La República
El presidente de la República. Alan García Pérez firmó de ley que crea, organiza y establece las funciones del Ministerio de Cultura, primero en la historia del país, para ser remitido al Parlamento.
El mandatario señaló que este ministerio será responsable de la política estatal en la materia, la promoción de las diferentes manifestaciones culturales del país, y salvaguardar el patrimonio cultural de la Nación.
También tendrá a su cargo los sistemas de museos, bibliotecas y archivos, y dará incentivos al sector privado para participar en su promoción y conservación.
García dijo que debido a la rica historia que ha tenido el país, conviven en su territorio diversas manifestaciones culturales, que es deber del estado preservar y promocionar.
"Si hay una nación que requiere un ministerio de Cultura es nuestra patria", aseveró.
En el acto estuvieron presentes el presidente del gabinete ministerial, Javier
Velásquez; y el ministro de Educación, José Antonio Chang.(Con información de Andina)
El presidente de la República. Alan García Pérez firmó de ley que crea, organiza y establece las funciones del Ministerio de Cultura, primero en la historia del país, para ser remitido al Parlamento.
El mandatario señaló que este ministerio será responsable de la política estatal en la materia, la promoción de las diferentes manifestaciones culturales del país, y salvaguardar el patrimonio cultural de la Nación.
También tendrá a su cargo los sistemas de museos, bibliotecas y archivos, y dará incentivos al sector privado para participar en su promoción y conservación.
García dijo que debido a la rica historia que ha tenido el país, conviven en su territorio diversas manifestaciones culturales, que es deber del estado preservar y promocionar.
"Si hay una nación que requiere un ministerio de Cultura es nuestra patria", aseveró.
En el acto estuvieron presentes el presidente del gabinete ministerial, Javier
Velásquez; y el ministro de Educación, José Antonio Chang.(Con información de Andina)
Categoría: Artículos de política
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El Comercio
Iniciativa del Ejecutivo propone que los decanos y no todos los miembros de los colegios elijan a su representante
Diversos colegios profesionales rechazaron el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso según el cual los decanos y no todos los miembros de dichas instituciones pueden elegir a su representante en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Mediante un comunicado, el Colegio de Enfermeras advirtió que la iniciativa es incosntitucional porque atenta con el derecho de participación que tiene todo profesional.
“La propuesta no refleja el espíritu democrático en la forma de elección con el voto directo de los profesionales y ello vulnera el derecho fundamental de participación que otorga la Constitución a todos los profesionales”, refirió dicha institución en una nota de prensa.
Además, advierte que podría haber injerencia política en las elecciones del CNM, toda vez que los decanos puedan estar sujetos a presiones políticas.
La postura también cuenta con el respaldo de los colegios de abogados, profesores y sociólogos del país, se informó.
Según la actual reglamentación del CNM , entidad encargada de nombrar, ratificar y destituir a los jueces de todo el país, un representante del Colegio de Abogados y otros dos de los demás colegios profesionales tienen derecho a un asiento en el Consejo, siendo elegidos por todos sus afiliados.
Sin embargo, la propuesta del Gobierno indica que la elección de los representantes de los colegios solamente estarán a cargo de los decanos de todo el país.
ARGUMENTOS DEL GOBIERNO
En su argumentación, el Ejecutivo refiere que es necesario el cambio porque con la vigente norma se benefician los colegios que cuentan con mayor número de asociados, en desmedro de sus pares con “minoría de agremiados”.
En se sentido, detalla que el Colegio de Enfermeras cuenta con más de cincuenta mil miembros y el Colegio de Abogados con 47 mil.
Asimismo, indica que cada proceso eleccionario contará con la supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
El caso es analizado en la actualidad por la Comisión de Justicia del Congreso.
Iniciativa del Ejecutivo propone que los decanos y no todos los miembros de los colegios elijan a su representante
Diversos colegios profesionales rechazaron el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso según el cual los decanos y no todos los miembros de dichas instituciones pueden elegir a su representante en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Mediante un comunicado, el Colegio de Enfermeras advirtió que la iniciativa es incosntitucional porque atenta con el derecho de participación que tiene todo profesional.
“La propuesta no refleja el espíritu democrático en la forma de elección con el voto directo de los profesionales y ello vulnera el derecho fundamental de participación que otorga la Constitución a todos los profesionales”, refirió dicha institución en una nota de prensa.
Además, advierte que podría haber injerencia política en las elecciones del CNM, toda vez que los decanos puedan estar sujetos a presiones políticas.
La postura también cuenta con el respaldo de los colegios de abogados, profesores y sociólogos del país, se informó.
Según la actual reglamentación del CNM , entidad encargada de nombrar, ratificar y destituir a los jueces de todo el país, un representante del Colegio de Abogados y otros dos de los demás colegios profesionales tienen derecho a un asiento en el Consejo, siendo elegidos por todos sus afiliados.
Sin embargo, la propuesta del Gobierno indica que la elección de los representantes de los colegios solamente estarán a cargo de los decanos de todo el país.
ARGUMENTOS DEL GOBIERNO
En su argumentación, el Ejecutivo refiere que es necesario el cambio porque con la vigente norma se benefician los colegios que cuentan con mayor número de asociados, en desmedro de sus pares con “minoría de agremiados”.
En se sentido, detalla que el Colegio de Enfermeras cuenta con más de cincuenta mil miembros y el Colegio de Abogados con 47 mil.
Asimismo, indica que cada proceso eleccionario contará con la supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
El caso es analizado en la actualidad por la Comisión de Justicia del Congreso.
Categoría: Artículos derecho constitucional
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El Comercio
Para la lideresa del PPC, el partido de gobierno quiere sacar provecho de las anunciadas reformas para tentar el poder en 2016
La presidenta del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores, expresó sus reparos al referéndum impulsado por el Gobierno y el Apra para instaurar en el Perú el voto facultativo y la renovación parcial del Congreso.
“Están en su derecho, usando la vía constitucional, pero hablemos en términos politicos. El Apra se está preguntado qué puede hacer políticamente cuando no esté en el Gobierno y aspire a regresar al poder en el 2016. Me parece que ambas propuestas están calculadamente
Para la lideresa del PPC, el partido de gobierno quiere sacar provecho de las anunciadas reformas para tentar el poder en 2016
La presidenta del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores, expresó sus reparos al referéndum impulsado por el Gobierno y el Apra para instaurar en el Perú el voto facultativo y la renovación parcial del Congreso.
“Están en su derecho, usando la vía constitucional, pero hablemos en términos politicos. El Apra se está preguntado qué puede hacer políticamente cuando no esté en el Gobierno y aspire a regresar al poder en el 2016. Me parece que ambas propuestas están calculadamente
Jefe del Estado plantea que las mujeres integren el TC y llama "misógino" a ente
Defensoría discrepa de fallo sobre AOE. Beatriz Merino considera que afecta derechos de las mujeres.
El Tribunal Constitucional (TC) debería estar formado por lo menos por tres mujeres, señaló ayer el presidente Alan García , quien consideró que el Congreso debería elegir a figuras femeninas en el proceso de votación para reemplazar a los magistrados Juan Vergara y César Landa.
El jefe del Estado manifestó su preocupación respecto a que, a raíz de la polémica desatada por el tema de la píldora del día siguiente, el TC esté formado solo por hombres, con lo que se convierte en un ente misógino.
Al respecto afirmó que las mujeres tienen una opinión diversa sobre temas referidos a la maternidad que pueden ser de utilidad cuando se abordan estos asuntos.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, expresó su discrepancia del fallo del TC sobre la píldora del día siguiente, pues “es una seria restricción al ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres, y afecta principalmente a las mujeres de escasos recursos económicos. Esta es una posición institucional”, señaló.
EL DATO
Apoya propuesta
Rolando Sousa (GPF), de la comisión evaluadora del proceso de elección de magistrados mostró su acuerdo con tener magistradas en el TC.
Defensoría discrepa de fallo sobre AOE. Beatriz Merino considera que afecta derechos de las mujeres.
El Tribunal Constitucional (TC) debería estar formado por lo menos por tres mujeres, señaló ayer el presidente Alan García , quien consideró que el Congreso debería elegir a figuras femeninas en el proceso de votación para reemplazar a los magistrados Juan Vergara y César Landa.
El jefe del Estado manifestó su preocupación respecto a que, a raíz de la polémica desatada por el tema de la píldora del día siguiente, el TC esté formado solo por hombres, con lo que se convierte en un ente misógino.
Al respecto afirmó que las mujeres tienen una opinión diversa sobre temas referidos a la maternidad que pueden ser de utilidad cuando se abordan estos asuntos.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, expresó su discrepancia del fallo del TC sobre la píldora del día siguiente, pues “es una seria restricción al ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres, y afecta principalmente a las mujeres de escasos recursos económicos. Esta es una posición institucional”, señaló.
EL DATO
Apoya propuesta
Rolando Sousa (GPF), de la comisión evaluadora del proceso de elección de magistrados mostró su acuerdo con tener magistradas en el TC.
Argentino estuvo preso durante 20 meses. La joven reconoció que mintió porque él era muy controlador. “Vení hija, te perdono”, le dijo su padre
Buenos Aires (AP). Un hombre estuvo preso durante 20 meses acusado por su hija de violación, pero la justicia lo dejó libre al comprobarse que la menor mintió porque su progenitor le exigía en sus estudios. La justicia absolvió al sujeto de nombre Jorge, de 42 años, y cuyo apellido no trascendió por cuestiones legales, dijo el fiscal de la causa, Marcelo Altamirano.
“Fue un hecho desgraciado”, declaró Altamirano a la prensa, al término de un juicio oral en la ciudad de Córdoba, escenario del caso, a unos 750 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
“La menor, luego de la denuncia, explicó que su padre era inocente”, agregó el fiscal. “Pero en su momento se temió que la joven hubiera sido amenazada para que diera otra versión de lo sucedido”.
El camionero pasó 20 meses detenido en una cárcel de máxima seguridad, después que su hija, por entonces de 17 años, lo acusó de haberla violado en forma reiterada entre 2003 y 2007. Primero se lo dijo a su madre en diciembre del 2007, esta se lo confesó a una predicadora de una iglesia evangélica que la convenció de presentar la denuncia, y en febrero del 2008 la Policía detuvo al camionero.
“El hombre era demasiado recto y quería que sus hijas fueran personas de bien, que estudiaran y que honraran a la familia”, dijo Claudia Mirele, la abogada defensora de Jorge. “La principal bronca (fastidio) de la chica hacia su papá era el control estricto hacia sus cinco hijos”, agregó Mirele.
“Mi cliente es camionero, pero había llegado a la universidad y para alimentar a su familia dejó de estudiar”, destacó la abogada. “Entonces, quería que sus hijos estudiaran y que no fueran vagos. Era un padre rígido que ponía controles”.
El diario Clarín dice que al salir de la sala de audiencias, Jorge se abrazó a su familia. Agregó que su hija, la falsa acusadora, lo miraba llorando desde un banco. Al verla, el hombre se acercó, le tendió la mano y le dijo: “Vení hija, te perdono”.
Buenos Aires (AP). Un hombre estuvo preso durante 20 meses acusado por su hija de violación, pero la justicia lo dejó libre al comprobarse que la menor mintió porque su progenitor le exigía en sus estudios. La justicia absolvió al sujeto de nombre Jorge, de 42 años, y cuyo apellido no trascendió por cuestiones legales, dijo el fiscal de la causa, Marcelo Altamirano.
“Fue un hecho desgraciado”, declaró Altamirano a la prensa, al término de un juicio oral en la ciudad de Córdoba, escenario del caso, a unos 750 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
“La menor, luego de la denuncia, explicó que su padre era inocente”, agregó el fiscal. “Pero en su momento se temió que la joven hubiera sido amenazada para que diera otra versión de lo sucedido”.
El camionero pasó 20 meses detenido en una cárcel de máxima seguridad, después que su hija, por entonces de 17 años, lo acusó de haberla violado en forma reiterada entre 2003 y 2007. Primero se lo dijo a su madre en diciembre del 2007, esta se lo confesó a una predicadora de una iglesia evangélica que la convenció de presentar la denuncia, y en febrero del 2008 la Policía detuvo al camionero.
“El hombre era demasiado recto y quería que sus hijas fueran personas de bien, que estudiaran y que honraran a la familia”, dijo Claudia Mirele, la abogada defensora de Jorge. “La principal bronca (fastidio) de la chica hacia su papá era el control estricto hacia sus cinco hijos”, agregó Mirele.
“Mi cliente es camionero, pero había llegado a la universidad y para alimentar a su familia dejó de estudiar”, destacó la abogada. “Entonces, quería que sus hijos estudiaran y que no fueran vagos. Era un padre rígido que ponía controles”.
El diario Clarín dice que al salir de la sala de audiencias, Jorge se abrazó a su familia. Agregó que su hija, la falsa acusadora, lo miraba llorando desde un banco. Al verla, el hombre se acercó, le tendió la mano y le dijo: “Vení hija, te perdono”.
Tras una batalla legal de 8 años, Ronald Estévez figura ahora como mujer con el nombre de Dayris Estrella Estévez. Este primer caso ha generado polémica
Quito (AP). Un transexual cambió su identidad en el documento de identificación para aparecer inscrita como mujer, gracias al primer fallo judicial en ese sentido dictado tras una batalla legal que duró ocho años.
A sus 37 años, Ronald Estévez, como fue inscrito por sus padres en el registro civil ecuatoriano, pasó a convertirse en Dayris Estrella Estévez. El documento de identidad ahora lo define como una mujer.
“Me siento libre, más libre que nunca”, afirmó en una entrevista con el canal Teleamazonas, exhibiendo el documento en sus manos ante las cámaras.
El juez de la tercera sala de la Corte de Justicia de Pichincha, Ramiro García, falló a favor de la petición de Estévez cumpliendo lo establecido en acuerdos internacionales de derechos humanos y en la Constitución que rige desde hace un año.
Su decisión consideró “no remitirnos a la mera genitalidad o al dato cromosomático, sino entender que la parte sicológica de la persona también tiene mucha importancia y, es más, define la identidad. Es eso lo que nosotros hemos reconocido”, explicó el juez a la televisora.
Incluso deja abierta la puerta a que un futuro un posible cambio físico de Estévez esté a cargo del estado. “Se ha establecido que sea el estado, a través del sistema de salud público, el que tenga la responsabilidad de asumir esa carga”, señaló.
El juez se basa en varios artículos de la Constitución aprobada el año pasado que garantizan el derecho a la no discriminación y “el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad”.
Paulo Rodríguez, director del Registro Civil, reconoce que “lo que tenemos en la cédula inscrita es una mujer y no un hombre, entonces le asiste los derechos que las mujeres tienen de casarse con hombres”.
QUIERE SER MADRE
Estévez, dedicada al activismo por los derechos sexuales, no descarta casarse y adoptar niños en el futuro, aunque ahora su prioridad es “seguir luchando por los derechos” de personas como ella.
Dice que sus planteamientos ante la justicia iniciaron en 2001. En el 2008, el defensor del pueblo avaló su petición de cambiar su nombre y sexo, pero la decisión no fue acatada en el Registro Civil.
Nelson Zavala, pastor evangélico y orientador familiar, consideró el caso como “una abominación ante los ojos de Dios”.
Quito (AP). Un transexual cambió su identidad en el documento de identificación para aparecer inscrita como mujer, gracias al primer fallo judicial en ese sentido dictado tras una batalla legal que duró ocho años.
A sus 37 años, Ronald Estévez, como fue inscrito por sus padres en el registro civil ecuatoriano, pasó a convertirse en Dayris Estrella Estévez. El documento de identidad ahora lo define como una mujer.
“Me siento libre, más libre que nunca”, afirmó en una entrevista con el canal Teleamazonas, exhibiendo el documento en sus manos ante las cámaras.
El juez de la tercera sala de la Corte de Justicia de Pichincha, Ramiro García, falló a favor de la petición de Estévez cumpliendo lo establecido en acuerdos internacionales de derechos humanos y en la Constitución que rige desde hace un año.
Su decisión consideró “no remitirnos a la mera genitalidad o al dato cromosomático, sino entender que la parte sicológica de la persona también tiene mucha importancia y, es más, define la identidad. Es eso lo que nosotros hemos reconocido”, explicó el juez a la televisora.
Incluso deja abierta la puerta a que un futuro un posible cambio físico de Estévez esté a cargo del estado. “Se ha establecido que sea el estado, a través del sistema de salud público, el que tenga la responsabilidad de asumir esa carga”, señaló.
El juez se basa en varios artículos de la Constitución aprobada el año pasado que garantizan el derecho a la no discriminación y “el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad”.
Paulo Rodríguez, director del Registro Civil, reconoce que “lo que tenemos en la cédula inscrita es una mujer y no un hombre, entonces le asiste los derechos que las mujeres tienen de casarse con hombres”.
QUIERE SER MADRE
Estévez, dedicada al activismo por los derechos sexuales, no descarta casarse y adoptar niños en el futuro, aunque ahora su prioridad es “seguir luchando por los derechos” de personas como ella.
Dice que sus planteamientos ante la justicia iniciaron en 2001. En el 2008, el defensor del pueblo avaló su petición de cambiar su nombre y sexo, pero la decisión no fue acatada en el Registro Civil.
Nelson Zavala, pastor evangélico y orientador familiar, consideró el caso como “una abominación ante los ojos de Dios”.
Categoría: Artículos derecho constitucional
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28/10/09: ¿La agonía del cristianismo?
La República
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
El catolicismo necesita reconectarse con la gente.
El catolicismo no sale bien parado de debates como el reciente sobre la despenalización del aborto cuando algunos de sus líderes más reconocidos pretenden ganarlos en la mesa del pacto con los políticos en lugar de hacerlo en la misa del convencimiento a la gente.
Como en la sentencia reciente del TC sobre la AOE, en el debate sobre el aborto algunos voceros del catolicismo andan con la actitud de ‘qué importa lo que digan, la discusión ya se ganó por la presión sobre las autoridades que al final van a decidir’.
Ello explicaría su pobreza argumental en un debate en el que no se debe olvidar que implica, en ambos lados, opciones personales vitales que se deben respetar. Pero cuando gritan que ‘Herodes anda suelto’ mientras miles de mujeres mueren porque –a diferencia de las que no son pobres– abortan en la precariedad, se concluye que algo anda mal con su argumento.
Este tipo de reacción sobre el aborto o la píldora del día siguiente también produce la posición de la iglesia católica en otros asuntos de la vida cotidiana de las personas –incluyendo de su feligresía–, como la homosexualidad, el uso del condón y, en general, sobre el papel de la mujer en la sociedad, a la que suelen percibir como nada más que un ‘aparato reproductor’.
Es penoso, por ejemplo, que el papa Benedicto XVI haya declarado en África, la región del mundo con mayor incidencia del sida, contra el uso del condón, algo que tiene implicancias mortales y, además, contradictorias con la defensa de la vida que declaran defender en el debate del aborto.
¿Estamos, acaso, en el Sodoma y Gomorra que sugiere la opinión de algunos líderes católicos? Claro que no. Lo que está sucediendo es una desconexión creciente entre la prédica de la iglesia católica con la manera como piensan y viven muchos de sus fieles que no se sienten inmorales, indecentes y pecadores porque no hacen lo que algunos curas les dicen sobre lo que pueden y no pueden hacer en la cama. O con quién.
Esto explicaría el decrecimiento de la proporción de católicos, o por qué varios líderes de esta religión buscan asegurar la continuidad de sus posiciones solo a través de pactos con los políticos de turno en lugar de triunfar en el terreno de las ideas y de las propias convicciones de una población que siente, cada vez más, que la iglesia tiene cada vez menos que decir sobre asuntos fundamentales de sus vidas.
Es obvio que esto no significa ‘la agonía del cristianismo’, pero sí creciente desconexión con la gente –especialmente con los más pobres–; pérdida de espacio frente a otros credos; iglesias vacías; y menor intensidad de la fe.
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
El catolicismo necesita reconectarse con la gente.
El catolicismo no sale bien parado de debates como el reciente sobre la despenalización del aborto cuando algunos de sus líderes más reconocidos pretenden ganarlos en la mesa del pacto con los políticos en lugar de hacerlo en la misa del convencimiento a la gente.
Como en la sentencia reciente del TC sobre la AOE, en el debate sobre el aborto algunos voceros del catolicismo andan con la actitud de ‘qué importa lo que digan, la discusión ya se ganó por la presión sobre las autoridades que al final van a decidir’.
Ello explicaría su pobreza argumental en un debate en el que no se debe olvidar que implica, en ambos lados, opciones personales vitales que se deben respetar. Pero cuando gritan que ‘Herodes anda suelto’ mientras miles de mujeres mueren porque –a diferencia de las que no son pobres– abortan en la precariedad, se concluye que algo anda mal con su argumento.
Este tipo de reacción sobre el aborto o la píldora del día siguiente también produce la posición de la iglesia católica en otros asuntos de la vida cotidiana de las personas –incluyendo de su feligresía–, como la homosexualidad, el uso del condón y, en general, sobre el papel de la mujer en la sociedad, a la que suelen percibir como nada más que un ‘aparato reproductor’.
Es penoso, por ejemplo, que el papa Benedicto XVI haya declarado en África, la región del mundo con mayor incidencia del sida, contra el uso del condón, algo que tiene implicancias mortales y, además, contradictorias con la defensa de la vida que declaran defender en el debate del aborto.
¿Estamos, acaso, en el Sodoma y Gomorra que sugiere la opinión de algunos líderes católicos? Claro que no. Lo que está sucediendo es una desconexión creciente entre la prédica de la iglesia católica con la manera como piensan y viven muchos de sus fieles que no se sienten inmorales, indecentes y pecadores porque no hacen lo que algunos curas les dicen sobre lo que pueden y no pueden hacer en la cama. O con quién.
Esto explicaría el decrecimiento de la proporción de católicos, o por qué varios líderes de esta religión buscan asegurar la continuidad de sus posiciones solo a través de pactos con los políticos de turno en lugar de triunfar en el terreno de las ideas y de las propias convicciones de una población que siente, cada vez más, que la iglesia tiene cada vez menos que decir sobre asuntos fundamentales de sus vidas.
Es obvio que esto no significa ‘la agonía del cristianismo’, pero sí creciente desconexión con la gente –especialmente con los más pobres–; pérdida de espacio frente a otros credos; iglesias vacías; y menor intensidad de la fe.
La República
La sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) con ocasión del proceso de amparo presentado contra el Ministerio de Salud, para que cese la distribución gratuita de la denominada “píldora del día siguiente”, sería claramente retrógrada, incoherente e inconstitucional, opinó el decano del Colegio de Abogados de Lima, Dr. Walter Gutiérrez.
El decano señaló que se trata de una sentencia retrógrada porque retrocede en lo que el propio TC ya había avanzado en esta materia, particularmente en su sentencia de noviembre del 2006, en la que mediante un proceso de cumplimiento, ordenó al Ministerio de Salud implementar la distribución gratuita de la “píldora del día siguiente”, que formaba parte de la política de Estado en materia de salud reproductiva, y que se ha venido implementando en los últimos años.
“Dicha sentencia, en la práctica, convalidó la referida política de Estado; pues es inaceptable decir que la sentencia sólo se había pronunciado sobre el aspecto formal de la normatividad, cuando el propio Tribunal ha afirmado que no puede ordenar el cumplimiento de normas inconstitucionales; más aun si en aquella ocasión pidió informes especializados sobre los efectos de la mencionada píldora”, declaró Walter Gutiérrez.
El decano del CAL precisó que la sentencia es incoherente por que el contenido de la misma revela claras contradicciones; así por ejemplo, “el TC plantea su duda sobre el efecto abortivo de la píldora (contra la posición científica mayoritaria) y sin embargo, opta por una posición que la considera abortiva, y a partir de esto ordena el cese de la distribución”.
"Sentencia es claramente discriminatoria"
Gutiérrez sustentó que la sentencia es inconstitucional porque es claramente discriminatoria, pues afecta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de bajos recursos impidiéndoles tener acceso al anticonceptivo oral de emergencia, al prohibir su distribución gratuita.
“De esta manera se genera una diferencia de trato arbitraria que afecta precisamente a los sectores más vulnerables”, precisó.
Adecuada información
Finalmente el decano del CAL dijo que frente a esta situación el TC debería aprovechar el pedido de aclaración presentado por el Ministerio de Salud; para reafirmar su postura sobre el derecho de información sobre los probables efectos de la “píldora del día siguiente”; y en tal sentido precisar que la distribución gratuita se prohíbe siempre que no se cumpla con brindar adecuadamente esta información, de suerte que se garantice plenamente el derecho de las mujeres a elegir.
De esta forma la decisión respecto del uso de la píldora recaería esencialmente en ellas y no en el Estado.
La sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) con ocasión del proceso de amparo presentado contra el Ministerio de Salud, para que cese la distribución gratuita de la denominada “píldora del día siguiente”, sería claramente retrógrada, incoherente e inconstitucional, opinó el decano del Colegio de Abogados de Lima, Dr. Walter Gutiérrez.
El decano señaló que se trata de una sentencia retrógrada porque retrocede en lo que el propio TC ya había avanzado en esta materia, particularmente en su sentencia de noviembre del 2006, en la que mediante un proceso de cumplimiento, ordenó al Ministerio de Salud implementar la distribución gratuita de la “píldora del día siguiente”, que formaba parte de la política de Estado en materia de salud reproductiva, y que se ha venido implementando en los últimos años.
“Dicha sentencia, en la práctica, convalidó la referida política de Estado; pues es inaceptable decir que la sentencia sólo se había pronunciado sobre el aspecto formal de la normatividad, cuando el propio Tribunal ha afirmado que no puede ordenar el cumplimiento de normas inconstitucionales; más aun si en aquella ocasión pidió informes especializados sobre los efectos de la mencionada píldora”, declaró Walter Gutiérrez.
El decano del CAL precisó que la sentencia es incoherente por que el contenido de la misma revela claras contradicciones; así por ejemplo, “el TC plantea su duda sobre el efecto abortivo de la píldora (contra la posición científica mayoritaria) y sin embargo, opta por una posición que la considera abortiva, y a partir de esto ordena el cese de la distribución”.
"Sentencia es claramente discriminatoria"
Gutiérrez sustentó que la sentencia es inconstitucional porque es claramente discriminatoria, pues afecta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de bajos recursos impidiéndoles tener acceso al anticonceptivo oral de emergencia, al prohibir su distribución gratuita.
“De esta manera se genera una diferencia de trato arbitraria que afecta precisamente a los sectores más vulnerables”, precisó.
Adecuada información
Finalmente el decano del CAL dijo que frente a esta situación el TC debería aprovechar el pedido de aclaración presentado por el Ministerio de Salud; para reafirmar su postura sobre el derecho de información sobre los probables efectos de la “píldora del día siguiente”; y en tal sentido precisar que la distribución gratuita se prohíbe siempre que no se cumpla con brindar adecuadamente esta información, de suerte que se garantice plenamente el derecho de las mujeres a elegir.
De esta forma la decisión respecto del uso de la píldora recaería esencialmente en ellas y no en el Estado.
Expreso
En lo que va del año, la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) aplicó mil 578 sanciones a magistrados y auxiliares comprometidos en inconductas funcionales, con lo cual la jefa de dicho organismo, Elcira Vásquez Cortez, ratificó su decisión de seguir bregando para acabar con la corrupción imperante en los tribunales de justicia.
En ese sentido, la jueza suprema y titular del máximo organismo fiscalizador de la justicia reconoció que las coimas se producen en las 29 cortes superiores de justicia del país.
La jueza suprema describió que las operaciones contra la corrupción no ocurren sólo cuando se recibe dinero, sino que ellas empiezan antes con acciones de inteligencia coordinadas con la Fiscalía y la propia Policía Nacional, para garantizar le legalidad de todo ese engranaje.
Precisó que la Ocma tiene competencia a nivel nacional en materia de control disciplinario, de tal manera que se apoya a sus unidades descentralizadas en las 29 cortes superiores del país.
Vásquez Cortez dio a conocer
En lo que va del año, la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) aplicó mil 578 sanciones a magistrados y auxiliares comprometidos en inconductas funcionales, con lo cual la jefa de dicho organismo, Elcira Vásquez Cortez, ratificó su decisión de seguir bregando para acabar con la corrupción imperante en los tribunales de justicia.
En ese sentido, la jueza suprema y titular del máximo organismo fiscalizador de la justicia reconoció que las coimas se producen en las 29 cortes superiores de justicia del país.
La jueza suprema describió que las operaciones contra la corrupción no ocurren sólo cuando se recibe dinero, sino que ellas empiezan antes con acciones de inteligencia coordinadas con la Fiscalía y la propia Policía Nacional, para garantizar le legalidad de todo ese engranaje.
Precisó que la Ocma tiene competencia a nivel nacional en materia de control disciplinario, de tal manera que se apoya a sus unidades descentralizadas en las 29 cortes superiores del país.
Vásquez Cortez dio a conocer
Rosario Sasieta podría ser suspendida 30 días
El Comercio
Comisión de Ética del Congreso encontró pruebas de maltrato a trabajadores, pero no en el caso de la denuncia de Marielena Medianero, quien la acusó de obligarla a lavarle lo pies
La Comisión de Ética del Congreso acordó recomendar la suspensión de la legisladora Rosario Sasieta (Alianza Parlamentaria) por 30 días sin goce de haber, no por la denuncia de su ex trabajadora, Marielena Medianero, quien dijo que la congresista la obligaba a lavarle lo pies, sino por otras acusaciones de maltrato en contra de trabajadores parlamentarios.
Según el grupo de trabajo, no se encontró pruebas sobre la denuncia de Medianero y ahora el caso pasará al pleno del Congreso que ratificará o, en su defecto, desestimará el pedido.
Como se recuerda, Medianero denunció maltrato verbal, físico y psicológico durante tres años por parte de la congresista Sasieta.
El Comercio
Comisión de Ética del Congreso encontró pruebas de maltrato a trabajadores, pero no en el caso de la denuncia de Marielena Medianero, quien la acusó de obligarla a lavarle lo pies
La Comisión de Ética del Congreso acordó recomendar la suspensión de la legisladora Rosario Sasieta (Alianza Parlamentaria) por 30 días sin goce de haber, no por la denuncia de su ex trabajadora, Marielena Medianero, quien dijo que la congresista la obligaba a lavarle lo pies, sino por otras acusaciones de maltrato en contra de trabajadores parlamentarios.
Según el grupo de trabajo, no se encontró pruebas sobre la denuncia de Medianero y ahora el caso pasará al pleno del Congreso que ratificará o, en su defecto, desestimará el pedido.
Como se recuerda, Medianero denunció maltrato verbal, físico y psicológico durante tres años por parte de la congresista Sasieta.
Incluso, las mujeres que reciben más de dos embriones tienen el doble de riesgo de tener bebes prematuros que las mujeres con un solo embrión
Boston (Reuters). Las mujeres que reciben inicialmente solo un embrión durante la fertilización in vitro tienen la misma posibilidad de tener un hijo que las mujeres que ocupan dos implantes, informaron investigadores suecos.
La investigación, que continúa un estudio del 2004, se realizó ante la extendida preocupación sobre los riesgos de salud para las madres y bebes asociados a nacimientos múltiples, que ocurren habitualmente cuando se implanta más de un embrión mediante la tecnología de bebés de tuvo de ensayo.
La doctora Ann Thurin-Kjellberg de la Universidad de Gotemburgo y sus colegas informaron en el New England Journal of Medicine que inicialmente dieron a 661 mujeres uno u dos embriones.
Si no quedaban embarazadas, recibían embriones que habían sido congelados y descongelados. En cada intento se implantaron uno u dos embriones congelados, y se realizaron hasta cuatro intentos.
El 53% de las mujeres implantadas con un embrión dieron a luz en el intento inicial, comparado con el 57% que recibió dos embriones en el primer intento, una diferencia insignificante, declararon los investigadores.
Sin embargo, hubo una gran diferencia en las posibilidades de tener gemelos o bebes prematuros.
Las mujeres que recibieron dos embriones tuvieron una tasa de nacimientos múltiples cercana al 28%, y su riesgo de tener bebés prematuros dobló al de las mujeres con un solo embrión, que tuvieron una tasa de nacimientos múltiples de 2,3%.
“Esta investigación añade mayor evidencia confirmando el valor de la transferencia electiva de un solo embrión en las tecnologías de reproducción asistida”, aseveró el doctor Richard Kennedy, un portavoz de International Federation of Fertility Societies.
Boston (Reuters). Las mujeres que reciben inicialmente solo un embrión durante la fertilización in vitro tienen la misma posibilidad de tener un hijo que las mujeres que ocupan dos implantes, informaron investigadores suecos.
La investigación, que continúa un estudio del 2004, se realizó ante la extendida preocupación sobre los riesgos de salud para las madres y bebes asociados a nacimientos múltiples, que ocurren habitualmente cuando se implanta más de un embrión mediante la tecnología de bebés de tuvo de ensayo.
La doctora Ann Thurin-Kjellberg de la Universidad de Gotemburgo y sus colegas informaron en el New England Journal of Medicine que inicialmente dieron a 661 mujeres uno u dos embriones.
Si no quedaban embarazadas, recibían embriones que habían sido congelados y descongelados. En cada intento se implantaron uno u dos embriones congelados, y se realizaron hasta cuatro intentos.
El 53% de las mujeres implantadas con un embrión dieron a luz en el intento inicial, comparado con el 57% que recibió dos embriones en el primer intento, una diferencia insignificante, declararon los investigadores.
Sin embargo, hubo una gran diferencia en las posibilidades de tener gemelos o bebes prematuros.
Las mujeres que recibieron dos embriones tuvieron una tasa de nacimientos múltiples cercana al 28%, y su riesgo de tener bebés prematuros dobló al de las mujeres con un solo embrión, que tuvieron una tasa de nacimientos múltiples de 2,3%.
“Esta investigación añade mayor evidencia confirmando el valor de la transferencia electiva de un solo embrión en las tecnologías de reproducción asistida”, aseveró el doctor Richard Kennedy, un portavoz de International Federation of Fertility Societies.
Categoría: Artículos derecho constitucional
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El Comercio
El primer ministro manifestó que respalda la posición del Minsa, que le pidió al TC aclarar polémica sentencia
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, anunció que el Gobierno no acudirá a tribunales internacionales para rechazar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que prohíbe la distribución gratuita de la píldora del día siguiente en el sistema nacional de salud.
Tras culminar el tradicional Consejo de Ministros en la sede de Palacio de Gobierno, Velásquez Quesquén manifestó que respalda la posición del Ministerio de Salud de pedirle una aclaración al tribunal para qué diga si las pastillas puedan ser vendidas a un precio simbólico
“Cualquier ciudadano u organización tiene expedito su derecho de acudir a un tribunal internacional en caso crea que se vulneran los derechos de las mujeres”, refirió Velásquez Quesquén, quien se presentó junto al titular de Salud, Óscar Ugarte.
El jefe del Gabinete Ministerial desvirtuó así la pretensión de la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, de presentar un esclarecimiento a la Corte Intermaericana de Derechos Humanos, con sede en Wshington (Estados Unidos).
VIAJE COINCIDENTE
Precisamente, Vílchez se encontraba en dicha ciudad con la embajadora del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), María Zavala, según informó en su cuenta de la red social Twitte r.
No obstante, su viaje era para presentar las conclusiones XX Congreso Panamericano del Niño, Niña y Adolescente.
La mayoría de ministros rechaza la sentencia del TC, a excepción del titular de Defensa, Rafael Rey.
“¿Qué haría usted con un lote de rascapiés (...) que está prohibido? ¿lo regala? ¿lo vende a bajo precio?”, dijo Rey en tono figurativo.
El primer ministro manifestó que respalda la posición del Minsa, que le pidió al TC aclarar polémica sentencia
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, anunció que el Gobierno no acudirá a tribunales internacionales para rechazar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que prohíbe la distribución gratuita de la píldora del día siguiente en el sistema nacional de salud.
Tras culminar el tradicional Consejo de Ministros en la sede de Palacio de Gobierno, Velásquez Quesquén manifestó que respalda la posición del Ministerio de Salud de pedirle una aclaración al tribunal para qué diga si las pastillas puedan ser vendidas a un precio simbólico
“Cualquier ciudadano u organización tiene expedito su derecho de acudir a un tribunal internacional en caso crea que se vulneran los derechos de las mujeres”, refirió Velásquez Quesquén, quien se presentó junto al titular de Salud, Óscar Ugarte.
El jefe del Gabinete Ministerial desvirtuó así la pretensión de la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, de presentar un esclarecimiento a la Corte Intermaericana de Derechos Humanos, con sede en Wshington (Estados Unidos).
VIAJE COINCIDENTE
Precisamente, Vílchez se encontraba en dicha ciudad con la embajadora del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), María Zavala, según informó en su cuenta de la red social Twitte r.
No obstante, su viaje era para presentar las conclusiones XX Congreso Panamericano del Niño, Niña y Adolescente.
La mayoría de ministros rechaza la sentencia del TC, a excepción del titular de Defensa, Rafael Rey.
“¿Qué haría usted con un lote de rascapiés (...) que está prohibido? ¿lo regala? ¿lo vende a bajo precio?”, dijo Rey en tono figurativo.
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El Comercio
El presidente del Tribunal Constitucional sostuvo que el argumento del ministro de Salud es propio del laboratorio que defiende el uso del medicamento
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan Vergara Gotelli, afirmó que el ministro de Salud, Óscar Ugarte , utiliza los mismos argumentos de los laboratorios que defienden el uso de la píldora del día siguiente, en un nuevo capítulo de la polémica por la aplicación de este métido anticonceptivo.
“El argumento del ministro de Salud es propio del laboratorio que elabora la píldora (del día siguiente)”, declaró Vergara a la prensa.
Vergara ratificó que el tribunal no puede adoptar la postura del Ministerio de Salud ante la incertidumbre si la pastilla es abortiva o no, por lo que el organismo falló en contra de su reparto gratuito a través del Minsa.
Asimismo, Vergara Gotelli expresó su apoyo a la prohibición a este método por considerar que “usar la pastilla es promover la muerte”.
En ese sentido, Vergara sugirió que que se prohíba también la venta del anticonceptivo oral de emergencia o píldora del día siguiente para evitar que el fallo sea discriminatorio, como lo aduce Ugarte.
NO HUBO CONTRADICCIÓN
El titular del TC negó que el fallo sea contradictorio y dijo que la sentencia emitida en el 2006 a favor del reparto de la píldora del día siguiente era un asunto de “forma” y no de “fondo”, como es ahora.
Refirió que el Ejecutivo está en todo su derecho de acudir a instancias internacionales si está disconforme con el fallo.
“LEY DIVINA”
Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, consideró que la sentencia “guarda perfecta armonía con el derecho religioso o eclesiástico”.
“El fallo del TC (sobre la píldora) está conforme con la ley divina, guarda armonía con el derecho religioso”, expresó Villa Stein a los periodistas.
OPINIÓN DE CONGRESISTA
De otro lado, la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, Hilda Guevara, aseveró que la prohibición “enchufará” a más mujeres en extrema pobreza a someterse a más abortos en clínicas clandestinas.
“Un estudio realizado en el 2006 revela que la cifra de abortos anuales estimada en 371,000, sería mayor de no ser por el uso de la AOE que permitió evitar por lo menos 32,000 embarazos no deseados entre el 2002, año de su lanzamiento al mercado, y diciembre del 2006”, detalló la ONG feminista Demus.
El presidente del Tribunal Constitucional sostuvo que el argumento del ministro de Salud es propio del laboratorio que defiende el uso del medicamento
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan Vergara Gotelli, afirmó que el ministro de Salud, Óscar Ugarte , utiliza los mismos argumentos de los laboratorios que defienden el uso de la píldora del día siguiente, en un nuevo capítulo de la polémica por la aplicación de este métido anticonceptivo.
“El argumento del ministro de Salud es propio del laboratorio que elabora la píldora (del día siguiente)”, declaró Vergara a la prensa.
Vergara ratificó que el tribunal no puede adoptar la postura del Ministerio de Salud ante la incertidumbre si la pastilla es abortiva o no, por lo que el organismo falló en contra de su reparto gratuito a través del Minsa.
Asimismo, Vergara Gotelli expresó su apoyo a la prohibición a este método por considerar que “usar la pastilla es promover la muerte”.
En ese sentido, Vergara sugirió que que se prohíba también la venta del anticonceptivo oral de emergencia o píldora del día siguiente para evitar que el fallo sea discriminatorio, como lo aduce Ugarte.
NO HUBO CONTRADICCIÓN
El titular del TC negó que el fallo sea contradictorio y dijo que la sentencia emitida en el 2006 a favor del reparto de la píldora del día siguiente era un asunto de “forma” y no de “fondo”, como es ahora.
Refirió que el Ejecutivo está en todo su derecho de acudir a instancias internacionales si está disconforme con el fallo.
“LEY DIVINA”
Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, consideró que la sentencia “guarda perfecta armonía con el derecho religioso o eclesiástico”.
“El fallo del TC (sobre la píldora) está conforme con la ley divina, guarda armonía con el derecho religioso”, expresó Villa Stein a los periodistas.
OPINIÓN DE CONGRESISTA
De otro lado, la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, Hilda Guevara, aseveró que la prohibición “enchufará” a más mujeres en extrema pobreza a someterse a más abortos en clínicas clandestinas.
“Un estudio realizado en el 2006 revela que la cifra de abortos anuales estimada en 371,000, sería mayor de no ser por el uso de la AOE que permitió evitar por lo menos 32,000 embarazos no deseados entre el 2002, año de su lanzamiento al mercado, y diciembre del 2006”, detalló la ONG feminista Demus.
23/10/09: Política e identidad cultural
La República
Por Luis Jaime Cisneros
Quisiera opinar sobre política y cultura; aprovechando que últimamente se han vertido opiniones cruzadas sobre temas culturales: hallazgos arqueológicos, Ministerio de Cultura, Museo de la Memoria, política cultural. Todas las opiniones han partido de la creencia que en materia de política cultural hay un compromiso exclusivo del gobierno. Pero en una política cultural están también empresarios y obreros, profesionales y estudiantes, dirigentes sindicales y universitarios, artistas y políticos. Nadie está exento de responsabilidad y obligación.
Por lo pronto, no podemos hablar de cultura si no estamos hablando de desarrollo, palabra que no sólo nos remite al crecimiento económico. La cultura es un elemento poderoso del desarrollo integral del hombre. Y esto se da la mano con los problemas alimentarios. Si no hay voluntad política de encarar los problemas de alimentación, es demagógico anunciar que la habrá para establecer una política cultural. Hay que elevar la cultura a idéntico nivel de poder que la economía: es el reto de este nuevo siglo. Y debemos esforzarnos para que toda política cultural lo sea con más autenticidad en tanto se inserta en el marco de una política integrada en el mundo andino. Y esta será más auténtica cuando más relacionada se halla con el marco del continente americano.
¿Qué acciones deberíamos emprender en el campo de nuestra cultura? Somos un pueblo en busca de su expresión. Para asumir este reto, se requiere una sana actitud científica. Mientras no hagamos el diagnóstico de nuestra realidad nacional, será absurdo proponernos recetas inspiradas en uno que otro modelo extranjero. Un inventario de esa realidad cultural nos mostrará la verdadera situación. Y para saber lo que debe realmente inventariarse, no hay que sino buscar pacientemente en la historia. Ahí tropezaremos con la necesidad de dar respuesta a varias interrogantes: en primer lugar, qué ocurre con el idioma; en segundo término, por qué no somos proclives al pentatonismo con que nuestra música nativa se aparta de la europea. Luego nos interesará aclarar cuáles son los rasgos propios de eso que se ha dado en llamar nuestro ‘criollismo’. Deberá interesarnos averiguar por qué han logrado salvarse hasta ahora nuestras comunidades campesinas, y al mismo tiempo averiguar qué buscan expresar en sus juegos peculiares nuestros niños.
Se trata, en el fondo, de buscar los rasgos de nuestra autenticidad. Si no nos preocupamos por ser auténticos, no tiene sentido preocuparnos por una política cultural. Esta investigación es imprescindible. Luego pueden (y deben) venir los ideólogos para la hora de la interpretación y el debate. Pero el inventario es primero. Si no hay observación y descripción, como tareas inmediatas, no hay de qué hablar en concreto.
Otro asunto que debe quedar esclarecido es saber en qué medida nuestra cultura debe ser precisamente ‘nuestra’, y hasta dónde debe sentirse obligada a prolongar la cultura europea. No es tarea fácil, porque la xenofobia y el racismo suelen revestirse de sutiles disfraces, y en ocasiones se reclaman de afirmaciones aparentemente científicas. Pero no nos debe interesar la fisonomía sino la médula espinal. En esa tarea estamos desde la Independencia. Debemos movernos con discreción, con mucho cuidado, pues con la cultura no sólo se relacionan la educación, la literatura y el arte. No son ajenos al debate la alimentación ni el crecimiento demográfico. Ni el sistema de producción es ajeno. No hay política cultural que pueda alegremente saltar todas estas vallas, como si fuera posible, en aras de una ilusión pasajera, ignorar que son auténticos hechos culturales, puesto que afectan al hombre y al cultivo de su espíritu. Es tarea de la escuela alertar al estudiante sobre esta realidad.
Una cultura peruana sólo puede entenderse como una entidad surgida de la identidad cultural. Esa diversidad garantiza nuestra vitalidad. Unidad surgida del pluralismo es nuestro signo cultural. Por eso una política cultural es una empresa participatoria de la comunidad.
Por Luis Jaime Cisneros
Quisiera opinar sobre política y cultura; aprovechando que últimamente se han vertido opiniones cruzadas sobre temas culturales: hallazgos arqueológicos, Ministerio de Cultura, Museo de la Memoria, política cultural. Todas las opiniones han partido de la creencia que en materia de política cultural hay un compromiso exclusivo del gobierno. Pero en una política cultural están también empresarios y obreros, profesionales y estudiantes, dirigentes sindicales y universitarios, artistas y políticos. Nadie está exento de responsabilidad y obligación.
Por lo pronto, no podemos hablar de cultura si no estamos hablando de desarrollo, palabra que no sólo nos remite al crecimiento económico. La cultura es un elemento poderoso del desarrollo integral del hombre. Y esto se da la mano con los problemas alimentarios. Si no hay voluntad política de encarar los problemas de alimentación, es demagógico anunciar que la habrá para establecer una política cultural. Hay que elevar la cultura a idéntico nivel de poder que la economía: es el reto de este nuevo siglo. Y debemos esforzarnos para que toda política cultural lo sea con más autenticidad en tanto se inserta en el marco de una política integrada en el mundo andino. Y esta será más auténtica cuando más relacionada se halla con el marco del continente americano.
¿Qué acciones deberíamos emprender en el campo de nuestra cultura? Somos un pueblo en busca de su expresión. Para asumir este reto, se requiere una sana actitud científica. Mientras no hagamos el diagnóstico de nuestra realidad nacional, será absurdo proponernos recetas inspiradas en uno que otro modelo extranjero. Un inventario de esa realidad cultural nos mostrará la verdadera situación. Y para saber lo que debe realmente inventariarse, no hay que sino buscar pacientemente en la historia. Ahí tropezaremos con la necesidad de dar respuesta a varias interrogantes: en primer lugar, qué ocurre con el idioma; en segundo término, por qué no somos proclives al pentatonismo con que nuestra música nativa se aparta de la europea. Luego nos interesará aclarar cuáles son los rasgos propios de eso que se ha dado en llamar nuestro ‘criollismo’. Deberá interesarnos averiguar por qué han logrado salvarse hasta ahora nuestras comunidades campesinas, y al mismo tiempo averiguar qué buscan expresar en sus juegos peculiares nuestros niños.
Se trata, en el fondo, de buscar los rasgos de nuestra autenticidad. Si no nos preocupamos por ser auténticos, no tiene sentido preocuparnos por una política cultural. Esta investigación es imprescindible. Luego pueden (y deben) venir los ideólogos para la hora de la interpretación y el debate. Pero el inventario es primero. Si no hay observación y descripción, como tareas inmediatas, no hay de qué hablar en concreto.
Otro asunto que debe quedar esclarecido es saber en qué medida nuestra cultura debe ser precisamente ‘nuestra’, y hasta dónde debe sentirse obligada a prolongar la cultura europea. No es tarea fácil, porque la xenofobia y el racismo suelen revestirse de sutiles disfraces, y en ocasiones se reclaman de afirmaciones aparentemente científicas. Pero no nos debe interesar la fisonomía sino la médula espinal. En esa tarea estamos desde la Independencia. Debemos movernos con discreción, con mucho cuidado, pues con la cultura no sólo se relacionan la educación, la literatura y el arte. No son ajenos al debate la alimentación ni el crecimiento demográfico. Ni el sistema de producción es ajeno. No hay política cultural que pueda alegremente saltar todas estas vallas, como si fuera posible, en aras de una ilusión pasajera, ignorar que son auténticos hechos culturales, puesto que afectan al hombre y al cultivo de su espíritu. Es tarea de la escuela alertar al estudiante sobre esta realidad.
Una cultura peruana sólo puede entenderse como una entidad surgida de la identidad cultural. Esa diversidad garantiza nuestra vitalidad. Unidad surgida del pluralismo es nuestro signo cultural. Por eso una política cultural es una empresa participatoria de la comunidad.
23/10/09: Dilapidaron fortuna de Tudela Barreda
Expreso
Habrían comprado propiedades, vehículos y otros activos.
Gran parte de la fortuna de don Felipe Tudela y Barreda habría sido dilapidada. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) ha pedido que la familia de patriarca remita un informe detallado sobre los pagos realizados por su cuenta al estudio de abogados Rodrigo, Elías y Medrano, bufete contratado por Graciela de Losada para asesorarla en el proceso de interdicción que aún no llega a su fin y que tiene como principal protagonista a la cabeza de fa familia Tudela.
Según la Sunat, existirían dudas en cuanto al dinero gastado por este concepto entre noviembre de 2007 y junio de 2008, por lo que habría iniciado la fiscalización a los efectos de conocer el origen y aplicación de los millonarios fondos.
En ese sentido, de acuerdo a fuentes cercanas al ente recaudador, existiría un total de un millón 330 mil dólares (casi cuatro millones de soles) gastados en este controvertido asunto, cifra que no tendría justificación alguna con la realidad; lo cual dejaría serias dudas en cuanto a la verdadera intención del accionar de quienes dispusieron de aquella fortuna, entre quienes estarían Graciela de Losada y el estudio Rodrigo, Elías y Medrano que lleva su defensa.
Por ese concepto la Sunat vendría realizando las pesquisas correspondientes a fin de determinar la cantidad exacta del destino de la fortuna de Felipe Tudela que habría sido dilapidada de manera irregular.
Cruce de información
Como parte de las investigaciones, la Sunat cursó un documento dirigido a don Felipe Tudela y Barreda para que él –o su defensa– remita a la brevedad la información documentada sobre todos los gastos y contratos que hubiere firmado con el estudio en cuestión.
Según información supuestamente confidencial, con los recursos de don Felipe terceros habrían adquirido una casa de playa y vehículos, así como sufragado viajes a lo largo del tiempo, sin contar con gran cantidad de platería y objetos de colección –muy valiosos en el mercado– que habría sido sustraída ilegalmente de la casa del patriarca de los Tudela.
El dato
En junio de 2009 la justicia de los Estados Unidos ordenó que don Felipe Tudela Barreda fuera repatriado al Perú, como lo pidieron sus dos hijos, Juan Felipe y Francisco, nombrando además curador de sus bienes a este último.
Habrían comprado propiedades, vehículos y otros activos.
Gran parte de la fortuna de don Felipe Tudela y Barreda habría sido dilapidada. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) ha pedido que la familia de patriarca remita un informe detallado sobre los pagos realizados por su cuenta al estudio de abogados Rodrigo, Elías y Medrano, bufete contratado por Graciela de Losada para asesorarla en el proceso de interdicción que aún no llega a su fin y que tiene como principal protagonista a la cabeza de fa familia Tudela.
Según la Sunat, existirían dudas en cuanto al dinero gastado por este concepto entre noviembre de 2007 y junio de 2008, por lo que habría iniciado la fiscalización a los efectos de conocer el origen y aplicación de los millonarios fondos.
En ese sentido, de acuerdo a fuentes cercanas al ente recaudador, existiría un total de un millón 330 mil dólares (casi cuatro millones de soles) gastados en este controvertido asunto, cifra que no tendría justificación alguna con la realidad; lo cual dejaría serias dudas en cuanto a la verdadera intención del accionar de quienes dispusieron de aquella fortuna, entre quienes estarían Graciela de Losada y el estudio Rodrigo, Elías y Medrano que lleva su defensa.
Por ese concepto la Sunat vendría realizando las pesquisas correspondientes a fin de determinar la cantidad exacta del destino de la fortuna de Felipe Tudela que habría sido dilapidada de manera irregular.
Cruce de información
Como parte de las investigaciones, la Sunat cursó un documento dirigido a don Felipe Tudela y Barreda para que él –o su defensa– remita a la brevedad la información documentada sobre todos los gastos y contratos que hubiere firmado con el estudio en cuestión.
Según información supuestamente confidencial, con los recursos de don Felipe terceros habrían adquirido una casa de playa y vehículos, así como sufragado viajes a lo largo del tiempo, sin contar con gran cantidad de platería y objetos de colección –muy valiosos en el mercado– que habría sido sustraída ilegalmente de la casa del patriarca de los Tudela.
El dato
En junio de 2009 la justicia de los Estados Unidos ordenó que don Felipe Tudela Barreda fuera repatriado al Perú, como lo pidieron sus dos hijos, Juan Felipe y Francisco, nombrando además curador de sus bienes a este último.
Congresista Cenaida Uribe agredió verbalmente a policía de tránsito
El Comercio
El hecho ocurrió el pasado domingo durante procesión del Señor de los Milagros. “No sabes con quién te estás metiendo”, dijo la parlamentaria
La congresista Cenaida Uribe (PNP) agredió verbalmente a una policía de tránsito el último domingo 18 de octubre, en el preciso instante que dicha autoridad desviaba el tráfico por la procesión del Señor de los Milagros. Así se indica en un reporte policial realizado por la víctima, la suboficial de tercera Danitza Daysi Apéstegui Castañeda.
Según indicó Perú.21, en base al reporte policial, el hecho ocurrió a las 2 p.m. en la intersección de la Plaza de Acho con la avenida Abancay. A dicha hora un auto dorado no respetó las indicaciones del desvió, ignoró el paso restringido tocando su bocina estridentemente.
Tras esta desobendiencia, la policía llamó la atención a Uribe quien la amenaza grosera y prepotentemente: “No sabes quién soy yo. No sabes con quién te estás metiendo. Déjame pasar o, si no, voy a comunicarte (sic) con tu director para que te saque de la Policía”.
Posteriormente, la autoridad de tránsito pidió a la congresista que se identificara para coordinar su ingreso con sus autoridades superiores. Tras presentar sus documento y poco antes de volver a su vehículo, Uribe nuevamente lanzó una agresión verbal. “Idiota, eres una cuadriculada babosa”.
El Comercio
El hecho ocurrió el pasado domingo durante procesión del Señor de los Milagros. “No sabes con quién te estás metiendo”, dijo la parlamentaria
La congresista Cenaida Uribe (PNP) agredió verbalmente a una policía de tránsito el último domingo 18 de octubre, en el preciso instante que dicha autoridad desviaba el tráfico por la procesión del Señor de los Milagros. Así se indica en un reporte policial realizado por la víctima, la suboficial de tercera Danitza Daysi Apéstegui Castañeda.
Según indicó Perú.21, en base al reporte policial, el hecho ocurrió a las 2 p.m. en la intersección de la Plaza de Acho con la avenida Abancay. A dicha hora un auto dorado no respetó las indicaciones del desvió, ignoró el paso restringido tocando su bocina estridentemente.
Tras esta desobendiencia, la policía llamó la atención a Uribe quien la amenaza grosera y prepotentemente: “No sabes quién soy yo. No sabes con quién te estás metiendo. Déjame pasar o, si no, voy a comunicarte (sic) con tu director para que te saque de la Policía”.
Posteriormente, la autoridad de tránsito pidió a la congresista que se identificara para coordinar su ingreso con sus autoridades superiores. Tras presentar sus documento y poco antes de volver a su vehículo, Uribe nuevamente lanzó una agresión verbal. “Idiota, eres una cuadriculada babosa”.
Categoría: Artículos de política
Publicado por: mbermudez
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22/10/09: El Estado 'atenderá' fines de semana
La administración pública atenderá sábados, domingos y feriados
Así se estipula en un decreto de urgencia firmado durante la noche del miércoles por el presidente de la República, Alan García
El Comercio
El presidente García firmó hoy el decreto de urgencia por el cual se consideran días hábiles los días sábados, domingos y feriados no laborables con el propósito de que la administración pública brinde sus servicios de manera ininterrumpida.
El documento precisa que estos días hábiles serán computados en los plazos de los procedimientos administrativos que realizan las entidades del Poder Ejecutivo, así como los gobiernos regionales, y locales. Se exceptúan de esta norma los días 1º de enero, 1º de mayo, 28 y 29 de julio, y 25 de diciembre
Indica, además, que la norma no será aplicable en el cómputo del plazo para resolver recursos impugnativos ni para la realización de actuaciones procedimentales de notificación personal, actuaciones coactivas o de ejecución forzosa y tampoco para computar plazos de formulación de recursos administrativos.
Respecto a la gestión del personal, el decreto señala que las entidades públicas deberán establecer turnos entre su personal, independientemente de su régimen laboral o contractual, para cubrir estos servicios durante los 7 días de la semana y todo el año.
Refiere además que deberán garantizar la atención al público y mantener el descanso semanal de todos los servidores. En virtud de ello, autoriza a las entidades comprendidas en esta disposición a que renegocien los contratos laborales, civiles y de cualquier naturaleza en un plazo máximo de 30 días.
Los alcances del decreto serán aplicables a los nuevos procedimientos que se inicien durante su vigencia, desde su publicación en el diario oficial El Peruano hasta el 31 de diciembre del 2010.
El decreto lleva también la firma del presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén; del ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza; del ministro de Justicia, Aurelio Pastor; y de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Manuela García Cochagne.
Así se estipula en un decreto de urgencia firmado durante la noche del miércoles por el presidente de la República, Alan García
El Comercio
El presidente García firmó hoy el decreto de urgencia por el cual se consideran días hábiles los días sábados, domingos y feriados no laborables con el propósito de que la administración pública brinde sus servicios de manera ininterrumpida.
El documento precisa que estos días hábiles serán computados en los plazos de los procedimientos administrativos que realizan las entidades del Poder Ejecutivo, así como los gobiernos regionales, y locales. Se exceptúan de esta norma los días 1º de enero, 1º de mayo, 28 y 29 de julio, y 25 de diciembre
Indica, además, que la norma no será aplicable en el cómputo del plazo para resolver recursos impugnativos ni para la realización de actuaciones procedimentales de notificación personal, actuaciones coactivas o de ejecución forzosa y tampoco para computar plazos de formulación de recursos administrativos.
Respecto a la gestión del personal, el decreto señala que las entidades públicas deberán establecer turnos entre su personal, independientemente de su régimen laboral o contractual, para cubrir estos servicios durante los 7 días de la semana y todo el año.
Refiere además que deberán garantizar la atención al público y mantener el descanso semanal de todos los servidores. En virtud de ello, autoriza a las entidades comprendidas en esta disposición a que renegocien los contratos laborales, civiles y de cualquier naturaleza en un plazo máximo de 30 días.
Los alcances del decreto serán aplicables a los nuevos procedimientos que se inicien durante su vigencia, desde su publicación en el diario oficial El Peruano hasta el 31 de diciembre del 2010.
El decreto lleva también la firma del presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén; del ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza; del ministro de Justicia, Aurelio Pastor; y de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Manuela García Cochagne.
La congresista nacionalista fue acusada por sus presuntos vínculos con el narcotráfico
El Comercio
La congresista del Partido Nacionalista Nancy Obregón calificó como una “cortina de humo” la denuncia constitucional presentada por el Apra por su presunto favorecimiento al narcotráfico.
“Por el hecho de ser la congresista Obregón, no me van a estar atacando ni vinculando con el narcotráfico”, manifestó la legisladora a los periodistas.
“Están buscándole la sinrazón y los cinco pies al gato”, acotó sobre la deuncia.
La parlamentaria señaló que existe una incoherencia en el Partido Aprista, toda vez que la respaldaron en el 2005 en su condición de dirigente cocalera, y aseguró que cuenta con el respaldo del nacionalismo.
“El comandante Ollanta Humala nos ha invitado al movimiento cocalero para formar parte del nacionalismo”, refirió Obregón.
VARIOS DELITOS
El vocero de la bancada oficialista, José Vargas, presentó la acusación por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de abuso a la autoridad, contra la salud pública en la modalidad de promoción y favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, tráfico de insumos químicos, delito de motín e incubrimiento real.
La polémica legisladora fue ligada al narcotráfico luego que su ex asesor en su desapcho, Max Caller, sea detenido con 140 kilos de droga .
Asimismo, su situación se complicó cuando apareció un video en el que se le increpándole a autoridades policiales durante un operativo antidrogas en Tocache, en abril pasado.
El Comercio
La congresista del Partido Nacionalista Nancy Obregón calificó como una “cortina de humo” la denuncia constitucional presentada por el Apra por su presunto favorecimiento al narcotráfico.
“Por el hecho de ser la congresista Obregón, no me van a estar atacando ni vinculando con el narcotráfico”, manifestó la legisladora a los periodistas.
“Están buscándole la sinrazón y los cinco pies al gato”, acotó sobre la deuncia.
La parlamentaria señaló que existe una incoherencia en el Partido Aprista, toda vez que la respaldaron en el 2005 en su condición de dirigente cocalera, y aseguró que cuenta con el respaldo del nacionalismo.
“El comandante Ollanta Humala nos ha invitado al movimiento cocalero para formar parte del nacionalismo”, refirió Obregón.
VARIOS DELITOS
El vocero de la bancada oficialista, José Vargas, presentó la acusación por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de abuso a la autoridad, contra la salud pública en la modalidad de promoción y favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, tráfico de insumos químicos, delito de motín e incubrimiento real.
La polémica legisladora fue ligada al narcotráfico luego que su ex asesor en su desapcho, Max Caller, sea detenido con 140 kilos de droga .
Asimismo, su situación se complicó cuando apareció un video en el que se le increpándole a autoridades policiales durante un operativo antidrogas en Tocache, en abril pasado.
22/10/09: Más sobre la pastilla del día siguiente
¿CÓMO SE VE (Y SE USA) LA PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE?
El último recurso
De uso polémico, pero autorizado por el Estado, la anticoncepción oral de emergencia es una opción para situaciones, precisamente,
de emergencia.
Por: Katherine Subirana
El Comercio
“No es píldora del día siguiente. Es anticoncepción de emergencia”. Así es como Pilar Arce, del Movimiento Flora Tristán, define la anticoncepción oral de emergencia (AOE). Y es importante hacer la precisión porque este método, de ser usado, no puede volverse rutinario, dadas sus secuelas.
El folleto que viene con las presentaciones de una de estas píldoras (en este caso Postinor 2), dice: “la anticoncepción oral de emergencia es un método de uso ocasional, que debe ser usado solo en emergencias. En ningún caso sustituye un método regular”.
POLÍTICAS PARA EL PÚBLICO
En noviembre del 2008, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima falló que la píldora del día siguiente no es abortiva y que, por tanto, puede ser distribuida en el país.
El Ministerio de Salud, por su parte, informó que en el 2005 se entregaron 153 mil muestras a hospitales y postas del país, de las cuales ya se ha entregado gratuitamente al público el 60% de ese lote.
“La píldora también se entrega en casos de una relación sexual desprotegida. Por ejemplo, si una chica va a una fiesta, se embriaga y luego tiene relaciones sin cuidarse”, detalló Lucy del Carpio, coordinadora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud.
Pilar Arce objeta que, a pesar de la distribución, el Ministerio de Salud no haya hecho una buena campaña, situación que Lucy del Carpio ha reconocido en anteriores ocasiones.
Por más que el Estado no considera que la píldora sea abortiva (y por ello permite su distribución gratuita), y por más que la AOE se expende sin mayor restricción en las farmacias, la Iglesia Católica ha mostrado su rechazo en más de una oportunidad.
Ante la versión que la píldora del día siguiente no es abortiva, la Conferencia Episcopal Peruana ha alertado con preocupación que “la comunidad científica internacional sigue debatiendo. Una revisión muestra que el efecto antiimplantatorio no se ha descartado sino que, al contrario, sería parte de la “eficacia” de la droga”.
LA URGENCIA NO ES RUTINA
“Sustento Normativo de la Anticoncepción Oral de Emergencia en el Perú” (2006) es un informe conjunto del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Este documento apoya la AOE por considerar que previene embarazos no deseados y disminuye los índices estadísticos de: aborto clandestino, muerte materna por aborto, embarazo adolescente y abandono infantil. Sin embargo, hace la salvedad de que no se trata de un método anticonceptivo de rutina, sino de excepción, sobre todo en casos de mujeres que han sido violadas, o si su método anticonceptivo tradicional ha fallado.
Esto último es corroborado por el doctor Jaime Seminario, presidente de la Sociedad Peruana de Fertilidad, quien considera que más que enfrascarse en el debate del uso de esta pastilla, lo importante es “hacer promoción de todos los demás métodos anticonceptivos —que son muchos más seguros— para eliminar la necesidad de usar la píldora de emergencia”.
Seminario, como especialista, considera que no es un método seguro, pues depende mucho del momento de las relaciones sexuales. “Si se tienen relaciones en un momento de mucha fertilidad de la mujer, el uso de la pastilla no asegura que no se produzca un embarazo”, afirma.
En cuanto al uso (o abuso de la pastilla), él señala que “no se puede ni debe utilizar seguido”, pues aunque “no está completamente demostrado que provoque alguna enfermedad grave, están los efectos colaterales, como las náuseas o mareos. Lo que sí provoca es un desorden hormonal en la paciente”.
Cabe especificar tres puntos finales: 1) que el uso máximo de la pastilla es de 72 horas después de la relación sexual (aunque Seminario recomienda usarla en el menor tiempo posible); 2) que debe ser administrada por personal capacitado; 3) y que toda mujer que recibe AOE debe tener consejería en planificación familiar.
LA GENTE OPINA
Las opciones de emergencia son tomadas en cuenta por un alto porcentaje de jóvenes (1.234 de 1.567, según un sondeo realizado por este Diario). ¿Los motivos? Tal vez como señala Melissa R. (27): “si me haces la pregunta la mañana en que no me queda otra opción más que usarla, te diré que estoy de acuerdo; si me haces mirarlo más racional, no”.
Sin embargo, fueron 333 los jóvenes que se mostraron en contra. Por ejemplo, Laura M. (20 años) no usaría la AOE, pues la considera abortiva. “Aunque las personas tienen completo derecho de decidir si tomarla o no, nadie puede decidir cuándo empieza o no la vida”.
Lo que queda claro es que la disposición de la pastilla no debe hacer que se prescinda del uso del preservativo o de otros métodos de anticoncepción. Hacerlo sería casi como jugar a la ruleta rusa.
El último recurso
De uso polémico, pero autorizado por el Estado, la anticoncepción oral de emergencia es una opción para situaciones, precisamente,
de emergencia.
Por: Katherine Subirana
El Comercio
“No es píldora del día siguiente. Es anticoncepción de emergencia”. Así es como Pilar Arce, del Movimiento Flora Tristán, define la anticoncepción oral de emergencia (AOE). Y es importante hacer la precisión porque este método, de ser usado, no puede volverse rutinario, dadas sus secuelas.
El folleto que viene con las presentaciones de una de estas píldoras (en este caso Postinor 2), dice: “la anticoncepción oral de emergencia es un método de uso ocasional, que debe ser usado solo en emergencias. En ningún caso sustituye un método regular”.
POLÍTICAS PARA EL PÚBLICO
En noviembre del 2008, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima falló que la píldora del día siguiente no es abortiva y que, por tanto, puede ser distribuida en el país.
El Ministerio de Salud, por su parte, informó que en el 2005 se entregaron 153 mil muestras a hospitales y postas del país, de las cuales ya se ha entregado gratuitamente al público el 60% de ese lote.
“La píldora también se entrega en casos de una relación sexual desprotegida. Por ejemplo, si una chica va a una fiesta, se embriaga y luego tiene relaciones sin cuidarse”, detalló Lucy del Carpio, coordinadora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud.
Pilar Arce objeta que, a pesar de la distribución, el Ministerio de Salud no haya hecho una buena campaña, situación que Lucy del Carpio ha reconocido en anteriores ocasiones.
Por más que el Estado no considera que la píldora sea abortiva (y por ello permite su distribución gratuita), y por más que la AOE se expende sin mayor restricción en las farmacias, la Iglesia Católica ha mostrado su rechazo en más de una oportunidad.
Ante la versión que la píldora del día siguiente no es abortiva, la Conferencia Episcopal Peruana ha alertado con preocupación que “la comunidad científica internacional sigue debatiendo. Una revisión muestra que el efecto antiimplantatorio no se ha descartado sino que, al contrario, sería parte de la “eficacia” de la droga”.
LA URGENCIA NO ES RUTINA
“Sustento Normativo de la Anticoncepción Oral de Emergencia en el Perú” (2006) es un informe conjunto del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Este documento apoya la AOE por considerar que previene embarazos no deseados y disminuye los índices estadísticos de: aborto clandestino, muerte materna por aborto, embarazo adolescente y abandono infantil. Sin embargo, hace la salvedad de que no se trata de un método anticonceptivo de rutina, sino de excepción, sobre todo en casos de mujeres que han sido violadas, o si su método anticonceptivo tradicional ha fallado.
Esto último es corroborado por el doctor Jaime Seminario, presidente de la Sociedad Peruana de Fertilidad, quien considera que más que enfrascarse en el debate del uso de esta pastilla, lo importante es “hacer promoción de todos los demás métodos anticonceptivos —que son muchos más seguros— para eliminar la necesidad de usar la píldora de emergencia”.
Seminario, como especialista, considera que no es un método seguro, pues depende mucho del momento de las relaciones sexuales. “Si se tienen relaciones en un momento de mucha fertilidad de la mujer, el uso de la pastilla no asegura que no se produzca un embarazo”, afirma.
En cuanto al uso (o abuso de la pastilla), él señala que “no se puede ni debe utilizar seguido”, pues aunque “no está completamente demostrado que provoque alguna enfermedad grave, están los efectos colaterales, como las náuseas o mareos. Lo que sí provoca es un desorden hormonal en la paciente”.
Cabe especificar tres puntos finales: 1) que el uso máximo de la pastilla es de 72 horas después de la relación sexual (aunque Seminario recomienda usarla en el menor tiempo posible); 2) que debe ser administrada por personal capacitado; 3) y que toda mujer que recibe AOE debe tener consejería en planificación familiar.
LA GENTE OPINA
Las opciones de emergencia son tomadas en cuenta por un alto porcentaje de jóvenes (1.234 de 1.567, según un sondeo realizado por este Diario). ¿Los motivos? Tal vez como señala Melissa R. (27): “si me haces la pregunta la mañana en que no me queda otra opción más que usarla, te diré que estoy de acuerdo; si me haces mirarlo más racional, no”.
Sin embargo, fueron 333 los jóvenes que se mostraron en contra. Por ejemplo, Laura M. (20 años) no usaría la AOE, pues la considera abortiva. “Aunque las personas tienen completo derecho de decidir si tomarla o no, nadie puede decidir cuándo empieza o no la vida”.
Lo que queda claro es que la disposición de la pastilla no debe hacer que se prescinda del uso del preservativo o de otros métodos de anticoncepción. Hacerlo sería casi como jugar a la ruleta rusa.
Tribunal Constitucional invalidó tal política pública porque “no se ha demostrado la inexistencia del efecto abortivo” en el medicamento.
El Comercio
El Tribunal Constitucional (TC) informó el jueves que ha invalidado la distribución gratuita a nivel nacional de la denominada píldora del día siguiente, ordenando al Ministerio de Salud (Minsa) se abstenga de desarrollar tal política pública.
Esto por considerar que no se ha demostrado la inexistencia del efecto abortivo, la inhibición de la implantación del óvulo fecundado en el endometrio.
En una nota de prensa, el TC señala que declaró fundado el amparo presentado en el expediente 02005-2009-PA/TC luego de evaluar los argumentos presentados por importantes instituciones nacionales e internacionales, sin que, según el TC, se haya podido desvirtuar que, dentro de la teoría de la fecundación, el derecho a la vida del concebido pueda ser gravemente menoscabado por el uso del indicado fármaco, de acuerdo con el artículo 2.1. de la Constitución vigente.
En esa lógica, agrega, la sentencia ordena que los laboratorios que comercializan la “píldora del día siguiente” incluyan en la posología una advertencia destinada a que los consumidores tengan conocimiento suficiente de que el producto podría tener un efecto abortivo.
El Comercio
El Tribunal Constitucional (TC) informó el jueves que ha invalidado la distribución gratuita a nivel nacional de la denominada píldora del día siguiente, ordenando al Ministerio de Salud (Minsa) se abstenga de desarrollar tal política pública.
Esto por considerar que no se ha demostrado la inexistencia del efecto abortivo, la inhibición de la implantación del óvulo fecundado en el endometrio.
En una nota de prensa, el TC señala que declaró fundado el amparo presentado en el expediente 02005-2009-PA/TC luego de evaluar los argumentos presentados por importantes instituciones nacionales e internacionales, sin que, según el TC, se haya podido desvirtuar que, dentro de la teoría de la fecundación, el derecho a la vida del concebido pueda ser gravemente menoscabado por el uso del indicado fármaco, de acuerdo con el artículo 2.1. de la Constitución vigente.
En esa lógica, agrega, la sentencia ordena que los laboratorios que comercializan la “píldora del día siguiente” incluyan en la posología una advertencia destinada a que los consumidores tengan conocimiento suficiente de que el producto podría tener un efecto abortivo.
Categoría: Artículos derecho constitucional
Publicado por: mbermudez
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El Comercio
Ex director de Salud pasó a Essalud luego del escándalo de las 838 cajas sustraídas y ahora pretende regresar al Minsa. Ministerio Público denunció al jefe de archivo, a cuatro recicladores y al vigilante del local que acusó a Guevara
Después de una lentísima investigación que tomó ocho largos meses, la Sexta Fiscalía Provincial Especializada contra Delitos de Corrupción de Funcionarios por fin se animó a formalizar denuncia penal ante el Poder Judicial por el escandaloso caso del robo de 838 cajas del Archivo Central del Ministerio de Salud. Sin embargo y de manera increíble, el médico aprista Víctor Guevara Florián, principal sospechoso de haber orquestado la masiva sustracción cuando era director de Salud de Lima Centro, no fue incluido en la denuncia.
El fiscal Erick Rivera Ruiz, a cargo de la investigación, solo formalizó denuncia penal contra el ex jefe del archivo Segundo Zárate Gonzales como presunto autor del delito de peculado culposo, y contra el vigilante del archivo Ismael Amoroto Zúñiga y cuatro recicladores como presuntos coautores de hurto agravado.
No obstante que el vigilante Amoroto reiteró su acusación contra el ex titular de la Dirección de Salud de Lima Centro de haber sido el que le pagó 600 soles para dejar que los recicladores se llevaran las cajas con documentación valiosa del Ministerio de Salud, el fiscal Rivera declaró que no había lugar para formalizar denuncia penal contra Guevara por los presuntos delitos de hurto agravado, corrupción de funcionarios ni encubrimiento real y omisión de denuncia en agravio de Estado.
RECURSO DE NULIDAD
La noticia cayó como un balde de agua helada en la Procuraduría Anticorrupción y en el Ministerio de Salud. El procurador Jorge Caldas ya planteó un recurso de queja ante la sexta fiscalía, pues considera que Guevara no debe ser excluido de la denuncia. “Esperamos que la fiscalía superior tenga una decisión diferente a la que adoptó esta sala”, dijo.
Una fuente cercana al despacho ministerial comentó que estaban muy sorprendidos e indignados por la exculpación de Guevara, quien según la investigación inicial que estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Penal 26 de Lima habría sido la persona que organizó y dirigió la sustracción de los documentos.
No obstante, Guevara, quien recientemente fue nombrado secretario general del comité distrital del Apra en La Victoria, señaló en reiteradas oportunidades que no había tenido nada que ver con el escandaloso robo.
Esta persona, que parece tener protección en las altas esferas del Ejecutivo, tras el escándalo fue sacado del Ministerio de Salud, pero al poco tiempo encontró un puesto importante en Essalud. Ahora, según fuentes dignas de crédito, estaría gestionando su regreso al Ministerio de Salud en el mismo puesto que tenía.
La denuncia penal fue interpuesta el pasado martes 12 ante el juzgado penal de turno. El Poder Judicial evaluará la acusación en los próximos días y decidirá si abre un proceso penal o lo archiva. También podría devolver el expediente al fiscal y pedir que amplíe la demanda.
PARA RECORDAR
Robo buscaba eliminar documentos
El robo de las 838 cajas se perpetró durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. La sustracción recién se conoció en la primera quincena de enero.
La investigación inicial derivó el caso a la Sexta Fiscalía Especializada porque había indicios de que se trataba no de un simple robo sino de un caso de corrupción.
Hasta la fecha no se ha precisado cuál fue el verdadero motivo del hurto. Se presume que fue para eliminar pruebas de importantes actos ilícitos.
El fiscal Rivera tomó el caso en febrero y recién formalizó denuncia la semana pasada.
Ex director de Salud pasó a Essalud luego del escándalo de las 838 cajas sustraídas y ahora pretende regresar al Minsa. Ministerio Público denunció al jefe de archivo, a cuatro recicladores y al vigilante del local que acusó a Guevara
Después de una lentísima investigación que tomó ocho largos meses, la Sexta Fiscalía Provincial Especializada contra Delitos de Corrupción de Funcionarios por fin se animó a formalizar denuncia penal ante el Poder Judicial por el escandaloso caso del robo de 838 cajas del Archivo Central del Ministerio de Salud. Sin embargo y de manera increíble, el médico aprista Víctor Guevara Florián, principal sospechoso de haber orquestado la masiva sustracción cuando era director de Salud de Lima Centro, no fue incluido en la denuncia.
El fiscal Erick Rivera Ruiz, a cargo de la investigación, solo formalizó denuncia penal contra el ex jefe del archivo Segundo Zárate Gonzales como presunto autor del delito de peculado culposo, y contra el vigilante del archivo Ismael Amoroto Zúñiga y cuatro recicladores como presuntos coautores de hurto agravado.
No obstante que el vigilante Amoroto reiteró su acusación contra el ex titular de la Dirección de Salud de Lima Centro de haber sido el que le pagó 600 soles para dejar que los recicladores se llevaran las cajas con documentación valiosa del Ministerio de Salud, el fiscal Rivera declaró que no había lugar para formalizar denuncia penal contra Guevara por los presuntos delitos de hurto agravado, corrupción de funcionarios ni encubrimiento real y omisión de denuncia en agravio de Estado.
RECURSO DE NULIDAD
La noticia cayó como un balde de agua helada en la Procuraduría Anticorrupción y en el Ministerio de Salud. El procurador Jorge Caldas ya planteó un recurso de queja ante la sexta fiscalía, pues considera que Guevara no debe ser excluido de la denuncia. “Esperamos que la fiscalía superior tenga una decisión diferente a la que adoptó esta sala”, dijo.
Una fuente cercana al despacho ministerial comentó que estaban muy sorprendidos e indignados por la exculpación de Guevara, quien según la investigación inicial que estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Penal 26 de Lima habría sido la persona que organizó y dirigió la sustracción de los documentos.
No obstante, Guevara, quien recientemente fue nombrado secretario general del comité distrital del Apra en La Victoria, señaló en reiteradas oportunidades que no había tenido nada que ver con el escandaloso robo.
Esta persona, que parece tener protección en las altas esferas del Ejecutivo, tras el escándalo fue sacado del Ministerio de Salud, pero al poco tiempo encontró un puesto importante en Essalud. Ahora, según fuentes dignas de crédito, estaría gestionando su regreso al Ministerio de Salud en el mismo puesto que tenía.
La denuncia penal fue interpuesta el pasado martes 12 ante el juzgado penal de turno. El Poder Judicial evaluará la acusación en los próximos días y decidirá si abre un proceso penal o lo archiva. También podría devolver el expediente al fiscal y pedir que amplíe la demanda.
PARA RECORDAR
Robo buscaba eliminar documentos
El robo de las 838 cajas se perpetró durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. La sustracción recién se conoció en la primera quincena de enero.
La investigación inicial derivó el caso a la Sexta Fiscalía Especializada porque había indicios de que se trataba no de un simple robo sino de un caso de corrupción.
Hasta la fecha no se ha precisado cuál fue el verdadero motivo del hurto. Se presume que fue para eliminar pruebas de importantes actos ilícitos.
El fiscal Rivera tomó el caso en febrero y recién formalizó denuncia la semana pasada.
19/10/09: Por La Razón o la fuerza
La República
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
Un titular agraviante y un comunicado desenfocado
Gran revuelo produjo en Chile la portada sabatina del diario La Razón, cuyo titular ‘¡Bachelet conchuda!’ fue recibido con desagrado comprensible en Santiago y motivó un rechazo público de Torre Tagle.
El recargado titular sobre la presidenta Michelle Bachelet fue por la reacción de su gobierno a la iniciativa peruana ante el desenfreno chileno en la carrera armamentista, además de expresiones inaceptablemente arrogantes como ‘Salitre 2009’. Ese es el tema de fondo que genera preocupación legítima.
Pero el titular ‘conchuda’ –sinónimo de sinvergüenza y caradura, que también son fuertes– es, en mi opinión, equivocado pues creo que hay maneras más inteligentes, menos chocantes y mucho más irónicas de decir lo mismo en la portada.
Ante la reacción chilena, el canciller José Antonio García Belaunde manifestó su “rechazo e indignación por estas expresiones injuriosas” contra Bachelet, que “ningún jefe de Estado de un país vecino y amigo merece ese tratamiento”, y que “no contribuye a desarrollar las relaciones normales con un país vecino y amigo (ni) al debate alturado y serio de los temas”.
Estoy de acuerdo conceptualmente con el canciller, pero él debiera recordar, primero, que “desarrollar relaciones normales con los países vecinos” es tarea de gobiernos, no de diarios.
Asimismo, el comunicado debió destacar que en el Perú –hasta donde sé– el gobierno no dicta los titulares ni la línea editorial de los medios. Así que la protesta de La Moneda debiera ir a Uri Ben Schmuel, el director de La Razón, igual que si La Tercera publicara una injuria sobre Alan García, el reclamo debiera dirigirse a su director Cristián Bofill. ¿La presidenta Bachelet decide lo que publica Agustín Edwards en El Mercurio?
¿Dónde tiraría el Departamento de Estado una protesta del gobierno chileno por un titular del New York Times? Sería tan ridículo como el reclamo que acaba de hacer la cancillería colombiana a MTV por difundir la imagen de René ‘Residente’ Pérez –el cantante de Calle 13– con un t-shirt ‘Uribe Paramilitar’.
Asimismo, el comentario del canciller de que “ningún jefe de Estado (...) merece ese tratamiento”, debiera extenderlo a toda persona, especialmente por venir de un medio como La Razón que, sin que nadie del gobierno aprista diga algo, ha tenido injurias de calibre similar o peor contra muchos peruanos valiosos, a diferencia de los elogios encendidos a personas cercanas al régimen, como Luis Giampietri o varios otros congresistas apristas.
Pero, por más distancia que tenga con la línea de La Razón, defiendo su derecho y autonomía de informar como le parezca, asumiendo las consecuencias legales de sus decisiones.
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
Un titular agraviante y un comunicado desenfocado
Gran revuelo produjo en Chile la portada sabatina del diario La Razón, cuyo titular ‘¡Bachelet conchuda!’ fue recibido con desagrado comprensible en Santiago y motivó un rechazo público de Torre Tagle.
El recargado titular sobre la presidenta Michelle Bachelet fue por la reacción de su gobierno a la iniciativa peruana ante el desenfreno chileno en la carrera armamentista, además de expresiones inaceptablemente arrogantes como ‘Salitre 2009’. Ese es el tema de fondo que genera preocupación legítima.
Pero el titular ‘conchuda’ –sinónimo de sinvergüenza y caradura, que también son fuertes– es, en mi opinión, equivocado pues creo que hay maneras más inteligentes, menos chocantes y mucho más irónicas de decir lo mismo en la portada.
Ante la reacción chilena, el canciller José Antonio García Belaunde manifestó su “rechazo e indignación por estas expresiones injuriosas” contra Bachelet, que “ningún jefe de Estado de un país vecino y amigo merece ese tratamiento”, y que “no contribuye a desarrollar las relaciones normales con un país vecino y amigo (ni) al debate alturado y serio de los temas”.
Estoy de acuerdo conceptualmente con el canciller, pero él debiera recordar, primero, que “desarrollar relaciones normales con los países vecinos” es tarea de gobiernos, no de diarios.
Asimismo, el comunicado debió destacar que en el Perú –hasta donde sé– el gobierno no dicta los titulares ni la línea editorial de los medios. Así que la protesta de La Moneda debiera ir a Uri Ben Schmuel, el director de La Razón, igual que si La Tercera publicara una injuria sobre Alan García, el reclamo debiera dirigirse a su director Cristián Bofill. ¿La presidenta Bachelet decide lo que publica Agustín Edwards en El Mercurio?
¿Dónde tiraría el Departamento de Estado una protesta del gobierno chileno por un titular del New York Times? Sería tan ridículo como el reclamo que acaba de hacer la cancillería colombiana a MTV por difundir la imagen de René ‘Residente’ Pérez –el cantante de Calle 13– con un t-shirt ‘Uribe Paramilitar’.
Asimismo, el comentario del canciller de que “ningún jefe de Estado (...) merece ese tratamiento”, debiera extenderlo a toda persona, especialmente por venir de un medio como La Razón que, sin que nadie del gobierno aprista diga algo, ha tenido injurias de calibre similar o peor contra muchos peruanos valiosos, a diferencia de los elogios encendidos a personas cercanas al régimen, como Luis Giampietri o varios otros congresistas apristas.
Pero, por más distancia que tenga con la línea de La Razón, defiendo su derecho y autonomía de informar como le parezca, asumiendo las consecuencias legales de sus decisiones.
Javier Velásquez precisó que un grupo de ministros viajará por la región para promover el pacto de no agresión propuesto por el presidente Alan García.
(EFE).- El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, anunció el jueves que el Gobierno iniciará una “cruzada internacional” contra el armamentismo en Latinoamérica.
Velásquez afirmó a la agencia oficial Andina que una comitiva integrada por ministros peruanos viajará por la región para promover un “pacto de no agresión” propuesto por el presidente Alan García.
“Nosotros vamos a iniciar una cruzada con unos ministros del Gabinete para lograr que la propuesta del presidente Alan García, de ir a un proceso de no agresión, que, por ende, promueva el desarme en América Latina, tienda a que todos los pueblos del sur hagamos un esfuerzo para declararle la guerra al único enemigo que tenemos en América Latina: el hambre y la miseria”, señaló.
El primer ministro dijo que la comisión recorrerá América Latina, aunque no descartó que también pueda viajar a otras regiones del mundo.
“Vamos a visitar prioritariamente a las autoridades en América Latina, para sensibilizarlas sobre la necesidad de contar con una agenda social prioritaria, que es enfrentar al hambre, la pobreza, la miseria y sin renunciar a planes estratégicos militares de cada uno de los países”, dijo.
Velásquez precisó que el canciller, José García Belaunde, está programando el itinerario de países que recorrerá la delegación peruana.
El presidente Alan García planteó el mes pasado ante la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) que los países latinoamericanos suscriban un pacto de no agresión para garantizar la paz y detener el excesivo gasto militar realizado en los últimos años.
Según el Gobierno Peruano, la propuesta generó una reacción positiva en la mayoría de Gobiernos de América Latina, a excepción de Chile , país que se ha mostrado en desacuerdo con el planteamiento.
(EFE).- El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, anunció el jueves que el Gobierno iniciará una “cruzada internacional” contra el armamentismo en Latinoamérica.
Velásquez afirmó a la agencia oficial Andina que una comitiva integrada por ministros peruanos viajará por la región para promover un “pacto de no agresión” propuesto por el presidente Alan García.
“Nosotros vamos a iniciar una cruzada con unos ministros del Gabinete para lograr que la propuesta del presidente Alan García, de ir a un proceso de no agresión, que, por ende, promueva el desarme en América Latina, tienda a que todos los pueblos del sur hagamos un esfuerzo para declararle la guerra al único enemigo que tenemos en América Latina: el hambre y la miseria”, señaló.
El primer ministro dijo que la comisión recorrerá América Latina, aunque no descartó que también pueda viajar a otras regiones del mundo.
“Vamos a visitar prioritariamente a las autoridades en América Latina, para sensibilizarlas sobre la necesidad de contar con una agenda social prioritaria, que es enfrentar al hambre, la pobreza, la miseria y sin renunciar a planes estratégicos militares de cada uno de los países”, dijo.
Velásquez precisó que el canciller, José García Belaunde, está programando el itinerario de países que recorrerá la delegación peruana.
El presidente Alan García planteó el mes pasado ante la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) que los países latinoamericanos suscriban un pacto de no agresión para garantizar la paz y detener el excesivo gasto militar realizado en los últimos años.
Según el Gobierno Peruano, la propuesta generó una reacción positiva en la mayoría de Gobiernos de América Latina, a excepción de Chile , país que se ha mostrado en desacuerdo con el planteamiento.
Dueños de los restaurantes La concha de sus mares o Pez-On no tuvieron problemas con Indecopi.
Por Daniel Meza
El Comercio
La palabra “huevón” existe en la institución máxima de la lengua. Significa, para la Real Academia de la Lengua Española (RAE), “perezoso e imbécil” en un lenguaje despectivo. Pero, ¿hasta qué punto una expresión del calibre de Pezweon -convertido en marca- va en contra de las malas costumbres y la moral de una sociedad?
Si bien, a decir del público, la expresión Pezweon no representa realmente una antítesis para la moral o a las buenas costumbres en nuestro país, tal como lo refiere la norma a la que algunos funcionarios de Indecopi se acogen para evitar que salga una marca de ropa con ese nombre, existe más de un caso realmente curioso para tomar en cuenta. Repasemos los más llamativos:
1. El Pezweon: El tema en discusión, según indican sus autores, dos jóvenes caricaturistas, proviene de la frase “Esto ya fue, pues, huevón”. Los creativos transformaron la idea en stickers y decidieron colgarlo en Facebook, con lo que adquirió una popularidad inesperada. Hoy, la marca se encuentra en problemas con Indecopi para ser lanzada como una línea de ropa.
2. Semanario Chesu!: Definitivamente, no se trata de una palabra que querramos desglosar necesariamente, aunque sí se puede decir que proviene de un insulto de alta capacidad ofensiva. El Chesu! apareció en los inicios de la década de los 90 como un suplemento del diario “Onda”, con la colaboración de distintos caricaturistas (entre ellos Toño Tapia, dibujante del diario “Correo”) que retrataban de una manera cómica las torpezas, desaciertos y defectos físicos de distintos políticos peruanos. Últimamente se le ve en distintos quioscos de la ciudad, amarillentos porque no se agotan debido a que la calidad del humor no es la misma que la de las primeras versiones. ¿Indecopi? Jamás escuchamos su voz al respecto.
3. El Pez-On: Es un restaurante cevichería muy pintoresco que sabe explotar de manera muy creativa su nombre. Sus creadores, ambos publicistas, eligieron un nombre que pueda prestarse para varias interpretaciones. “Consideramos a Pez-On como un nombre perfecto para el local, ya que tenía publicidad propia”, según nos contó su actual propietario, Alejandro Bermúdez. Actualmente, el Pez-On explota su denominación llamando a sus tres locaciones Pez-On derecho, Pez-On izquierdo y Pez-On armado. Del mismo modo, juega con los nombres de los platillos como “Tiraditas”, o “Pez on negro” y “Pez on solitario”. No hubo problemas con Indecopi. El local central de Pez-On se encuentra en la cuadra dos de la Av. del Ejército.
4. El restaurante “La concha de sus mares”: “Vamos a la concha de…” no es, precisamente, la frase que muchos sectores conservadores del país quisieran pronunciar, aunque nadie puede negar lo creativo y jocoso que resulta al escucharla. Wilter Hoyos, propietario del restaurante, contó que junto a un compañero crearon el nombre porque no vieron nada malo en hacer alusión a un molusco y al mar. “¿Qué va a decir la gente?”, pensaron en su momento, aunque tomaron en cuenta que “cuando las cosas se dicen con propiedad, no habría ningún problema”. Tras ello, Indecopi no les puso traba alguna por la inscripción de la marca. Actualmente, la dirección que le atribuye Internet es falsa, puesto que hoy se encuentran en cuadra 16 de la Av. Mateo Pumacahua.
5. El insecticida “Miliko”: No tiene un consumo masivo, pero posee más que un nombre sugerente. Quizás se le pueda encontrar en algunas ferreterías. Este extraño producto es además “el arrazador” (con Z y no S, en el sticker del producto) y su función y eslogan es nada menos que la noble labor de “Matar cucarachas”. Carlos Medina, gerente de M&C Industrias Químicas S.A.C., empresa que provee el insecticida, afirma que le puso el nombre solamente “por ser vendedor”, sin ningún tinte político. Lo cierto es que Miliko (tal como aparece en el sticker), está presto para “aniquilar” con sus botas a los insectos. ¿Se podría relacionar que esa bota de militar representa que la institución castrense atenta contra los derechos humanos?
6. La peña Del Carajo: Uno más que se le puede agregar a la lista de marcas –en la opinión de algunos- con palabras “de malas costumbres”. Nunca se hizo noticia por algún problema suscitado con la Indecopi (por este nombre
Por Daniel Meza
El Comercio
La palabra “huevón” existe en la institución máxima de la lengua. Significa, para la Real Academia de la Lengua Española (RAE), “perezoso e imbécil” en un lenguaje despectivo. Pero, ¿hasta qué punto una expresión del calibre de Pezweon -convertido en marca- va en contra de las malas costumbres y la moral de una sociedad?
Si bien, a decir del público, la expresión Pezweon no representa realmente una antítesis para la moral o a las buenas costumbres en nuestro país, tal como lo refiere la norma a la que algunos funcionarios de Indecopi se acogen para evitar que salga una marca de ropa con ese nombre, existe más de un caso realmente curioso para tomar en cuenta. Repasemos los más llamativos:
1. El Pezweon: El tema en discusión, según indican sus autores, dos jóvenes caricaturistas, proviene de la frase “Esto ya fue, pues, huevón”. Los creativos transformaron la idea en stickers y decidieron colgarlo en Facebook, con lo que adquirió una popularidad inesperada. Hoy, la marca se encuentra en problemas con Indecopi para ser lanzada como una línea de ropa.
2. Semanario Chesu!: Definitivamente, no se trata de una palabra que querramos desglosar necesariamente, aunque sí se puede decir que proviene de un insulto de alta capacidad ofensiva. El Chesu! apareció en los inicios de la década de los 90 como un suplemento del diario “Onda”, con la colaboración de distintos caricaturistas (entre ellos Toño Tapia, dibujante del diario “Correo”) que retrataban de una manera cómica las torpezas, desaciertos y defectos físicos de distintos políticos peruanos. Últimamente se le ve en distintos quioscos de la ciudad, amarillentos porque no se agotan debido a que la calidad del humor no es la misma que la de las primeras versiones. ¿Indecopi? Jamás escuchamos su voz al respecto.
3. El Pez-On: Es un restaurante cevichería muy pintoresco que sabe explotar de manera muy creativa su nombre. Sus creadores, ambos publicistas, eligieron un nombre que pueda prestarse para varias interpretaciones. “Consideramos a Pez-On como un nombre perfecto para el local, ya que tenía publicidad propia”, según nos contó su actual propietario, Alejandro Bermúdez. Actualmente, el Pez-On explota su denominación llamando a sus tres locaciones Pez-On derecho, Pez-On izquierdo y Pez-On armado. Del mismo modo, juega con los nombres de los platillos como “Tiraditas”, o “Pez on negro” y “Pez on solitario”. No hubo problemas con Indecopi. El local central de Pez-On se encuentra en la cuadra dos de la Av. del Ejército.
4. El restaurante “La concha de sus mares”: “Vamos a la concha de…” no es, precisamente, la frase que muchos sectores conservadores del país quisieran pronunciar, aunque nadie puede negar lo creativo y jocoso que resulta al escucharla. Wilter Hoyos, propietario del restaurante, contó que junto a un compañero crearon el nombre porque no vieron nada malo en hacer alusión a un molusco y al mar. “¿Qué va a decir la gente?”, pensaron en su momento, aunque tomaron en cuenta que “cuando las cosas se dicen con propiedad, no habría ningún problema”. Tras ello, Indecopi no les puso traba alguna por la inscripción de la marca. Actualmente, la dirección que le atribuye Internet es falsa, puesto que hoy se encuentran en cuadra 16 de la Av. Mateo Pumacahua.
5. El insecticida “Miliko”: No tiene un consumo masivo, pero posee más que un nombre sugerente. Quizás se le pueda encontrar en algunas ferreterías. Este extraño producto es además “el arrazador” (con Z y no S, en el sticker del producto) y su función y eslogan es nada menos que la noble labor de “Matar cucarachas”. Carlos Medina, gerente de M&C Industrias Químicas S.A.C., empresa que provee el insecticida, afirma que le puso el nombre solamente “por ser vendedor”, sin ningún tinte político. Lo cierto es que Miliko (tal como aparece en el sticker), está presto para “aniquilar” con sus botas a los insectos. ¿Se podría relacionar que esa bota de militar representa que la institución castrense atenta contra los derechos humanos?
6. La peña Del Carajo: Uno más que se le puede agregar a la lista de marcas –en la opinión de algunos- con palabras “de malas costumbres”. Nunca se hizo noticia por algún problema suscitado con la Indecopi (por este nombre
Caldas demanda nulidad de sesión en la que se presentaron alegatos de abogado de Benites. Defensa niega testimonio del “fantasma” a Perú.21, a pesar de fotografía de ese encuentro.
Perú 21
La foto confirma que Cuadros concedió la entrevista a este diario. (César Fajardo)
Otra vez el proceso judicial a la desaforada congresista Tula Benites Vásquez da motivos para escandalizarse. La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia omitió citar al procurador anticorrupción, José Luis Caldas, para la audiencia de ayer, en la que la defensa de la ex parlamentaria aprista presentó sus alegatos. El hecho reviste gravedad porque la Procuraduría es parte en este proceso y su oficina en el Congreso fue la que presentó la denuncia constitucional.
Caldas declaró a Perú.21 que ha solicitado la nulidad de lo actuado en la sesión de ayer. Incluso, expresó su extrañeza por esta actitud del colegiado, pues –aseguró– “ya me apersoné al proceso desde mediados de setiembre”.
El procurador había solicitado con anticipación la suspensión de esta audiencia –en la que también se evaluó el polémico dictamen del fiscal supremo José Peláez Bardales a favor del archivamiento de la causa– porque no había sido convocado. Pese a ello, la misma se llevó adelante.
La participación de Caldas en el juicio a Benites está sustentada en la nueva Ley de Procuradurías (Dec. Leg. 1068). Por este motivo, el procurador del Congreso, Julio Ubillús, le delegó la función de representar al Estado en este proceso.
Una fuente judicial comentó que la sala debe aceptar el pedido de nulidad porque, de lo contrario, incurría en una grave falta. De otro lado, se informó que el representante del Ministerio Público tampoco asistió, por lo que la defensa solicitó que se confirme el informe del fiscal Peláez.
ALEGATO. Por otro lado, en la audiencia, el abogado de Benites, Luis Reyna Alfaro, esbozó la tesis de que no hubo ninguna declaración de Juan Carlos Cuadros Noriega a este diario, y sustentó su alegato en la versión del propio ex auxiliar “fantasma”. Por este motivo, solicitó el archivamiento de la denuncia por falsedad genérica presentada por el Congreso.
Llama la atención que el letrado no haya reparado en que, después de la primera versión de Cuadros a Perú.21, este entró en contradicciones ante la Comisión de Ética y, luego, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.
Un segundo aspecto es que el segundo encuentro del periodista de este diario con el “fantasma’, en un café de la avenida Brasil –el 28 de mayo de 2007–, fue fotografiado, y la gráfica muestra al hombre de prensa tomando nota del testimonio de Cuadros. Un tercer punto es que todo lo expresado por Cuadros a Perú.21 fue corroborado por el Congreso.
Perú 21
La foto confirma que Cuadros concedió la entrevista a este diario. (César Fajardo)
Otra vez el proceso judicial a la desaforada congresista Tula Benites Vásquez da motivos para escandalizarse. La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia omitió citar al procurador anticorrupción, José Luis Caldas, para la audiencia de ayer, en la que la defensa de la ex parlamentaria aprista presentó sus alegatos. El hecho reviste gravedad porque la Procuraduría es parte en este proceso y su oficina en el Congreso fue la que presentó la denuncia constitucional.
Caldas declaró a Perú.21 que ha solicitado la nulidad de lo actuado en la sesión de ayer. Incluso, expresó su extrañeza por esta actitud del colegiado, pues –aseguró– “ya me apersoné al proceso desde mediados de setiembre”.
El procurador había solicitado con anticipación la suspensión de esta audiencia –en la que también se evaluó el polémico dictamen del fiscal supremo José Peláez Bardales a favor del archivamiento de la causa– porque no había sido convocado. Pese a ello, la misma se llevó adelante.
La participación de Caldas en el juicio a Benites está sustentada en la nueva Ley de Procuradurías (Dec. Leg. 1068). Por este motivo, el procurador del Congreso, Julio Ubillús, le delegó la función de representar al Estado en este proceso.
Una fuente judicial comentó que la sala debe aceptar el pedido de nulidad porque, de lo contrario, incurría en una grave falta. De otro lado, se informó que el representante del Ministerio Público tampoco asistió, por lo que la defensa solicitó que se confirme el informe del fiscal Peláez.
ALEGATO. Por otro lado, en la audiencia, el abogado de Benites, Luis Reyna Alfaro, esbozó la tesis de que no hubo ninguna declaración de Juan Carlos Cuadros Noriega a este diario, y sustentó su alegato en la versión del propio ex auxiliar “fantasma”. Por este motivo, solicitó el archivamiento de la denuncia por falsedad genérica presentada por el Congreso.
Llama la atención que el letrado no haya reparado en que, después de la primera versión de Cuadros a Perú.21, este entró en contradicciones ante la Comisión de Ética y, luego, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.
Un segundo aspecto es que el segundo encuentro del periodista de este diario con el “fantasma’, en un café de la avenida Brasil –el 28 de mayo de 2007–, fue fotografiado, y la gráfica muestra al hombre de prensa tomando nota del testimonio de Cuadros. Un tercer punto es que todo lo expresado por Cuadros a Perú.21 fue corroborado por el Congreso.
Informe de organismo de prevención contra las drogas sostiene también que solo un tercio de los escolares utiliza condón en su actividad sexual
Por Alonso Ramos
El Comercio
Siete de cada diez estudiantes de secundaria son sexualmente activos, según un informe a nivel nacional de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas .
De acuerdo a la investigación de la institución, realizada con una encuesta a 65.041 adolescentes, el promedio de edad de iniciación sexual en el país es de 13,7 años. En ese sentido, los hombres registran un promedio de 13,5 años, mientras que las mujeres obtienen 14,4.
De los estudiantes sexualmente activos, solo uno de cada tres (33,7%) usa condón, frente a los que utilizan preservativos a veces (37,1%) y nunca (29,2%).
“El 61,8% de estudiantes sexualmente activos que no usan condón o algún método anticonceptivo proviene de colegios públicos a diferencia de un 52,6% que proviene de colegios privados”, sostiene el documento, titulado ‘II Estudio Nacional: Prevención y consumo de drogas en estudiantes de educación secundaria’.
Devida informó que las entrevistas las realizó en el 2007, pero que por el cotejo de información recién divulga el informe en la actualidad.
DEBUT SEXUAL
Al respecto, Devida manifiesta que uno de cada diez estudiantes “ya se ha iniciado sexualmente”. Así las cosas, seis de cada diez estudiantes (60,6%) detallaron que debutaron sexualmente con sus parejas.
Sin embargo, el ente alerta que en Madre de Dios (74,6%), Huancavelica (72,6%), Lambayeque (70,7%) y Amazonas (70,3%), los estudiantes no usaron condón o algún método anticonceptivo durante la primera relación sexual.
En dicho contexto, el 13,6% de las adolescentes iniciadas sexualmente declara que fue obligada a tener relaciones en su primera vez, frente a un 6,6% en el caso de los varones.
RELACIÓN CON DROGAS
El organismo justifica la importancia del reporte al señalar que “el inicio y la actividad sexual es un factor que influye o está asociado al consumo de drogas de los estudiantes”.
“El uso de drogas legales, ilegales y médicas es significativamente más alto en los alumnos iniciados sexualmente que en los que no lo han hecho aún: los primeros consumen 2,2 veces más alcohol y tabaco, 6,2 veces más drogas ilegales y 2,8 veces más estimulantes y tranquilizantes, comparados con los segundos”, apunta.
CONTAGIO DE SIDA
Asimismo, en la investigación ocho de cada diez estudiantes dijo tener conocimiento de cómo se transmite el VIH/ Sida, aunque muchos contaron que no utilizaban métodos anticonceptivos.
Las regiones que presentan altas tasas de desconocimiento sobre el modo de transmisión del VIH-SIDA, son Huancavelica (40%), Puno (37%) y Apurímac (35%), zonas con alta incidencia de pobreza de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática .
Finalmente, unos 31.074 estudiantes varones (4%) dijeron haber embarazado a su pareja u otra persona, un porcentaje mayor de las alumnas, donde solamente 12.801 (1,6%) aseveraron haber salido embarazadas durante su etapa sexual.
Por Alonso Ramos
El Comercio
Siete de cada diez estudiantes de secundaria son sexualmente activos, según un informe a nivel nacional de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas .
De acuerdo a la investigación de la institución, realizada con una encuesta a 65.041 adolescentes, el promedio de edad de iniciación sexual en el país es de 13,7 años. En ese sentido, los hombres registran un promedio de 13,5 años, mientras que las mujeres obtienen 14,4.
De los estudiantes sexualmente activos, solo uno de cada tres (33,7%) usa condón, frente a los que utilizan preservativos a veces (37,1%) y nunca (29,2%).
“El 61,8% de estudiantes sexualmente activos que no usan condón o algún método anticonceptivo proviene de colegios públicos a diferencia de un 52,6% que proviene de colegios privados”, sostiene el documento, titulado ‘II Estudio Nacional: Prevención y consumo de drogas en estudiantes de educación secundaria’.
Devida informó que las entrevistas las realizó en el 2007, pero que por el cotejo de información recién divulga el informe en la actualidad.
DEBUT SEXUAL
Al respecto, Devida manifiesta que uno de cada diez estudiantes “ya se ha iniciado sexualmente”. Así las cosas, seis de cada diez estudiantes (60,6%) detallaron que debutaron sexualmente con sus parejas.
Sin embargo, el ente alerta que en Madre de Dios (74,6%), Huancavelica (72,6%), Lambayeque (70,7%) y Amazonas (70,3%), los estudiantes no usaron condón o algún método anticonceptivo durante la primera relación sexual.
En dicho contexto, el 13,6% de las adolescentes iniciadas sexualmente declara que fue obligada a tener relaciones en su primera vez, frente a un 6,6% en el caso de los varones.
RELACIÓN CON DROGAS
El organismo justifica la importancia del reporte al señalar que “el inicio y la actividad sexual es un factor que influye o está asociado al consumo de drogas de los estudiantes”.
“El uso de drogas legales, ilegales y médicas es significativamente más alto en los alumnos iniciados sexualmente que en los que no lo han hecho aún: los primeros consumen 2,2 veces más alcohol y tabaco, 6,2 veces más drogas ilegales y 2,8 veces más estimulantes y tranquilizantes, comparados con los segundos”, apunta.
CONTAGIO DE SIDA
Asimismo, en la investigación ocho de cada diez estudiantes dijo tener conocimiento de cómo se transmite el VIH/ Sida, aunque muchos contaron que no utilizaban métodos anticonceptivos.
Las regiones que presentan altas tasas de desconocimiento sobre el modo de transmisión del VIH-SIDA, son Huancavelica (40%), Puno (37%) y Apurímac (35%), zonas con alta incidencia de pobreza de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática .
Finalmente, unos 31.074 estudiantes varones (4%) dijeron haber embarazado a su pareja u otra persona, un porcentaje mayor de las alumnas, donde solamente 12.801 (1,6%) aseveraron haber salido embarazadas durante su etapa sexual.
Reacción. Por decir que el PJ es “cueva de ladrones”. Dicen que la propuesta de Villa Stein para revisar la existencia del TC debe merecer un debate y no insultos.
César Romero C.
La República
La Sala Plena de la Corte Suprema rechazó las declaraciones del magistrado del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, quien dijo que el Poder Judicial es una cueva de ladrones y corruptos.
Los jueces supremos anunciaron además que se reservarán el derecho de demandar a Mesía dada, dicen, “la magnitud del agravio inferido”.
El tipo de acción legal estaría en evaluación pero, trascendió, sería una demanda por injuria y difamación o una acción para que Mesía demuestre lo que ha dicho.
La Sala Plena se reunió de urgencia a pedido de su presidente, Javier Villa Stein, para evaluar las declaraciones de Mesía. Luego de la reunión emitieron un comunicado de prensa.
El pronunciamiento califica las declaraciones de Mesía de “expresiones hostiles que agravian al Poder Judicial en su conjunto.
La Sala Plena subraya que las propuestas del presidente del PJ para promover un cambio orgánico en el ámbito del control Constitucional “deben merecer un amplio y ponderado debate público” y no insultos.
“Tan desafortunadas declaraciones provenientes de un alto funcionario público, que lesionan la dignidad de un Poder del Estado, así como la honorabilidad de sus autoridades, merecen nuestro más enérgico rechazo institucional”, afirman los jueces supremos.
Agregan que “el Poder Judicial reafirma ante la ciudadanía su vocación funcional de servicio a la justicia y de claro compromiso con el Estado Constitucional de Derecho, por lo que exige el respeto que sus delicadas atribuciones demandan, más aún de quien integra un órgano de control de la Constitución” como el TC.
Es de señalar que no es la primera vez que un presidente del PJ pide la revisión del funcionamiento del TC por contradecir muchas veces los fallos de los jueces ordinarios.
El 2008, esta misma propuesta fue hecha por el entonces presidente del PJ, Francisco Távara, que tampoco recibió la adhesión de otros sectores vinculados al quehacer judicial.
Distracción
Decano CAL. El decano del Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez, afirmó que la propuesta de desaparecer el Tribunal Constitucional desvía la atención del tema de los audios encontrados en las computadoras de Business Track y que deberían ser entregados al Congreso y la fiscalía para que se investigue su contenido.
César Romero C.
La República
La Sala Plena de la Corte Suprema rechazó las declaraciones del magistrado del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, quien dijo que el Poder Judicial es una cueva de ladrones y corruptos.
Los jueces supremos anunciaron además que se reservarán el derecho de demandar a Mesía dada, dicen, “la magnitud del agravio inferido”.
El tipo de acción legal estaría en evaluación pero, trascendió, sería una demanda por injuria y difamación o una acción para que Mesía demuestre lo que ha dicho.
La Sala Plena se reunió de urgencia a pedido de su presidente, Javier Villa Stein, para evaluar las declaraciones de Mesía. Luego de la reunión emitieron un comunicado de prensa.
El pronunciamiento califica las declaraciones de Mesía de “expresiones hostiles que agravian al Poder Judicial en su conjunto.
La Sala Plena subraya que las propuestas del presidente del PJ para promover un cambio orgánico en el ámbito del control Constitucional “deben merecer un amplio y ponderado debate público” y no insultos.
“Tan desafortunadas declaraciones provenientes de un alto funcionario público, que lesionan la dignidad de un Poder del Estado, así como la honorabilidad de sus autoridades, merecen nuestro más enérgico rechazo institucional”, afirman los jueces supremos.
Agregan que “el Poder Judicial reafirma ante la ciudadanía su vocación funcional de servicio a la justicia y de claro compromiso con el Estado Constitucional de Derecho, por lo que exige el respeto que sus delicadas atribuciones demandan, más aún de quien integra un órgano de control de la Constitución” como el TC.
Es de señalar que no es la primera vez que un presidente del PJ pide la revisión del funcionamiento del TC por contradecir muchas veces los fallos de los jueces ordinarios.
El 2008, esta misma propuesta fue hecha por el entonces presidente del PJ, Francisco Távara, que tampoco recibió la adhesión de otros sectores vinculados al quehacer judicial.
Distracción
Decano CAL. El decano del Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutiérrez, afirmó que la propuesta de desaparecer el Tribunal Constitucional desvía la atención del tema de los audios encontrados en las computadoras de Business Track y que deberían ser entregados al Congreso y la fiscalía para que se investigue su contenido.
En sondeo de CPI a nivel nacional, Keiko Fujimori aparece en el primer lugar de las preferencias, por encima de Luis Castañeda
El Comercio
Las candidaturas de Alejandro Toledo, Lourdes Flores y Ollanta Humala experimentaron una caída en las encuestas, según un estudio a nivel nacional de octubre de la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y de Opinión Pública.
De acuerdo al sondeo, Toledo (Perú Posible) bajó de 11,9% a 10.5% en la intención de voto con miras a las elecciones presidenciales en comparación al porcentaje obtenido el mes pasado.
Entretanto, Flores Nano (Unidad Nacional) desciende del 10.2% al 9%, en medio de la incertidumbre y cuestionamientos por su lealtad mostrada a César Cataño, acusado del presunto delito de lavado de activos.
DESPLOME
El líder nacionalista Ollanta Humala sufre el mayor descenso al obtener este mes 9.8%, cuando en setiembre lograba el 11.8%.
En declaraciones consignadas por Correo, el director de CPI, Manuel Saavedra, atribuyó el descenso de Humala a “su alianza con grupos de izquierda”.
KEIKO EN PRIMER LUGAR
Por su parte, la congresista Keiko Fujimori fue colocada en el primer lugar de las preferencias con el 21.%%, frente al 20.4% que logra el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.
Las ubicaciones difieren con una encuesta anterior de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizada en Lima, en la cual Castañeda encabeza la lista con cuatro puntos de ventaja sobre Fujimori.
Finalmente, el Congreso cuenta con apenas el 9.8% de aprobación en medio de las críticas por los escándalos desatados por varios legisladores.
El Comercio
Las candidaturas de Alejandro Toledo, Lourdes Flores y Ollanta Humala experimentaron una caída en las encuestas, según un estudio a nivel nacional de octubre de la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y de Opinión Pública.
De acuerdo al sondeo, Toledo (Perú Posible) bajó de 11,9% a 10.5% en la intención de voto con miras a las elecciones presidenciales en comparación al porcentaje obtenido el mes pasado.
Entretanto, Flores Nano (Unidad Nacional) desciende del 10.2% al 9%, en medio de la incertidumbre y cuestionamientos por su lealtad mostrada a César Cataño, acusado del presunto delito de lavado de activos.
DESPLOME
El líder nacionalista Ollanta Humala sufre el mayor descenso al obtener este mes 9.8%, cuando en setiembre lograba el 11.8%.
En declaraciones consignadas por Correo, el director de CPI, Manuel Saavedra, atribuyó el descenso de Humala a “su alianza con grupos de izquierda”.
KEIKO EN PRIMER LUGAR
Por su parte, la congresista Keiko Fujimori fue colocada en el primer lugar de las preferencias con el 21.%%, frente al 20.4% que logra el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.
Las ubicaciones difieren con una encuesta anterior de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizada en Lima, en la cual Castañeda encabeza la lista con cuatro puntos de ventaja sobre Fujimori.
Finalmente, el Congreso cuenta con apenas el 9.8% de aprobación en medio de las críticas por los escándalos desatados por varios legisladores.
Para los chilenos no es negocio atacar al Perú
Expreso
Deben separarse los aspectos militares y económicos, asevera titular de la Confiep.
Ante las advertencias formuladas por el ex premier Carlos Ferrero Costa sobre la exorbitante presencia del capital chileno en nuestro país, diversos analistas opinan sobre las hipotéticas consecuencias que este fenómeno podría tener en un futuro cercano.
El politólogo Alberto Bolívar sostiene que ha habido un excesivo descontrol para permitir que el capital chileno ingrese a nuestro país y que, además, no se haya dado la debida importancia a la negativa que reciben los empresarios peruanos que desean invertir en el vecino país del sur.
Bolívar sostiene que para Chile no es negocio plantearnos un conflicto armado, debido a que por lógica pondría en riesgo los más de siete mil millones de dólares invertidos en nuestro país. Sin embargo, advierte que dejando de lado toda lógica, a veces se pueden plantear otras reglas de juego y puede surgir un grupo de militares “patriotas” que pretendan entrar a la historia de Chile, se olviden de la lógica y nos den un “zarpazo”.
“La guerra no es negocio para Chile, pero jamás descartaría la posibilidad de un conflicto”, enfatiza Bolívar.
Diferenciar
Por otra parte, Ricardo Briceño, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), precisó que es importante diferenciar los temas militares de los económicos.
“Debemos preocuparnos en tener un Estado sólido, con instituciones normativas y reguladoras fuertes”, agregó el representante del empresariado nacional y añadió que no debería preocuparnos de dónde vienen las inversiones, sino fortalecer las instituciones de un Estado moderno, como Osinerg, Conasev, Ositran, Indecopi, entre otras, para vigilar las inversiones nacionales y extranjeras.
Briceño afirmó que los empresarios peruanos deben invertir más en el país, aunque a veces no es tan fácil debido a trabas de tipo social o burocrático, y sugirió que por ello se debe buscar mecanismos para facilitar la inversión privada.
Expreso
Deben separarse los aspectos militares y económicos, asevera titular de la Confiep.
Ante las advertencias formuladas por el ex premier Carlos Ferrero Costa sobre la exorbitante presencia del capital chileno en nuestro país, diversos analistas opinan sobre las hipotéticas consecuencias que este fenómeno podría tener en un futuro cercano.
El politólogo Alberto Bolívar sostiene que ha habido un excesivo descontrol para permitir que el capital chileno ingrese a nuestro país y que, además, no se haya dado la debida importancia a la negativa que reciben los empresarios peruanos que desean invertir en el vecino país del sur.
Bolívar sostiene que para Chile no es negocio plantearnos un conflicto armado, debido a que por lógica pondría en riesgo los más de siete mil millones de dólares invertidos en nuestro país. Sin embargo, advierte que dejando de lado toda lógica, a veces se pueden plantear otras reglas de juego y puede surgir un grupo de militares “patriotas” que pretendan entrar a la historia de Chile, se olviden de la lógica y nos den un “zarpazo”.
“La guerra no es negocio para Chile, pero jamás descartaría la posibilidad de un conflicto”, enfatiza Bolívar.
Diferenciar
Por otra parte, Ricardo Briceño, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), precisó que es importante diferenciar los temas militares de los económicos.
“Debemos preocuparnos en tener un Estado sólido, con instituciones normativas y reguladoras fuertes”, agregó el representante del empresariado nacional y añadió que no debería preocuparnos de dónde vienen las inversiones, sino fortalecer las instituciones de un Estado moderno, como Osinerg, Conasev, Ositran, Indecopi, entre otras, para vigilar las inversiones nacionales y extranjeras.
Briceño afirmó que los empresarios peruanos deben invertir más en el país, aunque a veces no es tan fácil debido a trabas de tipo social o burocrático, y sugirió que por ello se debe buscar mecanismos para facilitar la inversión privada.
10/10/09: Poder Judicial pide debate sobre contiunidad del Tribunal Constitucional (caray, que bueno)
Villa Stein pide un debate sobre continuidad del Tribunal Constitucional
El presidente del Poder Judicial dice que una sala de Corte Suprema podría reemplazar las funciones del organismo
(Andina) El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein , pidió un debate nacional sobre la desaparición o continuidad del Tribunal Constitucional (TC) o para que una Sala de la Corte Suprema de Justicia de la República esté a cargo de este tipo de temas.
“Se debe abrir un debate nacional para ver si conviene un Tribunal Constitucional a la forma de los países detrás de la Cortina de Hierro o si queremos un modelo constitucional compatible con nuestras tradiciones jurídicas, es decir, dentro de la Corte Suprema”, refirió.
Villa Stein mencionó que de esta manera se evitarán “fallos contradictorios” que puedan establecer una “fisura” en la línea jurídica del país.
“Siempre he planteado eso (la eliminación del Tribunal Constitucional), me parece razonable, lo que no comparto es que frente a un determinado fallo del Tribunal Constitucional hagamos eso, porque eso sería castigarlos”, agregó.
MECANISMO DE CONTROL
En ese sentido, el titular de la Corte Suprema dijo que si bien el TC tiene que controlar la constitucionalidad, se han presentado algunos “casos de interferencia” que resulta necesario “controlar”.
La propuesta de desaparece el Tribunal Constitucional surgió luego de una serie de sentencias recientes, las cuales fueron criticadas, como la posible liberación de Antauro Humala – que finalmente no ocurrió – así como la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley que autoriza el uso de la fuerza a los institutos armados en casos puntuales.
De otro lado, Villa Stein afirmó en declaraciones a Frecuencia Latina que era una persona “apolítica”, por lo que la política es “un misterio” para él.
El presidente del Poder Judicial dice que una sala de Corte Suprema podría reemplazar las funciones del organismo
(Andina) El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein , pidió un debate nacional sobre la desaparición o continuidad del Tribunal Constitucional (TC) o para que una Sala de la Corte Suprema de Justicia de la República esté a cargo de este tipo de temas.
“Se debe abrir un debate nacional para ver si conviene un Tribunal Constitucional a la forma de los países detrás de la Cortina de Hierro o si queremos un modelo constitucional compatible con nuestras tradiciones jurídicas, es decir, dentro de la Corte Suprema”, refirió.
Villa Stein mencionó que de esta manera se evitarán “fallos contradictorios” que puedan establecer una “fisura” en la línea jurídica del país.
“Siempre he planteado eso (la eliminación del Tribunal Constitucional), me parece razonable, lo que no comparto es que frente a un determinado fallo del Tribunal Constitucional hagamos eso, porque eso sería castigarlos”, agregó.
MECANISMO DE CONTROL
En ese sentido, el titular de la Corte Suprema dijo que si bien el TC tiene que controlar la constitucionalidad, se han presentado algunos “casos de interferencia” que resulta necesario “controlar”.
La propuesta de desaparece el Tribunal Constitucional surgió luego de una serie de sentencias recientes, las cuales fueron criticadas, como la posible liberación de Antauro Humala – que finalmente no ocurrió – así como la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley que autoriza el uso de la fuerza a los institutos armados en casos puntuales.
De otro lado, Villa Stein afirmó en declaraciones a Frecuencia Latina que era una persona “apolítica”, por lo que la política es “un misterio” para él.
Categoría: Artículos derecho constitucional
Publicado por: mbermudez
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La República
El presidente Alan García, promulgó hoy una ley que otorga el seguro de vida o la compensación extraordinaria a policías, militares y bomberos que mueran o sufran invalidez durante sus actos de servicio.
La ley fija esta compensación en 55.000 nuevos soles (18.333 dólares) y fue suscrita por García durante la ceremonia por el aniversario de la Marina de Guerra del Perú y la conmemoración de los 130 años del combate naval de Angamos.
La norma fue leída durante la ceremonia por el ministro de Defensa, Rafael Rey, y establece que el monto se reajustará cada año tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
Para el otorgamiento del beneficio se constituirá una junta calificadora que se encargará de evaluar los casos de otorgamiento del seguro de vida o la compensación extraordinaria. EFE.
El presidente Alan García, promulgó hoy una ley que otorga el seguro de vida o la compensación extraordinaria a policías, militares y bomberos que mueran o sufran invalidez durante sus actos de servicio.
La ley fija esta compensación en 55.000 nuevos soles (18.333 dólares) y fue suscrita por García durante la ceremonia por el aniversario de la Marina de Guerra del Perú y la conmemoración de los 130 años del combate naval de Angamos.
La norma fue leída durante la ceremonia por el ministro de Defensa, Rafael Rey, y establece que el monto se reajustará cada año tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
Para el otorgamiento del beneficio se constituirá una junta calificadora que se encargará de evaluar los casos de otorgamiento del seguro de vida o la compensación extraordinaria. EFE.
Ministro Pastor se opone a ello. En tanto, la comisión revisora del Código Penal también aprueba la eutanasia. ¿Usted qué opina?
Por José Santillán / Fabiola Torres
El Comercio
¿Tiene alguien derecho a decidir sobre la vida? La pregunta ha cobrado especial importancia luego de conocerse que la comisión especial revisora del Código Penal, integrada por 14 personas, acordó hace solo dos días —con cuatro votos a favor, dos en contra y dos abstenciones— despenalizar tanto el aborto eugenésico como el mal llamado aborto sentimental, que tiene como fin impedir el nacimiento de un feto cuando la mujer ha sido víctima de violación sexual.
“Debo lamentar la decisión adoptada… No estoy de acuerdo porque soy un defensor de la vida y de los derechos humanos”, dijo el presidente de esa comisión, el congresista Carlos Torres Caro (no agrupado).
TAMBIÉN LA EUTANASIA
La misma comisión que preside ese parlamentario aprobó, hace solo dos semanas, una modificación al artículo 112 del Código Penal relativo al homicidio piadoso (eutanasia).
Aunque dentro del cambio propuesto se aumenta la pena de cárcel de dos a cuatro años (el Código Penal solo considera una pena privativa de libertad no mayor de tres años), se hace un agregado que deja abierta la posibilidad de que el juez pueda eximir de sanciones “cuando la muerte hubiera sido solicitada de modo consciente por el enfermo, herido o quien sufrió graves quemaduras”. Lo que llama la atención de esa modificación es que esta no haya sido puesta en conocimiento público en su debido momento y que, más bien, se mantuviera casi en secreto hasta ayer, cuando El Comercio tuvo acceso a esa información. “¿Cómo se enteró usted?”, preguntó el congresista Torres Caro.
EL ABORTO
Pero además de la eutanasia, la comisión modificó los artículos 114 al 120 del Código Penal relativos al aborto. El más polémico es el último, referido tanto al aborto eugenésico —llamado así porque se interrumpe la vida de un feto con graves malformaciones congénitas, o taras físicas o psíquicas que han sido comprobadas por un médico especialista— como al aborto por violación sexual. Ambos casos son castigados por el actual Código Penal con solo tres meses de pena privativa de libertad, aunque en la práctica no hay cárcel efectiva.
Para Torres Caro, este es el quid del asunto, toda vez que una investigación para sancionar la responsabilidad de los involucrados en cualquiera de los delitos señalados puede llevar hasta medio año, lo que conlleva a la prescripción de la pena.
Aun así, un hecho que llamó la atención es que uno de los miembros de la comisión nombrado por el Ministerio de Justicia votó a favor de la despenalización del aborto, no obstante que esa cartera había expresado su posición en contra con antelación.
Debido a esta contradicción, anoche el titular de Justicia, Aurelio Pastor, lamentó que uno de los comisionados, Rosa Mavila León, haya votado en sentido contrario, por lo que se le ha pedido un detallado informe al respecto. El ministro ratificó la posición institucional en contra de la despenalización del aborto.
La comisión revisora también examinó las propuestas para aprobar el aborto por necesidad (embarazo no deseado) y el aborto por indigencia, pero ambas fueron rechazadas.
LO QUE SE VIENE
Por ahora, la comisión especial revisora del Código Penal continuará con su trabajo hasta mediados de diciembre, aunque es probable que soliciten una ampliación, detalló Torres Caro.
Una vez concluidas las modificaciones del Código Penal, estas serán elevadas al presidente del Congreso, quien decidirá si son llevadas al pleno para su discusión y aprobación, o son remitidas a la Comisión de Justicia para su revisión.
Por José Santillán / Fabiola Torres
El Comercio
¿Tiene alguien derecho a decidir sobre la vida? La pregunta ha cobrado especial importancia luego de conocerse que la comisión especial revisora del Código Penal, integrada por 14 personas, acordó hace solo dos días —con cuatro votos a favor, dos en contra y dos abstenciones— despenalizar tanto el aborto eugenésico como el mal llamado aborto sentimental, que tiene como fin impedir el nacimiento de un feto cuando la mujer ha sido víctima de violación sexual.
“Debo lamentar la decisión adoptada… No estoy de acuerdo porque soy un defensor de la vida y de los derechos humanos”, dijo el presidente de esa comisión, el congresista Carlos Torres Caro (no agrupado).
TAMBIÉN LA EUTANASIA
La misma comisión que preside ese parlamentario aprobó, hace solo dos semanas, una modificación al artículo 112 del Código Penal relativo al homicidio piadoso (eutanasia).
Aunque dentro del cambio propuesto se aumenta la pena de cárcel de dos a cuatro años (el Código Penal solo considera una pena privativa de libertad no mayor de tres años), se hace un agregado que deja abierta la posibilidad de que el juez pueda eximir de sanciones “cuando la muerte hubiera sido solicitada de modo consciente por el enfermo, herido o quien sufrió graves quemaduras”. Lo que llama la atención de esa modificación es que esta no haya sido puesta en conocimiento público en su debido momento y que, más bien, se mantuviera casi en secreto hasta ayer, cuando El Comercio tuvo acceso a esa información. “¿Cómo se enteró usted?”, preguntó el congresista Torres Caro.
EL ABORTO
Pero además de la eutanasia, la comisión modificó los artículos 114 al 120 del Código Penal relativos al aborto. El más polémico es el último, referido tanto al aborto eugenésico —llamado así porque se interrumpe la vida de un feto con graves malformaciones congénitas, o taras físicas o psíquicas que han sido comprobadas por un médico especialista— como al aborto por violación sexual. Ambos casos son castigados por el actual Código Penal con solo tres meses de pena privativa de libertad, aunque en la práctica no hay cárcel efectiva.
Para Torres Caro, este es el quid del asunto, toda vez que una investigación para sancionar la responsabilidad de los involucrados en cualquiera de los delitos señalados puede llevar hasta medio año, lo que conlleva a la prescripción de la pena.
Aun así, un hecho que llamó la atención es que uno de los miembros de la comisión nombrado por el Ministerio de Justicia votó a favor de la despenalización del aborto, no obstante que esa cartera había expresado su posición en contra con antelación.
Debido a esta contradicción, anoche el titular de Justicia, Aurelio Pastor, lamentó que uno de los comisionados, Rosa Mavila León, haya votado en sentido contrario, por lo que se le ha pedido un detallado informe al respecto. El ministro ratificó la posición institucional en contra de la despenalización del aborto.
La comisión revisora también examinó las propuestas para aprobar el aborto por necesidad (embarazo no deseado) y el aborto por indigencia, pero ambas fueron rechazadas.
LO QUE SE VIENE
Por ahora, la comisión especial revisora del Código Penal continuará con su trabajo hasta mediados de diciembre, aunque es probable que soliciten una ampliación, detalló Torres Caro.
Una vez concluidas las modificaciones del Código Penal, estas serán elevadas al presidente del Congreso, quien decidirá si son llevadas al pleno para su discusión y aprobación, o son remitidas a la Comisión de Justicia para su revisión.
Categoría: Artículos derecho constitucional
Publicado por: mbermudez
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El titular del Poder Judicial hizo este comentario sobre el pedido del fiscal José Peláez de archivar el caso de corrupción de la aprista Tula Benites.
El Comercio
Negó injerencia política, pero no consideró negativo la filiación partidaria de los jueces. “Estamos en un país democrático donde todas las filiaciones son compatibles con el estado constitucional de derecho. Los corazoncitos tienen que respetarse porque hay algunas lealtades que yo aplaudo y felicito, sostuvo el titular del Poder Judicial, Javier Villa Stein, sobre el pedido hecho por el fiscal supremo José Peláez Bardales de archivar el caso de la suspendida legisladora aprista Tula Benites.
De ser aceptada esa orden, no habría impedimento para que la cuestionada Benites retorne al Parlamento.
Tras hablar de “corazoncitos y simpatías”, el presidente del Poder Judicial negó que ello afecte la labor objetiva de sus magistrados.” Hemos demostrado suficiente independencia del partido de los astros”, dijo en alusión al partido de la estrella, el Apra. “Tenemos una buena amistad con el presidente de la República a quien respetamos pero esto no necesariamente nos vincula ideológicamente”, indicó al respecto. “Al menos en lo que a políticas partidarias se refiere, aunque en el ámbito de la conducción del Estado me parece que las cosas las está haciendo bien”, opinó.
Es preciso indicar que un reciente fallo absolvió al ex asesor de Benites, Juan Carlos Cuadros Noriega, acusado de cobrar sueldo sin trabajar. Pese a la condena de la opinión pública al fallo, el aprismo ha pedido respetarlo.
Según “Perú 21”, el Décimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima argumentó su decisión al asegurar que “no está probado que (Cuadros) le haya ocasionado perjuicio económico al Congreso ni que haya cobrado su sueldo sin trabajar”. Este argumento ha servido de base para que José Peláez Bardales pidiera el archivamiento del caso de corrupción de Tula Benites.
El Comercio
Negó injerencia política, pero no consideró negativo la filiación partidaria de los jueces. “Estamos en un país democrático donde todas las filiaciones son compatibles con el estado constitucional de derecho. Los corazoncitos tienen que respetarse porque hay algunas lealtades que yo aplaudo y felicito, sostuvo el titular del Poder Judicial, Javier Villa Stein, sobre el pedido hecho por el fiscal supremo José Peláez Bardales de archivar el caso de la suspendida legisladora aprista Tula Benites.
De ser aceptada esa orden, no habría impedimento para que la cuestionada Benites retorne al Parlamento.
Tras hablar de “corazoncitos y simpatías”, el presidente del Poder Judicial negó que ello afecte la labor objetiva de sus magistrados.” Hemos demostrado suficiente independencia del partido de los astros”, dijo en alusión al partido de la estrella, el Apra. “Tenemos una buena amistad con el presidente de la República a quien respetamos pero esto no necesariamente nos vincula ideológicamente”, indicó al respecto. “Al menos en lo que a políticas partidarias se refiere, aunque en el ámbito de la conducción del Estado me parece que las cosas las está haciendo bien”, opinó.
Es preciso indicar que un reciente fallo absolvió al ex asesor de Benites, Juan Carlos Cuadros Noriega, acusado de cobrar sueldo sin trabajar. Pese a la condena de la opinión pública al fallo, el aprismo ha pedido respetarlo.
Según “Perú 21”, el Décimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima argumentó su decisión al asegurar que “no está probado que (Cuadros) le haya ocasionado perjuicio económico al Congreso ni que haya cobrado su sueldo sin trabajar”. Este argumento ha servido de base para que José Peláez Bardales pidiera el archivamiento del caso de corrupción de Tula Benites.
La Corte Suprema concluyó que la desaforada legisladora contrató como asesora de su despacho a su empleada doméstica Jacqueline Simón
El Comercio
Por la contratación ilegal de su empleada doméstica como asesora en su despacho fue inhabilitada por tres años para ejercer todo cargo público la congresista de Unidad Nacional (UN), Elsa Canchaya , lo que impide su eventual retorno al Congreso.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó además a Canchaya a pagar 120 días multa y al pago de una reparación civil de 30 mil soles al Estado.
La inhabilitación de Canchaya, quien se encontraba suspendida, rige desde el 6 de junio del 2007 y termina el 10 de junio del 2010, fecha en que está expirando el mandato parlamentario.
PRESENTA APELACIÓN
Al respecto, la legisladora por Junín dijo al tribunal que apelará la sentencia.
“Por supuesto que no estoy de acuerdo con la sentencia porque me parece ilegal”, manifestó.
“Me reservo el derecho para poder accionar directamente por esta falta que nunca pensé que se realizaría en la Corte Suprema”, acotó.
La sentencia bloquearía la aspiración de Canchaya de retornar a su función parlamentaria en virtud a un cuestionado fallo judicial.
PRIMER ANTECEDENTE
Canchaya fue desaforada en junio del 2007 por contratar a su asesora doméstica Jacqueline Simón como empleada doméstica.
Su caso fue el primer eslabón del amplio rosario de denuncias que afectaron a los parlamentarios.
El Décimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima consideró que el responsable de las contrataciones de los asesores era el gerente de Recursos Humanos del Poder Legislativo, Miguel García Foy.
El Partido Popular Cristiano la expulsó de sus filas y Unidad Nacional ha asegurado que no volverá a acogerla .
La Corte Suprema concluyó que la desaforada legisladora contrató como asesora de su despacho a su empleada doméstica Jacqueline Simón
El Comercio
Por la contratación ilegal de su empleada doméstica como asesora en su despacho fue inhabilitada por tres años para ejercer todo cargo público la congresista de Unidad Nacional (UN), Elsa Canchaya , lo que impide su eventual retorno al Congreso.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó además a Canchaya a pagar 120 días multa y al pago de una reparación civil de 30 mil soles al Estado.
La inhabilitación de Canchaya, quien se encontraba suspendida, rige desde el 6 de junio del 2007 y termina el 10 de junio del 2010, fecha en que está expirando el mandato parlamentario.
PRESENTA APELACIÓN
Al respecto, la legisladora por Junín dijo al tribunal que apelará la sentencia.
“Por supuesto que no estoy de acuerdo con la sentencia porque me parece ilegal”, manifestó.
“Me reservo el derecho para poder accionar directamente por esta falta que nunca pensé que se realizaría en la Corte Suprema”, acotó.
La sentencia bloquearía la aspiración de Canchaya de retornar a su función parlamentaria en virtud a un cuestionado fallo judicial.
PRIMER ANTECEDENTE
Canchaya fue desaforada en junio del 2007 por contratar a su asesora doméstica Jacqueline Simón como empleada doméstica.
Su caso fue el primer eslabón del amplio rosario de denuncias que afectaron a los parlamentarios.
El Décimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima consideró que el responsable de las contrataciones de los asesores era el gerente de Recursos Humanos del Poder Legislativo, Miguel García Foy.
El Partido Popular Cristiano la expulsó de sus filas y Unidad Nacional ha asegurado que no volverá a acogerla .
05/10/09: La Divina Comedia (corrupción aprista)
La República
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
Balance de los ‘petroaudios’ después de un año.
Es poco lo avanzado desde que, un día como hoy, hace un año, se produjo el destape de los ‘petroaudios’, para sancionar a sus principales responsables, y prevenir la aparición de nuevos hechos corruptos como ese.
1. ‘Petroaudios’ es el caso más profundo de corrupción –que se conoce– en lo que va del gobierno actual. Su revelación ocurrió cuando esta red recién empezaba, y logró detener su crecimiento. Su objetivo era crear una red corrupta para actuar en diversos sectores, además del petróleo, y obtener provecho indebido gracias a la vinculación aprista de sus operadores.
2. ‘Petroaudios’ también descubrió a una red de chuponeo para fines comerciales, políticos, judiciales o personales con el fin de proporcionar información privilegiada y relevante para tomar decisiones con ventaja (saber qué hará el rival en una elección o en una subasta) o para todo tipo de chantaje (desde la presión a un juez o congresista o en juicios de divorcio).
3. Hay indicios razonables de una conexión antigua de miembros de Business Track (BTR) con apristas de peso, al menos desde la elección del 2006. Esta empresa, además, tenía lazos con otras compañías de seguridad y con muchos políticos.
4. Los audios ya conocidos y los pendiente de difusión, ofrecen un cuadro desolador del modo ‘como se hacen las cosas en el Perú’, y constata que, con frecuencia, negocios, política o juicios se manejan de manera delincuencial y sin el respeto indispensable de las instituciones. El dinero, el amiguismo y el partido son muy importantes en decisiones de todo tipo.
5. Hasta el momento, es poco lo avanzado en la investigación de chuponeados corruptos y de chuponeadores también corruptos. Aún no conoce a todos los que planearon negocios en la suite de Fortunato Canaán –varios están pasando piola– ni a todos los ‘escuchados’ por BTR: jueces, congresistas, ministros, periodistas y hasta representantes de gobiernos extranjeros.
6. Hay indicios sólidos de presiones para no avanzar como se debe en la investigación. Por la lentitud observada durante el primer año post destape, el avance en el futuro es incierto.
7. Continúan las amenazas políticas por parte del Apra a los que –como, por ejemplo, Fernando Rospigliosi– jugaron un papel relevante en el destape.
8. No se ha realizado esfuerzos relevantes para combatir a la corrupción en sectores importantes como el gobierno, la empresa privada, la abogacía o el periodismo. Lobbies subterráneos, un sector público poco transparente, señales extrañas en la Contraloría, financiamiento oscuro de la política, mermelada en los medios, políticos ávidos por llenarse el bolsillo, son hechos que a pocos líderes les preocupa, pero que asquean al ciudadano de a pie.
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
Balance de los ‘petroaudios’ después de un año.
Es poco lo avanzado desde que, un día como hoy, hace un año, se produjo el destape de los ‘petroaudios’, para sancionar a sus principales responsables, y prevenir la aparición de nuevos hechos corruptos como ese.
1. ‘Petroaudios’ es el caso más profundo de corrupción –que se conoce– en lo que va del gobierno actual. Su revelación ocurrió cuando esta red recién empezaba, y logró detener su crecimiento. Su objetivo era crear una red corrupta para actuar en diversos sectores, además del petróleo, y obtener provecho indebido gracias a la vinculación aprista de sus operadores.
2. ‘Petroaudios’ también descubrió a una red de chuponeo para fines comerciales, políticos, judiciales o personales con el fin de proporcionar información privilegiada y relevante para tomar decisiones con ventaja (saber qué hará el rival en una elección o en una subasta) o para todo tipo de chantaje (desde la presión a un juez o congresista o en juicios de divorcio).
3. Hay indicios razonables de una conexión antigua de miembros de Business Track (BTR) con apristas de peso, al menos desde la elección del 2006. Esta empresa, además, tenía lazos con otras compañías de seguridad y con muchos políticos.
4. Los audios ya conocidos y los pendiente de difusión, ofrecen un cuadro desolador del modo ‘como se hacen las cosas en el Perú’, y constata que, con frecuencia, negocios, política o juicios se manejan de manera delincuencial y sin el respeto indispensable de las instituciones. El dinero, el amiguismo y el partido son muy importantes en decisiones de todo tipo.
5. Hasta el momento, es poco lo avanzado en la investigación de chuponeados corruptos y de chuponeadores también corruptos. Aún no conoce a todos los que planearon negocios en la suite de Fortunato Canaán –varios están pasando piola– ni a todos los ‘escuchados’ por BTR: jueces, congresistas, ministros, periodistas y hasta representantes de gobiernos extranjeros.
6. Hay indicios sólidos de presiones para no avanzar como se debe en la investigación. Por la lentitud observada durante el primer año post destape, el avance en el futuro es incierto.
7. Continúan las amenazas políticas por parte del Apra a los que –como, por ejemplo, Fernando Rospigliosi– jugaron un papel relevante en el destape.
8. No se ha realizado esfuerzos relevantes para combatir a la corrupción en sectores importantes como el gobierno, la empresa privada, la abogacía o el periodismo. Lobbies subterráneos, un sector público poco transparente, señales extrañas en la Contraloría, financiamiento oscuro de la política, mermelada en los medios, políticos ávidos por llenarse el bolsillo, son hechos que a pocos líderes les preocupa, pero que asquean al ciudadano de a pie.
El Comercio
Mariano de la Cruz Huamán había otorgado libertad a procesados por robo, estafa y violación sin que lo merezcan
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) destituyó al juez Mariano de la Cruz Huamán en su actuación como titular del Trigésimo Segundo Juzgado Penal de Lima al incurrir en una serie de infracciones en distintos procesos penales.
En junio del 2008, el CNM ya había sido destituido a Cruz Huamán por haber ordenado la excarcelación del cabecilla del cartel de Tijuana, Miguel Morales Morales.
Según una resolución aparecida en El Peruano, De la Cruz benefició a una serie de procesados otorgándoles libertad provisional, cuando les correspondía el mandato de detención.
Por ejemplo, la disposición menciona que De la Cruz Huamán otorgó “la variación del mandato de detención por comparecencia” a favor del procesado Benito Quispe Narciso, “sin que se hubieran actuado nuevos actos de investigación que justifiquen razonablemente y de modo suficiente dicha variación”.
CASOS DIVERSOS
Así, De la Cruz también dio libertad a procesados por delito contra el patrimonio, estafa, proxenetismo, contra la propiedad intelectual, entre otros.
En ese sentido, el CNM dispuso la “cancelación del título y otro nombramiento que se le hubiera otorgado al magistrado destituido”.
La resolución es firmada por el presidente de la institución, Edmundo Peláez Bardales y los otros integrantes, como Edwin Vegas, Franciso Delgado, Anibal Torres, Efraín Anaya, Maximiliano Cárdenas y Carlos Mansilla
Mariano de la Cruz Huamán había otorgado libertad a procesados por robo, estafa y violación sin que lo merezcan
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) destituyó al juez Mariano de la Cruz Huamán en su actuación como titular del Trigésimo Segundo Juzgado Penal de Lima al incurrir en una serie de infracciones en distintos procesos penales.
En junio del 2008, el CNM ya había sido destituido a Cruz Huamán por haber ordenado la excarcelación del cabecilla del cartel de Tijuana, Miguel Morales Morales.
Según una resolución aparecida en El Peruano, De la Cruz benefició a una serie de procesados otorgándoles libertad provisional, cuando les correspondía el mandato de detención.
Por ejemplo, la disposición menciona que De la Cruz Huamán otorgó “la variación del mandato de detención por comparecencia” a favor del procesado Benito Quispe Narciso, “sin que se hubieran actuado nuevos actos de investigación que justifiquen razonablemente y de modo suficiente dicha variación”.
CASOS DIVERSOS
Así, De la Cruz también dio libertad a procesados por delito contra el patrimonio, estafa, proxenetismo, contra la propiedad intelectual, entre otros.
En ese sentido, el CNM dispuso la “cancelación del título y otro nombramiento que se le hubiera otorgado al magistrado destituido”.
La resolución es firmada por el presidente de la institución, Edmundo Peláez Bardales y los otros integrantes, como Edwin Vegas, Franciso Delgado, Anibal Torres, Efraín Anaya, Maximiliano Cárdenas y Carlos Mansilla
La República
El canciller chileno, Mariano Fernández, aseguró que a Perú le va a resultar "extremadamente difícil obtener algo" en la demanda interpuesta en la Corte Internacional de Justicia por el contencioso marítimo entre ambos países.
"Perú tiene que darse cuenta que le va a resultar extremadamente difícil obtener algo, porque el despliegue de información que existe sobre el reconocimiento del límite marítimo es muy importante", indicó el canciller en un programa de Televisión Nacional de Chile.
Fernández dijo que el Ejecutivo chileno lamenta "profundamente" la iniciativa legal, y se mostró convencido de que el tribunal fallará a favor de Chile porque su postura cuenta con argumentos bastante sólidos.
El jefe de la diplomacia chilena argumentó que Chile y Perú han vivido "cincuenta años en plena paz y con el respeto indiscutido respecto del ejercicio de soberanía y jurisdicción de Chile en la zona", en alusión a los tratados suscritos en la década de 1950, que Chile considera plenamente vigentes.
Con la medida presentada en La Haya, Perú pretende apropiarse de 66.000 kilómetros cuadrados de mar y unos 35.000 kilómetros cuadrados de tierra en territorio chileno, ya que considera que el límite marítimo entre los dos países no ha sido fijado antes.
El canciller explicó que lo que le "inquieta" es que un fallo de la CIJ favorable a Chile pueda fomentar sentimientos nacionalistas en Perú: "Eso es lo que nos preocupa, es un potencial complicado", señaló.
También se refirió a la negativa peruana para que observadores de ese país asistan a los ejercicios militares aéreos que se realizarán en el norte de Chile a finales de este mes, conocidos como "Salitre 2009".
El Gobierno peruano pidió la suspensión de las maniobras militares para "evitar cualquier malentendido que altere la relación bilateral".
"Acusarnos a nosotros de belicistas, que no hemos tenido un conflicto bélico en todo el siglo XX es una cosa un poquito exagerada", afirmó Fernández.
El ejercicio militar se llevará a cabo a finales de octubre en Antofagasta, situado a 1.368 kilómetros al norte de Santiago, con la participación de Brasil, EE.UU., Francia y Argentina. (EFE. Santiago de Chile)
El canciller chileno, Mariano Fernández, aseguró que a Perú le va a resultar "extremadamente difícil obtener algo" en la demanda interpuesta en la Corte Internacional de Justicia por el contencioso marítimo entre ambos países.
"Perú tiene que darse cuenta que le va a resultar extremadamente difícil obtener algo, porque el despliegue de información que existe sobre el reconocimiento del límite marítimo es muy importante", indicó el canciller en un programa de Televisión Nacional de Chile.
Fernández dijo que el Ejecutivo chileno lamenta "profundamente" la iniciativa legal, y se mostró convencido de que el tribunal fallará a favor de Chile porque su postura cuenta con argumentos bastante sólidos.
El jefe de la diplomacia chilena argumentó que Chile y Perú han vivido "cincuenta años en plena paz y con el respeto indiscutido respecto del ejercicio de soberanía y jurisdicción de Chile en la zona", en alusión a los tratados suscritos en la década de 1950, que Chile considera plenamente vigentes.
Con la medida presentada en La Haya, Perú pretende apropiarse de 66.000 kilómetros cuadrados de mar y unos 35.000 kilómetros cuadrados de tierra en territorio chileno, ya que considera que el límite marítimo entre los dos países no ha sido fijado antes.
El canciller explicó que lo que le "inquieta" es que un fallo de la CIJ favorable a Chile pueda fomentar sentimientos nacionalistas en Perú: "Eso es lo que nos preocupa, es un potencial complicado", señaló.
También se refirió a la negativa peruana para que observadores de ese país asistan a los ejercicios militares aéreos que se realizarán en el norte de Chile a finales de este mes, conocidos como "Salitre 2009".
El Gobierno peruano pidió la suspensión de las maniobras militares para "evitar cualquier malentendido que altere la relación bilateral".
"Acusarnos a nosotros de belicistas, que no hemos tenido un conflicto bélico en todo el siglo XX es una cosa un poquito exagerada", afirmó Fernández.
El ejercicio militar se llevará a cabo a finales de octubre en Antofagasta, situado a 1.368 kilómetros al norte de Santiago, con la participación de Brasil, EE.UU., Francia y Argentina. (EFE. Santiago de Chile)
03/10/09: Un telo llamado 'Congreso'
El Congreso no es hostal
Por Federico Salazar
La República
El Congreso está congelado. No reacciona. Si no los viera moverse, diría que los congresistas están muertos.
Nadie en el Congreso ha pedido algún cambio en el Reglamento. Y deberían hacerlo. Lo reclama, por lo menos, el caso de la congresista Rocío Gonzales, condenada por el robo de luz a favor de su empresa.
Una serie de tecnicismos y enredos leguleyos han congelado la situación de la congresista.
La Suprema ratificó hace poco la sentencia condenatoria. En el camino, sin embargo, se cumplió la prueba de pena suspendida sujeta a reglas de buena conducta. Hoy la congresista está habilitada en sus derechos. ¿Qué hacer con el tiempo en que, como resolvió la Suprema, cumplía sentencia como autora del delito de robar luz?
¿Se puede admitir que el Congreso sea algo así como un alojamiento de paso, un hostal, de delincuentes sin prisión efectiva? La congresista fue sentenciada, en primera instancia, poco antes de la ceremonia de investidura de su cargo. ¿Buscó el Congreso como refugio frente a su proceso?
Un procesado puede buscar en el Congreso influencia y poder. Puede canjear la influencia y el poder a cambio de votos, adhesiones, dictámenes o mayorías.
Si es así, los procesos de decisión política se contaminan del delito, y el cambalache de votos se convierte en actividad criminal de encubrimiento.
El artículo 25 del Reglamento dice que sólo procede el desafuero con una sentencia firme por delito doloso, en caso se disponga prisión efectiva inmediata. ¿Por qué? ¿Acaso es misión del Congreso proteger al que cometió delito?
¿Es lícito que el Congreso proteja al que cometió delito y permita que ejerza la representación política?
Mientras fue delincuente, ¿pudo representar a sus electores un congresista? El Congreso, ¿debe admitir entre los representantes a un condenado por delito doloso, al margen de que se haya dispuesto o no prisión efectiva?
La suspensión de la prisión no cambia la culpabilidad. Hay gente que con sentencias menores a cuatro años pierde la libertad. El Congreso no debería considerar la suspensión de la carcelería como un atenuante de la acción criminal.
No debe haber congresistas que cumplan su condena en el Congreso. La condena firme, extemporánea o no, debe ser razón suficiente para el desafuero.
Al margen de lo que pase ahora con la congresista que robó luz, el Congreso debe cambiar sus reglas de juego. A no ser que quiera convertirse en el hospedaje de paso de los delincuentes e indeseables.
Por Federico Salazar
La República
El Congreso está congelado. No reacciona. Si no los viera moverse, diría que los congresistas están muertos.
Nadie en el Congreso ha pedido algún cambio en el Reglamento. Y deberían hacerlo. Lo reclama, por lo menos, el caso de la congresista Rocío Gonzales, condenada por el robo de luz a favor de su empresa.
Una serie de tecnicismos y enredos leguleyos han congelado la situación de la congresista.
La Suprema ratificó hace poco la sentencia condenatoria. En el camino, sin embargo, se cumplió la prueba de pena suspendida sujeta a reglas de buena conducta. Hoy la congresista está habilitada en sus derechos. ¿Qué hacer con el tiempo en que, como resolvió la Suprema, cumplía sentencia como autora del delito de robar luz?
¿Se puede admitir que el Congreso sea algo así como un alojamiento de paso, un hostal, de delincuentes sin prisión efectiva? La congresista fue sentenciada, en primera instancia, poco antes de la ceremonia de investidura de su cargo. ¿Buscó el Congreso como refugio frente a su proceso?
Un procesado puede buscar en el Congreso influencia y poder. Puede canjear la influencia y el poder a cambio de votos, adhesiones, dictámenes o mayorías.
Si es así, los procesos de decisión política se contaminan del delito, y el cambalache de votos se convierte en actividad criminal de encubrimiento.
El artículo 25 del Reglamento dice que sólo procede el desafuero con una sentencia firme por delito doloso, en caso se disponga prisión efectiva inmediata. ¿Por qué? ¿Acaso es misión del Congreso proteger al que cometió delito?
¿Es lícito que el Congreso proteja al que cometió delito y permita que ejerza la representación política?
Mientras fue delincuente, ¿pudo representar a sus electores un congresista? El Congreso, ¿debe admitir entre los representantes a un condenado por delito doloso, al margen de que se haya dispuesto o no prisión efectiva?
La suspensión de la prisión no cambia la culpabilidad. Hay gente que con sentencias menores a cuatro años pierde la libertad. El Congreso no debería considerar la suspensión de la carcelería como un atenuante de la acción criminal.
No debe haber congresistas que cumplan su condena en el Congreso. La condena firme, extemporánea o no, debe ser razón suficiente para el desafuero.
Al margen de lo que pase ahora con la congresista que robó luz, el Congreso debe cambiar sus reglas de juego. A no ser que quiera convertirse en el hospedaje de paso de los delincuentes e indeseables.
La República
El procurador ad hoc, Pedro Gamarra, anunció que los cuadernos de extradición que viene preparando la Procuraduría del Estado, para ser enviados a la Corte Suprema de Chile, contendrán los procesos pendientes más importantes.
“Venimos trabajando eso y se está coordinando con las autoridades competentes. Estamos viendo la manera de juntar los más importantes en los cuales tengamos la seguridad de que van a aprobar la ampliación”, indicó.
Gamarra afirmó que algunos procesos que se vienen analizando para ser incluidos en este pedido de ampliación a la justicia chilena, ya cuentan con la conformidad en la Sala Suprema.
Explicó que parte del trámite de la extradición será la futura aprobación de estos cuadernillos por el Consejo de Ministros, para que a través de la Cancillería sean remitidos a la justicia chilena.
El pasado 30 de setiembre, como se recuerda culminaron los procesos judiciales en contra del ex mandatario, Alberto Fujimori, por los casos por los que fue aceptada la extradición desde Chile.
(Con información de Andina)
El procurador ad hoc, Pedro Gamarra, anunció que los cuadernos de extradición que viene preparando la Procuraduría del Estado, para ser enviados a la Corte Suprema de Chile, contendrán los procesos pendientes más importantes.
“Venimos trabajando eso y se está coordinando con las autoridades competentes. Estamos viendo la manera de juntar los más importantes en los cuales tengamos la seguridad de que van a aprobar la ampliación”, indicó.
Gamarra afirmó que algunos procesos que se vienen analizando para ser incluidos en este pedido de ampliación a la justicia chilena, ya cuentan con la conformidad en la Sala Suprema.
Explicó que parte del trámite de la extradición será la futura aprobación de estos cuadernillos por el Consejo de Ministros, para que a través de la Cancillería sean remitidos a la justicia chilena.
El pasado 30 de setiembre, como se recuerda culminaron los procesos judiciales en contra del ex mandatario, Alberto Fujimori, por los casos por los que fue aceptada la extradición desde Chile.
(Con información de Andina)
La República
El Poder Ejecutivo propiciará un acercamiento con la fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, para explicarle los alcances del proyecto de ley que dispone que los fiscales deben esperar un informe técnico antes de denunciar a efectivos de las fuerzas del orden, adelantó el premier Javier Velásquez.
Descartó que dicha iniciativa, que se aplica para casos de enfrentamiento con decesos en zonas de emergencia, sea inconstitucional.
“A mí me consta que la fiscal Echaiz siempre ha sido muy colaboradora y proactiva para ayudar a erradicar la violencia y el delito; nosotros a veces la hemos visitado para que colabore en el plan VRAE y ha demostrado la mejor disposición.”
Consideró que la fiscal de la Nación no tiene información completa sobre el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso.
“Cuando ella revise el proyecto de ley verá que no invade su competencia, lo que pretende es darle herramientas al fiscal para que pueda, objetivamente, evaluar si hay mérito para formular denuncia o no.”
Subrayó que de ninguna manera se ha dispuesto que el informe técnico respectivo sea vinculante, y aclaró que de eso se ha preocupado el proyecto de ley.
Indicó que dicho diálogo con la fiscal podría realizarse en las próximas horas, pues “los poderes del Estado no estamos para enfrentarnos sino más bien para colaborar.” ( con información de Andina)
El Poder Ejecutivo propiciará un acercamiento con la fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, para explicarle los alcances del proyecto de ley que dispone que los fiscales deben esperar un informe técnico antes de denunciar a efectivos de las fuerzas del orden, adelantó el premier Javier Velásquez.
Descartó que dicha iniciativa, que se aplica para casos de enfrentamiento con decesos en zonas de emergencia, sea inconstitucional.
“A mí me consta que la fiscal Echaiz siempre ha sido muy colaboradora y proactiva para ayudar a erradicar la violencia y el delito; nosotros a veces la hemos visitado para que colabore en el plan VRAE y ha demostrado la mejor disposición.”
Consideró que la fiscal de la Nación no tiene información completa sobre el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso.
“Cuando ella revise el proyecto de ley verá que no invade su competencia, lo que pretende es darle herramientas al fiscal para que pueda, objetivamente, evaluar si hay mérito para formular denuncia o no.”
Subrayó que de ninguna manera se ha dispuesto que el informe técnico respectivo sea vinculante, y aclaró que de eso se ha preocupado el proyecto de ley.
Indicó que dicho diálogo con la fiscal podría realizarse en las próximas horas, pues “los poderes del Estado no estamos para enfrentarnos sino más bien para colaborar.” ( con información de Andina)
Vocal superior reconoce que se reunió con socio de Rómulo León en dos ocasiones. Ex directivo de Perupetro dice en un diálogo: “Los jueces comen de mi bolsillo”.
Autor: Zarella Sierra Peralta
Perú 21
Cual caja de Pandora que nunca deja de asombrar, las conversaciones telefónicas interceptadas por la empresa Business Track (BTR) siguen implicando a más personalidades de los diversos estamentos del Estado. Esta vez, sin embargo, no se trata de personajes políticos ni del mundo empresarial, sino de actuales magistrados del Poder Judicial. Y es preocupante que sea precisamente la judicatura la que tenga en sus manos el acervo de audios copiados de los equipos de cómputo que fueron incautados a los socios y empleados de BTR.
Fuentes judiciales informaron a Perú.21 que existen audios en los cuales se escucha al actual presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega –en la práctica, el jefe administrativo de los jueces–, sosteniendo coloquiales diálogos con Alberto Quimper, ex directivo de Perupetro y, en la actualidad, uno de los principales implicados del caso 'petroaudios’.
Si bien hasta el momento no han trascendido los detalles de las conversaciones telefónicas entre ambos personajes, se indicó que estas habrían versado sobre algunos procesos judiciales en los cuales el ya famoso 'Don Bieto’ habría actuado como abogado de unas de las partes.
De acuerdo con la información proporcionada, las conversaciones entre Vega Vega y el ex socio de Rómulo León no se registraron siendo él titular de la Corte de Lima sino, más bien, cuando ejercía como vocal supremo provisional del Poder Judicial. El magistrado fue electo presidente de esa instancia de la judicatura en enero de 2009 y dejará el cargo en diciembre de 2010.
Consultado sobre estas revelaciones, Vega reconoció que se reunió en dos oportunidades con Quimper, aunque dijo no recordar si –además del diálogo personal– sostuvo, también, conversaciones telefónicas.
“En mi caso particular, recibo a los litigantes, sin distinción alguna, de seis a ocho de la mañana, como una labor social. Cuando estuve en la Corte Suprema recibí su visita (la de Alberto Quimper) en más de dos ocasiones, como litigante que era, pero no recuerdo alguna llamada telefónica (...) Por suerte, creo que no hay ninguna (grabación telefónica)”, precisó el vocal superior.
“COMEN DE MI BOLSILLO”. Con su ya clásica verborrea, trascendió que una de las frases soltadas por Quimper en una de las conversaciones analizadas por la jueza María Martínez –a cargo de la investigación a BTR– es “no te preocupes, que los jueces comen de mi bolsillo”. Quizá esto explique por qué, de acuerdo con las fuentes, en los diálogos del ex directivo de Perupetro con otros integrantes del Poder Judicial se escuchan varias frases procaces.
Entre los vocales supremos que figuran en la lista de las llamadas que fueron 'chuponeadas’ a Alberto Quimper se encuentran Robinson Gonzales Rivadeneyra, Antonio Pajares Paredes, Walter Vásquez Bejarano (ex titular del Poder Judicial) y el fiscal supremo ad hoc para el caso Alberto Fujimori, José Peláez Bardales. Parte de esta lista de nombres, cabe precisar, fue revelada ayer por una revista local.
Asimismo, trascendió que existiría una serie de presiones sobre la jueza Martínez para que este material se mantenga bajo siete llaves.
Nacionalistas descartan alianza con radicales porque "no suman votos"
La República
La vocera parlamentaria del Nacionalismo, Marisol Espinoza, afirmó que grupos como Patria Roja y Patria Libre se acercaron a su partido en la campaña electoral de 2006 para formar una alianza y obtener el triunfo en los comicios, pero nunca se firmó un pacto o acuerdo con ellos.
También negó la existencia de una alianza con grupos de izquierda radical y desestimó la idea de formar una coalición con ellos al considerar que esas agrupaciones “no suman” adhesiones.
“¿Por qué habría que tenerlo ahora, si con una simple operación matemática se señala que ese no es el camino? Uno no va a ser tonto en sumarse a quien no le suma votos”, manifestó.
La legisladora desmintió, en ese sentido, las declaraciones del secretario general de Patria Roja, Alberto Moreno, quien aseguró en CPN que su grupo se viene reuniendo “desde hace tiempo” con el Partido Nacionalista y con organizaciones sociales para conformar un proyecto común con todas las fuerzas de la izquierda.
Al respecto, Espinoza negó que el Partido Nacionalista, liderado por el ex oficial del Ejército Ollanta Humala, haya firmado o suscrito algún tipo de acuerdo para presentarse como coalición en las elecciones regionales y ediles de 2010, y en los comicios presidenciales de 2011.
“No hay ninguna alianza con Patria Roja ni con Patria Libre. Que el señor Moreno me muestre los documentos y las pruebas. Aquí no hay ninguna conversación, incluso desmentimos la supuesta alianza con un grupo llamado Lima para Todos”, subrayó.
De otro lado, la portavoz parlamentaria lamentó que el congresista Isaac Mekler, renunciante al Partido Nacionalista, no haya agotado las instancias respectivas dentro de la agrupación política para expresar sus discrepancias o para conversar sobre su dimisión.
La República
La vocera parlamentaria del Nacionalismo, Marisol Espinoza, afirmó que grupos como Patria Roja y Patria Libre se acercaron a su partido en la campaña electoral de 2006 para formar una alianza y obtener el triunfo en los comicios, pero nunca se firmó un pacto o acuerdo con ellos.
También negó la existencia de una alianza con grupos de izquierda radical y desestimó la idea de formar una coalición con ellos al considerar que esas agrupaciones “no suman” adhesiones.
“¿Por qué habría que tenerlo ahora, si con una simple operación matemática se señala que ese no es el camino? Uno no va a ser tonto en sumarse a quien no le suma votos”, manifestó.
La legisladora desmintió, en ese sentido, las declaraciones del secretario general de Patria Roja, Alberto Moreno, quien aseguró en CPN que su grupo se viene reuniendo “desde hace tiempo” con el Partido Nacionalista y con organizaciones sociales para conformar un proyecto común con todas las fuerzas de la izquierda.
Al respecto, Espinoza negó que el Partido Nacionalista, liderado por el ex oficial del Ejército Ollanta Humala, haya firmado o suscrito algún tipo de acuerdo para presentarse como coalición en las elecciones regionales y ediles de 2010, y en los comicios presidenciales de 2011.
“No hay ninguna alianza con Patria Roja ni con Patria Libre. Que el señor Moreno me muestre los documentos y las pruebas. Aquí no hay ninguna conversación, incluso desmentimos la supuesta alianza con un grupo llamado Lima para Todos”, subrayó.
De otro lado, la portavoz parlamentaria lamentó que el congresista Isaac Mekler, renunciante al Partido Nacionalista, no haya agotado las instancias respectivas dentro de la agrupación política para expresar sus discrepancias o para conversar sobre su dimisión.
Jhonny Jorge Vázquez Vinces habría pedido S/.3 mil para suspender una orden de embargo
El Comercio
Jhonny Jorge Vázquez Vinces, juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Jesús María, fue intervenido infraganti recibiendo 3 mil soles de Percy Rolando Ananias Sotelo.
El noticiero “América Noticias” precisó que Vázquez Vinces le pidió esa cantidad de dinero a Ananias Sotelo para suspender una orden verbal de embargo en su contra.
La intervención, que estuvo a cargo de la OCMA, concluyó con el traslado del mencionado juez a la comisaría de Alfonso Ugarte.
El Comercio
Jhonny Jorge Vázquez Vinces, juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Jesús María, fue intervenido infraganti recibiendo 3 mil soles de Percy Rolando Ananias Sotelo.
El noticiero “América Noticias” precisó que Vázquez Vinces le pidió esa cantidad de dinero a Ananias Sotelo para suspender una orden verbal de embargo en su contra.
La intervención, que estuvo a cargo de la OCMA, concluyó con el traslado del mencionado juez a la comisaría de Alfonso Ugarte.
García sobre el uso de su nombre por Quimper: "Con esa gente no he tenido ni tendré ninguna relación”
El Comercio
El presidente indicó que no le preocupa la denuncia de otro “faenón” de suex abogado tributarista, quien habría presionado a jueces para que fallen a su favor.
El presidente de la República Alan García negó tener relación con Alberto Químper Herrera, después de que el titular de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, denunciara que el abogado y ex directivo de Perupetro tomara el nombre del mandatario para obtener beneficios judiciales.
“Ya se sabe de que esa gente tomara el nombre de quien pudiera presionar y obtener favores y granjerías. Con esa gente no he tenido ni tendré ninguna relación”, manifestó García a los periodistas.
García Pérez manifestó que no amerita expresar preocupación, puesto que el nombre de cualquier ciudadano puede ser involcurado en las investigaciones.
“No me preocupa porque podrían tomar el nombre suyo también y no tendría ninguna razón de preocupación”, refirió García desde la embajada de Brasil en Lima, a dónde acudió para felicitar a dicho país por ser designado como sede de los Juegos Olímpicos 2016.
En la mañana, Vega Vega indicó a la emisora Radio Programas del Perú que Químper buscó presionarlo en el 2007 para obtener favores judiciales.
Al respecto, el presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein, expresó su respaldo a los magistrados involucrados en conversaciones grabadas con Químper, aparentemente en tono amical.
Villa Stein señaló que conversó sobre el tema con Vega Vega, el magistrado de la Corte Suprema Robinson González, el ex presidente del Poder Judicial, Walter Vásquez y el fiscal supremo José Peláez, quienes le manifestaron no conocer a Químper o haberse reunido con él de manera extraoficial.
DURA RESPUESTA
El titular de la Corte Suprema calificó de “calumnia malévola” los dichos del presidente de la comisión congresal que investiga la interceptación telefónica en el país, el congresista upepista Oswaldo Luizar, según los cuales el Poder Judicial, especialmente la jueza María artínez, no quiere colaborar con el grupo brindando información.
Manifestó que Luizar actúa con irresponsabilidad por interferir en una investigación reservada. “Me he negado a que salga información que se considera reservada”, aseveró Villa Stein.
Luizar demandó al Poder Judicial entregar una copia de todo el material incautado a la empresa Business Track.
CITACIÓN Y REACCIÓN
Al respecto, el integrante de dicho grupo, el congresista aprista José Vargas acusó a Luizar de querer crear una “psicosis social” y señaló que el upepista solamente busca publicidad.
De otro lado, la comisión Luizar acordó invitar a Vega para que explique las circunstancias del diálogo con Químper.
El Comercio
El presidente indicó que no le preocupa la denuncia de otro “faenón” de suex abogado tributarista, quien habría presionado a jueces para que fallen a su favor.
El presidente de la República Alan García negó tener relación con Alberto Químper Herrera, después de que el titular de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, denunciara que el abogado y ex directivo de Perupetro tomara el nombre del mandatario para obtener beneficios judiciales.
“Ya se sabe de que esa gente tomara el nombre de quien pudiera presionar y obtener favores y granjerías. Con esa gente no he tenido ni tendré ninguna relación”, manifestó García a los periodistas.
García Pérez manifestó que no amerita expresar preocupación, puesto que el nombre de cualquier ciudadano puede ser involcurado en las investigaciones.
“No me preocupa porque podrían tomar el nombre suyo también y no tendría ninguna razón de preocupación”, refirió García desde la embajada de Brasil en Lima, a dónde acudió para felicitar a dicho país por ser designado como sede de los Juegos Olímpicos 2016.
En la mañana, Vega Vega indicó a la emisora Radio Programas del Perú que Químper buscó presionarlo en el 2007 para obtener favores judiciales.
Al respecto, el presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein, expresó su respaldo a los magistrados involucrados en conversaciones grabadas con Químper, aparentemente en tono amical.
Villa Stein señaló que conversó sobre el tema con Vega Vega, el magistrado de la Corte Suprema Robinson González, el ex presidente del Poder Judicial, Walter Vásquez y el fiscal supremo José Peláez, quienes le manifestaron no conocer a Químper o haberse reunido con él de manera extraoficial.
DURA RESPUESTA
El titular de la Corte Suprema calificó de “calumnia malévola” los dichos del presidente de la comisión congresal que investiga la interceptación telefónica en el país, el congresista upepista Oswaldo Luizar, según los cuales el Poder Judicial, especialmente la jueza María artínez, no quiere colaborar con el grupo brindando información.
Manifestó que Luizar actúa con irresponsabilidad por interferir en una investigación reservada. “Me he negado a que salga información que se considera reservada”, aseveró Villa Stein.
Luizar demandó al Poder Judicial entregar una copia de todo el material incautado a la empresa Business Track.
CITACIÓN Y REACCIÓN
Al respecto, el integrante de dicho grupo, el congresista aprista José Vargas acusó a Luizar de querer crear una “psicosis social” y señaló que el upepista solamente busca publicidad.
De otro lado, la comisión Luizar acordó invitar a Vega para que explique las circunstancias del diálogo con Químper.
01/10/09: La devaluación del Congreso
La República
Por: Sinesio López Jiménez
Las vergonzosas denuncias contra los parlamentarios ponen en cuestión la calidad del Congreso y de los partidos políticos. Desde una perspectiva comparada es probable que el actual Congreso sea de menor calidad que los que ha tenido el Perú en el pasado.
Eso tiene que ver, por un lado, con la poca calificación y profesionalización de las actuales élites políticas y, por otro, con la inexistencia de un sistema de partidos. Muchos de nuestros políticos viven de la política, pero no viven para ella. La política es para ellos, no una causa, sino un modo de vida (Weber). Este hecho implica que su reclutamiento procede, no de los estratos sociales altos, sino más bien de los más bajos.
Es un fenómeno estrechamente asociado a la extensión de la ciudadanía y del sufragio universal a las clases populares. Su procedencia social, a su vez, trae consigo la poca o nula formación universitaria de muchos de ellos o la poca solidez de los que la tienen, lo que, a su vez, dice mucho de la pobreza intelectual de nuestras universidades. A todo esto hay que añadir la actual configuración partidaria que combina partidos sin sistema y políticos sin partido y no llega a constituir un sistema de partidos (Cavarozzi). Esto explica, a su vez, la enorme volatilidad y la inestabilidad de la actual élite política.
La mejora de la calidad del Parlamento y de los partidos pasa, no por la exclusión de sus integrantes menos calificados y de los sectores pobres y muy pobres que representan (como afirman los gritos que vienen de la caverna), sino más bien de un proceso general de igualación (hacia arriba) de los ciudadanos en los campos económico, social y político. Es irracional pretender una representación europea en un país (casi) africano.
Pese a la poca calidad del Parlamento y los partidos, estos son, sin embargo, más representativos que los del pasado. Expresan más el país que actualmente somos y tenemos. No es el Parlamento plutocrático de la república aristocrática ni el mesocrático de las aperturas liberales (1930 y 1956) sino que es un Parlamento popular que procede de las aperturas democráticas (1978-1980 y 2001). Esto explica la menor calidad y al mismo tiempo la mayor representatividad del Congreso actual, más representativo que los del pasado, pero no totalmente representativo. Hay sectores sociales (pobres y muy pobres de las áreas rurales) y regiones que no tienen una cabal representación. Esto obedece, sin embargo, más a un defecto del diseño electoral que a una falla de los partidos.
Pese a que es más representativo, el actual Congreso tiene menos poder y es menos importante que los anteriores. Más allá de la supuesta independencia de poderes, el Parlamento no llega a ser un poder que sirva de contrapeso al Ejecutivo en un régimen exacerbadamente presidencialista. En los regímenes parlamentaristas y semipresidencialistas, en cambio, el Parlamento es importante porque a través de él se accede al gobierno. La creciente delegación de facultades legislativas al Ejecutivo presidencialista lo debilita aún más. Muchas de sus clásicas funciones (foro público, espacio de negociación, centro de la representación, mecanismo de competencia, lugar de formación de las élites políticas) se han perdido o se han debilitado seriamente.
La paulatina disminución de poder parlamentario tiene que ver con el debilitamiento general del Estado y con la pérdida de encanto de la política en una época neoliberal. En estos tiempos, la política ha sido oscurecida por la economía; el Estado, destronado por el mercado y los partidos políticos tienden a ser desplazados por los poderes fácticos (empresarios, militares, Iglesia, medios, organismos financieros internacionales).
Todo ello acentúa la crisis del Parlamento cuya suerte puede cambiar (junto con la de la política y la del Estado) con la crisis actual del capitalismo neoliberal.
Por: Sinesio López Jiménez
Las vergonzosas denuncias contra los parlamentarios ponen en cuestión la calidad del Congreso y de los partidos políticos. Desde una perspectiva comparada es probable que el actual Congreso sea de menor calidad que los que ha tenido el Perú en el pasado.
Eso tiene que ver, por un lado, con la poca calificación y profesionalización de las actuales élites políticas y, por otro, con la inexistencia de un sistema de partidos. Muchos de nuestros políticos viven de la política, pero no viven para ella. La política es para ellos, no una causa, sino un modo de vida (Weber). Este hecho implica que su reclutamiento procede, no de los estratos sociales altos, sino más bien de los más bajos.
Es un fenómeno estrechamente asociado a la extensión de la ciudadanía y del sufragio universal a las clases populares. Su procedencia social, a su vez, trae consigo la poca o nula formación universitaria de muchos de ellos o la poca solidez de los que la tienen, lo que, a su vez, dice mucho de la pobreza intelectual de nuestras universidades. A todo esto hay que añadir la actual configuración partidaria que combina partidos sin sistema y políticos sin partido y no llega a constituir un sistema de partidos (Cavarozzi). Esto explica, a su vez, la enorme volatilidad y la inestabilidad de la actual élite política.
La mejora de la calidad del Parlamento y de los partidos pasa, no por la exclusión de sus integrantes menos calificados y de los sectores pobres y muy pobres que representan (como afirman los gritos que vienen de la caverna), sino más bien de un proceso general de igualación (hacia arriba) de los ciudadanos en los campos económico, social y político. Es irracional pretender una representación europea en un país (casi) africano.
Pese a la poca calidad del Parlamento y los partidos, estos son, sin embargo, más representativos que los del pasado. Expresan más el país que actualmente somos y tenemos. No es el Parlamento plutocrático de la república aristocrática ni el mesocrático de las aperturas liberales (1930 y 1956) sino que es un Parlamento popular que procede de las aperturas democráticas (1978-1980 y 2001). Esto explica la menor calidad y al mismo tiempo la mayor representatividad del Congreso actual, más representativo que los del pasado, pero no totalmente representativo. Hay sectores sociales (pobres y muy pobres de las áreas rurales) y regiones que no tienen una cabal representación. Esto obedece, sin embargo, más a un defecto del diseño electoral que a una falla de los partidos.
Pese a que es más representativo, el actual Congreso tiene menos poder y es menos importante que los anteriores. Más allá de la supuesta independencia de poderes, el Parlamento no llega a ser un poder que sirva de contrapeso al Ejecutivo en un régimen exacerbadamente presidencialista. En los regímenes parlamentaristas y semipresidencialistas, en cambio, el Parlamento es importante porque a través de él se accede al gobierno. La creciente delegación de facultades legislativas al Ejecutivo presidencialista lo debilita aún más. Muchas de sus clásicas funciones (foro público, espacio de negociación, centro de la representación, mecanismo de competencia, lugar de formación de las élites políticas) se han perdido o se han debilitado seriamente.
La paulatina disminución de poder parlamentario tiene que ver con el debilitamiento general del Estado y con la pérdida de encanto de la política en una época neoliberal. En estos tiempos, la política ha sido oscurecida por la economía; el Estado, destronado por el mercado y los partidos políticos tienden a ser desplazados por los poderes fácticos (empresarios, militares, Iglesia, medios, organismos financieros internacionales).
Todo ello acentúa la crisis del Parlamento cuya suerte puede cambiar (junto con la de la política y la del Estado) con la crisis actual del capitalismo neoliberal.
La titular del Ministerio Público manifestó sus reparos al proyecto que obliga a fiscales a pedir un “informe técnico” antes de denunciar a militares y policías. El premier Javier Velásquez desestimó críticas a la iniciativa y dijo que la autonomía de dicha entidad “está garantizada”.
Perú 21
Echaíz se encuentra en la Ciudad Imperial, donde 100 fiscales se incorporaron hoy al Distrito Judicial del Cusco. (Canal N)
La fiscal de Nación, Gladys Echaíz, expresó este jueves sus reparos al proyecto de ley aprobado ayer en el Consejo de Ministros que establece que los fiscales deben solicitar un informe a un equipo técnico designado por el Ejecutivo antes de denunciar a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía por enfrentamientos en zonas de emergencia.
“Yo quisiera leer ese proyecto para ver si es compatible con la Constitución. Me parece que hay un problema, porque el Ministerio Público es titular de la acción penal y no está sometido a opinión o condicionamiento de terceros”, manifestó Echaíz desde Cusco en Canal N, donde hoy se incorporaron 100 fiscales a este distrito judicial, en el marco de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Al respecto, el jefe del gabinete, Javier Velásquez, dijo que la autonomía del Ministerio Público está garantizada al desestimar las críticas al proyecto. Argumentó que dicho informe solo será un elemento de juicio para el fiscal, pues no es vinculante y, por tanto, no influirá en la investigación. “De tal manera que las garantías de independencia y autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial están aseguradas”, añadió.
La titular del Ministerio Público también opinó sobre otro proyecto del Ejecutivo que autoriza a las Fuerzas Armadas a recoger los cadáveres de los militares caídos en atentados terroristas sin la presencia de fiscales. Dijo que esta situación se puede dar si los uniformados cuentan con la autorización previa de un representante del Ministerio Público.
01/10/09: Fujimori: Convicto y confuso
La República
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
El final de los juicios ejemplares a Alberto Fujimori
La sentencia leída ayer a Alberto Fujimori constituye un hecho histórico trascendental pues implica su condena por violador de derechos humanos, ladrón y corruptor en el marco de un proceso ejemplar, impecable e inobjetable realizado durante los últimos dos años.
Todo juicio tiene el fin esencial de declarar la inocencia o culpabilidad del acusado, y de aplicarle –si corresponde– un castigo, pero algunos poseen, por el procesado o por la materia que trata, una función pedagógica vital para la sociedad.
Por un lado, porque se vuelven factor de revelación de hechos pasados que, vistos en perspectiva, son mejor entendidos. Por el otro, porque sirven para advertir al futuro gobernante de lo que nunca debe hacer, lo cual, en el caso de Fujimori, significa no robar, no matar y no pervertir instituciones y, a la sociedad en su conjunto, no tolerar estos comportamientos.
En dos casos, como el que culminó ayer, Fujimori aceptó su culpabilidad y optó por una sentencia anticipada para evadir el juicio oral. Ante la contundencia de las acusaciones, buscó impedir que la ciudadanía tuviera el recuerdo vivo de los delitos que cometieron él y su cómplice Vladimiro Montesinos.
Los fujimoristas insisten en que no tenía otra opción por el supuesto fusilamiento mediático del que era víctima y que apabullaba a la corte. Esto no tiene sentido. Primero, ya no quedan muchos medios realmente opositores a Fujimori, mientras que el periodismo que simpatiza con él ha crecido notoriamente.
Segundo, la sala que lo juzgó, conformada por César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, demostró una elevada capacidad profesional que la inmuniza frente a maniobras mediáticas en las que el fujimorismo sí es experto. El país les debe a los tres vocales un profundo agradecimiento por la imparcialidad y transparencia con que condujeron el proceso, lo cual fue crucial para que sea inobjetable.
Lo mismo se puede afirmar del papel cumplido por los fiscales José Antonio Peláez y Avelino Guillén y, también, del abogado de la defensa, César Nakazaki, quien hizo lo mejor que pudo ante la contundencia de las pruebas contra su cliente.
Ya derrotado en el terreno judicial, el fujimorismo se va a lanzar, según su vocero Carlos Raffo, a una “respuesta política” que buscará que “el pueblo lo absuelva”. Esto implica que Keiko Fujimori sea elegida presidenta en el año 2011 con el único y exclusivo fin de indultar a su padre y liberarlo. O pactar el endose de votos a la agrupación política que asuma dicho compromiso.
Ya van a ver cuántos platos de lentejas se van a empezar a rematar a partir de ahora. Impedirlo es, sin duda, el principal desafío democrático de la próxima elección en el Perú.
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
El final de los juicios ejemplares a Alberto Fujimori
La sentencia leída ayer a Alberto Fujimori constituye un hecho histórico trascendental pues implica su condena por violador de derechos humanos, ladrón y corruptor en el marco de un proceso ejemplar, impecable e inobjetable realizado durante los últimos dos años.
Todo juicio tiene el fin esencial de declarar la inocencia o culpabilidad del acusado, y de aplicarle –si corresponde– un castigo, pero algunos poseen, por el procesado o por la materia que trata, una función pedagógica vital para la sociedad.
Por un lado, porque se vuelven factor de revelación de hechos pasados que, vistos en perspectiva, son mejor entendidos. Por el otro, porque sirven para advertir al futuro gobernante de lo que nunca debe hacer, lo cual, en el caso de Fujimori, significa no robar, no matar y no pervertir instituciones y, a la sociedad en su conjunto, no tolerar estos comportamientos.
En dos casos, como el que culminó ayer, Fujimori aceptó su culpabilidad y optó por una sentencia anticipada para evadir el juicio oral. Ante la contundencia de las acusaciones, buscó impedir que la ciudadanía tuviera el recuerdo vivo de los delitos que cometieron él y su cómplice Vladimiro Montesinos.
Los fujimoristas insisten en que no tenía otra opción por el supuesto fusilamiento mediático del que era víctima y que apabullaba a la corte. Esto no tiene sentido. Primero, ya no quedan muchos medios realmente opositores a Fujimori, mientras que el periodismo que simpatiza con él ha crecido notoriamente.
Segundo, la sala que lo juzgó, conformada por César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, demostró una elevada capacidad profesional que la inmuniza frente a maniobras mediáticas en las que el fujimorismo sí es experto. El país les debe a los tres vocales un profundo agradecimiento por la imparcialidad y transparencia con que condujeron el proceso, lo cual fue crucial para que sea inobjetable.
Lo mismo se puede afirmar del papel cumplido por los fiscales José Antonio Peláez y Avelino Guillén y, también, del abogado de la defensa, César Nakazaki, quien hizo lo mejor que pudo ante la contundencia de las pruebas contra su cliente.
Ya derrotado en el terreno judicial, el fujimorismo se va a lanzar, según su vocero Carlos Raffo, a una “respuesta política” que buscará que “el pueblo lo absuelva”. Esto implica que Keiko Fujimori sea elegida presidenta en el año 2011 con el único y exclusivo fin de indultar a su padre y liberarlo. O pactar el endose de votos a la agrupación política que asuma dicho compromiso.
Ya van a ver cuántos platos de lentejas se van a empezar a rematar a partir de ahora. Impedirlo es, sin duda, el principal desafío democrático de la próxima elección en el Perú.
La República
Por Humberto Campodónico
Todos sabemos que el siglo XXI tendrá como eje el paso hacia la sociedad de la información y el conocimiento. Hasta hace algunos años se decía que ya habíamos entrado a la era de la sociedad post-industrial y que las viejas fábricas con chimeneas habían quedado atrás.
Sin embargo, la crisis global del 2009 nos dice claramente que –a pesar de las innovaciones tecnológicas, algunas de las cuales se llevaron al campo financiero– la sociedad post-industrial está aún en la adolescencia y que habrá una larga época de convivencia con las tecnologías del siglo XX.
Dicho esto, el informe “El Estado de la Ciencia” (1) nos dice que la inversión mundial en Investigación y Desarrollo (I&D) en el 2006 continuó siendo liderada por América del Norte (EEUU y Canadá) con el 39% del total, seguidos de Europa y Asia, con el 30.5 y el 26.8%. América Latina y el Caribe están muy rezagados con el 1.9% del PBI, viniendo detrás nuestro Oceanía y África (1.4 y 0.3%). Lo notable es que China, India, Brasil, Rusia y Australia han aumentado fuertemente su inversión en I&D, acortando distancias con los países industrializados (PI).
Analizada por países, Japón lidera la inversión en I&D con el 3.39% de su PBI, seguido de EEUU y Canadá (ver gráfico). En América Latina y el Caribe el líder –y el único en superar el 1% del PBI– es Brasil con el 1.02%, seguido de Chile. El promedio de la Región es 0.63%, pero esa cifra está distorsionada por Brasil (50% del total.) Perú solo invirtió el 0.18% de su PBI en el 2006. Dice la RICYT que uno de nuestros rasgos característicos es “el relativamente bajo nivel de la inversión privada (30 a 40% del total, cuando en los PI supera el 60%), lo que constituye una dificultad para el proceso de transferencia de conocimiento hacia la producción y da cuenta de un comportamiento escasamente innovador por parte de las empresas”.
Este bajo nivel de la inversión privada tiene su correlato en que “casi el 40% de la I&D en la Región se da en las universidades”. Al leer esta información, pensamos, ¿será ese el caso en el Perú con el exiguo presupuesto de las universidades nacionales que, sin embargo, realizan una mayor actividad de I&D que las universidades privadas?
El propio Informe aclara la duda. Dice que “al analizar la cantidad de investigadores y tecnólogos en la Región (que ascienden a 234,661 con equivalencia a jornada completa) se encuentra que 4 países concentran el 90% de esta población altamente calificada, aunque algunos pequeños países, como Cuba, tienen un número alto de investigadores y tecnólogos con relación a su población”. Estos cuatros países son Brasil (50.4%), México (21%). Argentina (14.9%) y Chile (6.8%), lo que da un total de 93.1%, correspondiéndoles a 6.9% restante a todos los demás países de la Región.
Hay muchos más elementos importantes en este informe, por ejemplo la cantidad de egresados de la educación superior, maestrías, doctorados y, a partir de ello, de la elaboración de patentes e innovaciones en cada uno de los países. En cada uno de ellos, para el caso peruano, se evidencia el escaso apoyo gubernamental al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, así como a las universidades nacionales, cuyos docentes están en huelga por esos motivos. Claro, si a este gobierno solo le interesa proseguir con el modelo primario exportador. Así no es el Siglo XXI, señores.
(1) Verlo en el portal de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT), www.ricyt.org.
Por Humberto Campodónico
Todos sabemos que el siglo XXI tendrá como eje el paso hacia la sociedad de la información y el conocimiento. Hasta hace algunos años se decía que ya habíamos entrado a la era de la sociedad post-industrial y que las viejas fábricas con chimeneas habían quedado atrás.
Sin embargo, la crisis global del 2009 nos dice claramente que –a pesar de las innovaciones tecnológicas, algunas de las cuales se llevaron al campo financiero– la sociedad post-industrial está aún en la adolescencia y que habrá una larga época de convivencia con las tecnologías del siglo XX.
Dicho esto, el informe “El Estado de la Ciencia” (1) nos dice que la inversión mundial en Investigación y Desarrollo (I&D) en el 2006 continuó siendo liderada por América del Norte (EEUU y Canadá) con el 39% del total, seguidos de Europa y Asia, con el 30.5 y el 26.8%. América Latina y el Caribe están muy rezagados con el 1.9% del PBI, viniendo detrás nuestro Oceanía y África (1.4 y 0.3%). Lo notable es que China, India, Brasil, Rusia y Australia han aumentado fuertemente su inversión en I&D, acortando distancias con los países industrializados (PI).
Analizada por países, Japón lidera la inversión en I&D con el 3.39% de su PBI, seguido de EEUU y Canadá (ver gráfico). En América Latina y el Caribe el líder –y el único en superar el 1% del PBI– es Brasil con el 1.02%, seguido de Chile. El promedio de la Región es 0.63%, pero esa cifra está distorsionada por Brasil (50% del total.) Perú solo invirtió el 0.18% de su PBI en el 2006. Dice la RICYT que uno de nuestros rasgos característicos es “el relativamente bajo nivel de la inversión privada (30 a 40% del total, cuando en los PI supera el 60%), lo que constituye una dificultad para el proceso de transferencia de conocimiento hacia la producción y da cuenta de un comportamiento escasamente innovador por parte de las empresas”.
Este bajo nivel de la inversión privada tiene su correlato en que “casi el 40% de la I&D en la Región se da en las universidades”. Al leer esta información, pensamos, ¿será ese el caso en el Perú con el exiguo presupuesto de las universidades nacionales que, sin embargo, realizan una mayor actividad de I&D que las universidades privadas?
El propio Informe aclara la duda. Dice que “al analizar la cantidad de investigadores y tecnólogos en la Región (que ascienden a 234,661 con equivalencia a jornada completa) se encuentra que 4 países concentran el 90% de esta población altamente calificada, aunque algunos pequeños países, como Cuba, tienen un número alto de investigadores y tecnólogos con relación a su población”. Estos cuatros países son Brasil (50.4%), México (21%). Argentina (14.9%) y Chile (6.8%), lo que da un total de 93.1%, correspondiéndoles a 6.9% restante a todos los demás países de la Región.
Hay muchos más elementos importantes en este informe, por ejemplo la cantidad de egresados de la educación superior, maestrías, doctorados y, a partir de ello, de la elaboración de patentes e innovaciones en cada uno de los países. En cada uno de ellos, para el caso peruano, se evidencia el escaso apoyo gubernamental al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, así como a las universidades nacionales, cuyos docentes están en huelga por esos motivos. Claro, si a este gobierno solo le interesa proseguir con el modelo primario exportador. Así no es el Siglo XXI, señores.
(1) Verlo en el portal de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT), www.ricyt.org.
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A PROPÓSITO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES. (5)Derecho a tener un hijo siendo preso (en Inglaterra, sancionan el sistema penitenciario por violatorio de dererechos) (5)Los problemas familiares son imposibles si hay dinero de por medio (el caso de los Tudela) (5)Restitución internacional de niños sustraidos por sus progenitores (5)Descalabro ambiental peruano (todos los municipios son contaminantes) (5)
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