino la concretización de los principios y derechos previstos en el artículo 139º de la Constitución serán aplicables a la investigación fiscal previa al proceso penal siempre que sean compatibles con su naturaleza y fines, los mismos que deben ser interpretados de conformidad con el artículo 1° de la Constitución, según el cual “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.

11. Precisamente, una de las garantías que se deriva del derecho fundamental al debido proceso aplicables a la etapa de investigación fiscal es el que ésta se realice dentro de un plazo razonable. Legislativamente no se ha previsto un plazo máximo para la investigación fiscal, por lo que le corresponde a este supremo intérprete de la Constitución, ponderar y concordar los deberes del Estado social y democrático de Derecho que están reconocidos en el artículo 44º de la Constitución –garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad– con el artículo 159º que erige al Ministerio Público como titular de la acción penal y representante de la sociedad en los procesos judiciales.

12. Evidentemente, un Estado social y democrático de Derecho no sólo tiene el deber de proteger los derechos fundamentales de las personas sino también el de investigar y sancionar la comisión de los delitos que afectan bienes jurídico constitucionales. Por ello, si bien no corresponde a este Tribunal Constitucional establecer plazos fijos y perentorios de la investigación prejurisdiccional –tarea propia del Poder Legislativo– sí tiene la potestad jurisdiccional de establecer, en línea de principio, criterios de razonabilidad y proporcionalidad que garantice el respeto de los derechos fundamentales de las personas sometidas a una investigación fiscal en el marco de la facultad de investigación y persecución del delito a cargo del Ministerio Público.

13. Los criterios que el Tribunal Constitucional considera necesarios para determinar la razonabilidad y proporcionalidad del plazo de la investigación fiscal, evidentemente, no son criterios jurídicos rígidos aplicables de manera idéntica a todos los casos. Por el contrario, deberán ser aplicados atendiendo a las circunstancias presentes en la investigación fiscal. Al respecto, la jurisprudencia comparada, particularmente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha señalado que para determinar la existencia, en un caso concreto, de un plazo razonable se debe tener en consideración la complejidad del asunto, el comportamiento de las partes y la actuación de los tribunales [3].

14. Criterios que también la jurisprudencia de este Colegiado ha recogido en sendas sentencias, tales como 6167-2006-PHC/TC, 7624-2005-HC/TC, 594-2004-HC/TC. Por ello, a juicio de este colegiado, los criterios a considerar para determinar la razonabilidad del plazo de la investigación fiscal son de dos tipos: subjetivo y objetivo. En el primero quedan comprendidos 1) la actuación del fiscal y 2) la actuación del investigado; en el segundo, la naturaleza de los hechos objeto de investigación.

15. Los criterios subjetivos, como ya se adelantó, están referidos a la actuación tanto del investigado como del fiscal a cargo de la investigación prejurisdiccional. En cuanto se refiere al investigado se debe tener en cuenta la actitud obstruccionista del investigado, la cual puede manifestarse en 1) la no concurrencia, injustificada, a las citaciones que le realice el fiscal a cargo de la investigación, 2) el ocultamiento o negativa, injustificada, a entregar información que sea relevante para el desarrollo de la investigación, 3) la recurrencia, de mala fe, a determinados procesos constitucionales u ordinarios con el fin de dilatar o paralizar la investigación prejurisdiccional, y 4) en general, todas aquellas conductas que realice con el fin de desviar o evitar que los actos de investigación conduzcan a la formalización de la denuncia penal.

16. En cuanto a la actividad del fiscal, el primer criterio a considerar es la capacidad de dirección de la investigación y la diligencia con la que ejerce las facultades especiales que la Constitución le reconoce. En principio, se parte de la presunción de constitucionalidad y legalidad de los actos de investigación del ministerio público. No obstante, es una presunción iuris tantum, en la medida que ella puede ser desvirtuada. Ahora bien, para la determinación de si en una investigación prejurisdiccional hubo o no diligencia por parte del fiscal a cargo de la investigación deberá considerarse, de un lado, la realización o no de aquellos actos que sean conducentes o idóneos para la formalización de la denuncia respectiva.

17. En ese sentido, habrá inactividad fiscal aún cuando se lleven a cabo actos de investigación que no tengan relación directa o indirecta con el objeto de investigación. Más aún, la falta de diligencia fiscal no puede ser soslayado por aseveraciones o infundios acerca de la conducta del investigado o de terceros; por cuanto, de realizarse una conducta ilícita de personas vinculadas al proceso, sólo cabe realizar una denuncia a fin de no incurrir en el posible delito de omisión de denuncia, previsto en el artículo 407º del Código Penal.

18. Dentro del criterio objetivo, a juicio del Tribunal Constitucional, cabe comprender la naturaleza de los hechos objeto de investigación; es decir, la complejidad del objeto a investigar. Al respecto, es del caso señalar que la complejidad puede venir determinada no sólo por los hechos mismos objeto de esclarecimiento, sino también por el número de investigados más aún si se trata de organización criminales internacionales, la particular dificultad de realizar determinadas pericias o exámenes especiales que se requieran, así como los tipos de delitos que se imputan al investigado, como por ejemplo, los delitos de lesa humanidad. También debe considerarse el grado de colaboración de las demás entidades estatales cuando así lo requiera el Ministerio Público.

19. Cabe señalar que es dentro del marco de estos criterios jurídicos que se deberá determinar, en cada caso concreto, si es que la investigación prejurisdiccional se ha desarrollado dentro de un plazo razonable. Ello es así en la medida que los actos de los poderes del Estado y los órganos constitucionales, en general, y del Ministerio Público, en particular, no se legitiman, desde la perspectiva constitucional, en sí mismos, sino a partir del respeto pleno del conjunto de valores, principios constitucionales y de los derechos fundamentales de la persona, de conformidad con el artículo 1º de la Constitución.

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/05228-2006-HC.html