a continuación se señalan el resumen de los argumentos que el Gobierno Peruano ha consignado como Demanda ante la CJI en el caso de diferimento marítimo con Chile.

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LA CONTROVERSIA
1. La controversia entre el Perú y Chile está referida a la delimitación del límite entre las zonas marítimas de los dos Estados en el Océano Pacífico, que comienza en un punto en la costa denominado Concordia conforme al Tratado del 3 de junio de 1929. La controversia entre el Perú y Chile también comprende el reconocimiento a favor del Perú de una vasta zona marítima que se sitúa dentro de las 200 millas marinas adyacentes a la costa peruana, y que por tanto pertenece al Perú, pero que Chile considera como parte del alta mar.

LOS HECHOS
2. Las zonas marítimas entre el Perú y Chile nunca han sido delimitadas ni por acuerdo ni de alguna otra forma. El Perú, consiguientemente, sostiene que la delimitación deberá ser determinada por la Corte conforme al derecho internacional.
3. Sin embargo, Chile sostiene que ambos Estados han acordado una delimitación marítima que comienza en la costa y continúa a lo largo de un paralelo de latitud. Aun más, Chile ha rehusado reconocer los derechos soberanos del Perú sobre un área marítima situada dentro del límite de 200 millas marinas desde sus costas (y que se encuentra fuera de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental de Chile).
4. Desde los años ochenta, el Perú ha intentado consistentemente negociar las diversas cuestiones incluidas en esta controversia, pero ha encontrado la constante negativa chilena a entrar en negociaciones (ver por ejemplo el Anexo 1). Mediante nota de su ministro de Relaciones Exteriores del 10 de setiembre del 2004 (Anexo 2) Chile cerró firmemente la puerta a cualquier negociación.

LA JURISDICCIÓN DE LA CORTE
5. La jurisdicción de la Corte en este caso se basa en el Artículo XXXI del Tratado Americano sobre Solución Pacífica de Controversias (Pacto de Bogotá) del 30 de abril de 1948 (Anexo 3) Esta disposición reza:
ARTÍCULO XXXI. De conformidad con el inciso 2º del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las Altas Partes Contratantes declaran que reconocen respecto a cualquier otro Estado Americano como obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningún convenio especial mientras esté vigente el presente Tratado, la jurisdicción de la expresada Corte en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas y que versen sobre:
a) La interpretación de un Tratado;
b) Cualquier cuestión de Derecho Internacional;
c) La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría la violación de una obligación internacional;
d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional.
6. Tanto el Perú como Chile son partes en el Pacto de Bogotá. Ninguna de las dos partes mantiene a la fecha reserva alguna al referido Pacto.

EL FUNDAMENTO LEGAL DE LA RECLAMACIÓN PERUANA
7. Los principios y normas del derecho internacional consuetudinario sobre delimitación marítima, tal como se encuentran reflejados en las disposiciones relevantes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (Convemar) y desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y de otros tribunales, constituyen las principales fuentes de derecho aplicables a la presente controversia.
8. El principio rector principal sobre delimitación de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental entre Estados con costas adyacentes, recogido en los artículos 74 y 83 de la Convención, es que la delimitación "se efectuará por acuerdo entre ellos sobre la base del derecho internacional, a que hace referencia el Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin de llegar a una solución equitativa". Según ha sido interpretado por la reciente jurisprudencia de la Corte, este principio es básicamente similar al que rige la delimitación de los mares territoriales de los Estados con costas adyacentes conforme al Artículo 15 de la Convención, consistente en aplicar la equidistancia, teniendo en cuenta circunstancias especiales cuando las hubiere.
9. De conformidad con el derecho internacional, tanto el Perú como Chile tienen derecho a un dominio marítimo adyacente como prolongación de sus respectivos territorios terrestres hasta una distancia de 200 millas marinas desde sus líneas de base. A consecuencia de ello y dada la configuración geográfica de la costa, sus derechos se superponen. Como quiera que ningún acuerdo ha sido alcanzado por las Partes respecto a la delimitación de sus respectivas zonas marítimas y en ausencia de circunstancias especiales que cuestionen la aplicación de la línea equidistante, es la línea equidistante la que permite arribar a un resultado equitativo. El límite marítimo entre las Partes deberá ser determinado en tal sentido.
10. En contraste, una línea divisoria a lo largo de un paralelo que comience en la costa, conforme a la pretensión chilena, no cumple el requisito fundamental de arribar a un resultado equitativo y tampoco surge de acuerdo alguno entre las Partes.
11. La delimitación debe empezar en un punto en la costa denominado Concordia, punto terminal de la frontera terrestre establecido conforme al Tratado y Protocolo Complementario para resolver la cuestión de Tacna y Arica --Tratado de Lima-- del 3 de junio de 1929 (Anexo 4), cuyas coordenadas son 18º 21' 08" S y 70º 22' 39" O (ver Anexo 5), y debe extenderse hasta una distancia de 200 millas marinas desde las líneas de base establecidas por las Partes. Esto es en conformidad con el Artículo 54, párrafo 2 de la Constitución del Perú de 1993 (Anexo 6), la Ley 28621 sobre Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú del 3 de noviembre de 2005 (Anexo 5), el Decreto Supremo peruano 047-2007-RE del 11 de agosto de 2007 (Anexo 7) y el artículo 596 del Código Civil chileno modificado por la Ley 18565 del 23 de octubre de 1986 (Anexo 8), todas ellas normas concurrentes en la fijación del límite exterior de sus respectivos dominios marítimos hasta una distancia de 200 millas marinas medidas desde las líneas de base.
12. Conforme a normas y principios bien establecidos de derecho internacional, el Perú también tiene derecho a los espacios marítimos que se encuentran dentro de las 200 millas marinas medidas desde sus líneas de base y que, a la vez, se encuentran fuera de las 200 millas marinas medidas desde las líneas de base chilenas. Los argumentos contrarios esgrimidos por Chile carecen de mérito alguno.

DECISIÓN REQUERIDA
13. El Perú solicita a la Corte que determine el curso del límite marítimo entre los dos Estados conforme al derecho internacional, según lo indicado en la Sección IV supra, e igualmente solicita a la Corte que reconozca y declare que el Perú posee derechos soberanos exclusivos en el área marítima situada dentro del límite de 200 millas marinas de su costa y fuera de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental de Chile.
14. El Gobierno del Perú se reserva el derecho de ampliar, enmendar o modificar la presente demanda a lo largo del proceso.
15. Para los propósitos del Artículo 31 (3) del Estatuto y del Artículo 35 (1) del Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, el Gobierno del Perú declara su intención de ejercer su derecho a designar un Juez ad hoc.

Por Luis Durán Rojo

La tributación ha ido cambiando por momentos, tímida pero sustancialmente, con sucesos mundiales tales como la Globalización, el rápido progreso tecnológico y la necesidad de acortar las brechas hacia el desarrollo.
Es verdad que esos sucesos han afectado la capacidad de recaudación de los países, especialmente de los que estamos en vías de desarrollo. Así, se han originado fenómenos que vienen corroyendo los cimientos de los regímenes tributarios nacionales, como son el aumento del comercio electrónico (que altera el concepto de jurisdicción tributaria y de localización de la riqueza), el uso del dinero electrónico (que dificulta el control de las autoridades tributarias fomentando la evasión), el comercio dentro de una misma compañía (que pone a prueba las posibilidades de evitar el uso de mecanismos de planificación internacional que socaven la imposición en un país), la existencia de los paraísos fiscales (que promueve la elusión fiscal), los instrumentos derivados y fondos especulativos de cobertura, la imposibilidad de gravar el capital financiero –especialmente el golondrino–, la creciente actividad de personas altamente calificadas fuera de su país de residencia, y el aumento de los incrementos de los viajes al extranjero que permiten comprar donde hay bajos impuestos.
La influencia de estos factores en los distintos Estados ha originado la inclusión en las legislaciones internas de reglas antielusivas y de control tributario, y también ha permitido, en el caso del Perú, el aumento de la importancia de dos mecanismos que surgieron para promover la integración tributaria: la celebración de Convenios para Evitar la Doble o Múltiple Imposición Tributaria en los Impuestos a la Renta y Patrimonio (CDI) y el proceso de Armonización Tributaria al interior de la Comunidad Andina (CAN).
Respecto a lo último, hasta hoy el proceso de integración ha transitado entre el desánimo y el reimpulso de sus promotores. Este proceso de armonización tributaria fue iniciado a comienzos de la década del setenta con la puesta en vigencia de la Decisión Nº 40, que aprobó un CDI entre los países miembros del Acuerdo de Cartagena. Mucho tiempo después vendría la Decisión Nº 578 que establece el régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal entre los países de la CAN.
Respecto a los impuestos indirectos, se dio un paso trascendental con la aprobación de normas de armonización tributaria con relación al IVA y al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), bajo el modelo seguido por la Unión Europea. Las Decisiones aprobadas están pensadas en el fortalecimiento de la construcción de un mercado único armonizado a partir de los próximos años.
De esta manera se empezó a avanzar más rápidamente, bajo el mismo esquema que se usó en el proceso de armonización europea, que se basaba en la idea de consensuar procesos de integración económica sobre la base del realismo y sumando estructuración de los mercados nacionales.
Ahora bien, al menos respecto al Perú, se ha planteado el mismo problema ocurrido en algunos países europeos, que es el referido a la manera como se integra la legislación comunitaria en la estructura legal interna. Efectivamente, el diseño legislativo actualmente establecido en la CAN está cimentado en lo señalado en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su versión modificada por el Protocolo de Cochabamba.
Así, el ordenamiento jurídico de la CAN supone la remisión de un conjunto de facultades a diversos órganos comunitarios que emiten disposiciones normativas. Entre ellas, para lo que nos interesa en este espacio, las Decisiones son obligatorias en los países miembros desde la fecha en que se aprueban, siendo directamente aplicables en dichos países a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.
En el caso del Protocolo de Cochabamba, que es la norma que modificó el esquema legislativo en la CAN, este ha sido aprobado por la Resolución Legislativa Nº 26674, publicada el 23 de octubre de 1996, y posteriormente ratificado, por lo que en principio tendría plena vigencia en el país, y con él todas las Decisiones emanadas de la CAN.
Empero, ya lo hemos dicho antes, dado que estamos hablando de la armonización en materia tributaria, en la que conforme al artículo 74° de la Constitución rige el principio de Reserva de Ley, cabría preguntarse si las facultades legislativas que tienen los órganos de la CAN expresadas en Decisiones que versen sobre materia tributaria (que originan su entrada en vigor y obligatoriedad directa en nuestro país) se enmarcan en los parámetros constitucionales que nuestro sistema recoge y exige.
Efectivamente, en el esquema constitucional peruano no hay delegación de facultades tributarias a órganos distintos al Poder Ejecutivo, por lo que en esta línea de pensamiento, la vigencia de cualquier Decisión vinculada a aspectos tributarios tendría que ser aprobada y ratificada conforme al procedimiento establecido para los tratados.
Así, para dar cobertura real al proceso de armonización comunitaria, de la manera en que el diseño normativo de la CAN se ha planteado, tendría que recurrirse a un procedimiento de reforma constitucional.
El proceso de armonización tributaria en la CAN está en marcha, es una necesidad para nuestros países y, por lo mismo, sería bueno que reparemos en buscar la mejor solución frente al problema señalado en el punto anterior.
Respecto a los CDI, ya hemos celebrado y firmado los correspondientes a Canadá y Chile, y nos mantenemos a la espera de la aprobación por el Congreso de la República de los de Brasil y España, aunque en este último la postura de no aprobarlo ha sido defendida por un sector del Congreso.
Ahora, ha causado buena impresión la decisión política de los últimos Gobiernos de mantener el proceso de celebración de estos Convenios con otros países, especialmente con aquellos que tienen grandes inversiones en el nuestro, como son Francia, Italia, Suiza, etc., porque estos instrumentos se han convertido en mecanismos para facilitar la inversión y el comercio internacional. En ese sentido, los inversionistas conocen y privilegian a quienes están en ese club porque saben que en ellos existe una decisión al más alto nivel para que la tributación sea estable y racional.
Asimismo, los CDI sirven como instrumento de ayuda a las Administraciones Tributarias en el combate a la evasión fiscal internacional, de tal manera que, entre otros, afianza la posibilidad de entender y desarrollar la fiscalización a través de los Precios de Transferencia. De la misma forma, el intercambio de información que podría generarse entre las Administraciones Tributarias resulta necesario para evitar la elusión tributaria en un modelo globalizado que privilegia el incremento de movimientos de capitales entre países.
Finalmente, estos Convenios nos ponen en situación competitiva frente a otros países de la región que han incrementado sus acciones en esta materia, con el fin de lograr ventajas en la atracción de capitales foráneos.
A pesar de lo dicho, somos conscientes de que, de manera realista, estos procesos suponen acordar reglas para evitar la doble imposición especialmente en materia del Impuesto a la Renta, pero sabemos también que tales reglas tienen evidentes ventajas para los países económicamente más fuertes, tratando de que en materia de recaudación les afecte lo menos posible, sobre todo en materia de gravamen a los intereses de instituciones financieras. Esto, evidentemente, significa un costo que hay que tomar para poder desarrollarnos en el entorno económico actual. En ese sentido, en esta Revista mantenemos una perspectiva utópica de que en algún momento las reglas fijadas hoy sean replanteadas con mayor justicia.
Pensamos que para que el proceso tome un camino adecuado, debe observarse que aunque el margen de negociación es mínimo porque las propuestas de los países del primer mundo se basan fundamentalmente en el Modelo de Convenio OCDE, la firma de un convenio supone contar con especialistas que tengan conocimientos suficientes en materia de negociación, que estén entrenados y preparados para saber las metas y objetivos que se quieran conseguir, y conocer previamente la tributación de los países con quienes se desea celebrar estos Convenios. Por ello, debería crearse una instancia orgánica al interior del MEF que cuente con un conjunto permanente de especialistas, que reciban información y entrenamiento constantemente.
Finalmente, debe insistirse en las reglas y mecanismos para la lucha contra el abuso de tratados o treaty shopping, que ocurre cuando un sujeto busca una situación propicia para obtener ventajas de las previsiones de un CDI, lo que se logra a través de una entidad aparente dentro del territorio donde existe ese tratado. Este mecanismo podría llevar al fracaso el principio de reciprocidad en el sacrificio de los países contratantes.

Prontamente el Gobierno Peruano formalizará la demanda de definición de límites maritimos con Chile en base a una posición jurídica y política adecuada, de lo que informamos anteriormente. A continuación reproducimos primero una opinión del Diario Financiero de Chile y luego tres editoriales del Diaro El Mercurio de Santiago en la que se puede leer el talante de lo que sería la posición de la opinión pública chilena al respecto. He ubicado los textos desde los más recientes hacia atrás para que puedan ver los detalles de variación de conceptos.

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Perú demanda a Chile en La Haya (Diario Financiero - 18.01.2008)

Hay que destacar la correcta actuación que ha tenido el canciller Alejandro Foxley en este episodio, quien de paso ha insistido en estos días en la necesidad de mantener las buenas relaciones que existen con Perú

Finalmente esta semana se concretó lo que se había anunciado: Perú oficializó su demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, lo que por cierto causó revuelo en la opinión pública de los dos países involucrados. Se inicia así, un pleito que seguramente será largo antes de poder confirmar los derechos establecidos de Chile.

Un vez presentado el documento, el presidente peruano, Alan García, señaló que ello no debe ser considerado un acto “inamistoso” entre los dos Estados. No obstante las palabras del mandatario, en la práctica sí complica el panorama diplomático y las relaciones a todo nivel que existen con Perú. Esa mayor complicación se da principalmente porque la demanda que está haciendo el país vecino desconoce absolutamente todos los tratados que han sido firmados al respecto por los dos países y que, por lo demás, siguen vigentes.

De acuerdo a estos últimos y tal cual lo ha señalado el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, no existe un tema limítrofe pendiente con Perú, dado que los límites marítimos fueron establecidos en los citados tratados.

Y dado esto, hay que destacar la correcta actuación que ha tenido el canciller chileno, quien de paso ha insistido en la necesidad de mantener las buenas relaciones con Perú. Junto a lo anterior, la estrategia seguida por el gobierno en cuanto a conformar un consejo de ex cancilleres, con la idea de tener una sola voz frente a la demanda peruana, sin duda que es positiva. El aporte de quienes han ejercido el cargo en los distintos gobiernos puede ser fundamental en la estrategia que seguirá Chile. Marca, al mismo tiempo, una clara diferencia a la forma que siguió el gobierno del presidente Aylwin en la fallida defensa territorial de Laguna del Desierto.

El ministro Foxley ha ocupado efectivamente hasta ahora todas las herramientas que se estilan en materia diplomática, lo que también considera llamar a nuestro embajador en Perú a informar sobre la materia, aclarando al mismo tiempo que no se trata de un retiro.

Lo importante en todo esto es que la discrepancia entre los dos países debe ser abordada con cautela y prudencia. Se debe tener presente que junto con el fondo del planteamiento chileno, no hay que dejar de lado las formas en que dicha postura sea expresada, de forma tal de no afectar la integración comercial, las inversiones y el intercambio de personas entre ambos países. Por ello, hay que mantener las instancias para que no se deje de lado un tratamiento sereno y calmado para defender nuestra postura.

Ante La Haya (Diario El Mercurio - 17.01.2008)
Con la notificación de la demanda del Perú se ha iniciado un litigio entre los dos países ante la Corte Internacional de Justicia, que podría durar años. Se hizo público el texto de la demanda y el de una declaración del Gobierno chileno. Fueron anunciados nuestros agentes y abogados previamente notificados a la Corte. Los gobiernos respectivos aludieron al litigio y a la relación bilateral.

Perú postula en su presentación -siguiendo una tesis reiterada en los últimos años- que no existe un límite marítimo entre ambos países y solicita, por tanto, que lo determine la Corte, a la que recurre en virtud del Pacto de Bogotá. Agrega que ese límite debe partir de lo que llama "Punto Concordia", distinto del Hito 1. Pide que se le reconozca un triángulo que para Chile es de alta mar y que resultaría de la zona de 200 millas que invoca. Plantea la cuestión en derecho y solicita que sea resuelta en virtud de la costumbre internacional, tal como se refleja en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar o Convemar (de la que no es parte) y en la jurisprudencia.

En su inmediata declaración, el Gobierno chileno lamenta la presentación, que desconoce los tratados vigentes entre ambos países y la constante práctica de décadas. La demanda peruana -agrega- se refiere a espacios que se encuentran bajo soberanía y jurisdicción chilena incuestionables. Expresa su confianza en la Corte Internacional de Justicia y deja en claro que hará valer ante ella todos sus derechos. Reafirma, así, que se trata de un asunto zanjado y al que no reconoce, en propiedad, el carácter de controversia. Alude, de esta manera, al pleno vigor de los tratados de 1952 y 1954, que fijaron el límite marítimo del paralelo entre ambos países, practicado y reconocido por ambas partes y terceros por más de medio siglo.

Los planteamientos de la demanda habían sido avanzados y no constituyen sorpresa. En su contexto, parece positivo que se deje en claro el carácter estrictamente jurídico de la cuestión, que fue reafirmado por el Presidente Alan García reiteradamente ante su Congreso. También lo es que se invoque como derecho la Convemar, de la que Chile es parte y Perú no, cuya regla fundamental de delimitación es el acuerdo de las partes. Contribuye a la claridad del pleito que no se hayan presentado asuntos distintos al cuestionamiento mismo. La invocación a un punto llamado "Concordia" que se atribuye al Tratado del año 1929, se hace sólo con referencia al inicio del límite marítimo (y tiene que ver con el cambio unilateral del límite y su punto de referencia en la ley Tacna del Perú, un día antes de la demanda). En general, el breve texto se presenta en un cuidadoso y medido lenguaje jurídico.

La defensa del bien fundado caso chileno corresponderá a agentes que han trabajado previa y largamente en la preparación del caso: el subsecretario Alberto van Klaveren, agente principal, y la directora de Fronteras y Límites, María Teresa Infante, acompañados del embajador Juan Martabit. El equipo de abogados extranjeros es de reconocida capacidad: el jurista británico Christopher Greenwood, los franceses Prosper Weil y Pierre Marie Dupuy y el prestigiado estudio internacional "Freshfields", todos ellos debidamente familiarizados con la cuestión. Serán complementados por asesores nacionales y equipos consultivos a los que aludió en días anteriores el canciller. Ellos inician -o prosiguen- una importante tarea que requiere prolijidad y esfuerzo, en el marco jurídico que le es propio y que debe ser acompañado de una adecuada labor comunicacional.

Aludieron a la relación bilateral el Presidente del Perú, al dirigirse a su Congreso, y la declaración chilena. Alan García se refirió a una larga amistad que debería proyectarse hacia el futuro, a la lucha librada en conjunto por las 200 millas, a que no podía estimarse ofensivo el recurso a una solución jurídica y al propósito de mantener una buena relación.

La declaración chilena dice que el Gobierno velará por que las relaciones con Perú continúen por la senda de mutua cooperación y amplio entendimiento. Sabias expresiones mutuas que reflejan la necesidad de mantener permanentemente el litigio en su cauce, sin afectar a una amplia relación, que hoy comprende integración, intercambio de personas, amplio y libre comercio, inversiones y afinidades en el contexto latinoamericano.

Con la próxima citación de las partes por la presidenta de la Corte, la británica Rosalyn Higgins, para convenir los procedimientos, se dará inicio a los mismos. Un largo camino espera a la confirmación de nuestros establecidos derechos, que debemos lograr, y en cuyo sereno ejercicio debemos proseguir.

Ante La Haya (Diario El Mercurio - 13.01.2008)

Esta semana se formalizará el anunciado recurso del Perú ante la Corte de la Haya, por su cuestionamiento al límite marítimo entre ambos países. Se inicia, así, un litigio internacional que puede durar años.

Se trata de una frontera marítima de larga data, expresada en tratados de 1952 y 1954, practicada y reconocida por ambos países y terceros por más de medio siglo. El límite ha estado y está en vigor para todos los efectos, es la realidad, la situación establecida. Cuestionado formalmente desde el 2000 por Perú, Chile no le ha reconocido valor ni tratamiento diplomático, por tratarse de un asunto resuelto.

Perú recurrirá a la Corte Internacional de Justicia y seguramente pretenderá, como lo ha afirmado en los últimos años, que no existe delimitación. Chile seguramente hará valer el carácter de asunto resuelto de la misma y, si es del caso, demostrará la plena vigencia del límite establecido. Se trata de un caso sólido, que el demandante deberá impugnar. Las nominaciones, planteamiento y declaraciones peruanas esbozan un sesgo de politización, que no se condice con el carácter de la cuestión planteada ni con el Tribunal, ambos de derecho.

En días recientes, el canciller se ha referido a la preparación y equipos existentes por años en el tema, los que dará a conocer luego de interpuesta la demanda; y ha celebrado diversas consultas. En ellas se ha evidenciado un consenso de apoyo a la firme e irrenunciable posición chilena, junto a una participación que no reconoce banderas. Se debe, así, llevar a cabo una defensa acabada de los bien establecidos derechos nacionales. A la vez, preservando el carácter jurídico de la cuestión, se perfeccionará una adecuada comunicación. El caso debe ser, por tanto, enfrentado con serena firmeza y confianza. Requerirá de ambas partes, como lo han prometido, prudencia y rigor en su manejo.

Planteamientos ante La Haya (Diario El Mercurio - 09.01.2008)

El agente designado Allan Wagner -con el título de delegado diplomático del Perú ante La Haya- ha formulado declaraciones respecto a la demanda contra Chile anunciada por ese país para el curso de este mes. Ha querido postular que dicho recurso es "el camino de la paz".

Explicitando este concepto, afirma que "hubiera sido absurdo que Chile y Perú hubiesen optado por un conflicto bélico" y que "no vamos a La Haya a pelearnos; es el camino de la solución pacífica".

El planteamiento, en sí, es difícil de comprender. Chile ha mantenido con firmeza que la delimitación marítima con Perú es un asunto definitivamente resuelto por tratados de larga data, apoyados por un reconocimiento y práctica constantes de los mismos. Más allá de las dudas sobre el cuestionamiento peruano, que no alcanza propiamente el carácter de controversia, no se registran, en los hechos, incidentes, situaciones conflictivas ni problemas prácticos de importancia en la zona.

Resulta extraño, por tanto, que se hable de amenazas a la paz o se plantee algo completamente ajeno a la realidad y a la buena relación bilateral, como es la sola posibilidad de un conflicto bélico. Por el contrario, hay innumerables declaraciones y hechos de cooperación mutua, una relación sólida y expresivos gestos de amistad, desde luego con el gobierno del que el agente designado formó parte como ministro.

Parece trasuntar esta curiosa declaración un deseo de dar marco político a una cuestión que se plantea ante una Corte Internacional de derecho, la que sólo puede investir ese carácter. Ella sigue a otros hechos, incluso la nominación anticipada y pública del propio agente designado, de otras nominaciones también oficiales y de variedad de declaraciones, que conllevan parecido sesgo.

En realidad, no hay ni ha habido situaciones conflictivas reales. El recurso ante La Haya le está abierto al Perú por el Pacto de Bogotá y comparte, de suyo, el carácter pacífico de la situación existente. Podría estimarse que, no obstante los problemas que todo litigio supone, la canalización del últimamente acentuado cuestionamiento peruano al límite marítimo tendría efectos positivos diplomáticos, siempre que el proceso sea manejado con la prudencia y rigor que corresponden.

Con respecto a nuestra preparación, ha reiterado el canciller que el caso está debidamente organizado y que existen equipos idóneos en Chile y el extranjero que están haciendo su trabajo. Sin perjuicio de todo ello, convendría probablemente, como ya lo hemos dicho, tener más antecedentes específicos, aunque no se haga pública por ahora la identidad del agente o agentes y otras nominaciones. Además de su designación, se requerirá la de abogados litigantes y consultores, un juez ad hoc, dada la ausencia de un nacional en la Corte; una complementación del equipo de trabajo que en la Cancillería se ocupa del asunto y mecanismos de consulta que aseguren la necesaria universalidad y una participación consultiva de carácter nacional.

Respecto al agente o agentes, se ha recordado la práctica nacional de que existan dos, uno de los cuales podría tener carácter más técnico, en tanto el otro podría significar un necesario peso específico y comunicacional que no desdijera del carácter jurídico que debe siempre preservarse en el caso.

No debe olvidarse, tampoco, que aparentemente sólo median días para la anunciada interposición del recurso y que, una vez producida la misma, deberá la Presidenta de la Corte llamar poco después a una audiencia a las partes. Estamos, por tanto, ante desarrollos casi inmediatos y que requieren de una urgencia prudente.

A propósito de la próxima contienda jurídica entre Perú y Chile para resolver el problema de la frontera maritima (que debió quedar clara desde el Tratado de Ancón y los posteriroes acuerdos de principios del siglo XX), me ha parecido sumamente importante poner a vuestra disposición dos artículos de José Rodríguez Elizondoun (chileno que ha estudidado la relación perú-chile por años y ha publicado un importante libro de análisis sobre esa relación). El primero (publicado en el Diario Chileno La Tercera el 13.01.2008) hace referencia a la posición peruana -y em concreto a Alan Wagner- respecto al aspecto maritimo que ahora esta en manos de los Jueces de la CIJ en La Haya, mientras que el segundo (publicado el 13.01.2007) explora la relación con Bolivia que necesariamente pasa por un acuerdo con Perú.

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Wagner y AntiWagner
(13.01.2007)

La designación de Allan Wagner como agente peruano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), fue una movida óptima de Alan García. Algún nacionalista limeño lo objetó por ser demasiado “prochileno”, pero rápido llegó nuestro antídoto. Aquí lo mentaron como modelo de antichilenidad.
El real mérito de la designación de Wagner está en la simbiosis de su currículo con la estrategia político-diplomática-jurídica de Torre Tagle. Entre 1978 y 1979 fue un caballeroso y baleado diplomático en nuestro país. De vuelta a Lima conoció las inquietudes de la Marina peruana y los estudios del embajador Juan Miguel Bákula sobre la frontera marítima con Chile.
En 1986 vino como canciller de García, con Bákula como asesor, para plantear una negociación “equitativa” sobre esa frontera. Retomó el tema como canciller de Alejandro Toledo, a comienzos del milenio y lo mismo hizo, hasta hace un mes, como Ministro de Defensa y colega del canciller José A. García Belaúnde.
Tal currículo muestra, de refilón, que la estrategia peruana tiene varias décadas de pulimiento. Su objetivo fue revisar los compromisos de todos los gobiernos y comisiones técnicas que, desde 1952, aprobaron tratados sobre frontera marítima con Chile, omitiendo la superposición de proyecciones y levantando faros de enfilamiento en la línea del paralelo del Hito 1.
Presunto detonante fue “el abrazo de Charaña”, en 1975. De ahí pudo surgir la percepción de que, reivindicando parte del océano, el Perú zafaría de un aspecto incómodo del Tratado de 1929: dar o negar la aprobación a Chile, para que Bolivia salga al Pacífico por territorio ex peruano.
Tal estrategia partió orientada hacia la negociación y, en su defecto, la demanda ante la CIJ. Su puesta en marcha implicó negar la existencia de tratados específicos de frontera marítima, asumir los principios de la Convención del Mar (aunque el Perú no sea parte) y contratar a los mejores especialistas internacionales en controversias limítrofes. Todo esto con un gran manejo de los tiempos, hasta con retrocesos tácticos, para que la CIJ se identificara con la solución y no con la creación de un conflicto.
De paso, esa estrategia se benefició con la alta inversión chilena en el Perú (los conflictos desmadrados espantan a los empresarios) y las enseñanzas del Beagle. Sobre este caso, los estudiosos observaron dos cosas: la vinculación que hizo Argentina entre CIJ y casus belli y la flexibilidad que exhibió Pinochet en materia de delimitaciones marítimas, incluso asumiendo la tesis de la equidistancia.
Queda claro, entonces, lo inútil de levantar un “antiWagner”. El agente peruano está donde está porque fue actor relevante de una estrategia compleja y de plazo largo. Aquí no tenemos un actor equivalente, pues ni siquiera conocemos la importante obra gruesa de Bákula y, en vez de contraestrategia, tuvimos tácticas defensivas y una sobrerreacción episódica en 2005.
Por eso, el Perú ganó el primer tiempo al implantar la “solución CIJ” sin crear un casus belli. Entenderlo significa que, para empatar en el segundo tiempo, necesitamos una estrategia integral de emergencia. De no hacerlo, volveremos a enfrentar el riesgo de hacer de la carencia virtud. Es decir, querer creer que bastará con soltar bravatas y sintonizar a nuestros abogados, para convencer a la CIJ.
Cumpliendo nuestro antipático rol de siempre, los aguafiestas advertimos contra esa autocomplacencia. En este momento los chilenos debemos asumir el mundo real y las tres cosas que en él no existen: el Derecho Internacional Absoluto, el Tratado Invulnerable y los jueces obligados a darnos toda la razón.

El mar pasa por Perú
(23.03.2006)

Estamos viviendo un momento entusiasmante y delicado con Bolivia. Lo primero, porque, tras las crisis del sexenio pasado, los dioses de la polémica están cansados y la opinión pública binacional disfruta del carisma andino de Evo Morales y la calidez humana de Michelle Bachelet. Todos entienden que es mejor conversar sobre la aspiración marítima boliviana desde la amistad formalizada -con relaciones diplomáticas- que desde la enemistad informal que nos manifestara Carlos Mesa.
Pero como solía advertir el ex canciller Carlos Martínez Sotomayor, para no reincidir en el error estratégico de crear expectativas infundadas, lo delicado está en regular los entusiasmos. Así lo recordó ayer el canciller Alejandro Foxley, al apuntar que "para no frustrar a nuestros pueblos" no hay que confundir una meta con un primer paso.
Aun aceptando que el Tratado de 1904 es revisable de común acuerdo (intangible sólo es la divinidad), nadie debe olvidar los dos puntos básicos de cualquier negociación: a) una salida "soberana y útil" para Bolivia sólo podría hacerse por territorios ex peruanos y b) para ceder esos territorios no nos mandamos solos: requerimos la voluntad de Perú, en virtud de una cláusula del Tratado de 1929 propuesta, al parecer, por el ex canciller chileno Conrado Ríos Gallardo.
Para no volver a los exasperantes juegos del pasado, debemos recordar que el "abrazo de Charaña" de 1975, con militares gobernando en los tres países concernidos, marcó un momento de máximo sinceramiento. En lo principal, mostró que Chile podía negociar una salida soberana al mar para Bolivia. Pero también mostró, de manera simultánea, que el Perú rechazaba la alternativa simple de decir "sí o no". Su gobernante, el general Francisco Morales Bermúdez, aprovechó la coyuntura para manifestar aspiraciones propias sobre Arica, bajo la forma de un polo de desarrollo trinacional.
Por cierto, la creación de expectativas infundadas se vincula con la carencia de una doctrina nacional en forma respecto de la pretensión de Bolivia. A fines del sexenio pasado, tal déficit se manifestó en la invocación de la bilateralidad como una suerte de dogma diplomático y en la relativa pasividad de los partidos de la Concertación ante las visitas de Ricardo Lagos a Bolivia y de Evo Morales a Chile.
Por ese vacío se coló la manifestación con que nuestra minoritaria izquierda extrasistémica recibió al Presidente boliviano. Ese 10 de marzo, con el terreno político a su disposición, cinco mil personas lo ovacionaron y su eslogan "mar para Bolivia" recorrió el mundo. Muchos chilenos se sorprendieron ante tan estupendo regalo internacionalista. La sorpresa aumentó cuando el ex jefe naval y senador UDI, Jorge Arancibia, se manifestó dispuesto a negociar una salida soberana al mar.
En rigor, la izquierda extrasistémica sólo demostró que no tenemos una posición monolítica sobre un tema "duro" de conquista y soberanía. Sin embargo, el canciller boliviano, David Choquehuanca, entendió su gesto como una posición global del "pueblo chileno", concordante con "el apoyo total" que recibieron de los otros invitados a la transmisión del mando. El Presidente Morales, por su lado, ya comunicó a sus diplomáticos que las relaciones con Chile deben vincularse a la solución del problema marítimo.
Por lo señalado, y aunque la emergencia de Ollanta Humala parezca una mala señal, Chile debiera explorar la posibilidad previa de una política común con el Perú. Al respecto, es sabio el reconocimiento anterior del ex canciller Gabriel Valdés sobre la "trilateralidad" del problema. También es preciso estudiar la conveniencia de someter cualquier eventual acuerdo a la ratificación ciudadana, como dijo el diputado y ex diplomático Jorge Tarud.
En definitiva, nuestra Presidenta tendrá que persuadir a su colega Morales de que el restablecimiento de relaciones diplomáticas es un must para Chile, pero no nos permite ir más allá de lo que es legal y políticamente posible. El espacio decisorio es estrecho para expectativas demasiado anchas.

Desde hace unos años se viene discutiendo la incorporación en las legislaciones nacionales de un Impuesto sobre la Especulación Bursatil en base a la antigua propuesta del economista James Tobin, quien fuera premino novel de economía. A continuación reproduzco una entrevista que le hiciera el Semanario alemán DER SPIEGEL (N° 36/2001, 3 de septiembre de 2001, pág. 122.) en la que Tobin revela los alcances de su propuesta señalando enfaticamente que el movimiento antiglobalización abusa de su nombre.

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El Premio Nobel de Economía James Tobin habla del sorprendente redescubrimiento de su impuesto sobre la especulación, de su conflictiva relación con los adversarios de la globalización y de los errores del Banco Central Europeo.

Señor Tobin, usted está aquí en Wisconsin, tranquilamente sentado junto a un lago, mientras los críticos de la globalización ensayan en Europa una revuelta en su nombre. ¿No le levanta eso de su banco?
En absoluto. No tengo ni lo más mínimo en común con estos revoltosos de la antiglobalización.

La organización de protesta Attac tomó al principio su nombre, los manifestantes exigen a gritos la tasa Tobin. ¿No le alegra nada que, treinta años después de que usted la expusiera, su idea de imponer una tasa a la especulación en las transacciones financieras, encuentre por fin partidarios?
Naturalmente que me alegra; pero los aplausos más sonoros vienen del lado equivocado. Mire usted, yo soy economista y, como la mayoría de los economistas, partidario del libre comercio. Además, estoy a favor del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio. Abusan de mi nombre.

Este movimiento quiere que se graven las transacciones financieras internacionales. Así se domarían los mercados de capital y con los ingresos adicionales se intensificaría la ayuda al desarrollo ¿No suena eso igual a su propuesta?
Yo había propuesto que se pusieran los ingresos a disposición del Banco Mundial. Pero eso no era lo que a mí me preocupaba. El impuesto sobre las transacciones de divisas estaba pensado para amortiguar las fluctuaciones de los tipos de cambio. La idea es muy simple: en cada cambio de una moneda a otra se impondría una pequeña tasa, digamos del 0,5% del volumen de la transacción. Así se disuade a los especuladores. Porque muchos inversores invierten su dinero en divisas a muy corto plazo. Si este dinero se retira de repente, los países tienen que elevar drásticamente los intereses para que la moneda siga siendo atractiva. Pero los intereses altos son a menudo desastrosos para la economía nacional, como han puesto de manifiesto las crisis de los años noventa de México, el Sudeste asiático y Rusia. Mi tasa devolvería un margen de maniobra a los bancos emisores de los países pequeños y opondría algo al dictado de los mercados financieros.

Espantar a los especuladores, dictadura de los mercados financieros: ¿No es esto lo que dicen los críticos de la globalización?
Lo que les importa a ellos sobre todo, creo yo, son los ingresos procedentes de los impuestos, con los que quieren financiar sus proyectos para mejorar el mundo. Pero, para mí, recaudar dinero no es precisamente lo más importante. Yo quería frenar el tráfico de divisas; los ingresos fiscales son para mí un subproducto.

Entonces, ¿qué hay en contra de que este subproducto se use para buenos fines?
Nada, yo me alegraría de que esos ingresos les llegaran a los pobres del mundo. Pero sobre eso tendrían que decidir los gobiernos.

¿Qué le indujo a usted en 1972 a desarrollar la tasa Tobin?
Yo soy un discípulo de Keynes, y éste ya proponía en el famoso Capítulo XII de su Teoría general del empleo, del interés y del dinero un impuesto así sobre las transacciones, con el fin de vincular los inversores a sus acciones de una forma duradera. Esta idea la traspasé yo en 1971 a los mercados de divisas. Entonces EE UU se despidió del sistema de Bretton Woods de tipos de cambio fijos y, al mismo tiempo, las primeras transacciones electrónicas de dinero por ordenador prometían un gigantesco aumento del número de transacciones. Yo quería aminorar la velocidad de este proceso para que se especulara menos y para que los tipos de cambio no fluctuaran tanto. Hoy en día, cuando en cualquier momento cualquiera puede comerciar en el mercado de valores con su ordenador personal, este problema se ha acrecentado muchísimo.

¿La introducción de este impuesto a la especulación no tendría que llevarse a cabo en todas partes al mismo tiempo para evitar guaridas y paraísos fiscales? ¿Quién va a dirigir esto? ¿Una autoridad internacional de la tasa Tobin?
Esto lo podría hacer el FMI. Tiene experiencia con el sistema monetario internacional: casi todos los países pertenecen a él.

¿Precisamente el FMI? No sólo entre los adversarios de la globalización se le considera el asistente de los actos del capitalismo global, que mejor sería suprimir.
Al contrario: yo creo que el FMI debe ser reforzado y ampliado. Claro que ha cometido muchos fallos, sin duda. Pero, como le ocurre al Banco Mundial, tiene demasiados pocos medios a su disposición para ayudar sobre todo a las economías pobres y subdesarrolladas. El Banco Mundial y el FMI no son parte de una conspiración llamada globalización.

¿Vale eso también para la Organización Mundial de Comercio?
Naturalmente. Ya su antecesor, el GATT, había hecho muchas cosas buenas por ampliar el mercado mundial.

No todo el mundo tiene una visión tan positiva. Decenas de miles de adversarios de la globalización atacaron en 1999 en Seattle la reunión de ministros de la OMC.
La OMC necesita más poder, también sobre EE UU. La OMC debería poder prohibir que los países industrializados bloquearan las importaciones de los países en vías de desarrollo con toda clase de trabas al comercio.

El hecho es que los países industriales abastecen al Tercer Mundo de productos y lo utilizan como mano de obra barata.
Todo eso de que el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio son los enemigos de los países en vías de desarrollo me parece mal enfocado. Los problemas de la globalización no se resuelven deteniéndola. Todos los países y sus habitantes se benefician del libre intercambio de mercancías y de capital.

¿Entonces por qué ha aumentado la pobreza en el mundo?
No ha aumentado en absoluto. Tomemos Corea del Sur, que en 1960 era un país paupérrimo. Ahora es una de las naciones industriales del mundo. Lo mismo vale para otros tigres asiáticos, pese a la crisis del sudeste asiático de hace cuatro años. Estos países siguen siendo más prósperos que hace tres décadas. Y lo son gracias al mercado y al capital extranjero.

Puede que algunos países se beneficien, pero en una perspectiva global, los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres.
La pobreza puede tener muchas causas, la mayoría de ellas debidas a los países mismos. No van a mejorar su situación con medidas como las que recomiendan los adversarios de la globalización, como la implantación mundial de normas occidentales para los puestos de trabajo. De esa manera se reduce la competitividad de las exportaciones de los países pobres a los mercados ricos.

¿Usted acusa a Attac de ser un mal abogado de los pobres?
No conozco con exactitud las propuestas de Attac. Las últimas protestas son bastante contradictorias y dispares, ni siquiera sé si todo esto refleja lo que es Attac. Sus posiciones son bien intencionadas y mal pensadas. No quiero ver mi nombre asociado con eso.

¿Ha hablado usted alguna vez con Attac?
El presidente, Bernard Cassen me ha llamado una vez y me ha invitado a París. Allí tendría que aparecer ante unos miles de partidarios entusiastas.

¿Qué le ha contestado usted?
He dicho que no. Por motivos familiares y porque no quería que se me identificara con los fines de Attac. Desde entonces no he oído nada de él. Attac no me ha comunicado que está haciendo propaganda de mi impuesto.

¿Cómo se explica usted que su idea tenga tantos partidarios entre los activistas políticos y que, sin embargo, los expertos en economía la critiquen?
Tampoco lo hacen todos. La mayoría de los economistas sencillamente ignoran mi proyecto. Pero sí que hay una serie de libros y de artículos sobre la tasa Tobin. Algunos están a favor; otros la critican, y los hay que no se deciden.

El profesor Rudi Dornbusch del Instituto de Tecnología de Massachussets ve su impuesto de una manera crítica; Robert Mundell, como usted Premio Nobel de Economía, incluso la considera una idea 'tonta'.
Confío en que se refieran a Attac y sus cómplices, no a mi impuesto.

Precisamente George Soros, el especulador más famoso del mundo, elogia su impuesto espantaespeculadores. ¿Otra vez un aplauso que viene de mal sitio?
El hombre sabe bien de qué habla. Soros ha ganado mucho dinero en los mercados financieros, esto no es en sí un pecado. Además tiene unas ideas muy heterodoxas sobre el sistema monetario mundial. De él tendrían que tener más cuidado los ministros de finanzas del mundo que de mí, a él tendrían que tenerle más miedo, porque él cuenta con los medios para poner en práctica sus planes.

¿Cree usted que su tasa Tobin va a ser realidad algún día?
No hay ninguna oportunidad, me temo. La gente que decide en el mundo financiero internacional están en contra.

Los ministros europeos de economía y finanzas van a debatir la tasa Tobin en su reunión de finales de septiembre en Lieja.
Probablemente eso no va a ser más que una representación teatral. Dudo que se vaya a reflexionar en serio sobre eso. Al fin y al cabo, no quieren cargar al sector financiero con un impuesto más.

¿Por qué, para la protección de las monedas, no se vuelve a un sistema de tipos de cambio fijos?
Esto se intentó y fracasó. Los especuladores como Soros dejan a los bancos emisores fuera de juego con sus maniobras. Mire usted Argentina, que ha acoplado su peso directamente al dólar USA. Lo que está pasando allí es un desastre, un desastre absoluto. Esos tipos de cambio irrefutables son invitaciones a la especulación. Los traficantes apuestan a si los bancos emisores tienen la voluntad y la capacidad de defender los tipos de cambio acordados. No, los sistemas de tipos de cambio fijos están pasados de moda.

¿Por qué no evitar las crisis monetarias sencillamente suprimiendo las monedas? ¿No tendría sentido también en Asia y en América un modelo euro?
Tal como yo lo veo, el euro no es precisamente el gran éxito que se impone como modelo para otras regiones del mundo.

El euro recobra terreno ante el dólar.
No me refiero a su valor. Eurolandia adolece de que la economía general de Europa se encuentra en una situación que no es buena. El culpable es el Banco Central Europeo, porque no ha seguido una política como el banco emisor americano.

¿Que sería cuál?
Wim Duisenberg, presidente del Banco Central Europeo, me ha dicho una vez que él no tenía nada que ver con la economía real, con el crecimiento y con el empleo. Que su misión era combatir la inflación. Si esto es todo lo que puede ofrecer la política monetaria europea, no es sorprendente que la economía en Europa esté débil.

¿Cómo ha razonado Duisenberg su posición?
Él tiene una visión muy ideológica. Para él, la estabilidad de los precios es una especie de religión, como pasaba antes en EE UU con los monetaristas. Por suerte, el presidente del banco central americano Alan Greenspan no era uno de ellos. La Reserva Federal no se limita a mantener la estabilidad de los precios. También se siente responsable del crecimiento y de los puestos de trabajo. Greenspan siempre ha dicho que la Reserva Federal trata de conseguir ambas cosas con todas sus fuerzas.

¿Fue esto una obra de arte a la vista del auge económico más duradero de la historia de Estados Unidos?
El auge no fue una mera casualidad histórica. Greenspan tiene mucho que ver con esto, igual que el Gobierno de Clinton. Sin duda, Greenspan tuvo suerte, pero es que además tuvo valor. En 1994 era una ley sagrada para el banco emisor que la inflación amenazaba si la tasa de desempleo bajaba del 6%. Cuando entonces alcanzamos este valor límite y la inflación siguió comportándose bien, Greenspan resistió las presiones y no intervino, no redujo la cantidad de dinero. Bajamos a un 4% de desempleo, y sin embargo la inflación no subió, sólo porque Greenspan tuvo el coraje de enfrentarse a las doctrinas tradicionales. Duisenberg nunca se atrevería a algo así.

Reflexiones desde el Perú

Por: Luis Durán Rojo

A continuación quisiera plantear algunas reflexiones en torno a los actores en el Fenómeno Tributario, con especial referencia al caso peruano, que es el que mejor conozco por las investigaciones realizadas con el Equipo de Investigación de la Revista ANALISIS TRIBUTARIO, de la que soy Director.

1. Ciudadanos y Empresas
Se ha discutido mucho respecto a quién resulta moralmente responsable frente a las situaciones de ahorro tributario empresarial. Al respecto, un sector ha dirigido sus críticas a las propias empresas y ciudadanos, queriendo insistir en la responsabilidad moral de estos por la elusión del impuesto, aprovechando las ventajas normativas para generar baja recaudación. Quienes así piensan lo hacen en el sentido de reclamar un nivel de conciencia moral al sector empresarial, que debería ser un aliado del desarrollo en el país.
Hay otro sector de opinión para el que las empresas y ciudadanos no son responsables por el diseño que la legislación plantea, estando estos en el derecho a aplicar los mecanismos más eficientes dentro del marco legal para ahorrar el costo impositivo. En este sentido, las empresas no son moralmente responsables por los ahorros realizados, los mismos que se derivan de la propia lógica empresarial que es la de generar ganancias sin violar la ley. Bajo este esquema, la responsabilidad recaería en el poder político (mayorías y minorías) y, en menor medida, en los grupos de presión (medios de comunicación, cabildeadores, etc.) quienes permitieron que los diseños elusivos permanecieran vigentes en el país a sabiendas de los niveles de menor recaudación que podrían generar.
Como se ve, esta tensión no es propiamente jurídica ni económica sino moral, y tiene que ver con la tensión entre ética y tributación. Ello es distinto a la pregunta sobre si hay obligación de contribuir y si esta debe ser proporcional al destino del gasto estatal. Nos parece una verdad jurídica que existe la obligación de contribuir al Estado, especialmente para sus ciudadanos. Igual criterio se extiende a los residentes de ese Estado y a sus ocasionales beneficiarios.
Aunque nuestra Constitución no reconozca expresamente el Deber de Contribuir, dicho Deber existe implícitamente y es base de todo Estado y sociedad sanamente estructurados, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional (TC).
Hay consenso real en que el Deber de Contribuir abarca el pago del tributo y una serie de obligaciones relacionadas, y cada vez más se afirma que el ciudadano debe colaborar en la lucha contra la evasión fiscal, básicamente proveyendo de información a la Administración para que ésta pueda ser más eficiente en sus labores.
Adicionalmente, hoy se acepta cada vez más el control de las cadenas de informalidad, recargando en el contribuyente formal la obligación de no generar (o concluir) relaciones comerciales con sujetos sin control fiscal o dejar rastros para conocer los posibles efectos de la actividad realizada, vía el establecimiento de parámetros para la aplicación de créditos o deducción de gastos tributarios. No es otro sino ese el fin de las reglas sobre No Habidos, Bancarización y control de Comprobantes de Pago que hoy se exige a los deudores tributarios en Perú.
Pero como ya hemos esbozado, hay otro nivel de obligación “colaboracionista” para los deudores tributarios, que son los regímenes de intervención tributaria que el TC ha validado recientemente.
No creemos que la intrincada red de provisión de información del ciudadano al fisco así como la presión colaboracionista hacia el ciudadano vaya a disminuir, aunque esperamos que se encamine cada vez más en un marco constitucional de respeto a los derechos ciudadanos.
Para ello los deudores tributarios tienen que empezar a buscar que sus intereses sean representados en el concierto nacional, para lo que han de intervenir en una suerte de posición de sociedad civil tributaria, que en base a gremios, instituciones educativas o grupos de interés, puedan poner en mesa nacional las injusticias o desacuerdos con la marcha de la tributación. Ello, claro está, en un proceso deliberativo nacional, donde la producción normativa o la actuación inspectora puedan hacerse en base a escuchar la palabra y aceptar la vigilancia de los ciudadanos.
Tal vez con esa visión se podrá apoyar la transparencia en el gasto estatal, de la que hemos hablado líneas arriba, siempre que los ciudadanos se animen a fiscalizarlo pero entendiendo que ello no es en esencia un derecho que provenga del pago de tributos sino de la condición de ciudadanía y, por tanto, del derecho de participar en los asuntos públicos.
Por parte del Estado –especialmente la SUNAT– se ha visto una disposición para convocatoria a las entidades sociales representativas a fin de lograr establecer normas técnicas modernas que cumplan con los fines de recaudación, siempre en un esquema democrático pero bajo un modelo más “consensuado”. Es evidente, entonces, que hay recursos y voluntad de acercarse al deudor tributario representado y tomar en cuenta sus aportes, lo que no puede ser utilizado por las entidades intermedias para tener presencia mediática sin respetar los procesos institucionales en marcha o solucionar problemas particulares.

2. El legislador y reglamentador tributarios
El legislador es, sin duda, una variable clave en todo ordenamiento jurídico, pues es quien establece las reglas de juego para todos los participantes, incluido el Estado. En los últimos cinco años, los más importantes procesos de modificaciones tributarias en el Perú se han llevado a cabo por la vía de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo (2003-2004 y 2006-2007) con un sesgo recaudatorio inocultable.
Algunos Decretos Legislativos dictados abordaron aspectos del régimen tributario que en el pasado no habían sido desarrollados adecuadamente, y ello está bien. Además, hubo disposiciones modificatorias destinadas a cerrar esquemas elusivos planteados por ciertos deudores tributarios, brindar nuevas facultades a la Administración Tributaria y diseñar mecanismos de incentivo de la recaudación.
Empero, propiamente el otorgamiento de las facultades ha sido una renuncia anunciada de los actores políticos a poder plantear un “modelo tributario” partiendo de la discusión democrática. Con ello, no se ha permitido el robustecimiento de la sociedad civil tributaria, porque ha sido cortejada a participar de un proceso sin consecuencias definidas, como habría ocurrido si la producción normativa se hubiera planteado en términos democráticos.
Como hemos dicho en anteriores oportunidades, el problema es que básicamente hay una disociación entre Tributación y Democracia. Pareciera ser que establecer un sistema tributario eficiente y justo se encuentra en las antípodas de la promoción y del desarrollo de un proceso democrático de recojo de los intereses de los ciudadanos y sus miradas respecto a lo tributario.
Es necesario recuperar el procedimiento racional de establecer reglas de juego que hagan posible acuerdos de calidad entre todas las partes de cada fenómeno social. En nuestro caso, significa que las reglas respecto al fenómeno tributario surjan del necesario consenso entre los intereses del Estado y de los particulares, y no bajo la imposición de una de las partes.
Para ello es necesario que el Congreso asuma apropiadamente su rol. La mejor manera de medir y controlar su desempeño es haciendo un seguimiento a su actividad legislativa, para lo cual puede empezarse con recurrir a los Proyectos de Ley que son sumillados en la sección correspondiente de Análisis Tributario.
En buena cuenta, lo que queremos decir es que hemos sido testigos de reformas tributarias inacabadas, unas más criticadas que otras, pero todas cuestionadas por su poca predictiblidad y seguridad jurídicas. El ímpetu modificador, muchas veces con buena intención, pero casi siempre errático, ha generado enseñanzas que hay que recoger y sobre las que debe basarse el futuro tributario del país:
1. No es adecuado un sistema basado en la transitoriedad, en el que la modificación constante de la normatividad tributaria se convierte en regla, pues genera incertidumbre, nerviosismo y litigiosidad en los contribuyentes, sobrecargando las instancias resolutoras de conflictos.
En ese sentido, se requiere un régimen tributario en el que los cambios normativos se den de manera ordenada y previsora, pues no cabe duda de que la labor legislativa en general siempre está a la zaga de la realidad y por lo tanto se hace necesario normar nuevos aspectos de la misma.
2. Debe promoverse la discusión pública de las medidas tributarias futuras, de tal modo que las disposiciones normativas se aprueben sobre la base del convencimiento colectivo. Ello significaría asumir que la imposición en democracia supone costos en el convencimiento a la población sobre la conveniencia de determinadas medidas y que, eventualmente, los cabildeos de grupos de la sociedad civil tributaria, podrían originar que determinadas medidas sean paralizadas o promovidas de acuerdo a sus intereses circunstanciales.
3. El modelo tributario y el proceso de modificación normativa deben basarse en el irrestricto respeto a los principios y derechos constitucionales, especialmente los tributarios, pues de lo contrario podrían generarse grandes costos de litigiosidad o de devolución, especialmente porque cada vez más se abren mecanismos de defensa de los derechos de los contribuyentes.
Ciertamente, la ley (en sentido estricto) necesita ser reglamentada y complementada con normas de menor rango y jerarquía. Se han presentado algunas anomalías al respecto:
- Si bien corresponde al Poder Ejecutivo reglamentar las leyes, algunas veces el Administrador Tributario ha ocupado ese rol. Es cada vez más delgada la línea que marca los límites de la actuación de las autoridades emisoras de normas tributarias de menor jerarquía.
- Se ha vuelto una práctica frecuente que la reglamentación de las normas tributarias se realice a cuentagotas. Existe permanente incertidumbre sobre si el MEF cumplirá con concluir las disposiciones reglamentarias pendientes. Es necesario que el Poder Ejecutivo asuma claramente su rol y actúe en promoción de la Seguridad Jurídica, principio tan caro a nuestro modelo legal.
- La norma reglamentaria ha sido emitida con claras evidencias o por lo menos indicios de su manifiesta inconstitucionalidad. Hay a la base de esta actitud una abierta falta de compromiso del reglamentador con el proyecto constitucional y eso en el fondo le hace gran daño al Estado.

3. Las Administraciones Tributarias
Entre Administraciones Tributarias peruanas, la SUNAT ha resaltado por su seriedad, eficiencia e importancia. Respecto a esta, seguimos pensando que lo más preocupante es la imagen que de ella existe actualmente en la población.
Ya sabemos que la Administración Tributaria no tiene por qué ser querida por los ciudadanos, pero sí debe ser respetada por la eficiencia y justeza de sus actuaciones. Pensamos que este aspecto merecería ser revisado seriamente por los funcionarios de la SUNAT con miras a poder relanzar un proceso de promoción de la cultura de lo tributario en el Perú.
Recordemos, premisa importante para nosotros, que un proyecto tributario democrático es el que hace que todas las personas sustenten la actividad estatal a través de los tributos, conforme a su capacidad contributiva, de lo que se deduce que no es posible que por la vía tributaria (incluida la responsabilidad de colaborar con la fiscalización) se establezcan distintos tipos de ciudadanos.
No obstante lo dicho, o justamente por ello, debemos recordar que ha sido necesario para la SUNAT desarrollar dos instrumentos importantes para la lucha contra la evasión: (i) una gran base de datos del comportamiento económico de los ciudadanos, y, (ii) un sistema tributario de retención en la fuente en distintos tributos.
Con lo segundo, como se podrá verificar más adelante, se ha logrado reentender las dinámicas empresariales en el país y las relaciones entre la economía formal e informal, lo que a la larga posibilitará la disminución de la economía informal.
Con lo primero se ha dado un paso mucho más largo, que es poder conocer los movimientos económicos de los ciudadanos que están más allá de los umbrales de la pobreza, resultando revelador –entre otros– que muchísimas personas se encuentran al margen del sistema tributario y generan importantes ganancias que no son declaradas a la SUNAT, y que haya deudores tributarios que presenten declaraciones juradas y paguen sus tributos solo respecto de un porcentaje de los ingresos que obtienen.
En esto, como hemos señalado antes, la SUNAT ha estado actuando. Sus operativos de control caminero (que supone verificar el traslado de mercancías por el territorio nacional mediante el uso de las guías de remisión) como el de comprobantes de pago mediante operativos de fedatarios, han promovido la reducción de la evasión. Este esquema supone una división en el tratamiento de los contribuyentes, de tal modo que aquellos a los que resulta menos costoso fiscalizar se les fiscaliza constantemente (los PRICOS, por ejemplo); mientras que hay un gran sector para el que resulta sumamente caro cualquier tipo de control fiscal directo, por lo que se diseñaron estos mecanismos aleatorios.
Así, potenciando la realización de acciones inductivas (acciones masivas que buscan generar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias al menor costo a través del envío de esquelas o citaciones, y comunicaciones o cartas inductivas) y los operativos (acciones rápidas, sorpresivas y de carácter masivo, orientadas a la detección de situaciones de informalidad, a la generación del riesgo y a la creación de conciencia tributaria) podrían asegurar suficiente nivel de riesgo para controlar la evasión.
También la SUNAT ha avanzado mucho en materia del procedimiento de fiscalización, apoyada por un esquema normativo diseñado para brindar instrumentos de lucha contra el fraude de ley, y contra muchos vacíos en cuanto al respeto y garantía de los ciudadanos. La actividad fiscalizadora ha pasado de ser empírica a responder a criterios técnicos y de mucha posibilidad de éxito.
Debemos aplaudir que el problema del exceso de discrecionalidad haya empezado a repararse con el establecimiento de un primer Reglamento de Fiscalización de SUNAT y esperamos que haya un tránsito hacia una “juridificación” del procedimiento de fiscalización tributaria, que permita equiparar a la Administración y a los contribuyentes en sede de fiscalización, de modo que sin perder la perspectiva de la verdad del quantum recaudatorio, se promueva una serie de derechos y garantías para el ciudadano sometido a ese procedimiento.
Sería muy positivo para el conjunto del país que SUNAT, sin que ello signifique un anuncio perjudicial de sus labores, muestre a la opinión pública el diseño, alcance, objetivos y metas de las políticas de fiscalización que emprenderá cada año.
A partir de la implementación de los regímenes de Retenciones, Percepciones y Detracciones en el Perú, la SUNAT ha podido descubrir instancias de evasión increíbles que se habían imbricado en el mundo de la informalidad. Ello sin embargo no debe justificar la permanencia de estos mecanismos pues con ellos se ha cargado a los contribuyentes formales con una cantidad de obligaciones sobre la base de un esquema normativo totalmente engorroso que ya está agotado, al extremo que hoy no es posible un manejo responsable del IGV en las empresas si no se conoce al dedillo los aspectos vinculados a estos regímenes.
Por eso, pasada la acción de captura de evasión estos mecanismos deben desaparecer, para lo que ya deberíamos estar pensando tranquilamente sobre un diseño tributario que tome en cuenta el elemento de la informalidad, no para hacer que el formal sienta que es costoso serlo, sino para que el informal vea que formalizarse es lo menos riesgoso. Para eso requerimos normatividad clara y predecible, volver a personalizar la obligación tributaria e iniciar un proceso paulatino de devolución de derechos a los contribuyentes, como por ejemplo, el de no asumir el coste de la formalización de otros ciudadanos.
Es bueno señalar que la SUNAT actúa mal en su concepción de relación con los contribuyentes que exigen la devolución de montos respecto de los cuales hay un derecho de cobro. Es lamentable que se haya llegado a la conclusión –lo que ha sido ratificado por la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero– que el derecho a la devolución tributaria se ha convertido en letra muerta, entre otros, por la existencia de una serie de cuellos de botella administrativos o de cultura funcionarial que hacen que no se cumpla este derecho.
En cuanto a las Administraciones Tributarias Regionales y Locales (especialmente estas últimas), hay problemas de eficiencia, eficacia y de respeto a los principios constitucionales, que ha llevado a que se señale que deben desaparecer para acumular la gestión tributaria alrededor del Gobierno Nacional. A diferencia de ello, debe aceptarse que la distribución del poder tributario entre los Gobiernos Nacional, Regional y Local ha resultado adecuada y que la experiencia demuestra que la regulación de impuestos debe ser una materia exclusiva de la instancia nacional para evitar sistemas impositivos dispares dentro del país. Esta opción no excluye, como es evidente, que determinados impuestos puedan ser administrados o constituir renta de los Gobiernos Regionales o Locales.
En el caso de los impuestos cuya administración ha sido cedida a los Gobiernos Locales y del marco normativo de tasas y contribuciones, ha sido evidente la dejadez del Gobierno Nacional para impulsar un diseño normativo eficiente e idóneo que permita recaudar adecuadamente. Es posible que aquí esté una de las explicaciones para el fracaso real de las Administraciones Tributarias no nacionales y eso hay que remediarlo.

4. Los órganos resolutores tributarios
La oportunidad de que sea la propia Administración Tributaria quien corrija sus eventuales errores no ha sido bien aprovechada. Es recurrente la idea de que muchas de las controversias serán finalmente resueltas, con mayor aproximación a una “verdadera justicia”, en el Tribunal Fiscal (TF), Poder Judicial (PJ) o TC. Es claro que las instancias resolutoras de las Administraciones están obligados a seguir la línea jurisprudencial del TF y de las instancias jurisdiccionales, lo cual no siempre ocurre y por ello lamentablemente la contienda tributaria se dilata más.
De otro lado, el aumento de la acción fiscalizadora de la SUNAT y la avalancha de controversias sobre tributos municipales han provocado el colapso inminente de este colegiado por sobrecarga procesal, lo que ha llevado a la oportuna decisión de nombrar nuevos Vocales para completar las plazas vacantes en dicha institución, en base a los resultados de una Comisión Especial nombrada por el MEF. Queda pendiente la ratificación de los antiguos Vocales, lo que debe decidirse pronto, pues estos altos funcionarios tendrán un mejor desempeño si tienen certeza de su permanencia en el lugar que ocupan.
Respecto a la facultad del TF de realizar el denominado “Control Difuso” (establecida claramente a partir de la Sentencia del TC recaída en el Expediente Nº 3741-2004-AA/TC y su resolución aclaratoria), es necesario que se expongan los criterios que dicha institución debe tomar en cuenta para este examen constitucional, pues hasta ahora solo se ha limitado a cumplir los pronunciamientos que ya venía dando el TC.
Ahora bien, cuando se habla de la controversia en sede judicial, se vuelve a la vieja discusión sobre el medio más idóneo de estructuración del sistema de resolución de conflictos en materia tributaria. Hay quienes han planteado la necesidad de especialización de los jueces que resuelven los procesos tributarios, habida cuenta de la especificidad de estos, vía instancias específicas de resolución de este tipo de procesos o incorporando la especialidad a los Juzgados Comerciales. Otros especialistas reclaman una reforma constitucional para que el TF sea reconocido como una instancia jurisdiccional en el estricto sentido de la palabra.
Estas reflexiones surgen por la aparición de polémicos pronunciamientos que se han dado tanto en el TC como en el PJ, sobre todo en este último, respecto a la materia tributaria. Es muestra de ello la discusión sobre la constitucionalidad del régimen de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas que obligó al TC a dictar un Precedente Constitucional sobre el tema y la instauración de la “Cosa Juzgada Constitucional”, lo que fue públicamente criticado por el Presidente del PJ.
Por ahora, es necesario que todas las instancias que imparten justicia establezcan mecanismos para la obtención de información altamente sistematizada sobre los alcances de los fallos que se emiten, lo que pasa cuanto menos por conocer los criterios de la propia Corte Suprema y del TC en la materia, pues como se ha revelado, la falta de información adecuada puede ser el motor de la negligencia, primer mal que exterminar. La unificación y coherencia de la jurisprudencia tributaria sería un gran aporte para los órganos resolutores.

Ha sorprendido a todos el perfil que viene mostrando la candidatura de Obama en las Primarias del Partido Demócrata de Estados Unidos de Norteamerica (EE.UU.), al punto que el establishment político de ese país esta preocupado por el desenlace de las elecciones de este año. Es claro que el proceso político en EE.UU. influencia muchisimo en América Latina y en los derroteros futuros de nuestros pueblos.
Ahora, mucho se esta escribiendo sobre las razones y la que nos parece más cierta es la que refiere que el perfil de Obama es el de un político con utopias para la gente, que sale del pragmatismo de la elite actual y plantea un sueño de un país que sea prospero para todos de modo que cada cual logre realizar sus proyectos de vida (a eso muchos le llaman el sueño americano).
A continuación se transcribe un artículo de Mario Vargas Llosa aparecido el 13.01.2008 en el Diario El Comercio, que en la línea señalada y con un enfoque entusiasta analiza la situación de Obama en las primarias de los demócratas en EE.UU.
e más libertario analiza
La siguiente noticia fue tomada del Diario Financiero de Chile, y apareció en su edición impresa del 28 de diciembre de 2007. La estoy colgando en este blog porque puede ser de mucha utilidad para sus lectores

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Por: Mario Vargas Llosa

Pasé varias horas pegado a la televisión siguiendo las elecciones primarias en Iowa y New Hampshire para designar a los candidatos demócrata y republicano a la presidencia de Estados Unidos y estoy convencido --como dije en un artículo anterior-- que, con prescindencia del desenlace, el fenómeno central de este proceso que culminará en noviembre es la presencia en él del senador Barack Obama que ha trastornado de pies a cabeza el statu quo político estadounidense.
A diferencia de lo que ocurre en Francia o en América Latina las revoluciones en Estados Unidos son pacíficas, no se hacen en las barricadas sino en las urnas y no con bombas ni balas sino con votos y palabras (bueno, a menudo eslóganes). Dentro de las coordenadas políticas de Estados Unidos, Barack Obama ha levantado, en un momento difícil de incertidumbre económica y de divisiones y encono político internos, y de desafecto externo hacia el país debido a la guerra de Iraq, un movimiento de gran entusiasmo y esperanza, sobre todo entre electores independientes y los jóvenes, en el que curiosamente hay reminiscencias mezcladas de lo que fue la movilización a favor de los derechos humanos y de la integración racial que encabezó Martin Luther King y el impacto que causó en la vida política la irrupción de John Kennedy y su mensaje de reformismo idealista.
Obama conquistó una rotunda victoria en Iowa y perdió apenas por unos pocos millares de votos ante Hillary Clinton en New Hampshire, con lo cual frenó de golpe y casi entierra lo que parecía la imparable nominación de la senadora a la candidatura demócrata trabajada minuciosamente desde años atrás con una astronómica inversión de recursos económicos y la activa participación del aparato partidario. Pero en los 'caucus' (asambleas) de Iowa se vio, de manera gráfica, que la hostilidad que provoca la señora Clinton entre los propios demócratas es acaso tan pugnaz como entre los republicanos: los votantes de los candidatos demócratas que no alcanzaron el 15% reglamentario mínimo en las asambleas prefirieron en un porcentaje de 3 a 1 apoyar a Obama en vez de Hillary.
En New Hampshire los creadores de imágenes idearon una puesta en escena para demostrar que la senadora Clinton no es el ser frío y ávido de poder que parece, y la hicieron derramar unas lágrimas ante las cámaras en una cafetería, a la vez que balbuceaba que la suerte de Estados Unidos era para ella "algo profundo y personal", y esas lágrimas y puchero, por lo visto, le ganaron los tres o cuatro mil votos femeninos que la salvaron de la derrota. Pero cualquiera que haya seguido con atención todo el desarrollo de estas dos primarias no puede equivocarse: quien sale consagrado como la fuerza dominante en esta primera etapa de los comicios, es Barack Obama, una candidatura improvisada hace pocos meses, en la periferia del partido y que ha conseguido la hazaña de implantarse nacionalmente, con gran eficacia, gracias a la masiva movilización de jóvenes estudiantes e independientes de todas las razas, credos y tradiciones, aglutinados gracias al carisma personal y al mensaje idealista e integrador del senador Obama. Apenas concluida la primaria de New Hampshire, uno de los sindicatos más influyentes del ramo de lavanderías y trabajadores de hoteles y casinos de Estados Unidos, the Unite Here --medio millón de afiliados-- endosó su candidatura.
Su discurso, agradeciendo a sus partidarios el trabajo realizado en New Hampshire a la medianoche del día 8, pasó como sobre ascuas por la guerra de Iraq, tema divisivo, reafirmando que las tropas debían retornar a casa cuanto antes. Pero consistió sobre todo en un nuevo llamado a la unión, por encima de las diferencias partidarias, étnicas o religiosas para dar la batalla contra la pobreza, la crisis económica, el terrorismo, a favor del seguro médico universal y la defensa del medio ambiente. Obama evita los clisés y lugares comunes del discurso político, transmite convicción, frescura, sentimientos y esa ingenuidad que es objeto de tantas burlas a veces de quienes creen que el "sueño americano" es, también, como las lágrimas y pucheros de la señora Clinton, una hechura de los creativos de la publicidad.
No lo es. Hay un "sueño americano" que está en los orígenes mismos de la creación de Estados Unidos, como una tierra de libertad, de trabajo, de individuos soberanos y no de castas, en la que las leyes y la moral se confunden para garantizar el bien común dentro de la convivencia en la diversidad y el estímulo permanente a la iniciativa y a la creatividad del ciudadano. Ese sueño ha pasado por períodos de receso y trauma pero ha regresado una y otra vez y es el que está detrás de los grandes episodios de la historia americana, el prodigioso desarrollo industrial y científico, la recepción e integración en su seno de decenas de millones de inmigrantes de todas las tradiciones y culturas, el reformismo liberal profundamente enraizado en la sociedad, la campaña en favor de los derechos civiles, la lucha contra el fascismo y el nazismo durante las dos guerras mundiales y la defensa del mundo occidental ante el totalitarismo en los años de la guerra fría.
Algo de todo eso asoma en la figura de este hijo de un africano y una blanca de Kansas de origen nórdico que, gracias a su talento, pasó por la mejor universidad de Estados Unidos, al igual que Michelle, su mujer --Harvard-- y luego de esa sobresaliente formación, en vez de ir a hacerse rico en un gran bufete de abogados neoyorquinos o en la ejecutiva de una transnacional, prefirió ir a sepultarse diez años en las barriadas más miserables de Chicago, organizando a los marginales y a los desempleados para dotarlos de los recursos políticos y culturales que les permitieran salir de la pobreza.
El senador Obama es el primer dirigente de color en Estados Unidos que ha llegado a la vez al corazón de los blancos, de los negros y de los hispánicos, con un discurso en el que jamás se apela a su condición racial. Tanto el victimismo como el racismo al revés brillan por su ausencia en sus entrevistas, en tanto que es constante su prédica para superar las barreras artificiales que suelen levantar las ideologías, el racialismo (que no hay que confundir con el racismo, aunque está contaminado de este) el feminismo y el ecologismo, con las nociones superiores de libertad, justicia, legalidad y oportunidades, educación y seguridad para todos sin excepción. Son ideas sencillas, generales, sin duda, pero que han hecho vibrar a millones de estadounidenses recordándoles de pronto que la política puede ser algo más generoso y sincero que la versión que dan de ella los políticos profesionales, porque quien las promueve las respalda con una vida entregada a hacerlas realidad.
De otro lado, el inmenso atractivo de su persona es la insensata sinceridad con que ha desnudado su vida en su autobiografía y en su campaña. Anoche decían los comentaristas de la CNN que el clan Clinton tenía preparada una campaña de guerra sucia devastadora contra Obama. Pero ¿de qué pecaditos veniales o mortales podrían acusarlo que no haya él ya reconocido, adelantándose a sus detractores? Los estadounidenses saben perfectamente quién es Obama: de dónde sale, qué ha hecho con su vida hasta ahora, los errores que cometió --las drogas que marcaron a su generación, por ejemplo-- y concluido que en el balance prevalece lo positivo. Por eso se han movilizado de esa manera convirtiendo en realidad algo que hace apenas unos meses era un imposible.
Después de lo ocurrido en Iowa y New Hampshire, a menos de un trágico imponderable --un atentado terrorista, por ejemplo--, la posibilidad de que Barack Obama sea el primer presidente negro de Estados Unidos no es una quimera sino una posibilidad muy realista.

Ya han pasado varios días desde el inicio del juicio a A. Fujimori y, poco a poco, el tema empieza a transitar hacia un estado de anécdota noticiosa. Eso ocurre normalmente en Estados democráticos donde la opinión pública sabe que los delitos deben seguir el curso normal de la cotidianeidad. Sin embargo, en un país como el Perú, hay que tener cuidado con no seguir el proceso judicial que marca un hito en nuestra historia y esta permitiendo algo muy importante, que es que en un Estado Democratico Latinoamericano se este juzgando a un dictador por crimenes importantes vinculados -entre otros- a derechos fundamentales.
Jorge Bruce ha escrito un importante artículo respecto a esta temática en el Diario Peru 21 del día 13.01.2008, que transcribimos a continuación para la revisión por parte de ustedes.

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Por: Jorge Bruce

En el juicio a Fujimori existe el riesgo de que, por síndrome de habituación, los peruanos vayamos perdiendo la trascendencia histórica de lo que está sucediendo ante nuestros ojos inicialmente asombrados o incrédulos. Por eso es necesario recordarlo cuantas veces haga falta.
El sentido de este proceso no es solamente la administración de justicia, lo que parece estar desempeñándose de manera eficiente. Hay de por medio una oportunidad de aprendizaje democrático que pocas sociedades han tenido. ¿Cuántos países han juzgado en condiciones adecuadas a un dictador en su propio territorio? ¿En cuántas ocasiones se ha proporcionado a las víctimas el espacio para relatar, frente a su verdugo intelectual, los abusos de los que fueron objeto?
Así, el empresario Samuel Dyer pudo decir, este último viernes, sin rencor ni amargura pero con justificada indignación y sufrimiento: "Me dolió mucho que un presidente fuera tan irresponsable y dijera (en una entrevista periodística en el programa Contrapunto) una cosa tan falsa sobre mí y eso se lo digo acá, mirándole la cara al presidente". Para justificar su secuestro, el ex presidente había afirmado que se trataba de un narcotraficante, que proporcionaba armas a Sendero Luminoso y evadía impuestos. Todo lo que posteriormente se reveló falso ante el Poder Judicial (una de las hipótesis más sólidas para explicar su secuestro parece ser el alijo de cocaína que se encontraba oculto en un barco cargado de carne importada de Argentina por diversos grupos peruanos, que Dyer había inmovilizado con una medida cautelar, pues el dueño de la embarcación pretendía estafarlo, ignorando que, al impedir la salida del carguero, estaba perjudicando un negocio en apariencia de Montesinos y Cía., lo que permitió a la DEA incautar ese cargamento). Pero el daño a su imagen, familia y negocios ya estaba hecho y, en menor medida, sus secuelas continúan hasta hoy. Acaso se permitieron ese ataque porque Dyer no pertenecía a la oligarquía tradicional, con la que la dupla evitaba chocar.
Así trabajaban Fujimori y Montesinos (tampoco era muy original, pues todas las dictaduras recurren a esa metodología): primero violentaban los derechos de sus enemigos, luego destruían su imagen mediante su prensa vil. Sobra decir que en casos como La Cantuta o Barrios Altos las consecuencias fueron mucho más devastadoras.
Es importante que ninguno de esos crímenes quede impune, y que podamos extraer las consecuencias de esa experiencia nefasta. A través de un juicio justo, sí, pero también dando una señal potente a los candidatos a dictadores (sin descuidar las amenazas actuales contra los testigos o abogados de las víctimas).
La "marthachavezca" defensa de Nakasaki -"No fue secuestro, fue una detención ilegal"- no debería confundirnos. Esas leguleyadas son parte de una estrategia judicial que poco nos importa a quienes no pertenecemos a ese laberinto de códigos penales y juegos semánticos, cuyas enrevesadas vías parecen haber producido laberintitis al abogado de Fujimori. Sus eufemismos son comparables a los de Hugo Chávez, reclamando que se retire a las FARC el calificativo de terroristas. Entonces las centenares de personas que mantienen privadas de su libertad durante años en condiciones atroces, tal como lo han relatado Consuelo González y Clara Rojas, ¿qué son?, ¿elegidos para un plan piloto de reeducación?, ¿colaboradores espontáneos -aunque ligeramente encadenados- de la causa de la revolución?

Por: Luis Durán Rojo

A continuación quisiera plantear algunas reflexiones en torno al financiamiento estatal y la recaudación en el país, dejando en cuenta que mucho de lo aquí señalado ha sido reflexionado con el Equipo de Investigación de la Revista ANALISIS TRIBUTARIO, de la que vengo siendo su editor desde hace varios años atrás.

1. La necesidad de recursos y el fenómeno recaudatorio
El Perú es un país con muchas necesidades de crecimiento institucional: requiere que su economía mejore rápidamente y que se mantenga una infraestructura institucional que permita niveles mínimos de viabilidad futura para su población, para lo que es necesario contar con una estructura estatal suficientemente capaz de dirigir esta marcha hacia el desarrollo y la prosperidad.
Para nosotros, el camino pasa por la descentralización, que amplía y consolida la Democracia mediante una adecuada distribución territorial del poder, multiplicando los mecanismos de control e instaurando un nuevo modelo de desarrollo que supere los desequilibrios y promueva un crecimiento armónico y equitativo del conjunto del país. Por ello, el régimen constitucional del Perú en el siglo XXI tiene, necesariamente, que asumir una incontestable vocación descentralista.
Para cumplir esos objetivos se requiere financiar la actividad estatal, de modo que se cubran metas presupuestales suficientes. En la historia patria se nos han presentado cuatro posibles instrumentos de financiación colectiva: (i) la utilización de recursos provenientes de la venta de activos colectivos, (ii) los préstamos de terceros (nacionales o extranjeros), es decir mayor endeudamiento, (iii) la reducción del gasto estatal, y, (iv) la mejora de la recaudación tributaria.
Los tres primeros han sido insuficientes, y en algunos casos insanos, para los retos que demanda el país; de manera que la historia nos ha vuelto hacia el aspecto tributario como la vía más idónea, aunque suponga un importante esfuerzo individual para nuestros ciudadanos.
Ahora, es claro que hoy el Perú viene registrando una pujante expansión económica que no se veía desde hace muchos años y que está permitiendo, entre otras cosas, una estabilidad presupuestaria. Empero, hay que tener cuidado con los mensajes ambiguos, especialmente respecto a la política fiscal, pues si el camino ante la bonanza es perforar el régimen tributario, no habremos aprendido nada sobre la experiencia de las últimas décadas y no estaremos preparados para enfrentar el próximo ciclo económico.
Dado el nivel de esfuerzo individual que supone el fenómeno recaudatorio y en vista de su correcto funcionamiento, es importante situarlo en un camino de doble vía: por un lado, el camino de ida que es el proceso de recaudación fiscal en situaciones de igualdad y justicia para todos; y un camino de vuelta que es la transparencia en el gasto estatal y su utilización para la satisfacción de las necesidades sociales, especialmente las de los que menos tienen. Cada una de estas vías puede interrumpirse, lo que ocasionaría que el proceso se corte abruptamente y se trastorne el sistema llegando incluso a colapsar.
Es grave, como lo ha demostrado nuestra historia, que el camino de vuelta se interrumpa por la falta de cumplimiento del proceso presupuestario, por la existencia de una administración fraudulenta en la solución del gasto público e incluso por la ilegitimidad de origen o de ejercicio del administrador. Aún no hemos terminado de lograr que la cultura tributaria funcione en este ámbito, es decir, que tengamos una adecuada “culturización tributaria de la dirigencia” empresarial, sindical, política, cultural, etc., y que incluya tanto la esfera estatal como también la política, y que signifique un pacto colectivo de que el dinero recaudado será usado en actividades legítimas, eficientes y eficaces.
En cuanto al camino de ida, que en estricto es el ámbito de desarrollo del fenómeno tributario, este se puede interrumpir por la llamada evasión tributaria, que se encuentra incentivada por medidas injustas o por sistemas tributarios enrevesados y complicados.

2. El nivel de gravamen tributario
Hay quienes creen que la tributación debe ser mínima (pocos tributos, con alícuotas bajas e iguales) y focalizada en tributos indirectos, para lo que necesariamente debe recortarse el gasto estatal, priorizando el que corresponde a inversión (infraestructura caminera y otros). Otros creen que aún puede elevarse la presión tributaria, priorizando el cobro de impuestos directos, pues las necesidades comunes son aún grandes y el gasto estatal sigue siendo insuficiente, especialmente en las zonas del interior del país, donde el mercado se ve dinamizado fundamentalmente por la demanda de los trabajadores estatales.
Siguiendo la primera postura se forjaron las reformas tributarias emprendidas en América Latina en la década de 1990, buscando recuperar la base tributaria y los ingresos fiscales en el más breve lapso y con la mayor eficiencia posible, para lo que había que echar mano a los sectores más relacionados con la economía formal. Por eso se generó un proceso de simplificación de la tributación de las empresas y personas naturales, dejándose de lado la fiscalización sobre los ingresos de los ciudadanos (más allá de las rentas del trabajo) por lo costoso que significaba para las Administraciones Tributarias, especialmente por la poca información disponible sobre los ingresos o movimientos comerciales de aquellos.
En buena cuenta, por más de una década se apostó a un modelo de recaudación tributario conforme al cual se centraban los esfuerzos en la tributación al consumo o a la propia tributación de las rentas empresariales. Como consecuencia de ello, hoy es claro que el sistema tributario de nuestras economías es distinto al de los países industrializados, pues la participación de los impuestos al consumo sobre el total de los ingresos tributarios es muy alta y la recaudación de los impuestos a la renta, especialmente sobre personas físicas, representa una fracción mucho menor del PBI que en los países de la OCDE, y están centrados en un pequeño sector de la población.
Hoy la tendencia es seguir el segundo enfoque, para extender la recaudación hacia el sector informal y, por eso mismo, volver la mirada sobre la tributación de las personas físicas, no solo con la finalidad de promover mayores ingresos tributarios, sino para tratar de compensar la dispareja distribución del ingreso que existe.
En el fondo, se trata de combatir el gran problema de la “informalidad tributaria” que como fenómeno complejo, tiene que ver con un tema cultural ligado con el sentido de relación del ciudadano con su Estado.
Un ciudadano que no valora su Estado, bien porque nunca estuvo presente en los momentos trascendentes de su vida porque fue formándose –por los medios de comunicación, escuela, familia, etc.– bajo la idea de que el Estado es un mal con el que tiene que convivir, no verá la “acción de tributar” como algo positivo o un deber a desarrollar. Pero a su vez, si al frente encuentra un Estado fantasmagórico que tiene a la SUNAT como única, real y seria presencia (que se encarga del cobro de tributos), mantendrá una enorme resistencia cotidiana en su imaginario a la obligación de tributar. La pregunta ¿para qué pagar impuestos si no veo claramente que se invierten en ventajas para mi vida cotidiana? surgirá inmediatamente en la población.
El problema trasciende en el tiempo, si agregamos dos fenómenos importantes sucedidos en el Perú: (i) los sectores excluidos –indígenas básicamente– fueron obligados durante los primeros años de la República a tributar para un Estado que nunca respondió a sus necesidades y que además les negaba la posibilidad de participar en su formación (el Perú debe ser uno de los pocos países en el que muchos de los que tributaban –los indígenas– no eran electores porque eran analfabetos), y, (ii) los grupos políticos han visto siempre que es necesario beneficiar a sectores sociales o productivos exonerándolos del pago de impuestos en lugar de promover su participación en la tributación, lo que de alguna manera los volvería ciudadanos de primer nivel.
Para luchar contra un fenómeno cultural tan amplio, es necesario que haya un proceso de “reculturización” tributaria compuesto por varios niveles, entre otros, una campaña nacional educativa que ligue la tributación al desarrollo y a la construcción de ciudadanía, que suponga que estemos en capacidad de exigir tributar a otros lo que les corresponde (especialmente exigiendo nuestros comprobantes de pago por las compras realizadas) pero que también aprendamos a que es necesario que contribuyamos con los tributos a promover nuestro Estado, lo que sin duda nos hará ciudadanos de primera clase.
Asimismo, se necesita una claridad desde el entorno político que haga que nuestros gobernantes no vean el tema tributario como uno que solo dé réditos cuando se establecen beneficios para grupos específicos o sectores de la economía determinados. También se requiere que haya un proyecto concreto que permita que el Estado y las instituciones tributarias funcionen sin presiones de determinados grupos políticos o económicos.
Ahora bien, no basta la lucha cultural y la claridad política. También es necesario hacer presencia del Estado, lo que significa, entre otras cosas, que se vea una clara y decidida acción estatal en la lucha contra la evasión. Ello hará que quienes son evasores por asuntos más allá de lo cultural, tengan aversión al riesgo y empiecen a cumplir con sus obligaciones tributarias.
Por eso, si la tendencia va en el sentido descrito, en los próximos años seguiremos virando hacia una estructura tributaria más justa, en la que sean importantes los siguientes puntos: (i) aumento de los ingresos directos, especialmente el IR, modernizando y eliminando injusticias e inconsistencias técnicas; (ii) una reformulación técnica de los impuestos indirectos, que implique eliminar cualquier tipo de perforación o antitecnicismo; (iii) un esfuerzo por proseguir con el aumento de la base tributaria, generando mecanismos inteligentes y no costosos para incluir a los sujetos o actividades informales a la formalidad; y, (iv) el combate al narcotráfico, el contrabando y cualquier otra forma de evasión o elusión tributaria.

La siguiente noticia fue tomada del Diario Financiero de Chile, y apareció en su edición impresa del 28 de diciembre de 2007. La estoy colgando en este blog porque puede ser de mucha utilidad para sus lectores

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Por Paula Vargas M. (Diario Financiero - Chile)

Los mayores contactos están en los estudios de abogados, quienes tienen una amplia red de vínculos con el mundo político y económico.

Que los chilenos miran Perú como destino de negocios no es ningún misterio. Pero más allá de analizar las cifras y observar el comportamiento del mercado, también se preocupan por tejer redes de poder. A la hora de instalarse en “el Perú” los inversionistas locales eligen con “pinzas” quienes serán los que ayudarán a materializar y matener sus inversiones en el vecino país.

Los pioneros
En el caso de las oficinas de abogados, uno de los primeros estudios en establecer vínculos con firmas chilenas fue Pizarro, Botto & Escobar, quienes llevan más de 10 años de relación con la familia Calderón –dueños de Ripley-. Fue precisamente, Luis Pizarro, quien asumió la responsabilidad de asesorarlos en todos los detalles legales y estratégicos.
Pizarro cuenta que entre las operaciones más importantes en que han respaldado a Ripley se encuentra la obtención de la licencia financiera, a través de la adquisición del entonces Banco Solventa, firma que perteneció a la familia Yaconi Santa Cruz. En esa oportunidad tuvieron que desplegar todo su expertise y red de contactos. “Nos correspondió persuadir a las autoridades financieras, precisamente en un momento que existía una política de no otorgamiento de licencias bancarias”, destacó.
Con todo, Pizarro también logró un espacio en la empresa, y desde el nacimiento de la Financiera Cordillera es el único director que no pertenece al grupo. Si de influencia y redes de poder se trata, Pizarro se las ha ingeniado para repartirse entre sus actividades profesionales, y sus actividades como director de la Asociación de Bancos de Perú, como miembro del Comité Legal de la Federación Latinoamericana de Bancos, integrante del comité editorial de la Revista Business y miembro de varias cámaras de arbitraje.
En el caso de Falabella, Juan Carlos Escudero es el hombre. Este abogado del estudio Grau ha sido el encargado de encabezar todas las operaciones importantes del grupo desde 1994, cuando arribaron a ese país.
Otro de los estudios tradicionales es Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Luna-Victoria. En su caso, prácticamente no hay grupo chileno al que no hayan asesorado. Entre los más emblemáticos están Altas Cumbres, Rosen, Inmobiliaria Imagina (vinculado a las familias Calderón y Kreutzberger) Casa & Ideas y, desde septiembre de este año, Paz Corp. Además de Conosur, Cruz Blanca, Parque Arauco, Sociedad Punta de Lobos y también el grupo Luksic.
Es que Jorge Muñiz, uno de los socios de la firma, conoce en detalle todo lo que se refiere a materias de inversión extranjera. De hecho, fue él quien presidió la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras a comienzos de los ’90, época en que viajó varias veces a Chile para entrevistarse con Jorge Marshall –en ese entonces Ministro de Economía-. “De ahí saqué el respaldo para redactar las leyes que hoy son los instrumentos básicos de la inversión extranjera en Perú”, aseguró. Asimismo, Muñiz presidió la Cámara de Comercio Peruana-Chilena en una de las épocas de mayor auge de las inversiones chilenas en ese país, y mientras fue congresista (entre 1995 y el año 2000) impulsó el convenio bilateral de protección a las inversiones entre ambos países y el convenio para evitar la doble tributación. También es muy cercano a entidades como Indecopi (símil del departamento de Propiedad Industrial), la Superintendencia de Bancos y la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. Por esto, Muñiz es uno de los favoritos de los chilenos a la hora de elegir quien será el guardián de sus inversiones en ese país.

FASA, Elberg y Parque Arauco
Otro de los estudios tradicionales, es Sparrow, liderado por el abogado Alberto Sparrow, quien directamente asesora a Boticas Fasa, las inversiones de Eduardo Elberg, y también al grupo Briones, aunque también ha asesorado a Quintec, Embonor y Multiexport. Sparrow cuenta que su primer acercamiento con estos grupos fue a fines de los ’80, cuando conoció a Eduardo Elberg, de quien hoy es muy amigo. “En esa época hicimos el road show y elegimos la cadena para que hiciese su ingreso al Perú. Se trató de Scala S.A., la que más tarde se convertiría en Santa Isabel”, señaló. Por otra parte, como están concientes de que los vínculos con el poder y las instituciones son importantes, también es una de las cinco firmas de asesores legales externos de Pro Inversión, entidad encargada de privatizaciones y concesiones del estado peruano. Asimismo, junto a su socio Oswaldo Hunskopf fueron los primeros integrantes de la Comisión de Competencia Desleal de ese país, con la que mantienen estrechas redes de contacto.
Por otra parte, el grupo vinculado a las familias Said y Abumohor para su aterrizaje en Perú, hace dos años apostó por el estudio Echecopar, ello por recomendación de Pedro Pablo Guitiérrez (en ese entonces integrante de Carey & Compañía). Jorge Ossio, uno de los socios del estudio fue uno de los que respaldó a Parque Arauco en su asociación con el grupo Weise. Pero este no ha sido el único grupo chileno con el cual han trabajado. También han estado detrás de Codelco en la negociación de un joint venture con una empresa minera con operaciones en Perú. Asimismo, asesoraron a Laboratorios Chile y la firma de paneles publicitarios Heres en su ingreso a ese mercado. Otro caso emblemático es el de LAN Perú, cuyo presidente y socio es nada menos que Emilio Rodríguez Larraín, quien dirige la firma de abogados Rodríguez Larrraín Asociados.

Los "facilitadores"
Aunque en Perú prefieren denominarlos “facilitadores” para dejar atrás el estigma que alcanzaron los lobbistas en la época de Vladimiro Montecinos, lo cierto es que esta clase hoy es mucho más de bajo perfil y está vinculada no sólo a los grandes estudios de abogados, sino a empresas de comunicación estratégica, como es el caso de Pacific Comunicación, dirigida por Gonzalo Coloma, el que entre otras actividades organiza el denominado Grupo Empresarial Jueves, donde han participado el gerente general de CMR Falabella en Perú, Rafael Risopatrón y el presidente de Saga Falabella, Juan Roca, además de la ministra del Trabajo, Susana Pinilla, el primer vicepresidente de Perú, Luis Giampietri, el ministro de Defensa, Alan Wagner y el ex primer ministro, Pedro Pablo Kuczynski. Otros “facilitadores” también están en el ámbito del negocio inmobiliario, donde sin lugar a dudas el más cotizado es Eric Rey de Castro, quien sin tapujos dice que un 80% de las operaciones de compra y venta de terrenos y negocios inmobiliarios de chilenos en Perú pasan por sus manos.

Entrevista a Monique Alaperrine-Bouyer (Suplemento Dominical del Diario El Comercio, 6.01.2008)

Monique Alaperrine-Bouyer es una peruanista francesa que ha centrado sus estudios en la educación en el Perú colonial. Después de años de investigación presenta un libro que ronda un tema poco abordado: los colegios de caciques de Lima y Cuzco. Desde París contestó algunas preguntas para El Dominical.

Por Jorge Paredes

La figura del cacique ha comenzado a cobrar importancia para los historiadores de la Colonia. Trabajos como los de María Rostworowski, Scarlet O'Phelan o la reciente publicación de José de la Puente Luna (Los curacas hechiceros de Jauja) han centrado su atención en esa red de poder local encarnada por el cacicazgo, que -en plena dominación hispana- sirvió de bisagra entre la «república de indios» y la administración colonial. La figura del cacique representa, además, toda la complejidad del proceso de conquista, un hecho que no se dio de la noche a la mañana, sino que se gestó en el tiempo mediante la fuerza, pero también a través de alianzas y estrategias usadas tanto por dominadores como por dominados. Los caciques, esos señores de indios, fueron los que más sintieron la dominación, muchos perdieron la vida, pero otros se adaptaron paulatinamente a los nuevos tiempos. Pasaron a ser elites sojuzgadas, que, sin embargo, mantuvieron ciertos privilegios locales; pues, rápidamente, los españoles entendieron que esta era la única manera de evitar rebeliones y de sellar la conquista. « Esta administración (colonial) para controlar los recursos y recoger el tributo se coló en el molde inca, tratando al cacique de principal y modificando a su vez normas de sucesión al imponer que el hijo mayor heredase el título, según el modelo del mayorazgo », escribe Monique Alaperrine-Bouyer, una peruanista francesa, que ha presentado un libro (La educación de las elites indígenas en el Perú colonial, IEP, IRA, IFEA) que aborda un aspecto esencial para la inclusión del cacique en el mundo colonial: el tema de su educación. En ese primer siglo de dominación las elites indígenas comenzaron su aculturación, aprendieron el catecismo, el español y su escritura, y algunos el latín. Algo sorprendente que nos revela este trabajo que en corto tiempo muchos hijos de curacas no solo dominaron el castellano, sino aprendieron el derecho y la doctrina cristiana, llegando a ser escribanos del nuevo orden colonial. Esto causó temor entre no pocos españoles, quienes creían que esos « indios ladinos » podían poner el conocimiento del derecho y del cristianismo al servicio de los « herejes ». Jerónimo López escribía al emperador en 1541 que « dar instrucción a los caciques equivalía a dar armas al demonio contra los cristianos ».

Si bien la enseñanza a los primogénitos de los caciques comenzó a darse en los conventos, pronto surgió la idea de fundar colegios para ellos, siguiendo el ejemplo de México. Esto originó un encendido debate entre las órdenes religiosas y las autoridades coloniales, que duró gran parte de los siglos XVI y XVII. Este libro da cuenta de este proceso que significó la fundación de dos colegios para caciques en Lima y Cuzco, ambos administrados por la Compañía de Jesús hasta 1767.

¿Cuál fue la importancia del cacique durante la conquista y la evangelización? ¿Pertenecían todos a la nobleza incaica o eran de otros pueblos?
Primero tengo que precisar que el cacique no era forzosamente inca. Es más la mayor parte de ellos no lo era, sino eran descendientes de las elites locales. Los descendientes de los incas se mantuvieron en su gran mayoría en la región del Cuzco. La importancia de los caciques en la época colonial fue disminuyendo a medida que el poder español se afirmaba y organizaba. Al principio, los españoles necesitaban a los caciques para lograr la cristianización de los indios del común y para recoger el tributo: los religiosos eran pocos y los indios muchos. La cuadriculación del territorio que los incas habían instituido para recoger el tributo sirvió a sus vencedores y solo el cacique tenía la autoridad necesaria. Después la población indígena disminuyó y aumentó la española, creándose el oficio de corregidor de indios, que amenazaba y reducía el poder de los caciques.

Recientes trabajos se han ocupado del tema de los caciques durante la Colonia. En ese aspecto su libro se centra en un aspecto clave: la educación de los caciques, ¿cuál es el escenario en que se da esta instrucción y de qué manera los españoles asimilaron al cacique en su esquema de dominación?
La educación de los hijos de caciques fue una medida dentro del fenómeno conocido como extirpación de las idolatrías. Antes de la fundación de los dos colegios, los caciques se educaban en los conventos o con el doctrinero, pero cuando se constató hacia 1610 que los indios seguían con sus tradiciones religiosas en su gran mayoría, el virrey Esquilache decidió retomar un proyecto que había sido de Francisco de Toledo, más de cuarenta años antes, e institucionalizar la educación de los hijos primogénitos de los caciques fundando dos colegios: uno en el cercado de Lima llamado colegio Real del Príncipe y otro en el Cuzco llamado de San Borja.

¿Qué función cumplieron estos colegios y qué tipo de educación se impartía a los hijos de los caciques, que suponemos era distinta a la ofrecida a indios y a españoles?
Estos colegios cumplieron, como ya lo he dicho, la función de una institución, idea que al principio agradaba a los caciques porque representaba un reconocimiento de su nobleza, pero muy pronto, los jesuitas, que dirigían estos colegios, aceptaron a niños españoles pobres, y a otros no tan pobres que pagaban. Entonces, estos colegios, donde al principio se enseñaba latín, se convirtieron en escuelas de educación primaria para todos. En cuanto pudieron los caciques dejaron de mandar a sus hijos y el colegio de Lima, sobre todo, decayó totalmente hasta que después de la expulsión de los jesuitas, se intentó de nuevo darle cierto atractivo. En cuanto a los indios del común, salvo excepción, no aprendían a escribir ni a leer, solo asistían a la doctrina. La oposición de una gran parte de la sociedad colonial a los colegios de caciques fue muy importante, por miedo y por desprecio, creando muchos obstáculos a su funcionamiento.

Usted hace un seguimiento de los caciques que pasaron por estos centros, incluso se registra un descendiente del inca Túpac Yupanqui ¿cuál fue el destino de ellos? ¿Existen indios ilustrados en la colonia, cuya vida y acción han pasado desapercibidas?
Rastrear a los caciques educados en los colegios de Lima y Cuzco no ha sido una tarea fácil, ya que solo se ha podido conocer a quienes dejaron algunas huellas en pleitos o testamentos. Los destinos de estos hombres son muy distintos, unos fueron buenos caciques que defendieron a sus indios contra los abusos de españoles y criollos, tal es el caso de don Juan Picho; otros al contrario se portaron como los dominadores; y otros, como Limaylla, intentaron ser portavoces de otros caciques, reclamando justicia y menos abusos, con una conciencia política muy clara. Sin éxito, claro está. Los indios ilustrados pasaron desapercibidos porque no podían ser escuchados, el caso de Limaylla lo ilustra perfectamente.

Las hijas de caciques constituyen una historia aparte, muchas fueron llevadas a los beaterios, sin embargo la figura de la cacica fue también importante en el poder local de los andes, sobre todo en el centro y sur del país, ¿qué referencias tiene al respecto?.
La figura de la cacica existió en efecto en ciertas partes de los Andes y de la costa. Lo que pude rastrear es que ciertas mujeres recibían una educación en los conventos, y esto por la voluntad de sus padres. Cuando tenían el título por herencia por falta de hermano varón, eran muy codiciadas como esposas, y no se les exigía saber escribir, ya que el poder efectivo lo tenían los hombres. Esto es lo que pude deducir de algunos casos que se me ofrecieron, pero me centré esencialmente en los colegios de caciques que excluían con toda evidencia a las mujeres.

Entrevistas a FRANCISCO DURAND

En el imaginario colectivo peruano ha causado sorpresa, rabia, tristeza y desazón la venta de las empresas del Grupo WONG a CENCOSUD (Empresa de origen chileno). Honestamente, desde el comienzo no creimos que este hecho económico debía verse solamente en el marco de la vieja relación amor-odio entre Perú y Chile sino que hay que explorar el viejo tema de la necesidad de una Burguesía Nacional comprometida con el destino histórico del Perú (como reclamaba el gran Jorge Basadre) y su posibilidad de gestación o desarrollo en estos tiempos globalizados y de libre comercio.
Para explorar esa perspectiva, me parece importante las reflexiones de Francisco Durand, un peruano a carta cabal, sociologo y estudioso de los grupos de poder económico en el Perú, de los procesos económicos mundiales y del papel de la politica fiscal. a continuación presentamos dos entrevistas que le han realizaso en dos diarios limeños.

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(Diario Perú 21, 23.12.2007)

El sociólogo y economista Francisco Durand analiza los factores detrás de la venta de Wong. La globalización ha hecho que el mundo sea hoy el verdadero supermercado. La primera vez que compró algo en Wong fue en 1992, pues le dijeron que había una buena variedad de pisco. No le engañaron. Francisco Durand (Lima, 1950), profesor principal de la Universidad de Texas, no culpa a los hermanos Wong por la millonaria operación, pero cree que el Perú no ha salido ganando porque se ha generado una "ola de tristeza económica". En tiempos en los que la gente sabe el precio de todo, ¿qué valor tienen los sentimientos?

Por Michael A. Zárate

¿Ha sido la venta de Wong una buena noticia para el país?
Bueno, hay reacciones positivas y negativas, y eso hace muy interesante el tema. A los Wong no los culpo porque era una situación muy difícil. No podían seguir invirtiendo ni adquiriendo tecnología como para mantenerse en el mercado. Entonces, tenían que vender ahora a buen precio. Pero el país no gana porque se ha generado una ola de tristeza económica.

¿A qué se refiere usted con "una ola de tristeza económica"?
Me refiero a que hay un pesar porque ha sucumbido un grupo peruano que era considerado un motivo de orgullo. Y, además, porque la compra de Wong la hizo un vecino poderoso que está expandiéndose más hábilmente que el Perú. Esos dos factores hacen que la tristeza sea mayor a la que originó, por ejemplo, la venta de Backus.

Sí, pues. Si el grupo Wong hubiera sido adquirido por cualquier otro país, no se habría generado esta tristeza.
Sí, eso es evidente. Este tema no está en los titulares ni es mencionado por los ministros, pero la verdad es que hay una creciente preocupación por el nivel de influencia económica que tienen los grupos de poder chilenos.

Algo curioso es que la gente habla de Wong como si fuera de su propiedad. ¿Por qué se da esa identificación con una empresa privada?
La última encuesta de la Universidad Católica muestra que hay una ambivalencia en la opinión del pueblo respecto a los empresarios: da trabajo, pero es explotador; es mercantilista, pero tiene inventiva. En mi análisis veo que cuando se trata de capital extranjero y de grandes empresas que eran de familias oligárquicas, la opinión tiende a ser negativa. Pero cuando hablamos de 'capitalismo popular', como los Wong, los Añaños, los Rodríguez Banda, que se han hecho a punta de esfuerzo, hay un gran sentimiento de admiración.

Esa cercanía con la gente favoreció definitivamente a los Wong.
Sí, además de otros tres factores. En primer lugar, el hecho de que su historia de éxito haya sido bien difundida entre los peruanos. Un segundo factor es que los supermercados Wong tenían una política muy hábil para vincularse con la comunidad. Además de los programas de ayuda social, ellos recibían miles de cartas y respondían especialmente las de quienes vivían cerca de las tiendas. Un tercer factor es el corso.

¡Exacto! La pregunta de los US$500 millones -lo que costó Wong- es qué va a pasar con el tradicional Gran Corso por Fiestas Patrias.
Claro. ¿Cómo un grupo de chilenos va a organizar un corso? Va a tocar nuestro nacionalismo económico y esto se hace en un momento en que tenemos problemas fronterizos con Chile que nunca terminan de resolverse.

Por eso algunos humoristas ya bromean al decir que van a traer el Huáscar para el corso.
Esa es muy buena (ríe), pero tenga en cuenta que el corso era también una manera que tenía Wong para vincularse con miles de empresas y proveedores. Yo supongo que ahora no les quedará más que continuar y tratar de controlar esta tristeza económica con algunos mecanismos promocionales. Supongo que sus expertos en imagen deben estar ahora trabajando a full.

La gente se molesta por lo de Wong, pero no tiene problemas en ir a comprar a Saga o a Ripley. ¿Por qué?
Saga y Ripley fueron tiendas que siempre estuvieron en manos de extranjeros. Primero fue Sears. Lo de Wong no. Había todo ese concepto del 'chino de la esquina'. Entonces, uno sentía que estaba en su supermercado. Esa era la ventaja competitiva de los Wong, complementado con el sentimiento de peruanidad como elemento de marketing para reforzarse frente a la competencia internacional.

Está también la promoción del pisco en sus tiendas.
¡Exacto! Los Wong, incluso, habían fabricado sus propios piscos. Mire, muchos analistas hablan de este tema en privado, pero veo poco debate en la prensa. ¿Por qué? Creo que una posible respuesta es la eficacia del 'lobby' chileno. Deben estar haciendo 'lobby' porque saben que hay sensibilidad en el tema y los negocios requieren de paz.

Para algunos, la venta de Wong muestra la debilidad del empresariado nacional. Otros creen que si en el Perú se hubiesen aplicado políticas liberales desde hace 20 años quizá hoy un grupo como Wong hubiera podido comprar el 'holding' Cencosud.
Los dos conceptos son complementarios. El empresario peruano moderno apareció tardíamente. Su presencia en el mercado nunca fue muy grande ni dinámica. Recuerde que el Perú entró tarde al juego del libre mercado. Recién a partir de 1990, mientras que Chile empieza en 1973. Además, entre 1978 y 1998 hay una secuela de crisis que desangra financieramente al capital peruano. Entonces, cuando vienen las privatizaciones, el capital nacional está anémico.

Claro. Quien se beneficia con las privatizaciones es el capital extranjero. Eso nos diferencia de Chile o México, donde tenemos el caso de Carlos Slim.
Correcto. Ese es un muy buen ejemplo. Slim compró la telefónica de México con préstamos de aquí y de allá, controlando el 5% o 6% de las acciones, pero tenía una ley y un gobierno que lo favorecían. Acá todo se vendió al mejor postor y ese fue el capital extranjero. Ahí se nos pasó el tren porque no teníamos la capacidad gerencial económica para entrar a ese gran remate. Hoy hay que darle vitaminas al capital peruano.

La historia nos dice también que nunca tuvimos una burguesía capaz de establecer proyectos nacionales. ¿Se nos volverá a pasar el tren?
Estamos en riesgo de que el Perú se convierta en una provincia del mercado global, pero sin dinámica propia, sin personalidad propia. No obstante, creo que con la unión de empresarios inteligentes e innovadores, así como de técnicos y políticos con visión de desarrollo, se puede revertir esta tendencia.

El caso Wong podría poner un tema en debate. ¿Debe existir ya un límite para las inversiones chilenas en el Perú?
No le daría una respuesta definitiva, pero sí debe ser materia de un debate abierto y técnico. Yo preferiría considerar lo que hemos hablado antes: cómo darle vitaminas al capital nacional. Creo que ha llegado el momento de que en ciertos campos importantes por razones de seguridad nacional solo haya presencia peruana.

¿Los puertos, por ejemplo?
Ahí por lo menos no debería ingresar capital chileno que esté en condición mayoritaria. En EE.UU. se concesionó el puerto de Nueva Jersey y este terminó en manos de la empresa árabe Dubai. El Congreso estadounidense influyó para que el presidente Bush convenciera a esta empresa de que vendiera las acciones a una compañía norteamericana. Hay, pues, antecedentes internacionales.

¿Cree que con las directrices expuestas por el presidente Alan García en sus artículos sobre el 'perro del hortelano', este gobierno será capaz de darle vitaminas al capital peruano?
Esos artículos son más una crítica a los peruanos que no invierten ni dejan invertir. Esa discusión es poco seria frente a los grandes problemas nacionales. Lo que deberíamos impulsar es un debate sobre cuál es el estado de la empresa peruana y qué necesita para salir adelante. Deberían haber políticas de desarrollo para la empresa nacional en condiciones de mercado abierto.

¿Y cree que el Gobierno desea aplicar esas políticas de desarrollo?
Hay sectores que sí lo creen necesario, pero el Apra está tan preocupado por su mala imagen del pasado, por sus esqueletos en el clóset, que está atemorizada. No podemos ser un país de empresarios pequeños y medianos. Así no hay desarrollo nacional. Ningún país se ha desarrollado por el capital extranjero. Para que haya un verdadero desarrollo debemos contar con empresarios propios y con instituciones fuertes. No veo que el gobierno aprista ni el Ministerio de Economía estén tomando grandes iniciativas en esos dos campos.

¿Qué significado le da al hecho de que la compra de Wong haya sido anunciada en Palacio de Gobierno?
Fue una cosa muy curiosa, ¿no? La ceremonia contó con la bendición del presidente y fue apadrinada por el ministro Rafael Rey. Creo que fue un intento mediático para adelantarse a esa tristeza económica que ellos ya veían venir. Trataron de presentar la venta como un éxito cuando más bien implica una debilidad competitividad, incluso, de los capitales nacionales más modernos y más dinámicos.

En una reciente entrevista al diario El Mercurio, el ex presidente de la Confiep José Miguel Morales recomendó a los empresarios chilenos invertir en el Perú porque acá estábamos como en Chile hace 25 años.
No lo creo. Estamos muy atrasados en relación con lo que Chile era en 1980. Es una declaración poco oportuna. Lo que pasa es que hay la mentalidad de que la apertura, de por sí, trae efectos positivos. Y no es así. Yo no propongo un 'antichilenismo'. Simplemente reconozco que este nacionalismo económico puede crecer si no tenemos mayor capital peruano. Yo hubiese preferido que se dijera cómo hacemos para que el Estado permita que los peruanos participen en los mercados externos.

Hay preocupación en el Perú por las consecuencias que pueda traer una recesión en Estados Unidos el próximo año. ¿Cómo ve esto?
Es cierto. La recesión va a ocurrir y espero que no sea grave. A medida que baje la tasa de interés, el dólar se debilitará aún más. Eso tendrá un efecto en el Perú. Aumentará la gasolina y los alimentos, y puede haber una desaceleración de la economía mundial.

¿Qué debería hacer el Perú?
El Estado debe haberse preparado con una política de ahorro con fondos que permitan capear el temporal. Mire, la bonanza no quiere decir que todo va bien, sino que se debe ahorrar para cuando venga el contraciclo. En cada recesión muere el más débil y en este caso es el capital nacional.

¿Qué imagen tiene del empresariado?
El empresariado nacional todavía tiene que demostrar que está a la altura de las circunstancias. Debe producir bienes de calidad que se vendan aquí y afuera, debe invertir en su país y debe ser líder de opinión. Mientras no ocurra eso, la imagen será siempre ambivalente y de baja legitimidad.

Nos preguntaremos, como en el poema de Bertolt Brecht, ¿qué es peor: robar un banco o fundar un banco?
(Ríe) Bueno, esa imagen se puede revertir con empresarios jóvenes de origen popular, que muestren capacidad de competencia.

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(Suplemento Domingo del Diario La República, 23.12.2007)

El sociólogo y estudioso de los grupos de poder económico en el Perú, Francisco Durand, analiza la reciente venta del Grupo Wong a la cadena chilena Cencosud. Para Durand no hay nada que festejar al respecto. Por el contrario, le ha llamado la atención que el anuncio tuviera como escenario un salón de Palacio de Gobierno. Y nada menos que con Rafel Rey y el presidente Alan García como promotores de la desnacionalización acelerada de la economía peruana.

Por Jorge Loayza

La venta de la corporación Wong al grupo chileno Cencosud ha causado revuelo en el medio local, para algunos es una decepción. El problema es que la venta parecía inevitable.
Creo que de un lado Wong no tenía el capital ni la experiencia internacional para expandirse más, porque aún hay un margen grande de crecimiento para los supermercados en el mercado peruano, no solo en Lima sino en todo el país. De otro lado, hay una muy intensa competencia internacional entre grandes corporaciones de supermercados por entrar al mercado peruano, porque hay espacio para crecer. Antes hubo varios intentos de comprar, y Wong había resistido. Por ejemplo, cuando estuvieron los chilenos de Santa Isabel hubo una guerra de precios, pero los Wong salieron adelante. Si no vendían probablemente iban a entrar a una competencia muy fuerte con un grupo internacional y tal vez iban a terminar muy debilitados.

¿Con Wong ha sucedido algo similar al caso Backus, que también fue una gran compra de una empresa nacional?
La diferencia es que Backus comenzó a comprar cuanta marca peruana había, para hacerse más fuerte, y luego la empresa terminó en manos de Bavaria, y después esta vendió todo su grupo a una transnacional. Lo que vemos es que las corporaciones se han convertido en mercancías que se compran y se venden, pero cada vez las compran los peces más grandes, los de mayor palanca financiera, mayor capacidad administrativa y más manejo del mercado, manejan seis a siete mercado a la vez.

¿Eso es inevitable?
Es un hecho inevitable, pero esa desnacionalización económica se hace más evidente en países con empresariados débiles.

Usted sostiene en una columna que un modelo económico exitoso debe contar necesariamente con un empresariado nacional sólido.
Hay una desnacionalización acelerada de la economía peruana. Este caso lo confirma. Antes lo había demostrado el caso de la Backus, hay un desplazamiento muy fuerte, incluso de los grupos más modernos y competitivos. La diferencia entre el grupo Wong y Backus es que Wong había emergido e invertido durante la época de crisis, era innovador y durante muchos años resistió la competencia internacional, bueno, hasta ahora. Habría que ver si esos millones de dólares que están en manos del Grupo Wong por la venta son invertidos colectivamente por los hermanos en alguna gran empresa, quizá puedan encontrar otro nicho. Si eso no ocurre se repetirá lo que pasó con los Bentín o los Lanata Piaggio, quiere decir que esa capacidad empresarial aún no se hará evidente.

¿Cómo afecta el que se pierdan empresas nacionales tan arraigadas?
Tiene varios efectos. Uno de ellos es que la articulación de la cadena hacia proveedores va ser menos peruana y va ser más internacional. La ventaja de un grupo nacional es que, primero, articula una cadena de pequeñas y medianas empresas básicamente nacionales; y segundo, que quiere invertir más en el país, cuando los grupos pasan a manos de otros su cadena de proveedores se hace más internacional como el caso Telefónica que compra teléfonos a empresas de España. Por eso es importante contar con un capital peruano dinámico y competitivo.

¿Sucederá con los Wong lo que antes pasó con otros empresarios locales que de dueños pasaron a ser empleados del capital extranjero?
Hace varios años hablaba con unos empresarios que me comentaban que se estaban convirtiendo en gerentes y eso es cada vez más cierto. Sucedió con los Bentín en Backus,

La diferencia de los Wong es que eran un símbolo de orgullo empresarial peruano.
De los grupos peruanos de éxito que han surgido durante o después de la crisis, y que no han estado vinculados a los doce apóstoles, destacaba Wong, estaba seguido de Galski en el sector pesquero, Gloria de los Rodríguez Banda y el otro era los Añaños. De esos cuatro emergentes que representaban el éxito, solo quedan dos: Añaños y Rodríguez Banda.

El caso es que los Wong gozaban de tanto aprecio que, alguna vez, en una encuesta de opinión, Efraín Wong salió como un potencial candidato presidencial entre los empresarios locales, ¿por qué?
Don Erasmo Wong era muy respetado porque esa capacidad de haber sacado adelante una empresa, crecer, enfrentar la competencia internacional era toda una historia de éxito que generaba mucha admiración y esperanza, ahora esa historia es cosa del pasado. Lo que me llama la atención es que la ceremonia haya sido en Palacio y apadrinada por Rafael Rey.

¿Qué sectores económicos encuentra sólidos y cuyas empresas podrían salvarse de ser absorbidos por capitales foráneos?
Francamente no veo ninguno, el capital nacional no está desapareciendo, sino que está siendo desplazado de los grandes negocios, de los rubros más dinámicos y estables, se está yendo hacia abajo, uno lo encuentra más como medianas y pequeñas empresas, es poco competitivo.

¿Qué panorama ve ahora no solo con esta compra sino con otras que puedan darse en otros sectores de la economía?
Nos estamos convirtiendo en una república bananera. A comienzos del siglo pasado se hablaba de república bananera por países pequeños donde había gran influencia de las corporaciones. Ese es un problema, que haya una gran concentración económica en pocas manos, y encima que sean corporaciones extranjeras, que no tienen como máxima prioridad el desarrollo sino la búsqueda de mercado y la ganancia, cuando ellas ejercen mucha influencia política pueden evitar que el Estado y la sociedad piensen en términos más propios e independientes sus cuestiones de desarrollo. Nosotros no tenemos un plan de desarrollo, no existe, solo medidas parciales que se anuncian en las elecciones como el TLC para todos, Sierra Exportadora, pero detrás no hay ninguna intención seria de un apoyo sistemático del desarrollo del capital nacional. Para mí, ese es el mayor problema. Incluso los estudiosos de la empresa, como Peter Drucker, siempre han dicho que la misión de la empresa multinacional no es desarrollar un país, eso queda en manos del Estado. Las multinacionales que influyen mucho sobre el Estado pueden bloquear ese tipo de iniciativas.