La República

El presidente Alan García, promulgó hoy una ley que otorga el seguro de vida o la compensación extraordinaria a policías, militares y bomberos que mueran o sufran invalidez durante sus actos de servicio.

La ley fija esta compensación en 55.000 nuevos soles (18.333 dólares) y fue suscrita por García durante la ceremonia por el aniversario de la Marina de Guerra del Perú y la conmemoración de los 130 años del combate naval de Angamos.

La norma fue leída durante la ceremonia por el ministro de Defensa, Rafael Rey, y establece que el monto se reajustará cada año tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Para el otorgamiento del beneficio se constituirá una junta calificadora que se encargará de evaluar los casos de otorgamiento del seguro de vida o la compensación extraordinaria. EFE.

Ministro Pastor se opone a ello. En tanto, la comisión revisora del Código Penal también aprueba la eutanasia. ¿Usted qué opina?

Por José Santillán / Fabiola Torres
El Comercio

¿Tiene alguien derecho a decidir sobre la vida? La pregunta ha cobrado especial importancia luego de conocerse que la comisión especial revisora del Código Penal, integrada por 14 personas, acordó hace solo dos días —con cuatro votos a favor, dos en contra y dos abstenciones— despenalizar tanto el aborto eugenésico como el mal llamado aborto sentimental, que tiene como fin impedir el nacimiento de un feto cuando la mujer ha sido víctima de violación sexual.

“Debo lamentar la decisión adoptada… No estoy de acuerdo porque soy un defensor de la vida y de los derechos humanos”, dijo el presidente de esa comisión, el congresista Carlos Torres Caro (no agrupado).

TAMBIÉN LA EUTANASIA
La misma comisión que preside ese parlamentario aprobó, hace solo dos semanas, una modificación al artículo 112 del Código Penal relativo al homicidio piadoso (eutanasia).

Aunque dentro del cambio propuesto se aumenta la pena de cárcel de dos a cuatro años (el Código Penal solo considera una pena privativa de libertad no mayor de tres años), se hace un agregado que deja abierta la posibilidad de que el juez pueda eximir de sanciones “cuando la muerte hubiera sido solicitada de modo consciente por el enfermo, herido o quien sufrió graves quemaduras”. Lo que llama la atención de esa modificación es que esta no haya sido puesta en conocimiento público en su debido momento y que, más bien, se mantuviera casi en secreto hasta ayer, cuando El Comercio tuvo acceso a esa información. “¿Cómo se enteró usted?”, preguntó el congresista Torres Caro.

EL ABORTO
Pero además de la eutanasia, la comisión modificó los artículos 114 al 120 del Código Penal relativos al aborto. El más polémico es el último, referido tanto al aborto eugenésico —llamado así porque se interrumpe la vida de un feto con graves malformaciones congénitas, o taras físicas o psíquicas que han sido comprobadas por un médico especialista— como al aborto por violación sexual. Ambos casos son castigados por el actual Código Penal con solo tres meses de pena privativa de libertad, aunque en la práctica no hay cárcel efectiva.

Para Torres Caro, este es el quid del asunto, toda vez que una investigación para sancionar la responsabilidad de los involucrados en cualquiera de los delitos señalados puede llevar hasta medio año, lo que conlleva a la prescripción de la pena.

Aun así, un hecho que llamó la atención es que uno de los miembros de la comisión nombrado por el Ministerio de Justicia votó a favor de la despenalización del aborto, no obstante que esa cartera había expresado su posición en contra con antelación.

Debido a esta contradicción, anoche el titular de Justicia, Aurelio Pastor, lamentó que uno de los comisionados, Rosa Mavila León, haya votado en sentido contrario, por lo que se le ha pedido un detallado informe al respecto. El ministro ratificó la posición institucional en contra de la despenalización del aborto.

La comisión revisora también examinó las propuestas para aprobar el aborto por necesidad (embarazo no deseado) y el aborto por indigencia, pero ambas fueron rechazadas.

LO QUE SE VIENE
Por ahora, la comisión especial revisora del Código Penal continuará con su trabajo hasta mediados de diciembre, aunque es probable que soliciten una ampliación, detalló Torres Caro.

Una vez concluidas las modificaciones del Código Penal, estas serán elevadas al presidente del Congreso, quien decidirá si son llevadas al pleno para su discusión y aprobación, o son remitidas a la Comisión de Justicia para su revisión.

El titular del Poder Judicial hizo este comentario sobre el pedido del fiscal José Peláez de archivar el caso de corrupción de la aprista Tula Benites.

El Comercio

Negó injerencia política, pero no consideró negativo la filiación partidaria de los jueces. “Estamos en un país democrático donde todas las filiaciones son compatibles con el estado constitucional de derecho. Los corazoncitos tienen que respetarse porque hay algunas lealtades que yo aplaudo y felicito, sostuvo el titular del Poder Judicial, Javier Villa Stein, sobre el pedido hecho por el fiscal supremo José Peláez Bardales de archivar el caso de la suspendida legisladora aprista Tula Benites.

De ser aceptada esa orden, no habría impedimento para que la cuestionada Benites retorne al Parlamento.

Tras hablar de “corazoncitos y simpatías”, el presidente del Poder Judicial negó que ello afecte la labor objetiva de sus magistrados.” Hemos demostrado suficiente independencia del partido de los astros”, dijo en alusión al partido de la estrella, el Apra. “Tenemos una buena amistad con el presidente de la República a quien respetamos pero esto no necesariamente nos vincula ideológicamente”, indicó al respecto. “Al menos en lo que a políticas partidarias se refiere, aunque en el ámbito de la conducción del Estado me parece que las cosas las está haciendo bien”, opinó.

Es preciso indicar que un reciente fallo absolvió al ex asesor de Benites, Juan Carlos Cuadros Noriega, acusado de cobrar sueldo sin trabajar. Pese a la condena de la opinión pública al fallo, el aprismo ha pedido respetarlo.

Según “Perú 21”, el Décimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima argumentó su decisión al asegurar que “no está probado que (Cuadros) le haya ocasionado perjuicio económico al Congreso ni que haya cobrado su sueldo sin trabajar”. Este argumento ha servido de base para que José Peláez Bardales pidiera el archivamiento del caso de corrupción de Tula Benites.