El Comercio

Según la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, los consumidores de Lima y provincias tuvieron dificultades para acceder a la oferta

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) presentó una denuncia formal ante el Indecopi por publicidad engañosa sobre la promoción de D’Onofrio, que ofrecía a S/.1 todos los helados vendidos en los triciclos de la marca para los días 27 y 28 de marzo.

“Lo he comprobado personalmente. Los heladeros condicionan la promoción a que les compren primero tres helados. En distritos como Surquillo y Miraflores, hemos entrevistado a más de 20 heladeros que tenían los chalecos de la promoción y ninguno cumple la oferta”, dijo Jaime Delgado, presidente de Aspec.

EN PROVINCIAS
La jefa del Indecopi-Lambayeque, Magaly Guzmán, informó que durante la campaña de los helados D’Onofrio se verificó que algunos carretilleros condicionaban la venta de estos productos.

Agregó que el viernes y el sábado se constató que los vendedores solo tenían en stock helados que cuestan S/.1 y no los de mayor precio.

En Iquitos, después del mediodía, ya era muy difícil encontrar triciclos amarillos.

En Arequipa, los consumidores que el viernes y sábado buscaron a los vendedores de helados D’Onofrio sufrieron una decepción por “errores en la distribución”. Ese fue el argumento que dieron los vendedores, quienes afirmaron que solo les dieron algunos productos para la promoción.

Sin embargo, según algunas personas consultadas, el sábado la venta se corrigió, pues los carretilleros tenían un stock mayor de helados de S/.1.

APARICIONES MISTERIOSAS

El Comercio

Los ovnis en la mira de la FAP
“El 11 de abril de 1980 tuve una experiencia de combate aéreo con un objeto volador desconocido que se desplazaba sin contar con los elementos de propulsión y control de vuelo propios de las aeronaves de esa época, y que todavía son requisitos en la actualidad. Dicho objeto realizó maniobras que contravenían las leyes y principios de la aerodinámica. Al analizar el desarrollo del evento e investigar sobre los avances tecnológicos en el medio aeronáutico y aeroespacial, no llegamos a encontrar ningún artificio o aparato que hubiera podido efectuar las maniobras que este realizó”.

Este es el testimonio del capitán Óscar Santa María Huertas, oficial de la FAP y piloto, hoy en retiro. La persecución de Santa María, a bordo de un Sukhói, al objeto desconocido, —que describió con la forma de un foco y una base metálica— fue vista por todos los soldados y oficiales que se encontraban entonces en la base aérea de La Joya, en Arequipa. Los altos mandos creyeron que podría tratarse de una nave espía, ya que en aquellos años las relaciones con Chile eran bastante tensas.

El Departamento de Defensa de EE.UU. envió incluso al Perú un agente para que recogiera los detalles del suceso. Este elaboró un reporte confidencial el 5 de octubre de 1980. En este documento —al que El Comercio tuvo acceso— se precisa que el objeto ingresó a una área restringida del cuartel general, “por lo que el comando responsable de la base ordenó su inmediato derribo”.

Santa María explica —29 años después— que cuando esto ocurrió, sus superiores acordaron “no elaborar ningún informe interno para que la noticia no sea conocida por personas ajenas al ámbito militar y así evitar que intenten, por motivos científicos o por curiosidad, ingresar a la base aérea que poseía material soviético de guerra único en Sudamérica”. Nadie explica hoy cómo los estadounidenses se enteraron.

Tuvieron que pasar 21 años para que las Fuerzas Armadas decidieran analizar con seriedad este tema. Así, con la ordenanza interna 55 del 2001 y durante la gestión del general del aire Jorge Del Carpio, la Fuerza Aérea Peruana (FAP) creó la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos (Oifaa), adscrita a la Dirección Nacional de Intereses Aeroespaciales (Dinae), pero que ahora tiene el rango de departamento: Difaa.

LOS PRIMEROS REPORTES
Inicialmente, la oficina estuvo bajo la batuta del comandante Julio Chamorro y estuvo integrada por Abraham Ramírez Lituma (experto en derecho espacial), Hernán Rivas Machuca (ingeniero aeronáutico), Patricia Mezet (bibliotecóloga), Fernando Fuenzalida (antropólogo) y Anthony Choy (abogado e investigador de estos fenómenos).

Actualmente la Difaa cuenta con personal y recursos propios y funciona en la cuadra 52 de la avenida Arequipa, en Miraflores. Está compuesta por un oficial y dos asesores. En la FAP no dieron mayor información.

Desde que la Oifaa se fundó comenzó a recibir alrededor de cuatro o cinco testimonios semanales sobre supuestos avistamientos. Los testigos eran sometidos a un exhaustivo cuestionario de 17 páginas elaborado por el equipo investigador.

“Este documento ha sido preparado para que usted pueda proporcionar a la FAP el máximo de información relativa al fenómeno no identificado del que ha sido testigo. La información será confidencial y será usada con fines de investigación. Su identidad se considerará confidencial”, se lee en el documento que los testigos tenían que firmar.

El comandante® Julio Chamorro recuerda que durante los dos años, aproximadamente, que él permaneció al mando recibieron un promedio de tres casos diarios. Todos eran guardados digitalmente. Extrañamente, el 2004 robaron las computadoras de estas instalaciones y con ellas se habría ido parte de los expedientes clasificados, cuenta Chamorro.

El caso que se logró investigar a detalle fue el incidente registrado el 13 de abril del 2001 en Chulucanas (Piura), cuando más de cien personas participaban de la procesión del Señor Cautivo de Ayabaca. Unas luces anaranjadas y rojizas, de movimientos continuos y organizados, fueron grabadas por Iván Iza, un aficionado que registraba la peregrinación.

El informe final fue redactado por Anthony Choy y presentado ante el alto mando de la FAP el 19 de noviembre del 2002, en el cuartel general de esta institución. Allí lo recibió el general FAP César Cortez Mansilla y otros 10 oficiales. En el documento se da cuenta del análisis de las tres grabaciones hechas en el lugar: 13 de octubre, 25 de octubre y 15 de noviembre del 2001.

El modelo de la Oifaa está inspirado en el Comité de Estudios y Fenómenos Aéreos Anómalos de Chile, oficina creada en 1997 bajo la tutela de la Dirección de Aeronáutica Civil de este país. Son ellos los que —como acá— manejan los reportes de fenómenos aéreos extraños o no identificados, en cooperación con especialistas en aeronáutica.

Según el capitán del Ejército Chileno Rodrigo Bravo, hasta el momento este comité ha elaborado 9 informes oficiales sobre estos fenómenos. “Esto ha ayudado a crear una conciencia en las tripulaciones, las cuales hoy en día mantienen una postura abierta para informar sobre estos encuentros y cooperan así con la seguridad aérea”, manifiesta.

SE ABREN LOS ARCHIVOS
El evento, difundido en todo el país, que dio origen a la creación de la Oifaa fue el avistamiento de un objeto luminoso de forma irregular sobre el cielo de La Molina el 26 de abril del 2001. La familia Bazalar, moradora de la urbanización Las Viñas, filmó la luz durante dos madrugadas seguidas. Sin embargo, las investigaciones del ahora ex miembro de la Oifaa, Anthony Choy, desbaratan la posibilidad de que se hubiera tratado de un objeto volador no identificado. En realidad fue el planeta Venus, que ese día tuvo su mayor acercamiento a la Tierra.

“Por eso es importante que el Gobierno Peruano haga públicos sus archivos de este tema, para diferenciar los sucesos auténticos de los falsos”, remarca el investigador.

Desde el año pasado el Gobierno Británico ha comenzado a desclasificar varios expedientes sobre visualizaciones de objetos voladores no identificados. Pero no es el único. Un año antes los gobiernos de Francia, Italia, Canadá e Irlanda hicieron lo mismo. Las FF.AA. de Ecuador harán lo propio en los próximos meses.

En esa línea, Choy presentó el lunes 9 de marzo una carta dirigida al ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, en la que solicita la desclasificación de los archivos sobre este tema. “Consideramos que existe mucha información sobre este asunto que aún no ha sido revelada y que es importante que la opinión pública conozca, debido a que involucra casos relevantes para la seguridad nacional, el tránsito nacional y el conocimiento científico y tecnológico”, se lee en la misiva.

El capitán Santa María secunda el pedido: “Debemos tomar este asunto con seriedad y prepararnos para un posible acercamiento futuro con organismos que poseen o controlan tecnología superior a la nuestra”.

EN PUNTOS
El informe Chulucanas

Este informe recoge las conclusiones de la investigación de campo realizada en la ciudad de Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura, sobre los eventos y personas involucradas con tres avistamientos de un objeto no identificado.
Estos sucesos fueron grabados en varios videos por Iván Iza Nanfaro, habitante de Chulucanas, durante octubre y noviembre del año 2001. Los videos constan en el archivo de la FAP con el código FAA 001 / CHP/02/2002 DINAE/OIFAA.
El informe Chulucanas tiene 84 páginas y fue enviado a los altos mandos el 21 de abril del 2002. Según Anthony Choy, en el Perú existen 21 zonas en las que se registra la mayor cantidad de fenómenos de este tipo. Marcahuasi y Chilca son los más concurridos.

EL DATO
Iniciativa ciudadana
Hay una iniciativa que busca desclasificar los expedientes que guarda el Gobierno Peruano respecto del tema. Para sumarse puede visitar la página: desclasificacionovniperu.blogspot.com

Documentos y testimonios incriminan al ex dictador en caso de violación de derechos humanos. Le esperan 30 años de cárcel.

Diario La Primera

Transcurridas 155 sesiones del juicio al ex dictador Alberto Fujimori por delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, en las que 84 testigos (ofrecidos por la Fiscalía, la parte civil y la defensa) presentaron sus testimonios, el ex dictador está próximo a escuchar su sentencia. El fiscal José Peláez ha pedido 30 años de prisión y, según Carlos Rivera, hay 41 pruebas que condenan al hombre que junto con Montesinos saquearon el país.

Rivera, abogado de la parte civil, consideró que el juicio al ex dictador es “el más importante de nuestra historia, no sólo porque se juzga a un ex presidente de la República, sino, sobre todo, porque este proceso marcará definitivamente un precedente internacional para determinar las responsabilidades de los jefes de Estado en la comisión de crímenes de lesa humanidad”.

Claves: el SIN y Montesinos
Durante el alegato del abogado César Nakazaki varias veces se le ha oído preguntar, ¿y dónde están las pruebas para castigar a Fujimori? Rivera le responde que en el juicio han quedado establecidas hasta 41 pruebas que ameritan una sentencia condenatoria.

El juicio, prosigue Rivera, “no sólo ha sido impecable en cuanto al respeto de las normas del debido proceso, sino que fundamentalmente ha logrado cumplir el objetivo de demostrar la responsabilidad penal del acusado, sobre la base de diversos y múltiples elementos de prueba directa e indirecta presentados tanto por la Fiscalía como por la parte civil”.

Rivera afirma que está probado que Fujimori “definió y decidió una nueva estrategia contrasubversiva del Estado” (prueba 1) y “le otorgó al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) un rol central en la conducción de la estrategia” (2), para lo cual le dio poder a Montesinos como su interlocutor (3) ante las Fuerzas Armadas, lo convirtió en “el jefe real del SIN” (4) y le confió el manejo de su presupuesto.

Desde el SIN, Montesinos fue el “interlocutor válido” (5), entre la presidencia y las Fuerzas Armadas, protegido por el entonces mandatario Fujimori (6), impulsó el sometimiento de las Fuerzas Armadas (7) y sus aparatos de Inteligencia (8), el Servicio de Inteligencia del Ejército lo estuvo desde antes (9), a los que dotó de un gran presupuesto (10) “sin rendición de cuentas, las partidas presupuestales secretas del SIN Reserva 1 y Reserva 2” (11).

“En abril de 1991 se publicó la nueva doctrina de Inteligencia del Ejército para la contrasubversión” (12), dijo Rivera, la misma que promovió la militarización de los aparatos de inteligencia (13) y “se ordenó la utilización de métodos de eliminación selectiva de sospechosos”. “Fujimori ordenó la ejecución de la nueva estrategia” (14) desde inicios de 1991 (15), “estableciendo una relación vertical y de sometimiento con las Fuerzas Armadas” (16). Además, “impulsó personalmente” su cumplimiento (17), subrayó.

Órdenes ilegales
Fujimori dictó “órdenes directas, verbales e ilegales” (18) tanto a Montesinos como a militares en actividad (19). Fujimori dictó órdenes directas a militares en actividad relacionadas con la contrasubversión, (20) como “la orden para que las Fuerzas Armadas apoyen la ruptura del orden constitucional mediante el golpe de Estado del 5 de abril de 1992”.

Así como dispuso “que una lista de personas fueran secuestradas la noche del 5 de abril” (21), demostrado con “el documento titulado “Orden”, destinado a garantizar la detención y el secuestro de una serie de dirigentes políticos y periodistas”.

Los crímenes del “Grupo Colina” (22) constituyen las pruebas irrebatibles. “La declaración testimonial del general Hermoza ante el vocal instructor José Lecaros, en la cual señala que en la madrugada en que se cometió el crimen de La Cantuta, Montesinos lo llamó inmediatamente, e inclusive le dio los nombres de algunos integrantes del destacamento” (23).

Los testimonios de los integrantes de “Colina”, Jesús Sosa, Guillermo Suppo, Ángel Sauñi, Julio Chuqui, José Alarcón, Isaac Paquiyauri, Víctor Ortiz y Hugo Coral, “han narrado con lujo de detalles la forma como se prepararon y cumplieron con la misión que sus superiores les habían encargado: la eliminación de personas. (24). De esta manera, “Colina” se presentó como el instrumento ejecutor de la estrategia” (25).

La matanza de Barrios Altos fue el bautizo de fuego de Colina. Fue “el inicio de un plan criminal de eliminación física de presuntos sospechosos de terrorismo en la ciudad de Lima” (26).

Martín Rivas le dice a Umberto Jara, “una guerra es un intercambio de mensajes, de símbolos, no hay hechos aislados, desde un poste caído hasta un coche bomba, todo tiene su razón de ser. En este tipo de guerra, esa es la manera como dialogan los enemigos. Sendero lo usó desde el principio…”. (27)

Y la orden para estos asesinatos la dio Montesinos (28). Marcos Flores, integrante de “Colina”, dijo en la audiencia Nº 15 del 23 de enero de 2008 que antes de la operación, “Martín Rivas se comunicó con Montesinos y el mensaje de este fue: Sáquenles la mierda”.

Igualmente, Jesús Sosa reconoció en una audiencia judicial haber declarado ante un diario local, que la orden para la operación (Barrios Altos) fue de “Montesinos, que era asesor de Fujimori (…) porque le fueron a dar parte a él, le fueron a decir ya se cumplió el trabajo”. (29)

El atentado senderista en la calle Tarata, en Miraflores, “condujo al régimen a tomar la decisión política de responder a Sendero con mucha violencia, decisión que se transformó en una reacción militar” (30). “El general Luis Pérez Documet declaró ante la Comisión de la Verdad que el general Hermoza lo llamó el 17 de julio de 1992 y le pidió que colaborara con Juan Rivero Lazo, entonces director de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Tenían que presentar un resultado inmediato. Pérez declaró que Hermoza le dijo: ‘Rivero va a hacer un trabajo, apóyalo’, y que él le respondió: ‘comprendido, mi general’. Pérez terminó dirigiendo ese operativo”, esto fue el 14 de marzo del 2003 ante la CVR.

Culpable
“Fujimori dominaba la organización (31) y por ello los ejecutores materiales mantuvieron un vínculo de subordinación con el jefe de esta, quien transmitía sus decisiones a través de su asesesor Montesinos, en ese momento jefe real del SIN” (32), agregó Rivera.

Para lo cual, Fujimori “decidió cambiar la estrategia contrasubversiva y definió que se aplicara una basada en métodos de guerra sucia (33). Su decisión se convirtió en política de Estado (34) y él tenía dominio sobre esa decisión” (35), mediante “un aparato de poder: el SIN”, convirtiéndolo en pieza clave de todo el proceso, cuyo jefe real era Montesinos.

“El control de la organización (36). Este es el elemento central de la teoría. No cabe ninguna duda de que Fujimori controló de manera absoluta la organización. El SIN formó parte de su dominio, pero este también incluyó a los institutos de las Fuerzas Armadas” mediante un “plan de sometimiento” en el cual Montesinos era una pieza clave. (37)

Los crímenes de “Colina” y del agente “Carrión”

Creado, supuestamente, como un grupo de análisis de Inteligencia, el “Grupo Colina”, que después sería felicitado por Fujimori (38), cometió varios asesinatos además de “Barrios Altos” y “La Cantuta”, el destacamento “Colina” suma los operativos (39) (todos con saldos de muertos) del caraqueño, Carretera Central, Pamplona, El Santa, Pedro Yauri, Familia Ventosilla y el Evangelista. Mientras que “Carrión” (40), destacado el Frente Huamanga, ha sido acusado de 10 operaciones especiales contra: el periodista Luis Morales, la familia Solier, Ladislao Huamaní y Georgina Paquiyauri, Raúl Jaico, Mariscot Santa Cruz, Luis Contreras, Rogelio Gallo, Zósimo Llactahuamán y la alcaldesa de Ayacucho, Leonor Zamora.



Susana Grados Díaz
Redacción

Con Ley de Carrera Pública Magisterial del Ministerio de Educación. Nuevo régimen premiará la capacidad profesional de los docentes con salarios establecidos en cinco niveles magisteriales.

Por: Milagros Laura S.
La República

Una educación de calidad para nuestros niños, con maestros más preparados cada día. Esa es la finalidad de la Carrera Pública Magisterial que ofrece a los maestros asignaciones de hasta 4 mil 66 soles, según el mérito de su capacidad intelectual y su desempeño. La escala de remuneraciones de esta ley varía según el nivel magisterial que integren los docentes.

La Ley de Carrera Pública Magisterial busca integrar a los 20 mil mejores docentes con título pedagógico. El ingreso, permanencia y ascenso se desarrollarán a través de procesos de evaluación que comprenden: estudios de especialización o de postgrado según corresponda, calidad de desempeño, así como criterios de reconocimiento de méritos y experiencias.

La Carrera Pública Magisterial está estructurada en cinco niveles, El quinto es el que integra a los maestros de más alto nivel, los que poseen estudios con grado de maestría y doctorado, con amplia experiencia, dominio de idiomas y uso de equipos tecnológicos para la educación, ellos pueden percibir hasta 4 mil 66 soles si realizan jornadas de 40 horas semanales.

La asignación más baja, según la escala de remuneraciones del CPM (Carrera Pública Magisterial), es de 2 mil 73 soles, por 40 horas, implicando también a los profesores recién egresados, que demuestren a través de la evaluación un alto grado de preparación.

La diferencia entre lo que percibe un maestro del quinto nivel es casi 2 mil soles más de lo que gana el profesor del primer nivel. En la antigua Ley del Profesorado la diferencia de ambos niveles es de 150 soles (de 1,285 a 1,369 soles).

Igualmente los docentes del segundo nivel perciben entre 1,088 y 1,301 soles, pero en esta nueva Ley el promedio es de 1,423 a 2,372 soles y la asignación más alta para los docentes del tercer nivel es 2 mil 671 soles, mientras que el cuarto nivel alcanza los 3,070 soles, según la jornada laboral.

La CPM reconoce tres áreas de desempeño laboral: 1) Gestión Pedagógica, que comprende a los profesores que ejercen funciones de enseñanza en el aula, 2) Institucional, los profesores en ejercicio de dirección y subdirección, y 3) Investigación: profesores que realizan funciones de diseño y evaluación de proyectos de innovación, investigación educativa, experimentación de proyectos pedagógicos, científicos y tecnológicos.

Esta nueva ley establece un mecanismo de reconocimiento al esfuerzo de los docentes para una elevación de sueldos en función de sus méritos académicos.

Chang: La nota mínima es 14

El ministro de Educación, José Chang, dijo que la Prueba Nacional Calificatoria evaluará habilidades comunicativas, lógico-matemáticas, conocimientos pedagógicos generales y específicos de forma, modalidad, nivel o ciclo. La nota mínima de clasificación es 14.

Aseguró que todo está financiado y que la semana que viene se dará a conocer la convocatoria para incorporar a los 20 mil maestros. Podrán postular los profesores de Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa, Educación Básica Especial, Educación Técnico-Productiva, de UGEL y DREL.


La República, edición impresa

La República

El INC, el Consorzio Beni Culturali Italia, la Universidad Católica Sedes Sapientiae y la Conferencia Episcopal Peruana suscribieron un acuerdo para el registro de los bienes culturales del país.

El acuerdo fue firmado en la sede de la Asamblea Nacional de Rectores, por la directora nacional del Instituto Nacional de Cultura (INC), Cecilia Bákula; el presidente del Consorzio Beni Culturali Italia, Andrea Ferraris; el secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Lino Panizza; y el vicerrector académico de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, Luis Humberto Aliaga.

El principal objetivo de dicho documento es diseñar proyectos y llevar a cabo trabajos conjuntos para lograr la puesta en valor, la promoción, la difusión y el registro del patrimonio cultural peruano.

Asimismo, se prevé la formación de jóvenes en la actividad de catalogación y registro de los bienes muebles integrantes del patrimonio cultural de la nación de propiedad de la Iglesia católica y otros.

Bákula destacó que el INC ha implementado un sistema informatizado que permitirá registrar los bienes de la Iglesia católica. Refirió, además, que con este convenio se podrá facilitar el acceso a las diferentes diócesis y se podrá registrar invalorables bienes eclesiásticos.

Por su parte, Panizza destacó que desde hace años dichas instituciones han venido trabajando para estos fines. Finalmente, el representante del Consorcio, Andrea Ferraris, agradeció a la titular del INC por el respaldo otorgado. (Con información de Andina)

La República

Ministerio del Interior presenta queja al Poder Judicial. Cada año aumenta el número de efectivos expulsados de la PNP que por mandato judicial retornan a la institución. En lo que va del 2009, ya hay 22 reincorporados.

Doris Aguirre. Unidad de Investigación.

La Policía Nacional pasó al retiro al teniente Héctor Layme Mamami por medida disciplinaria debido a su vinculación con un caso de narcotráfico. Tres años después, la Sala Mixta de Puno acogió una demanda de Layme y ordenó su reincorporación en febrero del 2008. La Policía Nacional acató la orden judicial. Tres meses después, el seis de mayo de ese mismo año, cuando Héctor Layme se desempeñaba como comisario de Santa Bárbara, en Juliaca, cayó en un operativo antidrogas. Viajaba en una camioneta en la que agentes antinarcóticos hallaron pasta básica camuflada. Mientras las autoridades deslindan la responsabilidad del policía, el reincidente Layme continúa en actividad.

No es un caso aislado

Héctor Layme Mamani es uno de los 86 policías dados de baja por medida disciplinaria, quienes por la vía judicial consiguieron la reincorporación en el año 2008. Varios habían sido sancionados con la expulsión por cometer graves delitos. Conclusión, la Policía Nacional no puede deshacerse de sus malos elementos.

De acuerdo con fuentes de la Procuraduría de Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior, el notable incremento de la reincorporación de efectivos dados de baja por medida disciplinaria se debe a que el Poder Judicial se ha tomado atribuciones que no le corresponden.

Regreso fácil

Según cifras oficiales del Tribunal Administrativo Disciplinario de la PNP, el organismo sancionador de la institución, en 2006 los jueces reincorporaron a 24 efectivos dados de baja, y en 2007 la cifra se elevó a 83. La tendencia es ascendente. El año pasado fueron 86.

“No siempre los jueces nos notifican para apelar los mandatos de reincorporación, y cuando lo hacen es demasiado tarde para tomar acciones. Últimamente nos indican que antes de aceptar nuestros recursos de apelación, primero debemos cumplir con reincorporar a los efectivos”, explicaron las fuentes: “Ante la enorme cantidad de estos casos, hemos tenido que presentar una queja ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) para tratar de detener este tipo de arbitrariedad de algunos magistrados que afecta a la institución policial”.

Así cualquiera

El 27 de febrero de 1995, el suboficial PNP Mario Vargas Herbas fue pasado al retiro por medida disciplinaria por su implicación en un caso de asalto y robo. Trece años después, el 10 de junio del 2008, el Juzgado Mixto de Puno resolvió la reincorporación de Vargas con todos sus beneficios, devengados e intereses. Ahora labora normalmente.

La misma suerte tuvo el suboficial Aurelio Gallegos Garcés, dado de baja el 28 de agosto de 1999 por su relación en otro caso de asalto y robo. Luego de nueve años, el Juzgado Mixto de San Antonio de Putina, en Puno, mandó a la PNP su reincorporación con todos sus beneficios, el 31 de diciembre del 2008. Gallegos hoy viste de nuevo el uniforme de la PNP.

“Las reincorporaciones por orden judicial de personal policial que cometió delitos es una muy mala señal para la Policía Nacional y para la sociedad porque se trata de efectivos que cometieron actos ilícitos y fueron investigados por la Inspectoría General y sancionados internamente por el Tribunal Nacional Administrativo Disciplinario”, dijeron fuentes del despacho de la Dirección General de la PNP: “La policía ante una orden judicial solamente se limita a acatarla sin murmuraciones. Hemos encontrado varios casos de policías corruptos que han aprendido a urdir artimañas legales para regresar a la institución”.

En julio del 2002, la PNP pasó al retiro al capitán Edmundo Toledo Saucedo debido a su implicación en la fuga de un narcotraficante en Trujillo. La institución lo acusó de abandono de servicio y desobediencia. Toledo incluso recurrió al Tribunal Constitucional para que declare nula la resolución ministerial con la que se le dio de baja. Pero no lo consiguió… hasta ese momento.

Todos vuelven

Sin embargo, en enero del 2008, la titular del Noveno Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, Alicia Salinas Larriviere, ordenó la reposición del capitán Edmundo Toledo, alegando que su institución lo había sancionado injustamente porque logró recapturar al delincuente.

“La policía cometió un abuso. Al percatarse el capitán Toledo de la fuga del narcotraficante, solicitó permiso para salir en búsqueda del sujeto. No se lo concedieron, así que por su cuenta lo hizo y diez días después logró recapturar al reo”, señaló Silvio Aguirre, defensor del capitán Edmundo Toledo: “Ahora estamos luchando para que lo asciendan al grado de comandante, como le corresponde”.

De los 86 casos de policías reincorporados, 31 fueron por mandato del Juzgado Mixto de Santiago, en el Cuzco; 19 por el Juzgado Mixto de Huancané, Puno; 10 por juzgados de Lima (Tercero, Quinto y Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo); y 4 por juzgados de Arequipa (Primer Juzgado Civil de Hunter y Juzgado Mixto de Aplao), entre otros (ver infografía).

“El Poder Judicial solo tiene facultad para ordenar la reincorporación de un efectivo siempre y cuando se haya acreditado su inocencia”, explicaron fuentes de la Procuraduría de Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior: “En todo caso, las reincorporaciones por mandato judicial deben ser provisionales hasta que se dicte sentencia. Sin embargo, en la mayoría de casos los jueces ordenan la reincorporación inmediata”.

El 2 de marzo de 1996, la Policía Nacional expulsó por indisciplina al suboficial Eulogio Arqque Suico, acusado de haber dado muerte al alférez PNP Luis Aranzábal. Doce años después, el nueve de agosto de 2008, el Juzgado Mixto de Santiago, Cuzco, ordenó la reincorporación de Arqque. Hoy trabaja en la Décima Región Policial del Cuzco.

Ocurrió lo mismo con el suboficial Arturo Oviedo Guzmán. Le dieron de baja el 30 de marzo del 2000 al ser encontrado responsable de la fuga del terrorista Teófilo Sandoval Durán, recluso del penal de Qenqoro. Luego de ocho años, el mismo Juzgado Mixto de Santiago dictaminó el reingreso de Oviedo el 15 de Agosto del 2008. Ahora labora en la comisaría de Poroy.
El 13 de junio del 2005, la policía expectoró de la institución al suboficial Abel Hallasi Zárate, implicado en un caso de falsificación de documentos y en otro de encubrimiento del presunto asesino de la ciudadana alemana Úrsula Gluck. El Juzgado Mixto del Cusco ordenó la reincorporación inmediata de Hallasi, el seis de marzo del 2008.

En lo que va del 2009, la tendencia continúa siendo ascendente. Ya son 22 efectivos policiales reincorporados por resolución judicial. Uno de los casos más controvertidos lo protagoniza el suboficial Luis Espejo Livano, pasado al retiro el siete de mayo de 1982. Luego de 26 años el Juzgado Especializado Civil de Santiago, Cusco, ordenó su reincorporación el 3 de febrero de este año con todos sus beneficios. Así los premian. La República, edición impresa.

¿Le conviene pelearse con el guardián del modelo?

Por Mirko Lauer
La República

uien más a pecho se ha tomado el reciente exabrupto de Alan García sobre el 2011 es Alejandro Toledo. Los demás indignados ya han bajado el tono, pero Toledo simplemente no logra calmarse. Al grado de haber declarado a García un peligro para la democracia. Da la impresión de que la frase de García hubiera sido especialmente para él.

Si bien el dictum de García fue lanzado en el contexto específico de una defensa del actual clima de negocios, no descartemos que haya sido lanzado pensando también en Toledo. Precisamente en estos días el líder de Perú posible está dedicado a convencer a colegas de que su segunda presidencia es indispensable para frenar a los satanases del antisistema.

Si es que estamos ante un caso de inquina presidencial, esta es comprensible. Luego de que Valentín Paniagua y sus caviares circundantes le abrieron el camino legal de vuelta a la política local a García, Toledo se pasó cinco años haciendo enormes esfuerzos por hacerle la vida imposible a quien fue su competidor del 2001.

El instrumento de esa decisión fue su socio político y profesional del antialanismo Fernando Olivera, FIM, el cual dedicó esos años a mantener al Apra todo lo arrinconada que se pudiera. Incluso como ministro de Justicia instaló a un severo perseguidor de García ante la corte de Costa Rica, quien no logró más que los perseguidores fujimoristas de otrora.

La pequeña historia cuenta que el encono de Toledo fue porque en algún lugar de Francia García le había prometido que no sería candidato, y luego lo terminó siendo. Pero eso suena flojo. Más fácil es pensar que Toledo necesitaba los votos del FIM en el Congreso para hacer mayoría, como ahora García los del impresentable fujimorismo.

El balance de todo esto es que Toledo no necesita Museo de la memoria para darse cuenta de que el Apra no le va a facilitar en lo más mínimo su proyecto de candidatura presidencial. Un Apra en contra y un García dedicado a buscar aliados en muchas canteras siempre es un handicap serio para un Toledo predicador de la religión del frentismo.

Pero quizás Toledo no se ha dado cuenta de todo esto, o sí se ha dado cuenta pero no le da importancia, y más bien está convencido de que indignarse mucho atrae a los medios y gusta al público. Quizás tiene razón, en el sentido de que el show de la indignación es hoy, y para el show “he sido vetado por el Apra” todavía falta un buen tiempo.

La situación de un candidato de derecha en el 2011 tiene parámetros muy claros. De un lado tendrá que enfrentar con energía al candidato de la protesta contra el modelo y de otro tendrá que entenderse, en lo estrictamente político, con mister guardián del modelo. Al no poder hacer ambas cosas Toledo, por lo menos en eso, hoy no parece de derecha.

Bernabé denuncia a magistrados del TC

Expreso
El ex marino Teodorico Bernabé Montoya, denunció ante el Congreso de la República a tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC), por haber admitido a trámite el hábeas corpus que presentó el Instituto de Defensa Legal (IDL), para que revisara la resolución emitida por una sala superior que declaró fundada la prescripción de los delitos del ex integrante de dicha institución castrense, sin ser la parte interesada.

Según información obtenida por EXPRESO, la denuncia fue interpuesta en la mesa de partes del Parlamento contra los magistrados César Landa, Ricardo Beaumont y Gerardo Eto Cruz por presunta infracción constitucional.

Trascendió que esta denuncia será revisada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente será la encargada (de ser necesario) de continuar el trámite, pues indicaron, que serán ellos quienes evaluarán si a su vez se cometió el delito de prevaricato.Según se informó, Bernabé Montoya cuestiona el hecho de que los tres magistrados (Landa, Eto y Beaumont) admitieran a trámite el hábeas corpus del IDL, si en su momento, una sala del Poder Judicial rechazó a este instituto, un recurso de agravio constitucional, que vio el caso El Frontón. JANET LEIVA D.