El Comercio

Ex ministra de la Mujer asegura, además, que partido de gobierno utilizará los programas sociales para hacer proselitismo

Con el nuevo gabinete que preside el aprista Javier Velásquez Quesquén se está cumpliendo el pronóstico de Agustín Mantilla sobre una mayor presencia del Apra en el gobierno, afirmó Susana Villarán, ex ministra de la Mujer e integrante del partido Fuerza Social.

Villarán consideró, además, que la estrategia del partido de gobierno será ganar un espacio en las elecciones municipales y regionales del 2010.

La también ex Defensora de la Policía Nacional comentó en Ideeleradio que la ratificación de ministros apristas como Nidia Vílchez en Mujer y Desarrollo Social, así como la designación de Aurelio Pastor en Justicia, Rafael Rey Rey en Defensa, Octavio Salazar en Interior, Mercedes Aráoz en Producción y Velásquez Quesquén en el premierato es un claro copamiento aprista.

“Recuerdan cuando Agustín Mantilla, en julio del 2006, les dijo a los militantes apristas: ‘Durante un año y medio, o talvez un poco más, pero ese va a ser el plazo, porque me lo dijo el presidente (Alan García), vamos a incorporar gente de afuera porque es el tiempo de la búsqueda de la confianza. Luego, la presencia del partido será realmente mayor’”, recordó.

“Hoy estamos frente a este nuevo gabinete. Entonces, Agustín Mantilla sigue gobernando con Alan García. ¿Que coincidencia, verdad? Está Nidia Vílchez con todos los programas sociales, Aurelio Pastor en Justicia, Javier Velásquez Quesquén en la jefatura del gabinete. Esa presencia aprista no sólo responde a un escenario conflictivo frente a la sociedad civil, sino porque tienen que garantizar que en el 2010 no les vaya mal en las elecciones municipales y regionales”, explicó, dejando entrever que el oficialismo aporvechará los programas sociales para hacer proselitismo.

“Ese es el esquema y eso es una grave y severa irresponsabilidad”, agregó.

Los transportistas aseguran que en mesa de diálogo también se acordó uniformizar multas. Solo faltaría acordar el monto de las sanciones. Los conductores piden que se mantenga el actual.

Perú 21

Es probable que la paralización del transporte público que sufrió el país hace un par de semanas haya motivado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) rectifique las sanciones del nuevo Código de Tránsito, que entrará en vigencia el próximo 21 de julio.

En conversación con Perú.21, el presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Urbano Masivo (Asetum), Omar Calderón, adelantó que la cartera de Transportes ya habría aceptado –durante la mesa de diálogo que los choferes sostienen con el Ejecutivo– no confiscar los brevetes de quienes cometan faltas “leves” al manejar una unidad pública.

“Además, ellos ya aceptaron que, ahora, las multas serán iguales para todos. El nuevo Código de Tránsito iba a castigar con más de 400 soles a los choferes que cometieran faltas leves, como no tener un botiquín o luces reglamentarias. Eso era inaceptable”, manifestó.

Por su parte, el presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transportes del Perú (Conet), Julio Rau Rau, anunció a este diario que las licencias suspendidas desde que entró en vigencia el Reglamento del nuevo código –el primero de julio– serán devueltas a sus dueños “siempre que no hayan incurrido en faltas graves, como desobedecer una luz roja o manejar ebrio”.

“Solo falta acordar el monto de las sanciones que se impondrán a los infractores. Planteamos que permanezcan las actuales multas, que nos parecen justas, pues no exceden el 4% de una UIT. Esto quedaría definido el 17 de este mes”, señaló tras agregar que, de manera obligatoria, todos los colegios, universidades e institutos del país dictarán cursos de seguridad vial.

CHARLAS. En tanto, el titular de la Federación de Taxis y Colectivos (Fentac), Joaquín Rosas, comentó que las reuniones con los funcionarios del MTC van “por buen camino” y que los resultados serán oficializados mediante un decreto supremo durante la próxima semana.

“El ministerio se ha comprometido, además, a hacer capacitaciones a nivel nacional. Habrá cursos gratuitos a efectivos de la Policía Nacional y a choferes, para que puedan estar al tanto de sus deberes y derechos en las pistas del Perú”, refirió.

Perú.21 trató de conocer la posición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo –y pese a nuestros mails y llamadas–, ningún funcionario nos atendió.

El Comercio

Los casos son por la compra de CCN, “chuponeo” y pago a congresistas tránsfugas. Será después del proceso por el pago de la CTS a Montesinos

Después de que finalice el juicio por el pago de los 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos, Fujimori tendrá que afrontar otro proceso judicial, en el que se han acumulado tres casos de corrupción.

Uno de ellos es el denominado pago a los congresistas tránsfugas. Otro está referido a la interceptación telefónica y un tercero tiene que ver con la irregular compra del desaparecido Cable Canal de Noticias (CCN).

Por el primer caso, en el que se acusa al ex presidente de haber ordenado una operación de reclutamiento de congresistas a cambio de millonarias sumas de dinero, Fujimori será procesado por el delito de cohecho activo genérico y puede recibir una pena no menor de cuatro años y no mayor de diez.

INTERCEPTACIÓN TELEFÓNICA
En cuanto al caso de la violación del secreto de las comunicaciones que se perpetró en perjuicio de Javier Pérez de Cuéllar, Lourdes Flores, Ricardo Vega Llona y periodistas como Enrique Zileri, César Hildebrandt y Cecilia Valenzuela, Fujimori está denunciado por el delito de interceptación y peculado. De ser condenado, podría recibir una pena privativa de la libertad no menor de dos años ni mayor de diez.

Asimismo, está el caso de CCN. La denuncia fiscal señala que el extraditado ordenó una serie de acciones para controlar la línea editorial de los medios de comunicación con el fin de lograr la reelección presidencial. En ese sentido habría dispuesto el uso de fondos del Estado para adquirir CCN. Por ello es acusado de peculado y podría recibir pena de prisión de entre dos y diez años.

CASOS CON SENTENCIA
El primer proceso —de los siete comprendidos en la extradición de Fujimori ordenada por la justicia chilena— fue el referido al allanamiento ilegal de la casa de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos. Por ese caso, el ex mandatario fue sentenciado a seis años de prisión y al pago de una reparación civil de 400 mil soles. Dicho fallo fue apelado, pero la Corte Suprema finalmente lo confirmó. En este juicio Fujimori fue hallado culpable por allanamiento y usurpación pública.

Otro proceso con sentencia, el más importante de todos, es el que agrupó los casos de las matanzas de Universidad La Cantuta y Barrios Altos y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. Como se recuerda, en histórica y ejemplar decisión de la Sala Penal Especial presidida por César San Martín, Fujimori fue hallado culpable y condenado a 25 años de prisión.

Esta sentencia aún no es firme. Se encuentra en proceso de apelación y será resuelta por la Primera Sala Penal Transitoria que preside el vocal supremo Duberlí Rodríguez. Este tribunal inicialmente fue recusado por el abogado César Nakazaki, pero ese pedido no prosperó.

CRONOLOGÍA
En Chile se concreta la extradición
[5/11/2005] Tras casi cinco años de refugiarse en Tokio, el ex presidente Alberto Fujimori deja el territorio japonés.
[6/11/2005] Llega a Santiago de Chile. En esa ciudad es detenido y trasladado a una sede policial. Diferentes políticos peruanos lo visitan.
[12/12/2005] La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declara procedente enviar los primeros cinco cuadernillos de extradición.
[18/5/2006] La Corte Suprema de Chile otorga libertad provisional al ex presidente Alberto Fujimori.
[10/7/2007] En primera instancia, el juez chileno Orlando Álvarez rechazó el pedido de extradición.
[21/9/2007] La Corte Suprema de Chile decide extraditar a Fujimori.
[22/9/2007] Fujimori llega extraditado a Lima y conducido de inmediato a la sede de la Diroes.

Fujimori acepta hechos pero no responsabilidad en US$ 15 millones a Montesinos

En el inicio del juicio, el ex mandatario rechazó el pedido de ocho años de cárcel y el pago de una reparación civil de 2 millones de soles

El Comercio

El ex presidente Alberto Fujimori aceptó los hechos pero no la responsabilidad penal del caso que lo acusa de un pago ilegal de 15 millones de dólares a su ex asesor Vladimiro Montesinos, en el inicio de un nuevo juicio en su contra.

En su alegado, la defensa legal de Fujimori, encarnada por su abogado César Nakasaki, se acogió a la figura de la “terminación anticipada”, como estaba previsto, lo que significa acortar la duración del juicio.

Fujimori no acepta la pena de ocho años pedida por la Fiscalía y el pago de una reparación civil de dos millones de soles. En su defensa, sostuvo que el dinero fue devuelto al tesoro público.

En el inicio del juicio, en la sede de la Diroes, el ex mandatario volvió a quedarse dormido ante una indisposición de salud. El mismo ha entrado a un receso de treinta minutos.

ACUSACIÓN FISCAL
Según investigaciones judiciales, Fujimori entregó 15 millones de dólares a Montesinos en septiembre del 2000 como “compensación por tiempo de servicios”, pocos días después de que estallara el mayor escándalo de corrupción en el país.

Tras la entrega, Montesinos huyó a Panamá y luego de regresar por breves días en octubre del 2000 se fugó otra vez de Perú, hasta que fue capturado en Venezuela el siguiente año.

El escándalo de corrupción derivó en la destitución de Fujimori -de 70 años- por parte del Congreso.

El ex mandatario, hijo de inmigrantes japoneses, se refugió después en Tokio amparado en su doble nacionalidad y en el 2005 partió sorpresivamente a Chile, donde permaneció casi dos años hasta que fue extraditado por la justicia de Perú.

Para este segundo juicio, los fiscales acusan a Fujimori de “peculado y falsedad genérica” y solicitan al tribunal una pena de ocho años de prisión.