Justicia :::: Diego García-Sayán es el primer peruano elegido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el Círculo De Fuego

Caretas

García Sayán el martes 1 en el monumento El Ojo que Llora, en el Campo de Marte.

“Un contacto electrónico enfervorizado”. Así describe Diego García-Sayán la parte no presencial de su trabajo como magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Pese a su nombre tan pomposo, es el tribunal más pobre que existe en el planeta. Más pobre que el Tribunal Andino de Justicia y que la Corte de Centroamérica”.

Ello implica que los siete jueces deban continuar con sus ocupaciones en sus respectivos países.

Por eso este rockero ocasional, director general de la Comisión Andina de Juristas y ex ministro de Justicia y Relaciones Exteriores deberá intensificar todavía más su frenética lectura de correos electrónicos. Se acaba de convertir en el primer peruano elegido unánimemente por sus seis colegas como presidente de la CIDH, con sede en Costa Rica.

A pesar del presupuesto, este tribunal supranacional tiene un significado trascendente para el Perú. El retiro de su jurisdicción signó un momento en el que el régimen de Alberto Fujimori decidió aislarse de la comunidad internacional. A su vez, volver a su esfera de competencia significó reconocer que las instancias supranacionales no eran para ser tomadas a la broma. Sus fallos en casos claves como las masacres de la Cantuta y Barrios Altos fueron, a su vez, determinantes en la histórica sentencia de veinticinco años impuesta a Fujimori. El gobierno peruano invitó al tribunal a realizar sus audiencias en Lima en abril próximo.

García-Sayán otea el cambio de los vientos desde el monumento El Ojo que Llora en el Campo de Marte: “Hoy los estados latinoamericanos no van con el discurso viejo que tenían las dictaduras o los autócratas de decir: eso es mentira, es invención de los terroristas, de los izquierdistas y de las ONG. Aquí hay hechos y son ciertos, aceptamos que fueron así y que no deben de producirse más. Hace diez años hubiéramos pensado que era algo más para europeos. Era imposible pensar que iba a funcionar una corte que no tiene policías ni manera de trabarle embargo a una cuenta del Estado para que pague una reparación. Eso demuestra que no todo está funcionando, pero hay cosas que sí están funcionando”. El 80% de las reparaciones determinadas por la CIDH a favor de ciudadanos demandantes han sido sufragadas por los estados aludidos.

No ha sido un reciente camino exento de baches. Ciertamente, regaló munición a los críticos de la Corte la resolución (2007) del caso de la masacre del penal de Castro Castro, que incluyó una reflexión del juez brasileño Cançado Trindade calificando a las senderistas como “Juanas de Arco”. García-Sayán, que se inhibe en todos los casos relacionados con el Perú, aclara que “no era el pensamiento de la Corte porque no era parte de la sentencia y en segundo lugar era una reflexión retórica poética que no tenía una consecuencia jurídica particular”. El brasileño es ahora juez en la Corte Penal de La Haya.

“Nunca fui juez”. García-Sayán reconoce que le costó integrarse a la rutina de trabajo de la Corte. La toga (“la pijama”) propia de los magistrados y los interminables debates jurídicos no eran lo suyo. Pero la mirada de este abogado de 59 años se ilumina cuando explica las razones que hacen apasionante el trabajo.

“Las decisiones de la Corte en los últimos años están influyendo de manera muy decidida en políticas públicas”, explica. En tiempos de autoritarismos y guerras sucias, los fallos de la Corte lidiaban con los crímenes del Estado. Hoy imponen lo que García-Sayán llama sus “obligaciones positivas”. Esto significa “tener un sistema judicial eficiente, que funcione, que sea accesible, al que la gente pueda llegar y que resuelva en un plazo razonable”.

De alguna manera, corren tiempos en los que el Estado asume un nuevo rol central. “Es una fase muy distinta a la del pensamiento único del consenso de Washington, que le decía a los estados: tienen que privatizar empresas e imponían una injerencia constante”.

Hoy la Corte le hinca el diente a casos relacionados con “asuntos muy interesantes sobre pueblos indígenas y el requisito del consentimiento para otorgar concesiones. Lo que no significa que no se pueden dar, pero tiene que haber algún tipo de compensación económica para la gente. Esto a propósito de unos casos de Surinam que tienen vigencia más allá”. Los trágicos ecos de Bagua vienen de inmediato a la memoria.

Otros ejes actuales son los de acceso a la información –con una reciente sentencia ejemplar para un caso de Chile– y regímenes pensionarios. Bárbaros crímenes de Estado todavía son denunciados desde México –con el feminicidio en Ciudad Juárez como triste ejemplo– y Colombia. El filtro previo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos posibilita que la carga procesal de la Corte sea moderada. Ven solo unos veinte casos al mismo tiempo.

Un gran pendiente es la ausencia de Estados Unidos en el sistema. “Quisiera pensar que con la administración Obama se puedan dar pasos en esa dirección”, confía García-Sayán. “Podría darse el caso que, con algunas reservas, EE.UU. se adhiera a la Corte Penal Internacional. No creo, realistamente, que con la CIDH se pueda dar un giro de 180 grados pero estoy convencido de que puede establecer un camino de diálogo para generar sensibilidad, no tanto en los sectores académicos donde ésta ya existe, sino en los círculos políticos”. Seguro que centenares de correos electrónicos se invertirán en el esfuerzo. (Enrique Chávez)

La República

El Tribunal Constitucional (TC) ordena que se reponga a un alumno del segundo año de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional de Puente Piedra, que fue separado en el 2003 por haber mantenido relaciones sexuales en los baños del segundo nivel del lugar, al parecer, con otro estudiante.

Según el fallo, al alumno identificado con iniciales C.F.A.D. se le violentó su derecho a la defensa durante el procedimiento administrativo disciplinario que se siguió en su contra, restándole la posibilidad de proponer los medios de prueba que estimaba pertinentes para su defensa, pues no se le permitió presentar testigos ni ofrecer pruebas de descargo.

“Además, de los actuados se desprende que el demandante no fue informado debidamente que su defensa podía ser asumida por él o que tenía derecho a elegir libremente un abogado defensor para que le asista durante el procedimiento, y que en caso de que no contara con uno se le debía haber asignado un abogado defensor de oficio”, precisa el TC.

Agrega que, de acuerdo al parte policial, se reconoce que no se cuenta con pruebas contundentes que den solidez a la denuncia, y que sólo se basa en testimonios de terceros que constituyen indicios que no son posteriormente corroborados.

“Más bien en el proceso administrativo que se sigue contra C.F.A.D. se constata la intención de separarlo de la PNP por su supuesta condición de homosexual”, señala el TC, que concluye que ni el test psicológico ni el examen médico constituyen pruebas idóneas para demostrar la supuesta condición de homosexual de una persona.

De manera complementaria se expresa en los fundamentos del magistrado dirimente que la condición de homosexual de una persona no significa ni puede ser visto como una disminución de su calidad moral, profesional, mental o física.

En este sentido, sostiene que la opción sexual de un individuo no puede ser requisito o condición para determinar su capacidad o aptitud profesional, incluyendo la actividad policial y castrense.

Como se recuerda, en el 2003 la Jefatura del Regimiento de Alumnos de la Escuela Técnica Superior, emitió un parte al TC refiriendo que estos actos eran faltan muy graves contra la moral policial (contra el decoro), cometidas por los alumnos del segundo año PNP R.E.C.P. y C.F.A.D. al haber mantenido relaciones homosexuales en más de una oportunidad entre los meses de octubre de 2002 y septiembre de 2003.

Tanques chinos no son prestados y serán adquiridos

La República


Ante las declaraciones de Ollanta Humala, quien sostuvo que sacar tanques chinos sin ser nuestros comprometía al ministerio de Defensa, el premier señaló que estos están en “tránsito” de ser adquiridos por el Perú y tienen una alta tecnología y buen precio.

“Estos tanques no son prestados, están en tránsito para una adquisición, son tanques de alta tecnología que cuestan la tercera parte de lo que cuestan algunos tanques de otros países”, sostuvo.

En declaraciones a la Agencia Andina, Velásquez manifestó que el Gobierno chino está dando facilidades “importantes y sustantivas” para que su compra, y que por ello respaldaba la decisión del Ministerio de Defensa de adquirir esos equipos militares.

Señaló que el ministro Rafael Rey, cuando en su oportunidad sea convocado por la Comisión de Defensa del Congreso, explicará los beneficios que genera esta compra.

Debatirán un proyecto que les otorgaría “licencia” y les permitiría volver a sus escaños en caso sean derrotados en el proceso electoral.

Perú 21

Los ‘compañeros’ quieren una ley con nombre propio. (César Fajardo)
Solo el reclamo ciudadano logró, en diciembre del año pasado, que el Apra retrocediera en su pretensión de sacarle la vuelta a la Constitución mediante la aprobación de una norma que da luz verde a la postulación de los congresistas de la República a cargos municipales y regionales durante el periodo que dure su mandato legislativo.

Hoy, sin embargo, en vísperas del término de la legislatura, y por acuerdo de la Junta de Portavoces, el tema ha sido incluido en la agenda del Pleno, y está previsto que sea debatido en las sesiones de mañana y del viernes 11, al igual que el dictamen que propone la restitución de la bicameralidad en el Parlamento.

ES UNA LEGULEYADA. En declaraciones a Perú.21, el congresista Rolando Sousa, del Grupo Fujimorista, cuestionó que el Apra intente cambiar las reglas de juego electorales para beneficio propio y, más aún, que pretenda hacerlo a través de “leguleyadas”, modificando el Reglamento del Parlamento y las leyes orgánicas de elecciones municipales y regionales, cuando lo que procedería en este caso es una reforma constitucional.

Advirtió que la diferencia entre ambos mecanismos es que, mientras el cambio de leyes orgánicas necesita el aval de 61 votos, una reforma constitucional requiere ser aprobada en dos legislaturas consecutivas por no menos de 81 votos, “que el Apra no tendría en este caso”, intuyó. Sousa criticó también que la iniciativa contemple el otorgamiento de una “licencia” al congresista-candidato, lo que, en la práctica, le permitiría retornar a su curul si perdiera la elección. Este impasse, no obstante, sería corregido en el curso del debate.

El segundo vicepresidente del Legislativo, Michael Urtecho, informó a Perú.21 que se le ha pedido a la Comisión de Constitución que prepare algunas propuestas alternativas. La medida, trascendió, buscaría evitar entrampamientos en la aprobación de la norma. No es un secreto que los “compañeros’ Javier Velásquez, Luis Alva Castro y Nidia Vílchez están interesados en tentar las presidencias regionales de Lambayeque, La Libertad y Junín, respectivamente. Urtecho, por su parte, añadió que la norma debería regir a partir de 2011.

El Ejecutivo enviará una iniciativa al Congreso en ese sentido. El Apra revisará los vínculos de sus legisladores con Alas Peruanas.

Perú 21

El jefe del gabinete hizo el anuncio tras la sesión del Consejo de Ministros en Palacio. (Andina)
El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para suspender la autorización de nuevas universidades, al menos mientras el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación realice un proceso de certificación de calidad a las ya existentes, para medir el nivel de enseñanza que imparten a los alumnos.

Tras la sesión de consejo en Palacio, el premier Javier Velásquez explicó que la propuesta, que será enviada al Congreso, propone también que el proceso de acreditación a las universidades sea permanente y se efectúe cada cinco u ocho años. Establece, asimismo, revisar la metodología empleada para los estudios a distancia.

En 1985 existían 45 universidades en el Perú, entre nacionales y privadas y hoy suman 98, lo cual supera a las existentes en Chile, Colombia y España. Actualmente existen más de 30 solicitudes para crear nuevos campus de estudio superior.

De otro lado, informó que la Célula Parlamentaria Aprista revisará la situación de los legisladores Edgar Núñez y Wilder Calderón y su permanencia en la Comisión de Educación. Ambos legisladores son cuestionados por tener presuntos vínculos con la universidad Alas Peruanas. Velásquez opinó que ambos deberían apartarse del referido grupo, por lo menos hasta que las acusaciones en su contra se aclaren