Expreso
Dio a conocer que ex canciller Francisco Tudela era considerado un personaje incómodo para el “Doc” y hasta lo consideraba su enemigo.
El ex mandatario Alberto Fujimori explicó ayer que el pago de los 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos, tuvo el propósito de evitar la posibilidad de un golpe de Estado preparado por el ex asesor de Inteligencia.
Durante su alegato final en el juicio por el “Caso 15 Millones”, Fujimori indicó que fue el ex ministro Carlos Boloña quien, por su propia iniciativa, le hizo la propuesta a Montesinos para, de esta manera, evitar la ocurrencia de dicha ruptura democrática.
“Tuvimos que recurrir a medidas extremas para garantizar la estabilidad y transferencia del poder, pero con la entrega transitoria de los 15 millones se logró que el ex asesor saliera del país, (…) frustrando de esta manera su anunciando golpe”, aseguró.
Según Fujimori, 41 días después ese dinero fue devuelto al erario nacional, como fue, argumentó, “nuestro objetivo desde un inicio”.
“Desactivamos una emergencia, neutralizamos un enorme daño al país, al tiempo que evitamos el Estado se viera perjudicado”, aseveró.
Fujimori sostuvo que cuando postuló por tercera vez el año 2000 diseñó una estrategia para que, en caso de ganar el proceso electoral, dejaría en la presidencia al ex canciller Francisco Tudela, quien incluso, dijo, ya había aceptado.
Elemento incómodo
Refirió que esta propuesta, no le generó “ninguna gracia” a Montesinos, puesto que Tudela era un “elemento incómodo” e inclusive se consideraban “enemigos”.
“Desde ese momento me enteré que Vladimiro Montesinos preparaba un golpe de Estado y el día de la difusión del video Kouri–Montesinos, comprobé sus intenciones de tener su propia bancada y un proyecto”, señaló.
Es en ese momento, refirió, que fue junto a su hermano Santiago y a su hija Keiko, que decidió “prescindir en sus funciones a Montesinos y desactivar el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)”.
“De allí se acrecientan las amenazas que terminarían, incluso, por impedirme el ingreso a Palacio de Gobierno”, aseguró.
Estrategia
El ex jefe del Estado señaló que en ese momento diseñó una estrategia para neutralizar cualquier intento de golpe junto a un grupo de militares “leales” que le confirmaron, además, que había un plan en marcha contra su mandato.
“Es en medio de esta situación, que el entonces ministro Carlos Boloña se contacta con el ex asesor para hallar una salida. Es el propio Boloña, dentro de su conocido pragmatismo y por su propia iniciativa, (quien) propone a Montesinos desistir de sus intentos de golpe de Estado a cambio de un pago”, manifestó.
Recordó que tanto Boloña con Federico Salas, jefe del Gabinete en aquellos momentos, le indicaron que ésta era la “única alternativa” para evitar un “mal mayor al país”, persuadiéndolo que era necesario aceptar las condiciones de Montesinos.
“Luego de esta reunión dejé pasar unos días, sin concretar nada. (Incluso) Postergué al máximo la dación de este decreto de urgencia (para liberar los 15 millones de dólares), (pero), (…) era consciente de que la propuesta de Boloña constituía una forma concreta de terminar con los intentos de golpe de Montesinos”, anotó.
Amenaza de retorno
Agregó que tras la partida de Montesinos hacia Panamá, país donde él le consiguió el asilo, recibió una llamada que anunciaba el retorno del ex asesor al Perú, debido a que “su vida corría peligro”.
Sostuvo que dictó una disposición por la que una vez que Montesinos ingresara el país, se le ordenara su traslado al SIN donde debería permanecer “inmovilizado”, mientras se efectuaba una investigación sobre sus “acciones ilícitas”.
“Le encomendé este operativo al general (José) Villanueva Ruesta, pero (él) estaba de lado de Montesinos y terminó facilitando su huida de Pisco a Lima”, acotó.
El ex presidente aseguró que tras iniciar la búsqueda de los “leales” a Montesinos, es que recibe una llamada donde lo conminó a “entregarse inmediatamente” y le dijo que si no lo hacía “debía atenerse a las consecuencias”.
Explicó que durante ese operativo fueron a la sede del SIN, donde tras una “intensa búsqueda” se lograron recuperar los 15 millones de dólares.
“Con el dinero recuperado lo único que me interesó fue efectuar su restitución, para lo cual cité a los ministros de Economía, Carlos Boloña; de Defensa, Carlos Bergamino y a Alfredo Jalilie para que iniciaran el proceso respectivo de manera inmediata”, acotó.
En otro momento, Fujimori sostuvo que la finalidad de este juicio en su contra es no tenerlo libre, puesto que ello “cambiaría la escena política” del país, no sólo para el 2011 sino en la actualidad.
Dio a conocer que ex canciller Francisco Tudela era considerado un personaje incómodo para el “Doc” y hasta lo consideraba su enemigo.
El ex mandatario Alberto Fujimori explicó ayer que el pago de los 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos, tuvo el propósito de evitar la posibilidad de un golpe de Estado preparado por el ex asesor de Inteligencia.
Durante su alegato final en el juicio por el “Caso 15 Millones”, Fujimori indicó que fue el ex ministro Carlos Boloña quien, por su propia iniciativa, le hizo la propuesta a Montesinos para, de esta manera, evitar la ocurrencia de dicha ruptura democrática.
“Tuvimos que recurrir a medidas extremas para garantizar la estabilidad y transferencia del poder, pero con la entrega transitoria de los 15 millones se logró que el ex asesor saliera del país, (…) frustrando de esta manera su anunciando golpe”, aseguró.
Según Fujimori, 41 días después ese dinero fue devuelto al erario nacional, como fue, argumentó, “nuestro objetivo desde un inicio”.
“Desactivamos una emergencia, neutralizamos un enorme daño al país, al tiempo que evitamos el Estado se viera perjudicado”, aseveró.
Fujimori sostuvo que cuando postuló por tercera vez el año 2000 diseñó una estrategia para que, en caso de ganar el proceso electoral, dejaría en la presidencia al ex canciller Francisco Tudela, quien incluso, dijo, ya había aceptado.
Elemento incómodo
Refirió que esta propuesta, no le generó “ninguna gracia” a Montesinos, puesto que Tudela era un “elemento incómodo” e inclusive se consideraban “enemigos”.
“Desde ese momento me enteré que Vladimiro Montesinos preparaba un golpe de Estado y el día de la difusión del video Kouri–Montesinos, comprobé sus intenciones de tener su propia bancada y un proyecto”, señaló.
Es en ese momento, refirió, que fue junto a su hermano Santiago y a su hija Keiko, que decidió “prescindir en sus funciones a Montesinos y desactivar el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)”.
“De allí se acrecientan las amenazas que terminarían, incluso, por impedirme el ingreso a Palacio de Gobierno”, aseguró.
Estrategia
El ex jefe del Estado señaló que en ese momento diseñó una estrategia para neutralizar cualquier intento de golpe junto a un grupo de militares “leales” que le confirmaron, además, que había un plan en marcha contra su mandato.
“Es en medio de esta situación, que el entonces ministro Carlos Boloña se contacta con el ex asesor para hallar una salida. Es el propio Boloña, dentro de su conocido pragmatismo y por su propia iniciativa, (quien) propone a Montesinos desistir de sus intentos de golpe de Estado a cambio de un pago”, manifestó.
Recordó que tanto Boloña con Federico Salas, jefe del Gabinete en aquellos momentos, le indicaron que ésta era la “única alternativa” para evitar un “mal mayor al país”, persuadiéndolo que era necesario aceptar las condiciones de Montesinos.
“Luego de esta reunión dejé pasar unos días, sin concretar nada. (Incluso) Postergué al máximo la dación de este decreto de urgencia (para liberar los 15 millones de dólares), (pero), (…) era consciente de que la propuesta de Boloña constituía una forma concreta de terminar con los intentos de golpe de Montesinos”, anotó.
Amenaza de retorno
Agregó que tras la partida de Montesinos hacia Panamá, país donde él le consiguió el asilo, recibió una llamada que anunciaba el retorno del ex asesor al Perú, debido a que “su vida corría peligro”.
Sostuvo que dictó una disposición por la que una vez que Montesinos ingresara el país, se le ordenara su traslado al SIN donde debería permanecer “inmovilizado”, mientras se efectuaba una investigación sobre sus “acciones ilícitas”.
“Le encomendé este operativo al general (José) Villanueva Ruesta, pero (él) estaba de lado de Montesinos y terminó facilitando su huida de Pisco a Lima”, acotó.
El ex presidente aseguró que tras iniciar la búsqueda de los “leales” a Montesinos, es que recibe una llamada donde lo conminó a “entregarse inmediatamente” y le dijo que si no lo hacía “debía atenerse a las consecuencias”.
Explicó que durante ese operativo fueron a la sede del SIN, donde tras una “intensa búsqueda” se lograron recuperar los 15 millones de dólares.
“Con el dinero recuperado lo único que me interesó fue efectuar su restitución, para lo cual cité a los ministros de Economía, Carlos Boloña; de Defensa, Carlos Bergamino y a Alfredo Jalilie para que iniciaran el proceso respectivo de manera inmediata”, acotó.
En otro momento, Fujimori sostuvo que la finalidad de este juicio en su contra es no tenerlo libre, puesto que ello “cambiaría la escena política” del país, no sólo para el 2011 sino en la actualidad.
La República
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe defendió la "conveniencia" del acuerdo para el uso de bases militares colombianas por parte de Estados Unidos que negocian.
"Obtener acuerdos con países como Estados Unidos para que, con todo el respeto a la Constitución colombiana, a la autonomía de Colombia, nos ayuden en esta batalla contra el terrorismo, contra el narcotráfico, es de la mayor conveniencia para el país", dijo Uribe.
Según los ministros colombianos, el objetivo del acuerdo no es suplantar a la base ecuatoriana de Manta, donde mañana finalizarán las operaciones antinarcóticos que EE.UU. ha desarrollado allí durante una década, sino implementar "un esquema de cooperación moderna".
El acuerdo que negocian Bogotá y Washington establece el uso por parte de EE.UU. de las bases colombianas de Malambo (norte), Palanquero y Apiay, ambas en el centro del país, para actividades antidrogas.
Colombia está interesada en que esa presencia llegue también a otras dos bases donde ya hay personal asignado de Estados Unidos: Larandia, en el departamento sureño de Caquetá, y Tolemaida (centro).
El convenio tendría una vigencia de diez años y supondría inversiones en infraestructuras por parte de Estados Unidos por 5.000 millones de dólares. Asimismo, se autorizaría la presencia en las bases colombianas de un máximo de 800 militares y de 600 contratistas civiles del Pentágono u otros organismos de seguridad estadounidenses. (EFE)
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe defendió la "conveniencia" del acuerdo para el uso de bases militares colombianas por parte de Estados Unidos que negocian.
"Obtener acuerdos con países como Estados Unidos para que, con todo el respeto a la Constitución colombiana, a la autonomía de Colombia, nos ayuden en esta batalla contra el terrorismo, contra el narcotráfico, es de la mayor conveniencia para el país", dijo Uribe.
Según los ministros colombianos, el objetivo del acuerdo no es suplantar a la base ecuatoriana de Manta, donde mañana finalizarán las operaciones antinarcóticos que EE.UU. ha desarrollado allí durante una década, sino implementar "un esquema de cooperación moderna".
El acuerdo que negocian Bogotá y Washington establece el uso por parte de EE.UU. de las bases colombianas de Malambo (norte), Palanquero y Apiay, ambas en el centro del país, para actividades antidrogas.
Colombia está interesada en que esa presencia llegue también a otras dos bases donde ya hay personal asignado de Estados Unidos: Larandia, en el departamento sureño de Caquetá, y Tolemaida (centro).
El convenio tendría una vigencia de diez años y supondría inversiones en infraestructuras por parte de Estados Unidos por 5.000 millones de dólares. Asimismo, se autorizaría la presencia en las bases colombianas de un máximo de 800 militares y de 600 contratistas civiles del Pentágono u otros organismos de seguridad estadounidenses. (EFE)
18/07/09: Ignorancia o corrupción, escoja Ud.
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
La República
¿Por qué critican tanto al SNIP?
Cada cierto tiempo, el gobierno arremete contra el siempre vilipendiado Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y lo usa como chivo expiatorio de su propia incapacidad para ejecutar la inversión con agilidad y eficiencia. Ocurría con Alejandro Toledo, y sucede con Alan García, quienes en esto, como en varias otras cosas, parecen cortados por la misma tijera.
Todos los indicadores del ritmo de la inversión pública, a cualquier nivel del Estado, concluyen que esta avanza con una pachocha espantosa. En el primer semestre sólo se pudo ejecutar el 22.3% del total previsto para todo el año 2009.
En el gobierno central, el peor es el Ministerio del Interior, que solo concretó el 2.9% del total de la inversión pública prevista para todo el año. Entre los gobiernos regionales, los peores son los de Tacna y Ancash, que tienen los índices de ejecución presupuestal más bajos: 6.6 y 6.1%, respectivamente. Entre los distritos de Lima Metropolitana, el que está en la cola es San Miguel con sólo 4.2%. Y del ‘óbolo’ minero solo se ha ejecutado 33%. La cosa es para llorar.
El presidente García se llena la boca criticando a los gobiernos locales, especialmente al de Trujillo por la derrota histórica que ahí tuvo el Apra, pero la inversión pública hace agua por donde se vea el barco estatal.
El efecto de este retraso generalizado es muy grave: achata el crecimiento económico en un contexto de crisis internacional al atrasar el Plan de Estímulo Económico; mella la calidad de vida de la población al demorar obra pública necesaria; y profundiza la sensación de que el manejo económico no produce beneficios para el ciudadano más pobre.
A los gobiernos nunca les gusta reconocer errores, y entonces, buscan un biombo para esconder su propia incapacidad y lo suelen ubicar en el SNIP. Esto es falso porque la obra se retrasa básicamente por: burocracia incompetente; demoras en obtención de autorizaciones ambientales, arqueológicas, de disponibilidad de agua o de los ministerios de Educación y Salud; falta de saneamiento legal; y estudios deficientes.
Ninguna de esas razones tiene que ver con el SNIP. De la inversión prevista para el 2009, solo 1% del gobierno central está pendiente de viabilidad; de los gobiernos regionales, solo 7%; y de los gobiernos locales, 24%.
Ninguna flexibilización adicional al sistema va a acelerar la inversión pública y, en cambio, sí fomentaría menor transparencia en la obra pública. Los que critican al SNIP lo hacen por ignorancia o por que están interesados en profundizar la corrupción con obras hechas a la medida del bolsillo de la empresa que ejecuta la obra y del funcionario que la autoriza.
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
La República
¿Por qué critican tanto al SNIP?
Cada cierto tiempo, el gobierno arremete contra el siempre vilipendiado Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y lo usa como chivo expiatorio de su propia incapacidad para ejecutar la inversión con agilidad y eficiencia. Ocurría con Alejandro Toledo, y sucede con Alan García, quienes en esto, como en varias otras cosas, parecen cortados por la misma tijera.
Todos los indicadores del ritmo de la inversión pública, a cualquier nivel del Estado, concluyen que esta avanza con una pachocha espantosa. En el primer semestre sólo se pudo ejecutar el 22.3% del total previsto para todo el año 2009.
En el gobierno central, el peor es el Ministerio del Interior, que solo concretó el 2.9% del total de la inversión pública prevista para todo el año. Entre los gobiernos regionales, los peores son los de Tacna y Ancash, que tienen los índices de ejecución presupuestal más bajos: 6.6 y 6.1%, respectivamente. Entre los distritos de Lima Metropolitana, el que está en la cola es San Miguel con sólo 4.2%. Y del ‘óbolo’ minero solo se ha ejecutado 33%. La cosa es para llorar.
El presidente García se llena la boca criticando a los gobiernos locales, especialmente al de Trujillo por la derrota histórica que ahí tuvo el Apra, pero la inversión pública hace agua por donde se vea el barco estatal.
El efecto de este retraso generalizado es muy grave: achata el crecimiento económico en un contexto de crisis internacional al atrasar el Plan de Estímulo Económico; mella la calidad de vida de la población al demorar obra pública necesaria; y profundiza la sensación de que el manejo económico no produce beneficios para el ciudadano más pobre.
A los gobiernos nunca les gusta reconocer errores, y entonces, buscan un biombo para esconder su propia incapacidad y lo suelen ubicar en el SNIP. Esto es falso porque la obra se retrasa básicamente por: burocracia incompetente; demoras en obtención de autorizaciones ambientales, arqueológicas, de disponibilidad de agua o de los ministerios de Educación y Salud; falta de saneamiento legal; y estudios deficientes.
Ninguna de esas razones tiene que ver con el SNIP. De la inversión prevista para el 2009, solo 1% del gobierno central está pendiente de viabilidad; de los gobiernos regionales, solo 7%; y de los gobiernos locales, 24%.
Ninguna flexibilización adicional al sistema va a acelerar la inversión pública y, en cambio, sí fomentaría menor transparencia en la obra pública. Los que critican al SNIP lo hacen por ignorancia o por que están interesados en profundizar la corrupción con obras hechas a la medida del bolsillo de la empresa que ejecuta la obra y del funcionario que la autoriza.
La República
El Ministerio de Energía y Minas advirtió de que procederá al cierre de operaciones de la minera Doe Run si ésta no plantea una propuesta viable para salir de la crisis financiera.
El viceministro de Minas, Fernando Gala declaró en una radio local que "hay poca voluntad de parte de la empresa Doe Run en dar aporte fresco y garantías para ejecutar el Programa de Adecuación Medio Ambiental (PAMA)".
La empresa tenía el compromiso de invertir por el PAMA 400 millones de dólares en la construcción de una planta de tratamiento de ácido sulfúrico del circuito de plomo, que inaugurada el año pasado, y otra de tratamiento de ácido sulfúrico del circuito de cobre, que debía ponerse en funcionamiento en octubre de 2009.
Sin embargo, Doe Run Perú propuso a finales del mes pasado inyectar 31 millones de dólares y de capital fresco y pidió al Gobierno una extensión de 30 meses del plazo para la culminación del PAMA.
El Ministerio ha planteado a la empresa que aumente el aporte de capital fresco en, por lo menos, 100 millones de dólares, y que ponga en garantía el 100% de sus acciones.
Gala informó que Doe Run quedó en contestar a su solicitud hoy o, a más tardar, en los primeros días de la próxima semana.
El viceministro peruano dijo que el Gobierno puede aplicar contra la empresa el marco legal que impide el funcionamiento de las instalaciones cuando no cumplan con las medidas de protección medioambiental y disponer su cierre.
"En la práctica significa que no podría operar. Lo que tendría que hacer la empresa es vender sus activos, sus concesiones y buscar otro operador", explicó Gala. (EFE)
El Ministerio de Energía y Minas advirtió de que procederá al cierre de operaciones de la minera Doe Run si ésta no plantea una propuesta viable para salir de la crisis financiera.
El viceministro de Minas, Fernando Gala declaró en una radio local que "hay poca voluntad de parte de la empresa Doe Run en dar aporte fresco y garantías para ejecutar el Programa de Adecuación Medio Ambiental (PAMA)".
La empresa tenía el compromiso de invertir por el PAMA 400 millones de dólares en la construcción de una planta de tratamiento de ácido sulfúrico del circuito de plomo, que inaugurada el año pasado, y otra de tratamiento de ácido sulfúrico del circuito de cobre, que debía ponerse en funcionamiento en octubre de 2009.
Sin embargo, Doe Run Perú propuso a finales del mes pasado inyectar 31 millones de dólares y de capital fresco y pidió al Gobierno una extensión de 30 meses del plazo para la culminación del PAMA.
El Ministerio ha planteado a la empresa que aumente el aporte de capital fresco en, por lo menos, 100 millones de dólares, y que ponga en garantía el 100% de sus acciones.
Gala informó que Doe Run quedó en contestar a su solicitud hoy o, a más tardar, en los primeros días de la próxima semana.
El viceministro peruano dijo que el Gobierno puede aplicar contra la empresa el marco legal que impide el funcionamiento de las instalaciones cuando no cumplan con las medidas de protección medioambiental y disponer su cierre.
"En la práctica significa que no podría operar. Lo que tendría que hacer la empresa es vender sus activos, sus concesiones y buscar otro operador", explicó Gala. (EFE)
La República
El presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, César Acuña Peralta cuestionó intención del Gobierno de desestabilizarlos al convocar a los alcaldes en forma personal.
“Lo correcto hubiera sido dialogar y coordinar con la Asociación edil, al igual que el Jefe del Estado, Alan García Pérez lo hace con las asociaciones de empresarios, como la Sociedad Nacional de Industrias, La Sociedad Nacional de Minería, la Confiep, entre otras, que sí tienen abiertas las puertas de Palacio de Gobierno”, dijo.
Mediante nota de prensa esta asociación informó su pesar sobre este tema en las palabras de su presidente.
Sin embargo, saludó la decisión de García Pérez, de disponer que los ministros de Estado atiendan durante las próximas 48 horas, exclusivamente a los alcaldes del Perú profundo.
Acuña Peralta, sostuvo que la problemática municipal se encuentra ahora en la agenda del Jefe de Estado y del gobierno central. “Espero que las demandas sean escuchadas y las soluciones se encuentren con celeridad.”, indicó.
Planteó institucionalizar mensualmente las reuniones entre los integrantes del Gabinete Ministerial y la representación de los alcaldes del país, para que los burgomaestres sean atendidos directamente por los ministros de Estado y no se les deje esperando horas ó días enteros para finalmente no obtener respuesta alguna.
El presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, César Acuña Peralta cuestionó intención del Gobierno de desestabilizarlos al convocar a los alcaldes en forma personal.
“Lo correcto hubiera sido dialogar y coordinar con la Asociación edil, al igual que el Jefe del Estado, Alan García Pérez lo hace con las asociaciones de empresarios, como la Sociedad Nacional de Industrias, La Sociedad Nacional de Minería, la Confiep, entre otras, que sí tienen abiertas las puertas de Palacio de Gobierno”, dijo.
Mediante nota de prensa esta asociación informó su pesar sobre este tema en las palabras de su presidente.
Sin embargo, saludó la decisión de García Pérez, de disponer que los ministros de Estado atiendan durante las próximas 48 horas, exclusivamente a los alcaldes del Perú profundo.
Acuña Peralta, sostuvo que la problemática municipal se encuentra ahora en la agenda del Jefe de Estado y del gobierno central. “Espero que las demandas sean escuchadas y las soluciones se encuentren con celeridad.”, indicó.
Planteó institucionalizar mensualmente las reuniones entre los integrantes del Gabinete Ministerial y la representación de los alcaldes del país, para que los burgomaestres sean atendidos directamente por los ministros de Estado y no se les deje esperando horas ó días enteros para finalmente no obtener respuesta alguna.
La República
Presidente del Poder judicial dice que acatará decisión aunque no les guste. Un veredicto del TC en beneficio de dirigente etno- cacerista encendió el debate con el Poder Judicial.
César Romero.
El líder etnocacerista Antauro Humala Tasso lograría salir en libertad en los próximos días, pese a la oposición del Poder Judicial.
Juan Vergara Gotelli, presidente del TC, confirmó ayer que cinco magistrados ya emitieron su voto y que solo falta conocer la opinión de otros dos para que se redacte el texto final de la sentencia y se notifique.
Ya votaron César Landa Arroyo, Ricardo Beaumont Callirgos, Fernando Calle Hayén, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. El martes, Beaumont informó que ellos han votado por la excarcelación de Antauro.
Pero, luego el vicepresidente del TC, Mesía Ramírez, cuestionó la declaración de Beaumont y puso en duda la existencia de un acuerdo, llegando a convocarse a una sesión extraordinaria para discutir el tema, lo que al final no se produjo.
De esta manera, lo dicho ahora por Vergara parece confirmar la existencia de un fallo favorable a Humala. Pero es bueno precisar que mientras no se notifique el veredicto cualquier magistrado puede variar su voto y firmar un fallo distinto, aunque esto no es habitual ni sería correcto.
El proyecto
La República tuvo ayer acceso al proyecto de sentencia a favor de la excarcelación inmediata de Antauro Humala y sus compañeros Alarcón Velarde Lucimar y Jorge Villalva Follana, que redactó Fernando Calle y suscribieron otros cuatros.
Ellos encuentra un grave error en la resolución que amplió esa detención. Dicen que Antauro fue detenido el 3 de enero de 2005, por lo que los primeros 36 meses de cárcel caducaron el 2 de enero de 2008.
De esta manera, al ampliarse el plazo después de vencer el plazo inicial se produjo una detención inconstitucional. Agregan que la propia Sala Superior reconoció esa situación en la misma resolución del 3 de enero de 2008.
En esa resolución, resaltan el proyecto del TC, se dispuso la excarcelación de Jesús Quispe Pacori y Carlos Barreto Palian por haberse vencido el plazo máximo de la dúplica de la prisión preventiva.
Además, anota que en el caso de Antauro, Velarde y Villalba que se encontraban en situación similar que los mencionados procesados, se les amplió la detención sin justificación alguna.
El fallo del TC pedirá al PJ que disponga la inmediata libertad de Antauro y sus dos compañeros, debiendo adoptar las medidas necesarias que aseguren su presencia a las diligencias judiciales, lo que supondría un arresto domiciliario.
Complicaciones
Los jueces han advertido que la excarcelación de Antauro Humala haría aún más complicado su juzgamiento. Antauro Humala se resiste y falta el respeto constantemente a los magistrados, lo que ha provocado su expulsión en cinco oportunidades.
Eso genera dilaciones. Al cabo de unas audiencias, Antauro dice arrepentirse de su postura, promete portarse bien y tienen que leerle las actas de las audiencias realizadas en su ausencia. Algunas audiencias después incide en lo mismo.
Por ejemplo, ayer su abogada Elma Montero solicitó al tribunal que vuelva a admitir a Antauro en las audiencias, garantizando el buen comportamiento de su defendido.
Poder Judicial acatará fallo
El presidente del Poder Judicial, Javier Villa, afirmó que acatarán la resolución que dé el Tribunal Constitucional sobre la detención de Antauro Humala. “El PJ respetará y acatará lo que resuelva el TC. Si consideramos que los argumentos están equivocados nos opondremos desde una perspectiva jurídica”, anotó.
La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, pidió serenidad y evitar enfrentamientos institucionales para construir el Estado democrático. Lo que nosotros hacemos en estos casos es esperar la decisión, analizarla y, al uso de las facultades que da la misma Constitución, hacer la crítica correspondiente”, afirmó Echaíz.
Presidente del Poder judicial dice que acatará decisión aunque no les guste. Un veredicto del TC en beneficio de dirigente etno- cacerista encendió el debate con el Poder Judicial.
César Romero.
El líder etnocacerista Antauro Humala Tasso lograría salir en libertad en los próximos días, pese a la oposición del Poder Judicial.
Juan Vergara Gotelli, presidente del TC, confirmó ayer que cinco magistrados ya emitieron su voto y que solo falta conocer la opinión de otros dos para que se redacte el texto final de la sentencia y se notifique.
Ya votaron César Landa Arroyo, Ricardo Beaumont Callirgos, Fernando Calle Hayén, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. El martes, Beaumont informó que ellos han votado por la excarcelación de Antauro.
Pero, luego el vicepresidente del TC, Mesía Ramírez, cuestionó la declaración de Beaumont y puso en duda la existencia de un acuerdo, llegando a convocarse a una sesión extraordinaria para discutir el tema, lo que al final no se produjo.
De esta manera, lo dicho ahora por Vergara parece confirmar la existencia de un fallo favorable a Humala. Pero es bueno precisar que mientras no se notifique el veredicto cualquier magistrado puede variar su voto y firmar un fallo distinto, aunque esto no es habitual ni sería correcto.
El proyecto
La República tuvo ayer acceso al proyecto de sentencia a favor de la excarcelación inmediata de Antauro Humala y sus compañeros Alarcón Velarde Lucimar y Jorge Villalva Follana, que redactó Fernando Calle y suscribieron otros cuatros.
Ellos encuentra un grave error en la resolución que amplió esa detención. Dicen que Antauro fue detenido el 3 de enero de 2005, por lo que los primeros 36 meses de cárcel caducaron el 2 de enero de 2008.
De esta manera, al ampliarse el plazo después de vencer el plazo inicial se produjo una detención inconstitucional. Agregan que la propia Sala Superior reconoció esa situación en la misma resolución del 3 de enero de 2008.
En esa resolución, resaltan el proyecto del TC, se dispuso la excarcelación de Jesús Quispe Pacori y Carlos Barreto Palian por haberse vencido el plazo máximo de la dúplica de la prisión preventiva.
Además, anota que en el caso de Antauro, Velarde y Villalba que se encontraban en situación similar que los mencionados procesados, se les amplió la detención sin justificación alguna.
El fallo del TC pedirá al PJ que disponga la inmediata libertad de Antauro y sus dos compañeros, debiendo adoptar las medidas necesarias que aseguren su presencia a las diligencias judiciales, lo que supondría un arresto domiciliario.
Complicaciones
Los jueces han advertido que la excarcelación de Antauro Humala haría aún más complicado su juzgamiento. Antauro Humala se resiste y falta el respeto constantemente a los magistrados, lo que ha provocado su expulsión en cinco oportunidades.
Eso genera dilaciones. Al cabo de unas audiencias, Antauro dice arrepentirse de su postura, promete portarse bien y tienen que leerle las actas de las audiencias realizadas en su ausencia. Algunas audiencias después incide en lo mismo.
Por ejemplo, ayer su abogada Elma Montero solicitó al tribunal que vuelva a admitir a Antauro en las audiencias, garantizando el buen comportamiento de su defendido.
Poder Judicial acatará fallo
El presidente del Poder Judicial, Javier Villa, afirmó que acatarán la resolución que dé el Tribunal Constitucional sobre la detención de Antauro Humala. “El PJ respetará y acatará lo que resuelva el TC. Si consideramos que los argumentos están equivocados nos opondremos desde una perspectiva jurídica”, anotó.
La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, pidió serenidad y evitar enfrentamientos institucionales para construir el Estado democrático. Lo que nosotros hacemos en estos casos es esperar la decisión, analizarla y, al uso de las facultades que da la misma Constitución, hacer la crítica correspondiente”, afirmó Echaíz.
Categoría: Artículos derecho constitucional
Publicado por: mbermudez
Visto: 363 veces
18/07/09: Fiscalía pide cadena perpetua para los presuntos asesinos del popular estilista Marco Antonio
El Comercio
Jorge Glenni, Jordan Pacheco y Miguel Velásquez fueron denunciados por robo agravado con subsecuente muerte, delito que es sancionado con la pena máxima
El fiscal que investigó el asesinato de Marco Antonio Gallego, ocurrido la semana pasada, formalizó la denuncia penal contra Jorge Luis Glenni Ponce (21), Jordan Antonio Pacheco Huamanchumo (18) y Miguel Ángel Velásquez Zarazu (23), presuntos autores del crimen, por el delito de robo agravado con subsecuente muerte en agravio del popular estilista.
Según el artículo 189 del Código Penal vigente, referido a robo agravado, la pena para este delito “será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización delictiva o banda, o si como consecuencia del hecho se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental”.
Jorge Glenni, Jordan Pacheco y Miguel Velásquez fueron denunciados por robo agravado con subsecuente muerte, delito que es sancionado con la pena máxima
El fiscal que investigó el asesinato de Marco Antonio Gallego, ocurrido la semana pasada, formalizó la denuncia penal contra Jorge Luis Glenni Ponce (21), Jordan Antonio Pacheco Huamanchumo (18) y Miguel Ángel Velásquez Zarazu (23), presuntos autores del crimen, por el delito de robo agravado con subsecuente muerte en agravio del popular estilista.
Según el artículo 189 del Código Penal vigente, referido a robo agravado, la pena para este delito “será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización delictiva o banda, o si como consecuencia del hecho se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental”.
Sidebar
- Artículos Top 5
A PROPÓSITO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES. (5)Derecho a tener un hijo siendo preso (en Inglaterra, sancionan el sistema penitenciario por violatorio de dererechos) (5)Los problemas familiares son imposibles si hay dinero de por medio (el caso de los Tudela) (5)Restitución internacional de niños sustraidos por sus progenitores (5)Descalabro ambiental peruano (todos los municipios son contaminantes) (5)
-
Sindicación 
- RSS2.0
- Nro. de visitas
- Hoy:
Ayer:
Total: