El Congreso no es hostal

Por Federico Salazar
La República

El Congreso está congelado. No reacciona. Si no los viera moverse, diría que los congresistas están muertos.

Nadie en el Congreso ha pedido algún cambio en el Reglamento. Y deberían hacerlo. Lo reclama, por lo menos, el caso de la congresista Rocío Gonzales, condenada por el robo de luz a favor de su empresa.

Una serie de tecnicismos y enredos leguleyos han congelado la situación de la congresista.

La Suprema ratificó hace poco la sentencia condenatoria. En el camino, sin embargo, se cumplió la prueba de pena suspendida sujeta a reglas de buena conducta. Hoy la congresista está habilitada en sus derechos. ¿Qué hacer con el tiempo en que, como resolvió la Suprema, cumplía sentencia como autora del delito de robar luz?

¿Se puede admitir que el Congreso sea algo así como un alojamiento de paso, un hostal, de delincuentes sin prisión efectiva? La congresista fue sentenciada, en primera instancia, poco antes de la ceremonia de investidura de su cargo. ¿Buscó el Congreso como refugio frente a su proceso?

Un procesado puede buscar en el Congreso influencia y poder. Puede canjear la influencia y el poder a cambio de votos, adhesiones, dictámenes o mayorías.

Si es así, los procesos de decisión política se contaminan del delito, y el cambalache de votos se convierte en actividad criminal de encubrimiento.

El artículo 25 del Reglamento dice que sólo procede el desafuero con una sentencia firme por delito doloso, en caso se disponga prisión efectiva inmediata. ¿Por qué? ¿Acaso es misión del Congreso proteger al que cometió delito?

¿Es lícito que el Congreso proteja al que cometió delito y permita que ejerza la representación política?

Mientras fue delincuente, ¿pudo representar a sus electores un congresista? El Congreso, ¿debe admitir entre los representantes a un condenado por delito doloso, al margen de que se haya dispuesto o no prisión efectiva?

La suspensión de la prisión no cambia la culpabilidad. Hay gente que con sentencias menores a cuatro años pierde la libertad. El Congreso no debería considerar la suspensión de la carcelería como un atenuante de la acción criminal.

No debe haber congresistas que cumplan su condena en el Congreso. La condena firme, extemporánea o no, debe ser razón suficiente para el desafuero.

Al margen de lo que pase ahora con la congresista que robó luz, el Congreso debe cambiar sus reglas de juego. A no ser que quiera convertirse en el hospedaje de paso de los delincuentes e indeseables.

La República

El procurador ad hoc, Pedro Gamarra, anunció que los cuadernos de extradición que viene preparando la Procuraduría del Estado, para ser enviados a la Corte Suprema de Chile, contendrán los procesos pendientes más importantes.

“Venimos trabajando eso y se está coordinando con las autoridades competentes. Estamos viendo la manera de juntar los más importantes en los cuales tengamos la seguridad de que van a aprobar la ampliación”, indicó.

Gamarra afirmó que algunos procesos que se vienen analizando para ser incluidos en este pedido de ampliación a la justicia chilena, ya cuentan con la conformidad en la Sala Suprema.

Explicó que parte del trámite de la extradición será la futura aprobación de estos cuadernillos por el Consejo de Ministros, para que a través de la Cancillería sean remitidos a la justicia chilena.

El pasado 30 de setiembre, como se recuerda culminaron los procesos judiciales en contra del ex mandatario, Alberto Fujimori, por los casos por los que fue aceptada la extradición desde Chile.

(Con información de Andina)

La República

El Poder Ejecutivo propiciará un acercamiento con la fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, para explicarle los alcances del proyecto de ley que dispone que los fiscales deben esperar un informe técnico antes de denunciar a efectivos de las fuerzas del orden, adelantó el premier Javier Velásquez.

Descartó que dicha iniciativa, que se aplica para casos de enfrentamiento con decesos en zonas de emergencia, sea inconstitucional.

“A mí me consta que la fiscal Echaiz siempre ha sido muy colaboradora y proactiva para ayudar a erradicar la violencia y el delito; nosotros a veces la hemos visitado para que colabore en el plan VRAE y ha demostrado la mejor disposición.”

Consideró que la fiscal de la Nación no tiene información completa sobre el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso.
“Cuando ella revise el proyecto de ley verá que no invade su competencia, lo que pretende es darle herramientas al fiscal para que pueda, objetivamente, evaluar si hay mérito para formular denuncia o no.”

Subrayó que de ninguna manera se ha dispuesto que el informe técnico respectivo sea vinculante, y aclaró que de eso se ha preocupado el proyecto de ley.

Indicó que dicho diálogo con la fiscal podría realizarse en las próximas horas, pues “los poderes del Estado no estamos para enfrentarnos sino más bien para colaborar.” ( con información de Andina)