Dirigencia aprista critica palabras de Luciana León

Perú 21
Mulder y Cabanillas coinciden en que el partido no puede apañar indicios de delito. Aurelio Pastor asegura que la hija de Rómulo León se rectificará en próximos días. Compartir Enviar

El calificativo de “desleal” que dio la legisladora aprista Luciana León Romero al presidente Alan García por llamar “rata” a su padre, Rómulo León Alegría, mereció la respuesta de la dirigencia del partido de gobierno. El secretario general, Mauricio Mulder, y la presidenta de la Dirección Política, Mercedes Cabanillas, le recordaron a su 'compañera’ que no se puede malinterpretar el concepto de lealtad.

Mulder sostuvo que el caso de los 'petroaudios’ no es un tema de lealtades partidarias sino de conductas personales, y agregó que es un error buscar lealtades políticas cuando hay cuestionamientos serios y se han determinado responsabilidades.

“El Apra no es un estudio de abogados sino un partido que analiza conductas”, enfatizó tras recordar que las investigaciones han encontrado responsabilidad en Rómulo León.

Para Mulder, cuando el mandatario utilizó el calificativo de “ratas”, expresó una natural indignación frente a un hecho evidente que comprometía a dos militantes del partido.

Asimismo, manifestó que la congresista León es libre para decidir si asume una posición independiente en el interior de la bancada de gobierno, y añadió que no se ha dispuesto ninguna medida disciplinaria en su contra.

Por su parte, Mercedes Cabanillas también aclaró que el concepto de 'lealtad’ no puede comprometer a un partido en las irregularidades que cometan las personas.

“Desde un comienzo, el Apra decidió respaldar las investigaciones porque comprendía que era necesario aclarar los hechos. Incluso, la propia Luciana León respaldó esta posición con su voto”, recalcó.

Cabanillas reveló que la legisladora aprista nunca expresó malestar alguno en el interior del partido, y recordó que Rómulo León todavía sigue comprometido con hechos irregulares que el Poder Judicial y el Ministerio Público deben corroborar.

SE RECTIFICARÁ. De otro lado, el presidente de la Célula Parlamentaria Aprista (CPA), Aurelio Pastor, expresó su seguridad de que su colega de bancada rectificará su posición frente al presidente García y a la bancada en los próximos días. Manifestó que buscará dialogar con ella.

En un intento por superar el impasse, explicó que lo sucedido con Luciana León fue que, al enfrentarse a un entrevistador tan acucioso como Jaime Bayly, tal vez podría haber dicho algo que realmente no piensa. “Como presidente de la bancada, invoco a una reflexión porque el partido actuó con bastante prudencia”, sentenció.

Los constitucionalistas César Valega y su colega Francisco Eguiguren discreparon ayer por la Ley de Justicia Militar, en el sentido de que el primero está a favor de que sean los militares en actividad los que conduzcan dicho tribunal, mientras que el segundo se mostró contrario a ello.

Para Valega los miembros del tribunal de Justicia Militar deben ser designados por el Consejo Nacional de la Magistratura pero necesariamente deben ser militares en actividad, dado que son ellos quienes mejor conocen el manejo interno de su institución.

“En todos los casos del mundo los jueces son militares en activo, o sea nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura pero necesariamente en actividad, porque ellos son los que viven la conducta militar y pueden darse cuenta de cuándo hay un delito militar”, dijo al considerar ‘difícil’ que un abogado que no sea militar de armas pueda comprender la conducta castrense.

En tanto, Francisco Eguiguren opinó que si los magistrados del tribunal militar son uniformados en ejercicio tendrían menos autonomía en las resoluciones que emitan, pues están inmersos dentro de las reglas de disciplina y carrera para el ascenso, entre otras presiones militares.

No obstante ambos coincidieron en que la Ley 29182, Ley de Organización y Funciones de la Justicia Militar y Policial, debería ser modificada porque tiene un aspecto que choca con la Constitución, relacionada con quién es el encargado de nominar a los jueces miembros del tribunal.

La Constitución señala que el Consejo Nacional de la Magistratura es el que nombra a los magistrados sin ninguna excepción, mientras que Ley de Justicia Militar propone que sea el presidente de la República y el Tribunal Militar los que los designen.