Expreso

El legislador nacionalista José Urquizo anunció ayer que está evaluando presentar una acusación constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Hugo Sivina Hurtado, por el presunto delito de nombramiento ilegal de cargo en los casos de los funcionarios Roque Bravo Basaldúa, secretario general del JNE, y María del Pilar Valderrama Dortrait, directora de la Oficina de Cooperación Internacional y Relaciones Internacionales del JNE.

“Tengo conocimiento de las denuncias periodísticas respecto de presuntas designaciones ilegales en el máximo ente electoral y por eso mismo he cursado sendos oficios al titular del JNE, Hugo Sivina, solicitándole toda la información necesaria. Mientras tanto estoy evaluando presentar una acusación constitucional contra Sivina Hurtado por el presunto delito de nombramiento ilegal de cargo”, sostuvo Urquizo Magia.

El legislador ayacuchano manifestó además que este tipo de denuncias son preocupantes toda vez que debemos recordar que tenemos a puertas la realización de dos procesos electorales en nuestro país.

EXPRESO denunció que las designaciones de Roque Bravo Basaldúa, secretario general del JNE, y María del Pilar Valderrama Dortrait, directora de la Oficina de Cooperación Internacional y Relaciones Internacionales del JNE, incumplen los requisitos que para esos cargos exige el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la entidad electoral.

Incluso el procurador anticorrupción Jorge Luis Caldas Malpica denunció ante la Fiscalía Penal de turno, al secretario general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roque Augusto Bravo Basaldúa, por el presunto delito de aceptación ilegal del cargo porque asumió la función cuando todavía no había cesado como juez de paz letrado en el distrito de Los Olivos.

El Comercio

Distintos casos de violación de niñas por parte de menores de edad ha abierto un debate en España para “proteger a las víctimas más vulnerables”

Madrid (EFE). Las presuntas violaciones de dos niñas de 13 años por parte de varios menores de edad en las últimas semanas ha abierto un debate en España sobre la modificación de la ley que regula la responsabilidad penal de los menores.

La pasada semana fueron detenidos siete menores por la supuesta violación de una niña de 13 años en la localidad andaluza de Isla Cristina (sur), pero dos de ellos no tienen responsabilidad penal por tener menos de 14 años de edad.

La madre de la víctima, Germana Airtel, pidió públicamente tras la detención que los siete menores implicados sean juzgados, incluso hasta los que tienen menos de 13 años porque, “todos han estado en el mismo sitio y son todos iguales”.

Además, la semana anterior, seis jóvenes, cinco de ellos menores, fueron detenidos como sospechosos de violar a otra menor de 13 años en otra localidad andaluza, Baena.

A raíz de estos hechos, el principal partido de la oposición en España, el conservador Partido Popular (PP), ya ha anunciado que en septiembre, cuando se inicie el nuevo periodo de sesiones, pedirá en el Parlamento una reforma de la Ley del Menor y para “acotar la impunidad”.

El partido conservador considera que, en los casos de especial gravedad, la ley debe permitir imputar a los menores de 14 años.

JUECES DE ACUERDO
Por su parte, las cuatro asociaciones españolas de jueces coinciden en que es necesario actuar en relación con los delitos graves cometidos por estos menores, aunque no creen que la solución esté en una reforma de la Ley del Menor, como propone el PP.

La legislación española dice que “los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente”, aunque aclara que “cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule la responsabilidad penal del menor”.

Sin embargo, la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores completa la doctrina y exige responsabilidad a “las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales”, con el objetivo de conseguir la reinserción.

Esta petición ya fue planteada ante otros sucesos que han tenido especial repercusión mediática en España como el de Sandra Palo, una joven de 22 años con una minusvalía psíquica, que en 2003 fue violada, atropellada y quemada viva por tres menores y un joven de 18 años en Madrid.

Y más recientemente en el caso de la joven Marta del Castillo, desaparecida el pasado mes de enero en la ciudad de Sevilla y en cuyo presunto asesinato participó otro menor.


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