Archivo de marzo 2009
A continuación, una importante reflexión de Paul Krugman (Premio Nobel de Economía 2008, profesor de Economía y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton).
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Por: Paul Krugman
EN SU GRAN DISCURSO ANTE EL Congreso el mes pasado, el presidente Barack Obama expuso argumentos a favor de audaces medidas enfocadas a reparar los disfuncionales bancos de Estados Unidos.
“Si bien el costo de la acción será enorme”, declaró, “puedo asegurarles que el costo de la inacción sería mucho mayor, ya que podría dar como resultado una economía que vaya dando tumbos no durante meses o años, sino tal vez a lo largo de una década”.
Muchos analistas coinciden. Sin embargo, entre las personas con quienes converso hay un sentido creciente de frustración, incluso pánico, con respecto al fracaso de Obama para respaldar sus palabras con acciones. La realidad es que cuando se trata de lidiar con los bancos, la administración de Obama revela indecisión. La política está atascada en un patrón de contención.
Este patrón funciona de la siguiente forma: primero, funcionarios de la presente administración, normalmente en comunicaciones extraoficiales, consideran en la prensa un plan para el rescate de los bancos. Esta sonda de prueba rápidamente es derribada por comentaristas informados.
Después, unas cuantas semanas más tarde, la administración considera un nuevo plan. Sin embargo, este plan es apenas una versión ligeramente velada del plan anterior, hecho que notan rápidamente todos los interesados. Y el ciclo empieza de nuevo.
¿Por qué los funcionarios siguen ofreciendo planes que nadie más encuentra creíbles? Debido a que, de alguna forma, altos funcionarios en la administración Obama y en la Reserva Federal se han convencido de que los activos en problemas, a menudo conocidos en últimas fechas como “activos tóxicos”, realmente valen mucho más de lo que cualquiera efectivamente está dispuesto a pagar por ellos, y que si estos activos se valuaran de manera apropiada, desaparecerían todas nuestras complicaciones.
De aquí que, en una reciente entrevista, el secretario del Tesoro estadounidense, Tim Geithner, intentara marcar una distinción entre el “valor económico básico e inherente” de activos en problemas y el “valor artificialmente deprimido” que esos activos alcanzan ahora. En transacciones recientes, incluso valores de categoría AAA con respaldo hipotecario se han vendido en menos de 40 centavos de dólar, pero todo parece indicar que Geithner piensa que éstos valen mucho, mucho más.
Además, la tarea del gobierno, declaró, consiste en “suministrar el financiamiento para contribuir a que esos mercados trabajen”, impulsando el precio de los activos tóxicos hasta donde deberían estar.
Lo que es más, al parecer los funcionarios creen que si se valúan de manera apropiada esos desechos tóxicos, se curarían todos los males de todas nuestras principales instituciones financieras. Previamente en esta semana, le preguntaron al presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, sobre el problema de los “zombis”; esto es, instituciones financieras que efectivamente están en bancarrota pero que son mantenidas con vida por la ayuda del gobierno estadounidense. “Yo no sé de ninguna institución ‘zombi’ de gran tamaño en el sistema financiero de Estados Unidos”, declaró, y prosiguió a negar específicamente que AIG —¡AIG!— fuera una institución “zombi”.
Esta es la misma AIG que, incapaz de cumplir sus promesas de pagarles a otras instituciones financieras cuando incumpliera en el pago de bonos, ya ha recibido 150.000 millones de dólares en ayuda y acaba de recibir un compromiso de 30.000 millones de dólares adicionales.
La verdad es que el plan de Bernanke y Geithner —el plan que la administración sigue sopesando, en versiones ligeramente distintas— no va a prosperar.
Consideremos la encarnación más reciente de éste: una propuesta enfocada a extenderles préstamos a bajos intereses a inversionistas de la iniciativa privada que estén dispuestos a comprar activos en problemas. Esto ciertamente aumentaría el precio de los denominados desechos tóxicos, ya que ofrecería una propuesta del tipo “cara, tú ganas; cruz, nosotros perdemos”. Con base en la descripción, el plan les permitiría a los inversionistas obtener ganancias si los precios de los activos aumentaran, mas sólo retirarse si los precios cayeran sustancialmente.
¿Pero, bastaría lo anterior para lograr que el sistema bancario fuera saludable? No.
Pensémoslo de esta manera: al usar recursos del contribuyente fiscal para subsidiar los precios de los activos tóxicos, la administración actual prodigaría beneficios a todo aquel que haya cometido el error de comprar esos instrumentos. Algunos de esos beneficios se filtrarían poco a poco a donde hacen falta, apuntalando los balances generales de instituciones financieras de importancia clave. Sin embargo, la mayor parte del beneficio sería para gente que no necesita, o no merece, ser rescatada.
Y esto significa que el gobierno estadounidense tendría que desembolsar billones de dólares para lograr que el sistema financiero recobrara la salud, lo cual, a su vez, aseguraría tanto una feroz indignación de la opinión pública como se sumaría a las inquietudes de por sí serias con respecto al déficit. (Sí, incluso los firmes defensores del estímulo fiscal, como su seguro servidor, se preocupan por el déficit fiscal).
Si somos realistas, eso sencillamente no va a ocurrir.
¿Así que, por qué ha cobrado tanta fuerza esta idea de los “zombis” (la siguen matando, pero sigue regresando)? La respuesta, temo, es que los funcionarios aún no están dispuestos a enfrentar los hechos. No quieren hacerle frente al mal estado de importantes instituciones financieras porque es muy difícil rescatar a un banco esencialmente en la insolvencia sin, cuando menos temporalmente, tomar su control. Y la nacionalización temporal, al parecer, se sigue considerando una opción impensable.
Empero, esta negativa a encarar los hechos significa, en la práctica, una ausencia de acción. Y yo comparto los temores del presidente: la inacción podría dar como resultado una economía que titubee en su avance, no durante meses o años, sino a lo largo de una década o más.
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Por: Paul Krugman
EN SU GRAN DISCURSO ANTE EL Congreso el mes pasado, el presidente Barack Obama expuso argumentos a favor de audaces medidas enfocadas a reparar los disfuncionales bancos de Estados Unidos.
“Si bien el costo de la acción será enorme”, declaró, “puedo asegurarles que el costo de la inacción sería mucho mayor, ya que podría dar como resultado una economía que vaya dando tumbos no durante meses o años, sino tal vez a lo largo de una década”.
Muchos analistas coinciden. Sin embargo, entre las personas con quienes converso hay un sentido creciente de frustración, incluso pánico, con respecto al fracaso de Obama para respaldar sus palabras con acciones. La realidad es que cuando se trata de lidiar con los bancos, la administración de Obama revela indecisión. La política está atascada en un patrón de contención.
Este patrón funciona de la siguiente forma: primero, funcionarios de la presente administración, normalmente en comunicaciones extraoficiales, consideran en la prensa un plan para el rescate de los bancos. Esta sonda de prueba rápidamente es derribada por comentaristas informados.
Después, unas cuantas semanas más tarde, la administración considera un nuevo plan. Sin embargo, este plan es apenas una versión ligeramente velada del plan anterior, hecho que notan rápidamente todos los interesados. Y el ciclo empieza de nuevo.
¿Por qué los funcionarios siguen ofreciendo planes que nadie más encuentra creíbles? Debido a que, de alguna forma, altos funcionarios en la administración Obama y en la Reserva Federal se han convencido de que los activos en problemas, a menudo conocidos en últimas fechas como “activos tóxicos”, realmente valen mucho más de lo que cualquiera efectivamente está dispuesto a pagar por ellos, y que si estos activos se valuaran de manera apropiada, desaparecerían todas nuestras complicaciones.
De aquí que, en una reciente entrevista, el secretario del Tesoro estadounidense, Tim Geithner, intentara marcar una distinción entre el “valor económico básico e inherente” de activos en problemas y el “valor artificialmente deprimido” que esos activos alcanzan ahora. En transacciones recientes, incluso valores de categoría AAA con respaldo hipotecario se han vendido en menos de 40 centavos de dólar, pero todo parece indicar que Geithner piensa que éstos valen mucho, mucho más.
Además, la tarea del gobierno, declaró, consiste en “suministrar el financiamiento para contribuir a que esos mercados trabajen”, impulsando el precio de los activos tóxicos hasta donde deberían estar.
Lo que es más, al parecer los funcionarios creen que si se valúan de manera apropiada esos desechos tóxicos, se curarían todos los males de todas nuestras principales instituciones financieras. Previamente en esta semana, le preguntaron al presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, sobre el problema de los “zombis”; esto es, instituciones financieras que efectivamente están en bancarrota pero que son mantenidas con vida por la ayuda del gobierno estadounidense. “Yo no sé de ninguna institución ‘zombi’ de gran tamaño en el sistema financiero de Estados Unidos”, declaró, y prosiguió a negar específicamente que AIG —¡AIG!— fuera una institución “zombi”.
Esta es la misma AIG que, incapaz de cumplir sus promesas de pagarles a otras instituciones financieras cuando incumpliera en el pago de bonos, ya ha recibido 150.000 millones de dólares en ayuda y acaba de recibir un compromiso de 30.000 millones de dólares adicionales.
La verdad es que el plan de Bernanke y Geithner —el plan que la administración sigue sopesando, en versiones ligeramente distintas— no va a prosperar.
Consideremos la encarnación más reciente de éste: una propuesta enfocada a extenderles préstamos a bajos intereses a inversionistas de la iniciativa privada que estén dispuestos a comprar activos en problemas. Esto ciertamente aumentaría el precio de los denominados desechos tóxicos, ya que ofrecería una propuesta del tipo “cara, tú ganas; cruz, nosotros perdemos”. Con base en la descripción, el plan les permitiría a los inversionistas obtener ganancias si los precios de los activos aumentaran, mas sólo retirarse si los precios cayeran sustancialmente.
¿Pero, bastaría lo anterior para lograr que el sistema bancario fuera saludable? No.
Pensémoslo de esta manera: al usar recursos del contribuyente fiscal para subsidiar los precios de los activos tóxicos, la administración actual prodigaría beneficios a todo aquel que haya cometido el error de comprar esos instrumentos. Algunos de esos beneficios se filtrarían poco a poco a donde hacen falta, apuntalando los balances generales de instituciones financieras de importancia clave. Sin embargo, la mayor parte del beneficio sería para gente que no necesita, o no merece, ser rescatada.
Y esto significa que el gobierno estadounidense tendría que desembolsar billones de dólares para lograr que el sistema financiero recobrara la salud, lo cual, a su vez, aseguraría tanto una feroz indignación de la opinión pública como se sumaría a las inquietudes de por sí serias con respecto al déficit. (Sí, incluso los firmes defensores del estímulo fiscal, como su seguro servidor, se preocupan por el déficit fiscal).
Si somos realistas, eso sencillamente no va a ocurrir.
¿Así que, por qué ha cobrado tanta fuerza esta idea de los “zombis” (la siguen matando, pero sigue regresando)? La respuesta, temo, es que los funcionarios aún no están dispuestos a enfrentar los hechos. No quieren hacerle frente al mal estado de importantes instituciones financieras porque es muy difícil rescatar a un banco esencialmente en la insolvencia sin, cuando menos temporalmente, tomar su control. Y la nacionalización temporal, al parecer, se sigue considerando una opción impensable.
Empero, esta negativa a encarar los hechos significa, en la práctica, una ausencia de acción. Y yo comparto los temores del presidente: la inacción podría dar como resultado una economía que titubee en su avance, no durante meses o años, sino a lo largo de una década o más.
Reproducimos una interesante entrevista a Antonio Brack Egg, Ministro del Ambiente peruano, realizada por Marianella Ortiz para el Diario El Comercio (07.03.2009).
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ENTREVISTA A ANTONIO BRACK EGG
Por: Marienella Ortiz Ramos
Es lunes, primer día de la semana, y el ministro Brack nos recibe en un despacho lleno de mapas. Es lunes, y está asombrado de los compromisos que tiene durante la semana. La agenda incluye un viaje a Canadá en algunas horas, a una cita minera de dos días. Asegura que si no le hubieran dado un vuelo directo no habría aceptado la invitación. “Eso de bajar y subir a otros vuelos es toda una jarana”, explica. Pese a lo ajetreada que será la semana, nos recibe de buen talante para explicarnos las nuevas reglas para tratamiento de la biodiversidad y patentes que han generado polémica en las últimas semanas y además un tema a todas luces importante: los transgénicos.
¿Existe o no el riesgo de que se patenten plantas peruanas para uso comercial de las empresas transnacionales tal como mencionan varios ambientalistas?
Me llama mucho la atención que aquellos que critican la Ley 29316 y su reglamento, nunca citan el artículo 26 que dice que para patentar algo tiene que ser una invención. No se considera invención cualquier ser vivo existente en todo o parte de la naturaleza. Una cadena de ADN es un material biológico existente en la naturaleza y un gen que es parte del ADN tal cual, también.
¿Entonces para usted queda claro que no se podrá patentar un gen?
En nuestra legislación no, que en Estados Unidos se pueda hacer es otra cosa.
Se ha señalado que con estas normas sobre el tratamiento de nuestra biodiversidad no se exigirán certificados de origen.
El reglamento de recursos genéticos exige que existan los contratos accesorios y certificados de origen. En Estados Unidos no lo exigen para una patente, ese no es nuestro problema, es la legislación de ellos, pero antes del TLC y antes de todas estas leyes y pleitos no había ninguna ley que protegiera la biodiversidad biológica del Perú.
Pero el aspecto normativo más parece estar buscando dar una sanción económica antes que lograr que se protejan nuestros recursos.
El asunto es que si alguien obtiene una patente de buena fe o en forma fraudulenta donde ha usado un recurso genético peruano, no se anula la patente sino que la ley establece que pueden llegar a ser hasta cinco sanciones.
Antes se pedía la nulidad y se ponía punto final al asunto.
Yo no soy abogado, los expertos deberán ver si la Decisión 391 del Pacto Andino, que dispone esto, se anula con la Ley 29316. Pero ese es otro tema y es que nos ponemos siempre en la parte negativa, depresiva y derrotista. Siempre critican que se van a llevar nuestra riqueza biológica y demás. Hoy día si viene un turista al Perú se puede llevar semillas en un lapicero o una cajita de fósforos, eso nunca lo vamos a poder evitar. El otro punto es: ¿Sabemos lo que tenemos? El Perú no tiene registrados sus recursos, ni siquiera los nombres. No hemos registrado la maca, el camu camu o el aguaymanto. Brasil ha registrado 5.000 nombres de sus recursos genéticos. Eso es lo que tenemos que hacer porque no sabemos lo que tenemos ni lo que nos pueden robar.
En todo caso esta polémica que ha surgido tiene mucho que ver en cómo el Perú puede aprovechar económicamente sus propios recursos. ¿Esa no es la meta de su ministerio?
Primero, el Perú tiene que saber lo que tiene, la información está muy dispersa. Segundo, si quieres demostrar que un recurso genético ha sido robado del Perú tienes que estudiar su ADN, su trazabilidad, que es como la huella digital de cada producto. Si no lo hemos registrado estamos hablando en el aire.
¿Podemos decir que seguimos en la misma línea que la Comunidad Andina de crear más protecciones a nuestros productos para sacarles provecho?
Estamos mejor que los demás países de la Comunidad Andina, porque tenemos un reglamento de acceso a los recursos genéticos, una legislación muy completa en el ámbito internacional y estamos cumpliendo con toda la legislación de bioseguridad del Acuerdo de Cartagena .
En lo que respecta a los productos transgénicos, ¿el Gobierno está desarrollando una propuesta sobre este tema?
Dentro de la política nacional del ambiente está incluido lo referente a bioseguridad. Tenemos que avanzar algunas cosas para sacar un reglamento, pero nos vamos a tomar todo el tiempo del mundo para determinar si dejamos ingresar o no un transgénico. Desde el nivel de la decisión política del Ministerio del Ambiente, vamos a persistir en no permitir la introducción de transgénicos que puedan afectar especies peruanas o nativas como la papa, algodón o maíz; más aún después de lo que se acaba de confirmar en México: el último número de la revista “Molecular Energy”, publica los resultados de un estudio conjunto de la Universidad Autónoma de México y la de California, donde no hay duda de que maíces transgénicos cultivados han contaminado con su polen los maíces mexicanos.
Se decía que no había ningún riesgo.
Se dice, pero ahora ya no hay ninguna duda. De manera que nosotros vamos a ser sumamente precautorios. Que venga al Perú banano transgénico o mango. Eso no es biodiversidad nuestra, pero traer maíz transgénico que pueda contaminar maíces nativos como el gigante del Urubamba o el maíz morado sería criminal y no quiero pasar a la historia participando de ese crimen.
¿Va a proponer que se vete en el país la siembra de transgénicos de maíz, algodón y papa?
Para mí la primera opción es que sea un país orgánico, megadiverso libre de transgénicos. Pero ese es mi planteamiento, mi objetivo máximo, pero para eso se necesita un consentimiento de la sociedad, si no se logra eso, y se permiten transgénicos, será de aquellos productos que no son parte de nuestra biodiversidad pero nada de papa, algodón o maíz. En maíz Perú y México son los mayores centros de megadiversidad genética y en algodón somos un centro de fibra larga y fina.
El Perú tiene una normativa marco que dice que están permitidos los transgénicos.
Los transgénicos no están prohibidos en ninguna parte del mundo, pero cada país tiene que ver sus opciones y su decisión. México, a raíz del TLC con Estados Unidos, permitió el cultivo, pero ahora lo está cerrando. Francia acaba de prohibir maíz BT 810, Alemania también, cada día hay más datos de contaminación de transgénicos.
¿Este tema lo va a manejar el Ministerio del Ambiente o el de Agricultura?
Eso lo manejan el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, de la Producción , y Ministerio de Salud. Nosotros somos el punto focal. Es decir la entidad que convoca y realiza los consensos.
¿El reglamento va a tomar mucho tiempo en salir?
Vamos a tomarlo con mucha calma para no meter la pata.
Se ha dado información de que ya se estaría sembrando maíz transgénico en el Perú.
Al Perú están ingresando soya y maíz transgénico provenientes de Brasil, Argentina y Paraguay, pero como alimento para animales, solo que algunos irresponsables han cogido semillas de ese maíz y lo han cultivado y hay maíz transgénico ilegal en el Perú. Eso está prohibido. Estamos investigando y denunciaremos a esta gente si la ubicamos.
¿Aún no se ha podido identificar las zonas?
Sabemos que hay dos o tres sitios en que está sucediendo eso. Creemos que se trata de zonas que no tienen alta diversidad de maíces nativos.
¿En diez meses que tiene en el ministerio ha podido comprobar que hay un apoyo político al tema ambiental?
El apoyo político de parte del presidente es del 100%, lo cual me sorprendió. Lo que pasa es que somos un ministerio nuevo. Hay que tener paciencia porque en época de crisis implementar un ministerio no es broma. Se los aseguro.
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ENTREVISTA A ANTONIO BRACK EGG
Por: Marienella Ortiz Ramos
Es lunes, primer día de la semana, y el ministro Brack nos recibe en un despacho lleno de mapas. Es lunes, y está asombrado de los compromisos que tiene durante la semana. La agenda incluye un viaje a Canadá en algunas horas, a una cita minera de dos días. Asegura que si no le hubieran dado un vuelo directo no habría aceptado la invitación. “Eso de bajar y subir a otros vuelos es toda una jarana”, explica. Pese a lo ajetreada que será la semana, nos recibe de buen talante para explicarnos las nuevas reglas para tratamiento de la biodiversidad y patentes que han generado polémica en las últimas semanas y además un tema a todas luces importante: los transgénicos.
¿Existe o no el riesgo de que se patenten plantas peruanas para uso comercial de las empresas transnacionales tal como mencionan varios ambientalistas?
Me llama mucho la atención que aquellos que critican la Ley 29316 y su reglamento, nunca citan el artículo 26 que dice que para patentar algo tiene que ser una invención. No se considera invención cualquier ser vivo existente en todo o parte de la naturaleza. Una cadena de ADN es un material biológico existente en la naturaleza y un gen que es parte del ADN tal cual, también.
¿Entonces para usted queda claro que no se podrá patentar un gen?
En nuestra legislación no, que en Estados Unidos se pueda hacer es otra cosa.
Se ha señalado que con estas normas sobre el tratamiento de nuestra biodiversidad no se exigirán certificados de origen.
El reglamento de recursos genéticos exige que existan los contratos accesorios y certificados de origen. En Estados Unidos no lo exigen para una patente, ese no es nuestro problema, es la legislación de ellos, pero antes del TLC y antes de todas estas leyes y pleitos no había ninguna ley que protegiera la biodiversidad biológica del Perú.
Pero el aspecto normativo más parece estar buscando dar una sanción económica antes que lograr que se protejan nuestros recursos.
El asunto es que si alguien obtiene una patente de buena fe o en forma fraudulenta donde ha usado un recurso genético peruano, no se anula la patente sino que la ley establece que pueden llegar a ser hasta cinco sanciones.
Antes se pedía la nulidad y se ponía punto final al asunto.
Yo no soy abogado, los expertos deberán ver si la Decisión 391 del Pacto Andino, que dispone esto, se anula con la Ley 29316. Pero ese es otro tema y es que nos ponemos siempre en la parte negativa, depresiva y derrotista. Siempre critican que se van a llevar nuestra riqueza biológica y demás. Hoy día si viene un turista al Perú se puede llevar semillas en un lapicero o una cajita de fósforos, eso nunca lo vamos a poder evitar. El otro punto es: ¿Sabemos lo que tenemos? El Perú no tiene registrados sus recursos, ni siquiera los nombres. No hemos registrado la maca, el camu camu o el aguaymanto. Brasil ha registrado 5.000 nombres de sus recursos genéticos. Eso es lo que tenemos que hacer porque no sabemos lo que tenemos ni lo que nos pueden robar.
En todo caso esta polémica que ha surgido tiene mucho que ver en cómo el Perú puede aprovechar económicamente sus propios recursos. ¿Esa no es la meta de su ministerio?
Primero, el Perú tiene que saber lo que tiene, la información está muy dispersa. Segundo, si quieres demostrar que un recurso genético ha sido robado del Perú tienes que estudiar su ADN, su trazabilidad, que es como la huella digital de cada producto. Si no lo hemos registrado estamos hablando en el aire.
¿Podemos decir que seguimos en la misma línea que la Comunidad Andina de crear más protecciones a nuestros productos para sacarles provecho?
Estamos mejor que los demás países de la Comunidad Andina, porque tenemos un reglamento de acceso a los recursos genéticos, una legislación muy completa en el ámbito internacional y estamos cumpliendo con toda la legislación de bioseguridad del Acuerdo de Cartagena .
En lo que respecta a los productos transgénicos, ¿el Gobierno está desarrollando una propuesta sobre este tema?
Dentro de la política nacional del ambiente está incluido lo referente a bioseguridad. Tenemos que avanzar algunas cosas para sacar un reglamento, pero nos vamos a tomar todo el tiempo del mundo para determinar si dejamos ingresar o no un transgénico. Desde el nivel de la decisión política del Ministerio del Ambiente, vamos a persistir en no permitir la introducción de transgénicos que puedan afectar especies peruanas o nativas como la papa, algodón o maíz; más aún después de lo que se acaba de confirmar en México: el último número de la revista “Molecular Energy”, publica los resultados de un estudio conjunto de la Universidad Autónoma de México y la de California, donde no hay duda de que maíces transgénicos cultivados han contaminado con su polen los maíces mexicanos.
Se decía que no había ningún riesgo.
Se dice, pero ahora ya no hay ninguna duda. De manera que nosotros vamos a ser sumamente precautorios. Que venga al Perú banano transgénico o mango. Eso no es biodiversidad nuestra, pero traer maíz transgénico que pueda contaminar maíces nativos como el gigante del Urubamba o el maíz morado sería criminal y no quiero pasar a la historia participando de ese crimen.
¿Va a proponer que se vete en el país la siembra de transgénicos de maíz, algodón y papa?
Para mí la primera opción es que sea un país orgánico, megadiverso libre de transgénicos. Pero ese es mi planteamiento, mi objetivo máximo, pero para eso se necesita un consentimiento de la sociedad, si no se logra eso, y se permiten transgénicos, será de aquellos productos que no son parte de nuestra biodiversidad pero nada de papa, algodón o maíz. En maíz Perú y México son los mayores centros de megadiversidad genética y en algodón somos un centro de fibra larga y fina.
El Perú tiene una normativa marco que dice que están permitidos los transgénicos.
Los transgénicos no están prohibidos en ninguna parte del mundo, pero cada país tiene que ver sus opciones y su decisión. México, a raíz del TLC con Estados Unidos, permitió el cultivo, pero ahora lo está cerrando. Francia acaba de prohibir maíz BT 810, Alemania también, cada día hay más datos de contaminación de transgénicos.
¿Este tema lo va a manejar el Ministerio del Ambiente o el de Agricultura?
Eso lo manejan el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, de la Producción , y Ministerio de Salud. Nosotros somos el punto focal. Es decir la entidad que convoca y realiza los consensos.
¿El reglamento va a tomar mucho tiempo en salir?
Vamos a tomarlo con mucha calma para no meter la pata.
Se ha dado información de que ya se estaría sembrando maíz transgénico en el Perú.
Al Perú están ingresando soya y maíz transgénico provenientes de Brasil, Argentina y Paraguay, pero como alimento para animales, solo que algunos irresponsables han cogido semillas de ese maíz y lo han cultivado y hay maíz transgénico ilegal en el Perú. Eso está prohibido. Estamos investigando y denunciaremos a esta gente si la ubicamos.
¿Aún no se ha podido identificar las zonas?
Sabemos que hay dos o tres sitios en que está sucediendo eso. Creemos que se trata de zonas que no tienen alta diversidad de maíces nativos.
¿En diez meses que tiene en el ministerio ha podido comprobar que hay un apoyo político al tema ambiental?
El apoyo político de parte del presidente es del 100%, lo cual me sorprendió. Lo que pasa es que somos un ministerio nuevo. Hay que tener paciencia porque en época de crisis implementar un ministerio no es broma. Se los aseguro.
21/03/09: NEOPROTECCIONISMO Y DESGLOBALIZACION
A continuación, el Punto de Vista de Jurgen Schuldt (Economista, Profesor de la Universidad del Pacífico) sobre la Crisis Económica Mundal, aparecido en el Diario EL COMERCIO (12.03.2009)
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Por: Jurgen Schuldt
Al ritmo que avanza la turbulencia global, lo hacen también las tendencias “mercantilistas”. Este proceso contracíclico podría llamar la atención porque procede con más fuerza precisamente de aquellos países que eran los campeones del liberalismo y la globalización. La historia nos recuerda que los países más adelantados y poderosos del mundo generalmente han adoptado esas políticas en condiciones de crisis, cuyo caso más dramático fue la ley Smoot-Hawley de EE.UU. en 1930.
Hoy utilizan esos mismos mecanismos y otros más para paliar el efecto de la crisis global sobre el empleo y las ganancias. Es así como en los últimos semestres han surgido hasta siete formas de proteccionismo cuasi aislacionistas. El primero es el propiamente comercial: aumento de aranceles y frenos paraarancelarios, cuotas y licencias de importación, devaluaciones exageradas y hasta prohibición de importaciones.
El segundo es el productivo, que trata de beneficiar a los empresarios nacionales frente a los extranjeros: subsidios, créditos preferenciales, exoneraciones tributarias, compras públicas preferentes, etc. Y, por si fuera poco, proliferan el “compre nacional”, y las nacionalizaciones y salvatajes a empresas privadas.
Les sigue el proteccionismo del mercado de activos, lo cual impide la compra de empresas por parte de extranjeros y limita esta inversión en sectores “estratégicos”. A ello se añade el creciente proteccionismo tecnológico, dirigido a defender y extender la duración de las patentes, entre otros.
El proteccionismo laboral es otra modalidad, en la medida en que se restringen los visados, a la vez que se radicaliza el control fronterizo y se expulsa a los inmigrantes ilegales, quienes tanto sirvieron en la fase de auge.
Más grave aun es el proteccionismo financiero: recorte de flujos de capital a países emergentes, venta de activos de subsidiarias de grandes bancos, recorte de créditos a largo plazo, repatriación y control de capitales (para evitar su salida de los países centrales), discriminación de la banca extranjera, flujo crediticio preferencial hacia sectores domésticos “en riesgo” o “estratégicos” y similares.
Finalmente, está el proteccionismo militar, parapeto de las medidas anteriores. Es el caso de EE.UU., que ha aumentado sus gastos en “defensa”, pasando del 21,5% del gasto público en el 2000 a 26% en el 2008. El presupuesto de Obama le ha asignado US$728.000 millones.
Así que justo ahora que nuestros países han reestructurado sus economías durante 20 años, dirigiéndolas “hacia fuera” y desmantelando su industria para el mercado interno, los países “desarrollados” recurren a la autarquización selectiva y nos entrecierran las puertas a mercados que se decían “infinitos”. A medida que avance la crisis global, cada país irá implementando estas medidas o las profundizará, generando una peligrosa conflagración en estos campos, a pesar de las promesas del G-20.
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Por: Jurgen Schuldt
Al ritmo que avanza la turbulencia global, lo hacen también las tendencias “mercantilistas”. Este proceso contracíclico podría llamar la atención porque procede con más fuerza precisamente de aquellos países que eran los campeones del liberalismo y la globalización. La historia nos recuerda que los países más adelantados y poderosos del mundo generalmente han adoptado esas políticas en condiciones de crisis, cuyo caso más dramático fue la ley Smoot-Hawley de EE.UU. en 1930.
Hoy utilizan esos mismos mecanismos y otros más para paliar el efecto de la crisis global sobre el empleo y las ganancias. Es así como en los últimos semestres han surgido hasta siete formas de proteccionismo cuasi aislacionistas. El primero es el propiamente comercial: aumento de aranceles y frenos paraarancelarios, cuotas y licencias de importación, devaluaciones exageradas y hasta prohibición de importaciones.
El segundo es el productivo, que trata de beneficiar a los empresarios nacionales frente a los extranjeros: subsidios, créditos preferenciales, exoneraciones tributarias, compras públicas preferentes, etc. Y, por si fuera poco, proliferan el “compre nacional”, y las nacionalizaciones y salvatajes a empresas privadas.
Les sigue el proteccionismo del mercado de activos, lo cual impide la compra de empresas por parte de extranjeros y limita esta inversión en sectores “estratégicos”. A ello se añade el creciente proteccionismo tecnológico, dirigido a defender y extender la duración de las patentes, entre otros.
El proteccionismo laboral es otra modalidad, en la medida en que se restringen los visados, a la vez que se radicaliza el control fronterizo y se expulsa a los inmigrantes ilegales, quienes tanto sirvieron en la fase de auge.
Más grave aun es el proteccionismo financiero: recorte de flujos de capital a países emergentes, venta de activos de subsidiarias de grandes bancos, recorte de créditos a largo plazo, repatriación y control de capitales (para evitar su salida de los países centrales), discriminación de la banca extranjera, flujo crediticio preferencial hacia sectores domésticos “en riesgo” o “estratégicos” y similares.
Finalmente, está el proteccionismo militar, parapeto de las medidas anteriores. Es el caso de EE.UU., que ha aumentado sus gastos en “defensa”, pasando del 21,5% del gasto público en el 2000 a 26% en el 2008. El presupuesto de Obama le ha asignado US$728.000 millones.
Así que justo ahora que nuestros países han reestructurado sus economías durante 20 años, dirigiéndolas “hacia fuera” y desmantelando su industria para el mercado interno, los países “desarrollados” recurren a la autarquización selectiva y nos entrecierran las puertas a mercados que se decían “infinitos”. A medida que avance la crisis global, cada país irá implementando estas medidas o las profundizará, generando una peligrosa conflagración en estos campos, a pesar de las promesas del G-20.
20/03/09: EL PROBLEMA DEL DOLAR
Preciso artículo de Oscar Ugarteche sobre el problema del dólar, publicado en el Diario El Comerci del 18.03.2009.
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Por: Óscar Ugarteche (Economista Investigador del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DE LA UNAM)
En la teoría convencional, cuando una economía es deficitaria se devalúa y cuando es superavitaria se revalúa. En la primera década del siglo XXI se aprecia que, en efecto, las monedas latinoamericanas superavitarias se revaluaron frente al dólar. También lo hicieron las asiáticas y en mucho menor medida lo hizo el euro, recién introducido en enero del 2002 al mercado.
Nunca desde la Segunda Guerra Mundial ha habido el tamaño del déficit fiscal estadounidense que existe ahora. Salvo que esta vez fue un déficit liderado por el gasto militar antes de que ocurriera ninguna acción bélica y se profundizó con las políticas de invasión a Irak y Afganistán. Esta política de manejo fiscal irresponsable tenía detrás una recesión que se inició en enero del 2000, que acompañó el desplome de las bolsas de valores a partir del 2 de enero de ese año. La recesión se combatió con el gasto militar y con la reducción de las tasas de interés a niveles reales cercanos a cero, lo que indujo una burbuja especulativa en la bolsa de valores y en el mercado inmobiliario.
Al otro lado estaban las políticas de crecimiento exportador y de responsabilidad fiscal con algunos países que incluso introdujeron leyes que prohíben tener déficit. De este modo, los países en desarrollo con políticas de responsabilidad fiscal y de crecimiento liderado por las exportaciones generaron los excedentes que fueron absorbidos por el déficit de las economías mayores.
Para la política exterior y la prensa estadounidense, el problema es que el tipo de cambio chino no se revaluó junto con todas las demás monedas. En realidad, es el excedente del mundo entero el que financia el “sobreconsumo” de las economías mayores; y el déficit estadounidense no es inducido por la política de cambio fijo de China sino por la irresponsabilidad fiscal.
Llegado el crack de octubre negro del año 2008, todas las tendencias lógicas se revirtieron y se ingresó en un sinsentido teórico. La economía mayor deficitaria comenzó a revaluar su moneda.
Esto se explica, primero, porque las líneas de crédito internacionales de corto y largo plazo se han secado, los flujos de inversión de cartera y directa se han revertido o adelgazado y las remesas de trabajadores se han reducido. La oferta de divisas se ha visto brutalmente contraída, mientras que la demanda es creciente a partir de octubre del 2008, conforme la banca internacional lleva sus excedentes a casa y los inversionistas institucionales en cartera vuelven a su lugar de origen. Esto es acompañado de una enorme desconfianza ante la incertidumbre de que, río abajo, grandes déficit de balanza de pagos y contracción económica llegarán a América del Sur de todos modos.
En el largo plazo, sin embargo, todos —comenzando por el Gobierno Chino, el mayor financista de Estados Unidos— anticipan un brutal deterioro del valor del dólar, lo que significa que el precio del oro irá hacia arriba.
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Por: Óscar Ugarteche (Economista Investigador del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DE LA UNAM)
En la teoría convencional, cuando una economía es deficitaria se devalúa y cuando es superavitaria se revalúa. En la primera década del siglo XXI se aprecia que, en efecto, las monedas latinoamericanas superavitarias se revaluaron frente al dólar. También lo hicieron las asiáticas y en mucho menor medida lo hizo el euro, recién introducido en enero del 2002 al mercado.
Nunca desde la Segunda Guerra Mundial ha habido el tamaño del déficit fiscal estadounidense que existe ahora. Salvo que esta vez fue un déficit liderado por el gasto militar antes de que ocurriera ninguna acción bélica y se profundizó con las políticas de invasión a Irak y Afganistán. Esta política de manejo fiscal irresponsable tenía detrás una recesión que se inició en enero del 2000, que acompañó el desplome de las bolsas de valores a partir del 2 de enero de ese año. La recesión se combatió con el gasto militar y con la reducción de las tasas de interés a niveles reales cercanos a cero, lo que indujo una burbuja especulativa en la bolsa de valores y en el mercado inmobiliario.
Al otro lado estaban las políticas de crecimiento exportador y de responsabilidad fiscal con algunos países que incluso introdujeron leyes que prohíben tener déficit. De este modo, los países en desarrollo con políticas de responsabilidad fiscal y de crecimiento liderado por las exportaciones generaron los excedentes que fueron absorbidos por el déficit de las economías mayores.
Para la política exterior y la prensa estadounidense, el problema es que el tipo de cambio chino no se revaluó junto con todas las demás monedas. En realidad, es el excedente del mundo entero el que financia el “sobreconsumo” de las economías mayores; y el déficit estadounidense no es inducido por la política de cambio fijo de China sino por la irresponsabilidad fiscal.
Llegado el crack de octubre negro del año 2008, todas las tendencias lógicas se revirtieron y se ingresó en un sinsentido teórico. La economía mayor deficitaria comenzó a revaluar su moneda.
Esto se explica, primero, porque las líneas de crédito internacionales de corto y largo plazo se han secado, los flujos de inversión de cartera y directa se han revertido o adelgazado y las remesas de trabajadores se han reducido. La oferta de divisas se ha visto brutalmente contraída, mientras que la demanda es creciente a partir de octubre del 2008, conforme la banca internacional lleva sus excedentes a casa y los inversionistas institucionales en cartera vuelven a su lugar de origen. Esto es acompañado de una enorme desconfianza ante la incertidumbre de que, río abajo, grandes déficit de balanza de pagos y contracción económica llegarán a América del Sur de todos modos.
En el largo plazo, sin embargo, todos —comenzando por el Gobierno Chino, el mayor financista de Estados Unidos— anticipan un brutal deterioro del valor del dólar, lo que significa que el precio del oro irá hacia arriba.
El domingo 15 de marzo, Mariela Balbi presento en el Diario El Comercio una entrevista al Embajador JUAN MIGUEL BÁKULA respecto al Diferendum Jurídico con Chile sobre el límite máritimo. A continuación los alcances de esa importante conversación.
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Entrevista a Juan Manuel Bákula, por Mariella Balbi.
Hasta el 20 de marzo tiene plazo el Perú para presentar la memoria sobre la delimitación marítima con Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero Chile podría alegar su incompetencia.
Todo hace prever que eso no ocurrirá. Hoy no se concibe que un país rehúse procedimientos de solución pacífica. Chile puede presentar recursos procesales preliminares, pero no puede negarse a aceptar la jurisdicción de la Corte de La Haya. Incluso en ese caso está reconociendo su competencia. Esto abriría un compás de espera de, quizá, dos años. Interrumpe el proceso, pero no lo detiene.
Hay quienes —equivocadamente— piensan que el problema marítimo con Chile nace de la Guerra del Pacífico.
Y están absolutamente equivocados, este tema se origina en la Convención del Mar. Es un problema que no tiene pasado histórico, aunque es un asunto sensible. El diferendo no afecta la soberanía nacional ni de Chile ni del Perú, porque el mar no es propiedad de ningún país, como tampoco lo es la atmósfera. No puede ser objeto de compra ni de prescripción ni de conquista. El mar —como se entiende hoy— es absolutamente inapropiable. Sería absurdo, incongruente, contra el sentido común, que alguien se proclame propietario del mar. No es como los límites terrestres. Lo que tienen los estados son derechos de soberanía sobre el mar, es decir, jurisdicciones para la explotación de los recursos. Y eso es lo que hoy día está en discusión: cuál es la separación entre los espacios que corresponden a Chile y al Perú para la explotación de los recursos marinos, no se trata de la propiedad del mar. La Convención del Mar —vale decir el derecho, el sentido común de la humanidad— les otorga a los estados la capacidad de explotar las riquezas del mar bajo ciertas normas, entre ellas su conservación. La llevan a cabo las partes interesadas, en este caso se necesita de la colaboración de Chile y viceversa.
¿Esto que usted menciona se incluye en la tesis oficial de la cancillería?
Es una tesis universal. Cuando la cancillería abre el proceso, expresa que la corte deberá fallar su demanda de acuerdo con la Convención sobre el Derecho del Mar. Chile y el Perú lo han ratificado así.
¿Ha participado usted en la elaboración de la memoria?
No. Hablo a nombre mío y de mi conciencia. No es inmodestia decir que soy conocedor de este tema. Puedo opinar sobre el tema. Pero Chile y el Perú no, deben guardar reserva, están comprometidos a ello por mandato de la corte por una razón de buenas maneras. He tenido la suerte de presidir la delegación peruana en la Conferencia del Mar entre 1972, cuando se iniciara, y 1979. Luego he sido secretario general de la Comisión del Pacífico Sur e integrado el consejo consultivo de la Comisión Marítima Internacional de la Unesco. Además fui con Allan Wagner a Chile en 1986.
¿En 1986 advirtió a Chile sobre el problema de la delimitación marítima?
Sí, esta es la nota diplomática (la muestra), nunca publicada. Fue la primera vez que el Perú planteó oficialmente a Chile la existencia de este problema marítimo. Ahí comienza la historia. La Convención se aprueba en 1982 y crea espacios marítimos que antes no existían. ¡Había países que tenían siete mares territoriales distintos! Por primera vez se crean zonas de gobierno de los mares: las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, alta mar, las aguas archipielágicas, las aguas glaciales, el régimen de los estrechos y el régimen polar. No hay límites marítimos, solo una separación para el ejercicio de aquellas competencias que el derecho crea. No derivan del acto propio sino del derecho universal.
¿Entonces, antes de la Convención de 1982 no existía un diferendo marítimo con Chile?
No podía existir porque nadie tenía capacidad jurídica sobre espacio alguno del mar.
¿Chile acepta esto?
No tiene más remedio. Ojo, no es mi tesis, es la única realidad internacional.
Chile arguye que en el gobierno de Fujimori, en cumplimiento del Tratado de 1929, se asumió que no había problemas pendientes entre ambos países.
Eso es un tema absolutamente colateral. Repito que en 1986 el Perú presentó, por labios de quien habla, la existencia de un problema de esa magnitud. Hubiera tenido que hacerse mención expresa de este. Es más, no sé si existe un texto oficial de lo que usted menciona. Pero imagino que cuando el Perú y Chile resuelven lo que se llamaron las cuestiones pendientes de la aplicación del Tratado de 1929, no quedó problema pendiente derivado de dicho tratado. Punto. No tiene nada que ver con algo que en 1929 no existía. Es decir, con los intereses que luego surgieron con motivo de la Convención del Mar. Lo otro es tratar de especular con términos que solo llevan a la confusión de las mentes. Y yo quiero contribuir a la claridad de los criterios en busca de algo fundamental: el consenso nacional. Detrás de la memoria y del alegato del Perú tiene que existir, y ya existe, un consenso nacional que apoye una posición que defiende un interés nacional, distinto de la soberanía.
Ollanta Humala y otros consideran que el acuerdo comercial con Chile vulnera nuestra soberanía y pone en cuestión el artículo 56 de la Constitución.
No debe mezclarse una cosa con otra. Todo aquello que contribuya a exacerbar sentimientos ultranacionalistas no resulta razonable.
También dice Chile que en 1944 los países presentaron declaraciones unilaterales referidas al límite del paralelo y que esto fue reafirmado en tratados tripartitos con Ecuador en 1952 y 1954, señalándose el Hito 1 mediante actas y notas de 1968 y 1969. Esto se aplicó en la práctica diplomática, pesquera, judicial, policial…
A riesgo de ser “machacón” le diré que antes de la firma de la Convención del Mar no existieron normas, criterios ni prácticas. En consecuencia, todo aquello que dijeron los países previamente a 1982 fueron posiciones tácticas o tentativas. Entre 1950 y 1970 se realizan no menos de 20 reuniones latinoamericanas sobre el Derecho del Mar en las que no fue posible el acuerdo. Lo único que existía en el mundo era un caos absoluto.
Chile reclama que en 1954 firmó un acuerdo de pesca con el Perú que le otorga el uso del espacio marítimo en controversia.
Eso fue, como su nombre lo indica, un acuerdo contingente, coyuntural, de ninguna manera una fórmula de carácter internacional compromisoria para los dos países. No fue un acuerdo de límites porque no había posibilidad de limitar aquello que no se tenía. ¿Cómo se puede delimitar si no eres propietario del mar? Eso es imposible.
Si bien no existen límites marítimos hay una zona fronteriza marítima con Chile donde este aplica la línea paralela y el Perú pide que sea una equidistante.
Chile aplica la paralela para resolver problemas inmediatos como el de la pesca, eran posiciones tácticas…
¿Por qué el Perú permitió esto?
No lo permitió. La prueba está en que en 1986 yo viajo a Chile y les digo que tenemos que resolver el problema. Los acuerdos de pesca tenían un objetivo absolutamente concreto: evitar que los pescadores, con escasos conocimientos de náutica, se pudieran perder y el referente fue el paralelo, pero no era un límite. El Hito 1 es el peor error que ha cometido Chile porque la frontera terrestre, fijada por el Tratado de 1929, termina en la orilla del mar. Si se pone un hito ahí se lo llevan las olas. Por ello, el primer hito demarcatorio se coloca tierra adentro. Pero eso no quiere decir que la frontera haya sido modificada. El hito es un punto de referencia, no es la frontera. Si la línea de frontera pasa por la mitad de un lago no se colocará allí un hito.
O sea que Chile le da a la línea del paralelo una función de frontera que no tiene.
Sí. Por eso en 1986 se le dijo a Chile que la línea del paralelo cumplió el objetivo el evitar incidentes con gente de mar con pocos conocimientos de náutica (cita la nota diplomática), “...pero que no resulta adecuada para satisfacer las exigencias de la seguridad ni para la mejor atención de la administración de los recursos marinos, con el agravante de que una interpretación extensiva podría generar una notoria situación inequitativa y de riesgo, en desmedro de los legítimos intereses del Perú, que aparecerían gravemente lesionados”. Además, si Chile hubiera considerado verdaderamente el paralelo no habría demorado ¡13 años! en ratificar el acuerdo de pesca. La convención no habla del paralelo.
La posición chilena arguye que el paralelo se aplicó con Ecuador.
Lo ocurrido con Ecuador no es un tema en debate con Chile. Cada mar tiene una particularidad y la convención establece zonas de jurisdicción, no de soberanía. Hay 400 casos en proceso de arreglo, no existen dos iguales, 14 se han sometido a la Corte de La Haya. Esta ha resuelto hace poco los casos de Honduras con Nicaragua y de Colombia con Nicaragua.
¿La corte ha optado por la línea equidistante para la delimitación marítima?
No juguemos con las palabras. En algunos casos se usa la equidistancia, pero no hay dos casos iguales. El fundamento no es tanto un criterio geográfico sino uno jurídico: el principio de equidad. Lo cierto es que ha resuelto con justicia y los países se han mostrado satisfechos.
¿Cómo reaccionó el gobierno de Pinochet cuando en 1986 usted abordó el problema marítimo? ¿Protestó?
No protestó, supongo que entendió que había un problema. En la audiencia con el canciller Del Valle él sabía a qué había ido yo. Sabía también que por el bienestar de nuestras relaciones, el Perú quería dejar planteado este tema, que podía ser conflictivo en el futuro, siendo secundario frente a la finalidad que ambos países perseguían: afianzar nuestras relaciones.
¿No hubo escándalo de parte de Chile?
Absolutamente no. Yo lo he vivido. Más aun, al término de mi exposición, en la que solo se trató el problema marítimo (cita la nota diplomática), “...el canciller Del Valle, sin pronunciarse sobre el fondo, estuvo de acuerdo con la importancia de la cuestión que no debía quedar postergada para las calendas griegas, según frase textual”.
¿Qué papel juega la Marina chilena en este tema?
A ratos tiene una sobredimensión de la realidad jurídica. Con Pinochet tuvo mucha fuerza, era omnipotente. Al ser desplazada por el gobierno democrático de Frei trató de conservar nichos de poder: todo aquello relacionado al mar. Con 20 años de gobierno de la Concertación esto ha sido paulatinamente disuelto casi hasta desaparecer, pero no totalmente. El Perú afirma que hay un problema no resuelto, Chile prefiere decir que lo está, para no discutirlo.
Sin embargo, el gobierno de Pinochet aceptó que había un problema.
Por lo menos, no dijo que no. El canciller Del Valle me dijo entonces: “Este es un problema que hay que estudiar”.
“A Chile no le vamos a quitar algo propio”
¿Cómo interpreta la salida del canciller Alejandro Foxley?
No me corresponde opinar sobre ello. Sus interrogantes traviesas me hacen pensar en algo: ¿Después de La Haya qué? El fallo debe ser satisfactorio para el Perú y no tiene por qué ser perjudicial para Chile. Este no es propietario del mar, no le vamos a quitar algo propio, conquistado u ocupado. Después de La Haya debemos reconstruir una relación más armónica y constructiva, que es lo que exigen los tiempos.
Un sector recalcitrante se hace una pregunta no tan traviesa: ¿Chile aceptará el fallo de la corte?
No puede dejar de aceptarlo. Hoy ningún país puede vivir en el aislamiento ni rodeado de enemigos y pensar que todo lo que lo circunda es para hacerle daño. Y sí así fuera, hay que trabajar para que eso negativo se convierta en positivo.
Usted tiene 94 años. ¿Sueña con ver resuelto este tema?
Creo que he cumplido con mi deber (ríe). Como puede ver, yo sigo trabajando en esto, he publicado un libro al respecto hace tan solo seis meses.
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Entrevista a Juan Manuel Bákula, por Mariella Balbi.
Hasta el 20 de marzo tiene plazo el Perú para presentar la memoria sobre la delimitación marítima con Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero Chile podría alegar su incompetencia.
Todo hace prever que eso no ocurrirá. Hoy no se concibe que un país rehúse procedimientos de solución pacífica. Chile puede presentar recursos procesales preliminares, pero no puede negarse a aceptar la jurisdicción de la Corte de La Haya. Incluso en ese caso está reconociendo su competencia. Esto abriría un compás de espera de, quizá, dos años. Interrumpe el proceso, pero no lo detiene.
Hay quienes —equivocadamente— piensan que el problema marítimo con Chile nace de la Guerra del Pacífico.
Y están absolutamente equivocados, este tema se origina en la Convención del Mar. Es un problema que no tiene pasado histórico, aunque es un asunto sensible. El diferendo no afecta la soberanía nacional ni de Chile ni del Perú, porque el mar no es propiedad de ningún país, como tampoco lo es la atmósfera. No puede ser objeto de compra ni de prescripción ni de conquista. El mar —como se entiende hoy— es absolutamente inapropiable. Sería absurdo, incongruente, contra el sentido común, que alguien se proclame propietario del mar. No es como los límites terrestres. Lo que tienen los estados son derechos de soberanía sobre el mar, es decir, jurisdicciones para la explotación de los recursos. Y eso es lo que hoy día está en discusión: cuál es la separación entre los espacios que corresponden a Chile y al Perú para la explotación de los recursos marinos, no se trata de la propiedad del mar. La Convención del Mar —vale decir el derecho, el sentido común de la humanidad— les otorga a los estados la capacidad de explotar las riquezas del mar bajo ciertas normas, entre ellas su conservación. La llevan a cabo las partes interesadas, en este caso se necesita de la colaboración de Chile y viceversa.
¿Esto que usted menciona se incluye en la tesis oficial de la cancillería?
Es una tesis universal. Cuando la cancillería abre el proceso, expresa que la corte deberá fallar su demanda de acuerdo con la Convención sobre el Derecho del Mar. Chile y el Perú lo han ratificado así.
¿Ha participado usted en la elaboración de la memoria?
No. Hablo a nombre mío y de mi conciencia. No es inmodestia decir que soy conocedor de este tema. Puedo opinar sobre el tema. Pero Chile y el Perú no, deben guardar reserva, están comprometidos a ello por mandato de la corte por una razón de buenas maneras. He tenido la suerte de presidir la delegación peruana en la Conferencia del Mar entre 1972, cuando se iniciara, y 1979. Luego he sido secretario general de la Comisión del Pacífico Sur e integrado el consejo consultivo de la Comisión Marítima Internacional de la Unesco. Además fui con Allan Wagner a Chile en 1986.
¿En 1986 advirtió a Chile sobre el problema de la delimitación marítima?
Sí, esta es la nota diplomática (la muestra), nunca publicada. Fue la primera vez que el Perú planteó oficialmente a Chile la existencia de este problema marítimo. Ahí comienza la historia. La Convención se aprueba en 1982 y crea espacios marítimos que antes no existían. ¡Había países que tenían siete mares territoriales distintos! Por primera vez se crean zonas de gobierno de los mares: las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, alta mar, las aguas archipielágicas, las aguas glaciales, el régimen de los estrechos y el régimen polar. No hay límites marítimos, solo una separación para el ejercicio de aquellas competencias que el derecho crea. No derivan del acto propio sino del derecho universal.
¿Entonces, antes de la Convención de 1982 no existía un diferendo marítimo con Chile?
No podía existir porque nadie tenía capacidad jurídica sobre espacio alguno del mar.
¿Chile acepta esto?
No tiene más remedio. Ojo, no es mi tesis, es la única realidad internacional.
Chile arguye que en el gobierno de Fujimori, en cumplimiento del Tratado de 1929, se asumió que no había problemas pendientes entre ambos países.
Eso es un tema absolutamente colateral. Repito que en 1986 el Perú presentó, por labios de quien habla, la existencia de un problema de esa magnitud. Hubiera tenido que hacerse mención expresa de este. Es más, no sé si existe un texto oficial de lo que usted menciona. Pero imagino que cuando el Perú y Chile resuelven lo que se llamaron las cuestiones pendientes de la aplicación del Tratado de 1929, no quedó problema pendiente derivado de dicho tratado. Punto. No tiene nada que ver con algo que en 1929 no existía. Es decir, con los intereses que luego surgieron con motivo de la Convención del Mar. Lo otro es tratar de especular con términos que solo llevan a la confusión de las mentes. Y yo quiero contribuir a la claridad de los criterios en busca de algo fundamental: el consenso nacional. Detrás de la memoria y del alegato del Perú tiene que existir, y ya existe, un consenso nacional que apoye una posición que defiende un interés nacional, distinto de la soberanía.
Ollanta Humala y otros consideran que el acuerdo comercial con Chile vulnera nuestra soberanía y pone en cuestión el artículo 56 de la Constitución.
No debe mezclarse una cosa con otra. Todo aquello que contribuya a exacerbar sentimientos ultranacionalistas no resulta razonable.
También dice Chile que en 1944 los países presentaron declaraciones unilaterales referidas al límite del paralelo y que esto fue reafirmado en tratados tripartitos con Ecuador en 1952 y 1954, señalándose el Hito 1 mediante actas y notas de 1968 y 1969. Esto se aplicó en la práctica diplomática, pesquera, judicial, policial…
A riesgo de ser “machacón” le diré que antes de la firma de la Convención del Mar no existieron normas, criterios ni prácticas. En consecuencia, todo aquello que dijeron los países previamente a 1982 fueron posiciones tácticas o tentativas. Entre 1950 y 1970 se realizan no menos de 20 reuniones latinoamericanas sobre el Derecho del Mar en las que no fue posible el acuerdo. Lo único que existía en el mundo era un caos absoluto.
Chile reclama que en 1954 firmó un acuerdo de pesca con el Perú que le otorga el uso del espacio marítimo en controversia.
Eso fue, como su nombre lo indica, un acuerdo contingente, coyuntural, de ninguna manera una fórmula de carácter internacional compromisoria para los dos países. No fue un acuerdo de límites porque no había posibilidad de limitar aquello que no se tenía. ¿Cómo se puede delimitar si no eres propietario del mar? Eso es imposible.
Si bien no existen límites marítimos hay una zona fronteriza marítima con Chile donde este aplica la línea paralela y el Perú pide que sea una equidistante.
Chile aplica la paralela para resolver problemas inmediatos como el de la pesca, eran posiciones tácticas…
¿Por qué el Perú permitió esto?
No lo permitió. La prueba está en que en 1986 yo viajo a Chile y les digo que tenemos que resolver el problema. Los acuerdos de pesca tenían un objetivo absolutamente concreto: evitar que los pescadores, con escasos conocimientos de náutica, se pudieran perder y el referente fue el paralelo, pero no era un límite. El Hito 1 es el peor error que ha cometido Chile porque la frontera terrestre, fijada por el Tratado de 1929, termina en la orilla del mar. Si se pone un hito ahí se lo llevan las olas. Por ello, el primer hito demarcatorio se coloca tierra adentro. Pero eso no quiere decir que la frontera haya sido modificada. El hito es un punto de referencia, no es la frontera. Si la línea de frontera pasa por la mitad de un lago no se colocará allí un hito.
O sea que Chile le da a la línea del paralelo una función de frontera que no tiene.
Sí. Por eso en 1986 se le dijo a Chile que la línea del paralelo cumplió el objetivo el evitar incidentes con gente de mar con pocos conocimientos de náutica (cita la nota diplomática), “...pero que no resulta adecuada para satisfacer las exigencias de la seguridad ni para la mejor atención de la administración de los recursos marinos, con el agravante de que una interpretación extensiva podría generar una notoria situación inequitativa y de riesgo, en desmedro de los legítimos intereses del Perú, que aparecerían gravemente lesionados”. Además, si Chile hubiera considerado verdaderamente el paralelo no habría demorado ¡13 años! en ratificar el acuerdo de pesca. La convención no habla del paralelo.
La posición chilena arguye que el paralelo se aplicó con Ecuador.
Lo ocurrido con Ecuador no es un tema en debate con Chile. Cada mar tiene una particularidad y la convención establece zonas de jurisdicción, no de soberanía. Hay 400 casos en proceso de arreglo, no existen dos iguales, 14 se han sometido a la Corte de La Haya. Esta ha resuelto hace poco los casos de Honduras con Nicaragua y de Colombia con Nicaragua.
¿La corte ha optado por la línea equidistante para la delimitación marítima?
No juguemos con las palabras. En algunos casos se usa la equidistancia, pero no hay dos casos iguales. El fundamento no es tanto un criterio geográfico sino uno jurídico: el principio de equidad. Lo cierto es que ha resuelto con justicia y los países se han mostrado satisfechos.
¿Cómo reaccionó el gobierno de Pinochet cuando en 1986 usted abordó el problema marítimo? ¿Protestó?
No protestó, supongo que entendió que había un problema. En la audiencia con el canciller Del Valle él sabía a qué había ido yo. Sabía también que por el bienestar de nuestras relaciones, el Perú quería dejar planteado este tema, que podía ser conflictivo en el futuro, siendo secundario frente a la finalidad que ambos países perseguían: afianzar nuestras relaciones.
¿No hubo escándalo de parte de Chile?
Absolutamente no. Yo lo he vivido. Más aun, al término de mi exposición, en la que solo se trató el problema marítimo (cita la nota diplomática), “...el canciller Del Valle, sin pronunciarse sobre el fondo, estuvo de acuerdo con la importancia de la cuestión que no debía quedar postergada para las calendas griegas, según frase textual”.
¿Qué papel juega la Marina chilena en este tema?
A ratos tiene una sobredimensión de la realidad jurídica. Con Pinochet tuvo mucha fuerza, era omnipotente. Al ser desplazada por el gobierno democrático de Frei trató de conservar nichos de poder: todo aquello relacionado al mar. Con 20 años de gobierno de la Concertación esto ha sido paulatinamente disuelto casi hasta desaparecer, pero no totalmente. El Perú afirma que hay un problema no resuelto, Chile prefiere decir que lo está, para no discutirlo.
Sin embargo, el gobierno de Pinochet aceptó que había un problema.
Por lo menos, no dijo que no. El canciller Del Valle me dijo entonces: “Este es un problema que hay que estudiar”.
“A Chile no le vamos a quitar algo propio”
¿Cómo interpreta la salida del canciller Alejandro Foxley?
No me corresponde opinar sobre ello. Sus interrogantes traviesas me hacen pensar en algo: ¿Después de La Haya qué? El fallo debe ser satisfactorio para el Perú y no tiene por qué ser perjudicial para Chile. Este no es propietario del mar, no le vamos a quitar algo propio, conquistado u ocupado. Después de La Haya debemos reconstruir una relación más armónica y constructiva, que es lo que exigen los tiempos.
Un sector recalcitrante se hace una pregunta no tan traviesa: ¿Chile aceptará el fallo de la corte?
No puede dejar de aceptarlo. Hoy ningún país puede vivir en el aislamiento ni rodeado de enemigos y pensar que todo lo que lo circunda es para hacerle daño. Y sí así fuera, hay que trabajar para que eso negativo se convierta en positivo.
Usted tiene 94 años. ¿Sueña con ver resuelto este tema?
Creo que he cumplido con mi deber (ríe). Como puede ver, yo sigo trabajando en esto, he publicado un libro al respecto hace tan solo seis meses.
Estimados Blogeros:
A continuación un importante y polémico artículo de Gianni Vattimo. Lo polémico viene de su visión de que las instituciones eclesiales son limitaciones más que posibilidad.
Capaz para quienes participamos de una Iglesia en concreto (en mi caso la Católica) y vivimos una experiencia de fe a su interior, los argumentos de Vattimo no son contudentes; si acicatean la polémica.
Luis Durán Rojo
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Por: Gianni Vattimo
Todos recordamos seguramente la famosa frase de Nietzsche sobre la muerte de Dios. Y también su cláusula: Dios seguirá proyectando su sombra en nuestro mundo durante mucho tiempo. ¿Qué pasaría si aplicáramos la frase de Nietzsche también, y sobre todo, a las religiones? En muchos sentidos, es verdad que, en gran parte del mundo contemporáneo, la religión como tal está muerta, pero todavía proyecta sus sombras en numerosos aspectos de nuestra vida privada y colectiva. Por cierto, dejemos claro que el Dios cuya muerte anunció Nietzsche no es necesariamente el Dios en el que muchos de nosotros seguimos creyendo; yo me considero cristiano, pero estoy seguro de que el Dios que estaba muerto en Nietzsche no era el Dios de Jesús. Incluso creo que, precisamente gracias a Jesús, soy ateo. El Dios que murió, como dice el propio Nietzsche en algún lugar de su obra cuando le llama "el Dios moral", es el primer principio de la metafísica clásica, la entidad suprema que se supone que es la causa del universo material y que requiere esa disciplina especial llamada teodicea, una serie de argumentos que tratan de justificar la existencia de ese Dios o esa Diosa frente a los males que vemos constantemente en el mundo.
La tesis que quiero presentar aquí es que las religiones están muertas, y merecen estar muertas, tal como Nietzsche habla de la muerte de Dios. No sólo están muertas las religiones morales, en el sentido más obvio de la palabra: desde dentro de la sociedad cristiana y católica de Europa, es fácil ver que son muy pocos los que observan los mandamientos de la moral cristiana oficial. Lo que está muerto, en un sentido más profundo, son las religiones "morales" como garantía del orden racional del mundo.
La institucionalización de las creencias, que dio origen a las Iglesias, incluyó (no sé si sólo en la práctica o como factor necesario) una reivindicación del poder histórico, en el sentido de que era casi natural y necesario que una religión moral se convirtiera en una institución temporal poderosa. Es lo que parece haber ocurrido con el catolicismo, pero se pueden ver muchos otros fenómenos similares en la historia de otras religiones. Incluso el budismo engendró un Estado, el Tíbet de los lamas, que ahora lucha por sobrevivir frente a China. En todas partes -por ejemplo, en el hinduismo-, el mismo hecho de que exista una diferencia entre clérigos y legos hace que la religión se convierta en una institución, cuyo objetivo principal es siempre su propia supervivencia. Mencionaré de nuevo el ejemplo de la Iglesia católica: si no hubiera sobrevivido a lo largo de los tiempos, yo no habría podido recibir el Evangelio, la buena nueva de la salvación. Una vez más: como en el caso de la muerte de Dios de Nietzsche, la muerte de las religiones institucionalizadas no significa que no tengan legitimidad. Sencillamente, llega un momento en el que ya no son necesarias. Y ese momento es nuestra época, porque, como puede verse en muchos aspectos de la vida actual, las religiones ya no contribuyen a una existencia humana pacífica ni representan ya un medio de salvación. La religión resulta un poderoso factor de conflicto en momentos de intercambio intenso entre mundos culturales diferentes. Por lo menos, eso es lo que ocurre hoy: en Italia, por ejemplo, existe un problema con la construcción de mezquitas, porque la población musulmana ha aumentado de forma espectacular. La hegemonía tradicional de la Iglesia católica está en peligro, pero los católicos no se sienten amenazados en absoluto por esa situación; sólo los obispos y el Papa.
La Iglesia afirma que defiende su poder (y los aspectos económicos de él) para preservar su capacidad de predicar el Evangelio. Sí; pero, como en tantas instituciones, la razón suprema de su existencia se queda muchas veces olvidada a cambio de la mera continuidad del statu quo. Lo que quiero decir es que, en el mundo actual, sobre todo en el Occidente industrial, la religión como institución se ha convertido en un factor de conflicto y un obstáculo para la "salvación", sea eso lo que sea. Quiero subrayar que hablo de la muerte de las religiones en el mismo sentido en el que acepto el anuncio de Nietzsche sobre la muerte de Dios. La religión que está muerta es la religión-institución, que contribuyó enormemente al desarrollo de la civilización pero, al final, se convirtió en un obstáculo.
Hablar de la muerte de las religiones en un sentido relacionado con el anuncio de la muerte de Dios de Nietzsche no significa, desde luego, que la religión nunca haya tenido sentido para la humanidad. Ni siquiera se puede decir que la frase de Nietzsche significa que Dios no existe. Ésa sería de nuevo una afirmación metafísica, que Nietzsche no quería pronunciar, por su rechazo general a cualquier metafísica "descriptiva". La lucha contra la supervivencia de las religiones de la que hablo tiene poco que ver con la negación racionalista de todo significado a los sentimientos religiosos. Incluso se toma muy en serio ese resurgimiento de la necesidad de una relación con la trascendencia que caracteriza numerosos aspectos de la cultura actual. Citaré de nuevo a Nietzsche, que dice que Dios está muerto y ahora queremos que existan muchos Dioses.
Mientras las religiones sigan queriendo ser instituciones temporales poderosas, son un obstáculo para la paz y para el desarrollo de una actitud genuinamente religiosa: pensemos en cuánta gente está abandonando la Iglesia católica por el escándalo que representan las pretensiones del Papa y los obispos de inmiscuirse en las leyes civiles en Italia. Los ámbitos de la ética familiar y la bioética son los más polémicos. En Estados Unidos, el anuncio reciente del presidente Obama sobre su intención de eliminar las restricciones a la libertad de las mujeres para abortar ha suscitado una amplia oposición por parte de los obispos católicos. La oposición contra cualquier forma de libertad de elección en todo lo relacionado con la familia, la sexualidad y la bioética es continua e intensa, sobre todo, en países como Italia y España. Tengamos en cuenta que la Iglesia se opone a leyes que no obligan, sino que sólo permiten la decisión personal en estos asuntos. Deberíamos preguntarnos de qué lado está la civilización.
Hace poco, el Papa repitió su idea constante de que la verdad no es negociable. ¿Ese "fundamentalismo" es sólo característico del catolicismo, o de todo el cristianismo? Quienes hablan de civilizaciones tienen la responsabilidad de tener en cuenta esta condición concreta. No hay más que ver los frecuentes diálogos interreligiones que se celebran en cualquier parte del mundo, en los que los interlocutores suelen ser "dirigentes" de las distintas confesiones. No dialogan para cambiar nada; no es más que una forma de volver a confirmar su autoridad en sus respectivos grupos. ¿Acaso sale de estos frecuentes encuentros algo útil para la paz y la mutua comprensión de los pueblos? Mientras no se elimine el aspecto autoritario y de poder de las religiones, será imposible avanzar hacia el mutuo entendimiento entre las diversas culturas del mundo.
Esta conclusión puede parecer una gran paradoja, dado que, en general, se ha considerado que la religión era un medio de educar a la humanidad hacia la caridad, la piedad y la comprensión. En muchos sentidos, la compasión parece ser la base fundamental de toda experiencia religiosa. Y es cierto, ya sea desde el punto de vista del cristianismo, el budismo, el hinduismo, el islam o el judaísmo. Hasta aquí, nada que objetar. Pero precisamente por eso es por lo que debemos reconocer que ha llegado la hora de que las personas religiosas se alcen contra las religiones. Y que afirmen tajantemente que la era de la religión-institución se ha terminado y su supervivencia sólo se debe a los esfuerzos de las jerarquías religiosas para conservar su poder y sus privilegios. El hecho de que esta tesis parezca inspirarse, en gran parte, en la experiencia cristiana (y católica) europea, no limita su validez para otras culturas. Seguramente, el veneno del universalismo se extendió por el mundo gracias a los conquistadores europeos, que son responsables de la estricta asociación entre conversión (al cristianismo; recuérdese el compelle intrare de San Agustín) e imperialismo. Ahora es el mundo latino el que debe romper esa asociación y separar la salvación de cualquier pretensión de creencia y disciplina universal como condición para alcanzarla. No es una tarea fácil.
A continuación un importante y polémico artículo de Gianni Vattimo. Lo polémico viene de su visión de que las instituciones eclesiales son limitaciones más que posibilidad.
Capaz para quienes participamos de una Iglesia en concreto (en mi caso la Católica) y vivimos una experiencia de fe a su interior, los argumentos de Vattimo no son contudentes; si acicatean la polémica.
Luis Durán Rojo
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Por: Gianni Vattimo
Todos recordamos seguramente la famosa frase de Nietzsche sobre la muerte de Dios. Y también su cláusula: Dios seguirá proyectando su sombra en nuestro mundo durante mucho tiempo. ¿Qué pasaría si aplicáramos la frase de Nietzsche también, y sobre todo, a las religiones? En muchos sentidos, es verdad que, en gran parte del mundo contemporáneo, la religión como tal está muerta, pero todavía proyecta sus sombras en numerosos aspectos de nuestra vida privada y colectiva. Por cierto, dejemos claro que el Dios cuya muerte anunció Nietzsche no es necesariamente el Dios en el que muchos de nosotros seguimos creyendo; yo me considero cristiano, pero estoy seguro de que el Dios que estaba muerto en Nietzsche no era el Dios de Jesús. Incluso creo que, precisamente gracias a Jesús, soy ateo. El Dios que murió, como dice el propio Nietzsche en algún lugar de su obra cuando le llama "el Dios moral", es el primer principio de la metafísica clásica, la entidad suprema que se supone que es la causa del universo material y que requiere esa disciplina especial llamada teodicea, una serie de argumentos que tratan de justificar la existencia de ese Dios o esa Diosa frente a los males que vemos constantemente en el mundo.
La tesis que quiero presentar aquí es que las religiones están muertas, y merecen estar muertas, tal como Nietzsche habla de la muerte de Dios. No sólo están muertas las religiones morales, en el sentido más obvio de la palabra: desde dentro de la sociedad cristiana y católica de Europa, es fácil ver que son muy pocos los que observan los mandamientos de la moral cristiana oficial. Lo que está muerto, en un sentido más profundo, son las religiones "morales" como garantía del orden racional del mundo.
La institucionalización de las creencias, que dio origen a las Iglesias, incluyó (no sé si sólo en la práctica o como factor necesario) una reivindicación del poder histórico, en el sentido de que era casi natural y necesario que una religión moral se convirtiera en una institución temporal poderosa. Es lo que parece haber ocurrido con el catolicismo, pero se pueden ver muchos otros fenómenos similares en la historia de otras religiones. Incluso el budismo engendró un Estado, el Tíbet de los lamas, que ahora lucha por sobrevivir frente a China. En todas partes -por ejemplo, en el hinduismo-, el mismo hecho de que exista una diferencia entre clérigos y legos hace que la religión se convierta en una institución, cuyo objetivo principal es siempre su propia supervivencia. Mencionaré de nuevo el ejemplo de la Iglesia católica: si no hubiera sobrevivido a lo largo de los tiempos, yo no habría podido recibir el Evangelio, la buena nueva de la salvación. Una vez más: como en el caso de la muerte de Dios de Nietzsche, la muerte de las religiones institucionalizadas no significa que no tengan legitimidad. Sencillamente, llega un momento en el que ya no son necesarias. Y ese momento es nuestra época, porque, como puede verse en muchos aspectos de la vida actual, las religiones ya no contribuyen a una existencia humana pacífica ni representan ya un medio de salvación. La religión resulta un poderoso factor de conflicto en momentos de intercambio intenso entre mundos culturales diferentes. Por lo menos, eso es lo que ocurre hoy: en Italia, por ejemplo, existe un problema con la construcción de mezquitas, porque la población musulmana ha aumentado de forma espectacular. La hegemonía tradicional de la Iglesia católica está en peligro, pero los católicos no se sienten amenazados en absoluto por esa situación; sólo los obispos y el Papa.
La Iglesia afirma que defiende su poder (y los aspectos económicos de él) para preservar su capacidad de predicar el Evangelio. Sí; pero, como en tantas instituciones, la razón suprema de su existencia se queda muchas veces olvidada a cambio de la mera continuidad del statu quo. Lo que quiero decir es que, en el mundo actual, sobre todo en el Occidente industrial, la religión como institución se ha convertido en un factor de conflicto y un obstáculo para la "salvación", sea eso lo que sea. Quiero subrayar que hablo de la muerte de las religiones en el mismo sentido en el que acepto el anuncio de Nietzsche sobre la muerte de Dios. La religión que está muerta es la religión-institución, que contribuyó enormemente al desarrollo de la civilización pero, al final, se convirtió en un obstáculo.
Hablar de la muerte de las religiones en un sentido relacionado con el anuncio de la muerte de Dios de Nietzsche no significa, desde luego, que la religión nunca haya tenido sentido para la humanidad. Ni siquiera se puede decir que la frase de Nietzsche significa que Dios no existe. Ésa sería de nuevo una afirmación metafísica, que Nietzsche no quería pronunciar, por su rechazo general a cualquier metafísica "descriptiva". La lucha contra la supervivencia de las religiones de la que hablo tiene poco que ver con la negación racionalista de todo significado a los sentimientos religiosos. Incluso se toma muy en serio ese resurgimiento de la necesidad de una relación con la trascendencia que caracteriza numerosos aspectos de la cultura actual. Citaré de nuevo a Nietzsche, que dice que Dios está muerto y ahora queremos que existan muchos Dioses.
Mientras las religiones sigan queriendo ser instituciones temporales poderosas, son un obstáculo para la paz y para el desarrollo de una actitud genuinamente religiosa: pensemos en cuánta gente está abandonando la Iglesia católica por el escándalo que representan las pretensiones del Papa y los obispos de inmiscuirse en las leyes civiles en Italia. Los ámbitos de la ética familiar y la bioética son los más polémicos. En Estados Unidos, el anuncio reciente del presidente Obama sobre su intención de eliminar las restricciones a la libertad de las mujeres para abortar ha suscitado una amplia oposición por parte de los obispos católicos. La oposición contra cualquier forma de libertad de elección en todo lo relacionado con la familia, la sexualidad y la bioética es continua e intensa, sobre todo, en países como Italia y España. Tengamos en cuenta que la Iglesia se opone a leyes que no obligan, sino que sólo permiten la decisión personal en estos asuntos. Deberíamos preguntarnos de qué lado está la civilización.
Hace poco, el Papa repitió su idea constante de que la verdad no es negociable. ¿Ese "fundamentalismo" es sólo característico del catolicismo, o de todo el cristianismo? Quienes hablan de civilizaciones tienen la responsabilidad de tener en cuenta esta condición concreta. No hay más que ver los frecuentes diálogos interreligiones que se celebran en cualquier parte del mundo, en los que los interlocutores suelen ser "dirigentes" de las distintas confesiones. No dialogan para cambiar nada; no es más que una forma de volver a confirmar su autoridad en sus respectivos grupos. ¿Acaso sale de estos frecuentes encuentros algo útil para la paz y la mutua comprensión de los pueblos? Mientras no se elimine el aspecto autoritario y de poder de las religiones, será imposible avanzar hacia el mutuo entendimiento entre las diversas culturas del mundo.
Esta conclusión puede parecer una gran paradoja, dado que, en general, se ha considerado que la religión era un medio de educar a la humanidad hacia la caridad, la piedad y la comprensión. En muchos sentidos, la compasión parece ser la base fundamental de toda experiencia religiosa. Y es cierto, ya sea desde el punto de vista del cristianismo, el budismo, el hinduismo, el islam o el judaísmo. Hasta aquí, nada que objetar. Pero precisamente por eso es por lo que debemos reconocer que ha llegado la hora de que las personas religiosas se alcen contra las religiones. Y que afirmen tajantemente que la era de la religión-institución se ha terminado y su supervivencia sólo se debe a los esfuerzos de las jerarquías religiosas para conservar su poder y sus privilegios. El hecho de que esta tesis parezca inspirarse, en gran parte, en la experiencia cristiana (y católica) europea, no limita su validez para otras culturas. Seguramente, el veneno del universalismo se extendió por el mundo gracias a los conquistadores europeos, que son responsables de la estricta asociación entre conversión (al cristianismo; recuérdese el compelle intrare de San Agustín) e imperialismo. Ahora es el mundo latino el que debe romper esa asociación y separar la salvación de cualquier pretensión de creencia y disciplina universal como condición para alcanzarla. No es una tarea fácil.
17/03/09: CORRUPCIÓN, MÁS ALLÁ DE LOS MITOS
Va un importante comentario de Bernanrdo Kliksberg sobre la temática de la corrupción, publicado el 8 de marzo pasado. Importante la clave que se da para frenar su expansión: mejorar la transparencia de la gestión pública y privada.
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Por: Bernardo Kliksberg.
Según los tribunales americanos, Siemens pagó, entre 1998 y 2004, 40 millones de dólares en soborno a altas autoridades argentinas para conseguir un contrato de 1.000 millones de dólares para producir nuevos documentos de identidad. También pagó en 2004 en México 2,6 millones de dólares por un proyecto en modernización de refinerías. Estos sobornos eran, como aceptó la mayor empresa de ingeniería europea en los tribunales, parte de una práctica sistemática de décadas que fue aplicada en múltiples países. En los países muy corruptos, los sobornos eran casi el 40% de los contratos; en otros, del 5% al 6%. La empresa deberá pagar en total 2.600 millones de dólares en EE UU y Alemania en multas e investigaciones y reformas. Informa el New York Times que Friedrich, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, señaló que la corrupción en ella "era sistemática y extendida"; el director del FBI de Washington que lideró la investigación la llamó "masiva y cuidadosamente orquestada". Tan insertada estaba la corrupción en la cultura corporativa que uno de los principales operadores de los sobornos, Siekaczek, alegando que eran prácticas extendidas, afirmó después de haber admitido su culpa: "La gente dirá después de Siemens que no hemos sido afortunados, que hemos roto el mandamiento número 11. Ese mandamiento dice: no permitas que te descubran".
Los costos económicos de la corrupción son altísimos, y los pagan finalmente los consumidores y los contribuyentes. Destruye la confianza, elemento clave de la economía. Socava el sistema de valores morales y crea nihilismo en los jóvenes.
Hay varios mitos respecto a ella que correspondería revisar en América Latina:
Primer mito. La corrupción es esencialmente pública. El caso de Siemens, y múltiples otros similares como, entre otros, la quiebra del principal banco privado dominicano hace algunos años, que absorbió recursos vitales para el país; el soborno comprobado realizado por ejecutivos de una transnacional líder en Argentina para vender masivamente informatización al principal banco público, han mostrado que la corrupción no es sólo pública. La corrupción corporativa es parte importante del problema global. En los hechos, los esquemas de corrupción suelen entrelazar a ejecutivos públicos y privados.
Hasta 1999 en que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) penó la corrupción, el código fiscal alemán, entre otros, permitía la deducción de los sobornos como "gastos de negocios". El Pacto Global de la ONU terminó de oficializar a la corrupción como tema para la empresa privada en 2004, al agregar la lucha contra ella como décimo principio de su Código de Responsabilidad Social Empresarial.
Segundo mito. La corrupción se concentra en las coimas que los ciudadanos pagan a funcionarios. La coima en los países de Suramérica, la mordida en México y otras similares son claras expresiones de corrupción que deben ser combatidas y erradicadas. Sin embargo, los costos mayores los paga la sociedad en las grandes operaciones de colusión económica, entre empresas y funcionarios, como los que se han dado, entre otros, en el mercado de armas y en otras formas de corrupción más silenciosas. Entre ellas, las connivencias entre el crimen organizado y miembros de la policía, la influencia sobre el sistema judicial, los crímenes medioambientales.
Uno de los grandes temas que surgen cuando se eleva la vista de las coimas es el de la transparencia de la financiación en los procesos electorales. En un incisivo estudio de Ethos y Transparency International en Brasil al respecto (2008), más de 2/3 de las empresas firmantes del pacto por la integridad y contra la corrupción consideraron sobre esta estratégica cuestión que "las empresas deben apoyar iniciativas de la sociedad civil que monitoricen la financiación de la política", "las empresas deben revelar sus donaciones políticas al margen de lo que hagan los partidos y los candidatos", "las empresas solamente deben apoyar candidatos comprometidos con la divulgación de las donaciones".
Tercer mito. La opinión pública latinoamericana es pasiva frente a la corrupción. Está sucediendo lo contrario. El latinobarómetro y la encuesta mundial de valores muestran un rechazo generalizado, una enorme indignación por la impunidad y la exigencia creciente por respuestas contundentes.
Cuarto mito. La corrupción es un tema básicamente policial. Una investigación de la Universidad de Harvard muestra que es mucho más complejo. Trató de medir en 100 países con qué causales estaba más conectada. Las correlaciones econométricas identificaron que la principal eran los niveles de desigualdad. Cuanto mayores son las asimetrías en una sociedad, élites reducidas tienen el control de las grandes decisiones económicas, de los recursos, de la información, y las grandes mayorías tienen grados mínimos de información y de participación real. En esas condiciones hay, según los investigadores, "incentivos perversos" para las prácticas corruptas, porque los grupos de alto poder no tienen control y pueden actuar con impunidad. La corrupción, a su vez, aumenta la desigualdad. Se ha estimado que un aumento de un punto en el índice de corrupción hace aumentar el coeficiente Gini de desigualdad en 5,4 puntos.
Cuanto más equitativas las sociedades y mayor la participación de las mayorías, en educación, salud, información e incidencia en las decisiones, mejor podrán vigilar, y protestar, y menor será la corrupción.
Estos resultados son particularmente significativos para América Latina, por ser la región más desigual del planeta. Uno de los costos silenciosos de la desigualdad son los incentivos para la corrupción.
¿Cómo combatir la corrupción en la región? Mejorar la equidad y superar los mitos señalados, y otros, profundizando sobre sus causas, son recomendaciones básicas.
Junto a ello son imprescindibles vigorosas políticas de reforma y fortalecimiento del poder judicial, apoyo a la profesionalización de las instituciones policiales vinculadas con la investigación de estos delitos, establecimiento de instituciones reguladoras sólidas y dotadas de capacidad técnica efectiva, gestión activa para la recuperación de activos en el exterior. Después de largas gestiones, el empobrecido Haití acaba de recuperar varios millones de dólares que la dinastía Duvalier había depositado en cuentas suizas.
Una clave para enfrentar la corrupción es ampliar las posibilidades del control social. Ello significa, entre otros aspectos, maximizar los grados de transparencia de la gestión tanto pública como privada e instalar mecanismos institucionalizados de participación continua de la población. Son significativos los resultados logrados con desarrollos en los que América Latina fue pionera en los últimos años, como el presupuesto municipal participativo de Porto Alegre, que se ha convertido en una referencia mundial en la materia y se ha extendido bajo diversas fórmulas a centenares de ciudades de la región. La apertura plena de los presupuestos, su análisis por la ciudadanía, su selección directa de prioridades, la rendición de cuentas, generaron una gestión local muy mejorada y redujeron sensiblemente los niveles de corrupción y de clientelismo.
A todo lo anterior deberá sumarse trabajar en la familia, la educación y los medios masivos para fomentar una "cultura de la transparencia y la responsabilidad". Ambos significan que el otro importa. La corrupción es lo contrario: egoísmo maximizado. En los noventa, en Argentina, donde este año se están llevando adelante 15 procesos judiciales contra políticos, ex funcionarios, empresarios y banqueros de esa década, algunos sectores de la población llegaron a invertir los valores. Los funcionarios y empresarios que robaban cubriendo sus operaciones eran percibidos como "unos vivos"; los que no lo hacían, "una especie de idiotas". La década de políticas ortodoxas extremas destruyó parte de la clase media y de las oportunidades para la mayoría de la población en ese y otros países de la región, pero, además, erosionó profundamente los valores básicos.
Las sociedades reaccionaron, pero hay que continuar trabajando ese plano fundamental. Los países que encabezan la tabla mundial de integridad, como los nórdicos, tienen altos grados de equidad, instituciones sólidas, un poder judicial ejemplar, pero, además, la cultura rechaza a los corruptos, son "parias sociales". La ilegalización "cultural" además de jurídica de la corrupción es la doble batalla a dar.
La investigación de Harvard es alentadora, concluye que "después de todo, la corrupción no es un destino".
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Por: Bernardo Kliksberg.
Según los tribunales americanos, Siemens pagó, entre 1998 y 2004, 40 millones de dólares en soborno a altas autoridades argentinas para conseguir un contrato de 1.000 millones de dólares para producir nuevos documentos de identidad. También pagó en 2004 en México 2,6 millones de dólares por un proyecto en modernización de refinerías. Estos sobornos eran, como aceptó la mayor empresa de ingeniería europea en los tribunales, parte de una práctica sistemática de décadas que fue aplicada en múltiples países. En los países muy corruptos, los sobornos eran casi el 40% de los contratos; en otros, del 5% al 6%. La empresa deberá pagar en total 2.600 millones de dólares en EE UU y Alemania en multas e investigaciones y reformas. Informa el New York Times que Friedrich, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, señaló que la corrupción en ella "era sistemática y extendida"; el director del FBI de Washington que lideró la investigación la llamó "masiva y cuidadosamente orquestada". Tan insertada estaba la corrupción en la cultura corporativa que uno de los principales operadores de los sobornos, Siekaczek, alegando que eran prácticas extendidas, afirmó después de haber admitido su culpa: "La gente dirá después de Siemens que no hemos sido afortunados, que hemos roto el mandamiento número 11. Ese mandamiento dice: no permitas que te descubran".
Los costos económicos de la corrupción son altísimos, y los pagan finalmente los consumidores y los contribuyentes. Destruye la confianza, elemento clave de la economía. Socava el sistema de valores morales y crea nihilismo en los jóvenes.
Hay varios mitos respecto a ella que correspondería revisar en América Latina:
Primer mito. La corrupción es esencialmente pública. El caso de Siemens, y múltiples otros similares como, entre otros, la quiebra del principal banco privado dominicano hace algunos años, que absorbió recursos vitales para el país; el soborno comprobado realizado por ejecutivos de una transnacional líder en Argentina para vender masivamente informatización al principal banco público, han mostrado que la corrupción no es sólo pública. La corrupción corporativa es parte importante del problema global. En los hechos, los esquemas de corrupción suelen entrelazar a ejecutivos públicos y privados.
Hasta 1999 en que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) penó la corrupción, el código fiscal alemán, entre otros, permitía la deducción de los sobornos como "gastos de negocios". El Pacto Global de la ONU terminó de oficializar a la corrupción como tema para la empresa privada en 2004, al agregar la lucha contra ella como décimo principio de su Código de Responsabilidad Social Empresarial.
Segundo mito. La corrupción se concentra en las coimas que los ciudadanos pagan a funcionarios. La coima en los países de Suramérica, la mordida en México y otras similares son claras expresiones de corrupción que deben ser combatidas y erradicadas. Sin embargo, los costos mayores los paga la sociedad en las grandes operaciones de colusión económica, entre empresas y funcionarios, como los que se han dado, entre otros, en el mercado de armas y en otras formas de corrupción más silenciosas. Entre ellas, las connivencias entre el crimen organizado y miembros de la policía, la influencia sobre el sistema judicial, los crímenes medioambientales.
Uno de los grandes temas que surgen cuando se eleva la vista de las coimas es el de la transparencia de la financiación en los procesos electorales. En un incisivo estudio de Ethos y Transparency International en Brasil al respecto (2008), más de 2/3 de las empresas firmantes del pacto por la integridad y contra la corrupción consideraron sobre esta estratégica cuestión que "las empresas deben apoyar iniciativas de la sociedad civil que monitoricen la financiación de la política", "las empresas deben revelar sus donaciones políticas al margen de lo que hagan los partidos y los candidatos", "las empresas solamente deben apoyar candidatos comprometidos con la divulgación de las donaciones".
Tercer mito. La opinión pública latinoamericana es pasiva frente a la corrupción. Está sucediendo lo contrario. El latinobarómetro y la encuesta mundial de valores muestran un rechazo generalizado, una enorme indignación por la impunidad y la exigencia creciente por respuestas contundentes.
Cuarto mito. La corrupción es un tema básicamente policial. Una investigación de la Universidad de Harvard muestra que es mucho más complejo. Trató de medir en 100 países con qué causales estaba más conectada. Las correlaciones econométricas identificaron que la principal eran los niveles de desigualdad. Cuanto mayores son las asimetrías en una sociedad, élites reducidas tienen el control de las grandes decisiones económicas, de los recursos, de la información, y las grandes mayorías tienen grados mínimos de información y de participación real. En esas condiciones hay, según los investigadores, "incentivos perversos" para las prácticas corruptas, porque los grupos de alto poder no tienen control y pueden actuar con impunidad. La corrupción, a su vez, aumenta la desigualdad. Se ha estimado que un aumento de un punto en el índice de corrupción hace aumentar el coeficiente Gini de desigualdad en 5,4 puntos.
Cuanto más equitativas las sociedades y mayor la participación de las mayorías, en educación, salud, información e incidencia en las decisiones, mejor podrán vigilar, y protestar, y menor será la corrupción.
Estos resultados son particularmente significativos para América Latina, por ser la región más desigual del planeta. Uno de los costos silenciosos de la desigualdad son los incentivos para la corrupción.
¿Cómo combatir la corrupción en la región? Mejorar la equidad y superar los mitos señalados, y otros, profundizando sobre sus causas, son recomendaciones básicas.
Junto a ello son imprescindibles vigorosas políticas de reforma y fortalecimiento del poder judicial, apoyo a la profesionalización de las instituciones policiales vinculadas con la investigación de estos delitos, establecimiento de instituciones reguladoras sólidas y dotadas de capacidad técnica efectiva, gestión activa para la recuperación de activos en el exterior. Después de largas gestiones, el empobrecido Haití acaba de recuperar varios millones de dólares que la dinastía Duvalier había depositado en cuentas suizas.
Una clave para enfrentar la corrupción es ampliar las posibilidades del control social. Ello significa, entre otros aspectos, maximizar los grados de transparencia de la gestión tanto pública como privada e instalar mecanismos institucionalizados de participación continua de la población. Son significativos los resultados logrados con desarrollos en los que América Latina fue pionera en los últimos años, como el presupuesto municipal participativo de Porto Alegre, que se ha convertido en una referencia mundial en la materia y se ha extendido bajo diversas fórmulas a centenares de ciudades de la región. La apertura plena de los presupuestos, su análisis por la ciudadanía, su selección directa de prioridades, la rendición de cuentas, generaron una gestión local muy mejorada y redujeron sensiblemente los niveles de corrupción y de clientelismo.
A todo lo anterior deberá sumarse trabajar en la familia, la educación y los medios masivos para fomentar una "cultura de la transparencia y la responsabilidad". Ambos significan que el otro importa. La corrupción es lo contrario: egoísmo maximizado. En los noventa, en Argentina, donde este año se están llevando adelante 15 procesos judiciales contra políticos, ex funcionarios, empresarios y banqueros de esa década, algunos sectores de la población llegaron a invertir los valores. Los funcionarios y empresarios que robaban cubriendo sus operaciones eran percibidos como "unos vivos"; los que no lo hacían, "una especie de idiotas". La década de políticas ortodoxas extremas destruyó parte de la clase media y de las oportunidades para la mayoría de la población en ese y otros países de la región, pero, además, erosionó profundamente los valores básicos.
Las sociedades reaccionaron, pero hay que continuar trabajando ese plano fundamental. Los países que encabezan la tabla mundial de integridad, como los nórdicos, tienen altos grados de equidad, instituciones sólidas, un poder judicial ejemplar, pero, además, la cultura rechaza a los corruptos, son "parias sociales". La ilegalización "cultural" además de jurídica de la corrupción es la doble batalla a dar.
La investigación de Harvard es alentadora, concluye que "después de todo, la corrupción no es un destino".
A continuación la siempre atinada reflexión de Mario Vargas Llosa, aparecida el 2 de marzo pasado.
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Por: Mario Vargas Llosa
El autor de esta teoría —que el Perú no necesita museos mientras sea pobre y con carencias sociales— es el señor Ántero Flores-Aráoz, ministro de Defensa del Gobierno Peruano. No se trata de un gorila lleno de entorchados y sesos de aserrín sino de un abogado que, como profesional y político, ha hecho una distinguida carrera en el Partido Popular Cristiano del que se separó hace algún tiempo para representar al Perú como embajador ante la OEA (Organización de Estados Americanos). ¿Qué puede inducir a un hombre que no es tonto a decir tonterías? Dos cosas, profundamente arraigadas en la clase política peruana y latinoamericana: la intolerancia y la incultura.
Para situar el úcase del ministro en su debido contexto hay que recordar que, entre 1980 y 2000, el Perú padeció una guerra revolucionaria desatada por Sendero Luminoso cuyo salvajismo terrorista provocó una respuesta militar de una desmesura también vertiginosa. Cerca de 70 mil peruanos, la inmensa mayoría de los cuales eran humildes campesinos de los Andes y habitantes de los pueblos más pobres y marginales del país, murieron en ese cataclismo.
Al terminar la dictadura de Alberto Fujimori (a punto de ser condenado en estos días por los crímenes contra los derechos humanos perpetrados durante su régimen), el gobierno democrático nombró una Comisión de la Verdad y la Reconciliación para investigar la magnitud de esta tragedia social. Presidida por un respetado intelectual y filósofo, el doctor Salomón Lerner, ex rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la comisión elaboró un documentado estudio de esos años sangrientos y un cuidadoso análisis de las causas, consecuencias y el saldo en vidas humanas, destrucción de bienes públicos y privados, torturas, secuestros, desaparición de personas y de aldeas de la violencia de esos años. Un vasto sector de opinión pública reconoció el valioso trabajo de la comisión, pero, como era de esperar, sus conclusiones fueron criticadas y rechazadas por círculos militares y por las pandillas sobrevivientes del fujimorismo que, de este modo, se curaban en salud de su complicidad con un régimen autoritario que, además de cleptómano y corrompido hasta los tuétanos, detenta un pavoroso prontuario de asesinatos, torturas y desapariciones perpetrados con el pretexto de la lucha antisubversiva.
La comisión organizó, con los materiales de su investigación, una de las más conmovedoras exposiciones que se hayan visto jamás en el Perú y que todavía se puede visitar, aunque en formato algo reducido, en el Museo de la Nación, en Lima. Llamada “Yuyanapaq” (Para recordar), muestra, en fotos, películas, cuadros sinópticos y testimonios diversos la ferocidad demencial con que los terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), y, también, comandos de las Fuerzas Especiales y grupos de aniquilamiento —como el tristemente célebre grupo Colina— sembraron el horror segando decenas de millares de vidas humanas inocentes y la impotencia y desesperación de los sectores más humildes y desamparados del país ante ese vendaval que se abatió sobre ellos desencadenado por el fanatismo ideológico y el desprecio generalizado de la moral y de la ley.
Cuando la primera ministra alemana, Angela Merkel, vino en visita oficial al Perú ofreció que su gobierno ayudaría a financiar un museo de la memoria, que, siguiendo las pautas sentadas por “Yuyanapaq”, sería, a la vez, un documento genuino, didáctico y aleccionador sobre los estragos materiales y morales que padeció el Perú en los años del terror y un llamado a la reconciliación, a la paz y a la convivencia democrática. Por razones obvias, Alemania es sensible a estos temas y no es extraño que un país que ha hecho un admirable esfuerzo para enfrentarse a un pasado atroz con sentido autocrítico y ha conseguido superarlo y es por eso, ahora, una sociedad sólidamente democrática, haya querido apoyar la iniciativa de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Fiel a la palabra de la canciller, el Gobierno Alemán propuso donar dos millones de dólares al Perú para la construcción del museo de la memoria, el que cuenta ya, incluso, con un posible terreno, en el Campo de Marte, en torno a una hermosa escultura de Lika Mutal inspirada en ese mismo drama: “El Ojo que Llora”. El Gobierno Peruano, en una actitud lamentable, ha hecho saber que no acepta el donativo alemán. Y el ministro de Defensa ha sido el encargado de justificar semejante desaire con la teoría resumida en el título de este artículo.
El ministro ha explicado que en un país donde faltan tantas escuelas y hospitales y donde tantos peruanos pasan hambre, un museo no puede ser una prioridad. Según esta filosofía, los países solo deberían invertir recursos en defensa de su patrimonio arqueológico, monumental y artístico una vez que hubieran asegurado la prosperidad y el bienestar para toda su población. Si semejante pragmatismo hubiera prevalecido en el pasado, no existirían el Prado, el Louvre, la National Gallery ni el Hermitage y Machu Picchu hubiera debido ser rematado en subasta pública para comprar lápices, abecedarios y zapatos. Y el ministro ha refrendado las críticas que ya se habían hecho en el pasado a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y a “Yuyanapaq”: falta de imparcialidad, mantener una abusiva equidistancia entre los terroristas y las fuerzas del orden.
Esas críticas son de una injusticia flagrante. Nadie criticó al terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA más que yo. Fui candidato aquellos años y dediqué buena parte de mi campaña a denunciar sus crímenes y su locura fanática y a defender la necesidad de combatirlos con la máxima energía, pero dentro de la ley, porque si un gobierno democrático empieza a utilizar los métodos de los terroristas para derrotar al terrorismo, como hizo Fujimori, aquellos de algún modo ganan la guerra aunque parezca que la pierdan. Por eso, hubo dos atentados fallidos contra mi vida, uno en Pucallpa y otro en Lima. Por otra parte, creo haber criticado con la misma constancia las contemporizaciones, cobardías y medias tintas de los intelectuales de izquierda frente al terrorismo. Por todo ello creo poder decir, con total objetividad, sin ser acusado de simpatías extremistas, después de haber pasado muchas horas leyendo los trabajos de la comisión, que hay en ellos un esfuerzo sostenido para desenterrar la verdad histórica entre el dédalo de documentos, testimonios, informes, declaraciones y manipulaciones contradictorios que debió cotejar. Sin duda que en esos nueve abultados volúmenes se han deslizados errores. Pero ni en sus considerandos ni en sus conclusiones hay la menor intención de parcialidad, sino, por el contrario, un afán honesto y casi obsesivo por mostrar con la mayor exactitud lo ocurrido, señalando de manera inequívoca que la primera y mayor responsabilidad de esa monstruosa carnicería la tuvieron los fanáticos senderistas y emerretistas convencidos de que asesinando a mansalva a todos sus opositores traerían al Perú el paraíso socialista.
Los peruanos necesitamos un museo de la memoria para combatir esas actitudes intolerantes, ciegas y obtusas que desatan la violencia política. Para que lo ocurrido en los años ochenta y noventa no se vuelva a repetir. Para aprender de una manera vívida a dónde conducen la sinrazón delirante de los ideólogos marxistas y maoístas y, asimismo, los métodos fascistas con que Montesinos y Fujimori los combatieron convencidos de que todo vale para lograr el objetivo aunque ello signifique sacrificar a decenas de miles de inocentes.
Los museos son tan necesarios para los países como las escuelas y los hospitales. Ellos educan tanto y a veces más que las aulas y sobre todo de una manera más sutil, privada y permanente que como lo hacen los maestros. Ellos también curan, no los cuerpos, pero sí las mentes, de la tiniebla que es la ignorancia, el prejuicio, la superstición y todas las taras que incomunican a los seres humanos entre sí y los enconan y empujan a matarse. Los museos reemplazan la visión pequeñita, provinciana, mezquina, unilateral, de campanario, de la vida y las cosas por una visión ancha, generosa, plural. Afinan la sensibilidad, estimulan la imaginación, refinan los sentimientos y despiertan en las personas un espíritu crítico y autocrítico. El progreso no significa solo muchos colegios, hospitales y carreteras. También, y acaso, sobre todo, esa sabiduría que nos hace capaces de diferenciar lo feo de lo bello, lo inteligente de lo estúpido, lo bueno de lo malo y lo tolerable de lo intolerable, que llamamos la cultura. En los países donde hay muchos museos la clase política suele ser bastante más presentable que en los nuestros y en ellos no es tan frecuente que quienes gobiernan digan o hagan tonterías.
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Por: Mario Vargas Llosa
El autor de esta teoría —que el Perú no necesita museos mientras sea pobre y con carencias sociales— es el señor Ántero Flores-Aráoz, ministro de Defensa del Gobierno Peruano. No se trata de un gorila lleno de entorchados y sesos de aserrín sino de un abogado que, como profesional y político, ha hecho una distinguida carrera en el Partido Popular Cristiano del que se separó hace algún tiempo para representar al Perú como embajador ante la OEA (Organización de Estados Americanos). ¿Qué puede inducir a un hombre que no es tonto a decir tonterías? Dos cosas, profundamente arraigadas en la clase política peruana y latinoamericana: la intolerancia y la incultura.
Para situar el úcase del ministro en su debido contexto hay que recordar que, entre 1980 y 2000, el Perú padeció una guerra revolucionaria desatada por Sendero Luminoso cuyo salvajismo terrorista provocó una respuesta militar de una desmesura también vertiginosa. Cerca de 70 mil peruanos, la inmensa mayoría de los cuales eran humildes campesinos de los Andes y habitantes de los pueblos más pobres y marginales del país, murieron en ese cataclismo.
Al terminar la dictadura de Alberto Fujimori (a punto de ser condenado en estos días por los crímenes contra los derechos humanos perpetrados durante su régimen), el gobierno democrático nombró una Comisión de la Verdad y la Reconciliación para investigar la magnitud de esta tragedia social. Presidida por un respetado intelectual y filósofo, el doctor Salomón Lerner, ex rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la comisión elaboró un documentado estudio de esos años sangrientos y un cuidadoso análisis de las causas, consecuencias y el saldo en vidas humanas, destrucción de bienes públicos y privados, torturas, secuestros, desaparición de personas y de aldeas de la violencia de esos años. Un vasto sector de opinión pública reconoció el valioso trabajo de la comisión, pero, como era de esperar, sus conclusiones fueron criticadas y rechazadas por círculos militares y por las pandillas sobrevivientes del fujimorismo que, de este modo, se curaban en salud de su complicidad con un régimen autoritario que, además de cleptómano y corrompido hasta los tuétanos, detenta un pavoroso prontuario de asesinatos, torturas y desapariciones perpetrados con el pretexto de la lucha antisubversiva.
La comisión organizó, con los materiales de su investigación, una de las más conmovedoras exposiciones que se hayan visto jamás en el Perú y que todavía se puede visitar, aunque en formato algo reducido, en el Museo de la Nación, en Lima. Llamada “Yuyanapaq” (Para recordar), muestra, en fotos, películas, cuadros sinópticos y testimonios diversos la ferocidad demencial con que los terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), y, también, comandos de las Fuerzas Especiales y grupos de aniquilamiento —como el tristemente célebre grupo Colina— sembraron el horror segando decenas de millares de vidas humanas inocentes y la impotencia y desesperación de los sectores más humildes y desamparados del país ante ese vendaval que se abatió sobre ellos desencadenado por el fanatismo ideológico y el desprecio generalizado de la moral y de la ley.
Cuando la primera ministra alemana, Angela Merkel, vino en visita oficial al Perú ofreció que su gobierno ayudaría a financiar un museo de la memoria, que, siguiendo las pautas sentadas por “Yuyanapaq”, sería, a la vez, un documento genuino, didáctico y aleccionador sobre los estragos materiales y morales que padeció el Perú en los años del terror y un llamado a la reconciliación, a la paz y a la convivencia democrática. Por razones obvias, Alemania es sensible a estos temas y no es extraño que un país que ha hecho un admirable esfuerzo para enfrentarse a un pasado atroz con sentido autocrítico y ha conseguido superarlo y es por eso, ahora, una sociedad sólidamente democrática, haya querido apoyar la iniciativa de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Fiel a la palabra de la canciller, el Gobierno Alemán propuso donar dos millones de dólares al Perú para la construcción del museo de la memoria, el que cuenta ya, incluso, con un posible terreno, en el Campo de Marte, en torno a una hermosa escultura de Lika Mutal inspirada en ese mismo drama: “El Ojo que Llora”. El Gobierno Peruano, en una actitud lamentable, ha hecho saber que no acepta el donativo alemán. Y el ministro de Defensa ha sido el encargado de justificar semejante desaire con la teoría resumida en el título de este artículo.
El ministro ha explicado que en un país donde faltan tantas escuelas y hospitales y donde tantos peruanos pasan hambre, un museo no puede ser una prioridad. Según esta filosofía, los países solo deberían invertir recursos en defensa de su patrimonio arqueológico, monumental y artístico una vez que hubieran asegurado la prosperidad y el bienestar para toda su población. Si semejante pragmatismo hubiera prevalecido en el pasado, no existirían el Prado, el Louvre, la National Gallery ni el Hermitage y Machu Picchu hubiera debido ser rematado en subasta pública para comprar lápices, abecedarios y zapatos. Y el ministro ha refrendado las críticas que ya se habían hecho en el pasado a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y a “Yuyanapaq”: falta de imparcialidad, mantener una abusiva equidistancia entre los terroristas y las fuerzas del orden.
Esas críticas son de una injusticia flagrante. Nadie criticó al terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA más que yo. Fui candidato aquellos años y dediqué buena parte de mi campaña a denunciar sus crímenes y su locura fanática y a defender la necesidad de combatirlos con la máxima energía, pero dentro de la ley, porque si un gobierno democrático empieza a utilizar los métodos de los terroristas para derrotar al terrorismo, como hizo Fujimori, aquellos de algún modo ganan la guerra aunque parezca que la pierdan. Por eso, hubo dos atentados fallidos contra mi vida, uno en Pucallpa y otro en Lima. Por otra parte, creo haber criticado con la misma constancia las contemporizaciones, cobardías y medias tintas de los intelectuales de izquierda frente al terrorismo. Por todo ello creo poder decir, con total objetividad, sin ser acusado de simpatías extremistas, después de haber pasado muchas horas leyendo los trabajos de la comisión, que hay en ellos un esfuerzo sostenido para desenterrar la verdad histórica entre el dédalo de documentos, testimonios, informes, declaraciones y manipulaciones contradictorios que debió cotejar. Sin duda que en esos nueve abultados volúmenes se han deslizados errores. Pero ni en sus considerandos ni en sus conclusiones hay la menor intención de parcialidad, sino, por el contrario, un afán honesto y casi obsesivo por mostrar con la mayor exactitud lo ocurrido, señalando de manera inequívoca que la primera y mayor responsabilidad de esa monstruosa carnicería la tuvieron los fanáticos senderistas y emerretistas convencidos de que asesinando a mansalva a todos sus opositores traerían al Perú el paraíso socialista.
Los peruanos necesitamos un museo de la memoria para combatir esas actitudes intolerantes, ciegas y obtusas que desatan la violencia política. Para que lo ocurrido en los años ochenta y noventa no se vuelva a repetir. Para aprender de una manera vívida a dónde conducen la sinrazón delirante de los ideólogos marxistas y maoístas y, asimismo, los métodos fascistas con que Montesinos y Fujimori los combatieron convencidos de que todo vale para lograr el objetivo aunque ello signifique sacrificar a decenas de miles de inocentes.
Los museos son tan necesarios para los países como las escuelas y los hospitales. Ellos educan tanto y a veces más que las aulas y sobre todo de una manera más sutil, privada y permanente que como lo hacen los maestros. Ellos también curan, no los cuerpos, pero sí las mentes, de la tiniebla que es la ignorancia, el prejuicio, la superstición y todas las taras que incomunican a los seres humanos entre sí y los enconan y empujan a matarse. Los museos reemplazan la visión pequeñita, provinciana, mezquina, unilateral, de campanario, de la vida y las cosas por una visión ancha, generosa, plural. Afinan la sensibilidad, estimulan la imaginación, refinan los sentimientos y despiertan en las personas un espíritu crítico y autocrítico. El progreso no significa solo muchos colegios, hospitales y carreteras. También, y acaso, sobre todo, esa sabiduría que nos hace capaces de diferenciar lo feo de lo bello, lo inteligente de lo estúpido, lo bueno de lo malo y lo tolerable de lo intolerable, que llamamos la cultura. En los países donde hay muchos museos la clase política suele ser bastante más presentable que en los nuestros y en ellos no es tan frecuente que quienes gobiernan digan o hagan tonterías.
