Archivo de enero 2010
14/01/10: Superar el fracaso de Copenhague
va una importante reflexión de Joseph E. Stiglitz (profesor de Economía en la Universidad de Columbia y ganador del Premio Nobel en 2001) aparecida en el Diario EL ESPECTADOR de Colombia el 9 de enero pasado.
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Por Joseph E. Stiglitz
Por supuesto, estuvo bien el que pudieran ponerse de acuerdo en que sería terrible arriesgarnos a la devastación que podría ocasionar el aumento de las temperaturas globales de más de dos grados Celsius. Al menos, prestaron algo de atención a las crecientes evidencias científicas. Y se reafirmaron ciertos principios establecidos en la Convención Marco de Río de Janeiro de 1992, incluidas “las responsabilidades comunes pero diferenciadas, y las capacidades respectivas”. También lo fue el acuerdo de los países desarrollados de “proporcionar recursos financieros, tecnología y desarrollo de capacidades adecuados, predecibles y sostenibles...” a los países en desarrollo.
El fracaso de Copenhague no fue la falta de un acuerdo legalmente vinculante: el verdadero fracaso fue que no hubo acuerdo sobre cómo lograr la enorme tarea de salvar el planeta, ni acerca de las reducciones de emisiones de carbono, ni sobre cómo compartir la carga o ayudar a los países en desarrollo. Incluso el compromiso de destinar 30 mil millones de dólares para el período 2010-2012 para la adaptación y la mitigación empalidece ante los cientos de miles de millones facilitados a los bancos en los rescates financieros de 2008-2009. Si podemos permitirnos esas sumas para salvar los bancos, bien podemos permitirnos algo más para salvar el planeta.
Las consecuencias del fracaso ya se pueden ver: el precio de los derechos de emisiones en el Sistema de Intercambio de Emisiones de la Unión Europea ha caído, lo que significa que las firmas tendrán menos incentivos para reducir las emisiones ahora, así como para poner en práctica innovaciones que las reduzcan en el futuro. Las empresas que querían hacer lo correcto, destinar el dinero a reducir sus emisiones, ahora sienten inquietud por que hacerlo las pondría en desventaja ante la competencia, ya que otros seguirán emitiendo sin limitaciones. Las empresas europeas seguirán estando en una desventaja competitiva con respecto a las estadounidenses, para las que las emisiones no suponen costo alguno.
Tras el fracaso de Copenhague hay algunos problemas profundos. El enfoque adoptado en Kyoto asignó derechos de emisión, que son un recurso valioso. Si las emisiones se restringieran de manera adecuada, el valor de los derechos de emisión sería de un par de billones de dólares al año, por lo que no es de sorprender que haya peleas sobre quién debería recibirlos.
Claramente, la idea de que quienes emitieron más en el pasado deberían recibir más derechos de emisión para el futuro es inaceptable. La asignación “mínimamente” justa para los países en desarrollo exige derechos de emisión equivalentes per cápita. La mayoría de los principios éticos sugeriría que, si uno está distribuyendo lo que equivale a “dinero” por el mundo, debería dar más (per cápita) a los pobres.
De manera que, además, la mayoría de los principios éticos sugeriría que quienes han contaminado en el pasado —especialmente después de que el problema se reconoció en 1992— deberían tener menos derecho a contaminar en el futuro. Sin embargo, una asignación así transferiría implícitamente cientos de miles de millones de dólares de los ricos a los pobres. Considerando las dificultades de reunir incluso 10 mil millones al año —para no hablar de los 200 mil millones al año que se necesitan para mitigación y adaptación— es un poco iluso esperar un acuerdo en torno a esas cifras.
Tal vez sea el momento de intentar otro enfoque: un compromiso por parte de cada país de elevar el precio de las emisiones (a través de un impuesto al carbono o límites para las emisiones) a un nivel acordado de, digamos, 80 dólares por tonelada. Los países podrían usar los ingresos como una alternativa a otros impuestos, ya que tiene mucho más sentido aplicar impuestos a las cosas malas que a las buenas. Los países desarrollados podrían usar parte de los ingresos generados para cumplir sus obligaciones de ayudar a los países en desarrollo en términos de adaptación y de compensarlos por mantener bosques, que representan un bien público global debido a que “secuestran” carbono.
Hemos visto que la buena voluntad, por sí sola, sólo pude llevarnos hasta cierto punto. Ahora debemos hacer confluir las buenas intenciones con los intereses propios, especialmente porque los líderes de algunos países (en particular los Estados Unidos) parecen temerosos de la competencia de los mercados emergentes incluso sin la ventaja que pudieran recibir por no tener que pagar por las emisiones de carbono. Un sistema de impuestos fronterizos —que se aplicarían a las importaciones de países en donde las firmas no tienen que pagar de manera adecuada por las emisiones de carbono— nivelaría el campo de juego y brindaría incentivos económicos y políticos para que los países adoptasen impuestos sobre el carbono o límites a las emisiones. Eso, a su vez, daría incentivos económicos para que las empresas redujeran sus emisiones.
El tiempo corre. Mientras el mundo vacila, los gases de invernadero se acumulan en la atmósfera, y se reducen las probabilidades de que se cumpla siquiera el objetivo acordado de limitar el calentamiento global a dos grados Celsius. Hemos dado más de una justa oportunidad al enfoque de Kyoto, basado en derechos de emisiones. Si consideramos los problemas fundamentales que existen tras el fracaso de Copenhague, no debería resultarnos sorpresivo. Como mínimo, vale la pena darle a la alternativa una oportunidad.
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Por Joseph E. Stiglitz
Por supuesto, estuvo bien el que pudieran ponerse de acuerdo en que sería terrible arriesgarnos a la devastación que podría ocasionar el aumento de las temperaturas globales de más de dos grados Celsius. Al menos, prestaron algo de atención a las crecientes evidencias científicas. Y se reafirmaron ciertos principios establecidos en la Convención Marco de Río de Janeiro de 1992, incluidas “las responsabilidades comunes pero diferenciadas, y las capacidades respectivas”. También lo fue el acuerdo de los países desarrollados de “proporcionar recursos financieros, tecnología y desarrollo de capacidades adecuados, predecibles y sostenibles...” a los países en desarrollo.
El fracaso de Copenhague no fue la falta de un acuerdo legalmente vinculante: el verdadero fracaso fue que no hubo acuerdo sobre cómo lograr la enorme tarea de salvar el planeta, ni acerca de las reducciones de emisiones de carbono, ni sobre cómo compartir la carga o ayudar a los países en desarrollo. Incluso el compromiso de destinar 30 mil millones de dólares para el período 2010-2012 para la adaptación y la mitigación empalidece ante los cientos de miles de millones facilitados a los bancos en los rescates financieros de 2008-2009. Si podemos permitirnos esas sumas para salvar los bancos, bien podemos permitirnos algo más para salvar el planeta.
Las consecuencias del fracaso ya se pueden ver: el precio de los derechos de emisiones en el Sistema de Intercambio de Emisiones de la Unión Europea ha caído, lo que significa que las firmas tendrán menos incentivos para reducir las emisiones ahora, así como para poner en práctica innovaciones que las reduzcan en el futuro. Las empresas que querían hacer lo correcto, destinar el dinero a reducir sus emisiones, ahora sienten inquietud por que hacerlo las pondría en desventaja ante la competencia, ya que otros seguirán emitiendo sin limitaciones. Las empresas europeas seguirán estando en una desventaja competitiva con respecto a las estadounidenses, para las que las emisiones no suponen costo alguno.
Tras el fracaso de Copenhague hay algunos problemas profundos. El enfoque adoptado en Kyoto asignó derechos de emisión, que son un recurso valioso. Si las emisiones se restringieran de manera adecuada, el valor de los derechos de emisión sería de un par de billones de dólares al año, por lo que no es de sorprender que haya peleas sobre quién debería recibirlos.
Claramente, la idea de que quienes emitieron más en el pasado deberían recibir más derechos de emisión para el futuro es inaceptable. La asignación “mínimamente” justa para los países en desarrollo exige derechos de emisión equivalentes per cápita. La mayoría de los principios éticos sugeriría que, si uno está distribuyendo lo que equivale a “dinero” por el mundo, debería dar más (per cápita) a los pobres.
De manera que, además, la mayoría de los principios éticos sugeriría que quienes han contaminado en el pasado —especialmente después de que el problema se reconoció en 1992— deberían tener menos derecho a contaminar en el futuro. Sin embargo, una asignación así transferiría implícitamente cientos de miles de millones de dólares de los ricos a los pobres. Considerando las dificultades de reunir incluso 10 mil millones al año —para no hablar de los 200 mil millones al año que se necesitan para mitigación y adaptación— es un poco iluso esperar un acuerdo en torno a esas cifras.
Tal vez sea el momento de intentar otro enfoque: un compromiso por parte de cada país de elevar el precio de las emisiones (a través de un impuesto al carbono o límites para las emisiones) a un nivel acordado de, digamos, 80 dólares por tonelada. Los países podrían usar los ingresos como una alternativa a otros impuestos, ya que tiene mucho más sentido aplicar impuestos a las cosas malas que a las buenas. Los países desarrollados podrían usar parte de los ingresos generados para cumplir sus obligaciones de ayudar a los países en desarrollo en términos de adaptación y de compensarlos por mantener bosques, que representan un bien público global debido a que “secuestran” carbono.
Hemos visto que la buena voluntad, por sí sola, sólo pude llevarnos hasta cierto punto. Ahora debemos hacer confluir las buenas intenciones con los intereses propios, especialmente porque los líderes de algunos países (en particular los Estados Unidos) parecen temerosos de la competencia de los mercados emergentes incluso sin la ventaja que pudieran recibir por no tener que pagar por las emisiones de carbono. Un sistema de impuestos fronterizos —que se aplicarían a las importaciones de países en donde las firmas no tienen que pagar de manera adecuada por las emisiones de carbono— nivelaría el campo de juego y brindaría incentivos económicos y políticos para que los países adoptasen impuestos sobre el carbono o límites a las emisiones. Eso, a su vez, daría incentivos económicos para que las empresas redujeran sus emisiones.
El tiempo corre. Mientras el mundo vacila, los gases de invernadero se acumulan en la atmósfera, y se reducen las probabilidades de que se cumpla siquiera el objetivo acordado de limitar el calentamiento global a dos grados Celsius. Hemos dado más de una justa oportunidad al enfoque de Kyoto, basado en derechos de emisiones. Si consideramos los problemas fundamentales que existen tras el fracaso de Copenhague, no debería resultarnos sorpresivo. Como mínimo, vale la pena darle a la alternativa una oportunidad.
05/01/10: BAGUA: ¡Que informe¡
Hace unos días presentaron el Informe sobre los sucesos de Bagua. Según he visto, hay mucha incongruencia, falta de precisión y parcialidad.
Las refleiones de Jorge Bruce, aparecidas en el Diario La República del 03.01.2010 plantea unas reflexioes muy importantes... Leámoslo.
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Por Jorge Bruce
Admitámoslo: habiendo figurado en la lista de candidatos para integrar la comisión investigadora de los sucesos de Bagua, me alivia no haber sido elegido para ese cometido. Acabo de terminar de leer las 104 páginas del informe final, incluidas la adenda del religioso Ricardo Álvarez –que sí firmó- y las críticas de Jesús Manacés, presidente de la comisión y representante indígena, junto a la religiosa Maricarmen Gómez, quienes no firmaron. Mi alivio proviene esencialmente de la magnitud de la tarea, para la que no se ha contado con el tiempo, los recursos ni, sobre todo (y no “sobretodo” como reiteradamente se escribe en el documento, con lo cual se alude a un abrigo o impermeable que se lleva sobre las demás prendas, cubriéndolas, ¿habrá algo inconsciente en ese repetido lapsus calami?), la composición independiente de los miembros de la comisión.
Con una mayoría de personas vinculadas a este Gobierno en el equipo conformado, el resultado no puede sorprender a nadie.
Los responsables de la tragedia serían los congresistas nacionalistas azuzadores, el SUTEP, las ONG (¿cuáles?, el documento no lo especifica), comunicadores belgas (¡), los medios de comunicación, la Iglesia (la que defiende a los pobres, se entiende)… Como cualquier lector conocedor de los usos y costumbres de este régimen podrá advertir, se trata de la lista habitual de aquellos a quienes el Gobierno considera como sus enemigos políticos, reales o fantasmales.
En consecuencia, no se menciona la irresponsable declaración de la actual ministra de Economía, según la cual la abolición de los decretos se traería abajo el TLC. Mucho menos los ciudadanos de segunda del presidente García o los desatinos de la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ni las mecidas del Apra en el Congreso.
Añádase a la lista anterior la “ignorancia” de los nativos y listo el desaguisado. 104 páginas después, no siento que haya avanzado nada en mi comprensión de lo sucedido ese día terrible. Más bien se advierte una consistente falta de rigor y seriedad. Como lo señala Jacqueline Fowks en su blog Notas desde Lenovo, el que mejor ha cubierto los sucesos de Bagua a lo largo del año:
“El informe dedica una gran cantidad de páginas a la cronología de los hechos anteriores al 5 de junio y en ella comete el error de no señalar las fuentes de información incluso cuando mezcla supuestos datos con juicios de valor: tal falta en un informe de investigación es grave, pues no hay referencias que permitan verificar sus afirmaciones.”
Es probable que haya habido buena intención de parte de Susana Pinilla, Pilar Mazzetti y Manuel Bernales, las personas vinculadas al Gobierno. Dudo que hayan recibido órdenes explícitas de blanqueo gubernamental. No hacían falta. Nada es más eficiente que la autocensura, porque produce una engañosa impresión de sinceridad. Vamos, hubiera sido iluso esperar otra cosa de este Gobierno para el cual la verdad se subordina, “sobretodo”, a la política.
PD: Agradezco a Imelda Vega-Centeno haberme hecho notar un “limeñismo imperdonable” en mi columna anterior: llamar Federico Elmore a Federico More. Cuando la memoria y el inconsciente se confabulan…
Las refleiones de Jorge Bruce, aparecidas en el Diario La República del 03.01.2010 plantea unas reflexioes muy importantes... Leámoslo.
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Por Jorge Bruce
Admitámoslo: habiendo figurado en la lista de candidatos para integrar la comisión investigadora de los sucesos de Bagua, me alivia no haber sido elegido para ese cometido. Acabo de terminar de leer las 104 páginas del informe final, incluidas la adenda del religioso Ricardo Álvarez –que sí firmó- y las críticas de Jesús Manacés, presidente de la comisión y representante indígena, junto a la religiosa Maricarmen Gómez, quienes no firmaron. Mi alivio proviene esencialmente de la magnitud de la tarea, para la que no se ha contado con el tiempo, los recursos ni, sobre todo (y no “sobretodo” como reiteradamente se escribe en el documento, con lo cual se alude a un abrigo o impermeable que se lleva sobre las demás prendas, cubriéndolas, ¿habrá algo inconsciente en ese repetido lapsus calami?), la composición independiente de los miembros de la comisión.
Con una mayoría de personas vinculadas a este Gobierno en el equipo conformado, el resultado no puede sorprender a nadie.
Los responsables de la tragedia serían los congresistas nacionalistas azuzadores, el SUTEP, las ONG (¿cuáles?, el documento no lo especifica), comunicadores belgas (¡), los medios de comunicación, la Iglesia (la que defiende a los pobres, se entiende)… Como cualquier lector conocedor de los usos y costumbres de este régimen podrá advertir, se trata de la lista habitual de aquellos a quienes el Gobierno considera como sus enemigos políticos, reales o fantasmales.
En consecuencia, no se menciona la irresponsable declaración de la actual ministra de Economía, según la cual la abolición de los decretos se traería abajo el TLC. Mucho menos los ciudadanos de segunda del presidente García o los desatinos de la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ni las mecidas del Apra en el Congreso.
Añádase a la lista anterior la “ignorancia” de los nativos y listo el desaguisado. 104 páginas después, no siento que haya avanzado nada en mi comprensión de lo sucedido ese día terrible. Más bien se advierte una consistente falta de rigor y seriedad. Como lo señala Jacqueline Fowks en su blog Notas desde Lenovo, el que mejor ha cubierto los sucesos de Bagua a lo largo del año:
“El informe dedica una gran cantidad de páginas a la cronología de los hechos anteriores al 5 de junio y en ella comete el error de no señalar las fuentes de información incluso cuando mezcla supuestos datos con juicios de valor: tal falta en un informe de investigación es grave, pues no hay referencias que permitan verificar sus afirmaciones.”
Es probable que haya habido buena intención de parte de Susana Pinilla, Pilar Mazzetti y Manuel Bernales, las personas vinculadas al Gobierno. Dudo que hayan recibido órdenes explícitas de blanqueo gubernamental. No hacían falta. Nada es más eficiente que la autocensura, porque produce una engañosa impresión de sinceridad. Vamos, hubiera sido iluso esperar otra cosa de este Gobierno para el cual la verdad se subordina, “sobretodo”, a la política.
PD: Agradezco a Imelda Vega-Centeno haberme hecho notar un “limeñismo imperdonable” en mi columna anterior: llamar Federico Elmore a Federico More. Cuando la memoria y el inconsciente se confabulan…
04/01/10: ECONOMÍA 2010: ¿La peña García?
A continuación las reflexiones de Augusto Alvarez Rodrich sobre Alan García. aparecidas en el Diario La Republica del 03.01.2010, bajo el título "Va pa’ la peña García".
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Por: Augusto Alvarez Rodrich
El desastre que Alberto Fujimori dejó al ritmo del ‘baile del chino’ desprestigió la danza presidencial, pero ello no debe impedir la recuperación del espacio público para la celebración popular. Sin embargo, algunos funcionarios, como la ministra de Economía, debieran tener más cuidado con las fiestas en las que cantan.
Celebraciones como las del presidente Alan García en Palacio de Gobierno, o del alcalde Luis Castañeda en el Parque de la Reserva, son valiosas y se deben promover tal como ocurre en países socialmente más integrados que el nuestro, incluso al costo de que la convocatoria sea hecha por políticos.
Así, mejor estuvo la del alcalde –sin su presencia– que la del presidente, quien sí tuvo un entusiasta protagonismo como anfitrión de ‘la peña García’ compuesta, entre otros, por la ex ministra Susana Pinilla como cantante criolla; el jefe de la casa militar, el general Juan Carlos Urcariegui, como decimista del ‘pan con libertad’; el alcalde de San Miguel, Salvador Heresi, al ritmo del ‘Chin, chin’ y ‘Sácate los ruleros’; y él mismo con el bolero ‘Historia de un amor’ (Ya no estás más a mi lado, corazón/en el alma solo tengo soledad/y si ya no puedo verte…).
Pero el centro de atención de la velada fue la participación estelar y fulgurante de la flamante ministra de Economía, Mercedes Aráoz. En sus dos carteras anteriores, ella desplegó un rush de apariciones con gran simpatía y entusiasmo que tuvo un efecto muy positivo para los objetivos institucionales de los ministerios de Producción, y Comercio Exterior y Turismo.
Pero ahora en el MEF necesita un fashion emergency para no reforzar la sensación de que, con ella a cargo de la hacienda, empezó la farra electoral. Y más importante que eso, porque una condición para tener una buena gestión en el MEF, como la mayoría de sus antecesores –y especialmente con un presidente como García que hoy se siente el supermán de la economía–, es exhibir pero sobre todo tener alguna distancia de Palacio y del partido de gobierno, es decir, del interés político.
Por ello, su intervención en la noche de Año Nuevo la perjudica. Ahora bien, si no puede contener su impulso por la música, al menos pudo cambiar de repertorio y, en lugar del vals ‘Yo perdí el corazón’, quizá cantar algo más apropiado para el momento político como el merengue ‘Es mentiroso’ de la gran Olga Tañón (es mentiroso, ese hombre es mentiroso).
Y antes de que salte la crítica feminista, me adelanto a responder que lo mismo diría de un ministro hombre, pues el riesgo de fondo es que el tramo final del gobierno aprista se convierta en ‘la peña García’, para lo cual el presidente anda buscando, al grito de “yo lo descubrí” de Augusto Ferrando, ministros que parezcan desde ‘Tribilín’ hasta doñas ‘Huaraca’ y ‘Cañona’, algo que la ministra Aráoz debiera evitar.
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Por: Augusto Alvarez Rodrich
El desastre que Alberto Fujimori dejó al ritmo del ‘baile del chino’ desprestigió la danza presidencial, pero ello no debe impedir la recuperación del espacio público para la celebración popular. Sin embargo, algunos funcionarios, como la ministra de Economía, debieran tener más cuidado con las fiestas en las que cantan.
Celebraciones como las del presidente Alan García en Palacio de Gobierno, o del alcalde Luis Castañeda en el Parque de la Reserva, son valiosas y se deben promover tal como ocurre en países socialmente más integrados que el nuestro, incluso al costo de que la convocatoria sea hecha por políticos.
Así, mejor estuvo la del alcalde –sin su presencia– que la del presidente, quien sí tuvo un entusiasta protagonismo como anfitrión de ‘la peña García’ compuesta, entre otros, por la ex ministra Susana Pinilla como cantante criolla; el jefe de la casa militar, el general Juan Carlos Urcariegui, como decimista del ‘pan con libertad’; el alcalde de San Miguel, Salvador Heresi, al ritmo del ‘Chin, chin’ y ‘Sácate los ruleros’; y él mismo con el bolero ‘Historia de un amor’ (Ya no estás más a mi lado, corazón/en el alma solo tengo soledad/y si ya no puedo verte…).
Pero el centro de atención de la velada fue la participación estelar y fulgurante de la flamante ministra de Economía, Mercedes Aráoz. En sus dos carteras anteriores, ella desplegó un rush de apariciones con gran simpatía y entusiasmo que tuvo un efecto muy positivo para los objetivos institucionales de los ministerios de Producción, y Comercio Exterior y Turismo.
Pero ahora en el MEF necesita un fashion emergency para no reforzar la sensación de que, con ella a cargo de la hacienda, empezó la farra electoral. Y más importante que eso, porque una condición para tener una buena gestión en el MEF, como la mayoría de sus antecesores –y especialmente con un presidente como García que hoy se siente el supermán de la economía–, es exhibir pero sobre todo tener alguna distancia de Palacio y del partido de gobierno, es decir, del interés político.
Por ello, su intervención en la noche de Año Nuevo la perjudica. Ahora bien, si no puede contener su impulso por la música, al menos pudo cambiar de repertorio y, en lugar del vals ‘Yo perdí el corazón’, quizá cantar algo más apropiado para el momento político como el merengue ‘Es mentiroso’ de la gran Olga Tañón (es mentiroso, ese hombre es mentiroso).
Y antes de que salte la crítica feminista, me adelanto a responder que lo mismo diría de un ministro hombre, pues el riesgo de fondo es que el tramo final del gobierno aprista se convierta en ‘la peña García’, para lo cual el presidente anda buscando, al grito de “yo lo descubrí” de Augusto Ferrando, ministros que parezcan desde ‘Tribilín’ hasta doñas ‘Huaraca’ y ‘Cañona’, algo que la ministra Aráoz debiera evitar.
