No censura de Simon permitirá conitnuar diálogo con Ejecutivo, opinan


La improcedencia de la censura contra primer ministro, Yehude Simon, permitirá dar continuar con el diálogo, opinó el presidente de la Confederación de Comunidades Amazónicas, Oseas Barbarán.

Sostuvo que de haberse aprobado la censura se hubiera afectado el proceso de diálogo impulsado con Simon, con una eventual vuelta a fojas cero de todo el proceso.

Consideró que Simon y el propio gobierno han reconocido que se cometieron errores y están en camino de enmendarlo reconociendo a los nativos como actores válidos y trabajando en la solución de su problemática.

“Simon debe quedarse porque no se puede dejar el trabajo iniciado él. Hay un grupo nacional de coordinación para los pueblos amazónicos y ese trabajo se tiene que culminar”, indicó.

A juicio de Barbarán, la censura tenía matices políticos y celebró que finalmente ese tema no prosperara.

“Ahora el diálogo debe seguir su proceso normal; si entraba otro primer ministro, teníamos que empezar de nuevo e íbamos a retrasarnos tremendamente. Finalmente, Simon ha entendido la situación de los pueblos indígenas y ese es un gran paso.”
(Con información de Andina)

LA República


El pleno del Tribunal Constitucional podría cambiar de parecer en torno a la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley Nº 28925 por la que se delimitó la fiscalización de los recursos de los Organismos No Gubernamentales (ONG) y se modificó la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), adelantó Fernando Calle, magistrado del máximo intérprete de la Constitución.

Fue al comentar la posibilidad de que se presente una nueva acción de inconstitucionalidad en caso de que se promulgue una iniciativa que señala que los proyectos y programas ejecutados por las ONG son susceptibles de fiscalización por parte de la APCI, “independientemente del origen de su financiamiento”. Dicho proyecto ya fue aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores y será votado próximamente en el pleno.

Cabe señalar, que según la legislación vigente (Ley 28925), la APCI solo puede fiscalizar los proyectos financiados por fuente oficial (agencias de gobiernos extranjeros y organismos multilaterales), pero no los de fuente privada. El TC que presidió César Landa consideró inconstitucional que la APCI fiscalice los proyectos financiados con fuente privada.

De otro lado, la bancada fujimorista impulsa los cambios de Ley 28925, a pesar de que un reciente informe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la APCI (339-2008/APCI-OAJ) sostiene que la iniciativa aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores, versaba sobre materias respecto de las cuales ya se pronunció el TC, al declararlas inconstitucionales. (con información de Ideeleradio)