La República
Por: Sinesio López Jiménez

Las vergonzosas denuncias contra los parlamentarios ponen en cuestión la calidad del Congreso y de los partidos políticos. Desde una perspectiva comparada es probable que el actual Congreso sea de menor calidad que los que ha tenido el Perú en el pasado.

Eso tiene que ver, por un lado, con la poca calificación y profesionalización de las actuales élites políticas y, por otro, con la inexistencia de un sistema de partidos. Muchos de nuestros políticos viven de la política, pero no viven para ella. La política es para ellos, no una causa, sino un modo de vida (Weber). Este hecho implica que su reclutamiento procede, no de los estratos sociales altos, sino más bien de los más bajos.

Es un fenómeno estrechamente asociado a la extensión de la ciudadanía y del sufragio universal a las clases populares. Su procedencia social, a su vez, trae consigo la poca o nula formación universitaria de muchos de ellos o la poca solidez de los que la tienen, lo que, a su vez, dice mucho de la pobreza intelectual de nuestras universidades. A todo esto hay que añadir la actual configuración partidaria que combina partidos sin sistema y políticos sin partido y no llega a constituir un sistema de partidos (Cavarozzi). Esto explica, a su vez, la enorme volatilidad y la inestabilidad de la actual élite política.

La mejora de la calidad del Parlamento y de los partidos pasa, no por la exclusión de sus integrantes menos calificados y de los sectores pobres y muy pobres que representan (como afirman los gritos que vienen de la caverna), sino más bien de un proceso general de igualación (hacia arriba) de los ciudadanos en los campos económico, social y político. Es irracional pretender una representación europea en un país (casi) africano.
Pese a la poca calidad del Parlamento y los partidos, estos son, sin embargo, más representativos que los del pasado. Expresan más el país que actualmente somos y tenemos. No es el Parlamento plutocrático de la república aristocrática ni el mesocrático de las aperturas liberales (1930 y 1956) sino que es un Parlamento popular que procede de las aperturas democráticas (1978-1980 y 2001). Esto explica la menor calidad y al mismo tiempo la mayor representatividad del Congreso actual, más representativo que los del pasado, pero no totalmente representativo. Hay sectores sociales (pobres y muy pobres de las áreas rurales) y regiones que no tienen una cabal representación. Esto obedece, sin embargo, más a un defecto del diseño electoral que a una falla de los partidos.

Pese a que es más representativo, el actual Congreso tiene menos poder y es menos importante que los anteriores. Más allá de la supuesta independencia de poderes, el Parlamento no llega a ser un poder que sirva de contrapeso al Ejecutivo en un régimen exacerbadamente presidencialista. En los regímenes parlamentaristas y semipresidencialistas, en cambio, el Parlamento es importante porque a través de él se accede al gobierno. La creciente delegación de facultades legislativas al Ejecutivo presidencialista lo debilita aún más. Muchas de sus clásicas funciones (foro público, espacio de negociación, centro de la representación, mecanismo de competencia, lugar de formación de las élites políticas) se han perdido o se han debilitado seriamente.

La paulatina disminución de poder parlamentario tiene que ver con el debilitamiento general del Estado y con la pérdida de encanto de la política en una época neoliberal. En estos tiempos, la política ha sido oscurecida por la economía; el Estado, destronado por el mercado y los partidos políticos tienden a ser desplazados por los poderes fácticos (empresarios, militares, Iglesia, medios, organismos financieros internacionales).

Todo ello acentúa la crisis del Parlamento cuya suerte puede cambiar (junto con la de la política y la del Estado) con la crisis actual del capitalismo neoliberal.

La titular del Ministerio Público manifestó sus reparos al proyecto que obliga a fiscales a pedir un “informe técnico” antes de denunciar a militares y policías. El premier Javier Velásquez desestimó críticas a la iniciativa y dijo que la autonomía de dicha entidad “está garantizada”.

Perú 21

Echaíz se encuentra en la Ciudad Imperial, donde 100 fiscales se incorporaron hoy al Distrito Judicial del Cusco. (Canal N)
La fiscal de Nación, Gladys Echaíz, expresó este jueves sus reparos al proyecto de ley aprobado ayer en el Consejo de Ministros que establece que los fiscales deben solicitar un informe a un equipo técnico designado por el Ejecutivo antes de denunciar a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía por enfrentamientos en zonas de emergencia.

“Yo quisiera leer ese proyecto para ver si es compatible con la Constitución. Me parece que hay un problema, porque el Ministerio Público es titular de la acción penal y no está sometido a opinión o condicionamiento de terceros”, manifestó Echaíz desde Cusco en Canal N, donde hoy se incorporaron 100 fiscales a este distrito judicial, en el marco de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

Al respecto, el jefe del gabinete, Javier Velásquez, dijo que la autonomía del Ministerio Público está garantizada al desestimar las críticas al proyecto. Argumentó que dicho informe solo será un elemento de juicio para el fiscal, pues no es vinculante y, por tanto, no influirá en la investigación. “De tal manera que las garantías de independencia y autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial están aseguradas”, añadió.

La titular del Ministerio Público también opinó sobre otro proyecto del Ejecutivo que autoriza a las Fuerzas Armadas a recoger los cadáveres de los militares caídos en atentados terroristas sin la presencia de fiscales. Dijo que esta situación se puede dar si los uniformados cuentan con la autorización previa de un representante del Ministerio Público.

La República

Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

El final de los juicios ejemplares a Alberto Fujimori

La sentencia leída ayer a Alberto Fujimori constituye un hecho histórico trascendental pues implica su condena por violador de derechos humanos, ladrón y corruptor en el marco de un proceso ejemplar, impecable e inobjetable realizado durante los últimos dos años.

Todo juicio tiene el fin esencial de declarar la inocencia o culpabilidad del acusado, y de aplicarle –si corresponde– un castigo, pero algunos poseen, por el procesado o por la materia que trata, una función pedagógica vital para la sociedad.

Por un lado, porque se vuelven factor de revelación de hechos pasados que, vistos en perspectiva, son mejor entendidos. Por el otro, porque sirven para advertir al futuro gobernante de lo que nunca debe hacer, lo cual, en el caso de Fujimori, significa no robar, no matar y no pervertir instituciones y, a la sociedad en su conjunto, no tolerar estos comportamientos.

En dos casos, como el que culminó ayer, Fujimori aceptó su culpabilidad y optó por una sentencia anticipada para evadir el juicio oral. Ante la contundencia de las acusaciones, buscó impedir que la ciudadanía tuviera el recuerdo vivo de los delitos que cometieron él y su cómplice Vladimiro Montesinos.

Los fujimoristas insisten en que no tenía otra opción por el supuesto fusilamiento mediático del que era víctima y que apabullaba a la corte. Esto no tiene sentido. Primero, ya no quedan muchos medios realmente opositores a Fujimori, mientras que el periodismo que simpatiza con él ha crecido notoriamente.

Segundo, la sala que lo juzgó, conformada por César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, demostró una elevada capacidad profesional que la inmuniza frente a maniobras mediáticas en las que el fujimorismo sí es experto. El país les debe a los tres vocales un profundo agradecimiento por la imparcialidad y transparencia con que condujeron el proceso, lo cual fue crucial para que sea inobjetable.

Lo mismo se puede afirmar del papel cumplido por los fiscales José Antonio Peláez y Avelino Guillén y, también, del abogado de la defensa, César Nakazaki, quien hizo lo mejor que pudo ante la contundencia de las pruebas contra su cliente.

Ya derrotado en el terreno judicial, el fujimorismo se va a lanzar, según su vocero Carlos Raffo, a una “respuesta política” que buscará que “el pueblo lo absuelva”. Esto implica que Keiko Fujimori sea elegida presidenta en el año 2011 con el único y exclusivo fin de indultar a su padre y liberarlo. O pactar el endose de votos a la agrupación política que asuma dicho compromiso.

Ya van a ver cuántos platos de lentejas se van a empezar a rematar a partir de ahora. Impedirlo es, sin duda, el principal desafío democrático de la próxima elección en el Perú.

La República
Por Humberto Campodónico

Todos sabemos que el siglo XXI tendrá como eje el paso hacia la sociedad de la información y el conocimiento. Hasta hace algunos años se decía que ya habíamos entrado a la era de la sociedad post-industrial y que las viejas fábricas con chimeneas habían quedado atrás.

Sin embargo, la crisis global del 2009 nos dice claramente que –a pesar de las innovaciones tecnológicas, algunas de las cuales se llevaron al campo financiero– la sociedad post-industrial está aún en la adolescencia y que habrá una larga época de convivencia con las tecnologías del siglo XX.

Dicho esto, el informe “El Estado de la Ciencia” (1) nos dice que la inversión mundial en Investigación y Desarrollo (I&D) en el 2006 continuó siendo liderada por América del Norte (EEUU y Canadá) con el 39% del total, seguidos de Europa y Asia, con el 30.5 y el 26.8%. América Latina y el Caribe están muy rezagados con el 1.9% del PBI, viniendo detrás nuestro Oceanía y África (1.4 y 0.3%). Lo notable es que China, India, Brasil, Rusia y Australia han aumentado fuertemente su inversión en I&D, acortando distancias con los países industrializados (PI).

Analizada por países, Japón lidera la inversión en I&D con el 3.39% de su PBI, seguido de EEUU y Canadá (ver gráfico). En América Latina y el Caribe el líder –y el único en superar el 1% del PBI– es Brasil con el 1.02%, seguido de Chile. El promedio de la Región es 0.63%, pero esa cifra está distorsionada por Brasil (50% del total.) Perú solo invirtió el 0.18% de su PBI en el 2006. Dice la RICYT que uno de nuestros rasgos característicos es “el relativamente bajo nivel de la inversión privada (30 a 40% del total, cuando en los PI supera el 60%), lo que constituye una dificultad para el proceso de transferencia de conocimiento hacia la producción y da cuenta de un comportamiento escasamente innovador por parte de las empresas”.

Este bajo nivel de la inversión privada tiene su correlato en que “casi el 40% de la I&D en la Región se da en las universidades”. Al leer esta información, pensamos, ¿será ese el caso en el Perú con el exiguo presupuesto de las universidades nacionales que, sin embargo, realizan una mayor actividad de I&D que las universidades privadas?

El propio Informe aclara la duda. Dice que “al analizar la cantidad de investigadores y tecnólogos en la Región (que ascienden a 234,661 con equivalencia a jornada completa) se encuentra que 4 países concentran el 90% de esta población altamente calificada, aunque algunos pequeños países, como Cuba, tienen un número alto de investigadores y tecnólogos con relación a su población”. Estos cuatros países son Brasil (50.4%), México (21%). Argentina (14.9%) y Chile (6.8%), lo que da un total de 93.1%, correspondiéndoles a 6.9% restante a todos los demás países de la Región.

Hay muchos más elementos importantes en este informe, por ejemplo la cantidad de egresados de la educación superior, maestrías, doctorados y, a partir de ello, de la elaboración de patentes e innovaciones en cada uno de los países. En cada uno de ellos, para el caso peruano, se evidencia el escaso apoyo gubernamental al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, así como a las universidades nacionales, cuyos docentes están en huelga por esos motivos. Claro, si a este gobierno solo le interesa proseguir con el modelo primario exportador. Así no es el Siglo XXI, señores.

(1) Verlo en el portal de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT), www.ricyt.org.