Villa Stein analiza hoy repercusiones económicas de los fallos judiciales
(ANDINA).- El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, presidirá hoy jueves, una reunión de trabajo en la que se tratará las repercusiones económicas que generan al país los fallos judiciales que emiten los diferentes órganos jurisdiccionales.
En esta jornada denominada Primer Seminario – Mesa de Diálogo “El Poder Judicial y la Economía Nacional”, el ex Ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, expondrá el tema: “Crisis económica y sistema judicial”; mientras el abogado Enrique Ghersi: “El coste de los fallos judiciales en la economía”.
Ambos expositores integran el Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial.
Luego de sus exposiciones, tendrán un diálogo con los magistrados asistentes, informó una nota de prensa del Poder Judicial.
La importante actividad se enmarca en la línea de trabajo de la Presidencia del Poder Judicial, cuyo objetivo es obtener indicadores que permitan medir la cantidad y calidad de las resoluciones judiciales, que sustenten un presupuesto adecuado para la institución.
Además, Villa Stein, ha manifestado en forma reiterada que el Poder Judicial contribuirá en forma decidida con el desarrollo económico del país y la mejora de la calidad de vida de los peruanos, brindando cada día un servicio de justicia de calidad.
En esta reunión, participarán magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la República y miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ).
Este Seminario lo organiza el Poder Judicial con la participación de la Fundación Iberoámerica, CITEL, Comunidad Autónoma de Madrid y el Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia del Banco Mundial.
(ANDINA).- El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, presidirá hoy jueves, una reunión de trabajo en la que se tratará las repercusiones económicas que generan al país los fallos judiciales que emiten los diferentes órganos jurisdiccionales.
En esta jornada denominada Primer Seminario – Mesa de Diálogo “El Poder Judicial y la Economía Nacional”, el ex Ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, expondrá el tema: “Crisis económica y sistema judicial”; mientras el abogado Enrique Ghersi: “El coste de los fallos judiciales en la economía”.
Ambos expositores integran el Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial.
Luego de sus exposiciones, tendrán un diálogo con los magistrados asistentes, informó una nota de prensa del Poder Judicial.
La importante actividad se enmarca en la línea de trabajo de la Presidencia del Poder Judicial, cuyo objetivo es obtener indicadores que permitan medir la cantidad y calidad de las resoluciones judiciales, que sustenten un presupuesto adecuado para la institución.
Además, Villa Stein, ha manifestado en forma reiterada que el Poder Judicial contribuirá en forma decidida con el desarrollo económico del país y la mejora de la calidad de vida de los peruanos, brindando cada día un servicio de justicia de calidad.
En esta reunión, participarán magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la República y miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ).
Este Seminario lo organiza el Poder Judicial con la participación de la Fundación Iberoámerica, CITEL, Comunidad Autónoma de Madrid y el Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia del Banco Mundial.
28/04/09: Contralor, a la tercera la vencida
Esta semana se entregaría propuesta de candidato a Contraloría, adelanta Velásquez
(ANDINA).- El titular del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, adelantó que este fin de semana el presidente Alan García Pérez entregaría al Parlamento la propuesta de candidato para el cargo de Contralor General de la República.
“Estoy en condiciones de decirle que el presidente (de la República, Alan García) alcanzará la propuesta este fin de semana y la próxima semana la Comisión (Permanente) se estaría reuniendo”, indicó.
Tras participar en la presentación de la Campaña de Donación de Sangre promovida por el Instituto de Salud del Niño, precisó que el presidente, según la Constitución, tiene la legítima atribución de nombrar al candidato.
Por ello, agregó, hay algunos nombres que fueron consultados con las bancadas congresales, los cuales, no se hicieron públicos para no maltratar a los profesionales que participan de este proceso de elección.
“Nosotros evaluamos si (el candidato) cumple con lo que dice la Constitución, (tras la votación) se respetará lo que dice la mayoría”, sostuvo.
TLC Perú China
Respecto a la firma del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Perú y China, Velásquez Quesquén sostuvo que es un paso adelante del país.
“No habrá nadie que pueda cuestionar un proceso de integración de esta naturaleza, de economías emergentes como la China que en 20 ó 30 años será reconocida como una potencia”.
Agregó que además la firma de un tratado con el país asiático demuestra al mundo “que la economía peruana es estimada en el mundo entero”.
Sobre la supuesta falta de ética del congresista Javier Valle Riestra al actuar como abogado del asilado Manuel Rosales, sostuvo que la Constitución y el Reglamento del Parlamento indican que la función parlamentaria “no es a dedicación exclusiva”.
“Históricamente, los congresistas siempre han ejercido sus labores de abogados”, refirió.
(ANDINA).- El titular del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, adelantó que este fin de semana el presidente Alan García Pérez entregaría al Parlamento la propuesta de candidato para el cargo de Contralor General de la República.
“Estoy en condiciones de decirle que el presidente (de la República, Alan García) alcanzará la propuesta este fin de semana y la próxima semana la Comisión (Permanente) se estaría reuniendo”, indicó.
Tras participar en la presentación de la Campaña de Donación de Sangre promovida por el Instituto de Salud del Niño, precisó que el presidente, según la Constitución, tiene la legítima atribución de nombrar al candidato.
Por ello, agregó, hay algunos nombres que fueron consultados con las bancadas congresales, los cuales, no se hicieron públicos para no maltratar a los profesionales que participan de este proceso de elección.
“Nosotros evaluamos si (el candidato) cumple con lo que dice la Constitución, (tras la votación) se respetará lo que dice la mayoría”, sostuvo.
TLC Perú China
Respecto a la firma del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Perú y China, Velásquez Quesquén sostuvo que es un paso adelante del país.
“No habrá nadie que pueda cuestionar un proceso de integración de esta naturaleza, de economías emergentes como la China que en 20 ó 30 años será reconocida como una potencia”.
Agregó que además la firma de un tratado con el país asiático demuestra al mundo “que la economía peruana es estimada en el mundo entero”.
Sobre la supuesta falta de ética del congresista Javier Valle Riestra al actuar como abogado del asilado Manuel Rosales, sostuvo que la Constitución y el Reglamento del Parlamento indican que la función parlamentaria “no es a dedicación exclusiva”.
“Históricamente, los congresistas siempre han ejercido sus labores de abogados”, refirió.
Turismo receptivo en Perú se podría incrementar impulsado por influenza porcina
(ANDINA).- El turismo receptivo en el Perú se podría incrementar en los próximos meses impulsado la gripe porcina, pues muchos viajeros extranjeros están reprogramando el destino de sus vacaciones, indicó hoy el Comité de Turismo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
"El turismo a México se ha visto seriamente afectado por la gripe porcina, por eso sin duda habría una posibilidad para que quienes deseen viajar al exterior consideren ahora venir al Perú”, manifestó su presidente, Alvaro Benavides.
Dijo que desde la semana pasada cuando se informó el brote de la influenza porcina el ingreso de turistas extranjeros al país se ha mantenido inalterable, es decir, el tráfico es normal y no se han producido cancelaciones ni en los vuelos ni en las reservaciones de hoteles.
“No veo por qué el turismo al Perú podría verse afectado por este factor, siempre hay un elemento psicológico como pasó con la gripe asiática. Mientras la noticia siga caliente podría haber una disminución pero no sería significativa”, comentó a la agencia Andina.
Sostuvo que la mala racha por la que pasa el turismo en Centroamérica favorecería a dicho sector en el Perú, teniendo en cuenta que las culturas Maya, Azteca e Inca son muy parecidas.
“En algún momento nos favoreceríamos de esta situación y podríamos recibir un movimiento mayor de visitante extranjeros ávidos de conocer los restos arqueológicos de la región, y uno emblemático es Machu Picchu”, mencionó.
Destacó que durante el primer semestre de este año el turismo receptivo ha crecido entre seis y siete por ciento comparado con el mismo periodo del año anterior.
(ANDINA).- El turismo receptivo en el Perú se podría incrementar en los próximos meses impulsado la gripe porcina, pues muchos viajeros extranjeros están reprogramando el destino de sus vacaciones, indicó hoy el Comité de Turismo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
"El turismo a México se ha visto seriamente afectado por la gripe porcina, por eso sin duda habría una posibilidad para que quienes deseen viajar al exterior consideren ahora venir al Perú”, manifestó su presidente, Alvaro Benavides.
Dijo que desde la semana pasada cuando se informó el brote de la influenza porcina el ingreso de turistas extranjeros al país se ha mantenido inalterable, es decir, el tráfico es normal y no se han producido cancelaciones ni en los vuelos ni en las reservaciones de hoteles.
“No veo por qué el turismo al Perú podría verse afectado por este factor, siempre hay un elemento psicológico como pasó con la gripe asiática. Mientras la noticia siga caliente podría haber una disminución pero no sería significativa”, comentó a la agencia Andina.
Sostuvo que la mala racha por la que pasa el turismo en Centroamérica favorecería a dicho sector en el Perú, teniendo en cuenta que las culturas Maya, Azteca e Inca son muy parecidas.
“En algún momento nos favoreceríamos de esta situación y podríamos recibir un movimiento mayor de visitante extranjeros ávidos de conocer los restos arqueológicos de la región, y uno emblemático es Machu Picchu”, mencionó.
Destacó que durante el primer semestre de este año el turismo receptivo ha crecido entre seis y siete por ciento comparado con el mismo periodo del año anterior.
(ANDINA).- El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Carlos Mansilla, afirmó hoy que es necesario ampliar las facultades sancionadoras de este organismo para castigar faltas menores que cometan los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.
“Tenemos la potestad sancionadora de aplicar la destitución para faltas graves, pero no tenemos esa misma potestad en cuanto a las sanciones menores. Eso en la práctica significa una demora en los procedimientos algunas veces.”
Según explicó, la Constitución le otorga al CNM la facultad de destituir a los jueces o fiscales que hayan cometido una falta grave en el ejercicio de sus funciones; pero aclaró que esa misma potestad no la otorga la Carta Magna para aquellas faltas de menor rango.
Por ello, consideró necesario que la Ley de la Carrera Judicial amplíe las facultades al CNM, de tal manera que esas faltas “no queden varadas” en el Poder Judicial y el Ministerio Público, que las acciones no prescriban y que no se aplique la sanción oportuna.
A pesar de esta consideración, Mansilla aclaró que los siete miembros del CNM carecen de toda intención de convertirse en un “superpoder” o en un “poder paralelo” al atribuirse esta clase de funciones.
“El CNM no ve las cosas en esa forma, porque somos conscientes de la importancia en el país de los sistemas en general (…) Nuestra voluntad es de acercamiento coordinado y respetuoso del sistema”, manifestó a CPN Radio.
Por otra parte, rechazó la propuesta para que la evaluación de jueces y fiscales se realice en el mismo Poder Judicial y el Ministerio Público, porque esa labor es encomendada al CNM por la actual Constitución.
Reconoció que cada uno de estos organismos puede hacer una verificación del rendimiento de sus funcionarios, y que esos índices sean entregados, por ejemplo, anualmente al CNM, para que se cumpla con el proceso de ratificación.
“Pero compartir la labor de evaluar con fines de ratificación, de ninguna manera. Que cada institución se mida o se autoevalué no es muy prudente y no brinda mucha garantía. Es mejor que un organismo externo lo haga, con la seriedad necesaria.”
Por otro lado, Mansilla negó que el consejo incurra en duplicidad de funciones con la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) en el ámbito de las sanciones aplicadas a jueces y fiscales.
“La Ocma hace lo suyo y lleva a cabo una tarea interesante. Realiza su investigación previa, que da lugar a que el Poder Judicial pida la destitución de algún magistrado, y eso sirve de insumo para nuestro propio procedimiento”, mencionó.
“Tenemos la potestad sancionadora de aplicar la destitución para faltas graves, pero no tenemos esa misma potestad en cuanto a las sanciones menores. Eso en la práctica significa una demora en los procedimientos algunas veces.”
Según explicó, la Constitución le otorga al CNM la facultad de destituir a los jueces o fiscales que hayan cometido una falta grave en el ejercicio de sus funciones; pero aclaró que esa misma potestad no la otorga la Carta Magna para aquellas faltas de menor rango.
Por ello, consideró necesario que la Ley de la Carrera Judicial amplíe las facultades al CNM, de tal manera que esas faltas “no queden varadas” en el Poder Judicial y el Ministerio Público, que las acciones no prescriban y que no se aplique la sanción oportuna.
A pesar de esta consideración, Mansilla aclaró que los siete miembros del CNM carecen de toda intención de convertirse en un “superpoder” o en un “poder paralelo” al atribuirse esta clase de funciones.
“El CNM no ve las cosas en esa forma, porque somos conscientes de la importancia en el país de los sistemas en general (…) Nuestra voluntad es de acercamiento coordinado y respetuoso del sistema”, manifestó a CPN Radio.
Por otra parte, rechazó la propuesta para que la evaluación de jueces y fiscales se realice en el mismo Poder Judicial y el Ministerio Público, porque esa labor es encomendada al CNM por la actual Constitución.
Reconoció que cada uno de estos organismos puede hacer una verificación del rendimiento de sus funcionarios, y que esos índices sean entregados, por ejemplo, anualmente al CNM, para que se cumpla con el proceso de ratificación.
“Pero compartir la labor de evaluar con fines de ratificación, de ninguna manera. Que cada institución se mida o se autoevalué no es muy prudente y no brinda mucha garantía. Es mejor que un organismo externo lo haga, con la seriedad necesaria.”
Por otro lado, Mansilla negó que el consejo incurra en duplicidad de funciones con la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) en el ámbito de las sanciones aplicadas a jueces y fiscales.
“La Ocma hace lo suyo y lleva a cabo una tarea interesante. Realiza su investigación previa, que da lugar a que el Poder Judicial pida la destitución de algún magistrado, y eso sirve de insumo para nuestro propio procedimiento”, mencionó.
Categoría: Artículos derecho constitucional
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27/04/09: CNM no compartirá ratificación de jueces
La República
El Poder Judicial puede medir el rendimiento de los jueces y enviar esos informes al Consejo Nacional de la Magistratura, pero no puede realizar una evaluación que esté relacionada con la ratificación de los magistrados, aseguró el titular de este organismo, Carlos Mansilla Gardella.
Además, el magistrado señaló que el artículo 154 de la Constitución dispone que el Consejo Nacional de la Magistratura realice la ratificación de jueces y fiscales cada siete años. Añadió que la misma norma indica que esa competencia le corresponde exclusiva y excluyentemente al CNM, es decir, no puede ser compartida con ningún otro organismo.
“El artículo 154 de la Constitución señala la potestad del CNM de la evaluación con fines de ratificación cada tres años. De manera que pensar en una evaluación donde participe el Consejo de la Magistratura con miembros del Poder Judicial, jamás la hemos compartido y esto se le hizo conocer al Congreso, señalando la necesidad de hacer la rectificación correspondiente”, expresó.
“Se han presentado algunas alternativas, como que el Poder Judicial cada cierto tiempo realice una medición del rendimiento de sus jueces, obteniendo reportes de producción dentro de un ámbito de auditoria operacional, que luego nos sean dados a conocer como un insumo permanente para los fines expresos de nuestra ratificación que se realiza cada siete años. De ser así no tendríamos en el fondo porque oponernos, pero en la medida que no colisione con la función que la Constitución acuerda únicamente para el CNM, que es la evaluación con fines de ratificación”, señaló.
Fue al comentar la reunión sostenida por los presidentes del Poder Judicial, Congreso y Consejo de Ministros, Javier Villa Stein, Javier Velásquez Quesquén y Yehude Simon, con la ministra de Justicia, Rosario Fernández, para solucionar el impasse surgido por la aplicación de la Ley de Carrera Judicial.
En ese sentido, ratificó que no comparte el planteamiento que la evaluación de los magistrados con fines de ratificación “se haga en conjunto con otra institución”. Indicó que ya el CNM ha diseñado una comisión de trabajo encargada de implementar la Ley de Carrera Judicial y sólo están a la espera de que entre en vigencia.
“Estamos trabajando por ejemplo, en como van a tener que modificarse nuestros reglamentos en materia de selección y nombramiento, en evaluación y ratificación y en materia de procesos disciplinarios. (...) Esta comisión está presidida por quien habla e integrada por los presidentes de las comisiones internas que ven estos temas”, aseveró.
Mansilla Gardella descartó además que el planteamiento de la evaluación permanente sea un instrumento que busque romper con la independencia del Poder Judicial. “No debemos plantearnos esos fantasmas en el aire. (…) Este tema debe verse con amplitud”, dijo.
El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), reafirmó que es necesario ampliar las facultades sancionadoras de este organismo para castigar faltas menores que cometan los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Según detalló, la Constitución le otorga al CNM la facultad de destituir a los jueces o fiscales que hayan cometido una falta grave en el ejercicio de sus funciones, pero aclaró que esa misma potestad no la otorga para aquellas faltas de menor rango. Consideró necesario que la Ley de Carrera Judicial amplíe las facultades al CNM, de tal manera que esas faltas no queden varadas en el Poder Judicial y en el Ministerio Público.
“Hay ocasiones en que la Corte Suprema y la Fiscalía de la Nación solicitan la destitución de un juez o fiscal de un nivel inferior al supremo. Si llegamos a una conclusión de que está probada la falta, pero no corresponde destituir pero sí una sanción menor, se devuelven los expedientes para aplicar la sanción, el problema es que esto dilata los procedimientos. Lo que estamos pidiendo es que estemos autorizados a aplicar sanciones menores a la destitución sin devolver los expedientes y generar que estos prescriban”, explicó. (Con información de Ideeleradio)
El Poder Judicial puede medir el rendimiento de los jueces y enviar esos informes al Consejo Nacional de la Magistratura, pero no puede realizar una evaluación que esté relacionada con la ratificación de los magistrados, aseguró el titular de este organismo, Carlos Mansilla Gardella.
Además, el magistrado señaló que el artículo 154 de la Constitución dispone que el Consejo Nacional de la Magistratura realice la ratificación de jueces y fiscales cada siete años. Añadió que la misma norma indica que esa competencia le corresponde exclusiva y excluyentemente al CNM, es decir, no puede ser compartida con ningún otro organismo.
“El artículo 154 de la Constitución señala la potestad del CNM de la evaluación con fines de ratificación cada tres años. De manera que pensar en una evaluación donde participe el Consejo de la Magistratura con miembros del Poder Judicial, jamás la hemos compartido y esto se le hizo conocer al Congreso, señalando la necesidad de hacer la rectificación correspondiente”, expresó.
“Se han presentado algunas alternativas, como que el Poder Judicial cada cierto tiempo realice una medición del rendimiento de sus jueces, obteniendo reportes de producción dentro de un ámbito de auditoria operacional, que luego nos sean dados a conocer como un insumo permanente para los fines expresos de nuestra ratificación que se realiza cada siete años. De ser así no tendríamos en el fondo porque oponernos, pero en la medida que no colisione con la función que la Constitución acuerda únicamente para el CNM, que es la evaluación con fines de ratificación”, señaló.
Fue al comentar la reunión sostenida por los presidentes del Poder Judicial, Congreso y Consejo de Ministros, Javier Villa Stein, Javier Velásquez Quesquén y Yehude Simon, con la ministra de Justicia, Rosario Fernández, para solucionar el impasse surgido por la aplicación de la Ley de Carrera Judicial.
En ese sentido, ratificó que no comparte el planteamiento que la evaluación de los magistrados con fines de ratificación “se haga en conjunto con otra institución”. Indicó que ya el CNM ha diseñado una comisión de trabajo encargada de implementar la Ley de Carrera Judicial y sólo están a la espera de que entre en vigencia.
“Estamos trabajando por ejemplo, en como van a tener que modificarse nuestros reglamentos en materia de selección y nombramiento, en evaluación y ratificación y en materia de procesos disciplinarios. (...) Esta comisión está presidida por quien habla e integrada por los presidentes de las comisiones internas que ven estos temas”, aseveró.
Mansilla Gardella descartó además que el planteamiento de la evaluación permanente sea un instrumento que busque romper con la independencia del Poder Judicial. “No debemos plantearnos esos fantasmas en el aire. (…) Este tema debe verse con amplitud”, dijo.
El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), reafirmó que es necesario ampliar las facultades sancionadoras de este organismo para castigar faltas menores que cometan los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Según detalló, la Constitución le otorga al CNM la facultad de destituir a los jueces o fiscales que hayan cometido una falta grave en el ejercicio de sus funciones, pero aclaró que esa misma potestad no la otorga para aquellas faltas de menor rango. Consideró necesario que la Ley de Carrera Judicial amplíe las facultades al CNM, de tal manera que esas faltas no queden varadas en el Poder Judicial y en el Ministerio Público.
“Hay ocasiones en que la Corte Suprema y la Fiscalía de la Nación solicitan la destitución de un juez o fiscal de un nivel inferior al supremo. Si llegamos a una conclusión de que está probada la falta, pero no corresponde destituir pero sí una sanción menor, se devuelven los expedientes para aplicar la sanción, el problema es que esto dilata los procedimientos. Lo que estamos pidiendo es que estemos autorizados a aplicar sanciones menores a la destitución sin devolver los expedientes y generar que estos prescriban”, explicó. (Con información de Ideeleradio)
Categoría: Artículos derecho constitucional
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Las 33 legisladoras se pronunciarán este miércoles en la Comisión de la Mujer. Beteta y Sasieta denuncian que hay un sesgo machista
Por Jorge Saldaña
El Comercio
Se quebró el consenso multipartidario para sacar adelante el paquete electoral de fondo pendiente en la agenda del Congreso.
Del saque, ahorita hay 33 votos menos para aprobar la eliminación del voto preferencial, que constituye uno de los dictámenes medulares del conjunto de propuestas que apuntan a modificar las reglas de juego electorales de cara a los próximos comicios del 2010 y 2011.
Resulta que las 33 congresistas —las que actualmente están en funciones— habrían acordado, en los últimos días, “dar la contra” a sus colegas varones que quieren eliminar el voto preferencial.
¿Cuál es la razón? Las congresistas de todas las bancadas parlamentarias están muy molestas con sus colegas del otro género, especialmente quienes pertenecen a la Comisión de Constitución del Parlamento porque gracias a ellos se archivó —en contados minutos— la ley de la alternancia.
Esta disposición legal fue uno de los sueños más acariciados desde octubre del 2007 por las legisladoras, ya que planteaba que todas las agrupaciones partidarias en carrera electoral confeccionaran sus listas de candidatos para las elecciones generales, regionales y municipales entre varones y mujeres en forma alternada, desde el primer lugar hasta el último.
La congresista de Unión por el Perú (UPP) y presidenta de la Comisión de la Mujer del Parlamento, Karina Beteta, confirmó ayer a El Comercio la mortificación que existe entre sus colegas e incluso aseveró que cuando este miércoles se reúna este grupo de trabajo propondrá suscribir un pronunciamiento multipartidario de rechazo por el archivamiento de esta proposición legal.
“Lo que buscábamos con esta ley de alternancia era que las mujeres tuvieran mayor presencia en las listas electorales. Pero en vez de mejorarlo, lo que ha hecho la Comisión de Constitución es archivarlo en un gesto machista, pues muchos de los varones ven peligrosa la incursión de las mujeres en la política. Lo único que nos queda es luchar para que el voto preferencial no sea eliminado”, reclamó.
Su colega de Alianza Parlamentaria Rosario Sasieta fue más dura en su crítica a sus colegas varones porque consideró que con el archivamiento de esta propuesta de ley “se ha dejado de lado a 14 millones de mujeres peruanas. ¡Los varones (de la Comisión de Constitución) han decidido que las candidatas vayan ahora al fondo de la lista electoral! ¡Se ha enviado al archivo medio siglo de reivindicación para la mujer peruana que está subrepresentada!”, alertó.
Este fin de semana la ministra de la Mujer, Carmen Vildoso, anunció que presentará un proyecto de ley para asegurar la elección femenina al Parlamento.
MÁS DATOS
Hacia dónde van las reformas legales – En la agenda político-electoral del Congreso están pendientes de pronunciamiento parlamentario tres temas de fondo: la eliminación del voto preferencial, la modificación de la Ley de Partidos Políticos y el retorno a la bicameralidad.
- Los dos primeros temas requieren votación calificada (61 votos) porque se trata de cambios de las leyes de Elecciones y de Partidos Políticos. El tercer ítem implica una reforma constitucional, para lo cual se requiere la adhesión de 81 votos conformes.
Por Jorge Saldaña
El Comercio
Se quebró el consenso multipartidario para sacar adelante el paquete electoral de fondo pendiente en la agenda del Congreso.
Del saque, ahorita hay 33 votos menos para aprobar la eliminación del voto preferencial, que constituye uno de los dictámenes medulares del conjunto de propuestas que apuntan a modificar las reglas de juego electorales de cara a los próximos comicios del 2010 y 2011.
Resulta que las 33 congresistas —las que actualmente están en funciones— habrían acordado, en los últimos días, “dar la contra” a sus colegas varones que quieren eliminar el voto preferencial.
¿Cuál es la razón? Las congresistas de todas las bancadas parlamentarias están muy molestas con sus colegas del otro género, especialmente quienes pertenecen a la Comisión de Constitución del Parlamento porque gracias a ellos se archivó —en contados minutos— la ley de la alternancia.
Esta disposición legal fue uno de los sueños más acariciados desde octubre del 2007 por las legisladoras, ya que planteaba que todas las agrupaciones partidarias en carrera electoral confeccionaran sus listas de candidatos para las elecciones generales, regionales y municipales entre varones y mujeres en forma alternada, desde el primer lugar hasta el último.
La congresista de Unión por el Perú (UPP) y presidenta de la Comisión de la Mujer del Parlamento, Karina Beteta, confirmó ayer a El Comercio la mortificación que existe entre sus colegas e incluso aseveró que cuando este miércoles se reúna este grupo de trabajo propondrá suscribir un pronunciamiento multipartidario de rechazo por el archivamiento de esta proposición legal.
“Lo que buscábamos con esta ley de alternancia era que las mujeres tuvieran mayor presencia en las listas electorales. Pero en vez de mejorarlo, lo que ha hecho la Comisión de Constitución es archivarlo en un gesto machista, pues muchos de los varones ven peligrosa la incursión de las mujeres en la política. Lo único que nos queda es luchar para que el voto preferencial no sea eliminado”, reclamó.
Su colega de Alianza Parlamentaria Rosario Sasieta fue más dura en su crítica a sus colegas varones porque consideró que con el archivamiento de esta propuesta de ley “se ha dejado de lado a 14 millones de mujeres peruanas. ¡Los varones (de la Comisión de Constitución) han decidido que las candidatas vayan ahora al fondo de la lista electoral! ¡Se ha enviado al archivo medio siglo de reivindicación para la mujer peruana que está subrepresentada!”, alertó.
Este fin de semana la ministra de la Mujer, Carmen Vildoso, anunció que presentará un proyecto de ley para asegurar la elección femenina al Parlamento.
MÁS DATOS
Hacia dónde van las reformas legales – En la agenda político-electoral del Congreso están pendientes de pronunciamiento parlamentario tres temas de fondo: la eliminación del voto preferencial, la modificación de la Ley de Partidos Políticos y el retorno a la bicameralidad.
- Los dos primeros temas requieren votación calificada (61 votos) porque se trata de cambios de las leyes de Elecciones y de Partidos Políticos. El tercer ítem implica una reforma constitucional, para lo cual se requiere la adhesión de 81 votos conformes.
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Ama Sarunchawaychu
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
No me menosprecies, no me discrimines, no me pisotees.
La congresista Hilaria Supa me hizo acordar esta semana el primer semestre de mi maestría en la Universidad de Harvard, cuando hace veinticinco años no saben cómo pataleaba para redactar mis informes y monografías académicas en inglés.
Pero yo tuve más suerte que ella pues nadie se burló de mí por la manera como hablaba y escribía en inglés. Al contrario, tuve la comprensión y ayuda de compañeros y profesores –varios candidatos al Nobel– que se fijaban más en el fondo que en la forma de mis intervenciones, como expresión de tolerancia propia de un lugar que rechaza el racismo y valora la diversidad cultural que, gracias a la participación de gente de todo el mundo, beneficia a todos los miembros de la comunidad.
Supa –cuya lengua materna es el quechua– no tiene que ser una mala congresista porque escribe horriblemente en español. Sostenerlo implica una actitud racista, discriminatoria y que no comprende el beneficio de la diversidad cultural, especialmente en una sociedad donde 3.3 millones son quechuahablantes y –aunque a algunos les moleste– ciudadanos.
Su integración a la sociedad es difícil por el racismo que impera en el país, y por la pésima calidad de la educación pública que también afecta a las comunidades indígenas y especialmente a las mujeres de las zonas rurales, que son el segmento poblacional más postergado. Por ello, más que la mala ortografía de Supa, me preocupa la página en blanco del ministro de Educación en este incidente. Su silencio es penoso.
Para el ejercicio de la función de representación política de esos peruanos, es crucial la participación en el Congreso de personas como Supa. Las minorías deben estar representadas. Aunque no hablen ni escriban bien en español.
En ese contexto, la preocupación por la calidad del Congreso peruano es, sin duda, legítima. Este periodista se ha pasado los últimos años haciendo notar sus problemas y obtuvo, por ello, en el año 2004, una ‘censura’ del Parlamento. Pero cuando decía que el Congreso se comportaba como una institución mediocre y corrupta no me refería a la manera como escriben sus miembros sino, por ejemplo, a conductas delictivas. Al margen de cómo hablan o escriben en español.
A pesar de todo, ante opiniones e informaciones que promueven el racismo no cabe –como ha planteado la parlamentaria Supa– una acción legal. El Congreso es un lugar público, sí es un recurso periodístico válido fotografiar documentos como el cuaderno de un parlamentario, y no se puede enjuiciar a nadie por sus ideas, por más equivocadas, disparatadas o agraviantes que sean. Este no es un asunto jurídico sino principalmente de ética y de decencia.
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
No me menosprecies, no me discrimines, no me pisotees.
La congresista Hilaria Supa me hizo acordar esta semana el primer semestre de mi maestría en la Universidad de Harvard, cuando hace veinticinco años no saben cómo pataleaba para redactar mis informes y monografías académicas en inglés.
Pero yo tuve más suerte que ella pues nadie se burló de mí por la manera como hablaba y escribía en inglés. Al contrario, tuve la comprensión y ayuda de compañeros y profesores –varios candidatos al Nobel– que se fijaban más en el fondo que en la forma de mis intervenciones, como expresión de tolerancia propia de un lugar que rechaza el racismo y valora la diversidad cultural que, gracias a la participación de gente de todo el mundo, beneficia a todos los miembros de la comunidad.
Supa –cuya lengua materna es el quechua– no tiene que ser una mala congresista porque escribe horriblemente en español. Sostenerlo implica una actitud racista, discriminatoria y que no comprende el beneficio de la diversidad cultural, especialmente en una sociedad donde 3.3 millones son quechuahablantes y –aunque a algunos les moleste– ciudadanos.
Su integración a la sociedad es difícil por el racismo que impera en el país, y por la pésima calidad de la educación pública que también afecta a las comunidades indígenas y especialmente a las mujeres de las zonas rurales, que son el segmento poblacional más postergado. Por ello, más que la mala ortografía de Supa, me preocupa la página en blanco del ministro de Educación en este incidente. Su silencio es penoso.
Para el ejercicio de la función de representación política de esos peruanos, es crucial la participación en el Congreso de personas como Supa. Las minorías deben estar representadas. Aunque no hablen ni escriban bien en español.
En ese contexto, la preocupación por la calidad del Congreso peruano es, sin duda, legítima. Este periodista se ha pasado los últimos años haciendo notar sus problemas y obtuvo, por ello, en el año 2004, una ‘censura’ del Parlamento. Pero cuando decía que el Congreso se comportaba como una institución mediocre y corrupta no me refería a la manera como escriben sus miembros sino, por ejemplo, a conductas delictivas. Al margen de cómo hablan o escriben en español.
A pesar de todo, ante opiniones e informaciones que promueven el racismo no cabe –como ha planteado la parlamentaria Supa– una acción legal. El Congreso es un lugar público, sí es un recurso periodístico válido fotografiar documentos como el cuaderno de un parlamentario, y no se puede enjuiciar a nadie por sus ideas, por más equivocadas, disparatadas o agraviantes que sean. Este no es un asunto jurídico sino principalmente de ética y de decencia.
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El Comercio
Cancillería sostiene que frases son contrarias a los esfuerzos para luchar contra la discriminación racial y religiosa
(DPA).- El gobierno peruano deploró el discurso del presidente de Irán, Mahud Ahmadineyad, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Discriminación Racial realizada esta semana en Ginebra, por negar el Holocausto y hacer referencias racistas.
“Estas expresiones son contrarias a la posición del Perú, que condena el genocidio del Holocausto como un acto de barbarie que no debe repetirse”, señaló un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores difundido en la noche del viernes (local).
Las declaraciones de Ahmadineyad, además, son contrarias a los “esfuerzos para luchar contra la discriminación racial, la discriminación religiosa, la xenofobia y cualquier forma de intolerancia”.
La Cancillería peruana recordó que Perú es un “país multirracial empeñado en garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, por lo que rechaza que Irán niegue el Holocausto “como un hecho histórico contemporáneo”.
El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, en un discurso en la conferencia de la ONU en Ginebra calificó de racista la política de Israel en los territorios palestinos y acusó a los “sionistas y sus aliados” occidentales de haber planeado la guerra en Irak.
Ahmadineyad, quien tiene previsto visitar Brasil en mayo, cuestionó en el pasado el Holocausto judío y llamó a la destrucción de Israel.
Cancillería sostiene que frases son contrarias a los esfuerzos para luchar contra la discriminación racial y religiosa
(DPA).- El gobierno peruano deploró el discurso del presidente de Irán, Mahud Ahmadineyad, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Discriminación Racial realizada esta semana en Ginebra, por negar el Holocausto y hacer referencias racistas.
“Estas expresiones son contrarias a la posición del Perú, que condena el genocidio del Holocausto como un acto de barbarie que no debe repetirse”, señaló un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores difundido en la noche del viernes (local).
Las declaraciones de Ahmadineyad, además, son contrarias a los “esfuerzos para luchar contra la discriminación racial, la discriminación religiosa, la xenofobia y cualquier forma de intolerancia”.
La Cancillería peruana recordó que Perú es un “país multirracial empeñado en garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, por lo que rechaza que Irán niegue el Holocausto “como un hecho histórico contemporáneo”.
El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, en un discurso en la conferencia de la ONU en Ginebra calificó de racista la política de Israel en los territorios palestinos y acusó a los “sionistas y sus aliados” occidentales de haber planeado la guerra en Irak.
Ahmadineyad, quien tiene previsto visitar Brasil en mayo, cuestionó en el pasado el Holocausto judío y llamó a la destrucción de Israel.
Ministro Carranza no suelta dinero para sectores sociales
La República
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, se negó a atender una serie de demandas y reivindicaciones sociales de diferentes sectores. (Más información en la Edición impresa de La República)
Carranza anunció que el Poder Ejecutivo observará el proyecto de ley que plantea exonerar de los aportes de AFP y Essalud a las gratificaciones de julio y diciembre, en caso sea aprobado por el Pleno del Congreso.
Indicó que no solo el Estado tendrá problemas por una menor recaudación. Essalud se verá descapitalizada y el propio individuo será afectado en un menor ahorro de su pensión², justificó ayer el titular del MEF.
Carranza también quitó la esperanza de los fonavistas, quienes aguardan un referéndum para obtener la devolución de los aportes.
”No puedo entregar ni un sol si no hay un marco legal que me autorice a entregar el dinero”, dijo en una radio local.
La República
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, se negó a atender una serie de demandas y reivindicaciones sociales de diferentes sectores. (Más información en la Edición impresa de La República)
Carranza anunció que el Poder Ejecutivo observará el proyecto de ley que plantea exonerar de los aportes de AFP y Essalud a las gratificaciones de julio y diciembre, en caso sea aprobado por el Pleno del Congreso.
Indicó que no solo el Estado tendrá problemas por una menor recaudación. Essalud se verá descapitalizada y el propio individuo será afectado en un menor ahorro de su pensión², justificó ayer el titular del MEF.
Carranza también quitó la esperanza de los fonavistas, quienes aguardan un referéndum para obtener la devolución de los aportes.
”No puedo entregar ni un sol si no hay un marco legal que me autorice a entregar el dinero”, dijo en una radio local.
El Perú se declaró en alerta al reforzar el control en los aeropuertos y puso en ejecución un plan epidemiológico
El Comercio (DPA).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de gripe porcina en México y Estados Unidos una “emergencia de salud pública de preocupación internacional”, mientras que Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Argentina, Chile y Colombia se declaraban en alerta ante el mal.
La OMS podría recomendar incluso restricciones a realizar viajes y al comercio. Por ahora, se comenzaron a implementar, desde Chile hasta Japón, estrictos planes sanitarios que incluyen controles a los pasajeros que arriban procedentes de las zonas afectadas.
Al menos 20 de las víctimas en México fallecieron por gripe porcina, entre 81 muertes que ocurrieron en el país. Además, hay 1.324 personas hospitalizadas y sujetas a estudios para determinar si están afectadas por este padecimiento, que se transmite entre humanos. Se han cerrado escuelas, museos y otros espacios públicos para evitar el contagio.
En Estados Unidos hay 11 afectados, pero ningún muerto. Hasta ahora se han detectado siete casos confirmados en California, nueve en Texas y dos en Kansas, además de un caso sospechoso en Texas y ocho o nueve probables en Nueva York.
El ministro de Salud de Chile, Álvaro Erazo, confirmó que existen en el país tres casos de sospecha de gripe porcina. Tras encabezar la Comisión Nacional de Respuesta a Brotes y Emergencias Sanitarias, Erazo puntualizó que “dos de estos casos han tenido un primer examen negativo” y subrayó que “hay un tercer caso que aún está en estudio”.
También en Colombia, las autoridades anunciaron que están estudiando el estado de salud de cinco personas que presentan los síntomas de la influenza porcina tras visitar México en días pasados.
El secretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, sostuvo que se enviaron muestras de cinco pacientes a Atlanta para determinar si esas personas están o no enfermas de gripe porcina.
Por su parte, Guatemala, país que comparte 974 kilómetros de frontera con México, activó el Plan Nacional Antipandémico de Influenza (PNAI) en todos los servicios de salud y hospitales
Las autoridades de salud de Costa Rica declararon el alerta y el Ministerio de Salud dio instrucciones para reforzar la vigilancia sanitaria en aeropuertos y hospitales. Asimismo, lanzó un llamamiento a la ciudadanía a aumentar las medidas de higiene.
A su turno, el Ministerio de Salud de Nicaragua decretó alerta sanitaria. Edmundo Sánchez, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio, anunció que el alerta busca “incrementar la vigilancia preventiva” para evitar la expansión de la enfermedad hacia dicho país.
Advirtió que, dada la cercanía de México con los países de Centroamérica, la propagación de virus peligrosos puede ocurrir en cuestión de horas.
El gobierno de Nicaragua decidió hoy “restringir preventivamente las importaciones de productos y subproductos porcinos y cerdos vivos en tránsito procedentes de México”.
Por su parte, las autoridades de Salud de Panamá confirmaron la decisión de fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica. El subdirector del Instituto Gorgas de Estudios de la Salud, Javier Nieto, dijo que el lunes se reunirán en la capital panameña los integrantes de la Comisión Técnica de Influenza, con el objetivo de definir nuevas y efectivas medidas de alerta y contención.
En tanto, el Ministerio de Salud de Argentina emitió un alerta epidemiológica a las autoridades aeronáuticas y a los jefes de aeropuertos internacionales y los responsables de las compañías aéreas Mexicana de Aviación, Aero México y Delta Air Line que provengan de territorio mexicano.
La cartera solicitó a los responsables del tránsito aéreo que se informe a los tripulantes y pasajeros provenientes de México y sur de Estados Unidos que en el caso de presentar síntomas como fiebre alta, decaimiento, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza o dolor muscular lo informen de inmediato al personal de a bordo o a la autoridad sanitaria del aeropuerto de arribo.
En tanto, Uruguay instalará puestos centinelas de vigilancia, informó la ministra de Salud Pública, María Muñoz. Recomendó que todas las personas en el país que presenten fiebre alta, dolores musculares o catarro realicen consultas médicas y soliciten estudios de sangre.
Por su parte, el Perú dispuso una situación de alerta para evitar la llegada de la fiebre porcina y también reforzó el control en los aeropuertos, informaron autoridades sanitarias locales.
El director nacional de Defensa Civil, Alberto Bisval, dijo que se puso en ejecución un plan epidemiológico y que en caso que aparezca un primer afectado por la gripe porcina “los diversos actores tomarán las medidas para disminuir su propagación” en el país.
Asimismo, el gobierno de Ecuador dispuso la aplicación de medidas de prevención y control sanitario en puertos marítimos y aeropuertos. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud de esta nación descartó que la enfermedad se haya presentado en territorio ecautoriano.
Gregory Hartl, de la OMS, dijo al canal estadounidense CNN que la noticia de casos en Nueva York y Kansas “se está ampliando, reforzando la preocupación que tenemos de que la propagación de este virus… pueda ser potencialmente un virus pandémico”.
La declaración de una emergencia fue incluida en un comunicado de la directora general de la OMS, Margaret Chan, difundido desde Ginebra a través de la página web de la OMS.
Los eventos en México y Estados Unidos la llevaron a convocar un encuentro del “comité de emergencia”, que revisó los datos e identificó una “serie de vacíos en el conocimiento” sobre la epidemiología de la enfermedad.
“No obstante el comité acordó que la actual situación constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional”, aseveró la declaración de Chan.
Hartl explicó que la declaración es un recurso legal que posibilita a la OMS alertar al resto del mundo que comience a buscar indicios de la enfermedad.
El Comercio (DPA).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de gripe porcina en México y Estados Unidos una “emergencia de salud pública de preocupación internacional”, mientras que Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Argentina, Chile y Colombia se declaraban en alerta ante el mal.
La OMS podría recomendar incluso restricciones a realizar viajes y al comercio. Por ahora, se comenzaron a implementar, desde Chile hasta Japón, estrictos planes sanitarios que incluyen controles a los pasajeros que arriban procedentes de las zonas afectadas.
Al menos 20 de las víctimas en México fallecieron por gripe porcina, entre 81 muertes que ocurrieron en el país. Además, hay 1.324 personas hospitalizadas y sujetas a estudios para determinar si están afectadas por este padecimiento, que se transmite entre humanos. Se han cerrado escuelas, museos y otros espacios públicos para evitar el contagio.
En Estados Unidos hay 11 afectados, pero ningún muerto. Hasta ahora se han detectado siete casos confirmados en California, nueve en Texas y dos en Kansas, además de un caso sospechoso en Texas y ocho o nueve probables en Nueva York.
El ministro de Salud de Chile, Álvaro Erazo, confirmó que existen en el país tres casos de sospecha de gripe porcina. Tras encabezar la Comisión Nacional de Respuesta a Brotes y Emergencias Sanitarias, Erazo puntualizó que “dos de estos casos han tenido un primer examen negativo” y subrayó que “hay un tercer caso que aún está en estudio”.
También en Colombia, las autoridades anunciaron que están estudiando el estado de salud de cinco personas que presentan los síntomas de la influenza porcina tras visitar México en días pasados.
El secretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, sostuvo que se enviaron muestras de cinco pacientes a Atlanta para determinar si esas personas están o no enfermas de gripe porcina.
Por su parte, Guatemala, país que comparte 974 kilómetros de frontera con México, activó el Plan Nacional Antipandémico de Influenza (PNAI) en todos los servicios de salud y hospitales
Las autoridades de salud de Costa Rica declararon el alerta y el Ministerio de Salud dio instrucciones para reforzar la vigilancia sanitaria en aeropuertos y hospitales. Asimismo, lanzó un llamamiento a la ciudadanía a aumentar las medidas de higiene.
A su turno, el Ministerio de Salud de Nicaragua decretó alerta sanitaria. Edmundo Sánchez, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio, anunció que el alerta busca “incrementar la vigilancia preventiva” para evitar la expansión de la enfermedad hacia dicho país.
Advirtió que, dada la cercanía de México con los países de Centroamérica, la propagación de virus peligrosos puede ocurrir en cuestión de horas.
El gobierno de Nicaragua decidió hoy “restringir preventivamente las importaciones de productos y subproductos porcinos y cerdos vivos en tránsito procedentes de México”.
Por su parte, las autoridades de Salud de Panamá confirmaron la decisión de fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica. El subdirector del Instituto Gorgas de Estudios de la Salud, Javier Nieto, dijo que el lunes se reunirán en la capital panameña los integrantes de la Comisión Técnica de Influenza, con el objetivo de definir nuevas y efectivas medidas de alerta y contención.
En tanto, el Ministerio de Salud de Argentina emitió un alerta epidemiológica a las autoridades aeronáuticas y a los jefes de aeropuertos internacionales y los responsables de las compañías aéreas Mexicana de Aviación, Aero México y Delta Air Line que provengan de territorio mexicano.
La cartera solicitó a los responsables del tránsito aéreo que se informe a los tripulantes y pasajeros provenientes de México y sur de Estados Unidos que en el caso de presentar síntomas como fiebre alta, decaimiento, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza o dolor muscular lo informen de inmediato al personal de a bordo o a la autoridad sanitaria del aeropuerto de arribo.
En tanto, Uruguay instalará puestos centinelas de vigilancia, informó la ministra de Salud Pública, María Muñoz. Recomendó que todas las personas en el país que presenten fiebre alta, dolores musculares o catarro realicen consultas médicas y soliciten estudios de sangre.
Por su parte, el Perú dispuso una situación de alerta para evitar la llegada de la fiebre porcina y también reforzó el control en los aeropuertos, informaron autoridades sanitarias locales.
El director nacional de Defensa Civil, Alberto Bisval, dijo que se puso en ejecución un plan epidemiológico y que en caso que aparezca un primer afectado por la gripe porcina “los diversos actores tomarán las medidas para disminuir su propagación” en el país.
Asimismo, el gobierno de Ecuador dispuso la aplicación de medidas de prevención y control sanitario en puertos marítimos y aeropuertos. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud de esta nación descartó que la enfermedad se haya presentado en territorio ecautoriano.
Gregory Hartl, de la OMS, dijo al canal estadounidense CNN que la noticia de casos en Nueva York y Kansas “se está ampliando, reforzando la preocupación que tenemos de que la propagación de este virus… pueda ser potencialmente un virus pandémico”.
La declaración de una emergencia fue incluida en un comunicado de la directora general de la OMS, Margaret Chan, difundido desde Ginebra a través de la página web de la OMS.
Los eventos en México y Estados Unidos la llevaron a convocar un encuentro del “comité de emergencia”, que revisó los datos e identificó una “serie de vacíos en el conocimiento” sobre la epidemiología de la enfermedad.
“No obstante el comité acordó que la actual situación constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional”, aseveró la declaración de Chan.
Hartl explicó que la declaración es un recurso legal que posibilita a la OMS alertar al resto del mundo que comience a buscar indicios de la enfermedad.
Economista Pedro Pablo Kuczynski se plantea concurrir en comicios de 2011
La República
El ex premier Pedro Pablo Kuczynski se está planteando la posibilidad de concurrir en las elecciones presidenciales que tendrán lugar en 2011.
Así lo reveló en una entrevista publicada hoy por el diario chileno El Mercurio.
"En este momento estoy explorando, hablo un poco con todo el país. Ya hay varios candidatos anunciados (...) represento algo distinto a ellos, una postura más técnica, más dedicada a la parte económica", dijo.
Aunque admitió que entre los otros candidatos, "hay gente muy capaz", Kuczynski cree tener "al menos la experiencia" para aspirar a la primera magistratura peruana y que "podría hacerlo bien", pero recalcó que en este momento, "no hay fuerzas políticas tan claras" y que las tendencias "están en torno a personalidades".
A su juicio, Keiko Fujimori, hija del ex gobernante Alberto Fujimori, recientemente condenado a 25 años por violaciones a los derechos humanos durante su mandato (1990-2000), lidera las encuestas "porque su padre fue presidente".
Sin embargo, advirtió que "hay que ver si tiene una fuerza específica", además de considerar que "su experiencia es limitada".
Asimismo, indicó que el riesgo de que ganen candidatos como el nacionalista Ollanta Humala "es bajo y va bajando cada vez más", porque hay un cambio en la mentalidad de los jóvenes, "que hoy se preocupan de su futuro económico, no por el modelo o cosas así. La gente se ha vuelto más práctica".
En el plano económico, Kuczynski, que también fue ministro de Economía, está convencido de que el frenazo económico de su país a causa de la crisis "no es tan grande" y que una superada la coyuntura, volverá a crecer al 6 por ciento "durante muchos años".
Considerado en medios económicos y financieros uno de los artífices del llamado "milagro peruano", el ex ministro subrayó que su país "está en un proceso de un gran cambio económico" y que sin duda, tras "este ciclo terrible" en el mundo, Perú "va a seguir creciendo".
Reiteró que hay una desaceleración por la crisis, "pero no es fatal, la gente habla de la crisis, pero no la siente".
"Es inevitable que la recesión empiece a desaparecer a fin de año; el peligro más bien es que terminemos con inflación", recalcó.
En cuanto a la relación entre Perú y Chile, Kuczynski consideró que la Corte de La Haya "es el foro correcto" para resolver la demanda de Lima para modificar el límite marítimo con Chile y sostuvo que las relaciones bilaterales "son buenas" y en el ámbito económico, "muy buenas". (Santiago de Chile, EFE).
La República
El ex premier Pedro Pablo Kuczynski se está planteando la posibilidad de concurrir en las elecciones presidenciales que tendrán lugar en 2011.
Así lo reveló en una entrevista publicada hoy por el diario chileno El Mercurio.
"En este momento estoy explorando, hablo un poco con todo el país. Ya hay varios candidatos anunciados (...) represento algo distinto a ellos, una postura más técnica, más dedicada a la parte económica", dijo.
Aunque admitió que entre los otros candidatos, "hay gente muy capaz", Kuczynski cree tener "al menos la experiencia" para aspirar a la primera magistratura peruana y que "podría hacerlo bien", pero recalcó que en este momento, "no hay fuerzas políticas tan claras" y que las tendencias "están en torno a personalidades".
A su juicio, Keiko Fujimori, hija del ex gobernante Alberto Fujimori, recientemente condenado a 25 años por violaciones a los derechos humanos durante su mandato (1990-2000), lidera las encuestas "porque su padre fue presidente".
Sin embargo, advirtió que "hay que ver si tiene una fuerza específica", además de considerar que "su experiencia es limitada".
Asimismo, indicó que el riesgo de que ganen candidatos como el nacionalista Ollanta Humala "es bajo y va bajando cada vez más", porque hay un cambio en la mentalidad de los jóvenes, "que hoy se preocupan de su futuro económico, no por el modelo o cosas así. La gente se ha vuelto más práctica".
En el plano económico, Kuczynski, que también fue ministro de Economía, está convencido de que el frenazo económico de su país a causa de la crisis "no es tan grande" y que una superada la coyuntura, volverá a crecer al 6 por ciento "durante muchos años".
Considerado en medios económicos y financieros uno de los artífices del llamado "milagro peruano", el ex ministro subrayó que su país "está en un proceso de un gran cambio económico" y que sin duda, tras "este ciclo terrible" en el mundo, Perú "va a seguir creciendo".
Reiteró que hay una desaceleración por la crisis, "pero no es fatal, la gente habla de la crisis, pero no la siente".
"Es inevitable que la recesión empiece a desaparecer a fin de año; el peligro más bien es que terminemos con inflación", recalcó.
En cuanto a la relación entre Perú y Chile, Kuczynski consideró que la Corte de La Haya "es el foro correcto" para resolver la demanda de Lima para modificar el límite marítimo con Chile y sostuvo que las relaciones bilaterales "son buenas" y en el ámbito económico, "muy buenas". (Santiago de Chile, EFE).
Categoría: Artículos de política
Publicado por: mbermudez
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Unos 81 mexicanos habrían muerto por la gripe porcina
Pese a la alarmante cifra, solo 20 casos se ha confirmado que se debieron al virus, afirmó el Ministerio de Salud mexicano
El Comercio (EFE).- El ministro de Salud de México, Ángel Córdova, informó hoy de que las autoridades han contabilizado 81 muertes sospechosas de haber sido causadas por el brote de gripe porcina y que solo en 20 casos se ha confirmado que se debieron al virus.
Este sábado, añadió Córdova en una rueda de prensa en la residencia presidencial de Los Pinos, se presentaron ocho muertes más, pero aún no se sabe si fue causadas por la enfermedad.
El ministro detalló que desde el 13 de abril, cuando murió la primera persona víctima del brote viral, y hasta la tarde de este sábado, han ingresado en los hospitales del sistema de salud un total de 1.324 pacientes que han estado o están actualmente en estudio.
En el informe del viernes, Córdova dijo que había 1.004 casos y 48 muertes sospechosas y 20 confirmadas, principalmente en Ciudad de México y su zona metropolitana.
Este sábado indicó que la mayor parte de casos se presentan en la capital, seguida del vecino Estado de México y de San Luis Potosí, en el centro-norte del país, donde se han reportado 62 probables casos de contagio.
Del resto de los 32 estados mexicanos, en 15 no hay ningún informe de casos y en 14 se presentan menos de 30 posibles casos de posible contagio. Por eso, el ministro consideró que el virus “no está extendido en todo el país”.
El primer caso de muerte reportado y confirmado ocurrió en el sureño estado de Oaxaca el 13 de abril y se trató de una mujer, reveló luego.
A ese caso se le dio seguimiento y se sabe que hubo varios contactos “y que de ellos se enfermaron 45 de influenza (gripe) pero no de influenza grave”.
Según el ministro, en función del perfil de las víctimas, el principal grupo de riesgo son las personas en “edad productiva”, entre los 20 y 50 años.
Ningún niño ha muerto por este mal porque tienen supuestamente “un factor de inmunidad” ante el virus, aunque se desconoce cuál.
Especialistas estadounidenses y de la Organización Panamericana de la Salud han llegado a México para apoyar en las labores epidemiológicas.
Gracias a la adquisición de un equipo especial, el próximo martes se podrá realizar el estudio virológico en el país, ya que hasta ahora las autoridades han tenido que enviar las pruebas a laboratorios de Estados Unidos.
Pese a la alarmante cifra, solo 20 casos se ha confirmado que se debieron al virus, afirmó el Ministerio de Salud mexicano
El Comercio (EFE).- El ministro de Salud de México, Ángel Córdova, informó hoy de que las autoridades han contabilizado 81 muertes sospechosas de haber sido causadas por el brote de gripe porcina y que solo en 20 casos se ha confirmado que se debieron al virus.
Este sábado, añadió Córdova en una rueda de prensa en la residencia presidencial de Los Pinos, se presentaron ocho muertes más, pero aún no se sabe si fue causadas por la enfermedad.
El ministro detalló que desde el 13 de abril, cuando murió la primera persona víctima del brote viral, y hasta la tarde de este sábado, han ingresado en los hospitales del sistema de salud un total de 1.324 pacientes que han estado o están actualmente en estudio.
En el informe del viernes, Córdova dijo que había 1.004 casos y 48 muertes sospechosas y 20 confirmadas, principalmente en Ciudad de México y su zona metropolitana.
Este sábado indicó que la mayor parte de casos se presentan en la capital, seguida del vecino Estado de México y de San Luis Potosí, en el centro-norte del país, donde se han reportado 62 probables casos de contagio.
Del resto de los 32 estados mexicanos, en 15 no hay ningún informe de casos y en 14 se presentan menos de 30 posibles casos de posible contagio. Por eso, el ministro consideró que el virus “no está extendido en todo el país”.
El primer caso de muerte reportado y confirmado ocurrió en el sureño estado de Oaxaca el 13 de abril y se trató de una mujer, reveló luego.
A ese caso se le dio seguimiento y se sabe que hubo varios contactos “y que de ellos se enfermaron 45 de influenza (gripe) pero no de influenza grave”.
Según el ministro, en función del perfil de las víctimas, el principal grupo de riesgo son las personas en “edad productiva”, entre los 20 y 50 años.
Ningún niño ha muerto por este mal porque tienen supuestamente “un factor de inmunidad” ante el virus, aunque se desconoce cuál.
Especialistas estadounidenses y de la Organización Panamericana de la Salud han llegado a México para apoyar en las labores epidemiológicas.
Gracias a la adquisición de un equipo especial, el próximo martes se podrá realizar el estudio virológico en el país, ya que hasta ahora las autoridades han tenido que enviar las pruebas a laboratorios de Estados Unidos.
25/04/09: Los derechos indígenas en Chile
Este es el mensaje que me enviara Fermin Tiwi Paati, quien es un aguajún peruano, muy identificado con los derechos indígenas, a quien tuve el honor de conocer en Quito, mientras hacía docencia en FLACSO.
Es la particular perspectiva de quien es indígena y lee lo que un indigenista trata respecto de un país como Chile, respecto de derechos indígenas.
Carta:
Quiero compartir esta informacion de la entrevista al Dr. Bartolome Clavero, muchos de Uds. es un conocido maestro español, actualmente es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, como leeran abajo, los estudiantes universitarios chilenos de la revista Km (Cero) le entrevistaron sobre la reforma constitucional chilena en donde practicamente el reconocimiento de los derechos de los pueblos indigenas chilenas no son reconocidos como tales, y la respuesta tan contundente, clara y precisa fue respondida de las preguntas que hicieran los estudiantes chilenos al gran maestro Dr. Clavero. Creo que, es importante recoger los conceptos del maestro porque eso nos sirve tener en claro sobre los derechos indigenas que tenemos reconocidos en los instrumentos internacionales, el problema y los atropellos de los derechos indigenas no solo ocurre con los indigenas chilenas, sino a nivel latinoamericano y demas paises. Para mayor informacion le copio las preguntas y respuestas del maestro.
Entrevista de km [cero], periódico universitario de Chile
16 Abril, 2009
El periódico km [cero], ?Primer Diario para Universitarios de Chile?, me propone una entrevista. Luís Castro me formula el cuestionario. Respondo de buen grado. He aquí sus preguntas y mis respuestas.
P.- ¿Qué implicancias trae el proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas?
R.- El actual proyecto de reforma constitucional, el recién discutido y aprobado por el Senado, no reconoce propiamente a los pueblos indígenas porque registre ciertamente su existencia. En términos estrictamente constitucionales, se produce reconocimiento de personas, comunidades, asociaciones, corporaciones, organizaciones, fundaciones, naciones o pueblos cuando lo que se reconoce son sus derechos, esto es, cuando no sólo se les menciona o tampoco ni siquiera cuando se les concede derechos, sino cuando se reconoce que son entidades con derechos propios, con derechos que no dependen del reconocimiento del Estado ni de la concesión de la Constitución, sino que se tienen por sí mismos. Los pueblos indígenas existen y los pueblos indígenas tienen derechos. El reconocimiento constitucional de los mismos es conveniente para que el Estado se comprometa formalmente a respetarlos. Si ya estuviera el Estado comprometido por otra vía efectiva, por ejemplo la de aceptación del derecho internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, ni siquiera haría falta el reconocimiento constitucional. Si éste reconocimiento no reconoce derechos, no sólo es entonces que esté de más, sino que además resulta improcedente, y esto sobre todo cuando el Estado ya está comprometido por vía internacional, como la República de Chile al haber ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En este caso, la mención constitucional sin reconocimiento de derechos resulta una forma insidiosa de bloquear la efectividad del compromiso internacional ya contraído.
P.- ¿Qué significa para las comunidades indígenas esta nueva reforma? ¿Los beneficia o no?
R.- Me he adelantado en la respuesta. A los pueblos indígenas creo que la reforma constitucional en curso no sólo es que no les beneficie, sino que la misma atropella seriamente sus derechos pues no les ofrece cobertura jurídica ninguna por parte del Estado. A las comunidades indígenas les reconoce derechos, aunque no la capacidad de ejercerlos conjuntándose como pueblos. Al mismo tiempo que la reforma procede a este reconocimiento, aprovecha para atribuirles a las comunidades el aprovechamiento de las aguas, pero no el derecho a las mismas, lo que es una forma también de reducir el reconocimiento a concesión. Con esto, dado que algunas comunidades tienen legalmente reconocido el derecho sobre las aguas, la reforma en curso se aprovecha para esta expropiación de derechos. Así se evapora como por arte de magia constitucional el mismo beneficio de principio para las comunidades, pues no para los pueblos que conforman y que tienen derecho a reconstituir. Y esto no sólo interesa al asunto tan sensible de las aguas, pues constituye un signo de que el reconocimiento constitucional se entiende a todos los efectos como concesión graciosa del Estado, una concesión que, igual que se da, se modifica o incluso se quita sin mayor problema.
P.- ¿Reconoce problemas en la reforma?
R.- Todos, si nos referimos a la reforma concreta recién acordada por el Senado. Se presenta como un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y resulta una negación constitucional de los derechos de los pueblos indígenas. Si se tiene el tiempo y se carga uno o una de la paciencia necesaria para repasar todo el proceso parlamentario de cerca de un par de décadas que ha conducido a este parto de los montes, se comprobará que no hace falta ni tan siquiera leer entre líneas la reforma. Queda más que clara la voluntad política de no reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y de encontrar el modo de disimularlo con fórmulas insidiosas.
P.- ¿Qué significa ser reconocido como sujeto de derecho?
R. En castellano sujeto significa evidentemente sometido, igual que sujeta quiere decir sometida, pero en la expresión técnica sujeto de derecho, con valor de género tanto masculino como femenino, el significado es exactamente el contrario, el de una persona o un colectivo que dispone de alguna capacidad que la ley debe respetar y la justicia ha de garantizar. Cuando decimos que los pueblos indígenas son sujetos de derechos significamos que cuentan con capacidades que tanto el Estado como el derecho internacional y cualesquier otros agentes políticos, civiles, económicos, religiosos, etc., deben reconocer, respetar y garantizar. Tal habría de ser el sentido de una reforma constitucional sobre pueblos indígenas.
P.- ¿Por qué es perjudicial entender la Nación chilena como ?una, indivisible y multicultural?
R.- ¿Es de verdad perjudicial? No tiene por qué serlo. De entrada no se trata de un postulado simple, sino complejo e incluso de apariencia contradictoria. Se dice de algo en la misma frase que es uno y múltiple, nación una y multicultural. El reto consiste en la articulación de la unidad con la pluralidad. Si la articulación se logra, el conjunto resulta por supuesto indivisible. En otro caso, de poco vale esa fórmula que parece sencilla y es compleja. Situada como pórtico de una reforma constitucional que pretende reconocer a los pueblos indígenas, lo que transpira es desconfianza hacia sus derechos y, sobre todo, hacia el derecho internacionalmente reconocido de autonomía indígena, como si está fuera a atentar contra la unidad y la indivisibilidad. Ahí, en esta suerte de implicaciones, radica el problema, no en la fórmula misma. Por la posición a la que el Estado chileno redujo y en la que hoy todavía mantiene a los pueblos indígenas, difícilmente puede decirse no sólo que la nación chilena sea multicultural, sino ni siquiera que sea una. A la vista está. Una unidad sólo podrá lograrla el respeto al derecho internacional sobre derechos de los pueblos indígenas, la reforma constitucional de reconocimiento de los mismos y las políticas que guarden realmente consecuencia.
P.- ¿Se pasan a llevar el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Nacional del Trabajo, la Declaración de Derecho de los Pueblos Indígenas de la ONU o algún otro tratado internacional?
R.- En la pregunta están identificadas las dos piezas esenciales del derecho internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Convenio y la Declaración. Para el propio derecho internacional, no son piezas negociables. En especial, si se ratifica el Convenio, hay que cumplirlo, pese incluso a lo que diga la propia Constitución, lo cual ante todo significa que ha de consultarse a los pueblos indígenas para cualquier medida que les afecte. Y ha de consultárseles conforme a los requisitos definidos por el Convenio mismo, no en conformidad a los criterios distintos que siente MIDEPLAN o CONADI, el Ministerio de Planificación o la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. La Declaración además refuerza al Convenio. Mientras que éste habla de consulta, la Declaración puntualiza: los pueblos indígenas han de dar su consentimiento libre, previo e informado para que el Estado o cualquier otro agente puedan adoptar decisiones o emprender políticas que les afecten.
P.- ¿Cuál es su evaluación general del conflicto que crea una reforma constitucional y la no aceptación por parte del pueblo indígena?
R.- No tiene por qué haber conflicto. Y no lo habría si la reforma fuera de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. La pregunta está dando por supuesto que la consulta no versa sobre tal reconocimiento, sino sobre algo más específico que los pueblos indígenas pudieran rechazar (pueblos indígenas mejor en plural pues son varios y distintos desde el aymara al rapa nui pasándose además no solamente por el mapuche). Tal suposición hace que la misma consulta, ya sólo por su planteamiento respecto a propuestas concretas y problemáticas, no cumple con los requisitos del Convenio 169 y aún menos con los de la Declaración de Naciones Unidas. La consulta ante todo ha de ser previa a cualquier decisión ya tomada como la de reforma constitucional del Senado. Una consulta de pie forzado va contra el derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas.
¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? ¿Todo bien? Muchas gracias entonces tanto a periodistas como a lectores o lectoras de kilómetro cero.
En: http://clavero.derechosindigenas.org/?p=1338
Es la particular perspectiva de quien es indígena y lee lo que un indigenista trata respecto de un país como Chile, respecto de derechos indígenas.
Carta:
Quiero compartir esta informacion de la entrevista al Dr. Bartolome Clavero, muchos de Uds. es un conocido maestro español, actualmente es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, como leeran abajo, los estudiantes universitarios chilenos de la revista Km (Cero) le entrevistaron sobre la reforma constitucional chilena en donde practicamente el reconocimiento de los derechos de los pueblos indigenas chilenas no son reconocidos como tales, y la respuesta tan contundente, clara y precisa fue respondida de las preguntas que hicieran los estudiantes chilenos al gran maestro Dr. Clavero. Creo que, es importante recoger los conceptos del maestro porque eso nos sirve tener en claro sobre los derechos indigenas que tenemos reconocidos en los instrumentos internacionales, el problema y los atropellos de los derechos indigenas no solo ocurre con los indigenas chilenas, sino a nivel latinoamericano y demas paises. Para mayor informacion le copio las preguntas y respuestas del maestro.
Entrevista de km [cero], periódico universitario de Chile
16 Abril, 2009
El periódico km [cero], ?Primer Diario para Universitarios de Chile?, me propone una entrevista. Luís Castro me formula el cuestionario. Respondo de buen grado. He aquí sus preguntas y mis respuestas.
P.- ¿Qué implicancias trae el proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas?
R.- El actual proyecto de reforma constitucional, el recién discutido y aprobado por el Senado, no reconoce propiamente a los pueblos indígenas porque registre ciertamente su existencia. En términos estrictamente constitucionales, se produce reconocimiento de personas, comunidades, asociaciones, corporaciones, organizaciones, fundaciones, naciones o pueblos cuando lo que se reconoce son sus derechos, esto es, cuando no sólo se les menciona o tampoco ni siquiera cuando se les concede derechos, sino cuando se reconoce que son entidades con derechos propios, con derechos que no dependen del reconocimiento del Estado ni de la concesión de la Constitución, sino que se tienen por sí mismos. Los pueblos indígenas existen y los pueblos indígenas tienen derechos. El reconocimiento constitucional de los mismos es conveniente para que el Estado se comprometa formalmente a respetarlos. Si ya estuviera el Estado comprometido por otra vía efectiva, por ejemplo la de aceptación del derecho internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, ni siquiera haría falta el reconocimiento constitucional. Si éste reconocimiento no reconoce derechos, no sólo es entonces que esté de más, sino que además resulta improcedente, y esto sobre todo cuando el Estado ya está comprometido por vía internacional, como la República de Chile al haber ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En este caso, la mención constitucional sin reconocimiento de derechos resulta una forma insidiosa de bloquear la efectividad del compromiso internacional ya contraído.
P.- ¿Qué significa para las comunidades indígenas esta nueva reforma? ¿Los beneficia o no?
R.- Me he adelantado en la respuesta. A los pueblos indígenas creo que la reforma constitucional en curso no sólo es que no les beneficie, sino que la misma atropella seriamente sus derechos pues no les ofrece cobertura jurídica ninguna por parte del Estado. A las comunidades indígenas les reconoce derechos, aunque no la capacidad de ejercerlos conjuntándose como pueblos. Al mismo tiempo que la reforma procede a este reconocimiento, aprovecha para atribuirles a las comunidades el aprovechamiento de las aguas, pero no el derecho a las mismas, lo que es una forma también de reducir el reconocimiento a concesión. Con esto, dado que algunas comunidades tienen legalmente reconocido el derecho sobre las aguas, la reforma en curso se aprovecha para esta expropiación de derechos. Así se evapora como por arte de magia constitucional el mismo beneficio de principio para las comunidades, pues no para los pueblos que conforman y que tienen derecho a reconstituir. Y esto no sólo interesa al asunto tan sensible de las aguas, pues constituye un signo de que el reconocimiento constitucional se entiende a todos los efectos como concesión graciosa del Estado, una concesión que, igual que se da, se modifica o incluso se quita sin mayor problema.
P.- ¿Reconoce problemas en la reforma?
R.- Todos, si nos referimos a la reforma concreta recién acordada por el Senado. Se presenta como un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y resulta una negación constitucional de los derechos de los pueblos indígenas. Si se tiene el tiempo y se carga uno o una de la paciencia necesaria para repasar todo el proceso parlamentario de cerca de un par de décadas que ha conducido a este parto de los montes, se comprobará que no hace falta ni tan siquiera leer entre líneas la reforma. Queda más que clara la voluntad política de no reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y de encontrar el modo de disimularlo con fórmulas insidiosas.
P.- ¿Qué significa ser reconocido como sujeto de derecho?
R. En castellano sujeto significa evidentemente sometido, igual que sujeta quiere decir sometida, pero en la expresión técnica sujeto de derecho, con valor de género tanto masculino como femenino, el significado es exactamente el contrario, el de una persona o un colectivo que dispone de alguna capacidad que la ley debe respetar y la justicia ha de garantizar. Cuando decimos que los pueblos indígenas son sujetos de derechos significamos que cuentan con capacidades que tanto el Estado como el derecho internacional y cualesquier otros agentes políticos, civiles, económicos, religiosos, etc., deben reconocer, respetar y garantizar. Tal habría de ser el sentido de una reforma constitucional sobre pueblos indígenas.
P.- ¿Por qué es perjudicial entender la Nación chilena como ?una, indivisible y multicultural?
R.- ¿Es de verdad perjudicial? No tiene por qué serlo. De entrada no se trata de un postulado simple, sino complejo e incluso de apariencia contradictoria. Se dice de algo en la misma frase que es uno y múltiple, nación una y multicultural. El reto consiste en la articulación de la unidad con la pluralidad. Si la articulación se logra, el conjunto resulta por supuesto indivisible. En otro caso, de poco vale esa fórmula que parece sencilla y es compleja. Situada como pórtico de una reforma constitucional que pretende reconocer a los pueblos indígenas, lo que transpira es desconfianza hacia sus derechos y, sobre todo, hacia el derecho internacionalmente reconocido de autonomía indígena, como si está fuera a atentar contra la unidad y la indivisibilidad. Ahí, en esta suerte de implicaciones, radica el problema, no en la fórmula misma. Por la posición a la que el Estado chileno redujo y en la que hoy todavía mantiene a los pueblos indígenas, difícilmente puede decirse no sólo que la nación chilena sea multicultural, sino ni siquiera que sea una. A la vista está. Una unidad sólo podrá lograrla el respeto al derecho internacional sobre derechos de los pueblos indígenas, la reforma constitucional de reconocimiento de los mismos y las políticas que guarden realmente consecuencia.
P.- ¿Se pasan a llevar el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Nacional del Trabajo, la Declaración de Derecho de los Pueblos Indígenas de la ONU o algún otro tratado internacional?
R.- En la pregunta están identificadas las dos piezas esenciales del derecho internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Convenio y la Declaración. Para el propio derecho internacional, no son piezas negociables. En especial, si se ratifica el Convenio, hay que cumplirlo, pese incluso a lo que diga la propia Constitución, lo cual ante todo significa que ha de consultarse a los pueblos indígenas para cualquier medida que les afecte. Y ha de consultárseles conforme a los requisitos definidos por el Convenio mismo, no en conformidad a los criterios distintos que siente MIDEPLAN o CONADI, el Ministerio de Planificación o la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. La Declaración además refuerza al Convenio. Mientras que éste habla de consulta, la Declaración puntualiza: los pueblos indígenas han de dar su consentimiento libre, previo e informado para que el Estado o cualquier otro agente puedan adoptar decisiones o emprender políticas que les afecten.
P.- ¿Cuál es su evaluación general del conflicto que crea una reforma constitucional y la no aceptación por parte del pueblo indígena?
R.- No tiene por qué haber conflicto. Y no lo habría si la reforma fuera de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. La pregunta está dando por supuesto que la consulta no versa sobre tal reconocimiento, sino sobre algo más específico que los pueblos indígenas pudieran rechazar (pueblos indígenas mejor en plural pues son varios y distintos desde el aymara al rapa nui pasándose además no solamente por el mapuche). Tal suposición hace que la misma consulta, ya sólo por su planteamiento respecto a propuestas concretas y problemáticas, no cumple con los requisitos del Convenio 169 y aún menos con los de la Declaración de Naciones Unidas. La consulta ante todo ha de ser previa a cualquier decisión ya tomada como la de reforma constitucional del Senado. Una consulta de pie forzado va contra el derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas.
¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? ¿Todo bien? Muchas gracias entonces tanto a periodistas como a lectores o lectoras de kilómetro cero.
En: http://clavero.derechosindigenas.org/?p=1338
Categoría: Artículos derecho constitucional
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Separan a oficial de la policía implicado en delito contra la libertad sexual
El Comercio
Se le acusa de violación sexual en agravio de una alumna de una escuela de formación policial de la ciudad de Tarapoto
La Policía Nacional dispuso la separación inmediata sin derecho a remuneraciones del capitán PNP Cristian Morales Medina, destacado en la Unidad de Emergencia 105 de la Tarapoto (San Martín), por ser presunto autor del delito contra la libertad sexual, en agravio de una alumna de la Escuela Técnico Superior PNP de dicha jurisdicción.
La institución policial indicó en un comunicado, que el pasado 4 de abril Morales Medina -quien también es docente en el referido centro de formación policial- invitó a la alumna del 2do año, de iniciales G. V. L., a una reunión en su habitación, donde la forzó a mantener relaciones sexuales.
El comando policial de Tarapoto dispuesto una exhaustiva investigación bajo la supervisión del representante del Ministerio Publico, para el esclarecimiento de este grave hecho y su denuncia ante la autoridad judicial correspondiente.
La Policía indicó que está comprometido en adoptar acciones correctivas contra todo acto de conducta funcional indebida en que incurran sus miembros.
El Comercio
Se le acusa de violación sexual en agravio de una alumna de una escuela de formación policial de la ciudad de Tarapoto
La Policía Nacional dispuso la separación inmediata sin derecho a remuneraciones del capitán PNP Cristian Morales Medina, destacado en la Unidad de Emergencia 105 de la Tarapoto (San Martín), por ser presunto autor del delito contra la libertad sexual, en agravio de una alumna de la Escuela Técnico Superior PNP de dicha jurisdicción.
La institución policial indicó en un comunicado, que el pasado 4 de abril Morales Medina -quien también es docente en el referido centro de formación policial- invitó a la alumna del 2do año, de iniciales G. V. L., a una reunión en su habitación, donde la forzó a mantener relaciones sexuales.
El comando policial de Tarapoto dispuesto una exhaustiva investigación bajo la supervisión del representante del Ministerio Publico, para el esclarecimiento de este grave hecho y su denuncia ante la autoridad judicial correspondiente.
La Policía indicó que está comprometido en adoptar acciones correctivas contra todo acto de conducta funcional indebida en que incurran sus miembros.
25/04/09: El vínculo paterno filial jamás puede ser limitado: Los Tudela se reencuentran luego de mucho tiempo
Patriarca de los Tudela se reencuentra con sus hijos
(Expreso)
Revelación la dio a conocer el abogado Enrique Ghersi
Luego de año y medio de separación, el pasado miércoles los hermanos Francisco y Juan Felipe Tudela pudieron ver a su padre don Felipe, en la ciudad de Miami, gracias al régimen de visitas dispuesto por el 11° Circuito Judicial de Florida, Miami.
Así lo dio a conocer Enrique Ghersi, abogado de Francisco Tudela, quien narró que el primer encuentro fue sumamente emotivo y estuvo enmarcado en un clima de mucho cariño y respeto.
“Ellos han podido conversar, reunirse, contarse muchas cosas en una situación de suma emotividad y con gran cariño. Ha sido algo muy bueno para el patriarca de los Tudela, volver a ver a sus dos hijos, quienes están también en Miami para poder ver a su progenitor”, manifestó.
Comentó que el nonagenario ex diplomático mostró una gran alegría al ver a sus hijos y manifestó haberlos extrañado y que deseaba esas reuniones.
Señaló que las visitas de los dos hermanos continuarán de acuerdo al régimen dispuesto por el Juzgado de Miami que resolverá la situación legal de don Felipe Tudela la próxima semana.
Decisión ad portas
El juez encargado decidirá si éste se queda en Miami junto a Graciela de Losada o retorna al Perú en compañía de sus hijos, tal como lo ha pedido Francisco Tudela.
La División de Legalización del 11° Circuito Judicial de Florida aún no ha tomado una decisión respecto a quién estará a cargo de la custodia de don Felipe Tudela y Barreda, debido a que los médicos que evaluaron su estado físico y mental no presentaron su informe.
El juez Arthur L. Rothenberg, de la División de Legalización del 11° Circuito Judicial de Florida, debió haber decidido la suerte del nonagenario ex diplomático, pero los tres médicos de la Universidad de Miami pospusieron la entrega del documento.
Este mismo tribunal también debe verificar la legalidad del matrimonio de Felipe Tudela y Barreda con Graciela de Losada, realizado en Estados Unidos el pasado 17 de febrero. Mientras tanto, los abogados han aprovechado el tiempo para tratar asuntos procesales.
Desgaste cognitivo
Hace unos días un medio local publicó que el informe médico del prestigioso hospital Johns Hopkins de Estados Unidos indicó que don Felipe Tudela y Barreda presenta un desgaste cognitivo propio de sus 92 años, pero confirma su buen estado de salud mental.
Según el informe “el paciente Tudela fue sometido a un Seguimiento del Deterioro Cognitivo, pues algunas semanas antes el doctor Paul Dash lo había sometido ya a pruebas preliminares”.
(Expreso)
Revelación la dio a conocer el abogado Enrique Ghersi
Luego de año y medio de separación, el pasado miércoles los hermanos Francisco y Juan Felipe Tudela pudieron ver a su padre don Felipe, en la ciudad de Miami, gracias al régimen de visitas dispuesto por el 11° Circuito Judicial de Florida, Miami.
Así lo dio a conocer Enrique Ghersi, abogado de Francisco Tudela, quien narró que el primer encuentro fue sumamente emotivo y estuvo enmarcado en un clima de mucho cariño y respeto.
“Ellos han podido conversar, reunirse, contarse muchas cosas en una situación de suma emotividad y con gran cariño. Ha sido algo muy bueno para el patriarca de los Tudela, volver a ver a sus dos hijos, quienes están también en Miami para poder ver a su progenitor”, manifestó.
Comentó que el nonagenario ex diplomático mostró una gran alegría al ver a sus hijos y manifestó haberlos extrañado y que deseaba esas reuniones.
Señaló que las visitas de los dos hermanos continuarán de acuerdo al régimen dispuesto por el Juzgado de Miami que resolverá la situación legal de don Felipe Tudela la próxima semana.
Decisión ad portas
El juez encargado decidirá si éste se queda en Miami junto a Graciela de Losada o retorna al Perú en compañía de sus hijos, tal como lo ha pedido Francisco Tudela.
La División de Legalización del 11° Circuito Judicial de Florida aún no ha tomado una decisión respecto a quién estará a cargo de la custodia de don Felipe Tudela y Barreda, debido a que los médicos que evaluaron su estado físico y mental no presentaron su informe.
El juez Arthur L. Rothenberg, de la División de Legalización del 11° Circuito Judicial de Florida, debió haber decidido la suerte del nonagenario ex diplomático, pero los tres médicos de la Universidad de Miami pospusieron la entrega del documento.
Este mismo tribunal también debe verificar la legalidad del matrimonio de Felipe Tudela y Barreda con Graciela de Losada, realizado en Estados Unidos el pasado 17 de febrero. Mientras tanto, los abogados han aprovechado el tiempo para tratar asuntos procesales.
Desgaste cognitivo
Hace unos días un medio local publicó que el informe médico del prestigioso hospital Johns Hopkins de Estados Unidos indicó que don Felipe Tudela y Barreda presenta un desgaste cognitivo propio de sus 92 años, pero confirma su buen estado de salud mental.
Según el informe “el paciente Tudela fue sometido a un Seguimiento del Deterioro Cognitivo, pues algunas semanas antes el doctor Paul Dash lo había sometido ya a pruebas preliminares”.
Lugo pide perdón por los casos de paternidad
La República
El presidente de Paraguay, el ex obispo Fernando Lugo, pidió perdón por el escándalo que afronta por las demandas de paternidad y aseguró que cumplirá con su mandato que termina en agosto de 2013.
"Yo, persona humana imperfecta, fruto de procesos históricos, perfil de mi cultura, asumiré con todas las responsabilidades presentes y futuras aquellas situaciones que me conciernen no solo con la actitud de respeto a la justicia o la verdad, sino con la multiplicación de afecto y atención", dijo el jefe del Estado.
Además, tras las dos nuevas denuncias de presunta paternidad surgidas en su contra, y luego de que reconociera como hijo suyo a un niño de dos años, señaló: "al pedir perdón reiteradamente asumo, al mismo tiempo, que soy el presidente que Paraguay eligió para promover un cambio sin retorno y ese cambio no se detendrá".
"De ninguna manera permitiré que estas circunstancias afecten en lo mínimo acciones de interés nacional, el ejercicio de los grandes planes y proyectos que marcan el paso de un Paraguay soñado por todos y todas", señaló el mandatario.
El gobernante se vio forzado a reconocer una relación íntima que tuvo con la madre del niño de dos años, Viviana Carrillo, cuando aún era obispo de San Pedro, así como la paternidad del menor, luego de que dos abogados presentaran una demanda de filiación en Encarnación (sur del país).
Después de que salió a la luz ese caso, otras dos mujeres afirmaron haber tenido hijos con Lugo, y una de ellas presentó también una demanda ante la justicia.
Se trata de Benigna Leguizamón, de 27 años, quien el pasado miércoles recurrió al juzgado de la Niñez y la Adolescencia de Ciudad del Este, a 330 kilómetros de Asunción, con una demanda de filiación y prestación de alimentos.
Casi al mismo tiempo, Damiana Hortensia Morán Amarilla, de 39 años, dijo a los periodistas que concibió otro pequeño del jefe de Estado, Juan Pablo, que hoy tiene un año y cuatro meses. (Con información de EFE)
La República
El presidente de Paraguay, el ex obispo Fernando Lugo, pidió perdón por el escándalo que afronta por las demandas de paternidad y aseguró que cumplirá con su mandato que termina en agosto de 2013.
"Yo, persona humana imperfecta, fruto de procesos históricos, perfil de mi cultura, asumiré con todas las responsabilidades presentes y futuras aquellas situaciones que me conciernen no solo con la actitud de respeto a la justicia o la verdad, sino con la multiplicación de afecto y atención", dijo el jefe del Estado.
Además, tras las dos nuevas denuncias de presunta paternidad surgidas en su contra, y luego de que reconociera como hijo suyo a un niño de dos años, señaló: "al pedir perdón reiteradamente asumo, al mismo tiempo, que soy el presidente que Paraguay eligió para promover un cambio sin retorno y ese cambio no se detendrá".
"De ninguna manera permitiré que estas circunstancias afecten en lo mínimo acciones de interés nacional, el ejercicio de los grandes planes y proyectos que marcan el paso de un Paraguay soñado por todos y todas", señaló el mandatario.
El gobernante se vio forzado a reconocer una relación íntima que tuvo con la madre del niño de dos años, Viviana Carrillo, cuando aún era obispo de San Pedro, así como la paternidad del menor, luego de que dos abogados presentaran una demanda de filiación en Encarnación (sur del país).
Después de que salió a la luz ese caso, otras dos mujeres afirmaron haber tenido hijos con Lugo, y una de ellas presentó también una demanda ante la justicia.
Se trata de Benigna Leguizamón, de 27 años, quien el pasado miércoles recurrió al juzgado de la Niñez y la Adolescencia de Ciudad del Este, a 330 kilómetros de Asunción, con una demanda de filiación y prestación de alimentos.
Casi al mismo tiempo, Damiana Hortensia Morán Amarilla, de 39 años, dijo a los periodistas que concibió otro pequeño del jefe de Estado, Juan Pablo, que hoy tiene un año y cuatro meses. (Con información de EFE)
El Comercio
Henry Pease dijo que la legisladora Hilaria Supa representa a una gran parte de nuestra población
El ex presidente del Congreso de la República, Henry Pease, se mostró en contra de que se imponga ciertos requisitos académicos para que un ciudadano pueda postular al Parlamento, pues aseguró que “no se conoce ningún país democrático que lo haya determinado así”.
“Todos somos iguales, la representación es eso, son ciudadanos que están en el Legislativo. La señora Hilaria Supa representa a una gran parte de nuestra población”, manifestó a elcomercio.com.pe.
Todo esta polémica se generó cuando, en su edición de ayer, el diario Correo publicó un párrafo escrito por la congresista nacionalista , donde comete una serie de errores ortográficos, por lo que se plantea en el artículo si es que es necesario pagarle un sueldo a una persona que no tiene la suficiente capacidad intelectual, según esta publicación local, para el cargo.
Pease recordó que “no hay un requisito que se pueda establecer más allá de lo que dice la Constitución, ya que es la única que puede poner condiciones para ingresar al Congreso”.
En otro momento, criticó duramente a Aldo Mariátegui, director del referido diario limeño, porque su posición “demuestra un fascismo que no se puede permitir”.
“No hay cultura superior o inferior, y en la Constitución se reconoce al quechua y al aymara, al igual que el castellano. Allí no se dice que no se es culto si no se habla castellano, nadie dice que no se ejerce función pública si no se habla castellano. Hay que ser muy animal para hacer lo que ha hecho ese hombre”, aseveró.
Incluso, advirtió que “este tipo de exclusiones son las que llevan a las peores violencias, tal como lo señala el informe de la Comisión de la Verdad, donde la lucha antisubversiva estuvo caracterizada por el racismo”.
“Quién le ha dicho a ese señor, que es un ignorante dicho sea de paso, que una persona no puede pensar sobre el Gobierno, sobre los problemas políticos de un país sino en un idioma”, sentenció.
Henry Pease dijo que la legisladora Hilaria Supa representa a una gran parte de nuestra población
El ex presidente del Congreso de la República, Henry Pease, se mostró en contra de que se imponga ciertos requisitos académicos para que un ciudadano pueda postular al Parlamento, pues aseguró que “no se conoce ningún país democrático que lo haya determinado así”.
“Todos somos iguales, la representación es eso, son ciudadanos que están en el Legislativo. La señora Hilaria Supa representa a una gran parte de nuestra población”, manifestó a elcomercio.com.pe.
Todo esta polémica se generó cuando, en su edición de ayer, el diario Correo publicó un párrafo escrito por la congresista nacionalista , donde comete una serie de errores ortográficos, por lo que se plantea en el artículo si es que es necesario pagarle un sueldo a una persona que no tiene la suficiente capacidad intelectual, según esta publicación local, para el cargo.
Pease recordó que “no hay un requisito que se pueda establecer más allá de lo que dice la Constitución, ya que es la única que puede poner condiciones para ingresar al Congreso”.
En otro momento, criticó duramente a Aldo Mariátegui, director del referido diario limeño, porque su posición “demuestra un fascismo que no se puede permitir”.
“No hay cultura superior o inferior, y en la Constitución se reconoce al quechua y al aymara, al igual que el castellano. Allí no se dice que no se es culto si no se habla castellano, nadie dice que no se ejerce función pública si no se habla castellano. Hay que ser muy animal para hacer lo que ha hecho ese hombre”, aseveró.
Incluso, advirtió que “este tipo de exclusiones son las que llevan a las peores violencias, tal como lo señala el informe de la Comisión de la Verdad, donde la lucha antisubversiva estuvo caracterizada por el racismo”.
“Quién le ha dicho a ese señor, que es un ignorante dicho sea de paso, que una persona no puede pensar sobre el Gobierno, sobre los problemas políticos de un país sino en un idioma”, sentenció.
Categoría: Artículos derecho constitucional
Publicado por: mbermudez
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El Comercio| Participe en esta discusión y déjenos sus propuestas sobre este tema. Este sábado se realizará la audiencia regional en esta ciudad
A pocas horas de realizarse la Audiencia Regional de El Comercio , nos interesa saber qué piensan los cajamarquinos sobre la posibilidad de que su ciudad sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad como, por ejemplo, Cusco o el Centro histórico de Arequipa.
Cajamarca es una ciudad de vital importancia en la historia del Perú, que cuenta con una rica tradición cultural, singulares atractivos y es uno de los principales polos turísticos del país.
Nos interesa saber su opinión sobre este tema y lo que deben hacer los cajamarquinos para que su ciudad sea declarada Patrimonio Cultural. Déjenos sus comentarios al final de esta nota con sus ideas y propuestas al respecto.
Audiencia regional
Este espacio de diálogo entre la población y las autoridades es una práctica que El Comercio viene desarrollando hace algunos años convirtiéndola en una plataforma para que el pueblo pueda expresarse con plena libertad sobre las actividades, funciones y misión de sus dirigentes.
A pocas horas de realizarse la Audiencia Regional de El Comercio , nos interesa saber qué piensan los cajamarquinos sobre la posibilidad de que su ciudad sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad como, por ejemplo, Cusco o el Centro histórico de Arequipa.
Cajamarca es una ciudad de vital importancia en la historia del Perú, que cuenta con una rica tradición cultural, singulares atractivos y es uno de los principales polos turísticos del país.
Nos interesa saber su opinión sobre este tema y lo que deben hacer los cajamarquinos para que su ciudad sea declarada Patrimonio Cultural. Déjenos sus comentarios al final de esta nota con sus ideas y propuestas al respecto.
Audiencia regional
Este espacio de diálogo entre la población y las autoridades es una práctica que El Comercio viene desarrollando hace algunos años convirtiéndola en una plataforma para que el pueblo pueda expresarse con plena libertad sobre las actividades, funciones y misión de sus dirigentes.
La CNDDHH rechaza supuesto racismo y discriminación del diario el Correo
La República
Mediante comunicado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechaza el supuesto sistemático empleo de un discurso racista en el diario Correo.
Según indica, invocan a los responsables de este medio de comunicación a una rectificación.
La edición del jueves 22 de abril de 2009 de Correo dedica su primera plana, una nota informativa y el propio editorial a cargo del Director, el Sr. Aldo Mariátegui, a cubrir los errores ortográficos de la congresista Hilaria Supa.
Indican también que estos textos contienen valoraciones negativas que no se refieren exclusivamente a la señora congresista, sino que se extienden a las que con prejuicios desde Correo se estima son como ella. Este hecho en supuesta alusión a su lengua materna, el quechua.
Señalan que la edición de hoy , jueves 23 de abril ha permitido la publicación semanal de una columna de opinión abiertamente racista, que ha denigrado de modo permanente por motivos clasistas, étnicos o culturales a ciudadanos o colectivos del país, mayormente de sectores menos favorecidos, firmados por el Sr. Andrés Bedoya Ugarteche.
Finalmente invocan a los responsables del diario Correo, una rectificación oportuna y proporcional, y a las instituciones civiles relacionadas con la libertad de expresión como el Consejo de la Prensa Peruana, IPYS, OFIP u otras a expresar su malestar y actuar en correspondencia a sus propias regulaciones.
La República
Mediante comunicado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechaza el supuesto sistemático empleo de un discurso racista en el diario Correo.
Según indica, invocan a los responsables de este medio de comunicación a una rectificación.
La edición del jueves 22 de abril de 2009 de Correo dedica su primera plana, una nota informativa y el propio editorial a cargo del Director, el Sr. Aldo Mariátegui, a cubrir los errores ortográficos de la congresista Hilaria Supa.
Indican también que estos textos contienen valoraciones negativas que no se refieren exclusivamente a la señora congresista, sino que se extienden a las que con prejuicios desde Correo se estima son como ella. Este hecho en supuesta alusión a su lengua materna, el quechua.
Señalan que la edición de hoy , jueves 23 de abril ha permitido la publicación semanal de una columna de opinión abiertamente racista, que ha denigrado de modo permanente por motivos clasistas, étnicos o culturales a ciudadanos o colectivos del país, mayormente de sectores menos favorecidos, firmados por el Sr. Andrés Bedoya Ugarteche.
Finalmente invocan a los responsables del diario Correo, una rectificación oportuna y proporcional, y a las instituciones civiles relacionadas con la libertad de expresión como el Consejo de la Prensa Peruana, IPYS, OFIP u otras a expresar su malestar y actuar en correspondencia a sus propias regulaciones.
Categoría: Artículos derecho constitucional
Publicado por: mbermudez
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Congreso denuncia discriminación contra Hilaria Supa Huamán
13:29 | Expresó su más enérgico rechazo y condena respecto del contenido a un informe de un diario local contra la legisladora quechuahablante
El Congreso de la República expresó a través de un comunicado “su más enérgico rechazo y condena” por el contenido de una información que consideran agraviante publicada hoy, jueves, en un diario local en contra de la legisladora Hilaria Supa Huamán.
El diario Correo publicó hoy un informe en el que critica los gruesos errores ortográficos mostrados por dicha congresista nacionalista en un cuaderno de apuntes.
Para el Parlamento, este informe trasluce una actitud discriminatoria en perjuicio de la condición de quechuahablante de la mencionada representante cusqueña.
“Recogiendo el sentir unánime de la Representación Nacional, el Congreso de la República está evaluando la situación creada a raíz de la falta de respeto inferida a la congresista Supa, tras lo cual adoptará las medidas a que haya lugar, considerando también el plano legal”, dice el comunicado.
Al tiempo de solidarizarse con la congresista Supa Huamán, el Parlamento llamó a la reflexión a los responsables de la información publicada y al periodismo en general a mantener una actitud constructiva en su quehacer cotidiano.
“Reiteramos nuestro respeto a la libertad de prensa y de expresión, pero solicitamos responsabilidad y respeto hacia los derechos fundamentales de las personas, consagrados en la Constitución Política del Perú”, finalizó el comunicado.
¿Qué fue lo que escribió la legisladora?
Jueves De abril – 16 – 2009 Pleno Del Comgreso.
De la rePoBleca si Discotio lasituasion de Brai
Ovo Muchas Participasion custo (...) NoPresencia Del preme menistro
Para (...) subre Brasy subreatentado (...) pindio el pleno
Vernes De abril 17 2009
13:29 | Expresó su más enérgico rechazo y condena respecto del contenido a un informe de un diario local contra la legisladora quechuahablante
El Congreso de la República expresó a través de un comunicado “su más enérgico rechazo y condena” por el contenido de una información que consideran agraviante publicada hoy, jueves, en un diario local en contra de la legisladora Hilaria Supa Huamán.
El diario Correo publicó hoy un informe en el que critica los gruesos errores ortográficos mostrados por dicha congresista nacionalista en un cuaderno de apuntes.
Para el Parlamento, este informe trasluce una actitud discriminatoria en perjuicio de la condición de quechuahablante de la mencionada representante cusqueña.
“Recogiendo el sentir unánime de la Representación Nacional, el Congreso de la República está evaluando la situación creada a raíz de la falta de respeto inferida a la congresista Supa, tras lo cual adoptará las medidas a que haya lugar, considerando también el plano legal”, dice el comunicado.
Al tiempo de solidarizarse con la congresista Supa Huamán, el Parlamento llamó a la reflexión a los responsables de la información publicada y al periodismo en general a mantener una actitud constructiva en su quehacer cotidiano.
“Reiteramos nuestro respeto a la libertad de prensa y de expresión, pero solicitamos responsabilidad y respeto hacia los derechos fundamentales de las personas, consagrados en la Constitución Política del Perú”, finalizó el comunicado.
¿Qué fue lo que escribió la legisladora?
Jueves De abril – 16 – 2009 Pleno Del Comgreso.
De la rePoBleca si Discotio lasituasion de Brai
Ovo Muchas Participasion custo (...) NoPresencia Del preme menistro
Para (...) subre Brasy subreatentado (...) pindio el pleno
Vernes De abril 17 2009
Categoría: Artículos derecho constitucional
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La República
Las FFAA podrán contar con un monto inmediato de por lo menos US $ 300 si en caso se aprueba en el pleno el dictamen que otorga a las instituciones castrenses el 5% de lo que se recaude por concepto de regalías mineras y canon, aplicable solo a futuras explotaciones o nuevos recursos.
Así lo consideró el legislador Luis Giampetri, quien refirió que ese monto provendría de la operación que se podría establecer con el Banco de la Nación para que otorgue esos recursos, los mismos que después serían pagados anualmente por las Fuerzas Armadas conforme se vaya obteniendo los nuevos ingresos.
“Podríamos contar con un monto inmediato de 300 millones de dólares más o menos, lo cual nos permitiría reconstruir el material con que se cuenta en este momento y adquirir algunos equipos adicionales”, indicó.
Añadió que esa norma va a facilitar que se acorten los tiempos. “Los recursos que generen (por efecto del canon y regalías) podríamos apalancarlos con el Banco de la Nación. Podríamos hacer la inversión ya, ahora, y no esperar cada año”, manifestó.
En ese sentido, Giampetri indicó que se podría de una vez comprometer los recursos en la medida que el material bélico no se fabrica de un día para otro, sino que muchas veces se debe entrar en línea de producción y eso toma tiempo.
“Esto nos permitiría que en unos cinco años o más podríamos tener una fuerza disuasiva”, resaltó.
Respecto a la versión por la cual se establece que el dictamen sancionado podría ser inconstitucional en la medida que la Carta Magna es clara en establecer a quienes les corresponde los recursos del canon; Giampetri precisó que existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional por el cual se establece que se puede invertir dichos fondos en temas de defensa nacional. (Con información de Andina).
Las FFAA podrán contar con un monto inmediato de por lo menos US $ 300 si en caso se aprueba en el pleno el dictamen que otorga a las instituciones castrenses el 5% de lo que se recaude por concepto de regalías mineras y canon, aplicable solo a futuras explotaciones o nuevos recursos.
Así lo consideró el legislador Luis Giampetri, quien refirió que ese monto provendría de la operación que se podría establecer con el Banco de la Nación para que otorgue esos recursos, los mismos que después serían pagados anualmente por las Fuerzas Armadas conforme se vaya obteniendo los nuevos ingresos.
“Podríamos contar con un monto inmediato de 300 millones de dólares más o menos, lo cual nos permitiría reconstruir el material con que se cuenta en este momento y adquirir algunos equipos adicionales”, indicó.
Añadió que esa norma va a facilitar que se acorten los tiempos. “Los recursos que generen (por efecto del canon y regalías) podríamos apalancarlos con el Banco de la Nación. Podríamos hacer la inversión ya, ahora, y no esperar cada año”, manifestó.
En ese sentido, Giampetri indicó que se podría de una vez comprometer los recursos en la medida que el material bélico no se fabrica de un día para otro, sino que muchas veces se debe entrar en línea de producción y eso toma tiempo.
“Esto nos permitiría que en unos cinco años o más podríamos tener una fuerza disuasiva”, resaltó.
Respecto a la versión por la cual se establece que el dictamen sancionado podría ser inconstitucional en la medida que la Carta Magna es clara en establecer a quienes les corresponde los recursos del canon; Giampetri precisó que existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional por el cual se establece que se puede invertir dichos fondos en temas de defensa nacional. (Con información de Andina).
Categoría: Artículos de política
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La República
El ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, habría incurrido en un acto de abuso de autoridad por impedir que el Ministerio Público acuda al penal “El Frontón”, afirmó Luz del Carmen Ibáñez, titular de la Segunda Fiscalía Superior.
“Estamos evaluando las acciones que vamos a seguir. Es muy lamentable para la ciudadanía que se pongan obstáculos para un caso que nos ha enlutado durante bastante tiempo, pero con actitudes como la de este ministro es imposible que se avance. (…) El ministro puede ser acusado por abuso de autoridad y abuso de poder. Hay una responsabilidad política y penal, porque no se puede -en base al poder de dar facilidad- impedir la función de una fiscal. Es un tema muy delicado”, sostuvo.
“Las acciones legales se van a tomar, porque no se trata de una simple canalización, ya se han agotado todos los temas. Aquí de lo que se trata es de un abuso de poder por parte de un ministro que cree que le puede impedir a una fiscal cumplir con su función y yo creo que en un Estado de Derecho se debe respetar la separación de poderes”, indicó.
“Él ha obstaculizado la función para que no se lleve a fin una actividad funcional de la Fiscalía, que es tomar contacto con todas las evidencias a fin de resolver en la forma adecuada a ley. Este es un caso emblemático para la justicia y los derechos humanos. (…) El señor ministro se ha dado el lujo de impedir y deshacer las órdenes y las autorizaciones que ya se habían dado para un simple transporte, el señor no me va a dar permiso para hacer la diligencia, porque no está en su función”, agregó. (Con información de ideeleradio)
El ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, habría incurrido en un acto de abuso de autoridad por impedir que el Ministerio Público acuda al penal “El Frontón”, afirmó Luz del Carmen Ibáñez, titular de la Segunda Fiscalía Superior.
“Estamos evaluando las acciones que vamos a seguir. Es muy lamentable para la ciudadanía que se pongan obstáculos para un caso que nos ha enlutado durante bastante tiempo, pero con actitudes como la de este ministro es imposible que se avance. (…) El ministro puede ser acusado por abuso de autoridad y abuso de poder. Hay una responsabilidad política y penal, porque no se puede -en base al poder de dar facilidad- impedir la función de una fiscal. Es un tema muy delicado”, sostuvo.
“Las acciones legales se van a tomar, porque no se trata de una simple canalización, ya se han agotado todos los temas. Aquí de lo que se trata es de un abuso de poder por parte de un ministro que cree que le puede impedir a una fiscal cumplir con su función y yo creo que en un Estado de Derecho se debe respetar la separación de poderes”, indicó.
“Él ha obstaculizado la función para que no se lleve a fin una actividad funcional de la Fiscalía, que es tomar contacto con todas las evidencias a fin de resolver en la forma adecuada a ley. Este es un caso emblemático para la justicia y los derechos humanos. (…) El señor ministro se ha dado el lujo de impedir y deshacer las órdenes y las autorizaciones que ya se habían dado para un simple transporte, el señor no me va a dar permiso para hacer la diligencia, porque no está en su función”, agregó. (Con información de ideeleradio)
Categoría: Artículos derecho constitucional
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Otra mujer afirma haber tenido un hijo con el presidente paraguayo Lugo
El Comercio
Benigna Leguizamón dice haberse animado a denunciar el hecho luego de que otra mujer lo hiciera. Exige que el ex obispo pase por prueba de ADN
(EFE).- Una mujer de 27 años afirmó en declaraciones publicadas hoy por un diario que en 2002 tuvo un hijo con el hoy presidente de Paraguay, Fernando Lugo, quien recientemente reconoció legalmente a otro niño nacido de una relación que también mantuvo cuando todavía era obispo.
“Me pongo en manos de la justicia, voy a pedir que se haga un examen de ADN, estoy cien por ciento segura de que el papa de mi hijo es Fernando Lugo Méndez”, afirmó Benigna Leguizamón al diario asunceno “Ultima Hora”.
Benigna tiene otros tres hijos y indicó que Lugo es presuntamente el papá de su segundo hijo, L.F.L, nacido el 9 de setiembre de 2002 en un distrito del departamento de San Pedro, donde en ese entonces el gobernante era obispo.
“Soy de origen humilde y no me da vergüenza. Trabajo vendiendo detergente (lejía) para dar de comer a mis hijos, ahora que mi actual marido está enfermo. No es justo que un hijo del actual presidente viva con tantas necesidades”, declaró la mujer en una precaria vivienda de un barrio marginal de Ciudad del Este, a 330 kilómetros de Asunción.
Benigna aseguró en la entrevista, reproducida hoy por el Canal 4 de televisión “Telefuturo”, del mismo grupo periodístico, que intimó con Lugo cuando éste era obispo de San Pedro, la región más pobre del país, y ella tenía 17 años.
“Acudí al monseñor Fernando Lugo porque el papá de mi primera hija, Francisco Luján Correa, quien trabajaba de anestesista en el Hospital de San Pedro me negaba la asistencia a la criatura”, relató la mujer.
“En ese momento, el monseñor me dio su apoyo, pero se aprovechó de mi gran necesidad y me indujo a que tengamos relaciones. A los un año quedé embarazada de él. Tuve a mi hijo con una partera empírica en la misma casita en que vivía, cuyo alquiler él pagaba”, refirió.
Benigna recordó que durante la campaña previa a las elecciones del 20 de abril de 2008 se negó a hacer público el hecho, pese a que, según ella, le ofrecieron dinero, pero ahora lo hizo al tomar estado público el caso de Viviana Carrillo, de 26 años, quien el pasado 8 de abril recurrió a los tribunales con una demanda de paternidad de Lugo.
Lugo, de 58 años, asumió hace cinco días la paternidad del hijo de Viviana, Guillermo Armindo Carrillo, nacido el 4 de mayo de 2007, cinco meses después de haber renunciado a su estado clerical, el 21 de diciembre de 2006, para lanzarse a la arena política.
“Yo le conozco a ella (a Viviana), con Lugo nos fuimos varias veces por su casa, en Choré, pero no sabía que había algo entre ellos”, señaló Benigna, quien sostuvo que su relación con el obispo “era un secreto a voces” en San Pedro.
El nuevo escándalo que involucra al jefe de Estado estalla el mismo día en que hoy debe anunciar un relanzamiento de su Gobierno en coincidencia con el primer aniversario de su triunfo electoral, que supuso la quiebra de 61 años de hegemonía en el poder del Parrido Colorado.
En esas votaciones, Lugo fue candidato presidencial de la Alianza Patriótica para el Cambio, APC, una coalición de amplia base ideológica, integrada por grupos de izquierda y liderada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), de centro derecha y segunda fuerza política del país.
La ministra de la Mujer y líder de una agrupación que defiende la igualdad de género, Gloria Rubín, anunció que acompañará la denuncia de la mujer y aseguró que está dispuesta a renunciar de su cargo si detecta falta de transparencia en los trámites judiciales.
El Comercio
Benigna Leguizamón dice haberse animado a denunciar el hecho luego de que otra mujer lo hiciera. Exige que el ex obispo pase por prueba de ADN
(EFE).- Una mujer de 27 años afirmó en declaraciones publicadas hoy por un diario que en 2002 tuvo un hijo con el hoy presidente de Paraguay, Fernando Lugo, quien recientemente reconoció legalmente a otro niño nacido de una relación que también mantuvo cuando todavía era obispo.
“Me pongo en manos de la justicia, voy a pedir que se haga un examen de ADN, estoy cien por ciento segura de que el papa de mi hijo es Fernando Lugo Méndez”, afirmó Benigna Leguizamón al diario asunceno “Ultima Hora”.
Benigna tiene otros tres hijos y indicó que Lugo es presuntamente el papá de su segundo hijo, L.F.L, nacido el 9 de setiembre de 2002 en un distrito del departamento de San Pedro, donde en ese entonces el gobernante era obispo.
“Soy de origen humilde y no me da vergüenza. Trabajo vendiendo detergente (lejía) para dar de comer a mis hijos, ahora que mi actual marido está enfermo. No es justo que un hijo del actual presidente viva con tantas necesidades”, declaró la mujer en una precaria vivienda de un barrio marginal de Ciudad del Este, a 330 kilómetros de Asunción.
Benigna aseguró en la entrevista, reproducida hoy por el Canal 4 de televisión “Telefuturo”, del mismo grupo periodístico, que intimó con Lugo cuando éste era obispo de San Pedro, la región más pobre del país, y ella tenía 17 años.
“Acudí al monseñor Fernando Lugo porque el papá de mi primera hija, Francisco Luján Correa, quien trabajaba de anestesista en el Hospital de San Pedro me negaba la asistencia a la criatura”, relató la mujer.
“En ese momento, el monseñor me dio su apoyo, pero se aprovechó de mi gran necesidad y me indujo a que tengamos relaciones. A los un año quedé embarazada de él. Tuve a mi hijo con una partera empírica en la misma casita en que vivía, cuyo alquiler él pagaba”, refirió.
Benigna recordó que durante la campaña previa a las elecciones del 20 de abril de 2008 se negó a hacer público el hecho, pese a que, según ella, le ofrecieron dinero, pero ahora lo hizo al tomar estado público el caso de Viviana Carrillo, de 26 años, quien el pasado 8 de abril recurrió a los tribunales con una demanda de paternidad de Lugo.
Lugo, de 58 años, asumió hace cinco días la paternidad del hijo de Viviana, Guillermo Armindo Carrillo, nacido el 4 de mayo de 2007, cinco meses después de haber renunciado a su estado clerical, el 21 de diciembre de 2006, para lanzarse a la arena política.
“Yo le conozco a ella (a Viviana), con Lugo nos fuimos varias veces por su casa, en Choré, pero no sabía que había algo entre ellos”, señaló Benigna, quien sostuvo que su relación con el obispo “era un secreto a voces” en San Pedro.
El nuevo escándalo que involucra al jefe de Estado estalla el mismo día en que hoy debe anunciar un relanzamiento de su Gobierno en coincidencia con el primer aniversario de su triunfo electoral, que supuso la quiebra de 61 años de hegemonía en el poder del Parrido Colorado.
En esas votaciones, Lugo fue candidato presidencial de la Alianza Patriótica para el Cambio, APC, una coalición de amplia base ideológica, integrada por grupos de izquierda y liderada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), de centro derecha y segunda fuerza política del país.
La ministra de la Mujer y líder de una agrupación que defiende la igualdad de género, Gloria Rubín, anunció que acompañará la denuncia de la mujer y aseguró que está dispuesta a renunciar de su cargo si detecta falta de transparencia en los trámites judiciales.
Categoría: artículos derecho de familia
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El Comercio
El congresista Wilder Calderón (PAP) presentó hoy un proyecto de ley para el caso de los plagiadores que ocasionen la muerte de sus víctimas
(EFE).- El congresista Wilder Calderón (PAP) presentó hoy un proyecto de ley que establece la pena de muerte para los secuestradores de menores de 12 años que ocasionen la muerte de sus víctimas.
La agencia oficial Andina señaló que la iniciativa cuenta con el apoyo de la bancada oficialista y busca reformar el artículo 140 de la Constitución peruana.
Ese artículo establece que “la pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que Perú es parte obligada”.
Calderón reconoció que, de aprobarse su propuesta, el Gobierno deberá pedir al Congreso la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica.
Al referirse a la motivación de la iniciativa, declaró que se basa en “la gran crueldad” de los que cometen estos delitos.
“Estos delincuentes son de alta peligrosidad, por lo que es improbable su readaptación y reinserción en la sociedad”, sostuvo el congresista.
Aseguró, además, que “es hora de hacer justicia y que los culpables de toda ignominia paguen por sus delitos”.
Al respecto, la parlamentaria fujimorista Luisa María Cuculiza dijo a la agencia Andina que está a favor del proyecto, porque los que atentan contra los que no pueden defenderse, entre los que mencionó a los ancianos, “no merecen vivir un día más”.
El congresista de la alianza conservadora Unidad Nacional Juan Carlos Eguren comentó, a su turno, que será necesario analizar y estudiar adecuadamente la iniciativa.
Eguren, que preside la Comisión de Justicia del Congrego, recordó que en 2006 ya se rechazó una iniciativa para aplicar la pena de muerte a los violadores de menores de edad, porque al estudiarse el “costo-beneficio” de la medida se consideró que sería negativo.
El parlamentario Freddy Otárola, portavoz del opositor Partido Nacionalista, rechazó la propuesta porque a su juicio no evitará que se cometan estos delitos.
Otárola dijo que esta propuesta busca distraer la atención pública de otros temas importantes como la situación del terrorismo y el narcotráfico en la selva peruana, y los efectos de la crisis económica internacional.
El congresista Wilder Calderón (PAP) presentó hoy un proyecto de ley para el caso de los plagiadores que ocasionen la muerte de sus víctimas
(EFE).- El congresista Wilder Calderón (PAP) presentó hoy un proyecto de ley que establece la pena de muerte para los secuestradores de menores de 12 años que ocasionen la muerte de sus víctimas.
La agencia oficial Andina señaló que la iniciativa cuenta con el apoyo de la bancada oficialista y busca reformar el artículo 140 de la Constitución peruana.
Ese artículo establece que “la pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que Perú es parte obligada”.
Calderón reconoció que, de aprobarse su propuesta, el Gobierno deberá pedir al Congreso la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica.
Al referirse a la motivación de la iniciativa, declaró que se basa en “la gran crueldad” de los que cometen estos delitos.
“Estos delincuentes son de alta peligrosidad, por lo que es improbable su readaptación y reinserción en la sociedad”, sostuvo el congresista.
Aseguró, además, que “es hora de hacer justicia y que los culpables de toda ignominia paguen por sus delitos”.
Al respecto, la parlamentaria fujimorista Luisa María Cuculiza dijo a la agencia Andina que está a favor del proyecto, porque los que atentan contra los que no pueden defenderse, entre los que mencionó a los ancianos, “no merecen vivir un día más”.
El congresista de la alianza conservadora Unidad Nacional Juan Carlos Eguren comentó, a su turno, que será necesario analizar y estudiar adecuadamente la iniciativa.
Eguren, que preside la Comisión de Justicia del Congrego, recordó que en 2006 ya se rechazó una iniciativa para aplicar la pena de muerte a los violadores de menores de edad, porque al estudiarse el “costo-beneficio” de la medida se consideró que sería negativo.
El parlamentario Freddy Otárola, portavoz del opositor Partido Nacionalista, rechazó la propuesta porque a su juicio no evitará que se cometan estos delitos.
Otárola dijo que esta propuesta busca distraer la atención pública de otros temas importantes como la situación del terrorismo y el narcotráfico en la selva peruana, y los efectos de la crisis económica internacional.
Categoría: Artículos derecho constitucional
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El Comercio
El INPE se lo había negado a una interna pero el Tribunal Constitucional le dio la razon
El Tribunal Constitucional(TC) determinó que el beneficio penitenciario de la visita íntima para las mujeres condenadas por el delito de terrorismo no se encuentra restringido, limitado o prohibido para los internos o internas por el delito de terrorismo.
A través de la sentencia recaída en el Expediente N.º 01575-2007-PHC/TC, considera que la decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de negar el beneficio penitenciario a una reclusa, sin que exista una prohibición legal expresa y de carecer de un parámetro claro para determinar bajo que circunstancias se puede conceder o rechazar este beneficio, viola los derechos a la integridad personal y al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres reclusas.
“De esta forma, ordena que se realicen las gestiones administrativas necesarias para establecer un régimen de visita íntima, de acorde con los requisitos del Reglamento del Código de Ejecución Penal, bajo condiciones de periodicidad, intimidad, salubridad y seguridad”, indica el TC en un comunicado difundido a medios de comunicación.
EL TC también exhorta a la Defensoría del Pueblo para que realice el seguimiento del cumplimiento de la presente sentencia.
El vicepresidente del TC, Carlos Mesía, explicó que el TC adoptó esta resolución al declarar fundada una acción de amparo presentada por una reclusa acusada de terrorismo, detenida en el penal de Chorrillos, contra el INPE, reclamando el acceso a ese beneficio.
Dicho beneficio penitenciario –añadió- tiene que ser igual para todos, no puede haber desigualdad, y menos por condición de género.
Indicó que si el INPE otorga ese derecho a los varones detenidos por terrorismo, también tiene que otorgarlo a las mujeres, y agrega que si bien el fallo corresponde a una persona, su principio es general, y debe regir para todas las reclusas detenidas por terrorismo.
Se indica que para este efecto, se reconocerá como pareja a los esposos, pero también se reconocerá los matrimonios de hecho.
También señala que corresponderá a la entidad gubernamental establecer una política de planificación familiar entre la población penal femenina, a fin de que las reclusas tomen conciencia sobre la inconveniencia de quedar embarazadas en el periodo de reclusión.
El INPE se lo había negado a una interna pero el Tribunal Constitucional le dio la razon
El Tribunal Constitucional(TC) determinó que el beneficio penitenciario de la visita íntima para las mujeres condenadas por el delito de terrorismo no se encuentra restringido, limitado o prohibido para los internos o internas por el delito de terrorismo.
A través de la sentencia recaída en el Expediente N.º 01575-2007-PHC/TC, considera que la decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de negar el beneficio penitenciario a una reclusa, sin que exista una prohibición legal expresa y de carecer de un parámetro claro para determinar bajo que circunstancias se puede conceder o rechazar este beneficio, viola los derechos a la integridad personal y al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres reclusas.
“De esta forma, ordena que se realicen las gestiones administrativas necesarias para establecer un régimen de visita íntima, de acorde con los requisitos del Reglamento del Código de Ejecución Penal, bajo condiciones de periodicidad, intimidad, salubridad y seguridad”, indica el TC en un comunicado difundido a medios de comunicación.
EL TC también exhorta a la Defensoría del Pueblo para que realice el seguimiento del cumplimiento de la presente sentencia.
El vicepresidente del TC, Carlos Mesía, explicó que el TC adoptó esta resolución al declarar fundada una acción de amparo presentada por una reclusa acusada de terrorismo, detenida en el penal de Chorrillos, contra el INPE, reclamando el acceso a ese beneficio.
Dicho beneficio penitenciario –añadió- tiene que ser igual para todos, no puede haber desigualdad, y menos por condición de género.
Indicó que si el INPE otorga ese derecho a los varones detenidos por terrorismo, también tiene que otorgarlo a las mujeres, y agrega que si bien el fallo corresponde a una persona, su principio es general, y debe regir para todas las reclusas detenidas por terrorismo.
Se indica que para este efecto, se reconocerá como pareja a los esposos, pero también se reconocerá los matrimonios de hecho.
También señala que corresponderá a la entidad gubernamental establecer una política de planificación familiar entre la población penal femenina, a fin de que las reclusas tomen conciencia sobre la inconveniencia de quedar embarazadas en el periodo de reclusión.
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Angelina Jolie ofreció US$90 mlls a Brad Pitt por custodia completa de sus seis hijos
El Comercio
La actriz estadounidense no quiere tener una batalla legal contra su pareja en caso de que termine la relación
La actriz estadounidense Angelina Jolie ofreció 90 millones de dólares a su pareja, Brad Pitt, para obtener la custodia completa de sus seis hijos en caso de que terminen su relación.
Como se sabe, ambos actores han enfrentado problemas en fechas recientes. Según informó la página showbizspy.com, como medida preventiva si es que no llegan a superar esta crisis, Jolie le ha ofrecido a Pitt la suma de 90 millones de dólares.
“Los niños son la vida de Angelina. Creo que ella está resignada al hecho de que Brad y ella quizás no superen la tormenta, y ella se ha preparado para hacer cualquier cosa para retenerlos”, declaró una fuente cercana a la actriz.
De acuerdo con otra fuente, cuando Jolie le ofreció dinero a Brad por los niños, él pensó que se trataba de una broma y le dijo que no fuera ridícula, pues él le dejaría a los pequeños si le asegura que serán educados en Estados Unidos, cerca de su familia.
Jolie y Pitt son padres de seis niños, tres adoptados y tres biológicos, pero se dice que Angelina estaría esperando un nuevo bebé.
El Comercio
La actriz estadounidense no quiere tener una batalla legal contra su pareja en caso de que termine la relación
La actriz estadounidense Angelina Jolie ofreció 90 millones de dólares a su pareja, Brad Pitt, para obtener la custodia completa de sus seis hijos en caso de que terminen su relación.
Como se sabe, ambos actores han enfrentado problemas en fechas recientes. Según informó la página showbizspy.com, como medida preventiva si es que no llegan a superar esta crisis, Jolie le ha ofrecido a Pitt la suma de 90 millones de dólares.
“Los niños son la vida de Angelina. Creo que ella está resignada al hecho de que Brad y ella quizás no superen la tormenta, y ella se ha preparado para hacer cualquier cosa para retenerlos”, declaró una fuente cercana a la actriz.
De acuerdo con otra fuente, cuando Jolie le ofreció dinero a Brad por los niños, él pensó que se trataba de una broma y le dijo que no fuera ridícula, pues él le dejaría a los pequeños si le asegura que serán educados en Estados Unidos, cerca de su familia.
Jolie y Pitt son padres de seis niños, tres adoptados y tres biológicos, pero se dice que Angelina estaría esperando un nuevo bebé.
19/04/09: Este martes se presentará propuesta para resolver controversia sobre Ley de Carrera Judicial
La República
El Poder Ejecutivo presentará el martes 21 una propuesta para solucionar la controversia entre el Poder Judicial y el Congreso por la Ley de la Carrera Judicial, informó la ministra de Justicia, Rosario Fernández.
Fernández evitó dar detalles del planteamiento y dijo que el mismo será expuesto en la reunión que sostendrá ese día con los titulares del Poder Judicial, Javier Villa Stein, y del Parlamento, Javier Velásquez.
“Se trata de afinar algunos aspectos que por ahora el Poder Judicial estima como inconstitucionales (…) esperamos que el ministerio pueda colaborar en ese objetivo y el día martes vamos a aportar nuestras propuestas”, indicó.
Agregó que la reunión se llevará a cabo al mediodía en las instalaciones del Poder Judicial, cita en el que también participará el jefe del gabinete ministerial, Yehude Simon.
La ministra expresó su confianza en que la cita se llegue a una fórmula consensuada que permita superar el impasse.
“Es un asunto que es solucionable no creo que sea un asunto insalvable el objetivo de todos es mejorar la calidad en la función jurisdiccional y en eso todos estamos de acuerdo”, dijo.
La titular de Justicia destacó las expresiones de Villa Stein, en el sentido que podría evitar la acción de inconstitucionalidad presentada contra la Ley de Carrera Judicial, si en caso se logren acuerdos satisfactorios en la reunión.
Dijo que el Congreso también debe mostrar su disposición para lograr un entendimiento en este tema.
“La demanda (contra la ley) ya fue interpuesta y admitida, pero eventualmente si desaparecen las razones de inconstitucionalidad que se cuestionan, esta carecería de objeto”, indicó.
Demanda sobre TC con Chile
De otro lado, la ministra Fernández informó que el pasado 8 de abril el Poder Ejecutivo fue notificado por el Tribunal Constitucional (TC) de la admisión de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el acuerdo económico comercial suscrito con Chile.
Señaló que el Ministerio de Justicia junto al equipo legal externo conformado por los abogados Javier Alva Orlandini, Ernesto Blume y Walter Gutiérrez, elabora los argumentos legales y jurídicos para responder la demanda.
Dijo que la respuesta a la acción de inconstitucionalidad será presentada antes del plazo de 30 días previsto por el TC, que vence el 25 de mayo.
Fernández se mostró segura de que la demanda de inconstitucionalidad no prosperará porque carece de argumentos sólidos para objetar el acuerdo bilateral. (Con información de Andina).
El Poder Ejecutivo presentará el martes 21 una propuesta para solucionar la controversia entre el Poder Judicial y el Congreso por la Ley de la Carrera Judicial, informó la ministra de Justicia, Rosario Fernández.
Fernández evitó dar detalles del planteamiento y dijo que el mismo será expuesto en la reunión que sostendrá ese día con los titulares del Poder Judicial, Javier Villa Stein, y del Parlamento, Javier Velásquez.
“Se trata de afinar algunos aspectos que por ahora el Poder Judicial estima como inconstitucionales (…) esperamos que el ministerio pueda colaborar en ese objetivo y el día martes vamos a aportar nuestras propuestas”, indicó.
Agregó que la reunión se llevará a cabo al mediodía en las instalaciones del Poder Judicial, cita en el que también participará el jefe del gabinete ministerial, Yehude Simon.
La ministra expresó su confianza en que la cita se llegue a una fórmula consensuada que permita superar el impasse.
“Es un asunto que es solucionable no creo que sea un asunto insalvable el objetivo de todos es mejorar la calidad en la función jurisdiccional y en eso todos estamos de acuerdo”, dijo.
La titular de Justicia destacó las expresiones de Villa Stein, en el sentido que podría evitar la acción de inconstitucionalidad presentada contra la Ley de Carrera Judicial, si en caso se logren acuerdos satisfactorios en la reunión.
Dijo que el Congreso también debe mostrar su disposición para lograr un entendimiento en este tema.
“La demanda (contra la ley) ya fue interpuesta y admitida, pero eventualmente si desaparecen las razones de inconstitucionalidad que se cuestionan, esta carecería de objeto”, indicó.
Demanda sobre TC con Chile
De otro lado, la ministra Fernández informó que el pasado 8 de abril el Poder Ejecutivo fue notificado por el Tribunal Constitucional (TC) de la admisión de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el acuerdo económico comercial suscrito con Chile.
Señaló que el Ministerio de Justicia junto al equipo legal externo conformado por los abogados Javier Alva Orlandini, Ernesto Blume y Walter Gutiérrez, elabora los argumentos legales y jurídicos para responder la demanda.
Dijo que la respuesta a la acción de inconstitucionalidad será presentada antes del plazo de 30 días previsto por el TC, que vence el 25 de mayo.
Fernández se mostró segura de que la demanda de inconstitucionalidad no prosperará porque carece de argumentos sólidos para objetar el acuerdo bilateral. (Con información de Andina).
Categoría: Artículos derecho constitucional
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La iniciativa – que castigaría a los secuestradores de menores de 12 años que ocasionan la muerte de sus víctimas – implicaría una reforma constitucional y la denuncia del Pacto de San José de Costa Rica.
Perú 21
En momentos en que el debate político está centrado en las últimas acciones terroristas en la zona del VRAE, la bancada del Apra presentó, el último viernes, un proyecto de ley para reformar el artículo 140 de la Constitución con el fin de extender la imposición de la pena de muerte a los secuestradores de menores de 12 años que ocasionan la muerte de sus víctimas.
La iniciativa – que lleva las firmas de los legisladores Wilder Calderón, Helvezia Balta, Mario Alegría y Jorge Flores, entre otros –, alega que se trata de “sujetos de alta peligrosidad”, por lo que es “improbable su readaptación y reinserción en la sociedad”, y agrega que, de aprobarse el planteamiento, el Ejecutivo propondrá al Congreso de la República la denuncia del Pacto de San José de Costa Rica.
ANTECEDENTES. Como se recuerda, fue en 2006, en plena campaña electoral a la Presidencia de la República, que el entonces candidato Alan García ofreció reinstaurar la pena de muerte para terroristas, violadores y asesinos de menores de 7 años. Estando ya instalado en Palacio de Gobierno, su bancada presentó un proyecto de ley para imponer la pena capital a los subversivos, lo que provocó una intensa polémica.
Finalmente, sin embargo, el 10 de enero de 2007, la propuesta fue rechazada por mayoría en el Pleno del Congreso. Pese a ello, días después el mandatario habló sobre la posibilidad de convocar a un referéndum, pero luego desistió. Hoy, el tema promete volver a generar debate.
'Le rogaba a mi señora para volver... y me dijo que estaba embarazada de otro'
Confiesa que aún viven juntos, pero están separados y quiere al hijo de ella como si fuera suyo.
Por Fernando 'Vocha' Dávila
Trome
Venga conmigo a caminar por la risa y la nostalgia. Déjeme llevarlo por las rutas de la sinceridad. Pise las arenas del desamor, donde la semilla de la memoria crece y crece y va camino a convertirse en el árbol del recuerdo. Entremos en la vida de Kike Suero, el flaco que cada sábado nos alegra el corazón. Lo va a querer más, le aseguro, y me agradecerá habérselo presentado de una manera distinta. Y le daré un apretón de manos a nombre suyo, al 'payasito' le va a gustar. Seguro que sí.
Kike, eres barrio, palomilla, pero la verdad, pienso que no podías perder tu hogar...
Hermano, yo reconozco que hice cag... en mi vida. No lo puedo negar y finalmente perdí a la mujer que estuvo conmigo toda la vida, por algo será.
Pero veo que vives con ella y tus hijos.
No puedo pasar un día sin verlos. Con Cecilia no pasa nada, estamos en cuartos separados.
Me parece que es el amor de tu vida.
Yo me inicié como cómico de plaza. Mientras actuaba, ella estaba sentadita con mi chibolo en brazos. Esos recuerdos son tatuajes marcados en mi alma y nadie los puede borrar. Por eso digo que ya no la amo, pero la quiero y mucho y deseo lo mejor para ella.
Siempre dijiste eso y después se reconciliaron.
Esta vez ya no, porque tengo mi chica a la que la llamo 'Gitanita'. He recobrado las ganas de amar a una mujer y eso me hace feliz.
¿Lloraste por tu ex mujer?
Casi nunca lo he contado, pero lo voy a soltar. La engañé tantas veces, que ella no me creía nada. La busqué, le pedí perdón, pero me decía que era muy tarde. Un día, decidido a recuperarla, le expliqué todo lo que pensaba hacer en nuestra nueva vida y ella me respondió: 'No, Kike, más bien quería decirte que estoy embarazada'.
Pucha, qué duro.
Lloré, sentí que me caía. Se me salían las lágrimas en cualquier lado, en mi cama del hotel donde vivía. Tenía miedo irme a dormir, porque era encontrarme con la soledad.
¿Qué hiciste?
Nada, me aferré a mis hijos y veía cómo crecía su barriga (se queda pensativo).
A suuuu, compadre...
Decidí seguir viviendo, todo era muy jodido. Pero nació y le empecé a agarrar cariño al niño. Yo digo que Diosito me envió ese regalo.
Es raro lo que me revelas. Otro me diría que se 'arañó' porque su mujer le fue infiel.
Es que ella no me engañó, ya no estaba conmigo, la había dejado y estaba sola.
Cuidado, van a decir que eres un 'Pumita'.
Primero, no opino del tema de otros, porque nadie está libre de ser engañado, es algo muy personal. Además, si la perdonó, seguro la ama y las hijas se lo pidieron. Aunque me critiquen, yo me alegro que una familia siga unida, pues una pareja con niños que se separe, es lo más triste, hermano.
¿Perdonarías una 'traición'?
Amigo, cuando alguien ama, hace cosas que jamás se imagina.
¿Cómo le explicaste a tus hijos tantas 'canitas al aire'?
Lo senté a ambos y les confesé: Miren, por darme de muy vivo, de andar con una y otra, traje abajo la unión familiar. Por favor, que mi mal ejemplo sea el mejor espejo para darse cuenta lo que no deben hacer.
¿Y te llevas bien con la pareja de tu ex esposa?
Ese es una porquería, ni aparece ni se responsabiliza por la criatura.
¿Le has dado tu apellido al bebé?
No. Él se llama Jassyel, su padre lo firmó, pero lo quiero mucho y lo crío.
Me da la impresión que te mueres por volver con tu ex señora.
No, entendí que Cecilia no va a volver conmigo. La quiero mucho, deseo que le vaya bien y si aparece alguien en su vida, no la jodería, pero que me la trate bien, porque sino lo descuartizo.
El sufrido
Ahora vamos a tus inicios, saliste de abajo y de barrio bravo.
Soy del Barrio 5 del Callao. Allí los chibolos nacemos y aprendemos a nadar en una, después a pelear y recién allí tienes que caminar. También creces mirando la droga. Pero estoy muy orgulloso de mi barrio y jamás lo negaría.
¿Probaste drogas?
Un amigo me invitó: 'Te hace volar, alucinas huev...' y me metí un 'cacho' de marihuana. Me puso huev.., como cansado y después me cag... de hambre. La firme, no me vaciló y allí nomás.
Pero de chibolo has tenido que hacer alguna 'travesura'.
La verdad, fui pájaro frutero. Iba al mercado en mancha y levantábamos manzanas y naranjas para comer. Iba con mi madre, y mientras compraba, yo echaba en su canasta mis 'robos'. Cuando llegaba a casa y, los descubría, me sacaba la m.., ja, ja, ja.
¿Caíste en 'cana'?
Sí, en la comisaría 'Alipio Ponce', por no tener documentos. Regresaba de trabajar del óvalo del Callao con mi ropa, también llevaba mis marionetas.
¿Y no te dejaron salir?
No. Me metieron con los 'choros' a un calabozo. Cuando entré fue la muerte...
¿Qué pasó?
Estaba todo oscuro y un 'apeligrado' gritó: 'oe chibolo, ya que has entrado, prende la luz' y yo todo huev..., tanteando con mi mano por la pared, buscaba el interruptor. Y un cachoso me vaciló: 'oe, no sabes que en la cana el interruptor está abajo' y yo lo empecé a buscar por el zócalo.
Eras todo sanazo.
Lo peor llegó en la madrugada. No podía dormir, estaba 'palteado'. Encima sentí ruidos de gente, mencionaron un apellido y un 'pata' susurró: 'conch.., me van a chambear' y se lo llevaron dos tombos. Pobrecito, lo van a colgar decían los otros y del cuarto donde lo metieron, prendieron la radio a todo volumen.
¿Y a qué hora salió?
Como a la hora, doblado y sin fuerzas ni para hablar.
¿Qué vino después?
Llamaron a varios y pasaba lo mismo, hasta que me tocó: 'Ese Payasito' y temblé. Venían por mí y un policía me ordenó: 'Eres chibolo, anda trae agua y límpiate el baño. Que amanezca y te vas'. Respiré tranquilo.
Épocas duras, 'causa'.
Un tiempo tenía que salir con mi hijo James cargado a vender caramelos a los micros. Mi esposa estaba malita y no podía cuidarlo. Siempre que subía, le daba mi nño a alguna señora y empezaba con mi show. Los hacía reír, pasaba con mi bolsita y me bajaba. Una vez hice lo de siempre, una señora lo recibió al bebé y conté mis chistes. Llegué al fondo y me bajé. Veo que el carro arranca y un 'pata' me grita por la ventana: 'Oe h..., tu hijoooooo' y empecé a perseguir el microbús.
¿Nunca te pegaste a la pasta?
A Dios le debo no ser un drogadicto más. Compadre, mi viejo siempre me decía: 'por si acaso, esa basura tiene kerosene, ácidos. Destruye el cerebro y, si eso quieren para su vida, háganlo'. Una familia entera de mi barrio se hicieron pasteleros. Un amigo, casi un hermano, murió por robarle a otros drogos y cerrarlos con dos 'pacos'.
El Papá
Dajhanne, tu niña, es toda una señorita. ¿Ya eres suegro?
Sí., es imposible negarlo.
Huuuuummm, te mueres de celos, creo.
¿Quéee? Compadre, yo soy recontraceloso y con mi niña más. Un día llegó con un chiquillo a la puerta de la casa y los vi conversando. Pasé muy serio, me saludó y con la justas le devolví el saludo. Un día me iba a trabajar y estaba allí, entonces me fui, regresé en 'una' y los vi agrrados de la mano. Me rayé. Le ordené a mi hija: pasa y al orejón le grité: sube al carro.
¿Te lo llevaste?
Lo secuestré. Lo subí y me lo llevé hasta la avenida Colonial. Le aclaré que no tenía porqué faltar el respeto. Estaba asustado y lo amenacé: Vivo te crees, no. ¿Cuánto tienes en el bolsillo? 'Un sol señor', respondió. Dámelo, volví alzar la voz. Recibí la moneda y lo bajé.
¿Allí 'murió' todo?
No, vino su mamá y me hizo la bronca. Yo estaba asadazo y ni caso le hice. En la noche, mi hijita me pidió: 'papá, ¿puedo tener enamorado?' Me dio rabia, estaba loco, no sabía qué responder. Llamaba amigos, gente que siempre me aconseja. Hasta que Silvia Bardales me respondió: 'Kike, es preferible que te pida permiso para tener enamorado, antes que un día aparezca y te diga: papá, estoy embarazada'. Llegué pensando eso y la vi a mi niña, estaba toda una señorita. Déjame pensarlo, le contesté. Al día siguiente fue el chiste.
¿Por qué?
Regresé del trabajo y el 'Orejón' ya estaba sentado en la sala. Cecilia me bajó los caballos: 'mejor que estén dentro de la casa, ¿no?'
Al final, lo aceptaste...
Sí, pero le he puesto condiciones. Solo se ven un día a la semana para que no se desconcentren en sus estudios y cuando salen, un asistente mío, que también es mi chofer, los lleva a donde quieran. Si hay un quinceañero, van, pero con su mamá. Yo creo en mi hija, pero el varoncito siempre quiere más cositas.
¿Y el yerno ya camina con la familia?
Una vez nos invitaron unos primos a su casa de la playa y cuando estábamos para salir, llegó el muchacho. 'Hija, era solo para la familia' y ella me contestó: 'Pero come poquito'. Qué hago pues, hermano.
¿Y James ya tiene chica?
Sí, es medio pisado. Ya le advertí, quiero que estudie y que no sea loco. Él sabe que yo lo apoyo, pero también nada es gratis. Me compré un carro y me quedaba el anterior y le prometí: termina invicto el colegio y el auto antiguo será tuyo. Cumplió su parte y yo la mía. Le gusta el arte, pues le daré todo lo que pueda, que no me salga con cosas que trunquen su carrera.
¿Qué tal historia la tuya, hay harto para contar?
Me pasaron muchas cosas, pero sé que Dios me puso para robarle una sonrisa a la gente.
¿Y se vienen mejores cosas?
Sí, les voy a comprar una casa a mis chicos, en Pueblo Libre, deseo que crezcan en otro ambiente. Hermano, los hijos eligen su propio camino, pero los papás tenemos que rodearlos de buenas influencias para que tengan muchos horizontes donde elegir. Después de su casita, vendrá mi departamento.
Me hiciste reír, ponerme triste, no es 'patería', tu vida merece ser contada.
Como yo hay muchos, pero sabes, algunos se olvidan. Yo mismo me he mareado tantas veces. ¿O no es vivir ciego creyendo que las mujeres se me acercaban por mí y no por interés? Eso también es creérsela. Él de arriba me dio con todo para que yo sepa valorar lo que me había dado.
Un apretón de manos...
Gracias por todo, por venir a mi barrio que hoy domingo está organizando una pollada de apoyo a un amigo que murió ahogado. Yo lo tengo muy claro: No soy drogadicto ni choro, porque Dios me tenía otro camino para mí.
Confiesa que aún viven juntos, pero están separados y quiere al hijo de ella como si fuera suyo.
Por Fernando 'Vocha' Dávila
Trome
Venga conmigo a caminar por la risa y la nostalgia. Déjeme llevarlo por las rutas de la sinceridad. Pise las arenas del desamor, donde la semilla de la memoria crece y crece y va camino a convertirse en el árbol del recuerdo. Entremos en la vida de Kike Suero, el flaco que cada sábado nos alegra el corazón. Lo va a querer más, le aseguro, y me agradecerá habérselo presentado de una manera distinta. Y le daré un apretón de manos a nombre suyo, al 'payasito' le va a gustar. Seguro que sí.
Kike, eres barrio, palomilla, pero la verdad, pienso que no podías perder tu hogar...
Hermano, yo reconozco que hice cag... en mi vida. No lo puedo negar y finalmente perdí a la mujer que estuvo conmigo toda la vida, por algo será.
Pero veo que vives con ella y tus hijos.
No puedo pasar un día sin verlos. Con Cecilia no pasa nada, estamos en cuartos separados.
Me parece que es el amor de tu vida.
Yo me inicié como cómico de plaza. Mientras actuaba, ella estaba sentadita con mi chibolo en brazos. Esos recuerdos son tatuajes marcados en mi alma y nadie los puede borrar. Por eso digo que ya no la amo, pero la quiero y mucho y deseo lo mejor para ella.
Siempre dijiste eso y después se reconciliaron.
Esta vez ya no, porque tengo mi chica a la que la llamo 'Gitanita'. He recobrado las ganas de amar a una mujer y eso me hace feliz.
¿Lloraste por tu ex mujer?
Casi nunca lo he contado, pero lo voy a soltar. La engañé tantas veces, que ella no me creía nada. La busqué, le pedí perdón, pero me decía que era muy tarde. Un día, decidido a recuperarla, le expliqué todo lo que pensaba hacer en nuestra nueva vida y ella me respondió: 'No, Kike, más bien quería decirte que estoy embarazada'.
Pucha, qué duro.
Lloré, sentí que me caía. Se me salían las lágrimas en cualquier lado, en mi cama del hotel donde vivía. Tenía miedo irme a dormir, porque era encontrarme con la soledad.
¿Qué hiciste?
Nada, me aferré a mis hijos y veía cómo crecía su barriga (se queda pensativo).
A suuuu, compadre...
Decidí seguir viviendo, todo era muy jodido. Pero nació y le empecé a agarrar cariño al niño. Yo digo que Diosito me envió ese regalo.
Es raro lo que me revelas. Otro me diría que se 'arañó' porque su mujer le fue infiel.
Es que ella no me engañó, ya no estaba conmigo, la había dejado y estaba sola.
Cuidado, van a decir que eres un 'Pumita'.
Primero, no opino del tema de otros, porque nadie está libre de ser engañado, es algo muy personal. Además, si la perdonó, seguro la ama y las hijas se lo pidieron. Aunque me critiquen, yo me alegro que una familia siga unida, pues una pareja con niños que se separe, es lo más triste, hermano.
¿Perdonarías una 'traición'?
Amigo, cuando alguien ama, hace cosas que jamás se imagina.
¿Cómo le explicaste a tus hijos tantas 'canitas al aire'?
Lo senté a ambos y les confesé: Miren, por darme de muy vivo, de andar con una y otra, traje abajo la unión familiar. Por favor, que mi mal ejemplo sea el mejor espejo para darse cuenta lo que no deben hacer.
¿Y te llevas bien con la pareja de tu ex esposa?
Ese es una porquería, ni aparece ni se responsabiliza por la criatura.
¿Le has dado tu apellido al bebé?
No. Él se llama Jassyel, su padre lo firmó, pero lo quiero mucho y lo crío.
Me da la impresión que te mueres por volver con tu ex señora.
No, entendí que Cecilia no va a volver conmigo. La quiero mucho, deseo que le vaya bien y si aparece alguien en su vida, no la jodería, pero que me la trate bien, porque sino lo descuartizo.
El sufrido
Ahora vamos a tus inicios, saliste de abajo y de barrio bravo.
Soy del Barrio 5 del Callao. Allí los chibolos nacemos y aprendemos a nadar en una, después a pelear y recién allí tienes que caminar. También creces mirando la droga. Pero estoy muy orgulloso de mi barrio y jamás lo negaría.
¿Probaste drogas?
Un amigo me invitó: 'Te hace volar, alucinas huev...' y me metí un 'cacho' de marihuana. Me puso huev.., como cansado y después me cag... de hambre. La firme, no me vaciló y allí nomás.
Pero de chibolo has tenido que hacer alguna 'travesura'.
La verdad, fui pájaro frutero. Iba al mercado en mancha y levantábamos manzanas y naranjas para comer. Iba con mi madre, y mientras compraba, yo echaba en su canasta mis 'robos'. Cuando llegaba a casa y, los descubría, me sacaba la m.., ja, ja, ja.
¿Caíste en 'cana'?
Sí, en la comisaría 'Alipio Ponce', por no tener documentos. Regresaba de trabajar del óvalo del Callao con mi ropa, también llevaba mis marionetas.
¿Y no te dejaron salir?
No. Me metieron con los 'choros' a un calabozo. Cuando entré fue la muerte...
¿Qué pasó?
Estaba todo oscuro y un 'apeligrado' gritó: 'oe chibolo, ya que has entrado, prende la luz' y yo todo huev..., tanteando con mi mano por la pared, buscaba el interruptor. Y un cachoso me vaciló: 'oe, no sabes que en la cana el interruptor está abajo' y yo lo empecé a buscar por el zócalo.
Eras todo sanazo.
Lo peor llegó en la madrugada. No podía dormir, estaba 'palteado'. Encima sentí ruidos de gente, mencionaron un apellido y un 'pata' susurró: 'conch.., me van a chambear' y se lo llevaron dos tombos. Pobrecito, lo van a colgar decían los otros y del cuarto donde lo metieron, prendieron la radio a todo volumen.
¿Y a qué hora salió?
Como a la hora, doblado y sin fuerzas ni para hablar.
¿Qué vino después?
Llamaron a varios y pasaba lo mismo, hasta que me tocó: 'Ese Payasito' y temblé. Venían por mí y un policía me ordenó: 'Eres chibolo, anda trae agua y límpiate el baño. Que amanezca y te vas'. Respiré tranquilo.
Épocas duras, 'causa'.
Un tiempo tenía que salir con mi hijo James cargado a vender caramelos a los micros. Mi esposa estaba malita y no podía cuidarlo. Siempre que subía, le daba mi nño a alguna señora y empezaba con mi show. Los hacía reír, pasaba con mi bolsita y me bajaba. Una vez hice lo de siempre, una señora lo recibió al bebé y conté mis chistes. Llegué al fondo y me bajé. Veo que el carro arranca y un 'pata' me grita por la ventana: 'Oe h..., tu hijoooooo' y empecé a perseguir el microbús.
¿Nunca te pegaste a la pasta?
A Dios le debo no ser un drogadicto más. Compadre, mi viejo siempre me decía: 'por si acaso, esa basura tiene kerosene, ácidos. Destruye el cerebro y, si eso quieren para su vida, háganlo'. Una familia entera de mi barrio se hicieron pasteleros. Un amigo, casi un hermano, murió por robarle a otros drogos y cerrarlos con dos 'pacos'.
El Papá
Dajhanne, tu niña, es toda una señorita. ¿Ya eres suegro?
Sí., es imposible negarlo.
Huuuuummm, te mueres de celos, creo.
¿Quéee? Compadre, yo soy recontraceloso y con mi niña más. Un día llegó con un chiquillo a la puerta de la casa y los vi conversando. Pasé muy serio, me saludó y con la justas le devolví el saludo. Un día me iba a trabajar y estaba allí, entonces me fui, regresé en 'una' y los vi agrrados de la mano. Me rayé. Le ordené a mi hija: pasa y al orejón le grité: sube al carro.
¿Te lo llevaste?
Lo secuestré. Lo subí y me lo llevé hasta la avenida Colonial. Le aclaré que no tenía porqué faltar el respeto. Estaba asustado y lo amenacé: Vivo te crees, no. ¿Cuánto tienes en el bolsillo? 'Un sol señor', respondió. Dámelo, volví alzar la voz. Recibí la moneda y lo bajé.
¿Allí 'murió' todo?
No, vino su mamá y me hizo la bronca. Yo estaba asadazo y ni caso le hice. En la noche, mi hijita me pidió: 'papá, ¿puedo tener enamorado?' Me dio rabia, estaba loco, no sabía qué responder. Llamaba amigos, gente que siempre me aconseja. Hasta que Silvia Bardales me respondió: 'Kike, es preferible que te pida permiso para tener enamorado, antes que un día aparezca y te diga: papá, estoy embarazada'. Llegué pensando eso y la vi a mi niña, estaba toda una señorita. Déjame pensarlo, le contesté. Al día siguiente fue el chiste.
¿Por qué?
Regresé del trabajo y el 'Orejón' ya estaba sentado en la sala. Cecilia me bajó los caballos: 'mejor que estén dentro de la casa, ¿no?'
Al final, lo aceptaste...
Sí, pero le he puesto condiciones. Solo se ven un día a la semana para que no se desconcentren en sus estudios y cuando salen, un asistente mío, que también es mi chofer, los lleva a donde quieran. Si hay un quinceañero, van, pero con su mamá. Yo creo en mi hija, pero el varoncito siempre quiere más cositas.
¿Y el yerno ya camina con la familia?
Una vez nos invitaron unos primos a su casa de la playa y cuando estábamos para salir, llegó el muchacho. 'Hija, era solo para la familia' y ella me contestó: 'Pero come poquito'. Qué hago pues, hermano.
¿Y James ya tiene chica?
Sí, es medio pisado. Ya le advertí, quiero que estudie y que no sea loco. Él sabe que yo lo apoyo, pero también nada es gratis. Me compré un carro y me quedaba el anterior y le prometí: termina invicto el colegio y el auto antiguo será tuyo. Cumplió su parte y yo la mía. Le gusta el arte, pues le daré todo lo que pueda, que no me salga con cosas que trunquen su carrera.
¿Qué tal historia la tuya, hay harto para contar?
Me pasaron muchas cosas, pero sé que Dios me puso para robarle una sonrisa a la gente.
¿Y se vienen mejores cosas?
Sí, les voy a comprar una casa a mis chicos, en Pueblo Libre, deseo que crezcan en otro ambiente. Hermano, los hijos eligen su propio camino, pero los papás tenemos que rodearlos de buenas influencias para que tengan muchos horizontes donde elegir. Después de su casita, vendrá mi departamento.
Me hiciste reír, ponerme triste, no es 'patería', tu vida merece ser contada.
Como yo hay muchos, pero sabes, algunos se olvidan. Yo mismo me he mareado tantas veces. ¿O no es vivir ciego creyendo que las mujeres se me acercaban por mí y no por interés? Eso también es creérsela. Él de arriba me dio con todo para que yo sepa valorar lo que me había dado.
Un apretón de manos...
Gracias por todo, por venir a mi barrio que hoy domingo está organizando una pollada de apoyo a un amigo que murió ahogado. Yo lo tengo muy claro: No soy drogadicto ni choro, porque Dios me tenía otro camino para mí.
Más de 250 parejas iniciaron su trámite para separarse por esta vía, mientras que 150 abrieron su expediente matrimonial en lo que va del año, informó la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registros Civiles de dicho municipio distrital.
Perú 21
En lo que va del año, la demanda por acceder al denominado “divorcio rápido” superó a las solicitudes de matrimonio en Jesús María, dado que mientras que más de 250 parejas iniciaron su trámite para el proceso de separación convencional y divorcio ulterior, solo 150 hicieron lo propio para abrir su expediente matrimonial.
Así lo informaron funcionarios de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registros Civiles de la Municipalidad de Jesús María, los cuales señalaron que desde setiembre del año pasado en que entró en vigencia el denominado proceso de divorcio rápido, más de 350 parejas han logrado, por mutuo acuerdo, separarse de forma convencional, y así cumplir con la primera etapa que disuelve el vinculo matrimonial.
Además, 80 parejas obtuvieron la resolución o acta que declara la disolución definitiva del vínculo matrimonial.
El promedio de edad de las parejas separadas, oscila entre los 45 a 70 años de edad. En su mayoría son personas que cumplieron con los requisitos solicitados, como el no contar con hijos menores de edad y carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales.
El proceso del divorcio en Jesús María tiene un costo de S/. 245. Además esa comuna fue una de las primeras en ser acreditadas por el Ministerio de Justicia y ratificadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para poner en marcha la Ley Nº 29227, proceso no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior, nombre que realmente lleva este proceso conocido como “divorcio rápido”.
El Comercio
Según encuesta de Datum en todo el país, el ex presidente Alberto Fujimori es culpable de los cargos en su contra
La mala gestión de los gobernantes es la principal razón del pesimismo entre los peruanos, según el reciente sondeo de Datum Internacional realizado en todo el ámbito nacional. El 49% de los encuestados brindó esa respuesta.
Para el 32%, la causa del desencanto es que “los peruanos se sienten engañados”, mientras que para el 31% lo es la desconfianza en los políticos. El sondeo también permitió conocer que la aprobación de la actuación del presidente Alan García llega al 30% y su desaprobación al 66%.
Asimismo, la intención de voto presenta a Luis Castañeda posicionado del primer lugar con el 23,4%, seguido por Keiko Fujimori (22,5%). Más atrás figuran Ollanta Humala (16,1%), Lourdes Flores (10,3%), Alejandro Toledo (8,8%), Mercedes Cabanillas (3,3%) y Pedro Pablo Kuczynski (2,3%).
JUICIO A FUJIMORI
Aunque la encuesta fue aplicada antes del dictado de la sentencia contra Alberto Fujimori, el 55% lo declara culpable (32% inocente) respecto de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
En cuanto a otras acusaciones, el ex presidente también sale mal parado. Así, en los casos de corrupción con Vladimiro Montesinos y otros personajes actualmente presos o prófugos, ante la pregunta ¿si usted fuera juez? el 73% dijo que lo declararía culpable (el 18% inocente). Sobre el pago ilegal de sumas millonarias a periodistas y medios de comunicación para que apoyasen su gobierno y su reelección, solo 21% proclamaría inocencia, pero 64% lo señalaría culpable.
Algo similar ocurre con la venta de armas a terroristas colombianos de las FARC: 61% culpable y 20% inocente.
LA FICHA
Grupo objetivo: Hombres y mujeres, de 18 a 70 años, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, residentes en zonas urbanas y rurales.
Cobertura: Ámbito nacional.
Tamaño de muestra: 1.154 entrevistas efectivas.
Metodología: Encuesta personal en hogares.
Margen de error: +/-2,9%. Nivel de confianza: 95%.
Fecha: Del 3 al 8 de abril del 2009.
Según encuesta de Datum en todo el país, el ex presidente Alberto Fujimori es culpable de los cargos en su contra
La mala gestión de los gobernantes es la principal razón del pesimismo entre los peruanos, según el reciente sondeo de Datum Internacional realizado en todo el ámbito nacional. El 49% de los encuestados brindó esa respuesta.
Para el 32%, la causa del desencanto es que “los peruanos se sienten engañados”, mientras que para el 31% lo es la desconfianza en los políticos. El sondeo también permitió conocer que la aprobación de la actuación del presidente Alan García llega al 30% y su desaprobación al 66%.
Asimismo, la intención de voto presenta a Luis Castañeda posicionado del primer lugar con el 23,4%, seguido por Keiko Fujimori (22,5%). Más atrás figuran Ollanta Humala (16,1%), Lourdes Flores (10,3%), Alejandro Toledo (8,8%), Mercedes Cabanillas (3,3%) y Pedro Pablo Kuczynski (2,3%).
JUICIO A FUJIMORI
Aunque la encuesta fue aplicada antes del dictado de la sentencia contra Alberto Fujimori, el 55% lo declara culpable (32% inocente) respecto de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
En cuanto a otras acusaciones, el ex presidente también sale mal parado. Así, en los casos de corrupción con Vladimiro Montesinos y otros personajes actualmente presos o prófugos, ante la pregunta ¿si usted fuera juez? el 73% dijo que lo declararía culpable (el 18% inocente). Sobre el pago ilegal de sumas millonarias a periodistas y medios de comunicación para que apoyasen su gobierno y su reelección, solo 21% proclamaría inocencia, pero 64% lo señalaría culpable.
Algo similar ocurre con la venta de armas a terroristas colombianos de las FARC: 61% culpable y 20% inocente.
LA FICHA
Grupo objetivo: Hombres y mujeres, de 18 a 70 años, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, residentes en zonas urbanas y rurales.
Cobertura: Ámbito nacional.
Tamaño de muestra: 1.154 entrevistas efectivas.
Metodología: Encuesta personal en hogares.
Margen de error: +/-2,9%. Nivel de confianza: 95%.
Fecha: Del 3 al 8 de abril del 2009.
“Felipe Tudela fue aislado de Graciela de Losada”
Expreso
En Lima la noticia de una tercera boda entre Felipe Tudela y Barreda y Graciela de Losada causaba revuelo, pero en Estados Unidos la realidad es otra, pues el patriarca de los Tudela se encuentra aislado de su ex esposa debido a que la justicia de Miami ha iniciado un proceso de hábeas corpus para saber si éste debe regresar o no al Perú. Así lo reveló el abogado de los hermanos Francisco y Luis Felipe Tudela, Enrique Ghersi Silva, quien ayer participó de la primera audiencia llevada a cabo en el Juzgado del Condado de Dade, en Miami, a cago del juez Arthur Rotemberg.“Este juez ha recibido el hábeas corpus y ha ordenado a don Felipe quedarse bajo custodia de las autoridades judiciales, de tal manera que la señora Graciela de Losada ya no lo tiene en su poder, ahora se encuentra en poder de las autoridades americanas”, nos contó vía telefónica.El jurista además explicó que hoy se desarrollará la segunda audiencia, en la que se designará a tres peritos que serán los encargados de evaluar la salud física y mental de don Felipe Tudela, y así determinar si cuenta con todas sus facultades físicas y mentales, fallo que se conocerá el martes próximo.Respecto al supuesto matrimonio celebrado entre ambas personas, Ghersi aseguró que la justicia norteamericana no lo validó, pues se conoce que la justicia peruana declaró como incapaz a Felipe Tudela en julio del 2008.“Eso significa que todos los actos posteriores a esta fecha son inválidos, y este matrimonio es absolutamente inválido. Se trata de una cortina de humo para ocultar que hay un proceso de hábeas corpus”, aseguró el letrado.Según el abogado de los hermanos Tudela, estos se encuentran tranquilos y confiados en que las autoridades de los Estados Unidos les permitirán traer de regreso al Perú a su padre.“Consideramos victoriosa esta primera audiencia, ya que el Juzgado no se ha dejado sorprender”, dijo.BORIS PUÉMAPE L.
Quisieron llevárselo
Enrique Ghersi contó que minutos antes de iniciarse el proceso de hábeas corpus en Miami hubo un intento de plagio contra Felipe Tudela que, afortunadamente, fue superado gracias a la rápida acción de la policía estadounidense.“Entiendo que el Juzgado ya identificó a la presunta autora. Es una persona de sexo femenino, subida de peso y que trató de sustraer a don Felipe del local del Juzgado antes de iniciarse la audiencia”, contó el abogado, quien recordó que hechos similares se produjeron antes en Bolivia y Brasil.
El dato
Felipe Tudela y Barreda ha sido instalado en un hotel de Miami, esperando el fallo final que se dictará el martes próximo. Cuenta con seguridad en este hotel y además varias enfermeras para cuidar su salud.
Expreso
En Lima la noticia de una tercera boda entre Felipe Tudela y Barreda y Graciela de Losada causaba revuelo, pero en Estados Unidos la realidad es otra, pues el patriarca de los Tudela se encuentra aislado de su ex esposa debido a que la justicia de Miami ha iniciado un proceso de hábeas corpus para saber si éste debe regresar o no al Perú. Así lo reveló el abogado de los hermanos Francisco y Luis Felipe Tudela, Enrique Ghersi Silva, quien ayer participó de la primera audiencia llevada a cabo en el Juzgado del Condado de Dade, en Miami, a cago del juez Arthur Rotemberg.“Este juez ha recibido el hábeas corpus y ha ordenado a don Felipe quedarse bajo custodia de las autoridades judiciales, de tal manera que la señora Graciela de Losada ya no lo tiene en su poder, ahora se encuentra en poder de las autoridades americanas”, nos contó vía telefónica.El jurista además explicó que hoy se desarrollará la segunda audiencia, en la que se designará a tres peritos que serán los encargados de evaluar la salud física y mental de don Felipe Tudela, y así determinar si cuenta con todas sus facultades físicas y mentales, fallo que se conocerá el martes próximo.Respecto al supuesto matrimonio celebrado entre ambas personas, Ghersi aseguró que la justicia norteamericana no lo validó, pues se conoce que la justicia peruana declaró como incapaz a Felipe Tudela en julio del 2008.“Eso significa que todos los actos posteriores a esta fecha son inválidos, y este matrimonio es absolutamente inválido. Se trata de una cortina de humo para ocultar que hay un proceso de hábeas corpus”, aseguró el letrado.Según el abogado de los hermanos Tudela, estos se encuentran tranquilos y confiados en que las autoridades de los Estados Unidos les permitirán traer de regreso al Perú a su padre.“Consideramos victoriosa esta primera audiencia, ya que el Juzgado no se ha dejado sorprender”, dijo.BORIS PUÉMAPE L.
Quisieron llevárselo
Enrique Ghersi contó que minutos antes de iniciarse el proceso de hábeas corpus en Miami hubo un intento de plagio contra Felipe Tudela que, afortunadamente, fue superado gracias a la rápida acción de la policía estadounidense.“Entiendo que el Juzgado ya identificó a la presunta autora. Es una persona de sexo femenino, subida de peso y que trató de sustraer a don Felipe del local del Juzgado antes de iniciarse la audiencia”, contó el abogado, quien recordó que hechos similares se produjeron antes en Bolivia y Brasil.
El dato
Felipe Tudela y Barreda ha sido instalado en un hotel de Miami, esperando el fallo final que se dictará el martes próximo. Cuenta con seguridad en este hotel y además varias enfermeras para cuidar su salud.
¿La Patria Potestad es compartida?
Es COMPARTIDA, Y aquí vamos a hacer una aclaración, es compartida mientras se mantiene la pareja como tal, porque se comparte el Ejercicio de la misma, pero no cuando se produce la separación de los Progenitores, aunque sigue siendo compartida, el Ejercicio es por parte el Progenitor conviviente.
El ejercicio de la Patria Potestad es para quien posee la Tenencia o Guarda de los hijos, y el Progenitor no conviviente queda con todas las obligaciones inherentes a la Patria Potestad, pero no la ejerce, salvo en lo que denominan, supervisión de la Educación y la salud, que en lo práctico lo va a poder hacer efectivo, si se tiene dificultades, mediante la presentación Judicial respectiva, en caso que no este de acuerdo en algo, o requiera información.
Autorizar la salida de los hijos del País: Mediante una presentación Judicial, puede ser reemplazada la autorización del Progenitor no conviviente por medio de la decisión del Juez actuante. De igual forma si en caso de vacaciones el Progenitor no conviviente requiriera la autorización del Progenitor conviviente y no autorizara, se puede recurrir a la Justicia.
Conclusión: LA PATRIA POTESTAD ESTANDO SEPARADOS LOS PADRES, LA EJERCE EN EXCLUSIVIDAD QUIEN POSEE LA TENENCIA y al otro le queda intentos judiciales de muy pocas posibilidades, para intentar variar las decisiones del Progenitor conviviente.
¿Entonces nos debemos olvidar de la Patria Potestad?
No, a pesar que resulta complicado, por necesitar los medios económicos ( todo es mediante presentación de abogados) para reclamar los Derechos, hay que intentar hacer valer la escasa porción de Patria Potestad en casos en que se considere que se estuviera actuando incorrectamente por parte el Progenitor conviviente o bien considerar que algo es mejor para los hijos.
En la medida que se pueda hay que actuar para que se respete la Patria Potestad, aún en la escasez de su ejercicio, pues no esta Perdida, ni Suspendida, y el abuso de la Patria Potestad , también puede ser denunciado.
La Modificación de la Ley de Patria Potestad , que anteriormente era ejercida en exclusividad por el Progenitor varón, fue algo correcto, lo que ocurrió después fue el cambio social con el aluvión de separaciones y por consiguiente se produjo una Perdida efectiva del ejercicio de la Patria Potestad, por parte del Progenitor no conviviente.
José María Bouza
Moderador del FORO DE APADESHI
Pte. de APADESHI
www.apadeshi.org.ar
Es COMPARTIDA, Y aquí vamos a hacer una aclaración, es compartida mientras se mantiene la pareja como tal, porque se comparte el Ejercicio de la misma, pero no cuando se produce la separación de los Progenitores, aunque sigue siendo compartida, el Ejercicio es por parte el Progenitor conviviente.
El ejercicio de la Patria Potestad es para quien posee la Tenencia o Guarda de los hijos, y el Progenitor no conviviente queda con todas las obligaciones inherentes a la Patria Potestad, pero no la ejerce, salvo en lo que denominan, supervisión de la Educación y la salud, que en lo práctico lo va a poder hacer efectivo, si se tiene dificultades, mediante la presentación Judicial respectiva, en caso que no este de acuerdo en algo, o requiera información.
Autorizar la salida de los hijos del País: Mediante una presentación Judicial, puede ser reemplazada la autorización del Progenitor no conviviente por medio de la decisión del Juez actuante. De igual forma si en caso de vacaciones el Progenitor no conviviente requiriera la autorización del Progenitor conviviente y no autorizara, se puede recurrir a la Justicia.
Conclusión: LA PATRIA POTESTAD ESTANDO SEPARADOS LOS PADRES, LA EJERCE EN EXCLUSIVIDAD QUIEN POSEE LA TENENCIA y al otro le queda intentos judiciales de muy pocas posibilidades, para intentar variar las decisiones del Progenitor conviviente.
¿Entonces nos debemos olvidar de la Patria Potestad?
No, a pesar que resulta complicado, por necesitar los medios económicos ( todo es mediante presentación de abogados) para reclamar los Derechos, hay que intentar hacer valer la escasa porción de Patria Potestad en casos en que se considere que se estuviera actuando incorrectamente por parte el Progenitor conviviente o bien considerar que algo es mejor para los hijos.
En la medida que se pueda hay que actuar para que se respete la Patria Potestad, aún en la escasez de su ejercicio, pues no esta Perdida, ni Suspendida, y el abuso de la Patria Potestad , también puede ser denunciado.
La Modificación de la Ley de Patria Potestad , que anteriormente era ejercida en exclusividad por el Progenitor varón, fue algo correcto, lo que ocurrió después fue el cambio social con el aluvión de separaciones y por consiguiente se produjo una Perdida efectiva del ejercicio de la Patria Potestad, por parte del Progenitor no conviviente.
José María Bouza
Moderador del FORO DE APADESHI
Pte. de APADESHI
www.apadeshi.org.ar
Categoría: artículos derecho de familia
Publicado por: mbermudez
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Cero coma diecinueve (casi un tas con tas)
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
La República
El resultado económico de febrero pasado.
El anuncio del crecimiento de la economía peruana en febrero –solo 0,19 por ciento– fue un baldazo de agua fría que no esperaba la mayoría de analistas ni el propio gobierno –las proyecciones estaban entre 1,8 y 2,2 por ciento–, pero todavía es prematuro sostener, con la información ahora disponible, que el aparato productivo se ha pegado un frenazo.
La economía peruana está, ciertamente, sufriendo el embate de una crisis internacional muy profunda, particularmente en las actividades vinculadas a los sectores agroindustrial, textil y pesquero. Ello explica, además de otros factores, que la tasa de crecimiento de febrero pasado haya sido la más baja desde junio del año 2001, y que lleve a algunos a pensar, con preocupación valedera, que se puede estar por cortar la poco usual racha de 92 meses consecutivos de crecimiento.
Con ello, las proyecciones más sensatas para la evolución de PBI en este año están entre 3 y 4 por ciento, lo cual dependerá, por un lado, de la evolución de las principales economías del mundo y de que no se produzca un agravamiento mayor al ya observado; y, por el otro, de la capacidad de reacción ante la crisis que se tenga en el plano local.
Sin duda, estamos frente a un fenómeno internacional de carácter impredecible, pero, en principio, la mayoría de analistas serios del mercado prevé que los resultados de crecimiento de marzo y particularmente los del segundo trimestre de este año, serán mucho mejores a este casi ‘tas con tas’ que ha dejado febrero, y que ha producido un alarmismo que todavía parece exagerado por parte de algunos sectores.
Para que ello ocurra es indispensable que se acelere la aplicación del plan anticrisis, incluyendo la supervisión del avance y ejecución oportunos del programa de inversión pública. Pero, al mismo tiempo, lo que también se debe evitar en este período es que la preocupación por un bote que se mueve por la tempestad en que estamos sea aprovechada por algunos sectores para obtener privilegios indebidos que luego serán muy difíciles de erradicar.
En este contexto, a diferencia de las voces que, a partir del resultado del crecimiento económico de febrero, consideran que la economía peruana ya se ha frenado, y prácticamente llaman a poner a las mujeres y a los niños en los botes salvavidas, nos parece que, sin perjuicio de la necesidad de empujar más la aplicación del programa de estímulo económico, el gobierno –incluyendo el MEF y el BCR– están haciendo, en general, un buen trabajo, junto con el esfuerzo del presidente Alan García por seguir atrayendo inversiones privadas. Cuidado con sobreasustarse.
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
La República
El resultado económico de febrero pasado.
El anuncio del crecimiento de la economía peruana en febrero –solo 0,19 por ciento– fue un baldazo de agua fría que no esperaba la mayoría de analistas ni el propio gobierno –las proyecciones estaban entre 1,8 y 2,2 por ciento–, pero todavía es prematuro sostener, con la información ahora disponible, que el aparato productivo se ha pegado un frenazo.
La economía peruana está, ciertamente, sufriendo el embate de una crisis internacional muy profunda, particularmente en las actividades vinculadas a los sectores agroindustrial, textil y pesquero. Ello explica, además de otros factores, que la tasa de crecimiento de febrero pasado haya sido la más baja desde junio del año 2001, y que lleve a algunos a pensar, con preocupación valedera, que se puede estar por cortar la poco usual racha de 92 meses consecutivos de crecimiento.
Con ello, las proyecciones más sensatas para la evolución de PBI en este año están entre 3 y 4 por ciento, lo cual dependerá, por un lado, de la evolución de las principales economías del mundo y de que no se produzca un agravamiento mayor al ya observado; y, por el otro, de la capacidad de reacción ante la crisis que se tenga en el plano local.
Sin duda, estamos frente a un fenómeno internacional de carácter impredecible, pero, en principio, la mayoría de analistas serios del mercado prevé que los resultados de crecimiento de marzo y particularmente los del segundo trimestre de este año, serán mucho mejores a este casi ‘tas con tas’ que ha dejado febrero, y que ha producido un alarmismo que todavía parece exagerado por parte de algunos sectores.
Para que ello ocurra es indispensable que se acelere la aplicación del plan anticrisis, incluyendo la supervisión del avance y ejecución oportunos del programa de inversión pública. Pero, al mismo tiempo, lo que también se debe evitar en este período es que la preocupación por un bote que se mueve por la tempestad en que estamos sea aprovechada por algunos sectores para obtener privilegios indebidos que luego serán muy difíciles de erradicar.
En este contexto, a diferencia de las voces que, a partir del resultado del crecimiento económico de febrero, consideran que la economía peruana ya se ha frenado, y prácticamente llaman a poner a las mujeres y a los niños en los botes salvavidas, nos parece que, sin perjuicio de la necesidad de empujar más la aplicación del programa de estímulo económico, el gobierno –incluyendo el MEF y el BCR– están haciendo, en general, un buen trabajo, junto con el esfuerzo del presidente Alan García por seguir atrayendo inversiones privadas. Cuidado con sobreasustarse.
Van al Tribunal Constitucional
Expreso
Recurso avivará la polémica pese a intentos por bajarle el tono.
El Tribunal Constitucional admitió ayer la acción de inconstitucionalidad presentada anteriormente por la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz
Ramos, contra algunos artículos de la Ley (29277) de la Carrera Judicial, que tanta polémica ha provocado entre el Poder Judicial y el Congreso.
La demanda de la titular de la Fiscalía de la Nación fue interpuesta en uso de sus atribuciones constitucionales de velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales, recordaron fuentes de crédito del Ministerio Público.
Echaíz gestionó dicha acción de inconstitucionalidad luego que en diciembre pasado, la Sala Plena de la Corte Suprema de la República transmitiera a su despacho esa inquietud.
Admitida la demanda de la Fiscalía de la Nación, la parte emplazada –vale decir el Congreso de la República- será notificada en los próximos días para que sus representantes legales hagan su descargo pertinente.
El objetivo principal de la acción de inconstitucionalidad, precisaron los portavoces del MP, es que el TC elimine los artículos inconstitucionales cuestionados por el Poder Judicial.
Echaíz Ramos ha enarbolado la importancia de contar con una Ley de la Carrera Judicial que garantice el estatuto del juez y su independencia externa e interna.
Los magistrados, en general, han criticado que en el desarrollo de los aspectos concretos de la Ley de la Carrera Judicial se han introducido algunos artículos que desnaturalizan sus objetivos, pues vulneran sus derechos y principios constitucionales.
Los magistrados se han mostrado en desacuerdo con las sanciones contempladas en su contra si comentasen, a través de cualquier medio de comunicación, aspectos procesales o de fondo de un juicio en curso en sus despachos, lo cual, subrayaron, afectará la libertad de expresión e información de los mismos.
La acción de inconstitucionalidad de la fiscal de la Nación, asimismo, cuestionó los artículos que tipifican conductas ambiguas como faltas graves, entre ellas, incluir en las resoluciones judiciales expresiones como "improcedente".
El dato
Las faltas tienen que ser claras y taxativas. Además, resulta inconstitucional obligar a los jueces a residir en el distrito judicial donde ejercen el cargo, pues existen distritos judiciales muy cercanos y de fácil acceso, precisó la demanda en otro de sus extremos.
Expreso
Recurso avivará la polémica pese a intentos por bajarle el tono.
El Tribunal Constitucional admitió ayer la acción de inconstitucionalidad presentada anteriormente por la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz
Ramos, contra algunos artículos de la Ley (29277) de la Carrera Judicial, que tanta polémica ha provocado entre el Poder Judicial y el Congreso.
La demanda de la titular de la Fiscalía de la Nación fue interpuesta en uso de sus atribuciones constitucionales de velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales, recordaron fuentes de crédito del Ministerio Público.
Echaíz gestionó dicha acción de inconstitucionalidad luego que en diciembre pasado, la Sala Plena de la Corte Suprema de la República transmitiera a su despacho esa inquietud.
Admitida la demanda de la Fiscalía de la Nación, la parte emplazada –vale decir el Congreso de la República- será notificada en los próximos días para que sus representantes legales hagan su descargo pertinente.
El objetivo principal de la acción de inconstitucionalidad, precisaron los portavoces del MP, es que el TC elimine los artículos inconstitucionales cuestionados por el Poder Judicial.
Echaíz Ramos ha enarbolado la importancia de contar con una Ley de la Carrera Judicial que garantice el estatuto del juez y su independencia externa e interna.
Los magistrados, en general, han criticado que en el desarrollo de los aspectos concretos de la Ley de la Carrera Judicial se han introducido algunos artículos que desnaturalizan sus objetivos, pues vulneran sus derechos y principios constitucionales.
Los magistrados se han mostrado en desacuerdo con las sanciones contempladas en su contra si comentasen, a través de cualquier medio de comunicación, aspectos procesales o de fondo de un juicio en curso en sus despachos, lo cual, subrayaron, afectará la libertad de expresión e información de los mismos.
La acción de inconstitucionalidad de la fiscal de la Nación, asimismo, cuestionó los artículos que tipifican conductas ambiguas como faltas graves, entre ellas, incluir en las resoluciones judiciales expresiones como "improcedente".
El dato
Las faltas tienen que ser claras y taxativas. Además, resulta inconstitucional obligar a los jueces a residir en el distrito judicial donde ejercen el cargo, pues existen distritos judiciales muy cercanos y de fácil acceso, precisó la demanda en otro de sus extremos.
Por Humberto Campodónico
La República
El PBI de 0.19% en febrero confirma que la recesión internacional ha dado un primer maretazo en nuestras costas. Esto quiere decir que Perú no es uno “centros del mundo” que, por alguna razón espiritual, podría verse librado de la crisis.
La cuestión es cómo hacer para que ese 0.19% no empeore y se convierta en una recesión monda y lironda, lo que sucede si hay dos trimestres seguidos de crecimiento negativo (de hecho, como dice Farid Matuk, si el INEI no hubiera cambiado la metodología, el 0.19% sería en verdad -2%).
No hay una sola explicación para lo que está pasando. En primer lugar, tenemos a la crisis financiera internacional que repercutió en los aparatos productivos de los países industrializados, llevándolos a la recesión. Como consecuencia se produjo una caída masiva del comercio internacional (tanto en volumen como en precios), se revirtieron los flujos de capitales, se cayó la inversión extranjera directa y, también, disminuyeron las remesas de los migrantes.
En el plano interno, en el II Semestre del 2008, los hachazos de leñador al Presupuesto de la República disminuyeron la inversión pública y las respuestas fiscales y monetarias no aparecieron. Cuando se formula el Plan Anticrisis, primero, y el Plan Estímulo, después, ya era tarde y, como dice Oscar Dancourt, su eje descansa en la “bala de plata” de la inversión pública. Lo que está bien pero es insuficiente.
Ante la magnitud de la crisis se debe aumentar la paupérrima capacidad adquisitiva de los trabajadores, como lo plantea el Plan Anticrisis de la CGTP (1): aumento del salario mínimo a 750 soles mensuales y aumento a los empleados públicos. Este “shock de demanda” tendría un efecto positivo en el mercado interno, lo que permitiría compensar en algo la caída de las exportaciones. De esto no se dice ni J en el Plan Estímulo.
Sin embargo, desde el Congreso sí se han propuesto medidas para aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, con lo cual se reconoce implícitamente su necesidad. El denominador común de cada una de ellas es que el empleador no pone un solo centavo. Veamos.
Que la CTS sea de libre disponibilidad a partir del 2010. Esto vulnera el sentido de la CTS, además que su efecto será tardío. El empresario paga lo mismo.
Que la deducción para el Impuesto a la Renta del 2009 suba de 7 a 10 UIT, lo que beneficia a 250,000 trabajadores. Menor recaudación para el Estado a partir del 2010. El empresario paga lo mismo.
Que las empresas contraten a los trabajadores con la Ley Mypes hasta el 2010. Se les recorta sus derechos. Los empresarios pagarán menos a los mismos trabajadores.
Que las gratificaciones no paguen impuesto a la renta. Se beneficia el trabajador. Pierde el Estado. Los empresarios pagan lo mismo.
Que las gratificaciones no paguen comisión a las AFP ni el 9% que los empleadores depositan a Essalud. Muy bien que las AFP no reciban dos comisiones el mismo mes por el mismo servicio. EsSalud se perjudica, pero se afirma que el Estado cubrirá ese monto. Los empresarios pagan lo mismo.
En 1914, Henry Ford aumentó el sueldo a sus trabajadores a 5 dólares diarios, monto enorme para la época. Decía Ford que eso era condición sine qua non para tener un consumo de masas de sus autos. Con esa medida, Ford trascendió el raciocinio microeconómico tradicional (pago menos a mis obreros para yo ganar más), no por un afán filantrópico, sino porque entendía que ganaría más si vendía más autos a trabajadores bien pagados, lo que se podría lograr si la mayoría de empresarios adoptaba su enfoque. Eso sucedió.
Ese es el enfoque que ha llevado al gobierno de Lula, en enero de este año, a aumentar el salario mínimo en un 100% por encima de la inflación del 2008 para “poder salir de la recesión”. Pero aquí los empresarios están en la era pre-Henry Ford. Cada uno quiere asegurar “su” ganancia sin pensar en la economía en su conjunto. El nuevo Plan que se necesita debe tomar en cuenta este shock de demanda y otras medidas del Plan de la CGTP.
(1) Verlo en http://www.cgtp.org.pe/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=&gid=50&orderby=dmdatecounter&ascdesc=DESC
Todos los artículos del autor pueden ser leídos en: www.cristaldemira.com
La República
El PBI de 0.19% en febrero confirma que la recesión internacional ha dado un primer maretazo en nuestras costas. Esto quiere decir que Perú no es uno “centros del mundo” que, por alguna razón espiritual, podría verse librado de la crisis.
La cuestión es cómo hacer para que ese 0.19% no empeore y se convierta en una recesión monda y lironda, lo que sucede si hay dos trimestres seguidos de crecimiento negativo (de hecho, como dice Farid Matuk, si el INEI no hubiera cambiado la metodología, el 0.19% sería en verdad -2%).
No hay una sola explicación para lo que está pasando. En primer lugar, tenemos a la crisis financiera internacional que repercutió en los aparatos productivos de los países industrializados, llevándolos a la recesión. Como consecuencia se produjo una caída masiva del comercio internacional (tanto en volumen como en precios), se revirtieron los flujos de capitales, se cayó la inversión extranjera directa y, también, disminuyeron las remesas de los migrantes.
En el plano interno, en el II Semestre del 2008, los hachazos de leñador al Presupuesto de la República disminuyeron la inversión pública y las respuestas fiscales y monetarias no aparecieron. Cuando se formula el Plan Anticrisis, primero, y el Plan Estímulo, después, ya era tarde y, como dice Oscar Dancourt, su eje descansa en la “bala de plata” de la inversión pública. Lo que está bien pero es insuficiente.
Ante la magnitud de la crisis se debe aumentar la paupérrima capacidad adquisitiva de los trabajadores, como lo plantea el Plan Anticrisis de la CGTP (1): aumento del salario mínimo a 750 soles mensuales y aumento a los empleados públicos. Este “shock de demanda” tendría un efecto positivo en el mercado interno, lo que permitiría compensar en algo la caída de las exportaciones. De esto no se dice ni J en el Plan Estímulo.
Sin embargo, desde el Congreso sí se han propuesto medidas para aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, con lo cual se reconoce implícitamente su necesidad. El denominador común de cada una de ellas es que el empleador no pone un solo centavo. Veamos.
Que la CTS sea de libre disponibilidad a partir del 2010. Esto vulnera el sentido de la CTS, además que su efecto será tardío. El empresario paga lo mismo.
Que la deducción para el Impuesto a la Renta del 2009 suba de 7 a 10 UIT, lo que beneficia a 250,000 trabajadores. Menor recaudación para el Estado a partir del 2010. El empresario paga lo mismo.
Que las empresas contraten a los trabajadores con la Ley Mypes hasta el 2010. Se les recorta sus derechos. Los empresarios pagarán menos a los mismos trabajadores.
Que las gratificaciones no paguen impuesto a la renta. Se beneficia el trabajador. Pierde el Estado. Los empresarios pagan lo mismo.
Que las gratificaciones no paguen comisión a las AFP ni el 9% que los empleadores depositan a Essalud. Muy bien que las AFP no reciban dos comisiones el mismo mes por el mismo servicio. EsSalud se perjudica, pero se afirma que el Estado cubrirá ese monto. Los empresarios pagan lo mismo.
En 1914, Henry Ford aumentó el sueldo a sus trabajadores a 5 dólares diarios, monto enorme para la época. Decía Ford que eso era condición sine qua non para tener un consumo de masas de sus autos. Con esa medida, Ford trascendió el raciocinio microeconómico tradicional (pago menos a mis obreros para yo ganar más), no por un afán filantrópico, sino porque entendía que ganaría más si vendía más autos a trabajadores bien pagados, lo que se podría lograr si la mayoría de empresarios adoptaba su enfoque. Eso sucedió.
Ese es el enfoque que ha llevado al gobierno de Lula, en enero de este año, a aumentar el salario mínimo en un 100% por encima de la inflación del 2008 para “poder salir de la recesión”. Pero aquí los empresarios están en la era pre-Henry Ford. Cada uno quiere asegurar “su” ganancia sin pensar en la economía en su conjunto. El nuevo Plan que se necesita debe tomar en cuenta este shock de demanda y otras medidas del Plan de la CGTP.
(1) Verlo en http://www.cgtp.org.pe/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=&gid=50&orderby=dmdatecounter&ascdesc=DESC
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El JNE, la ONPE y el Reniec acordaron postergación del referéndum fonavista
El Comercio
Señalan que el MEF no ha otorgado hasta la fecha el presupuesto requerido para la realización de la consulta nacional
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) acordaron una “necesaria postergación” del referéndum nacional sobre la devolución del dinero del ex Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), debido a que aún no cuentan con el presupuesto requerido.
Por medio de un comunicado conjunto, se señala que el JNE, conforme a lo dispuesto en la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (Ley N° 26300), fijará una nueva fecha, una vez que se cuente con el presupuesto requerido y se lleven a cabo las coordinaciones y acciones necesarias para tal fin
Asimismo, las tres instituciones expresan que el JNE convocó oportunamente al referéndum para el domingo 3 de mayo de este año y cumplió con solicitar los recursos financieros necesarios, ascendentes a 151 millones 494 mil 980 nuevos soles.
Subrayan que el presupuesto para la consulta popular fue solicitado apenas se convocó al proceso electoral, el 7 de octubre de 2008, siendo además sustentado por el presidente del JNE ante el Congreso de la República.
Dicho pedido fue reiterado mediante oficios al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Presidencia del Consejo de Ministros, entre diciembre de 2008 y enero de 2009.
Sin embargo, señalan que el MEF no ha otorgado hasta la fecha el referido presupuesto, lo que ha impedido que se emprendan las etapas y los plazos fijados en la Ley Orgánica de Elecciones.
El Comercio
Señalan que el MEF no ha otorgado hasta la fecha el presupuesto requerido para la realización de la consulta nacional
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) acordaron una “necesaria postergación” del referéndum nacional sobre la devolución del dinero del ex Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), debido a que aún no cuentan con el presupuesto requerido.
Por medio de un comunicado conjunto, se señala que el JNE, conforme a lo dispuesto en la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (Ley N° 26300), fijará una nueva fecha, una vez que se cuente con el presupuesto requerido y se lleven a cabo las coordinaciones y acciones necesarias para tal fin
Asimismo, las tres instituciones expresan que el JNE convocó oportunamente al referéndum para el domingo 3 de mayo de este año y cumplió con solicitar los recursos financieros necesarios, ascendentes a 151 millones 494 mil 980 nuevos soles.
Subrayan que el presupuesto para la consulta popular fue solicitado apenas se convocó al proceso electoral, el 7 de octubre de 2008, siendo además sustentado por el presidente del JNE ante el Congreso de la República.
Dicho pedido fue reiterado mediante oficios al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Presidencia del Consejo de Ministros, entre diciembre de 2008 y enero de 2009.
Sin embargo, señalan que el MEF no ha otorgado hasta la fecha el referido presupuesto, lo que ha impedido que se emprendan las etapas y los plazos fijados en la Ley Orgánica de Elecciones.
Polémica por declaraciones de Sarkozy sobre Obama, Zapatero y Berlusconi
El presidente francés dijo, en una reunión informal, que su homólogo estadounidense es un hombre "muy inteligente y muy carismático", pero que carece de experiencia; mientras que del jefe del Gobierno español afirmó que "puede que no sea muy inteligente".
Agencias/Trome.com. Les da con palo. El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, minimizó la labor que vienen realizando a Barack Obama, presidente de Estados Unidos, Angela Merkel, canciller de Alemania, y José Luis Rodríguez Zapatero, mandatario de España.
Esta conclusión - junto a que Silvio Berlusconi es un ejemplo a seguir - se desprende de las declaraciones que el mandatario francés dio a un grupo de parlamentarios en una reunión informal, pero que se filtraron a la prensa y son consignadas hoy por el diario Libération .
A Obama, Sarkozy le considera un hombre "muy inteligente y muy carismático", pero que carece de experiencia. Agregó que "no ha llevado un ministerio en su vida" y hay varios asuntos sobre los que "no tiene posición".
Sobre Merkel, dijo que "cuando ella se dio cuenta del estado de sus bancos y de su industria automovilística, no ha tenido otra opción que sumarse a mi posición", dijo.
Pero sin lugar a dudas, lo que más revuelo a causado es las ácidas críticas de Sarkozy hacia Rodríguez Zapatero, de quien dijo que "puede que no sea muy inteligente" y agregó - sin citar nombres - que él conoce a algunos "que eran muy inteligentes y que no estaban en la segunda vuelta de las presidenciales", en clara alusión al ex primer ministro socialista Lionel Jospin.
No obstante, el Palacio del Elíseo desmintió hoy que Sarkozy cuestionara la inteligencia del jefe del Ejecutivo español.
"En mi carrera política gané a gente de la que se decía que era más inteligente y estaba más preparada que yo", acotó Sarkozy. Finalmente, sentenció que "lo importante en la democracia es ser reelegido. Miren a Berlusconi, ha sido reelegido tres veces".
El presidente francés dijo, en una reunión informal, que su homólogo estadounidense es un hombre "muy inteligente y muy carismático", pero que carece de experiencia; mientras que del jefe del Gobierno español afirmó que "puede que no sea muy inteligente".
Agencias/Trome.com. Les da con palo. El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, minimizó la labor que vienen realizando a Barack Obama, presidente de Estados Unidos, Angela Merkel, canciller de Alemania, y José Luis Rodríguez Zapatero, mandatario de España.
Esta conclusión - junto a que Silvio Berlusconi es un ejemplo a seguir - se desprende de las declaraciones que el mandatario francés dio a un grupo de parlamentarios en una reunión informal, pero que se filtraron a la prensa y son consignadas hoy por el diario Libération .
A Obama, Sarkozy le considera un hombre "muy inteligente y muy carismático", pero que carece de experiencia. Agregó que "no ha llevado un ministerio en su vida" y hay varios asuntos sobre los que "no tiene posición".
Sobre Merkel, dijo que "cuando ella se dio cuenta del estado de sus bancos y de su industria automovilística, no ha tenido otra opción que sumarse a mi posición", dijo.
Pero sin lugar a dudas, lo que más revuelo a causado es las ácidas críticas de Sarkozy hacia Rodríguez Zapatero, de quien dijo que "puede que no sea muy inteligente" y agregó - sin citar nombres - que él conoce a algunos "que eran muy inteligentes y que no estaban en la segunda vuelta de las presidenciales", en clara alusión al ex primer ministro socialista Lionel Jospin.
No obstante, el Palacio del Elíseo desmintió hoy que Sarkozy cuestionara la inteligencia del jefe del Ejecutivo español.
"En mi carrera política gané a gente de la que se decía que era más inteligente y estaba más preparada que yo", acotó Sarkozy. Finalmente, sentenció que "lo importante en la democracia es ser reelegido. Miren a Berlusconi, ha sido reelegido tres veces".
La República
El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, señaló que gracias a la firma de 18 contratos de exploración y explotación el Perú pasara ha ser de importados a exportador de Petróleo.
Durante su participación en la firma de los 13 contratos de exploración y explotación petroleros, el titular del Minam informó que esta iniciativa generará una posición más sólida y segura para el país, estando a la vanguardia de lo que hoy se conoce como “seguridad energética”.
Según nota de prensa de esta cartera, Sánchez destacó, “en el caso del Perú por muchos años, el país fue importador neto y dentro del presente gobierno con el concurso de muchos otros empresarios vamos a pasar a ser exportadores netos”.
Asimismo, el ministro informó que el Gobierno peruano aprobó los contratos de licencia para la exploración y explotación en 18 lotes ubicados en diferentes departamentos del país, los cuales comprenden una inversión de 900 millones de dólares.
Durante la ceremonia de suscripción de los 13 contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos estuvo presidida por el jefe del Estado, Alan García Pérez y contó con la participación de los empresarios representantes de las diferentes empresas hidrocarburíferas y del presidente de Perupetro, Daniel Saba.
Por su parte, García señaló que estos contratos significan que las empresas del mundo confían en la estabilidad económica, jurídica y política del Perú y por consiguiente comprometen su trabajo de largo plazo en la explotación petrolera lo cual generará mayor empleo de recursos nacionales y más trabajo para los peruanos.
Con estas nuevas licencias sube a 92 el número de contratos vigentes en el país y las empresas firmantes provienen de Asia, Europa, Australia, América del Norte y América del Sur.
El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, señaló que gracias a la firma de 18 contratos de exploración y explotación el Perú pasara ha ser de importados a exportador de Petróleo.
Durante su participación en la firma de los 13 contratos de exploración y explotación petroleros, el titular del Minam informó que esta iniciativa generará una posición más sólida y segura para el país, estando a la vanguardia de lo que hoy se conoce como “seguridad energética”.
Según nota de prensa de esta cartera, Sánchez destacó, “en el caso del Perú por muchos años, el país fue importador neto y dentro del presente gobierno con el concurso de muchos otros empresarios vamos a pasar a ser exportadores netos”.
Asimismo, el ministro informó que el Gobierno peruano aprobó los contratos de licencia para la exploración y explotación en 18 lotes ubicados en diferentes departamentos del país, los cuales comprenden una inversión de 900 millones de dólares.
Durante la ceremonia de suscripción de los 13 contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos estuvo presidida por el jefe del Estado, Alan García Pérez y contó con la participación de los empresarios representantes de las diferentes empresas hidrocarburíferas y del presidente de Perupetro, Daniel Saba.
Por su parte, García señaló que estos contratos significan que las empresas del mundo confían en la estabilidad económica, jurídica y política del Perú y por consiguiente comprometen su trabajo de largo plazo en la explotación petrolera lo cual generará mayor empleo de recursos nacionales y más trabajo para los peruanos.
Con estas nuevas licencias sube a 92 el número de contratos vigentes en el país y las empresas firmantes provienen de Asia, Europa, Australia, América del Norte y América del Sur.
“Don Alfredo”, uno de los barcos más grandes del Perú, listo para navegar
El Comercio
La construcción de la nave requirió una inversión de aproximadamente cinco millones de dólares
El astillero y varadero Augusto Maggiolo lanzó esta mañana al mar del Callao a “Don Alfredo”, una de las embarcaciones pesqueras más grandes construida en nuestro país.
La construcción del barco requirió una inversión de 5 millones de dólares y se trabajó en dicho astillero durante siete meses, por encargo de la Corporación Pesquera Exalmar.
Nicola Rubini, gerente general de astillero y varadero Augusto Maggiolo, resaltó que una de las principales características de la nave es su bodega de carga refrigerada, que permite mantener lo que se ha pescado en óptimas condiciones.
En segundo lugar añadió que el diseño de la embarcación ha sido desarrollado para optimizar las condiciones de navegación y obtener mayores eficiencias en velocidad y ahorro en consumo de combustible.
La embarcación cuenta con 54.54 metros de eslora (largo), 10.10 metros de manga (ancho) y 4.90 metros de puntal (altura).
El Comercio
La construcción de la nave requirió una inversión de aproximadamente cinco millones de dólares
El astillero y varadero Augusto Maggiolo lanzó esta mañana al mar del Callao a “Don Alfredo”, una de las embarcaciones pesqueras más grandes construida en nuestro país.
La construcción del barco requirió una inversión de 5 millones de dólares y se trabajó en dicho astillero durante siete meses, por encargo de la Corporación Pesquera Exalmar.
Nicola Rubini, gerente general de astillero y varadero Augusto Maggiolo, resaltó que una de las principales características de la nave es su bodega de carga refrigerada, que permite mantener lo que se ha pescado en óptimas condiciones.
En segundo lugar añadió que el diseño de la embarcación ha sido desarrollado para optimizar las condiciones de navegación y obtener mayores eficiencias en velocidad y ahorro en consumo de combustible.
La embarcación cuenta con 54.54 metros de eslora (largo), 10.10 metros de manga (ancho) y 4.90 metros de puntal (altura).
15/04/09: ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DEL CONFLICTO ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO AL HONOR
ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DEL CONFLICTO ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO AL HONOR
Manuel Bermúdez Tapia
Publicado en JUS Constitucional, 2009
I. LA RELACIÓN ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA.
Si analizamos el conjunto de normas de carácter internacional, observaremos que el derecho a la libertad de expresión es una piedra angular en la relación Estado-ciudadano, por que constituye una garantía (como elemento central) de una legitimidad democrática tanto en el contexto político como en el ámbito privado de relaciones interpersonales.
Así podemos observar la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 19 y 29), El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 19 y 20), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 13 y 14), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Artículo IV) y sólo para extender la importancia del derecho, la Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (artículo 10)
Bajo este contexto de protección internacional, la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de toda sociedad, al ser una de las condiciones primordiales para su progreso y mantenimiento de la legitimidad democrática.
Condición esencial porque la libertad de expresión debe entenderse bajo una relación entre las necesidades de todo Estado contemporáneo (acechado por el incremento de las exigencias de respeto pluricultural) y las necesidades de la ciudadanía de que se le respete como garantía, una tolerancia hacia las críticas que pudiere emitir; de lo contrario el Estado no podría demostrar un espíritu de apertura respecto de la información que tuviere bajo su administración, como tampoco no podría garantizar una sociedad democrática.
En este contexto, todo Estado debe garantizar mínimamente algunos parámetros configuradores de la libertad de expresión en una sociedad democrática:
a) Respecto de la importancia de la función social del derecho individual y colectivo de expresión (tanto en su calidad de emisión como de recepción de información), el cual debe ser el elemento guía para determinar su tutela frente a la protección de un derecho individual.
b) Respecto de la ponderación en caso de conflicto con otros derechos, deben existir elementos objetivos para determinar cuál derecho será protegido o preferido.
c) Respecto del individuo: La capacidad de emitir, difundir o propalar información, expresar ideas u opiniones y de ser potencial receptor de información, según sus necesidades e intereses.
En este nivel de garantías, obsérvese que las condiciones individuales del ciudadano (en el cual inclusive puede incluirse al mismo Estado, como sujeto de derechos) debe entenderse la tutela de la libertad de expresión bajo un análisis preferente de la importancia social y finalmente por su naturaleza de derecho fundamental individual.
El criterio de desarrollo responde a la necesidad de garantizar la legitimidad democrática de toda sociedad, porque de lo contrario sería imposible garantizar cualquier derecho fundamental al ciudadano (individuo).
La tutela de los derechos del ciudadano como “fin supremo” (que exige nuestra Constitución) podría no ser factible de desarrollarse si el contexto social de la función social de la “expresión” no puede ser garantizado, porque este ciudadano no es un ente aislado el ámbito de las relaciones Estado-sociedad.
Existe en este sentido la necesidad de tutelar el interés público en sus dos ámbitos: tanto en el acceso a una información (de calidad, oportuna y plural), como a la defensa de la posibilidad de emitir información a través de nuestra “expresión”.
De este modo, el Interés público constituirá el elemento central para determinar los parámetros de regulación tutelar del derecho (de parte del Estado) y los márgenes de discrecionalidad, en cuanto a su uso, respecto del ciudadano; resultando dos niveles en esta evaluación:
- Información de interés público; pudiéndose mencionar las opiniones políticas, religiosas, culturales; la libertad de los medios de prensa de informar; la información proveniente de la administración pública; la información proveniente de la actividad privada relacionada con el Estado (publicidad), etc.
- Información de carácter privado; como aquella información que no tendría un impacto social relevante o aquella información que no provoque alguna incidencia, respecto de la misma ciudadanía o del Estado.
La valoración del carácter “público” de toda información estará vinculada a la contribución del debate público que permita la generación de una posición determinada o determinable de parte de la comunidad; si es que la misma comunidad no produce ningún elemento que avive el debate público, es porque no le resultara útil y será considerada o información social irrelevante o información privada.
Por ello que cuando hacemos mención a la defensa del derecho a la expresión, sólo podemos considerar tutelable aquella información capaz de provocar el interés social (interés público) porque toda sociedad democrática exige un mínimo de diálogo para el intercambio de ideas y opiniones que le permita un progreso material.
Necesidad, que permite una flexibilización en la tutela de otros derechos fundamentales en caso de una contradicción o conflicto, principalmente aquellos vinculados a la honorabilidad de una identidad (honor y reputación).
II. LA NATURALEZA DUAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: UN DERECHO GENERADOR DE RESPONSABILIDADES Y DEBERES.
El ejercicio de la libertad de expresión conlleva deberes y responsabilidades no sólo frente al Estado, sino también respecto de los demás ciudadanos, para lo cual se debe establecer el nivel de función de esta responsabilidad:
a) Respecto de la evaluación individual personal.
Sin el ánimo de quebrantar el principio constitucional de la igualdad, es evidente que cada ciudadano debe ser analizado en la perspectiva de su propia individualidad.
En este ámbito, los ciudadanos tienen una multiplicidad de derechos (expresión, opinión, participación política) como también un conjunto de deberes y responsabilidades, que según su propio estatus le generaran obligaciones particulares frente a terceros.
Por tanto no será lo mismo exigir el respeto de la libertad de expresión a un periodista o a un ciudadano que participe en el ámbito político que un ciudadano que nunca ejerció o participó en actividades vinculadas a dicha esfera. En forma complementaria, el animus de un periodista o de un político será totalmente diferente al ánimo o a las consecuencias que provoque una expresión de un ciudadano sin un interés periodístico o político.
b) Respecto de la evaluación del ejercicio de la libertad de expresión con el interés público.
El factor relevante en el examen de justificación de injerencia impugnada a un contenido, proveniente del ejercicio de la libertad de expresión, es el interés público o interés general.
c) Respecto del empleo de los medios y técnicas que se empleen en el ejercicio de la libertad de expresión.
Debido al avance tecnológico, se debe hacer una evaluación del impacto negativo de una información tanto en el contexto del individuo involucrado, como también respecto de la opinión pública.
La sobrecriminalización social o el impacto negativo en la imagen de un individuo cuestionado por los medios de prensa, constituyen un elemento actual que puede cuestionar inclusive el rol “pseudo jurisdiccional” que hacen los medios de prensa, quienes por sus propias características provocan una “sentencia” mediática, sin observar un conjunto de reglas vinculadas al contexto jurisdiccional.
De este modo, el proceso de investigación a los “observados”, se cargan de vulneraciones al debido proceso, la eliminación del principio de inocencia, a la tutela judicial efectiva, entre otros derechos.
En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Jersild contra Dinamarca (1994), hace la primera referencia al impacto negativo de una información periodística difundida por medios audiovisuales y detalla con claridad: “Tratándose de los deberes y responsabilidades de un periodista, éste debe ser consciente que unos medios de información -los audiovisuales-, tienen efectos más inmediatos y poderosos que otros -la prensa escrita”.
d) Respecto del contenido no injuriante de la información.
El límite de la libertad de expresión lo constituye (obviamente) el respeto a los derechos ajenos, en particular a los vinculados a la honorabilidad para personas naturales y reputación para las personas jurídicas.
Como resulta complicado determinar el límite entre una difamación y una crítica política o periodística, se deben observar algunos elementos básicos:
1.- Que el hecho analizado, debe producirse al interior de un debate público, que puede ser de interés general.
2.- Que el hecho en cuestión tenga una evidencia mínima justificante de las afirmaciones.
3.- Que el interés general debe ir en concordancia con un fin de debate de posiciones para beneficio de la sociedad.
4.- Que todo el debate permita un diálogo con un vocabulario acorde con el momento y las circunstancias y que este permita una réplica oportuna y proporcional.
En este punto, por jurisprudencia comparada hemos observado una referencia a la limitación lingüística en el uso del ejercicio de la libertad de expresión: “será difamación, cuando el término utilizado sea desmesurado respecto del legítimo objeto de la crítica perseguida y/o cuando se trate de acusaciones desprovistas de fundamento o formuladas de mala fe”.
III. LA TUTELA DEL DERECHO AL HONOR
La interpretación del concepto “honor” en la Constitución parte de la consideración mínima de ser un derecho fundamental por ser un atributo esencial de la persona humana, para convertirse en la expresión más ideal de la dignidad humana (y por ende se puede extender dicha condición a las personas jurídicas a través de la protección de la reputación) que se complementa con las percepción colectiva de determinados elementos o ideas sociales, históricas, psicológicas, morales y religiosas de la comunidad en la que reside el ciudadano.
Complementación necesaria para así entender que el concepto “honor” no puede ser analizado en forma individual sino en medio de una realidad sociohistórica, al ser inadmisible la posición excluyente y preferente de un individuo sobre la misma comunidad, dado que nadie es mejor o más digno que otro. El valor del “honor” por tanto es definido por su aceptación y evaluación mayoritaria.
Esta evaluación de perspectivas individuales y comprensión sociohistórica, la denominamos “relegación de interpretaciones” , debido a que en cada circunstancia en la cual se evalúe la vulneración del concepto de “honor”, será el magistrado quien tendrá que evaluar y argumentar si hubo una vulneración al derecho o si se está ejerciendo otro en contraposición (derecho a la libertad de expresión).
Relegación de interpretaciones que responde a una dualidad de factores de interpretación y desarrollo de eventuales conflictos entre derechos fundamentales: a) la equivocada concepción de igualdad de las personas en forma absoluta, sin considerar los elementos de individualización y tutela especializada de colectivos (acciones afirmativas), y b) la misma realidad del Derecho como marco normativo general.
Bajo estas consideraciones, el “honor” debe ser definido y tutelado bajo las premisas básicas de la tutela de la dignidad y de este modo se debe evaluar que no toda acción contra la “dignidad” puede ser también contraria al “honor”, porque de lo contrario se debería admitir las condiciones laborales deplorables, el animus jocandi de referencias sobre la personalidad de personalidades públicas.
Vinculación que nos permite señalar que el honor es la materialización personalísima de la dignidad en un sujeto, pero que de todas maneras requiere de una integración con la propia percepción social; sólo de esta manera es factible señalar la necesidad democrática de garantizar la “igualdad” material de todos los individuos en la sociedad.
IV. EL TRATAMIENTO DE CONFLICTOS ENTRE DERECHOS HUMANOS.
El análisis de los conflictos entre derechos humanos parte de analizar el hecho de que cada derecho autonómicamente es tutelado por el Estado y que eventualmente los métodos para dilucidar una solución requiere de una evaluación casuística compleja.
Para analizar el conflicto entre el derecho al honor (individual, subjetivo: derecho personalísimo) y el derecho a la libertad de expresión y derecho al acceso de información (derechos individuales, de naturaleza colectiva en su incidencia, y objetivos), debemos tener presente algunos elementos básicos:
a) Que la libertad de expresión no necesariamente pueden afectar derechos personalísimos, sino que también puede afectar derechos inclusive del mismo Estado o provocar una alteración al orden democrático.
Así por ejemplo, la evaluación de la apología del terrorismo encuentra un límite vedado para el desarrollo de la libertad de expresión.
b) La libertad de expresión no puede atentar contra el orden público, porque no puede atentar contra el parámetro que lo tutela.
c) La libertad de expresión no puede atentar contra la intimidad personal.
d) Que un eventual conflicto entre derechos, requiere una materialización individual entre “sujetos”, sin importar las consideraciones personales (cargo público, condición profesional o situación personal).
Nadie puede argumentar que se “daña” un bien jurídico si el mismo titular no se siente afectado.
e) Cuando se hace la evaluación entre derechos, se debe “preferir” el derecho fundamental que tenga una mayor incidencia social para garantizar el orden democrático (el individuo requiere la presencia de un Estado en una teoría institucional de protección de derechos fundamentales y cumplimiento de obligaciones personales frente al Estado).
El derecho personalísimo garantizado frente a todos permite la construcción de una sociedad no sólo democrática sino igualitaria.
f) El derecho a la libertad de expresión no puede pretender extender el “ánimo” de difundir un hecho, noticia o comentario, para incluir recursos descalificadores de la moral e intimidad de quien se hace el comentario, porque el sujeto-objeto de la información no podrá hacer valer sus derechos en forma inmediata, directa y proporcional frente al agresor.
Evaluación que resulta compleja al determinarse los elevados niveles de complejidad para acreditar el “animus injuriandi”, que termina convirtiéndose en elemento favorable para el agresor.
g) El relajamiento o flexibilización de derechos (honor e intimidad) de quien por propia voluntad ocupa una posición o preeminencia pública. Posición entendida por las características del rol que tiene en el contexto social: participación o posición política, posición social de “figura pública” etc.
El asumir una función pública no es que implique una renuncia a la totalidad de la privacidad (ver más adelante), porqué está limitada al ámbito de impacto de esta condición en la cotidianeidad de la comunidad, para así preferirse el derecho a la derecho a la libertad de expresión y de acceder a información, porque la sociedad demanda (y exige) información que no sólo garantiza una democracia social sino que también puede convertirse en un elemento de legitimación política para garantizar la gobernabilidad.
h) Sin oposición al punto g) anterior, debemos igualmente comprender que la posición voluntaria del individuo de ubicarse en una posición especial frente a la comunidad no puede trastocar la esfera privada de la intimidad u honor reservado a sus ambientes íntimos.
Nos basamos en la teoría de la prohibición de la intromisión a la esfera personal, porque estas características no pueden ser trasladadas a la colectividad al no existir una “necesidad” de acceder a tal información, al no existir vínculo entre la información y el interés público.
Si no existe vulneración al derecho de acceder a información (pública e importante) la información no puede ser tutelada dentro de la esfera de la libertad de expresión.
Así podríamos citar como ejemplo la protección de la esfera privada de quien resulta político y tiene una condición homosexual. Dado que dicha condición no repercute en las condiciones personales para el ejercicio de una función pública, no existe vinculación alguna entre la difusión de esta noticia con la libertad de expresión y termina vulnerando el derecho al honor.
Caso contrario por ejemplo es la información pública que se pudiera obtener por información derivada, en la cual se registre una condición personal que repercute en la sociedad y en el mecanismo de desarrollo de un contexto político (por ejemplo)
Así podríamos conjeturar que quien omita comunicar a la comunidad política los datos relacionados a su contexto íntimo familiar (registro o número total de hijos) no puede pretender que se le tutele la privacidad familiar, por que sí existe el interés público en conocer las condiciones y características personales de dicho personaje político y público.
De este modo, quien quiere ser Presidente de la República no puede omitir inscribir a un hijo legítimo en el registro de datos personales en el Jurado Nacional de Elecciones, porque está obligado legalmente (Resolución Nº 1287-2006-JNE, que regula la Ley Nº 28624 Ley que exige a los postulantes a cargos de elección popular la presentación de su Declaración Jurada de Vida, que modifica el artículo 23º de la Ley Nº 28094, Ley de Partidos Políticos) y moralmente; la sociedad requiere conocer esta información, para así construir la imagen pública proyectada en el interior de la comunidad.
Imagen que podría ser de tal magnitud que una omisión podría provocar la destitución de quien resultase Presidente de la República, por incapacidad moral. Olvidar la inscripción de un hijo legítimo, no es pues un acto de “impropio”, sino que es un atentado no sólo contra la dignidad de su propio hijo, sino que además es una afrenta a la sociedad nacional que tiene muy en alto los valores familiares, caso contrario el país no tendría el artículo 4º de la Constitución de 1993.
¿Si se omite comunicar que se tiene un hijo reconocido legalmente con anticipación a una elección, que garantía tiene la comunidad de que este candidato cuando asuma su cargo no fiscalice los negocios privados de los miembros de su partido político en actos de corrupción?
Determinados estos elementos básicos, nos avocaremos a plantear los mecanismos para resolver dos grupos de derechos contrapuestos, por un lado el derecho al honor y a la intimidad frente al derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información.
a) Primer método de resolución de conflictos: La vía penal.
La imprecisión del animus injuriandi complementado con la construcción valorativa de una tipicidad penal le permiten al magistrado actuar con demasiada discrecionalidad y tal “poder” resulta contrario a todo Estado de Derecho, en el cual la premisa máxima resulta ser la seguridad jurídica.
Un magistrado con demasiado poder discrecional para interpretar elementos valorativos se convierte en un elemento que deslegitima el carácter imparcial del órgano jurisdiccional, porque utilizará “su” criterio personal para vincular a terceros a una posición predeterminada, que resulta desconocida para quienes tendrán que admitir tales criterios.
Siendo perversos contra nuestro sistema jurisdiccional, podríamos mencionar el hecho que no se ha trabajado una política institucional de predictibilidad judicial.
Peor aún cuando el mismo Consejo Nacional de la Magistratura, permite que un postulante a la magistratura pueda laborar en un Distrito Judicial al que no postuló y del que no tiene mayor referencia.
Dicho magistrado traslada “sus” valores y si estos son diferentes a los valores de la comunidad, ¡pobre ciudadanía!. Un contexto multicultural como el peruano, evidentemente no puede permitirse este margen discrecional, subjetivo, discriminador (por ser valorativo) como también negligente.
b) Segundo método de resolución de conflictos: La vía civil.
Entre el conflicto teórico penal ente dos posiciones antagónicas del Derecho Penal Mínimo y de despenalización de tipos penales frente al Derecho Penal del Enemigo, ubicamos una posición más eficiente para un Estado democrático respecto de la tutela directa, oportuna y proporcional a los bienes jurídicos “honor” e “intimidad”,
La tendencia teórico penal de la privatización del derecho penal respecto de determinados delitos de incidencia particular y daño a una esfera individual sin tener una repercusión social, nos permite señalar que el manejo de conflictos entre los derechos del honor y libertad de expresión, deben manejarse en el ámbito de la reparación civil.
En esta tendencia se encuentra la despenalización de los delitos contra el honor, porque en realidad la víctima de un eventual daño no se satisface con una sanción judicial penal, incluyéndose la limitación de la libertad de tránsito, porque su reparación civil, resulta además de exigua, ridícula.
El daño provocado requiere de una indemnización eficaz, que le permita al agredido satisfacer sus intereses y derechos vulnerados, como también le faculte al agresor recibir una real sanción por el daño provocado, y le garantice al Estado una optimización de recursos para la administración de justicia en el país.
La imposición de una sanción civil podría tener los mismos elementos de la “pena”: a) una función resocializadora (nadie que resulte obligado a indemnizar tendrá la voluntad de volver a cometer una vulneración al honor si se sancionó oportunamente la primera agresión); b) una función preventiva (téngase presente que ni los delitos más graves resultan eficaces) y c) una función protectora y retributiva (respecto de la reparación del bien jurídico vulnerado)
En el contexto peruano, Javier Valle Riestra viene sustentando con acierto esta posición, inclusive a nivel de proponer una reforma constitucional con el Proyecto de Ley Nº 912-2006-CR. Téngase presente no sólo los argumentos sólidos de la propuesta, sino también la excelsa fundamentación propositiva, tan escasa entre los colegas del patricio.
c) Tercer método de resolución de conflictos: La acción personal y la rectificación oportuna.
El método más inusual de resolución de conflictos entre el honor y la libertad de expresión resulta ser aquél que evita un proceso judicial y se interpone en la oportunidad inmediata al hecho agresor.
El mismo perjudicado o agraviado exige de manera directa la oportunidad de ejercer su defensa ante el eventual agresor y si resulta vencedor no sólo garantizará la restitución del honor vulnerado, sino que además provocará un mayor daño que el que se le quiso provocar: la deslegitimación de la función comunicativa del agresor.
El cuestionamiento a la capacidad de emitir o difundir información “veraz” resulta ser el elemento central en la acción personal de defensa del derecho al honor (preferentemente), porque la ciudadanía tendrá presente este carácter difuso, anti ético y de mediocridad profesional como el punto de quiebre para la admisión de futuras informaciones en el contexto de la actividad periodística (generalmente).
La incapacidad del comunicador de volver a captar la misma sintonía o fidelidad de la comunidad, por este cuestionamiento fundado provocará en determinados casos la “muerte” de su credibilidad, provocando un hecho de tanta importancia en un sistema democrático: la pública disculpa por el error con la rectificación oportuna.
Téngase presente, que dicha rectificación pública requiere necesariamente la comunicación del error, porque de lo contrario se agravaría la condición del agresor al actuar maliciosamente.
Manuel Bermúdez Tapia
Publicado en JUS Constitucional, 2009
I. LA RELACIÓN ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA.
Si analizamos el conjunto de normas de carácter internacional, observaremos que el derecho a la libertad de expresión es una piedra angular en la relación Estado-ciudadano, por que constituye una garantía (como elemento central) de una legitimidad democrática tanto en el contexto político como en el ámbito privado de relaciones interpersonales.
Así podemos observar la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 19 y 29), El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 19 y 20), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 13 y 14), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Artículo IV) y sólo para extender la importancia del derecho, la Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (artículo 10)
Bajo este contexto de protección internacional, la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de toda sociedad, al ser una de las condiciones primordiales para su progreso y mantenimiento de la legitimidad democrática.
Condición esencial porque la libertad de expresión debe entenderse bajo una relación entre las necesidades de todo Estado contemporáneo (acechado por el incremento de las exigencias de respeto pluricultural) y las necesidades de la ciudadanía de que se le respete como garantía, una tolerancia hacia las críticas que pudiere emitir; de lo contrario el Estado no podría demostrar un espíritu de apertura respecto de la información que tuviere bajo su administración, como tampoco no podría garantizar una sociedad democrática.
En este contexto, todo Estado debe garantizar mínimamente algunos parámetros configuradores de la libertad de expresión en una sociedad democrática:
a) Respecto de la importancia de la función social del derecho individual y colectivo de expresión (tanto en su calidad de emisión como de recepción de información), el cual debe ser el elemento guía para determinar su tutela frente a la protección de un derecho individual.
b) Respecto de la ponderación en caso de conflicto con otros derechos, deben existir elementos objetivos para determinar cuál derecho será protegido o preferido.
c) Respecto del individuo: La capacidad de emitir, difundir o propalar información, expresar ideas u opiniones y de ser potencial receptor de información, según sus necesidades e intereses.
En este nivel de garantías, obsérvese que las condiciones individuales del ciudadano (en el cual inclusive puede incluirse al mismo Estado, como sujeto de derechos) debe entenderse la tutela de la libertad de expresión bajo un análisis preferente de la importancia social y finalmente por su naturaleza de derecho fundamental individual.
El criterio de desarrollo responde a la necesidad de garantizar la legitimidad democrática de toda sociedad, porque de lo contrario sería imposible garantizar cualquier derecho fundamental al ciudadano (individuo).
La tutela de los derechos del ciudadano como “fin supremo” (que exige nuestra Constitución) podría no ser factible de desarrollarse si el contexto social de la función social de la “expresión” no puede ser garantizado, porque este ciudadano no es un ente aislado el ámbito de las relaciones Estado-sociedad.
Existe en este sentido la necesidad de tutelar el interés público en sus dos ámbitos: tanto en el acceso a una información (de calidad, oportuna y plural), como a la defensa de la posibilidad de emitir información a través de nuestra “expresión”.
De este modo, el Interés público constituirá el elemento central para determinar los parámetros de regulación tutelar del derecho (de parte del Estado) y los márgenes de discrecionalidad, en cuanto a su uso, respecto del ciudadano; resultando dos niveles en esta evaluación:
- Información de interés público; pudiéndose mencionar las opiniones políticas, religiosas, culturales; la libertad de los medios de prensa de informar; la información proveniente de la administración pública; la información proveniente de la actividad privada relacionada con el Estado (publicidad), etc.
- Información de carácter privado; como aquella información que no tendría un impacto social relevante o aquella información que no provoque alguna incidencia, respecto de la misma ciudadanía o del Estado.
La valoración del carácter “público” de toda información estará vinculada a la contribución del debate público que permita la generación de una posición determinada o determinable de parte de la comunidad; si es que la misma comunidad no produce ningún elemento que avive el debate público, es porque no le resultara útil y será considerada o información social irrelevante o información privada.
Por ello que cuando hacemos mención a la defensa del derecho a la expresión, sólo podemos considerar tutelable aquella información capaz de provocar el interés social (interés público) porque toda sociedad democrática exige un mínimo de diálogo para el intercambio de ideas y opiniones que le permita un progreso material.
Necesidad, que permite una flexibilización en la tutela de otros derechos fundamentales en caso de una contradicción o conflicto, principalmente aquellos vinculados a la honorabilidad de una identidad (honor y reputación).
II. LA NATURALEZA DUAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: UN DERECHO GENERADOR DE RESPONSABILIDADES Y DEBERES.
El ejercicio de la libertad de expresión conlleva deberes y responsabilidades no sólo frente al Estado, sino también respecto de los demás ciudadanos, para lo cual se debe establecer el nivel de función de esta responsabilidad:
a) Respecto de la evaluación individual personal.
Sin el ánimo de quebrantar el principio constitucional de la igualdad, es evidente que cada ciudadano debe ser analizado en la perspectiva de su propia individualidad.
En este ámbito, los ciudadanos tienen una multiplicidad de derechos (expresión, opinión, participación política) como también un conjunto de deberes y responsabilidades, que según su propio estatus le generaran obligaciones particulares frente a terceros.
Por tanto no será lo mismo exigir el respeto de la libertad de expresión a un periodista o a un ciudadano que participe en el ámbito político que un ciudadano que nunca ejerció o participó en actividades vinculadas a dicha esfera. En forma complementaria, el animus de un periodista o de un político será totalmente diferente al ánimo o a las consecuencias que provoque una expresión de un ciudadano sin un interés periodístico o político.
b) Respecto de la evaluación del ejercicio de la libertad de expresión con el interés público.
El factor relevante en el examen de justificación de injerencia impugnada a un contenido, proveniente del ejercicio de la libertad de expresión, es el interés público o interés general.
c) Respecto del empleo de los medios y técnicas que se empleen en el ejercicio de la libertad de expresión.
Debido al avance tecnológico, se debe hacer una evaluación del impacto negativo de una información tanto en el contexto del individuo involucrado, como también respecto de la opinión pública.
La sobrecriminalización social o el impacto negativo en la imagen de un individuo cuestionado por los medios de prensa, constituyen un elemento actual que puede cuestionar inclusive el rol “pseudo jurisdiccional” que hacen los medios de prensa, quienes por sus propias características provocan una “sentencia” mediática, sin observar un conjunto de reglas vinculadas al contexto jurisdiccional.
De este modo, el proceso de investigación a los “observados”, se cargan de vulneraciones al debido proceso, la eliminación del principio de inocencia, a la tutela judicial efectiva, entre otros derechos.
En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Jersild contra Dinamarca (1994), hace la primera referencia al impacto negativo de una información periodística difundida por medios audiovisuales y detalla con claridad: “Tratándose de los deberes y responsabilidades de un periodista, éste debe ser consciente que unos medios de información -los audiovisuales-, tienen efectos más inmediatos y poderosos que otros -la prensa escrita”.
d) Respecto del contenido no injuriante de la información.
El límite de la libertad de expresión lo constituye (obviamente) el respeto a los derechos ajenos, en particular a los vinculados a la honorabilidad para personas naturales y reputación para las personas jurídicas.
Como resulta complicado determinar el límite entre una difamación y una crítica política o periodística, se deben observar algunos elementos básicos:
1.- Que el hecho analizado, debe producirse al interior de un debate público, que puede ser de interés general.
2.- Que el hecho en cuestión tenga una evidencia mínima justificante de las afirmaciones.
3.- Que el interés general debe ir en concordancia con un fin de debate de posiciones para beneficio de la sociedad.
4.- Que todo el debate permita un diálogo con un vocabulario acorde con el momento y las circunstancias y que este permita una réplica oportuna y proporcional.
En este punto, por jurisprudencia comparada hemos observado una referencia a la limitación lingüística en el uso del ejercicio de la libertad de expresión: “será difamación, cuando el término utilizado sea desmesurado respecto del legítimo objeto de la crítica perseguida y/o cuando se trate de acusaciones desprovistas de fundamento o formuladas de mala fe”.
III. LA TUTELA DEL DERECHO AL HONOR
La interpretación del concepto “honor” en la Constitución parte de la consideración mínima de ser un derecho fundamental por ser un atributo esencial de la persona humana, para convertirse en la expresión más ideal de la dignidad humana (y por ende se puede extender dicha condición a las personas jurídicas a través de la protección de la reputación) que se complementa con las percepción colectiva de determinados elementos o ideas sociales, históricas, psicológicas, morales y religiosas de la comunidad en la que reside el ciudadano.
Complementación necesaria para así entender que el concepto “honor” no puede ser analizado en forma individual sino en medio de una realidad sociohistórica, al ser inadmisible la posición excluyente y preferente de un individuo sobre la misma comunidad, dado que nadie es mejor o más digno que otro. El valor del “honor” por tanto es definido por su aceptación y evaluación mayoritaria.
Esta evaluación de perspectivas individuales y comprensión sociohistórica, la denominamos “relegación de interpretaciones” , debido a que en cada circunstancia en la cual se evalúe la vulneración del concepto de “honor”, será el magistrado quien tendrá que evaluar y argumentar si hubo una vulneración al derecho o si se está ejerciendo otro en contraposición (derecho a la libertad de expresión).
Relegación de interpretaciones que responde a una dualidad de factores de interpretación y desarrollo de eventuales conflictos entre derechos fundamentales: a) la equivocada concepción de igualdad de las personas en forma absoluta, sin considerar los elementos de individualización y tutela especializada de colectivos (acciones afirmativas), y b) la misma realidad del Derecho como marco normativo general.
Bajo estas consideraciones, el “honor” debe ser definido y tutelado bajo las premisas básicas de la tutela de la dignidad y de este modo se debe evaluar que no toda acción contra la “dignidad” puede ser también contraria al “honor”, porque de lo contrario se debería admitir las condiciones laborales deplorables, el animus jocandi de referencias sobre la personalidad de personalidades públicas.
Vinculación que nos permite señalar que el honor es la materialización personalísima de la dignidad en un sujeto, pero que de todas maneras requiere de una integración con la propia percepción social; sólo de esta manera es factible señalar la necesidad democrática de garantizar la “igualdad” material de todos los individuos en la sociedad.
IV. EL TRATAMIENTO DE CONFLICTOS ENTRE DERECHOS HUMANOS.
El análisis de los conflictos entre derechos humanos parte de analizar el hecho de que cada derecho autonómicamente es tutelado por el Estado y que eventualmente los métodos para dilucidar una solución requiere de una evaluación casuística compleja.
Para analizar el conflicto entre el derecho al honor (individual, subjetivo: derecho personalísimo) y el derecho a la libertad de expresión y derecho al acceso de información (derechos individuales, de naturaleza colectiva en su incidencia, y objetivos), debemos tener presente algunos elementos básicos:
a) Que la libertad de expresión no necesariamente pueden afectar derechos personalísimos, sino que también puede afectar derechos inclusive del mismo Estado o provocar una alteración al orden democrático.
Así por ejemplo, la evaluación de la apología del terrorismo encuentra un límite vedado para el desarrollo de la libertad de expresión.
b) La libertad de expresión no puede atentar contra el orden público, porque no puede atentar contra el parámetro que lo tutela.
c) La libertad de expresión no puede atentar contra la intimidad personal.
d) Que un eventual conflicto entre derechos, requiere una materialización individual entre “sujetos”, sin importar las consideraciones personales (cargo público, condición profesional o situación personal).
Nadie puede argumentar que se “daña” un bien jurídico si el mismo titular no se siente afectado.
e) Cuando se hace la evaluación entre derechos, se debe “preferir” el derecho fundamental que tenga una mayor incidencia social para garantizar el orden democrático (el individuo requiere la presencia de un Estado en una teoría institucional de protección de derechos fundamentales y cumplimiento de obligaciones personales frente al Estado).
El derecho personalísimo garantizado frente a todos permite la construcción de una sociedad no sólo democrática sino igualitaria.
f) El derecho a la libertad de expresión no puede pretender extender el “ánimo” de difundir un hecho, noticia o comentario, para incluir recursos descalificadores de la moral e intimidad de quien se hace el comentario, porque el sujeto-objeto de la información no podrá hacer valer sus derechos en forma inmediata, directa y proporcional frente al agresor.
Evaluación que resulta compleja al determinarse los elevados niveles de complejidad para acreditar el “animus injuriandi”, que termina convirtiéndose en elemento favorable para el agresor.
g) El relajamiento o flexibilización de derechos (honor e intimidad) de quien por propia voluntad ocupa una posición o preeminencia pública. Posición entendida por las características del rol que tiene en el contexto social: participación o posición política, posición social de “figura pública” etc.
El asumir una función pública no es que implique una renuncia a la totalidad de la privacidad (ver más adelante), porqué está limitada al ámbito de impacto de esta condición en la cotidianeidad de la comunidad, para así preferirse el derecho a la derecho a la libertad de expresión y de acceder a información, porque la sociedad demanda (y exige) información que no sólo garantiza una democracia social sino que también puede convertirse en un elemento de legitimación política para garantizar la gobernabilidad.
h) Sin oposición al punto g) anterior, debemos igualmente comprender que la posición voluntaria del individuo de ubicarse en una posición especial frente a la comunidad no puede trastocar la esfera privada de la intimidad u honor reservado a sus ambientes íntimos.
Nos basamos en la teoría de la prohibición de la intromisión a la esfera personal, porque estas características no pueden ser trasladadas a la colectividad al no existir una “necesidad” de acceder a tal información, al no existir vínculo entre la información y el interés público.
Si no existe vulneración al derecho de acceder a información (pública e importante) la información no puede ser tutelada dentro de la esfera de la libertad de expresión.
Así podríamos citar como ejemplo la protección de la esfera privada de quien resulta político y tiene una condición homosexual. Dado que dicha condición no repercute en las condiciones personales para el ejercicio de una función pública, no existe vinculación alguna entre la difusión de esta noticia con la libertad de expresión y termina vulnerando el derecho al honor.
Caso contrario por ejemplo es la información pública que se pudiera obtener por información derivada, en la cual se registre una condición personal que repercute en la sociedad y en el mecanismo de desarrollo de un contexto político (por ejemplo)
Así podríamos conjeturar que quien omita comunicar a la comunidad política los datos relacionados a su contexto íntimo familiar (registro o número total de hijos) no puede pretender que se le tutele la privacidad familiar, por que sí existe el interés público en conocer las condiciones y características personales de dicho personaje político y público.
De este modo, quien quiere ser Presidente de la República no puede omitir inscribir a un hijo legítimo en el registro de datos personales en el Jurado Nacional de Elecciones, porque está obligado legalmente (Resolución Nº 1287-2006-JNE, que regula la Ley Nº 28624 Ley que exige a los postulantes a cargos de elección popular la presentación de su Declaración Jurada de Vida, que modifica el artículo 23º de la Ley Nº 28094, Ley de Partidos Políticos) y moralmente; la sociedad requiere conocer esta información, para así construir la imagen pública proyectada en el interior de la comunidad.
Imagen que podría ser de tal magnitud que una omisión podría provocar la destitución de quien resultase Presidente de la República, por incapacidad moral. Olvidar la inscripción de un hijo legítimo, no es pues un acto de “impropio”, sino que es un atentado no sólo contra la dignidad de su propio hijo, sino que además es una afrenta a la sociedad nacional que tiene muy en alto los valores familiares, caso contrario el país no tendría el artículo 4º de la Constitución de 1993.
¿Si se omite comunicar que se tiene un hijo reconocido legalmente con anticipación a una elección, que garantía tiene la comunidad de que este candidato cuando asuma su cargo no fiscalice los negocios privados de los miembros de su partido político en actos de corrupción?
Determinados estos elementos básicos, nos avocaremos a plantear los mecanismos para resolver dos grupos de derechos contrapuestos, por un lado el derecho al honor y a la intimidad frente al derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información.
a) Primer método de resolución de conflictos: La vía penal.
La imprecisión del animus injuriandi complementado con la construcción valorativa de una tipicidad penal le permiten al magistrado actuar con demasiada discrecionalidad y tal “poder” resulta contrario a todo Estado de Derecho, en el cual la premisa máxima resulta ser la seguridad jurídica.
Un magistrado con demasiado poder discrecional para interpretar elementos valorativos se convierte en un elemento que deslegitima el carácter imparcial del órgano jurisdiccional, porque utilizará “su” criterio personal para vincular a terceros a una posición predeterminada, que resulta desconocida para quienes tendrán que admitir tales criterios.
Siendo perversos contra nuestro sistema jurisdiccional, podríamos mencionar el hecho que no se ha trabajado una política institucional de predictibilidad judicial.
Peor aún cuando el mismo Consejo Nacional de la Magistratura, permite que un postulante a la magistratura pueda laborar en un Distrito Judicial al que no postuló y del que no tiene mayor referencia.
Dicho magistrado traslada “sus” valores y si estos son diferentes a los valores de la comunidad, ¡pobre ciudadanía!. Un contexto multicultural como el peruano, evidentemente no puede permitirse este margen discrecional, subjetivo, discriminador (por ser valorativo) como también negligente.
b) Segundo método de resolución de conflictos: La vía civil.
Entre el conflicto teórico penal ente dos posiciones antagónicas del Derecho Penal Mínimo y de despenalización de tipos penales frente al Derecho Penal del Enemigo, ubicamos una posición más eficiente para un Estado democrático respecto de la tutela directa, oportuna y proporcional a los bienes jurídicos “honor” e “intimidad”,
La tendencia teórico penal de la privatización del derecho penal respecto de determinados delitos de incidencia particular y daño a una esfera individual sin tener una repercusión social, nos permite señalar que el manejo de conflictos entre los derechos del honor y libertad de expresión, deben manejarse en el ámbito de la reparación civil.
En esta tendencia se encuentra la despenalización de los delitos contra el honor, porque en realidad la víctima de un eventual daño no se satisface con una sanción judicial penal, incluyéndose la limitación de la libertad de tránsito, porque su reparación civil, resulta además de exigua, ridícula.
El daño provocado requiere de una indemnización eficaz, que le permita al agredido satisfacer sus intereses y derechos vulnerados, como también le faculte al agresor recibir una real sanción por el daño provocado, y le garantice al Estado una optimización de recursos para la administración de justicia en el país.
La imposición de una sanción civil podría tener los mismos elementos de la “pena”: a) una función resocializadora (nadie que resulte obligado a indemnizar tendrá la voluntad de volver a cometer una vulneración al honor si se sancionó oportunamente la primera agresión); b) una función preventiva (téngase presente que ni los delitos más graves resultan eficaces) y c) una función protectora y retributiva (respecto de la reparación del bien jurídico vulnerado)
En el contexto peruano, Javier Valle Riestra viene sustentando con acierto esta posición, inclusive a nivel de proponer una reforma constitucional con el Proyecto de Ley Nº 912-2006-CR. Téngase presente no sólo los argumentos sólidos de la propuesta, sino también la excelsa fundamentación propositiva, tan escasa entre los colegas del patricio.
c) Tercer método de resolución de conflictos: La acción personal y la rectificación oportuna.
El método más inusual de resolución de conflictos entre el honor y la libertad de expresión resulta ser aquél que evita un proceso judicial y se interpone en la oportunidad inmediata al hecho agresor.
El mismo perjudicado o agraviado exige de manera directa la oportunidad de ejercer su defensa ante el eventual agresor y si resulta vencedor no sólo garantizará la restitución del honor vulnerado, sino que además provocará un mayor daño que el que se le quiso provocar: la deslegitimación de la función comunicativa del agresor.
El cuestionamiento a la capacidad de emitir o difundir información “veraz” resulta ser el elemento central en la acción personal de defensa del derecho al honor (preferentemente), porque la ciudadanía tendrá presente este carácter difuso, anti ético y de mediocridad profesional como el punto de quiebre para la admisión de futuras informaciones en el contexto de la actividad periodística (generalmente).
La incapacidad del comunicador de volver a captar la misma sintonía o fidelidad de la comunidad, por este cuestionamiento fundado provocará en determinados casos la “muerte” de su credibilidad, provocando un hecho de tanta importancia en un sistema democrático: la pública disculpa por el error con la rectificación oportuna.
Téngase presente, que dicha rectificación pública requiere necesariamente la comunicación del error, porque de lo contrario se agravaría la condición del agresor al actuar maliciosamente.
Categoría: Artículos derecho constitucional
Publicado por: mbermudez
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15/04/09: LA FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE LOS PARLAMENTARIOS A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
LA FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE LOS PARLAMENTARIOS A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Manuel Bermúdez Tapia
Publicado en JUS constitucional 2009
LOS ANTECEDENTES DEL TEMA DE ANÁLISIS
A fines de septiembre 2008, el Congreso de la República pasó por una etapa crítica respecto de su legitimidad institucional con la ciudadanía.
La posibilidad de desaforar a dos parlamentarios (Margarita Sucari y José Anaya ) por corrupción generalizada, fue la gota que había derramado y la ciudadanía había iniciado una serie de campañas de fiscalización respecto de uno de los temas más sensibles para los “otorongos” .
Es en este momento circunstancial, que surge la iniciativa de una periodista de televisión (Rosa María Palacios, Prensa Libre, América TV) para fiscalizar los gastos operativos de un solo mes de algunos congresistas, escogidos al azar.
Complementariamente una serie de bloggers (periodistas de la internet) apoyan la iniciativa y surge la campaña “adopta un congresista” , el mismo que en menos de dos semanas ha llenado el ciberespacio peruano con muchos tags y páginas dedicadas a la necesidad de controlar los gastos operativos de los parlamentarios.
Evidentemente esta campaña de fiscalización ciudadana, tuvo eco inmediato en las altas esferas del Congreso de la República, principalmente porque existía el temor de desnudar la poca labor parlamentaria de muchos.
En este sentido, Javer Velásquez Quesquén, Presidente del Congreso de la Repúbica, de las filas del oficialismo (Apra) electo por voto de las Bancadas Fujimorista, Unión Nacional y Unión por el Perú, defiende el fuero personal de los parlamentarios y señala que es imposible acceder a las peticiones de la ciudadanía, para fiscalizar o auditar las declaraciones juradas que registran los gastos operativos, porque “habría que modificar la Constitución y el sistema político” (sic).
Increiblemente para un docente de Derecho Constitucional como lo es Velásquez Quesquén , nos surge la interrogante ¿Y qué es la Ley de Acceso a la Información Pública? El pavor de los futuros colegas, podría cundir en Chiclayo, si la pregunta fuese absuelta por tal docente.
Para curarse en salud, el Presidente del Congreso, agobiado por la ola de denuncias y ante el inminente ascenso a la más alta representación parlamentaria, en sesión de la Mesa Directiva del 15 de agosto del 2008, dispuso que se realice una “auditoría especial en materia del proceso de rendición de cuentas y reembolso de gastos por viáticos y representación de los señores congresistas”.
Eventualmente la acción de la Mesa Directiva podía entenderse como un mecanismo de transparencia de la función pública parlamentaria, pero las decisiones políticas no necesariamente van vinculadas a una correcta expresión de intenciones.
La petición ante la misma Contraloría General de la República (inexplicable porque el mismo Congreso tiene una oficina de Auditoría Interna) de solicitar una auditoria especial general, no era más que un mecanismo (supuestamente) procesal para evitar transparentar la información pública de cada declaración jurada que todo congresista debe realizar para declarar sus gastos de representación funcional.
De este modo, las peticiones del periodismo fueron cortadas bajo una escueta respuesta: “habiéndose iniciado el proceso de auditoría, debemos indicarles que los informes y acciones de control se encuentran sujetos al principio de reserva, por cuyo mérito se encuentra prohibido que durante la ejecución del control se revele información que podría dificultar la misma”, con lo cual el Oficial Mayor daba comunicación de los objetivos de la Mesa Directiva, que en realidad y en buena cuenta es la decisión del Presidente del Congreso.
Agudizándose aún más la débil legitimidad social del Parlamento, en la tercera semana de septiembre 2008, la Mesa Directiva del Congreso dejó sin efecto la norma que regulaba la mención de cuentas de los gastos operativos de los parlamentarios. En este sentido, los congresistas se encontraban exonerados de rendir cuenta documentada del 90% de un total de S/. 7,617.20 que se les asigna mensualmente, ni a sustentar el 10% restante mediante una simple declaración jurada.
La explicación oficial sobre una acción típica de un Estado mediocre y ajeno a los intereses de su ciudadanía, fue que se estaba acatando las disposiciones del artículo 22º del Reglamento del Congreso de la República.
Frente a esta situación de descrédito funcional institucional y ante la necesidad de satisfacer un interés público, surgen las interrogantes: ¿Los gastos operativos de los parlamentarios son Información Pública?
En este sentido, consideramos que las respuestas son afirmativas y para ello analizaremos primero la naturaleza jurídica de los “Gastos Operativos”, seguidamente “la información pública” y plantearemos la viabilidad de la fiscalización ciudadana de la función parlamentaria, sólo en el ámbito de los gastos operativos, porque la decisión política de estos no puede ser fiscalizada, dado que existe una regulación constitucional expresa para ello (art. 93º Constitución).
I. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DE LAS DECISIONES QUE TOMA EL ESTADO CON EL ERARIO NACIONAL.
1. LA NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
En lo que respecta a la naturaleza jurídica del derecho a acceder a una información pública, debemos señalar que este es un derecho que puede ser gozado tanto de manera individual (por su titularidad inmediata) como de manera colectiva, sin que se pueda interpretar que una excluya a la otra.
Las características intrínsecas del derecho le confieren tal calidad. De esta manera un individuo puede tener garantizado su derecho de acceder a información pública y desarrollar diferentes acciones respecto de esta información (derecho a la expresión, derecho a la información, derecho a la libertad de información y prensa)
En estas circunstancias, es que el Estado debe procurar y garantizar un mínimo margen de respeto en determinados casos o supuestos, que es el ámbito de comunicación entre el Administrado con su Administración y si bien esta tiene la facultad de indicar cuales son los márgenes para brindar información, la misma no puede estar limitada un criterio discrecional, por cuanto las limitaciones sólo deben estar reguladas por Ley.
Incidiendo en la naturaleza jurídica del derecho debemos considerarlo además como un derecho objetivo, por su exigibilidad frente al Estado, así como un derecho subjetivo, por su naturaleza intrínseca humana y colectiva.
Respecto de su naturaleza, el acceder a información pública es un derecho humano, porque por la sola condición de ser seres humanos tenemos derecho a ejercer el derecho , y el mecanismo procesal para garantizarla es el habeas data.
El Habeas Data es una prerrogativa constitucional que tiene toda persona para conocer vía acceso directo, a toda información que conste en los registros del Estado .
La naturaleza de Derecho Humano se implementa en la región latinoamericana cuando se regula el acceso a la información pública en una serie de Leyes, entre las cuales podemos citar: a) En México, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (2002), b) Paraguay, Ley de Transparencia Administrativa, c) Panamá, Ley de Transparencia en la Gestión Pública y d) Perú, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En un análisis constitucional de las Teorías de los Derechos fundamentales, la Teoría Institucional es la que el mejor explica el tema de los derechos relacionados al acceso a la información.
Los derechos fundamentales tienen una doble característica constitucional: como derecho de la persona y como un orden institucional; de modo que, los derechos individuales son a la vez instituciones jurídicas objetivas y derechos subjetivos.
Pero para la plena materialización de esta teoría y del derecho a la información pública en sus dos perspectivas, es necesaria la actuación del Estado a un nivel de protección y de promotor de este derecho y de la libertad necesaria para su materialización, todo lo cual permite una maduración de todo sistema democrático .
2. INFORMACIÓN PRIVADA E INFORMACIÓN PÚBLICA.
En el Perú, por definición legal, entendemos por información pública, toda aquella información que posea el Estado (Ley Nº 27806).
En tal sentido, información pública debiera ser toda información que permita una labor de fiscalización, control y evaluación administrativa de todo aquello que le competa al Estado en el cumplimiento de sus fines y obligaciones.
La Ley en este sentido faculta a todo ciudadano a poder solicitar información que le pudiera ser de utilidad y sólo permite la negación de determinada información en casos debidamente especiales, regulados y reglamentados, como por ejemplo determinado nivel deinformación militar, policial o judicial .
Sin embargo, si bien el Estado puede realizar una serie de acciones públicas en el cumplimiento de sus obligaciones, genera una serie de situaciones de índole privada, en particular respecto de sus funcionarios.
Por ejemplo la información respecto de la situación personal, hoja de vida profesional o parámetros de índole financiera son elementos que toda Gerencia de Recursos Humanos en la Administración Pública peruana tiene y por tanto puede difundirla tanto en su página web oficial o en publicación a través del Diario Oficial El Peruano.
Y dicha información que si bien puede ser de índole privada, por cuanto no compete a absolutamente a nadie conocer detalles personales, para casos delimitados permite a la sociedad civil, prensa y mecanismos de fiscalización y control determinar algunas situaciones que le ameriten aperturar una investigación preliminar.
La fundamentación de esta información privada que pueda generar una información pública, radica justamente en los datos que el propio funcionario proporciona.
Así por ejemplo en el presente Congreso (Legislatura 2006-2011), más de veintiséis parlamentarios del Congreso de la República del Perú han venido siendo investigados por la contratación de personal de confianza que ha generado una repercusión en el Primer Poder del Estado Peruano y todo a raíz de la divulgación de la información personal de dicho personal.
Lo privado al ingresar a la esfera de la Administración Pública, pasa a tener la condición de información pública y dependiendo de su valoración para un caso particular puede ser relevante.
Respecto del caso de los parlamentarios investigados en el Perú, se llegó a determinar que muchos de las personas que habían sido contratadas por estos congresistas, no cumplían con los requisitos para acceder a la Administración Pública. Encontrándos entre este personal, figuraban hijos de parlamentarios, novias o concubinas de los hijos de los parlamentarios, consuegros, familiares por vínculos de afinidad, y hasta empleadas domésticas.
Aunque parezca poco serio, la información que en un principio generó toda esta investigación provino de unas declaraciones juradas para acceder a la Administración Pública y en particular en las direcciones domiciliarias de los declarantes. Dicha referencia se compatibilizó con otras declaraciones juradas y ahí se determinó los vínculos de relación, nepotismo o sólo actos de corrupción por efectos de generar una contratación de “personal fantasma”.
Por ello la importancia de la información que cualquier funcionario indique no sólo puede tener una valoración privada, sino también pública, dependiendo de cómo pueda ser analizada y para ello la sola consideración de que ocupe un nivel de vinculación con el Estado, le niega a este ciudadano, la posibilidad de limitar el acceso a una información privada de cualquier individuo, previa evaluación no sólo por la misma Administración Pública, sino también por mandato judicial.
Pero no toda información privada puede ser sujeta a este criterio de fiscalización. Elementos personales como la opción sexual, la vinculación familiar con personas menores de edad y su patrimonio personal pueden ser limitados por criterios de seguridad y para garantizar la propia personalidad e intimidad de este funcionario público y sólo podrá ser pasible de ser pública previa resolución administrativa o judicial.
En otros ámbitos, esta limitación no podría ser factible porque es el alto costo profesional que deberá asumir el funcionario por acceder a un puesto público, por que finalmente realizará alguna acción en mérito a sus facultades que genere una acción estatal (y por consiguiente un egreso público).
Bajo esta consideración, podríamos decir que el derecho a la privacidad e intimidad se flexibilizan para ponderar un derecho con un ámbito más amplio, que genere una mayor seguridad, inclusive para el mismo funcionario al que se pudiere fiscalizar. Así por ejemplo, para el caso peruano, podemos observar los siguientes elementos:
INFORMACIÓN PÚBLICA INFORMACIÓN PRIVADA INFORMACIÓN PÚBLICA DERIVADA
Remuneraciones de funcionarios públicos Remuneraciones del cónyuge Cruce de información para determinar un patrimonio y bienes sin sustento
Información sobre adquisiciones de bienes y servicios Información sobre el estado de un procedimiento administrativo en trámite Información sobre el personal que ha participado en un procedimiento administrativo para establecer vínculos de afinidad, nepotismo o lobbies
Actividades oficiales que realizan las entidades Información generada de una actividad oficial catalogada como “reservada” en el ámbito de la administración pública Información que involucre el gasto de recursos públicos .
Hojas de vida de altos funcionarios Orientación sexual de una persona Datos relevantes para una investigación: como el domicilio (con limitaciones); viajes realizados, capacitación
Información sobre Defensa Nacional (que no involucre la Seguridad Nacional) Número de bienes militares adjudicados en una compra o estado de los mismos Presupuesto asignado a una compra de equipos bélicos para las Fuerzas Armadas
Declaraciones Juradas Información Bancaria (a menos que se levante el secreto bancario) Relación de bienes con un criterio de valorización que no se ajusten a los rangos económicos patrimoniales del declarante
Para dar un ejemplo mayor, podríamos señalar por ejemplo el caso del desafuero parlamentario de varios congresistas ecuatorianos ocurrida en la última visita de estos al Perú, a raíz de una actividad del Parlamento Andino, en el 2005.
Dichos parlamentarios, si bien ya estaban fuera de toda actividad pública, estando en ambientes privados, generaron una confusión a niveles de policía y farándula, que generó un clima de inestabilidad en el Ecuador siendo los resultados conocidos como el desafuero y el descrédito público.
Estos actos privados (consumo de licor, infidelidad de una parlamentaria con otro parlamentario provocadores de los celos de un tercer parlamentario) en un ambiente privado (habitación de un hotel) por parte de altos funcionarios públicos (parlamentarios) ¿podría generar en una información pública el informe de la Policía que intervino en dicho ambiente o de la Gerencia del Hotel donde estaban estos señores?
La respuesta es positiva, porque debemos analizar que la delegación estaba en un “viaje oficial” y por tanto su obligación les exigía cumplir una conducta ajena a todo escándalo privado y si hubo una lesión a bienes patrimoniales en las instalaciones donde estaban, la esfera privada había sido quebrada por ellos mismos, debiendo responsabilizarse por tales acciones.
La esfera privada se flexibiliza cuando el individuo realiza acciones que generen situaciones públicas, como en este caso, el escándalo por agresión a personal del hotel y destrucción de bienes privados.
En complemento con otro escándalo, igualmente de parlamentarios, en el Perú a raíz de un viaje oficial” al Parlamento Latinoamericano, un congresista “difundió” fotografías de sus compañeros de delegación en ambientes públicos y privados, con el objeto de señalar una mala utilización de los recursos públicos en actos ajenos a una labor “oficial”.
Dichas fotos contenían imágenes de los miembros de la delegación en una discoteca y en un parque; si bien estas no reflejaron ningún acto atípico o delictivo, se demostró que las imágenes respondían a una adulteración de las mismas, al ubicarse personas en otros ambientes.
Por tanto, la condición “pública” de tales imágenes no tenía ninguna justificación y estas no acreditaban ningún acto de corrupción, o conducta ilegal o atípica de parte de la delegación y muy por el contrario demostró la condición del parlamentario que había fungido de “fiscalizador”, recayendo en este, la sanción de suspensión por un período de tiempo de toda función pública.
La información pública derivada de una información privada por tanto genera una condición que le garantiza dicha condición, por cuanto sus características escapan del ámbito privado.
Por ello esta delimitación es importante en sociedades con Estados poco vinculados a un respeto a los derechos de la ciudadanía, por cuanto los márgenes de corrupción y de dilapidación del presupuesto público escapan de márgenes de control y fiscalización.
Para el caso particular del Perú, luego de la corrupción de muchos funcionarios en la época de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, se evidenció que muchos de estos tenían un patrimonio superior a los márgenes normales, acreditándose una serie de hechos de corrupción, como por ejemplo, la propiedad de bienes patrimoniales superiores a los millones de dólares para un funcionario público o de patrimonios superiores a la actividad privada de parte de personas públicas.
En la actualidad por ejemplo la administración pública se hace de la vista ciega, en determinados casos en los cuales funcionarios públicos sin trabajo acreditable o estable tienen propiedades suntuosas en barrios residenciales.
Igualmente, es posible observar que varios funcionarios públicos de alta dirección, tienen la tenencia exagerada de adquirir vehículos o de realizar viajes al extranjero en frecuencias exageradas, lo cual evidencia que existen registros de ingresos económicos ajenos a la remuneración mensual consignada a sus puestos laborales.
De esta manera los altos funcionarios de dependencias públicas presentan estas características, que indudablemente generan una imagen ajena a la honorabilidad y decencia.
3. LA PROGRAMACIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.
Habíamos mencionado líneas arriba que había una flexibilización de derechos respecto de un interés mayor, y dado que estamos en una temática de respeto de derechos en un Estado Democrático, justificamos nuestra posición ante esta flexibilización, por cuanto este derecho al ser limitado (bajo unos marcos absolutamente reglamentados) permitirá que la ciudadanía tenga un mayor respeto y garantía de parte del Estado, respecto de los actos públicos de la Administración, por cuanto habrá una mayor fiscalización no sólo de los entes facultados para ello, sino también de los medios de prensa.
La sociedad de la información, bajo este sentido adquiere una nueva concepción, porque fundamentará una “opinión pública” sólida y informada , que para el caso particular de las instituciones relacionadas con el quehacer político, puede responder la desconfianza de la ciudadanía sobre su sistema político .
En este sentido, ni el Estado ni el funcionario público podrán estar liberados de responsabilidad respecto del cumplimiento de sus obligaciones porque habrá un mejor mecanismo de control y fiscalización de sus actos, y para efectos del respeto de derechos de la ciudadanía se generará una relación proporcional de cumplimiento de obligaciones estatales para garantizar los derechos de estos, así como permitirá evitar abusos de parte de los funcionarios públicos .
De esta manera resultan funamentales los principios de transparencia y publicidad en la información proporcionada de los actos del Estado .
En este sentido y en complemento con la teoría institucional de respeto de derechos fundamentales de parte del Estado, consideramos que la transparencia en el acceso a información pública y bajo un procedimiento sumario a información privada con contenido y alcance público, permitirán no sólo una labor de fiscalización para efectos sancionatorios, sino una labor de fiscalización para efectos de velar por el cumplimiento de obligaciones estatales.
Y este control preventivo, esta dirigido a verificar el cumplimiento de plazos, oferta pública y la idoneidad de servicios públicos. La mejor manera de saber si el Estado está cumpliendo con su rol es verificando el cumplimiento de su oferta y toda esta información está establecida en una serie de actos públicos, como: la Ley de Presupuesto y Cuenta General de la República (respecto del gasto público); la Ley de Endeudamiento Nacional (respecto de los ingresos al fisco); políticas públicas por gobierno o por institución (respecto de ampliación de servicios o control de calidad de los mismos), políticas por sector, por institución, etc.
En suma una serie de medidas legislativas, acciones políticas e información que el ciudadano puede recepcionar y que no necesariamente por sus características tendrá a bien informarse o darle una percepción del cumplimiento de las funciones del Estado.
Por ello esta información pública al estar a disponibilidad de los medios de comunicación, entidades privadas de control y fiscalización, así como de entidades judiciales podrán brindar un apoyo al ciudadano para que este sea receptor efectivo de las funciones del Estado y dicho mecanismo de concretizar el acceso a derechos constitucionales es una herramienta muy pocas utilizada, no sólo en el Perú sino en la región.
La manera de cómo podemos entender que el acceso a esta información pública puede permitir concretizar derechos en los ciudadanos, puede ser resumida en un ejemplo:
Si a través de un Ministerio (de transportes), el Gobierno se compromete y presupuesta a lo largo de un ejercicio fiscal anual la construcción de diez carreteras, indicando los plazos y los montos por dichas obras, es posible acceder a fines de año a verificar si dicha oferta de servicios se cumplió o no, a través de la verificación de obras ya habilitadas o de la entrega a los beneficiarios de estas obras. Suele suceder que en múltiples casos, este Ministerio (para el caso de nuestro ejemplo) al final del año sólo construye ocho carreteras y dispone que los montos para cada una de las construidas se elevaran y se generó un forado económico que generó un presupuesto adicional.
Hasta ese momento no habría ningún elemento importante a tomarse en cuenta, pero si se verifica, la omisión de las dos carreteras restantes genera una serie de cuestiones, como el destino de dicho presupuesto, la condición del gasto realizado y las autoridades competentes responsables para garantizar las respuestas oportunas.
Y estos casos suelen ser regla general en todo Estado como el nuestro, debido a la ineficiencia en la compra de bienes, terciariazación de servicios de necesidad pública, o actos de corrupción.
Para concretizar nuestro punto y dar un ejemplo más práctico, podríamos señalar que durante el segundo semestre del año 2006 en el Perú, el gobierno destinó un promedio de US 500,000´000,000, como presupuesto adicional para obras de inversión pública en toda la república, en un paquete denominado “shock de inversiones”, materializado a través de la aprobación de una Ley de Presupuesto Público con crédito suplementario.
Dicho paquete generaría una serie de proyectos de inversión pública para sectores sociales menores favorecidos en los ámbitos de educación, salud, transporte y otros; En resumen este paquete de medidas que si bien tuvo un noble propósito, generó las suspicacias de la prensa nacional y tiempo después se hizo evidente tal premonición.
Se hizo evidente que muchas de las licitaciones públicas habían sido adulteradas, que los niveles de nepotismo y vinculaciones por afinidad entre funcionarios y contratistas era regla general entre las concesiones a obras públicas y que los niveles de cumplimiento de las obligaciones contractuales era un saludo a la ineficiencia y negligencia.
Se llegó inclusive a niveles de intervención de la Presidencia de la República con la confirmación que el “shock de inversiones” había sido un fracaso absoluto, en clara evidencia que los servicios que esperaban ser atendidos y mejorados por el Estado no estarían a disposición de los ciudadanos; por lo tanto, el acceso a derechos constitucionales como salud, educación, vivienda, etc., no pudieron ser garantizados por el Estado, a pesar que existía el presupuesto para paliar el estado de pobreza extrema de la población.
4. LOS VACÍOS Y LOS ESPACIOS INVISIBLES. EL PRESUPUESTO PÚBLICO
Uno de los mecanismos para garantizar si el Estado va a cumplir sus objetivos, es la verificación de sus responsabilidades a través de la planificación pública de sus actos y dado que el Estado para realizar sus funciones debe generar un gasto y presupuesto, es posible acceder a este mecanismo de control de manera sencilla y directa.
El Ministerio de Economía y Finanzas en el Perú a través de su página web dispone a todo público, el acceso a los presupuestos de los diferentes órganos de gobierno y de las instituciones públicas en toda la república.
Sin embargo esta información que puede aparecer bien detallada, conforme a la Ley de Información Pública, genera una serie de situaciones cuando se hace un estudio más detenido y especializado, a efectos de verificar si el Estado quiere o pretende cumplir con sus labores de brindar servicios públicos a la ciudadanía.
En tal sentido, se observan una serie de presupuestos para todos los niveles y con la denominación de la acción que deberá cumplir, pero en sociedades y estados latinoamericanos es usual observar que los políticos con cierto nivel de poder, utilizan presupuesto público para fines privados o para efectos de generar una vinculación más beneficiosa para sí mismos (gastos operativos o de representación).
El caudillismo político en tal sentido, es una muestra de cómo el Estado finalmente se ve limitado por sus propias normas de control y fiscalización, respecto del gasto público.
¿Con que presupuesto los caudillos políticos en Latinoamericana pueden realizar sus actividades proselitistas? Es una pregunta que parece ser pecado ser respondida en las esferas de control administrativo y judicial público, pero que para nuestro caso no importa el ámbito penal de responsabilidades en los funcionarios públicos, sino la repercusión en la disminución de los servicios públicos que toda ciudadanía debería tener para garantizar sus derechos en un Estado de Derecho.
Por ello, a mérito de liberalidad, debemos señalar que las altas esferas de poder político de toda institución pública, tienen asignados presupuestos públicos, pero asignados bajo una serie de medidas que terminan generando una oscuridad en el gasto final.
Así una Presidencia de cualquier órgano o instancia administrativa pública, dispone al inicio del año fiscal un determinado presupuesto, pero que a lo largo del año, este presupuesto que debiera ser suficiente para ese despacho, se incrementa a través de aprobaciones de créditos suplementarios de parte del Congreso de la República o a través de la aprobación de modificaciones presupuestarias internas.
Este presupuesto adicional, que no es ilegal, genera una distorsión en las funciones de toda entidad pública, por cuanto la discrecionalidad en su gasto sólo le compete al responsable del pliego presupuestal que conforme a toda la legislación nacional, esta en uso de sus facultades no responder por este presupuesto adicional. Por tanto este vacío genera situaciones que permiten el caudillismo político o el gasto de un dinero de la ciudadanía para actos privados, todo lo cual repercute en la prestación de servicios públicos y finalmente en el ciudadano.
Finalmente un grueso porcentaje del presupuesto público, que es dinero de todos los ciudadanos, escapa a los márgenes de control y fiscalización y esto genera no sólo la disminución de obras públicas para su servicio y atención, sino también la limitación de otro porcentaje de presupuesto público, al estar vinculado a lineamientos de corrupción y caudillismo político que reiteramos afecta las obligaciones y oferta de servicios del Estado.
II. LOS GASTOS OPERATIVOS DE LOS PARLAMENTARIOS.
1. DE LA NATURALEZA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONGRESISTA
La declaración jurada debemos entenderla como aquella “manifestación escrita presentada por quienes administran, disponen, custodian, captan y en general, bajo cualquier título administran los bienes y recursos públicos, acerca de algunos aspectos de su condición patrimonial y financiera, comprometiendo su responsabilidad por las afirmaciones que realizan, en caso de eventual falsedad u omisión de información”.
La declaración jurada tiene una doble implicancia, respecto del funcionario público:
a) Respecto de las responsabilidades administrativas que asume frente a su institución, dada la naturaleza de la relación fiduiciaria existente con el Estado.
Relación jurídica fiduiciaria debido a que existe una obligación de administrar recursos públicos para cumplir una función determinada.
En este sentido no se evalúa la eficacia o un resultado positivo en la prestación de la función pública, sólo se exige que se cumpla con la disposición administrativa de ejecutar una actividad predeterminada presupuestada.
b) Respecto de las responsabilidades penales y civiles que asume frente a la sociedad, toda vez que esta sociedad, titular del erario nacional de donde proviene la partida económica administrada o ejecutada por el funcionario público, requiere conocer cómo fue el mecanismo y el resultado de la ejecución de una responsabilidad administrativa.
Toda infracción a este deber de diligencia requiere estar acreditado en un documento (la declaración jurada) y su evaluación permitirá acreditar la responsabilidad penal o civil del funcionario público respecto de un presupuesto asignado para el cumplimiento de una función pública.
Responsabilidad que no sólo lo vincula con su institución sino con toda la sociedad, por cuanto existe la figura fiduciaria.
El marco regulatorio de la declaración jurada en el Perú se inicia con el artículo 22 de la Constitución de 1933, “todo funcionario o empleado público, civil o militar, si tiene bienes o rentas independientes de su haber como tal, está obligado a declararlos expresa y específicamente, en la forma que determine la ley”.
El reglamento de la disposición constitucional, fue un Decreto Supremo de fecha 17 de agosto de 1963.
La regulación temporal de la actividad pública, al inicio, al cese y periódicamente fue establecida por Decreto Ley Nº 17095, regulado en 1968.
La especificación de presentar la declaración jurada ante la Dirección de Personal o su equivalente, fue establecida con el Decreto Ley Nº 20475, de 1973.
Por segunda vez a nivel constitucional, en 1979, se regula en el artículo 62º, la exigencia a todo funcionario público de presentar las correspondientes declaraciones juradas.
En 1988, la Ley Nº 24801, de 1988, se regulaba la exigencia de actualizar periódicamente cada tres años las declaraciones juradas. El reglamento se estableció mediante el Decreto Supremo Nº 138-88-PCM
Finalmente, el artículo 41º de la Constitución de 1993, establece la exigencia de publicar en el diario oficial los ingresos que por todo concepto perciba todo funcionario.
Con la Ley Nº 27482 del 2001, se extiende las obligaciones del funcionario público de presentar una declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas al inicio, al cese y periódicamente de toda función pública.
El formato único de Declaraciones juradadas de ingresos y de bienes y rentas se establece por Decreto Supremo Nº 080-2001-PCM del 2001, que inclusive regula un período para realizar el trámite administrativo (15 días al inicio de toda gestión o en la primera quincena de enero.
2. DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIONES JURADAS.
Si nos limitamos al artículo 2º de la Ley Nº 27482, están obligados a presentar (diligentemente y verazmente) una Declaración Jurada:
a) El Presidente de la República y sus Vicepresidentes
b) Los Congresistas de la República
c) Los Ministros de Estado y los viceministros
d) Los Magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público, los miembros del Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Jurado Nacional de Elecciones.
e) Individualmente el Presidente del Banco Central de Reserva, el Defensor del Pueblo, El Contralor General de la República, el Superintendente de Banca y Seguros
f) Los Alcaldes y regidores municipales
g) Los Embajadores
h) Los Presidentes Regionales
i) Los oficiales de las Fuerzas Armadas
j) Todo funcionario público,
El gran problema de esta relación y de la realidad nacional, está en la determinación de la “función pública” y de la determinación del “funcionario público” y por ende la relación extensiva de los sujetos obligados a cumplir la Ley Nº 27482.
El vacio normativo de la determinación del funcionario público radica en el hecho de que la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, necesita de una serie de Leyes complementarias, las cuales son: a) Ley de la Carrera Administrativa del Servidor Público, b) Ley de Funcionarios públicos y empleados de confianza, c) Ley de gestión del empleo público, d) Ley de incompatiblidades y responsabilidades del personal del empleo público y e) Ley del sistema de remuneraciones del empleo público.
El problema de este vacio normativo, sin embargo y para el caso particular que nos conscierne, debemos señalar que los problemas se presentan en aquellas personas que no figuran en la lista descrita líneas arriba.
Todo lo contrario respecto de quienes por su función se encuentran expresamente obligados a cumplir con una disposición legal con una tradición histórica superior a los cincuenta años.
Bajo esta sencilla interpretación, ningún parlamenario podría excusarse de presentar su Declaración Jurada, porque está obligado tanto administrativamente, penalmente, civilmente e inclusive políticamente.
Sin embargo y para perplejidad de la ciudadanía, los congresistas se han amparado en el artículo 22º del Reglamento del Congreso de la República para excusarse de una obligación legal y por ello analizaremos el débil argumento esgrimido.
3. ANÁLISIS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO (ARTÍCULO 22º)
A la letra, el mencionado artículo (respecto de los gastos operativos) señala:
“Derechos Funcionales
Artículo 22° .- Los Congresistas tienen derecho:
f) A contar con los servicios de personal, asesoría y apoyo logístico para el desempeño de sus funciones.
Los montos entregados a los Congresistas para los fines previstos en el párrafo anterior, están sujetos a rendición de cuentas, por constituir gastos operativos del Congreso y en ese sentido no son computables para el régimen pensionario y tributario, incluyendo el Impuesto a la Renta del Congresista.
Para todo efecto legal, la rendición de cuentas de dichos montos deberá efectuarse mensualmente, ante la Oficina de Tesorería del Congreso, de la siguiente forma:
1. Mediante comprobante de pago, por un monto no menor al treinta por ciento (30%), de los mismos; y,
2. Mediante una declaración por la parte no sustentada como comprobantes de pago y de acuerdo con lo que establezca el Consejo Directivo.
g) A una remuneración adecuada sujeta al pago de los tributos de ley y a una compensación por tiempo de servicios conforme a dicha remuneración
Las remuneraciones de los Congresistas se publicarán en el diario oficial.”
Si bien esta regulación se varió para efectos de extender responsabilidades penales y administrativas a raíz del seguimiento de los gastos operativos (julio 2008), debemos considerar que sólo fueron modificados los montos exigibles, mateniéndose el íntegro de la obligación jurídica.
Así no se acredite y tal como viene sucediendo, no se presente una rendición de gastos acreditable y sólo se efectúe una simple declaración jurada, la responsabilidad que genere el parlamentario respecto de su “declaración”, estará vinculado con la fé pública, cuyo titular es la sociedad, dada su condición de bien jurídico tutelado penalmente.
De contrabando igualmente incluimos el inciso “g” del artículo 22º del Reglamento del Congreso de la República, por cuanto en el segundo párrafo se incluye la obligación de que se publique la remuneración del parlamentario, en el diario oficial.
Si en este sentido no existe objeción, respecto de la publicación de una remuneración, ¿porqué la valoración es distinta con la declaración jurada, si tiene un valor jurídico inferior por decirlo de alguna manera?
4. ¿ES FUNDADO EL PEDIDO DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE LOS PARLAMENTARIOS?
Habiendo analizado la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, Ley Nº 27482 Ley que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas de los funcionarios y servidores públios del Estado, e inclusive el artículo 22º del Reglamento del Congreso de la República, nuestra conclusión es que toda Declaración Jurada remitida por todo funcionario público, incluido un Congresista de la República, sí puede ser materia de solicitud de información de parte de la ciudadanía.
Por tanto, el berrinche infantil de Lourdes Alcorta (“no me da la gana de dar información de mis gastos operativos”, el 25 de septiembre de 2008 ante Rosa María Palacios) resulta no sólo contradictorio a la función pública que ejerce sino que resulta atentatorio contra la dignidad de la ciudadanía que tuvo el error de elegirla congresista, porque quiera o no quiera y así no lo merezca, su remuneración la pagamos nosotros, los ciudadanos.
Manuel Bermúdez Tapia
Publicado en JUS constitucional 2009
LOS ANTECEDENTES DEL TEMA DE ANÁLISIS
A fines de septiembre 2008, el Congreso de la República pasó por una etapa crítica respecto de su legitimidad institucional con la ciudadanía.
La posibilidad de desaforar a dos parlamentarios (Margarita Sucari y José Anaya ) por corrupción generalizada, fue la gota que había derramado y la ciudadanía había iniciado una serie de campañas de fiscalización respecto de uno de los temas más sensibles para los “otorongos” .
Es en este momento circunstancial, que surge la iniciativa de una periodista de televisión (Rosa María Palacios, Prensa Libre, América TV) para fiscalizar los gastos operativos de un solo mes de algunos congresistas, escogidos al azar.
Complementariamente una serie de bloggers (periodistas de la internet) apoyan la iniciativa y surge la campaña “adopta un congresista” , el mismo que en menos de dos semanas ha llenado el ciberespacio peruano con muchos tags y páginas dedicadas a la necesidad de controlar los gastos operativos de los parlamentarios.
Evidentemente esta campaña de fiscalización ciudadana, tuvo eco inmediato en las altas esferas del Congreso de la República, principalmente porque existía el temor de desnudar la poca labor parlamentaria de muchos.
En este sentido, Javer Velásquez Quesquén, Presidente del Congreso de la Repúbica, de las filas del oficialismo (Apra) electo por voto de las Bancadas Fujimorista, Unión Nacional y Unión por el Perú, defiende el fuero personal de los parlamentarios y señala que es imposible acceder a las peticiones de la ciudadanía, para fiscalizar o auditar las declaraciones juradas que registran los gastos operativos, porque “habría que modificar la Constitución y el sistema político” (sic).
Increiblemente para un docente de Derecho Constitucional como lo es Velásquez Quesquén , nos surge la interrogante ¿Y qué es la Ley de Acceso a la Información Pública? El pavor de los futuros colegas, podría cundir en Chiclayo, si la pregunta fuese absuelta por tal docente.
Para curarse en salud, el Presidente del Congreso, agobiado por la ola de denuncias y ante el inminente ascenso a la más alta representación parlamentaria, en sesión de la Mesa Directiva del 15 de agosto del 2008, dispuso que se realice una “auditoría especial en materia del proceso de rendición de cuentas y reembolso de gastos por viáticos y representación de los señores congresistas”.
Eventualmente la acción de la Mesa Directiva podía entenderse como un mecanismo de transparencia de la función pública parlamentaria, pero las decisiones políticas no necesariamente van vinculadas a una correcta expresión de intenciones.
La petición ante la misma Contraloría General de la República (inexplicable porque el mismo Congreso tiene una oficina de Auditoría Interna) de solicitar una auditoria especial general, no era más que un mecanismo (supuestamente) procesal para evitar transparentar la información pública de cada declaración jurada que todo congresista debe realizar para declarar sus gastos de representación funcional.
De este modo, las peticiones del periodismo fueron cortadas bajo una escueta respuesta: “habiéndose iniciado el proceso de auditoría, debemos indicarles que los informes y acciones de control se encuentran sujetos al principio de reserva, por cuyo mérito se encuentra prohibido que durante la ejecución del control se revele información que podría dificultar la misma”, con lo cual el Oficial Mayor daba comunicación de los objetivos de la Mesa Directiva, que en realidad y en buena cuenta es la decisión del Presidente del Congreso.
Agudizándose aún más la débil legitimidad social del Parlamento, en la tercera semana de septiembre 2008, la Mesa Directiva del Congreso dejó sin efecto la norma que regulaba la mención de cuentas de los gastos operativos de los parlamentarios. En este sentido, los congresistas se encontraban exonerados de rendir cuenta documentada del 90% de un total de S/. 7,617.20 que se les asigna mensualmente, ni a sustentar el 10% restante mediante una simple declaración jurada.
La explicación oficial sobre una acción típica de un Estado mediocre y ajeno a los intereses de su ciudadanía, fue que se estaba acatando las disposiciones del artículo 22º del Reglamento del Congreso de la República.
Frente a esta situación de descrédito funcional institucional y ante la necesidad de satisfacer un interés público, surgen las interrogantes: ¿Los gastos operativos de los parlamentarios son Información Pública?
En este sentido, consideramos que las respuestas son afirmativas y para ello analizaremos primero la naturaleza jurídica de los “Gastos Operativos”, seguidamente “la información pública” y plantearemos la viabilidad de la fiscalización ciudadana de la función parlamentaria, sólo en el ámbito de los gastos operativos, porque la decisión política de estos no puede ser fiscalizada, dado que existe una regulación constitucional expresa para ello (art. 93º Constitución).
I. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DE LAS DECISIONES QUE TOMA EL ESTADO CON EL ERARIO NACIONAL.
1. LA NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
En lo que respecta a la naturaleza jurídica del derecho a acceder a una información pública, debemos señalar que este es un derecho que puede ser gozado tanto de manera individual (por su titularidad inmediata) como de manera colectiva, sin que se pueda interpretar que una excluya a la otra.
Las características intrínsecas del derecho le confieren tal calidad. De esta manera un individuo puede tener garantizado su derecho de acceder a información pública y desarrollar diferentes acciones respecto de esta información (derecho a la expresión, derecho a la información, derecho a la libertad de información y prensa)
En estas circunstancias, es que el Estado debe procurar y garantizar un mínimo margen de respeto en determinados casos o supuestos, que es el ámbito de comunicación entre el Administrado con su Administración y si bien esta tiene la facultad de indicar cuales son los márgenes para brindar información, la misma no puede estar limitada un criterio discrecional, por cuanto las limitaciones sólo deben estar reguladas por Ley.
Incidiendo en la naturaleza jurídica del derecho debemos considerarlo además como un derecho objetivo, por su exigibilidad frente al Estado, así como un derecho subjetivo, por su naturaleza intrínseca humana y colectiva.
Respecto de su naturaleza, el acceder a información pública es un derecho humano, porque por la sola condición de ser seres humanos tenemos derecho a ejercer el derecho , y el mecanismo procesal para garantizarla es el habeas data.
El Habeas Data es una prerrogativa constitucional que tiene toda persona para conocer vía acceso directo, a toda información que conste en los registros del Estado .
La naturaleza de Derecho Humano se implementa en la región latinoamericana cuando se regula el acceso a la información pública en una serie de Leyes, entre las cuales podemos citar: a) En México, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (2002), b) Paraguay, Ley de Transparencia Administrativa, c) Panamá, Ley de Transparencia en la Gestión Pública y d) Perú, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En un análisis constitucional de las Teorías de los Derechos fundamentales, la Teoría Institucional es la que el mejor explica el tema de los derechos relacionados al acceso a la información.
Los derechos fundamentales tienen una doble característica constitucional: como derecho de la persona y como un orden institucional; de modo que, los derechos individuales son a la vez instituciones jurídicas objetivas y derechos subjetivos.
Pero para la plena materialización de esta teoría y del derecho a la información pública en sus dos perspectivas, es necesaria la actuación del Estado a un nivel de protección y de promotor de este derecho y de la libertad necesaria para su materialización, todo lo cual permite una maduración de todo sistema democrático .
2. INFORMACIÓN PRIVADA E INFORMACIÓN PÚBLICA.
En el Perú, por definición legal, entendemos por información pública, toda aquella información que posea el Estado (Ley Nº 27806).
En tal sentido, información pública debiera ser toda información que permita una labor de fiscalización, control y evaluación administrativa de todo aquello que le competa al Estado en el cumplimiento de sus fines y obligaciones.
La Ley en este sentido faculta a todo ciudadano a poder solicitar información que le pudiera ser de utilidad y sólo permite la negación de determinada información en casos debidamente especiales, regulados y reglamentados, como por ejemplo determinado nivel deinformación militar, policial o judicial .
Sin embargo, si bien el Estado puede realizar una serie de acciones públicas en el cumplimiento de sus obligaciones, genera una serie de situaciones de índole privada, en particular respecto de sus funcionarios.
Por ejemplo la información respecto de la situación personal, hoja de vida profesional o parámetros de índole financiera son elementos que toda Gerencia de Recursos Humanos en la Administración Pública peruana tiene y por tanto puede difundirla tanto en su página web oficial o en publicación a través del Diario Oficial El Peruano.
Y dicha información que si bien puede ser de índole privada, por cuanto no compete a absolutamente a nadie conocer detalles personales, para casos delimitados permite a la sociedad civil, prensa y mecanismos de fiscalización y control determinar algunas situaciones que le ameriten aperturar una investigación preliminar.
La fundamentación de esta información privada que pueda generar una información pública, radica justamente en los datos que el propio funcionario proporciona.
Así por ejemplo en el presente Congreso (Legislatura 2006-2011), más de veintiséis parlamentarios del Congreso de la República del Perú han venido siendo investigados por la contratación de personal de confianza que ha generado una repercusión en el Primer Poder del Estado Peruano y todo a raíz de la divulgación de la información personal de dicho personal.
Lo privado al ingresar a la esfera de la Administración Pública, pasa a tener la condición de información pública y dependiendo de su valoración para un caso particular puede ser relevante.
Respecto del caso de los parlamentarios investigados en el Perú, se llegó a determinar que muchos de las personas que habían sido contratadas por estos congresistas, no cumplían con los requisitos para acceder a la Administración Pública. Encontrándos entre este personal, figuraban hijos de parlamentarios, novias o concubinas de los hijos de los parlamentarios, consuegros, familiares por vínculos de afinidad, y hasta empleadas domésticas.
Aunque parezca poco serio, la información que en un principio generó toda esta investigación provino de unas declaraciones juradas para acceder a la Administración Pública y en particular en las direcciones domiciliarias de los declarantes. Dicha referencia se compatibilizó con otras declaraciones juradas y ahí se determinó los vínculos de relación, nepotismo o sólo actos de corrupción por efectos de generar una contratación de “personal fantasma”.
Por ello la importancia de la información que cualquier funcionario indique no sólo puede tener una valoración privada, sino también pública, dependiendo de cómo pueda ser analizada y para ello la sola consideración de que ocupe un nivel de vinculación con el Estado, le niega a este ciudadano, la posibilidad de limitar el acceso a una información privada de cualquier individuo, previa evaluación no sólo por la misma Administración Pública, sino también por mandato judicial.
Pero no toda información privada puede ser sujeta a este criterio de fiscalización. Elementos personales como la opción sexual, la vinculación familiar con personas menores de edad y su patrimonio personal pueden ser limitados por criterios de seguridad y para garantizar la propia personalidad e intimidad de este funcionario público y sólo podrá ser pasible de ser pública previa resolución administrativa o judicial.
En otros ámbitos, esta limitación no podría ser factible porque es el alto costo profesional que deberá asumir el funcionario por acceder a un puesto público, por que finalmente realizará alguna acción en mérito a sus facultades que genere una acción estatal (y por consiguiente un egreso público).
Bajo esta consideración, podríamos decir que el derecho a la privacidad e intimidad se flexibilizan para ponderar un derecho con un ámbito más amplio, que genere una mayor seguridad, inclusive para el mismo funcionario al que se pudiere fiscalizar. Así por ejemplo, para el caso peruano, podemos observar los siguientes elementos:
INFORMACIÓN PÚBLICA INFORMACIÓN PRIVADA INFORMACIÓN PÚBLICA DERIVADA
Remuneraciones de funcionarios públicos Remuneraciones del cónyuge Cruce de información para determinar un patrimonio y bienes sin sustento
Información sobre adquisiciones de bienes y servicios Información sobre el estado de un procedimiento administrativo en trámite Información sobre el personal que ha participado en un procedimiento administrativo para establecer vínculos de afinidad, nepotismo o lobbies
Actividades oficiales que realizan las entidades Información generada de una actividad oficial catalogada como “reservada” en el ámbito de la administración pública Información que involucre el gasto de recursos públicos .
Hojas de vida de altos funcionarios Orientación sexual de una persona Datos relevantes para una investigación: como el domicilio (con limitaciones); viajes realizados, capacitación
Información sobre Defensa Nacional (que no involucre la Seguridad Nacional) Número de bienes militares adjudicados en una compra o estado de los mismos Presupuesto asignado a una compra de equipos bélicos para las Fuerzas Armadas
Declaraciones Juradas Información Bancaria (a menos que se levante el secreto bancario) Relación de bienes con un criterio de valorización que no se ajusten a los rangos económicos patrimoniales del declarante
Para dar un ejemplo mayor, podríamos señalar por ejemplo el caso del desafuero parlamentario de varios congresistas ecuatorianos ocurrida en la última visita de estos al Perú, a raíz de una actividad del Parlamento Andino, en el 2005.
Dichos parlamentarios, si bien ya estaban fuera de toda actividad pública, estando en ambientes privados, generaron una confusión a niveles de policía y farándula, que generó un clima de inestabilidad en el Ecuador siendo los resultados conocidos como el desafuero y el descrédito público.
Estos actos privados (consumo de licor, infidelidad de una parlamentaria con otro parlamentario provocadores de los celos de un tercer parlamentario) en un ambiente privado (habitación de un hotel) por parte de altos funcionarios públicos (parlamentarios) ¿podría generar en una información pública el informe de la Policía que intervino en dicho ambiente o de la Gerencia del Hotel donde estaban estos señores?
La respuesta es positiva, porque debemos analizar que la delegación estaba en un “viaje oficial” y por tanto su obligación les exigía cumplir una conducta ajena a todo escándalo privado y si hubo una lesión a bienes patrimoniales en las instalaciones donde estaban, la esfera privada había sido quebrada por ellos mismos, debiendo responsabilizarse por tales acciones.
La esfera privada se flexibiliza cuando el individuo realiza acciones que generen situaciones públicas, como en este caso, el escándalo por agresión a personal del hotel y destrucción de bienes privados.
En complemento con otro escándalo, igualmente de parlamentarios, en el Perú a raíz de un viaje oficial” al Parlamento Latinoamericano, un congresista “difundió” fotografías de sus compañeros de delegación en ambientes públicos y privados, con el objeto de señalar una mala utilización de los recursos públicos en actos ajenos a una labor “oficial”.
Dichas fotos contenían imágenes de los miembros de la delegación en una discoteca y en un parque; si bien estas no reflejaron ningún acto atípico o delictivo, se demostró que las imágenes respondían a una adulteración de las mismas, al ubicarse personas en otros ambientes.
Por tanto, la condición “pública” de tales imágenes no tenía ninguna justificación y estas no acreditaban ningún acto de corrupción, o conducta ilegal o atípica de parte de la delegación y muy por el contrario demostró la condición del parlamentario que había fungido de “fiscalizador”, recayendo en este, la sanción de suspensión por un período de tiempo de toda función pública.
La información pública derivada de una información privada por tanto genera una condición que le garantiza dicha condición, por cuanto sus características escapan del ámbito privado.
Por ello esta delimitación es importante en sociedades con Estados poco vinculados a un respeto a los derechos de la ciudadanía, por cuanto los márgenes de corrupción y de dilapidación del presupuesto público escapan de márgenes de control y fiscalización.
Para el caso particular del Perú, luego de la corrupción de muchos funcionarios en la época de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, se evidenció que muchos de estos tenían un patrimonio superior a los márgenes normales, acreditándose una serie de hechos de corrupción, como por ejemplo, la propiedad de bienes patrimoniales superiores a los millones de dólares para un funcionario público o de patrimonios superiores a la actividad privada de parte de personas públicas.
En la actualidad por ejemplo la administración pública se hace de la vista ciega, en determinados casos en los cuales funcionarios públicos sin trabajo acreditable o estable tienen propiedades suntuosas en barrios residenciales.
Igualmente, es posible observar que varios funcionarios públicos de alta dirección, tienen la tenencia exagerada de adquirir vehículos o de realizar viajes al extranjero en frecuencias exageradas, lo cual evidencia que existen registros de ingresos económicos ajenos a la remuneración mensual consignada a sus puestos laborales.
De esta manera los altos funcionarios de dependencias públicas presentan estas características, que indudablemente generan una imagen ajena a la honorabilidad y decencia.
3. LA PROGRAMACIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.
Habíamos mencionado líneas arriba que había una flexibilización de derechos respecto de un interés mayor, y dado que estamos en una temática de respeto de derechos en un Estado Democrático, justificamos nuestra posición ante esta flexibilización, por cuanto este derecho al ser limitado (bajo unos marcos absolutamente reglamentados) permitirá que la ciudadanía tenga un mayor respeto y garantía de parte del Estado, respecto de los actos públicos de la Administración, por cuanto habrá una mayor fiscalización no sólo de los entes facultados para ello, sino también de los medios de prensa.
La sociedad de la información, bajo este sentido adquiere una nueva concepción, porque fundamentará una “opinión pública” sólida y informada , que para el caso particular de las instituciones relacionadas con el quehacer político, puede responder la desconfianza de la ciudadanía sobre su sistema político .
En este sentido, ni el Estado ni el funcionario público podrán estar liberados de responsabilidad respecto del cumplimiento de sus obligaciones porque habrá un mejor mecanismo de control y fiscalización de sus actos, y para efectos del respeto de derechos de la ciudadanía se generará una relación proporcional de cumplimiento de obligaciones estatales para garantizar los derechos de estos, así como permitirá evitar abusos de parte de los funcionarios públicos .
De esta manera resultan funamentales los principios de transparencia y publicidad en la información proporcionada de los actos del Estado .
En este sentido y en complemento con la teoría institucional de respeto de derechos fundamentales de parte del Estado, consideramos que la transparencia en el acceso a información pública y bajo un procedimiento sumario a información privada con contenido y alcance público, permitirán no sólo una labor de fiscalización para efectos sancionatorios, sino una labor de fiscalización para efectos de velar por el cumplimiento de obligaciones estatales.
Y este control preventivo, esta dirigido a verificar el cumplimiento de plazos, oferta pública y la idoneidad de servicios públicos. La mejor manera de saber si el Estado está cumpliendo con su rol es verificando el cumplimiento de su oferta y toda esta información está establecida en una serie de actos públicos, como: la Ley de Presupuesto y Cuenta General de la República (respecto del gasto público); la Ley de Endeudamiento Nacional (respecto de los ingresos al fisco); políticas públicas por gobierno o por institución (respecto de ampliación de servicios o control de calidad de los mismos), políticas por sector, por institución, etc.
En suma una serie de medidas legislativas, acciones políticas e información que el ciudadano puede recepcionar y que no necesariamente por sus características tendrá a bien informarse o darle una percepción del cumplimiento de las funciones del Estado.
Por ello esta información pública al estar a disponibilidad de los medios de comunicación, entidades privadas de control y fiscalización, así como de entidades judiciales podrán brindar un apoyo al ciudadano para que este sea receptor efectivo de las funciones del Estado y dicho mecanismo de concretizar el acceso a derechos constitucionales es una herramienta muy pocas utilizada, no sólo en el Perú sino en la región.
La manera de cómo podemos entender que el acceso a esta información pública puede permitir concretizar derechos en los ciudadanos, puede ser resumida en un ejemplo:
Si a través de un Ministerio (de transportes), el Gobierno se compromete y presupuesta a lo largo de un ejercicio fiscal anual la construcción de diez carreteras, indicando los plazos y los montos por dichas obras, es posible acceder a fines de año a verificar si dicha oferta de servicios se cumplió o no, a través de la verificación de obras ya habilitadas o de la entrega a los beneficiarios de estas obras. Suele suceder que en múltiples casos, este Ministerio (para el caso de nuestro ejemplo) al final del año sólo construye ocho carreteras y dispone que los montos para cada una de las construidas se elevaran y se generó un forado económico que generó un presupuesto adicional.
Hasta ese momento no habría ningún elemento importante a tomarse en cuenta, pero si se verifica, la omisión de las dos carreteras restantes genera una serie de cuestiones, como el destino de dicho presupuesto, la condición del gasto realizado y las autoridades competentes responsables para garantizar las respuestas oportunas.
Y estos casos suelen ser regla general en todo Estado como el nuestro, debido a la ineficiencia en la compra de bienes, terciariazación de servicios de necesidad pública, o actos de corrupción.
Para concretizar nuestro punto y dar un ejemplo más práctico, podríamos señalar que durante el segundo semestre del año 2006 en el Perú, el gobierno destinó un promedio de US 500,000´000,000, como presupuesto adicional para obras de inversión pública en toda la república, en un paquete denominado “shock de inversiones”, materializado a través de la aprobación de una Ley de Presupuesto Público con crédito suplementario.
Dicho paquete generaría una serie de proyectos de inversión pública para sectores sociales menores favorecidos en los ámbitos de educación, salud, transporte y otros; En resumen este paquete de medidas que si bien tuvo un noble propósito, generó las suspicacias de la prensa nacional y tiempo después se hizo evidente tal premonición.
Se hizo evidente que muchas de las licitaciones públicas habían sido adulteradas, que los niveles de nepotismo y vinculaciones por afinidad entre funcionarios y contratistas era regla general entre las concesiones a obras públicas y que los niveles de cumplimiento de las obligaciones contractuales era un saludo a la ineficiencia y negligencia.
Se llegó inclusive a niveles de intervención de la Presidencia de la República con la confirmación que el “shock de inversiones” había sido un fracaso absoluto, en clara evidencia que los servicios que esperaban ser atendidos y mejorados por el Estado no estarían a disposición de los ciudadanos; por lo tanto, el acceso a derechos constitucionales como salud, educación, vivienda, etc., no pudieron ser garantizados por el Estado, a pesar que existía el presupuesto para paliar el estado de pobreza extrema de la población.
4. LOS VACÍOS Y LOS ESPACIOS INVISIBLES. EL PRESUPUESTO PÚBLICO
Uno de los mecanismos para garantizar si el Estado va a cumplir sus objetivos, es la verificación de sus responsabilidades a través de la planificación pública de sus actos y dado que el Estado para realizar sus funciones debe generar un gasto y presupuesto, es posible acceder a este mecanismo de control de manera sencilla y directa.
El Ministerio de Economía y Finanzas en el Perú a través de su página web dispone a todo público, el acceso a los presupuestos de los diferentes órganos de gobierno y de las instituciones públicas en toda la república.
Sin embargo esta información que puede aparecer bien detallada, conforme a la Ley de Información Pública, genera una serie de situaciones cuando se hace un estudio más detenido y especializado, a efectos de verificar si el Estado quiere o pretende cumplir con sus labores de brindar servicios públicos a la ciudadanía.
En tal sentido, se observan una serie de presupuestos para todos los niveles y con la denominación de la acción que deberá cumplir, pero en sociedades y estados latinoamericanos es usual observar que los políticos con cierto nivel de poder, utilizan presupuesto público para fines privados o para efectos de generar una vinculación más beneficiosa para sí mismos (gastos operativos o de representación).
El caudillismo político en tal sentido, es una muestra de cómo el Estado finalmente se ve limitado por sus propias normas de control y fiscalización, respecto del gasto público.
¿Con que presupuesto los caudillos políticos en Latinoamericana pueden realizar sus actividades proselitistas? Es una pregunta que parece ser pecado ser respondida en las esferas de control administrativo y judicial público, pero que para nuestro caso no importa el ámbito penal de responsabilidades en los funcionarios públicos, sino la repercusión en la disminución de los servicios públicos que toda ciudadanía debería tener para garantizar sus derechos en un Estado de Derecho.
Por ello, a mérito de liberalidad, debemos señalar que las altas esferas de poder político de toda institución pública, tienen asignados presupuestos públicos, pero asignados bajo una serie de medidas que terminan generando una oscuridad en el gasto final.
Así una Presidencia de cualquier órgano o instancia administrativa pública, dispone al inicio del año fiscal un determinado presupuesto, pero que a lo largo del año, este presupuesto que debiera ser suficiente para ese despacho, se incrementa a través de aprobaciones de créditos suplementarios de parte del Congreso de la República o a través de la aprobación de modificaciones presupuestarias internas.
Este presupuesto adicional, que no es ilegal, genera una distorsión en las funciones de toda entidad pública, por cuanto la discrecionalidad en su gasto sólo le compete al responsable del pliego presupuestal que conforme a toda la legislación nacional, esta en uso de sus facultades no responder por este presupuesto adicional. Por tanto este vacío genera situaciones que permiten el caudillismo político o el gasto de un dinero de la ciudadanía para actos privados, todo lo cual repercute en la prestación de servicios públicos y finalmente en el ciudadano.
Finalmente un grueso porcentaje del presupuesto público, que es dinero de todos los ciudadanos, escapa a los márgenes de control y fiscalización y esto genera no sólo la disminución de obras públicas para su servicio y atención, sino también la limitación de otro porcentaje de presupuesto público, al estar vinculado a lineamientos de corrupción y caudillismo político que reiteramos afecta las obligaciones y oferta de servicios del Estado.
II. LOS GASTOS OPERATIVOS DE LOS PARLAMENTARIOS.
1. DE LA NATURALEZA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONGRESISTA
La declaración jurada debemos entenderla como aquella “manifestación escrita presentada por quienes administran, disponen, custodian, captan y en general, bajo cualquier título administran los bienes y recursos públicos, acerca de algunos aspectos de su condición patrimonial y financiera, comprometiendo su responsabilidad por las afirmaciones que realizan, en caso de eventual falsedad u omisión de información”.
La declaración jurada tiene una doble implicancia, respecto del funcionario público:
a) Respecto de las responsabilidades administrativas que asume frente a su institución, dada la naturaleza de la relación fiduiciaria existente con el Estado.
Relación jurídica fiduiciaria debido a que existe una obligación de administrar recursos públicos para cumplir una función determinada.
En este sentido no se evalúa la eficacia o un resultado positivo en la prestación de la función pública, sólo se exige que se cumpla con la disposición administrativa de ejecutar una actividad predeterminada presupuestada.
b) Respecto de las responsabilidades penales y civiles que asume frente a la sociedad, toda vez que esta sociedad, titular del erario nacional de donde proviene la partida económica administrada o ejecutada por el funcionario público, requiere conocer cómo fue el mecanismo y el resultado de la ejecución de una responsabilidad administrativa.
Toda infracción a este deber de diligencia requiere estar acreditado en un documento (la declaración jurada) y su evaluación permitirá acreditar la responsabilidad penal o civil del funcionario público respecto de un presupuesto asignado para el cumplimiento de una función pública.
Responsabilidad que no sólo lo vincula con su institución sino con toda la sociedad, por cuanto existe la figura fiduciaria.
El marco regulatorio de la declaración jurada en el Perú se inicia con el artículo 22 de la Constitución de 1933, “todo funcionario o empleado público, civil o militar, si tiene bienes o rentas independientes de su haber como tal, está obligado a declararlos expresa y específicamente, en la forma que determine la ley”.
El reglamento de la disposición constitucional, fue un Decreto Supremo de fecha 17 de agosto de 1963.
La regulación temporal de la actividad pública, al inicio, al cese y periódicamente fue establecida por Decreto Ley Nº 17095, regulado en 1968.
La especificación de presentar la declaración jurada ante la Dirección de Personal o su equivalente, fue establecida con el Decreto Ley Nº 20475, de 1973.
Por segunda vez a nivel constitucional, en 1979, se regula en el artículo 62º, la exigencia a todo funcionario público de presentar las correspondientes declaraciones juradas.
En 1988, la Ley Nº 24801, de 1988, se regulaba la exigencia de actualizar periódicamente cada tres años las declaraciones juradas. El reglamento se estableció mediante el Decreto Supremo Nº 138-88-PCM
Finalmente, el artículo 41º de la Constitución de 1993, establece la exigencia de publicar en el diario oficial los ingresos que por todo concepto perciba todo funcionario.
Con la Ley Nº 27482 del 2001, se extiende las obligaciones del funcionario público de presentar una declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas al inicio, al cese y periódicamente de toda función pública.
El formato único de Declaraciones juradadas de ingresos y de bienes y rentas se establece por Decreto Supremo Nº 080-2001-PCM del 2001, que inclusive regula un período para realizar el trámite administrativo (15 días al inicio de toda gestión o en la primera quincena de enero.
2. DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIONES JURADAS.
Si nos limitamos al artículo 2º de la Ley Nº 27482, están obligados a presentar (diligentemente y verazmente) una Declaración Jurada:
a) El Presidente de la República y sus Vicepresidentes
b) Los Congresistas de la República
c) Los Ministros de Estado y los viceministros
d) Los Magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público, los miembros del Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Jurado Nacional de Elecciones.
e) Individualmente el Presidente del Banco Central de Reserva, el Defensor del Pueblo, El Contralor General de la República, el Superintendente de Banca y Seguros
f) Los Alcaldes y regidores municipales
g) Los Embajadores
h) Los Presidentes Regionales
i) Los oficiales de las Fuerzas Armadas
j) Todo funcionario público,
El gran problema de esta relación y de la realidad nacional, está en la determinación de la “función pública” y de la determinación del “funcionario público” y por ende la relación extensiva de los sujetos obligados a cumplir la Ley Nº 27482.
El vacio normativo de la determinación del funcionario público radica en el hecho de que la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, necesita de una serie de Leyes complementarias, las cuales son: a) Ley de la Carrera Administrativa del Servidor Público, b) Ley de Funcionarios públicos y empleados de confianza, c) Ley de gestión del empleo público, d) Ley de incompatiblidades y responsabilidades del personal del empleo público y e) Ley del sistema de remuneraciones del empleo público.
El problema de este vacio normativo, sin embargo y para el caso particular que nos conscierne, debemos señalar que los problemas se presentan en aquellas personas que no figuran en la lista descrita líneas arriba.
Todo lo contrario respecto de quienes por su función se encuentran expresamente obligados a cumplir con una disposición legal con una tradición histórica superior a los cincuenta años.
Bajo esta sencilla interpretación, ningún parlamenario podría excusarse de presentar su Declaración Jurada, porque está obligado tanto administrativamente, penalmente, civilmente e inclusive políticamente.
Sin embargo y para perplejidad de la ciudadanía, los congresistas se han amparado en el artículo 22º del Reglamento del Congreso de la República para excusarse de una obligación legal y por ello analizaremos el débil argumento esgrimido.
3. ANÁLISIS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO (ARTÍCULO 22º)
A la letra, el mencionado artículo (respecto de los gastos operativos) señala:
“Derechos Funcionales
Artículo 22° .- Los Congresistas tienen derecho:
f) A contar con los servicios de personal, asesoría y apoyo logístico para el desempeño de sus funciones.
Los montos entregados a los Congresistas para los fines previstos en el párrafo anterior, están sujetos a rendición de cuentas, por constituir gastos operativos del Congreso y en ese sentido no son computables para el régimen pensionario y tributario, incluyendo el Impuesto a la Renta del Congresista.
Para todo efecto legal, la rendición de cuentas de dichos montos deberá efectuarse mensualmente, ante la Oficina de Tesorería del Congreso, de la siguiente forma:
1. Mediante comprobante de pago, por un monto no menor al treinta por ciento (30%), de los mismos; y,
2. Mediante una declaración por la parte no sustentada como comprobantes de pago y de acuerdo con lo que establezca el Consejo Directivo.
g) A una remuneración adecuada sujeta al pago de los tributos de ley y a una compensación por tiempo de servicios conforme a dicha remuneración
Las remuneraciones de los Congresistas se publicarán en el diario oficial.”
Si bien esta regulación se varió para efectos de extender responsabilidades penales y administrativas a raíz del seguimiento de los gastos operativos (julio 2008), debemos considerar que sólo fueron modificados los montos exigibles, mateniéndose el íntegro de la obligación jurídica.
Así no se acredite y tal como viene sucediendo, no se presente una rendición de gastos acreditable y sólo se efectúe una simple declaración jurada, la responsabilidad que genere el parlamentario respecto de su “declaración”, estará vinculado con la fé pública, cuyo titular es la sociedad, dada su condición de bien jurídico tutelado penalmente.
De contrabando igualmente incluimos el inciso “g” del artículo 22º del Reglamento del Congreso de la República, por cuanto en el segundo párrafo se incluye la obligación de que se publique la remuneración del parlamentario, en el diario oficial.
Si en este sentido no existe objeción, respecto de la publicación de una remuneración, ¿porqué la valoración es distinta con la declaración jurada, si tiene un valor jurídico inferior por decirlo de alguna manera?
4. ¿ES FUNDADO EL PEDIDO DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE LOS PARLAMENTARIOS?
Habiendo analizado la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, Ley Nº 27482 Ley que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas de los funcionarios y servidores públios del Estado, e inclusive el artículo 22º del Reglamento del Congreso de la República, nuestra conclusión es que toda Declaración Jurada remitida por todo funcionario público, incluido un Congresista de la República, sí puede ser materia de solicitud de información de parte de la ciudadanía.
Por tanto, el berrinche infantil de Lourdes Alcorta (“no me da la gana de dar información de mis gastos operativos”, el 25 de septiembre de 2008 ante Rosa María Palacios) resulta no sólo contradictorio a la función pública que ejerce sino que resulta atentatorio contra la dignidad de la ciudadanía que tuvo el error de elegirla congresista, porque quiera o no quiera y así no lo merezca, su remuneración la pagamos nosotros, los ciudadanos.
Categoría: Artículos derecho constitucional
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LOS REQUISITOS OBJETIVOS EN EL PERFIL DEL MAGISTRADO (CARRERA JUDICIAL)
Manuel Bermúdez Tapia
Abogado. Magíster en Derecho. Docente de Posgrado en las Universidades Pedro Ruiz Gallo, Antenor Orrego, San Antonio Abad del Cusco, Hermilio Valdizán y Alas Peruanas.
Publicado en RAE, Estudio Caballero Bustamante, 2008
1. Introducción.
En el Consejo Nacional de la Magistratura, previo al proceso de selección de nuevos magistrados o para evaluar a los que ya se encuentran en el cargo y deban pasar por el proceso de ratificación, se elabora un marco normativo.
Este marco normativo se va regulando sobre la base de las disposiciones constitucionales y Las Leyes Orgánicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público (MP). Finalmente con disposiciones administrativas, el CNM elabora la última parte de este proceso, la cual podría ser considerada inclusive como la parte más importante de todo este proceso de evaluación.
Dicho proceso final, es la elaboración del “perfil” del magistrado, según nivel y especialidad, tanto para el Poder Judicial, como para el Ministerio Público.
El perfil del magistrado, en este sentido es el parámetro normativo y administrativo para definir los requisitos que debe tener la carrera de la magistratura en la categorización individual de un magistrado.
La estructura del perfil, el diseño, la responsabilidad de la puesta en ejecución del perfil del magistrado, así como la constante evaluación y actualización constituyen un área de vital importancia en todos los procesos de modernización de Sistemas de Justicia en el contexto mundial.
2. El Perfil del Magistrado.
Las cualidades profesionales y personales que un magistrado debe reunir para desempeñar su función en los parámetros jurisdiccionales idóneos, constituye el “perfil del magistrado”.
Dependiendo de los niveles de la judicatura este perfil profesional se irá adecuando a las exigencias que sea necesario reunir, por cuanto no es lo mismo ser un Vocal Supremo que un Juez de Paz o un Fiscal Provincial en lo penal que un Fiscal Supremo en lo civil.
A la fecha el CNM no ha regulado los marcos normativos de los perfiles profesionales que requieren tanto el PJ como el MP, constituyendo un elemento de crítica a su gestión, por cuanto no puede señalar que la selección de aspirantes a la magistratura reúne parámetros objetivos en términos de profesionalidad, especialidad y experiencia.
En la actualidad, el CNM toma en cuenta las propuestas de perfiles de magistrados del PJ y MP, en el artículo IV del Título Preliminar del Nuevo Reglamento de Concurso, Resolución N° 253-2007-CNM, del 19/07/2007
a. Trayectoria intachable de vida personal y profesional.
b. Formación jurídica sólida que incluya la capacidad de interpretación creativa de la norma y razonamiento jurídico para su aplicación a casos concretos.
c. Capacidad de mantener independencia en el ejercicio de la función y defensa del Estado de Derecho.
d. Conocimiento crítico del sistema de justicia y capacidad de formulación de propuestas para su mejoramiento.
e. Capacidad para identificar los conflictos sociales que subyacen al proceso judicial.
f. Conocimiento de la realidad nacional y prácticas culturales del lugar donde desempeñará su función.
g. Conocimiento de la organización y gestión del despacho judicial o fiscal.
h. Capacidad de liderazgo.
3. Elementos del perfil del magistrado.
El perfil del magistrado, al ser una base de selección profesional, debe reunir una evaluación sobre tres niveles:
a) Requisitos generales
Incluye los valores humanos que todo ciudadano, que preste servicios para el Estado y la sociedad en su conjunto, debe reunir así como las actitudes profesionales, que en conjunto permitirán desarrollar una actividad bajo parámetros normales de eficiencia y diligencia.
b) Requisitos especiales
Son los requisitos que un magistrado debe reunir para superar el ámbito de la diligencia ordinaria de la función jurisdiccional, incluyéndose en esta relación la imparcialidad judicial, independencia, vocación por la magistratura, entre otros requisitos.
c) Requisitos objetivos.
Son los requisitos específicos que un abogado que postule al cargo o un magistrado en proceso de ratificación o promoción a un nivel superior inmediato debe reunir, para así ser merecedor de una gran responsabilidad.
Entre los parámetros objetivos podemos mencionar, preliminarmente, la exigencia de contar con grados académicos en universidades con acreditación académica, haber participado en eventos académicos por mérito propio y no sobre la base de la invitación por el ejercicio del cargo o por “cortesía” y haber participado en publicaciones jurídicas, sobre el nivel en el que desempeña la función jurisdiccional.
4. Requisitos objetivos
Los requisitos objetivos que se debe exigir para la magistratura estarían unidos por sus características y son:
a) La experiencia profesional.
Cuando hacemos referencia a la experiencia profesional del postulante o magistrado sometido a evaluación, estamos sólo haciendo mención a aquella experiencia acumulada en aquellas actividades vinculadas a la profesión de abogado o de magistrado, excluyéndose por tanto, actividades profesionales de otra índole, como la actividad periodística o la investigación académica.
Un docente universitario con más de treinta años dedicado a áreas alejadas de lo procesal y de especialización, así cuente con los requisitos de edad y temporalidad laboral, poco podría ofrecer en la eventualidad sea normado Vocal de la Corte Suprema, en tanto que su línea profesional y académica no ha estado vinculada a la magistratura.
Para aquellos magistrados que ya se encuentran en la carrera jurisdiccional, el criterio para efectos de una promoción al grado superior inmediato o para efectos de la misma ratificación en el cargo debería obligar a que el CNM considere y valore más los resultados de una evaluación del desempeño.
b) La acreditación de labor eficiente.
La Administración Pública en el Perú, el parámetro de “desempeño laboral” se encuentra alejado de todo marco regulatorio en el ámbito de la legislación laboral, con lo cual no sólo se ha generado una burocracia no sólo “insensible” sino también ineficaz, bajo todos los niveles de evaluación posibles.
Sin embargo, la evaluación del desempeño se mide por metas y resultados y es una práctica no sólo privada sino también gubernamental, y esto suele ser una práctica bien percibida en países desarrollados.
Para el caso que nos compete -carrera judicial-, estos parámetros de evaluación de funciones han sido abordados desde la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia (Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, mayo-2001 ), aprobándose el Estatuto del Juez Iberoamericano; y bajo un procedimiento bastante lento, se va generando la modificación de los actuales niveles de evaluación de la magistratura, para dar paso a una evaluación de desempeño más óptima.
Para el caso que nos compete, podríamos mencionar que las acreditaciones sobre la calidad del trabajo, pueden ser individualizadas como en forma colectiva, pudiendo especificarse desde felicitaciones por desempeño como reconocimientos a Cortes Superiores por niveles de tramitación de expedientes judiciales.
En este ámbito de evaluación si bien se generan los niveles más subjetivos para acreditar una labor en términos de eficacia, debemos considerar algunos parámetros relevantes, que pudieran constituir un marco referencial de evaluación:
- Margen de tramitación de expedientes judiciales por año.
- Plazos para la resolución de una demanda, escrito o para expedir una resolución.
- Evaluación del contenido de las resoluciones, descartándose en este nivel de análisis las resoluciones de mero trámite.
- El nivel de vinculación entre el contenido de la resolución y el pedido formulado por las partes procesales. Dicha evolución no requiere la revisión de cada resolución judicial, sino de aquellas en las cuales se plantee una apelación declarada fundada por un órgano superior.
- Evaluación de las resoluciones finales en las cuales intervenga el magistrado como conciliador. Elemento que pudiera significar no sólo una labor eficiente de por sí, sino que además constituiría un elemento coadyuvante a la labor de su propia institución.
c) La acreditación de reconocimientos profesionales.
El reconocimiento por una actividad o mérito debe ser reglamentado en una etapa previa a la evaluación, para que de este modo se puedan establecer los parámetros en los cuales cada reconocimiento tendrá un nivel específico de significación y puntaje.
Así un Grado Honoris Causa otorgado por una Universidad, un reconocimiento vinculado a la actividad profesional de magistrado o abogado litigante, del Congreso de la República, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia u otro órgano público, no podrá tener el mismo valor que el reconocimiento en vía de agradecimiento que un órgano público (el que fuere) le pudiera extender.
En este sentido, hacemos expresa la indicación de que se deben establecer los márgenes de evaluación de estos reconocimientos profesionales porque se suele hacer una mala interpretación de estos reconocimientos a través de un impulso indirecto por el ejercicio de un cargo importante, como la Presidencia de la Corte Suprema, la Fiscalía de la Nación, la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, entre otros cargos.
Así por ejemplo, resulta cuestionable que se distinga a un alto magistrado por el sólo ejercicio de una función pública. Caso contrario resultaría loable una distinción a un magistrado que ha desempeñado una función especial y complicada o eventualmente tiene una brillante condición académica en el ámbito universitario.
Excluimos expresamente en esta ámbito de la evaluación, los reconocimientos profesionales vinculados al ámbito académico o científico si no hay una vinculación con la actividad jurisdiccional, las felicitaciones, los reconocimientos por el tiempo de servicios en una institución pública o universidad, los méritos profesionales vinculados a la docencia universitaria y por último pero que ha sido frecuente observar en los concursos de la última década del siglo pasado, los reconocimientos o constancias de ser nombrado “hijo o visitante ilustre” de una localidad.
d) Hoja de vida sin deméritos.
Es la acreditación de una foja de servicios libre de sanciones vinculadas a la actividad jurisdiccional.
Consideramos esta limitación a la esfera de la actividad profesional, porque el magistrado como individuo puede verse afectado por problemas personales o sociales y dichas circunstancias no pueden involucrarse con su desempeño profesional.
De este modo por ejemplo no consideramos un demérito aquellos procesos judiciales en los cuales pudiera ser parte denunciada o denunciante, si es que al final de dichos procedimientos judiciales se llega a determinar que dichas circunstancias no tienen vinculación directa con el cargo que vienen desempeñando o al que pretenden acceder.
En tal sentido, un proceso de divorcio, por ejemplo puede ser entendido desde varias ópticas. a) divorcio por causal imputable al magistrado/postulante, b) divorcio por mutuo acuerdo, c) divorcio por causal imputable a la pareja del magistrado/postulante.
Un proceso judicial en términos inmediatos no puede ser considerado un demérito y sobre la base del ejemplo proporcionado, consideramos que sólo podría incidir negativamente en la evaluación del magistrado, el divorcio planteado por la pareja víctima de la separación. Incrementándose negativamente dicha denuncia en directa proporción al daño causado (tanto a la pareja o los hijos) como también al orden social, por cuanto no debemos olvidar que la misma Constitución protege a la familia.
En otro ámbito de evaluación, limitado a los magistrados en carrera que opten por el ascenso, debemos considerar como elementos negativos para una evaluación:
- Las faltas disciplinarias consentidas.
- Las denuncias penales tramitadas y que se encuentren en apelación, porque en algunas oportunidades los magistrados optan por prolongar el proceso judicial con apelaciones innecesarias cuando existe una denuncia por abuso de autoridad, para así acceder a la prescripción, dado que el delito imputado tiene un plazo corto.
- Las sanciones penales estipuladas en resoluciones consentidas.
- Las sanciones civiles, por acciones imputadas directamente, estipuladas en resoluciones consentidas.
e) Hoja de vida democrática.
Un elemento hasta el momento casi poco reconocido en la elaboración de perfiles en la magistratura es el de la acreditación de una conducta democrática, requisito exigido a los magistrados constitucionales y no a los ordinarios.
Dicho requisito no implica la pérdida de una posición personal respecto del ámbito político de nuestra realidad nacional; se trata de una conducta que en un país como el nuestro, acostumbrado a tener personalidades políticas caudillistas y con procesos e instituciones sin mucha legitimidad social, se torna en imprescindible. Es en sociedades como la nuestra, donde la democracia siempre está en peligro, que la personalidad democrática del magistrado se debe considerar un requisito indispensable.
El magistrado en ejercicio y el candidato a magistrado deben tener una conducta alejada de las presiones políticas y de las vinculaciones a los círculos de poder político, en particular de aquellos vinculados a regímenes no democráticos.
Estamos hablando de magistrados que no tengan sobre su pasado profesional y personal, la carga de haber prestado servicios o dado apoyo a gobiernos antidemocráticos como el de Alberto Fujimori. Luis Pásara sobre esta condición es muy crítico, porque en la Corte Suprema y en instancias de alta responsabilidad jurisdiccional es posible observar a personalidades que han participado y apoyado, tanto en forma directa como implícita, un gobierno plegado de cuestionamientos democráticos, actos de corrupción y atentados contra los Derechos Humanos.
Para dar un ejemplo más directo en términos positivos y negativos, los magistrados deberían tener la personalidad suficiente para defender la legitimidad democrática, como para inaplicar, en pleno uso de sus facultades de control difuso de la constitucionalidad, una norma como fue en su oportunidad la Ley Nº 26479, que amnistiaba a civiles y militares denunciados, procesados o condenados por acciones relacionadas en la lucha contra el terrorismo y ordenaba se concluya todo proceso abierto.
Esta conducta democrática, tanto de la Jueza Antonia Saquicuray y de la Fiscal Ana Magallanes da fundamento a nuestro ejemplo positivo.
En el otro sentido de conducta antidemocrática y servilismo político fue la actuación de los magistrados de instancias superiores y supremas, que con sus votos en mayoría, no defendieron los fueros y autonomía del PJ, validaron la vigencia de una norma inconstitucional y dispusieran la apertura de una investigación por prevaricato ante la OCMA a la Jueza Saquicuray.
Ahondando con situaciones particulares, Hugo Sivina, durante su mandato presidencial criticaba la LOPJ al no reconocer la meritocracia judicial y justificaba el nombramiento de determinados magistrados como Vocales Supremos, severamente cuestionados por su conducta antidemocrática en un intento de alejar los cuestionamientos de los medios de prensa a una tradición “histórica” como es el nombramiento de jueces provisionales. Finalmente una vacía regulación legal en la protección de valores democráticos, permitió que Otto Egúsquiza Roca (quien fuese defensor de la re-elección de Fujimori) ocupe una plaza en la magistratura suprema provisionalmente.
f) Desvinculación política acreditada.
Los lazos entre la política y el ejercicio del poder en el Perú han sido una constante en la historia republicana, al nivel inclusive de que Víctor García Toma señalase que el Poder Judicial no había sido lo suficientemente “responsable” de oponerse al ejercicio ilegal o dictatorial del poder, en una clara alusión a que el sistema judicial siempre estuvo vinculado a las esferas del poder político.
Considerando que la misma Constitución en el artículo 153° establece que los magistrados no pueden participar en la política, debemos entender que esta “participación” responde a los términos de filiación o vinculación política. Por tal motivo, y en vía de una interpretación más extensiva que nos permita proteger de una manera más eficaz a la sociedad limitando toda vinculación de un magistrado con el ámbito de las influencias políticas, un postulante a la magistratura no puede tener una historia activa en el ámbito político, por que le restaría imparcialidad, en causas vinculadas al cuestionamiento y procesamiento de autoridades políticas, en particular si estos están vinculados a la esfera en la cual tuvo participación.
Un postulante que haya sido personero, militante activo o candidato a una elección política en un partido político de la cual sea militante, no ofrece las garantías de autonomía suficiente como para considerarlo positivamente en una evaluación para una labor de tanta presión social y política.
Si bien la militancia política tampoco constituye un demérito por el sólo hecho de la vinculación, creemos que en el universo de postulantes a la magistratura, otros postulantes podrán tener un mejor perfil y un mayor puntaje, con lo cual no habría una situación que pudiere afectar el concepto de igualdad ante la ley a través de un acto discriminatorio según lo estipulado en el inciso 2, del artículo 2 de la Constitución.
A modo de conclusión de este punto, en la evaluación final, no tener filiación partidaria directa o indirecta permitirá al postulante tener un mayor puntaje, sobre el candidato que sí tenga una filiación o participación política previa, no en base a una disminución del puntaje de este sino a una mejor cualidad del perfil del otro.
g) Ejercicio responsable de la docencia universitaria.
Los magistrados sólo pueden desarrollar, como actividad complementaria a la labor jurisdiccional, la labor de la docencia universitaria, tal como lo especifica el artículo 187° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero sobre la base de un límite de ocho horas semanales (de lunes a viernes) y de una interpretación extensiva durante los fines de semana (y en horas distintas de las que correspondan al despacho judicial)
Sin embargo, como observamos en una serie de Resoluciones de procesos de ratificación, el CNM ha venido encontrando que numerosos magistrados han venido desempeñando una exagerada vida académica, con la participación en cuanta actividad se les pudiera presentar.
Si bien la LOPJ les permite al magistrado participaren la vida académica universitaria, los vacíos normativos respecto de la regulación de las actividades de Postgrado y últimamente de los Diplomados (tanto presenciales como virtuales) han venido generando una distorsión a los parámetros que tenía establecido el marco constitucional y ante ello si bien se puede señalar que no es que sea motivo para una destitución, no debe llevar a niveles de deslegitimación de la labor académica con la participación en actividades que no cuentan con un perfil mínimo en el ámbito académico y que sólo constituyen elementos de un negocio bien estructurado.
Ejercer docencia universitaria en nivel de postgrado sin contar con el Título correspondiente, igualmente no puede ser considerado un elemento positivo para la ratificación o evaluación por cuanto, no le corresponde al magistrado ejercer dicha docencia.
La cátedra igualmente debe estar vinculada a la especialización del magistrado, y si bien se permite una amplia discrecionalidad en la actividad académica, no podemos permitir que un magistrado dicte una gama tan extendida de cursos, sólo con el objeto de acumular la participación académica en varias Escuelas de Postgrado en el país.
Las docencias en Diplomados no llevan registro de horas académicas, por tanto su actividad bien puede ser equivalente a una participación en una Conferencia, pero la exageración en las horas de docencia en dicha actividad no pueden dejar de ser criticadas.
h) Patrimonio acreditable.
El último requisito “objetivo” de nuestra relación está vinculado a la esfera privada de cada magistrado y/o postulante a magistrado. Nos referimos al patrimonio.
Sin que este requisito llegue a limitar la esfera privada del magistrado (quod ad singulorum utilitatem), la ciudadanía puede acceder a información pública (Ley Nº 27806) sobre la base del interés público superior (compelling interest) y no habría vulneración de derecho alguno, debido a que existe un consentimiento implícito para su divulgación, porque los mismos magistrados la han proporcionado al Estado, reservando aquella que consideren privada o fuera de los alcances de la competencia de la administración pública. Toda aquella información que se genere de la proporcionada por el magistrado tiene la categoría de información pública derivada.
Sin necesidad de una ley y en el ámbito de nuestra realidad, ha sido posible acceder a información privada de los magistrados supremos a raíz de los problemas de corrupción ocurridos en el 2006-2007 con la publicación de sus hojas de vida en la página web del PJ; igualmente el CNM venía publicando las hojas de vida de aspirantes a Magistraturas Supremas.
En forma similar a propuestas legislativas de reestablecer los juicios de residencia para evaluar el incremento patrimonial en los funcionarios políticos, en el ámbito de la judicatura es requisito necesario realizar controles mínimos de fiscalización o auditorias periódicas para verificar incrementos patrimoniales o conductas sin un debido sustento racional. No sería posible que bajo un esquema de reducción de sueldos en las magistraturas supremas existan muestras de patrimonio significativo. Luis Gómez (2003:60) en un extremo, para el caso mexicano, plantea publicar todas estas auditorias, posición que no compartimos y limitamos a aquellas que generen una investigación más profunda o una acusación.
En las épocas de Fujimori, por ejemplo la Ex Fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán era propietaria de un bien inmueble valorizado en más de un millón de dólares; dado que no pudo sustentar un patrimonio personal que sustente la compra de ese bien, a pesar de utilizar como argumento personal el deseo de ganar una lotería, la justicia la condenó a diez años de pena privativa de libertad por enriquecimiento ilícito.
Este requisito de auditoria patrimonial, si bien se presta a una probable tergiversación que pueden ir hasta niveles absurdos de cuestionar un patrimonio obtenido con esfuerzo y dedicación, es necesario tener presente en la actualidad. El mecanismo para evitar situaciones perjudiciales en la investigación patrimonial, podría ser un test de equidad aristotélica, que mediría en una balanza los intereses públicos en contrapeso con los intereses privados del magistrado.
Al acreditar la procedencia legítima de un patrimonio en una evaluación/investigación, no sólo otorgamos una garantía de legitimidad en la función de las labores de ese magistrado, sino que también damos señales de transparencia a la comunidad y un ejemplo a los demás magistrados de honestidad patrimonial.
La propiedad de bienes por intermedio de familiares testaferros, generaría suspicacias o un cuestionamiento a la falta de transparencia a nivel de pago de tributos, que de por sí ya constituye delito; viajes frecuentes al extranjero (con toda la familia) entre otras conductas, darían pie a legítimas suspicacias, similares a las esgrimidas por Frankie Ruiz en su canción, “y cómo lo hacen”, sin llegar a alusiones personales.
BIBLIOGRAFÍA
- AMAG. Virtudes y principios del magistrado. Lima: AMAG, 2003
- Manuel Bermúdez Tapia. El Control de la administración pública a través de la información para garantizar el acceso a servicios públicos y concretizar Derechos Constitucionales. En: Revista Electrónica del Programa Andino de Derechos Humanos. Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Revista Nº 19. Estado, Constitución y Derechos Humanos. Julio 2007. http://www.uasb.edu.ec/padh/revista19/temacentral/mbermudez.htm
- Luis Gómez Campos. Acceso a la información pública del poder judicial: una visión comparativa. Reforma Judicial: Revista Mexicana de Justicia. Nº 2, 2003
- Juan Gonzáles Alcántara. Transparencia y acceso a la información judicial. En: Reforma Judicial: Revista Mexicana de Justicia. Nº 2, 2003.
- José Gudiño Pelayo. El papel de los jueces en la construcción de la democracia. En Reforma judicial: Revista Mexicana de Justicia. Nº 9, 2007.
- Juan Jiménez Mayor. Carrera Judicial y Evaluación del desempeño. En: Derecho y Cambio Social. Revista Nº 09 2006. www.derechoycambiosocial.com
- César Landa, Apuntes para una teoría democrática moderna en América Latina: Lima: PUCP, 1994.
- Margaret Popkin. Introducción: Seminarios sobre acceso a la información judicial. Una perspectiva comparada. En: Reforma Judicial: Revista Mexicana de Justicia. Nº 2, 2003
- Página web del Poder Judicial
- Página web del Ministerio Público
- Página web del Consejo Nacional de la Magistratura
- Página web del Congreso de la República
- Página web de Justicia Viva
Manuel Bermúdez Tapia
Abogado. Magíster en Derecho. Docente de Posgrado en las Universidades Pedro Ruiz Gallo, Antenor Orrego, San Antonio Abad del Cusco, Hermilio Valdizán y Alas Peruanas.
Publicado en RAE, Estudio Caballero Bustamante, 2008
1. Introducción.
En el Consejo Nacional de la Magistratura, previo al proceso de selección de nuevos magistrados o para evaluar a los que ya se encuentran en el cargo y deban pasar por el proceso de ratificación, se elabora un marco normativo.
Este marco normativo se va regulando sobre la base de las disposiciones constitucionales y Las Leyes Orgánicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público (MP). Finalmente con disposiciones administrativas, el CNM elabora la última parte de este proceso, la cual podría ser considerada inclusive como la parte más importante de todo este proceso de evaluación.
Dicho proceso final, es la elaboración del “perfil” del magistrado, según nivel y especialidad, tanto para el Poder Judicial, como para el Ministerio Público.
El perfil del magistrado, en este sentido es el parámetro normativo y administrativo para definir los requisitos que debe tener la carrera de la magistratura en la categorización individual de un magistrado.
La estructura del perfil, el diseño, la responsabilidad de la puesta en ejecución del perfil del magistrado, así como la constante evaluación y actualización constituyen un área de vital importancia en todos los procesos de modernización de Sistemas de Justicia en el contexto mundial.
2. El Perfil del Magistrado.
Las cualidades profesionales y personales que un magistrado debe reunir para desempeñar su función en los parámetros jurisdiccionales idóneos, constituye el “perfil del magistrado”.
Dependiendo de los niveles de la judicatura este perfil profesional se irá adecuando a las exigencias que sea necesario reunir, por cuanto no es lo mismo ser un Vocal Supremo que un Juez de Paz o un Fiscal Provincial en lo penal que un Fiscal Supremo en lo civil.
A la fecha el CNM no ha regulado los marcos normativos de los perfiles profesionales que requieren tanto el PJ como el MP, constituyendo un elemento de crítica a su gestión, por cuanto no puede señalar que la selección de aspirantes a la magistratura reúne parámetros objetivos en términos de profesionalidad, especialidad y experiencia.
En la actualidad, el CNM toma en cuenta las propuestas de perfiles de magistrados del PJ y MP, en el artículo IV del Título Preliminar del Nuevo Reglamento de Concurso, Resolución N° 253-2007-CNM, del 19/07/2007
a. Trayectoria intachable de vida personal y profesional.
b. Formación jurídica sólida que incluya la capacidad de interpretación creativa de la norma y razonamiento jurídico para su aplicación a casos concretos.
c. Capacidad de mantener independencia en el ejercicio de la función y defensa del Estado de Derecho.
d. Conocimiento crítico del sistema de justicia y capacidad de formulación de propuestas para su mejoramiento.
e. Capacidad para identificar los conflictos sociales que subyacen al proceso judicial.
f. Conocimiento de la realidad nacional y prácticas culturales del lugar donde desempeñará su función.
g. Conocimiento de la organización y gestión del despacho judicial o fiscal.
h. Capacidad de liderazgo.
3. Elementos del perfil del magistrado.
El perfil del magistrado, al ser una base de selección profesional, debe reunir una evaluación sobre tres niveles:
a) Requisitos generales
Incluye los valores humanos que todo ciudadano, que preste servicios para el Estado y la sociedad en su conjunto, debe reunir así como las actitudes profesionales, que en conjunto permitirán desarrollar una actividad bajo parámetros normales de eficiencia y diligencia.
b) Requisitos especiales
Son los requisitos que un magistrado debe reunir para superar el ámbito de la diligencia ordinaria de la función jurisdiccional, incluyéndose en esta relación la imparcialidad judicial, independencia, vocación por la magistratura, entre otros requisitos.
c) Requisitos objetivos.
Son los requisitos específicos que un abogado que postule al cargo o un magistrado en proceso de ratificación o promoción a un nivel superior inmediato debe reunir, para así ser merecedor de una gran responsabilidad.
Entre los parámetros objetivos podemos mencionar, preliminarmente, la exigencia de contar con grados académicos en universidades con acreditación académica, haber participado en eventos académicos por mérito propio y no sobre la base de la invitación por el ejercicio del cargo o por “cortesía” y haber participado en publicaciones jurídicas, sobre el nivel en el que desempeña la función jurisdiccional.
4. Requisitos objetivos
Los requisitos objetivos que se debe exigir para la magistratura estarían unidos por sus características y son:
a) La experiencia profesional.
Cuando hacemos referencia a la experiencia profesional del postulante o magistrado sometido a evaluación, estamos sólo haciendo mención a aquella experiencia acumulada en aquellas actividades vinculadas a la profesión de abogado o de magistrado, excluyéndose por tanto, actividades profesionales de otra índole, como la actividad periodística o la investigación académica.
Un docente universitario con más de treinta años dedicado a áreas alejadas de lo procesal y de especialización, así cuente con los requisitos de edad y temporalidad laboral, poco podría ofrecer en la eventualidad sea normado Vocal de la Corte Suprema, en tanto que su línea profesional y académica no ha estado vinculada a la magistratura.
Para aquellos magistrados que ya se encuentran en la carrera jurisdiccional, el criterio para efectos de una promoción al grado superior inmediato o para efectos de la misma ratificación en el cargo debería obligar a que el CNM considere y valore más los resultados de una evaluación del desempeño.
b) La acreditación de labor eficiente.
La Administración Pública en el Perú, el parámetro de “desempeño laboral” se encuentra alejado de todo marco regulatorio en el ámbito de la legislación laboral, con lo cual no sólo se ha generado una burocracia no sólo “insensible” sino también ineficaz, bajo todos los niveles de evaluación posibles.
Sin embargo, la evaluación del desempeño se mide por metas y resultados y es una práctica no sólo privada sino también gubernamental, y esto suele ser una práctica bien percibida en países desarrollados.
Para el caso que nos compete -carrera judicial-, estos parámetros de evaluación de funciones han sido abordados desde la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia (Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, mayo-2001 ), aprobándose el Estatuto del Juez Iberoamericano; y bajo un procedimiento bastante lento, se va generando la modificación de los actuales niveles de evaluación de la magistratura, para dar paso a una evaluación de desempeño más óptima.
Para el caso que nos compete, podríamos mencionar que las acreditaciones sobre la calidad del trabajo, pueden ser individualizadas como en forma colectiva, pudiendo especificarse desde felicitaciones por desempeño como reconocimientos a Cortes Superiores por niveles de tramitación de expedientes judiciales.
En este ámbito de evaluación si bien se generan los niveles más subjetivos para acreditar una labor en términos de eficacia, debemos considerar algunos parámetros relevantes, que pudieran constituir un marco referencial de evaluación:
- Margen de tramitación de expedientes judiciales por año.
- Plazos para la resolución de una demanda, escrito o para expedir una resolución.
- Evaluación del contenido de las resoluciones, descartándose en este nivel de análisis las resoluciones de mero trámite.
- El nivel de vinculación entre el contenido de la resolución y el pedido formulado por las partes procesales. Dicha evolución no requiere la revisión de cada resolución judicial, sino de aquellas en las cuales se plantee una apelación declarada fundada por un órgano superior.
- Evaluación de las resoluciones finales en las cuales intervenga el magistrado como conciliador. Elemento que pudiera significar no sólo una labor eficiente de por sí, sino que además constituiría un elemento coadyuvante a la labor de su propia institución.
c) La acreditación de reconocimientos profesionales.
El reconocimiento por una actividad o mérito debe ser reglamentado en una etapa previa a la evaluación, para que de este modo se puedan establecer los parámetros en los cuales cada reconocimiento tendrá un nivel específico de significación y puntaje.
Así un Grado Honoris Causa otorgado por una Universidad, un reconocimiento vinculado a la actividad profesional de magistrado o abogado litigante, del Congreso de la República, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia u otro órgano público, no podrá tener el mismo valor que el reconocimiento en vía de agradecimiento que un órgano público (el que fuere) le pudiera extender.
En este sentido, hacemos expresa la indicación de que se deben establecer los márgenes de evaluación de estos reconocimientos profesionales porque se suele hacer una mala interpretación de estos reconocimientos a través de un impulso indirecto por el ejercicio de un cargo importante, como la Presidencia de la Corte Suprema, la Fiscalía de la Nación, la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, entre otros cargos.
Así por ejemplo, resulta cuestionable que se distinga a un alto magistrado por el sólo ejercicio de una función pública. Caso contrario resultaría loable una distinción a un magistrado que ha desempeñado una función especial y complicada o eventualmente tiene una brillante condición académica en el ámbito universitario.
Excluimos expresamente en esta ámbito de la evaluación, los reconocimientos profesionales vinculados al ámbito académico o científico si no hay una vinculación con la actividad jurisdiccional, las felicitaciones, los reconocimientos por el tiempo de servicios en una institución pública o universidad, los méritos profesionales vinculados a la docencia universitaria y por último pero que ha sido frecuente observar en los concursos de la última década del siglo pasado, los reconocimientos o constancias de ser nombrado “hijo o visitante ilustre” de una localidad.
d) Hoja de vida sin deméritos.
Es la acreditación de una foja de servicios libre de sanciones vinculadas a la actividad jurisdiccional.
Consideramos esta limitación a la esfera de la actividad profesional, porque el magistrado como individuo puede verse afectado por problemas personales o sociales y dichas circunstancias no pueden involucrarse con su desempeño profesional.
De este modo por ejemplo no consideramos un demérito aquellos procesos judiciales en los cuales pudiera ser parte denunciada o denunciante, si es que al final de dichos procedimientos judiciales se llega a determinar que dichas circunstancias no tienen vinculación directa con el cargo que vienen desempeñando o al que pretenden acceder.
En tal sentido, un proceso de divorcio, por ejemplo puede ser entendido desde varias ópticas. a) divorcio por causal imputable al magistrado/postulante, b) divorcio por mutuo acuerdo, c) divorcio por causal imputable a la pareja del magistrado/postulante.
Un proceso judicial en términos inmediatos no puede ser considerado un demérito y sobre la base del ejemplo proporcionado, consideramos que sólo podría incidir negativamente en la evaluación del magistrado, el divorcio planteado por la pareja víctima de la separación. Incrementándose negativamente dicha denuncia en directa proporción al daño causado (tanto a la pareja o los hijos) como también al orden social, por cuanto no debemos olvidar que la misma Constitución protege a la familia.
En otro ámbito de evaluación, limitado a los magistrados en carrera que opten por el ascenso, debemos considerar como elementos negativos para una evaluación:
- Las faltas disciplinarias consentidas.
- Las denuncias penales tramitadas y que se encuentren en apelación, porque en algunas oportunidades los magistrados optan por prolongar el proceso judicial con apelaciones innecesarias cuando existe una denuncia por abuso de autoridad, para así acceder a la prescripción, dado que el delito imputado tiene un plazo corto.
- Las sanciones penales estipuladas en resoluciones consentidas.
- Las sanciones civiles, por acciones imputadas directamente, estipuladas en resoluciones consentidas.
e) Hoja de vida democrática.
Un elemento hasta el momento casi poco reconocido en la elaboración de perfiles en la magistratura es el de la acreditación de una conducta democrática, requisito exigido a los magistrados constitucionales y no a los ordinarios.
Dicho requisito no implica la pérdida de una posición personal respecto del ámbito político de nuestra realidad nacional; se trata de una conducta que en un país como el nuestro, acostumbrado a tener personalidades políticas caudillistas y con procesos e instituciones sin mucha legitimidad social, se torna en imprescindible. Es en sociedades como la nuestra, donde la democracia siempre está en peligro, que la personalidad democrática del magistrado se debe considerar un requisito indispensable.
El magistrado en ejercicio y el candidato a magistrado deben tener una conducta alejada de las presiones políticas y de las vinculaciones a los círculos de poder político, en particular de aquellos vinculados a regímenes no democráticos.
Estamos hablando de magistrados que no tengan sobre su pasado profesional y personal, la carga de haber prestado servicios o dado apoyo a gobiernos antidemocráticos como el de Alberto Fujimori. Luis Pásara sobre esta condición es muy crítico, porque en la Corte Suprema y en instancias de alta responsabilidad jurisdiccional es posible observar a personalidades que han participado y apoyado, tanto en forma directa como implícita, un gobierno plegado de cuestionamientos democráticos, actos de corrupción y atentados contra los Derechos Humanos.
Para dar un ejemplo más directo en términos positivos y negativos, los magistrados deberían tener la personalidad suficiente para defender la legitimidad democrática, como para inaplicar, en pleno uso de sus facultades de control difuso de la constitucionalidad, una norma como fue en su oportunidad la Ley Nº 26479, que amnistiaba a civiles y militares denunciados, procesados o condenados por acciones relacionadas en la lucha contra el terrorismo y ordenaba se concluya todo proceso abierto.
Esta conducta democrática, tanto de la Jueza Antonia Saquicuray y de la Fiscal Ana Magallanes da fundamento a nuestro ejemplo positivo.
En el otro sentido de conducta antidemocrática y servilismo político fue la actuación de los magistrados de instancias superiores y supremas, que con sus votos en mayoría, no defendieron los fueros y autonomía del PJ, validaron la vigencia de una norma inconstitucional y dispusieran la apertura de una investigación por prevaricato ante la OCMA a la Jueza Saquicuray.
Ahondando con situaciones particulares, Hugo Sivina, durante su mandato presidencial criticaba la LOPJ al no reconocer la meritocracia judicial y justificaba el nombramiento de determinados magistrados como Vocales Supremos, severamente cuestionados por su conducta antidemocrática en un intento de alejar los cuestionamientos de los medios de prensa a una tradición “histórica” como es el nombramiento de jueces provisionales. Finalmente una vacía regulación legal en la protección de valores democráticos, permitió que Otto Egúsquiza Roca (quien fuese defensor de la re-elección de Fujimori) ocupe una plaza en la magistratura suprema provisionalmente.
f) Desvinculación política acreditada.
Los lazos entre la política y el ejercicio del poder en el Perú han sido una constante en la historia republicana, al nivel inclusive de que Víctor García Toma señalase que el Poder Judicial no había sido lo suficientemente “responsable” de oponerse al ejercicio ilegal o dictatorial del poder, en una clara alusión a que el sistema judicial siempre estuvo vinculado a las esferas del poder político.
Considerando que la misma Constitución en el artículo 153° establece que los magistrados no pueden participar en la política, debemos entender que esta “participación” responde a los términos de filiación o vinculación política. Por tal motivo, y en vía de una interpretación más extensiva que nos permita proteger de una manera más eficaz a la sociedad limitando toda vinculación de un magistrado con el ámbito de las influencias políticas, un postulante a la magistratura no puede tener una historia activa en el ámbito político, por que le restaría imparcialidad, en causas vinculadas al cuestionamiento y procesamiento de autoridades políticas, en particular si estos están vinculados a la esfera en la cual tuvo participación.
Un postulante que haya sido personero, militante activo o candidato a una elección política en un partido político de la cual sea militante, no ofrece las garantías de autonomía suficiente como para considerarlo positivamente en una evaluación para una labor de tanta presión social y política.
Si bien la militancia política tampoco constituye un demérito por el sólo hecho de la vinculación, creemos que en el universo de postulantes a la magistratura, otros postulantes podrán tener un mejor perfil y un mayor puntaje, con lo cual no habría una situación que pudiere afectar el concepto de igualdad ante la ley a través de un acto discriminatorio según lo estipulado en el inciso 2, del artículo 2 de la Constitución.
A modo de conclusión de este punto, en la evaluación final, no tener filiación partidaria directa o indirecta permitirá al postulante tener un mayor puntaje, sobre el candidato que sí tenga una filiación o participación política previa, no en base a una disminución del puntaje de este sino a una mejor cualidad del perfil del otro.
g) Ejercicio responsable de la docencia universitaria.
Los magistrados sólo pueden desarrollar, como actividad complementaria a la labor jurisdiccional, la labor de la docencia universitaria, tal como lo especifica el artículo 187° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero sobre la base de un límite de ocho horas semanales (de lunes a viernes) y de una interpretación extensiva durante los fines de semana (y en horas distintas de las que correspondan al despacho judicial)
Sin embargo, como observamos en una serie de Resoluciones de procesos de ratificación, el CNM ha venido encontrando que numerosos magistrados han venido desempeñando una exagerada vida académica, con la participación en cuanta actividad se les pudiera presentar.
Si bien la LOPJ les permite al magistrado participaren la vida académica universitaria, los vacíos normativos respecto de la regulación de las actividades de Postgrado y últimamente de los Diplomados (tanto presenciales como virtuales) han venido generando una distorsión a los parámetros que tenía establecido el marco constitucional y ante ello si bien se puede señalar que no es que sea motivo para una destitución, no debe llevar a niveles de deslegitimación de la labor académica con la participación en actividades que no cuentan con un perfil mínimo en el ámbito académico y que sólo constituyen elementos de un negocio bien estructurado.
Ejercer docencia universitaria en nivel de postgrado sin contar con el Título correspondiente, igualmente no puede ser considerado un elemento positivo para la ratificación o evaluación por cuanto, no le corresponde al magistrado ejercer dicha docencia.
La cátedra igualmente debe estar vinculada a la especialización del magistrado, y si bien se permite una amplia discrecionalidad en la actividad académica, no podemos permitir que un magistrado dicte una gama tan extendida de cursos, sólo con el objeto de acumular la participación académica en varias Escuelas de Postgrado en el país.
Las docencias en Diplomados no llevan registro de horas académicas, por tanto su actividad bien puede ser equivalente a una participación en una Conferencia, pero la exageración en las horas de docencia en dicha actividad no pueden dejar de ser criticadas.
h) Patrimonio acreditable.
El último requisito “objetivo” de nuestra relación está vinculado a la esfera privada de cada magistrado y/o postulante a magistrado. Nos referimos al patrimonio.
Sin que este requisito llegue a limitar la esfera privada del magistrado (quod ad singulorum utilitatem), la ciudadanía puede acceder a información pública (Ley Nº 27806) sobre la base del interés público superior (compelling interest) y no habría vulneración de derecho alguno, debido a que existe un consentimiento implícito para su divulgación, porque los mismos magistrados la han proporcionado al Estado, reservando aquella que consideren privada o fuera de los alcances de la competencia de la administración pública. Toda aquella información que se genere de la proporcionada por el magistrado tiene la categoría de información pública derivada.
Sin necesidad de una ley y en el ámbito de nuestra realidad, ha sido posible acceder a información privada de los magistrados supremos a raíz de los problemas de corrupción ocurridos en el 2006-2007 con la publicación de sus hojas de vida en la página web del PJ; igualmente el CNM venía publicando las hojas de vida de aspirantes a Magistraturas Supremas.
En forma similar a propuestas legislativas de reestablecer los juicios de residencia para evaluar el incremento patrimonial en los funcionarios políticos, en el ámbito de la judicatura es requisito necesario realizar controles mínimos de fiscalización o auditorias periódicas para verificar incrementos patrimoniales o conductas sin un debido sustento racional. No sería posible que bajo un esquema de reducción de sueldos en las magistraturas supremas existan muestras de patrimonio significativo. Luis Gómez (2003:60) en un extremo, para el caso mexicano, plantea publicar todas estas auditorias, posición que no compartimos y limitamos a aquellas que generen una investigación más profunda o una acusación.
En las épocas de Fujimori, por ejemplo la Ex Fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán era propietaria de un bien inmueble valorizado en más de un millón de dólares; dado que no pudo sustentar un patrimonio personal que sustente la compra de ese bien, a pesar de utilizar como argumento personal el deseo de ganar una lotería, la justicia la condenó a diez años de pena privativa de libertad por enriquecimiento ilícito.
Este requisito de auditoria patrimonial, si bien se presta a una probable tergiversación que pueden ir hasta niveles absurdos de cuestionar un patrimonio obtenido con esfuerzo y dedicación, es necesario tener presente en la actualidad. El mecanismo para evitar situaciones perjudiciales en la investigación patrimonial, podría ser un test de equidad aristotélica, que mediría en una balanza los intereses públicos en contrapeso con los intereses privados del magistrado.
Al acreditar la procedencia legítima de un patrimonio en una evaluación/investigación, no sólo otorgamos una garantía de legitimidad en la función de las labores de ese magistrado, sino que también damos señales de transparencia a la comunidad y un ejemplo a los demás magistrados de honestidad patrimonial.
La propiedad de bienes por intermedio de familiares testaferros, generaría suspicacias o un cuestionamiento a la falta de transparencia a nivel de pago de tributos, que de por sí ya constituye delito; viajes frecuentes al extranjero (con toda la familia) entre otras conductas, darían pie a legítimas suspicacias, similares a las esgrimidas por Frankie Ruiz en su canción, “y cómo lo hacen”, sin llegar a alusiones personales.
BIBLIOGRAFÍA
- AMAG. Virtudes y principios del magistrado. Lima: AMAG, 2003
- Manuel Bermúdez Tapia. El Control de la administración pública a través de la información para garantizar el acceso a servicios públicos y concretizar Derechos Constitucionales. En: Revista Electrónica del Programa Andino de Derechos Humanos. Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Revista Nº 19. Estado, Constitución y Derechos Humanos. Julio 2007. http://www.uasb.edu.ec/padh/revista19/temacentral/mbermudez.htm
- Luis Gómez Campos. Acceso a la información pública del poder judicial: una visión comparativa. Reforma Judicial: Revista Mexicana de Justicia. Nº 2, 2003
- Juan Gonzáles Alcántara. Transparencia y acceso a la información judicial. En: Reforma Judicial: Revista Mexicana de Justicia. Nº 2, 2003.
- José Gudiño Pelayo. El papel de los jueces en la construcción de la democracia. En Reforma judicial: Revista Mexicana de Justicia. Nº 9, 2007.
- Juan Jiménez Mayor. Carrera Judicial y Evaluación del desempeño. En: Derecho y Cambio Social. Revista Nº 09 2006. www.derechoycambiosocial.com
- César Landa, Apuntes para una teoría democrática moderna en América Latina: Lima: PUCP, 1994.
- Margaret Popkin. Introducción: Seminarios sobre acceso a la información judicial. Una perspectiva comparada. En: Reforma Judicial: Revista Mexicana de Justicia. Nº 2, 2003
- Página web del Poder Judicial
- Página web del Ministerio Público
- Página web del Consejo Nacional de la Magistratura
- Página web del Congreso de la República
- Página web de Justicia Viva
Categoría: Artículos derecho constitucional
Publicado por: mbermudez
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ANALIZANDO LAS TEORÍAS DE GÉNERO Y FEMINISMO (PARA EXPLICAR ALGUNAS SITUACIONES LEGALES EN EL ÁMBITO TUTELAR FAMILIAR)
Manuel Bermúdez Tapia
Publicado en RAE, Estudio Caballero Bustamante 2008.
1. PRESENTACIÓN
El violeta es el color del feminismo, nadie sabe muy bien porqué. La leyenda cuenta que se adoptó en honor a las 129 muertes de un incendio de una fábrica textil de USA el 8 de marzo de 1908, provocada por el dueño. Ese día, esas mártires trabajaban con telas de color violeta y desde ese momento, cada 8 de marzo, se conmemora el día de la mujer.
No conocíamos esta referencia y tampoco conocíamos de las teorías de género y sobre el movimiento feminista. Es más nuestra primera impresión era la de ser una teoría basada en una lucha fundamentalista.
Particularmente y para el ámbito de investigaciones en el Derecho Tutelar Familiar, el movimiento feminista y la teoría de género resultaban contrarias a la igualdad de derechos entre progenitores, en particular respecto de la tenencia de los hijos luego de una separación.
Leyes como la del Deudor Alimentario (Ley Nº 28970), el Proceso Especial de Filiación Extramatrimonial o más conocido como Proceso “ADN” (Ley Nº 28457), Ley de Simplificación de Procesos de Alimentos (Ley Nº 28439) entre otras normas, flexibiliza los procedimientos judiciales y los derechos de los litigantes, en particular de los varones.
Esta situación perjudicial para los parámetros de la “igualdad”, entendida como parámetro objetivo, era superada por la teoría de la protección de derechos de los Grupos Vulnerables, evitando con ello cualquier cuestión de inconstitucionalidad.
Así en aras de proteger al “Niño y Adolescente”, en los procesos tutelares familiares, se debían flexibilizar procedimientos y limitar derechos a los “adultos”, sin considerar que los únicos “perjudicados” serían los hombres.
Es cierto que el grueso de casos vinculados al ámbito tutelar familiar se producen por causa de los varones, pero la ley para casos especiales no ha previsto circunstancias en los cuales estos “perjudicados” a razón de su género, termina siendo las víctimas y son quienes plantean la defensa de sus derechos en el sistema judicial.
Las excepciones son poco consideradas, los múltiples perjuicios y valoraciones operan en contra del varón litigante y este en su ignorancia percibe que la causa de sus problemas es la teoría de género y el feminismo, que para estas circunstancias es considerado “radical”.
Toda vez que teníamos esa misma impresión, decidimos investigar al “monstruo” para analizar sus teorías, encontrar limitaciones o errores y sobre todo para comprender su posición. El objetivo era replicar la teoría, con otra posición capaz de contrarrestar los efectos nocivos del feminismo y la teoría de género.
Posterior a esta investigación, arribamos a una orilla diametralmente opuesta a nuestro objetivo, porque coincidimos en varios puntos, en particular respecto del rol que los “géneros” tienen asignados en la comunidad.
Igualmente la investigación permitió conocer más de una posición que ha venido adecuándose a los contextos sociales contemporáneos.
2. CONTEXTO NACIONAL.
Los estudios de “género” en el contexto nacional se reducen a un ámbito bastante limitado, temporal y sectario. La escasa bibliografía nacional incide en aspectos técnicos y de alta incidencia de contextos económicos, laborales y políticos.
Si bien todos estos trabajos abordan una problemática objetiva, las posiciones son subjetivas y adolecen de referencias primarias de “feministas clásicas” o de literatura de lengua inglesa de inicios de la década de 1970. Inclusive se omite la referencia del texto de 1968 de Richar Stoller con su obra “Sex and Gender” (varón) quien fuese quien introdujera el problema de “género” al debate académico.
Muy a pesar de que feministas radicales han considerado que el “feminismo” tiene un origen que se remota a tres siglos atrás, vinculándosele con la Revolución Francesa (Nuria Valera), la situación real es que el “feminismo”, el tema de “género” y el “problema de las relaciones de género” se inician luego de sucesos específicos en la sociedad americana luego de 1960.
Para el caso de América Latina, las feministas radicales han intentado vincular el fenómeno de las “Madres de Mayo” en Argentina, con la inicial lucha de género en la región, cometiendo un severo error.
La realidad demostró que estas dignas señoras enfilaron sus protestas contra el Estado, luchando por sus familias, por sus hijos y esposos desaparecidos por la represión militar y no por cuestiones de género. Las Madres de Mayo, sin provocarlo y en un gesto audaz para el contexto latinoamericano de la época, fueron las primeras mujeres en oponerse a regímenes dictatoriales. Formaron parte de una categoría sociológica de “politización de lo privado”, a través de una maternidad militante. Liderezas sí, pero no de género.
En el Perú, adicional a la escasa bibliografía que explique el concepto en forma “sencilla”, observamos que existe poca actividad académica institucional vinculada a la temática.
Salvo el Post-Título de la Pontificia Universidad Católica “Género y Sexualidades: investigación e intervención social”, otras actividades académicas no han tenido ni el impacto ni la “rigurosidad” del planteamiento de este programa.
“Rigurosidad” que vinculamos con el hecho de que en la misma presentación del Post-Título, tanto la presentación: “Las rápidas y complejas transformaciones de nuestra realidad social y cultural exigen nuevas herramientas y enfoques para abordar la tarea de comprenderlas e impactarlas. La teoría de género así como la acumulación de conocimientos provenientes de esta área de estudios se han constituido en un aporte fundamental y, por ende, en uno de los vectores más relevantes del pensamiento social y cultural contemporáneo. Los enfoques conceptuales y metodológicos en esta área han enriquecido y modificado la comprensión e intervención en las problemáticas sociales y culturales afectando a las diversas disciplinas y quehaceres profesionales.” (www.pucp.edu.pe) no encontramos mayores referencias al concepto de “género”, limitándose a una presentación imprecisa de lo que se abordará académicamente. Adicional es posible observar una relativización de la importancia del área temática se eleva considerablemente, al nivel que inclusive se opone a la bibliografía proveniente del feminismo más radical, que determina que se ha practicado una mala teorización del concepto, perjudicando la propia línea de trabajo del feminismo.
Hecho adicional cuestionable en la ejecución de este Postítulo (en particular del 4º) radica en que no se incluye a ningún varón como docente, sin considerar el hecho de que los “varones” son también una categoría de “género”.
Dado que existen una serie de situaciones imprecisas, teorías mal fundamentadas, programas académicos con un evidente diseño subjetivo, hemos considerado que la bibliografía a la cual recurriremos será la anglosajona preferentemente y a la comparada, a efectos de buscar una respuesta más objetiva sobre los conceptos de “feminismo” y “género”.
3. EL DESARROLLO DE LA DEFINICIÓN
a. Origen del concepto.
El concepto de “género” (gender) se convierte en un concepto filosófico en el pensamiento anglosajón en torno a los años 1970, producto de una serie de procesos complejos en la sociedad norteamericana.
La publicación del libro de Richar Stoller, Sex and Gender en 1968, marca el origen de un debate terminológico y filosófico que está lejos de haberse agotado y a partir de este texto, la palabra “gender” (género) comienza a tener un nuevo concepto, a pesar de ser un término antiguo.
Inicialmente muchas investigadoras procuraron encontrar soluciones al contexto social que rodeaba a las mujeres para idear una posición que reivindique sus derechos.
En múltiples casos los puntos de inicio, estuvieron vinculados a situaciones vinculadas a la maternidad de la mujer. En este sentido autoras como Baker Millar, Adrienne Riche Dinnerstein y Chodorow sostuvieron que la institución de la maternidad es la causa fundamental de la opresión de las mujeres y del malestar sexual que experimentan en nuestra sociedad tanto ellas como los hombres.
Posteriormente fundamentaron su teoría en que la familia nuclear es la que crea las identidades de género que perpetúan el patriarcado y la subordinación de las mujeres.
Nancy Chodorow, socióloga feminista opinando sobre este punto, atribuye la diferencia de los géneros al hecho de que las mujeres son universalmente las responsables de los primeros cuidados que se prestan a los niños. Las madres son el primer otro significativo a través del cual los varones y las mujeres adquieren su objetividad.
A partir de estas iniciales investigaciones, la teoría feminista se desarrolló autónomamente y en varios sentidos.
b. Una aclaración necesaria (sexo/género)
Sexo es el término que se usa (generalmente) para hacer alusión a las diferencias biológicas relacionadas con la reproducción y otros rasgos físicos y fisiológicos entre los seres humanos; en cambio Género, se refiere a las características que socialmente se atribuyen a las personas de uno y otro sexo.
En términos sencillos, uno hace alusión a un hecho biológico y el otro término hace alusión a una construcción social.
c. Las definiciones radicales infundadas.
Múltiples feministas sin una objetividad académica han expresado sus ideas personales, pretendiendo otorgarles una legitimidad académica. Analizaremos algunas de estas propuestas y a sus autoras.
1) Nuria Valera, por ejemplo, define el feminismo, como:
“El feminismo es un discurso político que se basa en la justicia. Es una teoría y práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad en la que viven toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar la sociedad. Partiendo de esa realidad, el feminismo se articula como filosofía política y, al mismo tiempo, como movimiento social.”
Salvo la última consideración “movimiento social”, no encontramos otro punto de coincidencia positivo, debido a la elevada percepción heroica que le impone a su propia definición; posición que inclusive es cuestionable porque está expuesta en un texto para “principiantes”.
Adicionalmente la autora propone otra definición del feminismo: “Además de ser una teoría política y una práctica social, el feminismo es mucho más. El discurso, la reflexión y la práctica feminista conllevan también una ética y una forma de estar en el mundo.” Con lo cual la subjetividad de la autora, resta méritos a la definición científica que pretende proporcionar.
2) Alice Colon y Sara Poggio.
Analizaremos a estas autoras, con la interpretación de un planteamiento de otra autora: Helen Sapa. Esta autora, explica el nuevo contexto laboral que rodea a la mujer de un modo objetivo: “La reestructuración económica ha contribuido al incremento de los hogares encabezados por mujeres y contribuyó a debilitar el papel del hombre como proveedor. Ha aumentado la tasa de participación en la fuerza laboral de la mujer. Las mujeres se han hecho más resistentes al matrimonio, en la medida en que no les brinda apoyo ni económico ni emocional.”
Definición “objetiva” que termina siendo desvirtuada por Alice Colon y Sara Poggio, cuando señalan: “Los avances de las mujeres latinoamericanas en términos educativos y su incursión en ámbitos ocupacionales profesionales y de cuello blanco representan un logro hacia la equidad de género, promueven su autonomía económica y demuestran la capacidad femenina para el ejercicio de las más diversas funciones, más allá del ámbito doméstico” (subrayado nuestro).
Con dicha afirmación, consideran que la mujer “debe” participar en la misma proporción de contextos laborales como lo hace el hombre, sin considerar que la referencia “de cuello blanco”, está vinculada a actividades y contextos de corrupción. ¿Igualdad de géneros también en la corrupción?
Adicionalmente podríamos considerar que el aumento de las mujeres al interior de la Población Económicamente Activa PEA, no es un indicador del éxito de las feministas, como lucha por la igualdad de género. El subempleo o trabajar en varios centros laborales simultáneamente, son un elemento frecuente en las estadísticas laborales para mujeres, son datos que refutan el “éxito” de la teoría.
3) Augusta Lynn Bolles
Esta autora señala como logro, que la autonomía económica lograda en los últimos años, ha permitido a la mujer una mayor seguridad y autoridad para “negociar” y reajustar las relaciones hombre-mujer en los lugares de trabajo.
En este punto, podríamos mencionar la reciente necesidad de legislar punitivamente las relaciones de trabajo para evitar situaciones perjudiciales a las mujeres (acoso sexual, hostigamiento, chantaje o abuso), con lo cual contradecimos su posición teórica.
En resumen, las confusiones en la creación de teorías y fundamentos, ha provocado errores garrafales en la comprensión de la evolución social, en particular respecto del contexto económico que rodea a la mujer y al varón.
Las dosis de posiciones personales, igualmente, son la característica principal de estas “teorías”, que carecen de un patrón sustentable y objetivo.
d. La construcción del concepto
El feminismo para validar sus teorías ha tenido que sustentar sus propuestas académicas y para ello han utilizado como fundamento al Derecho y a la Sociología sobre todo. La antropología, el psicoanálisis y otras ciencias han sido complemento de las primeras.
Si bien al principio se criticó sobre manera al Derecho por trasladar la desigualdad social a la Ley, no se pudo dejar de lado como herramienta para fundamentar sus postulados. Basta recordar cómo se reguló la ciudadanía en el país, en términos históricos constitucionales.
La definición del feminismo tuvo un origen inicial cuestionable con el feminismo naturalista, que señalaba que las mujeres están biológicamente definidas por la heterosexualidad entendida como un hecho biológico.
Catherine Mackinnon . Interpretando a Jull Johston (Lesbian Nation), respecto del feminismo naturalista explica: “la unión sexual del hombre y la mujer es una invasión de la mujer. Ella es siempre la mitad pasiva, receptiva y esperanzada de una situación que es desigual desde el principio. El destino al que la mujer debe resignarse es el conocimiento de esta injusticia biológica, un destino que en un principio no fue la causa de las injusticias sociales elaboradas a partir de la situación biológica.”
La consideración vinculada a las circunstancias biológicas, fueron posteriormente desarrolladas y superadas por el feminismo psicoanalítico, donde se complementaron las teorías de Sigmund Freud y Jacques Lacan (“Écrits”. Paris: Seuil, 1966).
De lo contrario, el feminismo naturalista hubiera degenerado en una errónea excusa del lesbianismo, tal como proponía Jull Johnston y que acertadamente explica Catherine Mackinnon: “La biología de la mujer la oprime sólo cuando se relaciona con los hombres. La base de la desigualdad entre los sexos se ve como la desigualdad inherente en el trato heterosexual como consecuencia de la anatomía específica de cada sexo. Trascender o evitar esto en la vida personal teniendo relaciones sexuales sólo con las mujeres (lesbianismo) elimina la base genérica de la desigualdad sexual en esta perspectiva. Los problemas biológicos tienen soluciones biológicas”.
Superadas estas posiciones iniciales, y tratando de justificar a las autoras mencionadas, debemos señalar, que para esa época no tenían ni bibliografía referencial, ni recursos para financiar una investigación y sobre todo, no tuvieron el apoyo de otras ciencias porque la tradición de mantener el status quo es una circunstancia difícil de superar.
El feminismo por tanto es una corriente que fundamenta la teoría de “género”, el cual procura analizar las diferentes circunstancias que rodean a la mujer en el ámbito social, familiar e individual.
En tal sentido, la teoría de género tiene al menos tres dimensiones:
a) En primer lugar, es una relación social independiente y autónoma de otras, como raza y posición económica, pero que al mismo tiempo la moldean. Es una forma de poder y afecta nuestras teorías y prácticas de justicia.
b) En segundo lugar, es una categoría de pensamiento; es decir, el género limita o hace parcial de forma sutil o abierta el pensamiento.
c) En tercer lugar, el género es un elemento constituyente central en el sentido del “yo” de cada persona y en la idea de una cultura de lo que significa ser persona. Por ello, las explicaciones adecuadas de la subjetividad tendrán que incluir investigación acerca de los efectos del género sobre su constitución y expresión y sobre nuestros conceptos de la “individualidad”.
e. Las categorías internas.
Los feminismos se distinguen según la prioridad que se le da al factor del género en la comprensión de la opresión de los individuos.
Siguiendo este parámetro, los feminismos pueden distinguirse en feminismos esencialistas de género y feminismos antiesencialistas de género.
Los primeros (esencialistas de género) consideran que el género es el principal y esencial factor de opresión para todos los individuos que pertenecen al sexo femenino. Los segundos (antiesencialistas de género) rechazan esta preponderancia del género y afirman, por el contrario, que la opresión que padecen los individuos del sexo femenino es distinta en cada caso porque tan importantes como el género, es tanto factor de opresión, son la raza, la orientación sexual, la clase y la pertenencia a un determinado grupo.
La bibliografía especializada refiere seis grupos (categorías) del feminismo: el psicoanalítico, el marxista-socialista, el radical, el liberal-reformista, el teológico y el postmoderno. (Según orden de evolución histórica)
Dado que no es nuestra intención extender esta subdivisión, sólo analizaremos algunas:
1) El feminismo psicoanalítico.
Paradójico o no, tanto el psicoanálisis como el feminismo han provocado una revolución científica, cada una por su propio lado, entrelazándose en críticas, aportes y fundamentos.
Las feministas hallan de positivo en Lacan, en que las identidades sexuales son ficticias y responden a una división simbólica y no natural, entre hombres y mujeres, que se construye en el lenguaje simbólico.
2) El feminismo radical
Cuestionada por desarrollar una teoría compleja y de contener una amalgama de elementos que lo conforman.
Se caracteriza por el papel central que se concede a la sexualidad junto con la insistencia en que la mujer se encuentra actualmente en una situación de opresión por parte de los hombres, de la que debe liberarse utilizando todos los medios a su disposición (incluyendo la violencia)
3) El feminismo liberal (reformista)
Cuestionada por ser una posición “sufragista”, cuando en realidad tiene una postura más política que social.
Insiste en la necesidad de reformas políticas a favor de la mujer y en la importancia del factor cultural, pero sin llegar a los extremismos del feminismo radical.
4) El feminismo socialista.
Comparte algunas características del feminismo radical, pero de acuerdo con su matriz marxista, no buscaba crear estructuras sociales paralelas, sino actuar en las existentes y, sobre todo, en las condiciones materiales.
La “liberación” de las mujeres se convierte en condición previa, en medida de la emancipación general de la sociedad, en parte de la estructura o en aspecto importante de la lucha de clases.
Por perceptivos que sean ante la contribución del feminismo o por más simpatía que sientan por los intereses de las mujeres, estos intentos hacen del feminismo, en último término, un movimiento dentro del marxismo, a criterio de Catherine Mackinnon, quien se basa en los estudios de Nancy Hartsock (Feminist theory and the development of revolutionary strategy)
Posición que resulta irónica de la original postura de Marxs, quien junto con el “capitalismo” cuestionó al feminismo en sus orígenes, llegando al nivel inclusive de denominarlas parte del “sexo débil” o un “adulto incompleto” que necesitan una protección especial.
De esta manera podemos encontrar en “El Capital”: “el hecho de que el grupo de trabajo colectivo esté formado por individuos de ambos sexos y de todas las edades deba convertirse, en las condiciones adecuadas, en fuente del desarrollo humano (aunque en su forma capitalista) es en realidad una fuente maloliente de corrupción y esclavitud”.
5) El feminismo postmoderno.
Es el feminismo que comprende el contexto de las identidades en las cuales se fundamenta su movimiento, debido sobre todo a una percepción histórica, porque han tenido que actuar “bajo las faldas de otros movimientos” para validar su posición ante la comunidad.
Augusta Lynn Bolles, a nuestro criterio, define este feminismo como el de “las identidades móviles”, porque la mujer interactúa su identidad con sus experiencias diarias, con las relaciones que entabla con otros miembros de la comunidad, en cómo ella es percibida como “sujeto” y en cómo es tratada por la sociedad, una institución u otra persona.
f. Analizando el feminismo “radical” y “liberal”.
“Radical”
“Liberal”
Responde a la desigualdad entre los sexos.
Maneja su propia concepción del “problema” y de la “fuente del problema” que resulta ser el sexo.
La piedra angular de su análisis es el “grupo” o colectivo llamado “mujeres”.
El feminismo radical ve a todas las mujeres en cada mujer.
Para el feminismo radical, el sexo es una división sistemática del poder social, un principio social inseparable del sexo de los individuos, aplicado en detrimento de las mujeres porque sirve a los intereses de los hombres.
Responde a la desigualdad entre los sexos.
Maneja su propia concepción del “problema” y de la “fuente del problema” que resulta ser el sexo.
El individuo es una unidad propia de análisis.
El feminismo liberal extrae a todas las mujeres de cada mujer.
Para el feminismo liberal, el problema de la desigualdad entre los sexos, es que la ley y la costumbre distribuyen a los sexos en dos papeles sexuales arbitrarios e irracionales que limitan el potencial humano.
En resumen, la diferencia está en la dirección del enfoque; en el “acento” o “tono de pronunciación”, como diría Catherine Mackinnon, pero este acento lo es todo.
g. La crisis del concepto
La noción de género es tan problemática como polémica, y en las últimas décadas su uso se ha extendido de una manera abusiva generando, a su vez, numerosas críticas, tanto desde la perspectiva del mismo movimiento feminista como desde los académicos “varones”.
El problema de la “crisis” del concepto, radica en una de sus principales paradojas es que, a pesar de que género se define fundamentalmente por su oposición a sexo, es frecuente encontrar en textos científicos y periodísticos una simple sustitución del segundo por el primero, incluso cuando se trata de connotaciones biológicas De esta manera se elimina la potencialidad analítica de la categoría para reducirla a un mero eufemismo, políticamente más correcto.
Con razón Silvia Tubert señala que son muchas investigadoras feministas las que han subrayado las dificultades que presenta el uso indiscriminado del concepto de género, tanto en la filosofía como en las ciencias sociales.
A partir de una crítica exhaustiva de los usos y abusos de la noción de género, Joan Scout propone una definición compleja y multidimensional que reposa sobre la conexión entre dos proposiciones: el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y también es una forma primaria de relaciones significantes de poder .
El concepto de género se pone bajo sospecha y cuestionamiento académico (respecto de su definición) por no basarse en la “naturaleza humana”; sino en una construcción cultural que tiene un (perjudicial) carácter maleable, con lo que permite que se rebase el sentido restringido (masculino/femenino) admitiendo múltiples géneros.
h. Las contradicciones en la definición.
El concepto “género” constituye una unidad de significación cuyo tratamiento consiste en referirlo, en primer término, a su inspiración en la “teoría de los géneros”, con lo cual las contradicciones comienzan a surgir.
Para definir el concepto de una mejor manera, Raquel Olea señala la necesidad de estudiarlo por “pasos”. Así el primero paso, es señalar el carácter plural de la categoría y su pertenencia a un campo teórico. El género son los géneros. El segundo paso es una suerte de definición del concepto que señalará los siguientes aspectos: el género es una forma de clasificar a los seres humanos; corresponde a una categorización biosociocultural, dentro del cual el sexo es sólo un elemento más, junto con un cúmulo de actividades, funciones, relaciones sociales, formas de comportamiento y formas de subjetividad especificas que adopta un cuerpo sexuado.
Geneieve Fraisse por su lado, señala que “género” es una palabra extraña aún para el mismo feminismo, debido a que suele creerse que posee un significado claro y universal, cuando lo cierto es que se emplea por lo menos en dos sentidos distintos y, en algunos aspectos, incluso contradictorios.
En forma autónoma, numerosas teóricas feministas señalan que la “categoría de género, a diferencia de la de sexo, no se basa en la naturaleza humana, sino que es una construcción cultural y, por lo tanto, maleable”, que como adjetivo, puede tener una connotación neutra, positiva o negativa.
Por esta situación, producto de la natural evolución de la construcción del concepto, la categoría “género”, se traspone a otro nivel, desarrollándose diferentes períodos, desde una interrogación por el carácter fijo de roles y atributos estereotipados en relación al cuerpo sexuado, hasta el análisis de las individualidades, con lo cual se genera una conclusión aceptada por numerosas feministas: “Los géneros son enumerados, sumados. Ya no es una categoría, sino una enumeración.”
i. Una definición “consensuada”.
A partir de una crítica exhaustiva de los usos y abusos de la noción de género, Silvia Tubert citando a Joan Scout propone una definición compleja y multidimensional que reposa sobre la conexión entre dos proposiciones: “el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y también es una forma primaria de relaciones significantes de poder.”
j. La posición “masculina” a la posición feminista.
Como toda teoría académica, el “feminismo” y las teorías de género han provocado en su contraparte “biológica”, el estudio de sus conceptos, teorías y propuestas. Naturalmente las críticas, oposiciones y admisión de postulados ha sido la característica, generándose así una contraparte “teórica”.
En este contexto y separando las críticas que niegan al feminismo un valor (por estar desfasadas y equivocadas) podemos mencionar a una corriente identificada como “masculinista” en cuyo seno se debate lo relacionado con la construcción masculina de la identidad y los problemas de los hombres frente al género.
Al interior del masculinismo se identifican actualmente dos posiciones: la de los llamados “masculinistas mitopoieticos” y la de los “masculinistas profeministas”.
1) Los mitopoieticos.
Sostienen que la principal consecuencia que ha tenido la industrialización para los hombres es la ausencia del padre, lo que ha generado fallas en el proceso de identidad masculina, provocando “una herida de padre”.
Reivindican valores asociados a lo masculino como la protección, la fuerza, el trabajo y critican las imposiciones sociales de la competitividad, el egoismo, la delegación de trabajo de cuidado (de la familia) a las mujeres, la violencia .
2) Los profeministas,
Si bien comparten la preocupación por la construcción de la identidad masculina, no creen que los problemas se deriven de una “herida del padre” sino de una “herida de la madre” provocando un rechazo por lo femenino vinculado a la misoginia social.
Comparten con las feministas, la creencia de que las sociedades en las que vivimos son patriarcales y que deben
ser transformadas no sólo por el bien de las mujeres sino también por el de los hombres.
k. ¿Tiene razón el feminismo?
Dado que no somos especialistas en la materia, reproduciremos la definición que plantea Juan Manuel Burgos: “¿Tiene razón el feminismo? En parte sí y en parte no. Las feministas han visto con agudeza algunas situaciones injustas pero han exagerado tanto sus criticas que han acabado por perjudicar a las mismas mujeres a las que teóricamente querían beneficiar; además, pocas veces se han preocupado de ofrecer alternativas viables.”
Posición que compartimos, en particular con el feminismo “postmoderno”, el cual ha viabilizado las propuestas del feminismo “radical”, del feminismo “liberal”, planteando una alternativa más acorde con la realidad social que existe sobre todo en sociedades occidentales contemporáneas.
4. A MODO DE CONCLUSION.
Si analizamos las opiniones de las iniciales feministas y las feministas que fundamentan sus posiciones teóricas, podríamos llegar a plantear algunas conclusiones, importantes para el análisis de otros temas, en particular para el Derecho Tutelar Familiar.
a. El “enemigo” de las feministas no es el varón.
Todas las variables de la teoría de género omiten referirse al varón como el “enemigo” de su posición y al cual deben “vencer” para así garantizar sus derechos.
Las feministas, evalúan el contexto social y dependiendo de su posición fundamentan la situación de la mujer, procurando incrementar sus derechos, sin necesidad de limitar o perjudicar a su contraparte de género.
Si bien la situación es desfavorable para la mujer, el avance e ingreso a diferentes ámbitos sociales, profesionales o técnicos le permiten al feminismo visualizar la perspectiva futura de la mujer como sujeto de derechos, con lo cual validan sus métodos de participación en el ámbito social.
b. Se necesita que el varón participe más en el interior de la familia.
Las feministas más radicales (de los 70 y 80 del siglo pasado) son quienes proponen que el varón tenga más derechos en la crianza de los hijos porque de lo contrario limitan los “derechos” de la mujer.
Paradojas académicas que un sector de feministas no comprenden, sobre todo debido a su ignorancia en teorías dogmáticas no jurídicas, sino sociológicas, psicológicas, psiquiátricas y antropológicas.
Este sector, es pues nuestro verdadero “enemigo”, para quienes en el ámbito tutelar familiar, defendemos el derecho a tener un vínculo con nuestros hijos basado en el cariño afecto y atención directa, luego de una separación con la madre.
Estas feministas fueron quienes provocaron la justificación legal de que el hombre gane más derechos en la crianza de los hijos, en el mantenimiento de la familia (con o sin matrimonio), así como más obligaciones.
La legislación comparada de Venezuela, Argentina, Chile, Colombia asigna derechos al varón en el ámbito de la crianza, superando la tradición de sólo otorgarle reducidos derechos y sólo asignarle responsabilidades.
En este sentido y sobre el ámbito comparado nuevamente, consideramos (a noviembre 2007) que la Ley de Tenencia Compartida en el Perú, será aprobada en el corto plazo.
En este punto, a esas feministas, las gracias correspondientes.
c. Existe un sector obtuso en el feminismo
Frente al feminismo teórico académico y profesional, que esgrime con argumentos sus posiciones, así estos eventualmente puedan ser descartados o criticados, existe una posición feminista que no se ajusta a un patrón determinado.
Es aquel sector que sobre las injusticias sociales, sobre los intereses personales y, sobre todo, la ignorancia de muchos en la sociedad, plantean sus posiciones y lanzan sus teorías, particularmente vinculadas al ámbito político.
Este sector no produce teorías ni políticas ni sociológicas ni jurídicas. Sólo fundamenta en el ámbito del discurso público y del debate político.
Es un sector determinado que busca notoriedad a costa de un discurso y una “imagen”. Eventualmente han pasado por situaciones críticas y han sido “víctimas” de alguna situación como “mujer” (maltrato familiar, violación o despido laboral)
Cuando se les solicita determinar una posición y fundamentarla en el ámbito profesional o académico, estas “feministas” arrastran a las verdaderas militantes a un cuestionamiento generalizado, sin considerar que sus intereses perjudican la lucha de “género” que tanto pregonan.
A estas feministas y a este “sector” lo denominaremos (arbitrariamente) feminismo “obtuso”, porque no tiene ángulo alguno para justificar su posición, más allá de una posición personal, individualizada o populista en términos políticos.
Estas feministas en forma adicional, generan otra característica: cuestionan todas las críticas al feminismo y a los autores de las críticas, incurriendo en una conducta cuestionable, al “investigar” el ámbito personal de cada investigador, para desmenuzar su “interior” y explicar la causa que provocase su planteamiento, en un intento de justificar su posición o defensa de teoría. El caso más evidente ha sido la posición de las feministas contra Richard Gardner, acusándolo de idear teorías promotoras de la pedofilia o justificadoras de agresiones sexuales contra la mujer.
Estas feministas son las seguidoras de personalidades públicas identificadas con la “lucha de género” y la “defensa de los derechos de las mujeres”. Estas “señora-ley” que abundan en la mediocridad de sus ideas, bien pueden ser las que terminen por negar la justa aspiración de las verdaderas feministas, de ver en la sociedad equidad en el trato e igualdad de oportunidades.
BIBLIOGRAFÍA
• Adrienne Rich. Of woman born: motherhood as experience and institution. Nueva York: Norton, 1976.
• Augusta Lynn Bolles y otras. De lo privado a lo público. 30 años de lucha ciudadana de las mujeres en América Latina. México: Siglo XXI, 2006
• Catherine Mackinnon. Hacia una teoría feminista del Estado. Madrid: Cátedra, 1995
• Dorothy Dinnerstein. The mermaid and the minotaur. Nueva York: Harper and Row, 1976.
• Genevieve Fraisse. El concepto filosófico de género. En: Silvia Tubert (editora). Del sexo al género: los equívocos de un concepto. Madrid: Cátedra, 2003
• Helen Sapa. Globalización, desigualdad e incremento de los hogares. En: Augusta Lynn Bolles y otras. De lo privado a lo público. 30 años de lucha ciudadana de las mujeres en América Latina. México: Siglo XXI, 2006
• Isabel Cristina Jaramillo. La crítica feminista al derecho. En: Robin West. Género y teoría del derecho. Bogotá: Universidad de los Andes-Siglo del Hombre Editores, Ediciones Uniandes-Instituto Pensar, 2000.
• Jane Flax. Psicoanálisis y feminismo. Pensamientos fragmentarios. Valencia: Universitat de Valencia, 1995.
• Jean Baker Millar. Toward a New Psychology of women. Boston: Beacon Press, 1976.
• Joan Cassell. A group called women: sisterhood and symbolism in the feminist movement. Nueva York: David McKay, 1977.
• Juan Manuel Burgos. Diagnóstico sobre la familia. Madrid: ediciones Palabra, 2004.
• Michael Kimmel y Michael Messner. Men´s livs. Boston: Allyn & Bacon, 1994
• Nancy Chodorow. Feminism and psychoanalytic Theory. Londres-New Haven: Yale University Press, 1989
• Nuria Varela. Feminismo para principiantes. Barcelona: Ediciones B, 2005.
• Raquel Olea y otras. El género en apuros: discursos públicos. 4º Conferencia Mundial de la Mujer. Santiago: Ediciones LOM-La Morada, 2000.
• Robert Bly. Iron John: a book about men. Wesley: REading Mass, 1990. – Shepherd Bliss. The mitopoietic men´s movement. En: Michael Kimmel. The politics of manhood. Phhiladelphia: Temple University Press, 1995
• Robin West. Género y teoría del derecho. Bogotá: Universidad de los Andes-Siglo del Hombre Editores, Ediciones Uniandes-Instituto Pensar, 2000.
• Silvia Tubert (editora). Del sexo al género: los equívocos de un concepto. Madrid: Cátedra, 2003
• Tom Digby. Men doing feminism. Nueva York: Routledge, 1998.
Manuel Bermúdez Tapia
Publicado en RAE, Estudio Caballero Bustamante 2008.
1. PRESENTACIÓN
El violeta es el color del feminismo, nadie sabe muy bien porqué. La leyenda cuenta que se adoptó en honor a las 129 muertes de un incendio de una fábrica textil de USA el 8 de marzo de 1908, provocada por el dueño. Ese día, esas mártires trabajaban con telas de color violeta y desde ese momento, cada 8 de marzo, se conmemora el día de la mujer.
No conocíamos esta referencia y tampoco conocíamos de las teorías de género y sobre el movimiento feminista. Es más nuestra primera impresión era la de ser una teoría basada en una lucha fundamentalista.
Particularmente y para el ámbito de investigaciones en el Derecho Tutelar Familiar, el movimiento feminista y la teoría de género resultaban contrarias a la igualdad de derechos entre progenitores, en particular respecto de la tenencia de los hijos luego de una separación.
Leyes como la del Deudor Alimentario (Ley Nº 28970), el Proceso Especial de Filiación Extramatrimonial o más conocido como Proceso “ADN” (Ley Nº 28457), Ley de Simplificación de Procesos de Alimentos (Ley Nº 28439) entre otras normas, flexibiliza los procedimientos judiciales y los derechos de los litigantes, en particular de los varones.
Esta situación perjudicial para los parámetros de la “igualdad”, entendida como parámetro objetivo, era superada por la teoría de la protección de derechos de los Grupos Vulnerables, evitando con ello cualquier cuestión de inconstitucionalidad.
Así en aras de proteger al “Niño y Adolescente”, en los procesos tutelares familiares, se debían flexibilizar procedimientos y limitar derechos a los “adultos”, sin considerar que los únicos “perjudicados” serían los hombres.
Es cierto que el grueso de casos vinculados al ámbito tutelar familiar se producen por causa de los varones, pero la ley para casos especiales no ha previsto circunstancias en los cuales estos “perjudicados” a razón de su género, termina siendo las víctimas y son quienes plantean la defensa de sus derechos en el sistema judicial.
Las excepciones son poco consideradas, los múltiples perjuicios y valoraciones operan en contra del varón litigante y este en su ignorancia percibe que la causa de sus problemas es la teoría de género y el feminismo, que para estas circunstancias es considerado “radical”.
Toda vez que teníamos esa misma impresión, decidimos investigar al “monstruo” para analizar sus teorías, encontrar limitaciones o errores y sobre todo para comprender su posición. El objetivo era replicar la teoría, con otra posición capaz de contrarrestar los efectos nocivos del feminismo y la teoría de género.
Posterior a esta investigación, arribamos a una orilla diametralmente opuesta a nuestro objetivo, porque coincidimos en varios puntos, en particular respecto del rol que los “géneros” tienen asignados en la comunidad.
Igualmente la investigación permitió conocer más de una posición que ha venido adecuándose a los contextos sociales contemporáneos.
2. CONTEXTO NACIONAL.
Los estudios de “género” en el contexto nacional se reducen a un ámbito bastante limitado, temporal y sectario. La escasa bibliografía nacional incide en aspectos técnicos y de alta incidencia de contextos económicos, laborales y políticos.
Si bien todos estos trabajos abordan una problemática objetiva, las posiciones son subjetivas y adolecen de referencias primarias de “feministas clásicas” o de literatura de lengua inglesa de inicios de la década de 1970. Inclusive se omite la referencia del texto de 1968 de Richar Stoller con su obra “Sex and Gender” (varón) quien fuese quien introdujera el problema de “género” al debate académico.
Muy a pesar de que feministas radicales han considerado que el “feminismo” tiene un origen que se remota a tres siglos atrás, vinculándosele con la Revolución Francesa (Nuria Valera), la situación real es que el “feminismo”, el tema de “género” y el “problema de las relaciones de género” se inician luego de sucesos específicos en la sociedad americana luego de 1960.
Para el caso de América Latina, las feministas radicales han intentado vincular el fenómeno de las “Madres de Mayo” en Argentina, con la inicial lucha de género en la región, cometiendo un severo error.
La realidad demostró que estas dignas señoras enfilaron sus protestas contra el Estado, luchando por sus familias, por sus hijos y esposos desaparecidos por la represión militar y no por cuestiones de género. Las Madres de Mayo, sin provocarlo y en un gesto audaz para el contexto latinoamericano de la época, fueron las primeras mujeres en oponerse a regímenes dictatoriales. Formaron parte de una categoría sociológica de “politización de lo privado”, a través de una maternidad militante. Liderezas sí, pero no de género.
En el Perú, adicional a la escasa bibliografía que explique el concepto en forma “sencilla”, observamos que existe poca actividad académica institucional vinculada a la temática.
Salvo el Post-Título de la Pontificia Universidad Católica “Género y Sexualidades: investigación e intervención social”, otras actividades académicas no han tenido ni el impacto ni la “rigurosidad” del planteamiento de este programa.
“Rigurosidad” que vinculamos con el hecho de que en la misma presentación del Post-Título, tanto la presentación: “Las rápidas y complejas transformaciones de nuestra realidad social y cultural exigen nuevas herramientas y enfoques para abordar la tarea de comprenderlas e impactarlas. La teoría de género así como la acumulación de conocimientos provenientes de esta área de estudios se han constituido en un aporte fundamental y, por ende, en uno de los vectores más relevantes del pensamiento social y cultural contemporáneo. Los enfoques conceptuales y metodológicos en esta área han enriquecido y modificado la comprensión e intervención en las problemáticas sociales y culturales afectando a las diversas disciplinas y quehaceres profesionales.” (www.pucp.edu.pe) no encontramos mayores referencias al concepto de “género”, limitándose a una presentación imprecisa de lo que se abordará académicamente. Adicional es posible observar una relativización de la importancia del área temática se eleva considerablemente, al nivel que inclusive se opone a la bibliografía proveniente del feminismo más radical, que determina que se ha practicado una mala teorización del concepto, perjudicando la propia línea de trabajo del feminismo.
Hecho adicional cuestionable en la ejecución de este Postítulo (en particular del 4º) radica en que no se incluye a ningún varón como docente, sin considerar el hecho de que los “varones” son también una categoría de “género”.
Dado que existen una serie de situaciones imprecisas, teorías mal fundamentadas, programas académicos con un evidente diseño subjetivo, hemos considerado que la bibliografía a la cual recurriremos será la anglosajona preferentemente y a la comparada, a efectos de buscar una respuesta más objetiva sobre los conceptos de “feminismo” y “género”.
3. EL DESARROLLO DE LA DEFINICIÓN
a. Origen del concepto.
El concepto de “género” (gender) se convierte en un concepto filosófico en el pensamiento anglosajón en torno a los años 1970, producto de una serie de procesos complejos en la sociedad norteamericana.
La publicación del libro de Richar Stoller, Sex and Gender en 1968, marca el origen de un debate terminológico y filosófico que está lejos de haberse agotado y a partir de este texto, la palabra “gender” (género) comienza a tener un nuevo concepto, a pesar de ser un término antiguo.
Inicialmente muchas investigadoras procuraron encontrar soluciones al contexto social que rodeaba a las mujeres para idear una posición que reivindique sus derechos.
En múltiples casos los puntos de inicio, estuvieron vinculados a situaciones vinculadas a la maternidad de la mujer. En este sentido autoras como Baker Millar, Adrienne Riche Dinnerstein y Chodorow sostuvieron que la institución de la maternidad es la causa fundamental de la opresión de las mujeres y del malestar sexual que experimentan en nuestra sociedad tanto ellas como los hombres.
Posteriormente fundamentaron su teoría en que la familia nuclear es la que crea las identidades de género que perpetúan el patriarcado y la subordinación de las mujeres.
Nancy Chodorow, socióloga feminista opinando sobre este punto, atribuye la diferencia de los géneros al hecho de que las mujeres son universalmente las responsables de los primeros cuidados que se prestan a los niños. Las madres son el primer otro significativo a través del cual los varones y las mujeres adquieren su objetividad.
A partir de estas iniciales investigaciones, la teoría feminista se desarrolló autónomamente y en varios sentidos.
b. Una aclaración necesaria (sexo/género)
Sexo es el término que se usa (generalmente) para hacer alusión a las diferencias biológicas relacionadas con la reproducción y otros rasgos físicos y fisiológicos entre los seres humanos; en cambio Género, se refiere a las características que socialmente se atribuyen a las personas de uno y otro sexo.
En términos sencillos, uno hace alusión a un hecho biológico y el otro término hace alusión a una construcción social.
c. Las definiciones radicales infundadas.
Múltiples feministas sin una objetividad académica han expresado sus ideas personales, pretendiendo otorgarles una legitimidad académica. Analizaremos algunas de estas propuestas y a sus autoras.
1) Nuria Valera, por ejemplo, define el feminismo, como:
“El feminismo es un discurso político que se basa en la justicia. Es una teoría y práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad en la que viven toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar la sociedad. Partiendo de esa realidad, el feminismo se articula como filosofía política y, al mismo tiempo, como movimiento social.”
Salvo la última consideración “movimiento social”, no encontramos otro punto de coincidencia positivo, debido a la elevada percepción heroica que le impone a su propia definición; posición que inclusive es cuestionable porque está expuesta en un texto para “principiantes”.
Adicionalmente la autora propone otra definición del feminismo: “Además de ser una teoría política y una práctica social, el feminismo es mucho más. El discurso, la reflexión y la práctica feminista conllevan también una ética y una forma de estar en el mundo.” Con lo cual la subjetividad de la autora, resta méritos a la definición científica que pretende proporcionar.
2) Alice Colon y Sara Poggio.
Analizaremos a estas autoras, con la interpretación de un planteamiento de otra autora: Helen Sapa. Esta autora, explica el nuevo contexto laboral que rodea a la mujer de un modo objetivo: “La reestructuración económica ha contribuido al incremento de los hogares encabezados por mujeres y contribuyó a debilitar el papel del hombre como proveedor. Ha aumentado la tasa de participación en la fuerza laboral de la mujer. Las mujeres se han hecho más resistentes al matrimonio, en la medida en que no les brinda apoyo ni económico ni emocional.”
Definición “objetiva” que termina siendo desvirtuada por Alice Colon y Sara Poggio, cuando señalan: “Los avances de las mujeres latinoamericanas en términos educativos y su incursión en ámbitos ocupacionales profesionales y de cuello blanco representan un logro hacia la equidad de género, promueven su autonomía económica y demuestran la capacidad femenina para el ejercicio de las más diversas funciones, más allá del ámbito doméstico” (subrayado nuestro).
Con dicha afirmación, consideran que la mujer “debe” participar en la misma proporción de contextos laborales como lo hace el hombre, sin considerar que la referencia “de cuello blanco”, está vinculada a actividades y contextos de corrupción. ¿Igualdad de géneros también en la corrupción?
Adicionalmente podríamos considerar que el aumento de las mujeres al interior de la Población Económicamente Activa PEA, no es un indicador del éxito de las feministas, como lucha por la igualdad de género. El subempleo o trabajar en varios centros laborales simultáneamente, son un elemento frecuente en las estadísticas laborales para mujeres, son datos que refutan el “éxito” de la teoría.
3) Augusta Lynn Bolles
Esta autora señala como logro, que la autonomía económica lograda en los últimos años, ha permitido a la mujer una mayor seguridad y autoridad para “negociar” y reajustar las relaciones hombre-mujer en los lugares de trabajo.
En este punto, podríamos mencionar la reciente necesidad de legislar punitivamente las relaciones de trabajo para evitar situaciones perjudiciales a las mujeres (acoso sexual, hostigamiento, chantaje o abuso), con lo cual contradecimos su posición teórica.
En resumen, las confusiones en la creación de teorías y fundamentos, ha provocado errores garrafales en la comprensión de la evolución social, en particular respecto del contexto económico que rodea a la mujer y al varón.
Las dosis de posiciones personales, igualmente, son la característica principal de estas “teorías”, que carecen de un patrón sustentable y objetivo.
d. La construcción del concepto
El feminismo para validar sus teorías ha tenido que sustentar sus propuestas académicas y para ello han utilizado como fundamento al Derecho y a la Sociología sobre todo. La antropología, el psicoanálisis y otras ciencias han sido complemento de las primeras.
Si bien al principio se criticó sobre manera al Derecho por trasladar la desigualdad social a la Ley, no se pudo dejar de lado como herramienta para fundamentar sus postulados. Basta recordar cómo se reguló la ciudadanía en el país, en términos históricos constitucionales.
La definición del feminismo tuvo un origen inicial cuestionable con el feminismo naturalista, que señalaba que las mujeres están biológicamente definidas por la heterosexualidad entendida como un hecho biológico.
Catherine Mackinnon . Interpretando a Jull Johston (Lesbian Nation), respecto del feminismo naturalista explica: “la unión sexual del hombre y la mujer es una invasión de la mujer. Ella es siempre la mitad pasiva, receptiva y esperanzada de una situación que es desigual desde el principio. El destino al que la mujer debe resignarse es el conocimiento de esta injusticia biológica, un destino que en un principio no fue la causa de las injusticias sociales elaboradas a partir de la situación biológica.”
La consideración vinculada a las circunstancias biológicas, fueron posteriormente desarrolladas y superadas por el feminismo psicoanalítico, donde se complementaron las teorías de Sigmund Freud y Jacques Lacan (“Écrits”. Paris: Seuil, 1966).
De lo contrario, el feminismo naturalista hubiera degenerado en una errónea excusa del lesbianismo, tal como proponía Jull Johnston y que acertadamente explica Catherine Mackinnon: “La biología de la mujer la oprime sólo cuando se relaciona con los hombres. La base de la desigualdad entre los sexos se ve como la desigualdad inherente en el trato heterosexual como consecuencia de la anatomía específica de cada sexo. Trascender o evitar esto en la vida personal teniendo relaciones sexuales sólo con las mujeres (lesbianismo) elimina la base genérica de la desigualdad sexual en esta perspectiva. Los problemas biológicos tienen soluciones biológicas”.
Superadas estas posiciones iniciales, y tratando de justificar a las autoras mencionadas, debemos señalar, que para esa época no tenían ni bibliografía referencial, ni recursos para financiar una investigación y sobre todo, no tuvieron el apoyo de otras ciencias porque la tradición de mantener el status quo es una circunstancia difícil de superar.
El feminismo por tanto es una corriente que fundamenta la teoría de “género”, el cual procura analizar las diferentes circunstancias que rodean a la mujer en el ámbito social, familiar e individual.
En tal sentido, la teoría de género tiene al menos tres dimensiones:
a) En primer lugar, es una relación social independiente y autónoma de otras, como raza y posición económica, pero que al mismo tiempo la moldean. Es una forma de poder y afecta nuestras teorías y prácticas de justicia.
b) En segundo lugar, es una categoría de pensamiento; es decir, el género limita o hace parcial de forma sutil o abierta el pensamiento.
c) En tercer lugar, el género es un elemento constituyente central en el sentido del “yo” de cada persona y en la idea de una cultura de lo que significa ser persona. Por ello, las explicaciones adecuadas de la subjetividad tendrán que incluir investigación acerca de los efectos del género sobre su constitución y expresión y sobre nuestros conceptos de la “individualidad”.
e. Las categorías internas.
Los feminismos se distinguen según la prioridad que se le da al factor del género en la comprensión de la opresión de los individuos.
Siguiendo este parámetro, los feminismos pueden distinguirse en feminismos esencialistas de género y feminismos antiesencialistas de género.
Los primeros (esencialistas de género) consideran que el género es el principal y esencial factor de opresión para todos los individuos que pertenecen al sexo femenino. Los segundos (antiesencialistas de género) rechazan esta preponderancia del género y afirman, por el contrario, que la opresión que padecen los individuos del sexo femenino es distinta en cada caso porque tan importantes como el género, es tanto factor de opresión, son la raza, la orientación sexual, la clase y la pertenencia a un determinado grupo.
La bibliografía especializada refiere seis grupos (categorías) del feminismo: el psicoanalítico, el marxista-socialista, el radical, el liberal-reformista, el teológico y el postmoderno. (Según orden de evolución histórica)
Dado que no es nuestra intención extender esta subdivisión, sólo analizaremos algunas:
1) El feminismo psicoanalítico.
Paradójico o no, tanto el psicoanálisis como el feminismo han provocado una revolución científica, cada una por su propio lado, entrelazándose en críticas, aportes y fundamentos.
Las feministas hallan de positivo en Lacan, en que las identidades sexuales son ficticias y responden a una división simbólica y no natural, entre hombres y mujeres, que se construye en el lenguaje simbólico.
2) El feminismo radical
Cuestionada por desarrollar una teoría compleja y de contener una amalgama de elementos que lo conforman.
Se caracteriza por el papel central que se concede a la sexualidad junto con la insistencia en que la mujer se encuentra actualmente en una situación de opresión por parte de los hombres, de la que debe liberarse utilizando todos los medios a su disposición (incluyendo la violencia)
3) El feminismo liberal (reformista)
Cuestionada por ser una posición “sufragista”, cuando en realidad tiene una postura más política que social.
Insiste en la necesidad de reformas políticas a favor de la mujer y en la importancia del factor cultural, pero sin llegar a los extremismos del feminismo radical.
4) El feminismo socialista.
Comparte algunas características del feminismo radical, pero de acuerdo con su matriz marxista, no buscaba crear estructuras sociales paralelas, sino actuar en las existentes y, sobre todo, en las condiciones materiales.
La “liberación” de las mujeres se convierte en condición previa, en medida de la emancipación general de la sociedad, en parte de la estructura o en aspecto importante de la lucha de clases.
Por perceptivos que sean ante la contribución del feminismo o por más simpatía que sientan por los intereses de las mujeres, estos intentos hacen del feminismo, en último término, un movimiento dentro del marxismo, a criterio de Catherine Mackinnon, quien se basa en los estudios de Nancy Hartsock (Feminist theory and the development of revolutionary strategy)
Posición que resulta irónica de la original postura de Marxs, quien junto con el “capitalismo” cuestionó al feminismo en sus orígenes, llegando al nivel inclusive de denominarlas parte del “sexo débil” o un “adulto incompleto” que necesitan una protección especial.
De esta manera podemos encontrar en “El Capital”: “el hecho de que el grupo de trabajo colectivo esté formado por individuos de ambos sexos y de todas las edades deba convertirse, en las condiciones adecuadas, en fuente del desarrollo humano (aunque en su forma capitalista) es en realidad una fuente maloliente de corrupción y esclavitud”.
5) El feminismo postmoderno.
Es el feminismo que comprende el contexto de las identidades en las cuales se fundamenta su movimiento, debido sobre todo a una percepción histórica, porque han tenido que actuar “bajo las faldas de otros movimientos” para validar su posición ante la comunidad.
Augusta Lynn Bolles, a nuestro criterio, define este feminismo como el de “las identidades móviles”, porque la mujer interactúa su identidad con sus experiencias diarias, con las relaciones que entabla con otros miembros de la comunidad, en cómo ella es percibida como “sujeto” y en cómo es tratada por la sociedad, una institución u otra persona.
f. Analizando el feminismo “radical” y “liberal”.
“Radical”
“Liberal”
Responde a la desigualdad entre los sexos.
Maneja su propia concepción del “problema” y de la “fuente del problema” que resulta ser el sexo.
La piedra angular de su análisis es el “grupo” o colectivo llamado “mujeres”.
El feminismo radical ve a todas las mujeres en cada mujer.
Para el feminismo radical, el sexo es una división sistemática del poder social, un principio social inseparable del sexo de los individuos, aplicado en detrimento de las mujeres porque sirve a los intereses de los hombres.
Responde a la desigualdad entre los sexos.
Maneja su propia concepción del “problema” y de la “fuente del problema” que resulta ser el sexo.
El individuo es una unidad propia de análisis.
El feminismo liberal extrae a todas las mujeres de cada mujer.
Para el feminismo liberal, el problema de la desigualdad entre los sexos, es que la ley y la costumbre distribuyen a los sexos en dos papeles sexuales arbitrarios e irracionales que limitan el potencial humano.
En resumen, la diferencia está en la dirección del enfoque; en el “acento” o “tono de pronunciación”, como diría Catherine Mackinnon, pero este acento lo es todo.
g. La crisis del concepto
La noción de género es tan problemática como polémica, y en las últimas décadas su uso se ha extendido de una manera abusiva generando, a su vez, numerosas críticas, tanto desde la perspectiva del mismo movimiento feminista como desde los académicos “varones”.
El problema de la “crisis” del concepto, radica en una de sus principales paradojas es que, a pesar de que género se define fundamentalmente por su oposición a sexo, es frecuente encontrar en textos científicos y periodísticos una simple sustitución del segundo por el primero, incluso cuando se trata de connotaciones biológicas De esta manera se elimina la potencialidad analítica de la categoría para reducirla a un mero eufemismo, políticamente más correcto.
Con razón Silvia Tubert señala que son muchas investigadoras feministas las que han subrayado las dificultades que presenta el uso indiscriminado del concepto de género, tanto en la filosofía como en las ciencias sociales.
A partir de una crítica exhaustiva de los usos y abusos de la noción de género, Joan Scout propone una definición compleja y multidimensional que reposa sobre la conexión entre dos proposiciones: el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y también es una forma primaria de relaciones significantes de poder .
El concepto de género se pone bajo sospecha y cuestionamiento académico (respecto de su definición) por no basarse en la “naturaleza humana”; sino en una construcción cultural que tiene un (perjudicial) carácter maleable, con lo que permite que se rebase el sentido restringido (masculino/femenino) admitiendo múltiples géneros.
h. Las contradicciones en la definición.
El concepto “género” constituye una unidad de significación cuyo tratamiento consiste en referirlo, en primer término, a su inspiración en la “teoría de los géneros”, con lo cual las contradicciones comienzan a surgir.
Para definir el concepto de una mejor manera, Raquel Olea señala la necesidad de estudiarlo por “pasos”. Así el primero paso, es señalar el carácter plural de la categoría y su pertenencia a un campo teórico. El género son los géneros. El segundo paso es una suerte de definición del concepto que señalará los siguientes aspectos: el género es una forma de clasificar a los seres humanos; corresponde a una categorización biosociocultural, dentro del cual el sexo es sólo un elemento más, junto con un cúmulo de actividades, funciones, relaciones sociales, formas de comportamiento y formas de subjetividad especificas que adopta un cuerpo sexuado.
Geneieve Fraisse por su lado, señala que “género” es una palabra extraña aún para el mismo feminismo, debido a que suele creerse que posee un significado claro y universal, cuando lo cierto es que se emplea por lo menos en dos sentidos distintos y, en algunos aspectos, incluso contradictorios.
En forma autónoma, numerosas teóricas feministas señalan que la “categoría de género, a diferencia de la de sexo, no se basa en la naturaleza humana, sino que es una construcción cultural y, por lo tanto, maleable”, que como adjetivo, puede tener una connotación neutra, positiva o negativa.
Por esta situación, producto de la natural evolución de la construcción del concepto, la categoría “género”, se traspone a otro nivel, desarrollándose diferentes períodos, desde una interrogación por el carácter fijo de roles y atributos estereotipados en relación al cuerpo sexuado, hasta el análisis de las individualidades, con lo cual se genera una conclusión aceptada por numerosas feministas: “Los géneros son enumerados, sumados. Ya no es una categoría, sino una enumeración.”
i. Una definición “consensuada”.
A partir de una crítica exhaustiva de los usos y abusos de la noción de género, Silvia Tubert citando a Joan Scout propone una definición compleja y multidimensional que reposa sobre la conexión entre dos proposiciones: “el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y también es una forma primaria de relaciones significantes de poder.”
j. La posición “masculina” a la posición feminista.
Como toda teoría académica, el “feminismo” y las teorías de género han provocado en su contraparte “biológica”, el estudio de sus conceptos, teorías y propuestas. Naturalmente las críticas, oposiciones y admisión de postulados ha sido la característica, generándose así una contraparte “teórica”.
En este contexto y separando las críticas que niegan al feminismo un valor (por estar desfasadas y equivocadas) podemos mencionar a una corriente identificada como “masculinista” en cuyo seno se debate lo relacionado con la construcción masculina de la identidad y los problemas de los hombres frente al género.
Al interior del masculinismo se identifican actualmente dos posiciones: la de los llamados “masculinistas mitopoieticos” y la de los “masculinistas profeministas”.
1) Los mitopoieticos.
Sostienen que la principal consecuencia que ha tenido la industrialización para los hombres es la ausencia del padre, lo que ha generado fallas en el proceso de identidad masculina, provocando “una herida de padre”.
Reivindican valores asociados a lo masculino como la protección, la fuerza, el trabajo y critican las imposiciones sociales de la competitividad, el egoismo, la delegación de trabajo de cuidado (de la familia) a las mujeres, la violencia .
2) Los profeministas,
Si bien comparten la preocupación por la construcción de la identidad masculina, no creen que los problemas se deriven de una “herida del padre” sino de una “herida de la madre” provocando un rechazo por lo femenino vinculado a la misoginia social.
Comparten con las feministas, la creencia de que las sociedades en las que vivimos son patriarcales y que deben
ser transformadas no sólo por el bien de las mujeres sino también por el de los hombres.
k. ¿Tiene razón el feminismo?
Dado que no somos especialistas en la materia, reproduciremos la definición que plantea Juan Manuel Burgos: “¿Tiene razón el feminismo? En parte sí y en parte no. Las feministas han visto con agudeza algunas situaciones injustas pero han exagerado tanto sus criticas que han acabado por perjudicar a las mismas mujeres a las que teóricamente querían beneficiar; además, pocas veces se han preocupado de ofrecer alternativas viables.”
Posición que compartimos, en particular con el feminismo “postmoderno”, el cual ha viabilizado las propuestas del feminismo “radical”, del feminismo “liberal”, planteando una alternativa más acorde con la realidad social que existe sobre todo en sociedades occidentales contemporáneas.
4. A MODO DE CONCLUSION.
Si analizamos las opiniones de las iniciales feministas y las feministas que fundamentan sus posiciones teóricas, podríamos llegar a plantear algunas conclusiones, importantes para el análisis de otros temas, en particular para el Derecho Tutelar Familiar.
a. El “enemigo” de las feministas no es el varón.
Todas las variables de la teoría de género omiten referirse al varón como el “enemigo” de su posición y al cual deben “vencer” para así garantizar sus derechos.
Las feministas, evalúan el contexto social y dependiendo de su posición fundamentan la situación de la mujer, procurando incrementar sus derechos, sin necesidad de limitar o perjudicar a su contraparte de género.
Si bien la situación es desfavorable para la mujer, el avance e ingreso a diferentes ámbitos sociales, profesionales o técnicos le permiten al feminismo visualizar la perspectiva futura de la mujer como sujeto de derechos, con lo cual validan sus métodos de participación en el ámbito social.
b. Se necesita que el varón participe más en el interior de la familia.
Las feministas más radicales (de los 70 y 80 del siglo pasado) son quienes proponen que el varón tenga más derechos en la crianza de los hijos porque de lo contrario limitan los “derechos” de la mujer.
Paradojas académicas que un sector de feministas no comprenden, sobre todo debido a su ignorancia en teorías dogmáticas no jurídicas, sino sociológicas, psicológicas, psiquiátricas y antropológicas.
Este sector, es pues nuestro verdadero “enemigo”, para quienes en el ámbito tutelar familiar, defendemos el derecho a tener un vínculo con nuestros hijos basado en el cariño afecto y atención directa, luego de una separación con la madre.
Estas feministas fueron quienes provocaron la justificación legal de que el hombre gane más derechos en la crianza de los hijos, en el mantenimiento de la familia (con o sin matrimonio), así como más obligaciones.
La legislación comparada de Venezuela, Argentina, Chile, Colombia asigna derechos al varón en el ámbito de la crianza, superando la tradición de sólo otorgarle reducidos derechos y sólo asignarle responsabilidades.
En este sentido y sobre el ámbito comparado nuevamente, consideramos (a noviembre 2007) que la Ley de Tenencia Compartida en el Perú, será aprobada en el corto plazo.
En este punto, a esas feministas, las gracias correspondientes.
c. Existe un sector obtuso en el feminismo
Frente al feminismo teórico académico y profesional, que esgrime con argumentos sus posiciones, así estos eventualmente puedan ser descartados o criticados, existe una posición feminista que no se ajusta a un patrón determinado.
Es aquel sector que sobre las injusticias sociales, sobre los intereses personales y, sobre todo, la ignorancia de muchos en la sociedad, plantean sus posiciones y lanzan sus teorías, particularmente vinculadas al ámbito político.
Este sector no produce teorías ni políticas ni sociológicas ni jurídicas. Sólo fundamenta en el ámbito del discurso público y del debate político.
Es un sector determinado que busca notoriedad a costa de un discurso y una “imagen”. Eventualmente han pasado por situaciones críticas y han sido “víctimas” de alguna situación como “mujer” (maltrato familiar, violación o despido laboral)
Cuando se les solicita determinar una posición y fundamentarla en el ámbito profesional o académico, estas “feministas” arrastran a las verdaderas militantes a un cuestionamiento generalizado, sin considerar que sus intereses perjudican la lucha de “género” que tanto pregonan.
A estas feministas y a este “sector” lo denominaremos (arbitrariamente) feminismo “obtuso”, porque no tiene ángulo alguno para justificar su posición, más allá de una posición personal, individualizada o populista en términos políticos.
Estas feministas en forma adicional, generan otra característica: cuestionan todas las críticas al feminismo y a los autores de las críticas, incurriendo en una conducta cuestionable, al “investigar” el ámbito personal de cada investigador, para desmenuzar su “interior” y explicar la causa que provocase su planteamiento, en un intento de justificar su posición o defensa de teoría. El caso más evidente ha sido la posición de las feministas contra Richard Gardner, acusándolo de idear teorías promotoras de la pedofilia o justificadoras de agresiones sexuales contra la mujer.
Estas feministas son las seguidoras de personalidades públicas identificadas con la “lucha de género” y la “defensa de los derechos de las mujeres”. Estas “señora-ley” que abundan en la mediocridad de sus ideas, bien pueden ser las que terminen por negar la justa aspiración de las verdaderas feministas, de ver en la sociedad equidad en el trato e igualdad de oportunidades.
BIBLIOGRAFÍA
• Adrienne Rich. Of woman born: motherhood as experience and institution. Nueva York: Norton, 1976.
• Augusta Lynn Bolles y otras. De lo privado a lo público. 30 años de lucha ciudadana de las mujeres en América Latina. México: Siglo XXI, 2006
• Catherine Mackinnon. Hacia una teoría feminista del Estado. Madrid: Cátedra, 1995
• Dorothy Dinnerstein. The mermaid and the minotaur. Nueva York: Harper and Row, 1976.
• Genevieve Fraisse. El concepto filosófico de género. En: Silvia Tubert (editora). Del sexo al género: los equívocos de un concepto. Madrid: Cátedra, 2003
• Helen Sapa. Globalización, desigualdad e incremento de los hogares. En: Augusta Lynn Bolles y otras. De lo privado a lo público. 30 años de lucha ciudadana de las mujeres en América Latina. México: Siglo XXI, 2006
• Isabel Cristina Jaramillo. La crítica feminista al derecho. En: Robin West. Género y teoría del derecho. Bogotá: Universidad de los Andes-Siglo del Hombre Editores, Ediciones Uniandes-Instituto Pensar, 2000.
• Jane Flax. Psicoanálisis y feminismo. Pensamientos fragmentarios. Valencia: Universitat de Valencia, 1995.
• Jean Baker Millar. Toward a New Psychology of women. Boston: Beacon Press, 1976.
• Joan Cassell. A group called women: sisterhood and symbolism in the feminist movement. Nueva York: David McKay, 1977.
• Juan Manuel Burgos. Diagnóstico sobre la familia. Madrid: ediciones Palabra, 2004.
• Michael Kimmel y Michael Messner. Men´s livs. Boston: Allyn & Bacon, 1994
• Nancy Chodorow. Feminism and psychoanalytic Theory. Londres-New Haven: Yale University Press, 1989
• Nuria Varela. Feminismo para principiantes. Barcelona: Ediciones B, 2005.
• Raquel Olea y otras. El género en apuros: discursos públicos. 4º Conferencia Mundial de la Mujer. Santiago: Ediciones LOM-La Morada, 2000.
• Robert Bly. Iron John: a book about men. Wesley: REading Mass, 1990. – Shepherd Bliss. The mitopoietic men´s movement. En: Michael Kimmel. The politics of manhood. Phhiladelphia: Temple University Press, 1995
• Robin West. Género y teoría del derecho. Bogotá: Universidad de los Andes-Siglo del Hombre Editores, Ediciones Uniandes-Instituto Pensar, 2000.
• Silvia Tubert (editora). Del sexo al género: los equívocos de un concepto. Madrid: Cátedra, 2003
• Tom Digby. Men doing feminism. Nueva York: Routledge, 1998.
Categoría: Artículos derecho constitucional
Publicado por: mbermudez
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La endogamia fundió a los Austrias
Investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela han logrado constatar genéticamente que la dinastía de los Austrias, como se llamó en España a la familia de los Habsburgo, se extinguió por una cuestión de consanguinidad
EFE, http://www.adn.es/sociedad/20090414/NWS-2839-Cientificos-Austrias-consanguinidad-desaparecieron-constatan.html
"Hemos conectado la historia con la genética y hemos testado una teoría" que habían defendido los historiadores, ha dicho el científico Gonzalo Álvarez, quien ha agregado que los Habsburgo en España desaparecieron en 1700 cuando, sin poder tener hijos, murió Carlos II, quien tuvo un coeficiente de consanguinidad muy alto.
Esta es una de las conclusiones de un estudio que se publica en la revista científica PLoS ONE y que, además de por Álvarez, está firmado por Francisco Ceballos y Celsa Quinteiro.
Este catedrático de genética ha señalado que, hasta la fecha, los historiadores habían dejado escrito que la de los Austrias (1516-1700) era una dinastía en la que se habían producido uniones por parentesco natural de varias personas que descienden de una misma raíz o tronco.
Además, se sabía que Carlos II, conocido como "el hechizado", padeció muchas enfermedades: sufrió raquitismo, no caminó hasta los cuatro o cinco años y no habló hasta aproximadamente los seis años, patologías que se creían que estaban provocadas por la consanguinidad.
Los historiadores también habían relatado, según Álvarez, que la mortalidad infantil de la época era muy elevada, "lo que resultaba difícil de explicar cuando eran los niños mejor atendidos del mundo".
Teoría de la consanguinidad
Con estos datos, los historiadores habían formulado su teoría, pero "nadie se había preocupado de testarlo, desde un punto de vista genético, y eso es lo que hemos hecho", ha añadido este científico, quien ha detallado que, para ello, hicieron un árbol genealógico con hasta 16 generaciones anteriores a la de Carlos II y con más de 3.000 individuos para calcular el coeficiente de consanguineidad.
"Nos encontramos un poco de todo", pero en "algunos reyes" de la Casa de Austria en España el coeficiente de consanguinidad "era muy alto, en concreto el de Carlos II, donde el 25 por ciento de su genoma estaba en homocigosis" (la secuencia de un cromosoma es exactamente igual a la secuencia del cromosoma homólogo), según este investigador.
Álvarez, ha afirmado que "la consanguinidad induce a la homocigosis y ahí están los efectos perjudiciales de la consanguinidad".
Además, según este catedrático, a mayor consanguinidad, mayor mortalidad infantil.
Otra de las cosas que estos científicos han hecho ha sido la de, a partir de la información de la genética clínica actual, intentar buscar qué tipo de mutaciones que provocan enfermedades podrían explicar la sintomatología que tuvo el rey Carlos II.
"Estos síntomas seguramente eran por el elevado grado de consanguinidad", según Álvarez, quien ha informado de que han empezado a estudiar la otra rama de la familia, la austríaca, y ha agregado que van a hacer lo mismo con los primeros borbones.
Este investigador ha manifestado que en el siglo XVIII la consanguinidad disminuye y lo que pasaba con los Austrias "nada tiene que ver con las dinastías reales actuales".
Investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela han logrado constatar genéticamente que la dinastía de los Austrias, como se llamó en España a la familia de los Habsburgo, se extinguió por una cuestión de consanguinidad
EFE, http://www.adn.es/sociedad/20090414/NWS-2839-Cientificos-Austrias-consanguinidad-desaparecieron-constatan.html
"Hemos conectado la historia con la genética y hemos testado una teoría" que habían defendido los historiadores, ha dicho el científico Gonzalo Álvarez, quien ha agregado que los Habsburgo en España desaparecieron en 1700 cuando, sin poder tener hijos, murió Carlos II, quien tuvo un coeficiente de consanguinidad muy alto.
Esta es una de las conclusiones de un estudio que se publica en la revista científica PLoS ONE y que, además de por Álvarez, está firmado por Francisco Ceballos y Celsa Quinteiro.
Este catedrático de genética ha señalado que, hasta la fecha, los historiadores habían dejado escrito que la de los Austrias (1516-1700) era una dinastía en la que se habían producido uniones por parentesco natural de varias personas que descienden de una misma raíz o tronco.
Además, se sabía que Carlos II, conocido como "el hechizado", padeció muchas enfermedades: sufrió raquitismo, no caminó hasta los cuatro o cinco años y no habló hasta aproximadamente los seis años, patologías que se creían que estaban provocadas por la consanguinidad.
Los historiadores también habían relatado, según Álvarez, que la mortalidad infantil de la época era muy elevada, "lo que resultaba difícil de explicar cuando eran los niños mejor atendidos del mundo".
Teoría de la consanguinidad
Con estos datos, los historiadores habían formulado su teoría, pero "nadie se había preocupado de testarlo, desde un punto de vista genético, y eso es lo que hemos hecho", ha añadido este científico, quien ha detallado que, para ello, hicieron un árbol genealógico con hasta 16 generaciones anteriores a la de Carlos II y con más de 3.000 individuos para calcular el coeficiente de consanguineidad.
"Nos encontramos un poco de todo", pero en "algunos reyes" de la Casa de Austria en España el coeficiente de consanguinidad "era muy alto, en concreto el de Carlos II, donde el 25 por ciento de su genoma estaba en homocigosis" (la secuencia de un cromosoma es exactamente igual a la secuencia del cromosoma homólogo), según este investigador.
Álvarez, ha afirmado que "la consanguinidad induce a la homocigosis y ahí están los efectos perjudiciales de la consanguinidad".
Además, según este catedrático, a mayor consanguinidad, mayor mortalidad infantil.
Otra de las cosas que estos científicos han hecho ha sido la de, a partir de la información de la genética clínica actual, intentar buscar qué tipo de mutaciones que provocan enfermedades podrían explicar la sintomatología que tuvo el rey Carlos II.
"Estos síntomas seguramente eran por el elevado grado de consanguinidad", según Álvarez, quien ha informado de que han empezado a estudiar la otra rama de la familia, la austríaca, y ha agregado que van a hacer lo mismo con los primeros borbones.
Este investigador ha manifestado que en el siglo XVIII la consanguinidad disminuye y lo que pasaba con los Austrias "nada tiene que ver con las dinastías reales actuales".
Un grupo de chiíes increpa a las mujeres que protestaban por ley violación
EFE
Unas 200 mujeres, la mayoría chiíes, se manifestaron hoy en Kabul contra una ley criticada por desproteger a la mujer en caso de violación, aunque un grupo más nutrido de fieles de esta secta del Islam rodeó e increpó a las manifestantes, momento en que la Policía tuvo que intervenir.
Las mujeres se congregaron frente a un complejo chií que aloja una mezquita y una Universidad en el oeste de Kabul, y cantaron eslóganes para pedir que la ley sea enmendada, según pudo presenciar Efe.
Pero pronto unas mil personas -entre ellas unas 200 mujeres- rodearon a las manifestantes para boicotear la protesta.
"Esclavas de Occidente", "apóstatas" o "cristianas" son algunos de los gritos que profirieron contra las mujeres que habían organizado la protesta.
"Oponerse a la ley es oponerse al Corán y al Islam", chillaron también, visiblemente irritados.
La policía separó a ambos grupos, que se lanzaron algunas piedras, tras lo cual las 200 mujeres marcharon hacia el Parlamento -no muy lejos del complejo religioso- para seguir con la protesta.
Según un testigo consultado por Efe, durante el trayecto los agentes dispararon cuando una joven pretendía unirse a la manifestación y fue golpeada por un grupo de personas, a consecuencia de lo cual cuatro personas resultaron heridas, aunque las autoridades no pudieron confirmarlo.
La Asociación Civil de Mujeres de Afganistán, organizadora de la manifestación, emitió además un comunicado en el que denunció que un grupo islamista atacó una escuela en la zona, rompiendo ventanas y puertas.
El director de la escuela había criticado la ley por considerar que legaliza la "violación" en el matrimonio, según la nota, que añade que las fuerzas de seguridad tuvieron que acordonar la zona.
El presidente afgano, Hamid Karzai, se comprometió el pasado 4 de abril a revisar la ley promulgada para regular los asuntos de familia de la comunidad chií, alrededor de un 15 por ciento de la población afgana, de mayoría suní.
El Gobierno estudiará la ley de forma "cuidadosa" y decidirá si es necesario devolverla a la cámara baja para enmendarla, según Karzai.
Aunque el texto final de la ley aún no se ha hecho público, la ONU y EEUU pidieron su revisión a la luz de las informaciones aparecidas sobre la supuesta 'legalización' de la violación de la mujer.
En una reciente entrevista con Efe, el diputado chií Ramazan Bashardost, dijo haber votado en contra de la norma y confirmó que uno de los artículos permite al marido mantener relaciones sexuales con su esposa "cuando quiera" y que otro estipula que la mujer no puede trabajar "sin el permiso" de su pareja.
EFE
Unas 200 mujeres, la mayoría chiíes, se manifestaron hoy en Kabul contra una ley criticada por desproteger a la mujer en caso de violación, aunque un grupo más nutrido de fieles de esta secta del Islam rodeó e increpó a las manifestantes, momento en que la Policía tuvo que intervenir.
Las mujeres se congregaron frente a un complejo chií que aloja una mezquita y una Universidad en el oeste de Kabul, y cantaron eslóganes para pedir que la ley sea enmendada, según pudo presenciar Efe.
Pero pronto unas mil personas -entre ellas unas 200 mujeres- rodearon a las manifestantes para boicotear la protesta.
"Esclavas de Occidente", "apóstatas" o "cristianas" son algunos de los gritos que profirieron contra las mujeres que habían organizado la protesta.
"Oponerse a la ley es oponerse al Corán y al Islam", chillaron también, visiblemente irritados.
La policía separó a ambos grupos, que se lanzaron algunas piedras, tras lo cual las 200 mujeres marcharon hacia el Parlamento -no muy lejos del complejo religioso- para seguir con la protesta.
Según un testigo consultado por Efe, durante el trayecto los agentes dispararon cuando una joven pretendía unirse a la manifestación y fue golpeada por un grupo de personas, a consecuencia de lo cual cuatro personas resultaron heridas, aunque las autoridades no pudieron confirmarlo.
La Asociación Civil de Mujeres de Afganistán, organizadora de la manifestación, emitió además un comunicado en el que denunció que un grupo islamista atacó una escuela en la zona, rompiendo ventanas y puertas.
El director de la escuela había criticado la ley por considerar que legaliza la "violación" en el matrimonio, según la nota, que añade que las fuerzas de seguridad tuvieron que acordonar la zona.
El presidente afgano, Hamid Karzai, se comprometió el pasado 4 de abril a revisar la ley promulgada para regular los asuntos de familia de la comunidad chií, alrededor de un 15 por ciento de la población afgana, de mayoría suní.
El Gobierno estudiará la ley de forma "cuidadosa" y decidirá si es necesario devolverla a la cámara baja para enmendarla, según Karzai.
Aunque el texto final de la ley aún no se ha hecho público, la ONU y EEUU pidieron su revisión a la luz de las informaciones aparecidas sobre la supuesta 'legalización' de la violación de la mujer.
En una reciente entrevista con Efe, el diputado chií Ramazan Bashardost, dijo haber votado en contra de la norma y confirmó que uno de los artículos permite al marido mantener relaciones sexuales con su esposa "cuando quiera" y que otro estipula que la mujer no puede trabajar "sin el permiso" de su pareja.
Categoría: Artículos derecho constitucional
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Pucallpa llora muerte de nueve soldados en selva de Sanabamba
El Comercio
Era menor de edad. Uno de los 14 caídos en la emboscada terrorista ocurrida el pasado Jueves Santo en Sanabamba (Ayacucho) tenía solo 17 años, confirmó ayer la representante de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali, Hilda Sanabria.
Según explicó la funcionaria, en la partida de nacimiento del cabo EP Robinson Macedo Cima figura que este nació el 19 de junio de 1991. A decir de la madre del menor , Irene Cima Vásquez, su hijo fue enlistado por miembros del Ejército que pertenecían a la base de Ayacucho, aproximadamente en abril del 2008.
Sanabria detalló que personal de la defensoría se acercó al domicilio de la señora Cima Vásquez, en la ciudad de Pucallpa, para brindarle apoyo en vista de que ella no pudo ir a recibir el cuerpo de su hijo por el difícil estado de ánimo en que se encontraba. En esa circunstancia la progenitora reveló la edad del cabo.
La representante de la defensoría en Ucayali señaló que en esa región se suele persuadir a los menores de edad de ingresar a las filas del Ejército con la promesa de un mejor futuro, sin tener en cuenta que la ley del servicio militar voluntario no contempla, bajo ninguna forma, que se reclute a menores de 18 años.
La Defensoría del Pueblo en Lima recibió esta información pasadas las 6 p.m., por lo que esta no fue brindada por la titular de esa institución, Beatriz Merino, ante el Congreso.
Por otro lado, los restos de nueve de las víctimas asesinadas en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) llegaron la mañana de ayer a Pucallpa procedentes de la base militar de Pichari (Cusco). Ello debido a que los soldados procedían de esa ciudad y de zonas aledañas.
Todos fueron llevados al Comando de Asentamiento Rural del Ejército de la región Ucayali, donde se les rindió un homenaje y se concretó el ascenso póstumo respectivo al grado de suboficiales de tercera por haber caído en acción de armas.
Luego, los féretros de otros tres soldados fueron trasladados a Contamana, en Loreto.
LO ENTERRARÁN EN HUACHO
Finalmente, a la 1:30 p.m., arribó a la Primera Brigada Aérea del Ejército el cuerpo del capitán Fernando Suárez Pichilingue.
El féretro fue recibido por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Francisco Javier Contreras, por el el comandante general del Ejército, Otto Guibovich, y por los familiares del capitán.
Posteriormente, el féretro fue conducido al Cuartel General del Ejército y luego a Huacho, ciudad natal del capitán Suárez. Hoy sería enterrado allí a las 3 p.m.
CLAVES
1. En el mismo vuelo en el que llegó el féretro del capitán Suárez arribó herido el sargento Segundo Zevallos Tapia-Arikim, a quien se derivó al Hospital Militar Central, donde fue atendido de lesiones múltiples originadas por esquirlas en el brazo y la pierna.
2. El primer ministro Yehude Simon y el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, asistirán mañana jueves al Congreso para informar sobre la emboscada en el VRAE.
El Comercio
Era menor de edad. Uno de los 14 caídos en la emboscada terrorista ocurrida el pasado Jueves Santo en Sanabamba (Ayacucho) tenía solo 17 años, confirmó ayer la representante de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali, Hilda Sanabria.
Según explicó la funcionaria, en la partida de nacimiento del cabo EP Robinson Macedo Cima figura que este nació el 19 de junio de 1991. A decir de la madre del menor , Irene Cima Vásquez, su hijo fue enlistado por miembros del Ejército que pertenecían a la base de Ayacucho, aproximadamente en abril del 2008.
Sanabria detalló que personal de la defensoría se acercó al domicilio de la señora Cima Vásquez, en la ciudad de Pucallpa, para brindarle apoyo en vista de que ella no pudo ir a recibir el cuerpo de su hijo por el difícil estado de ánimo en que se encontraba. En esa circunstancia la progenitora reveló la edad del cabo.
La representante de la defensoría en Ucayali señaló que en esa región se suele persuadir a los menores de edad de ingresar a las filas del Ejército con la promesa de un mejor futuro, sin tener en cuenta que la ley del servicio militar voluntario no contempla, bajo ninguna forma, que se reclute a menores de 18 años.
La Defensoría del Pueblo en Lima recibió esta información pasadas las 6 p.m., por lo que esta no fue brindada por la titular de esa institución, Beatriz Merino, ante el Congreso.
Por otro lado, los restos de nueve de las víctimas asesinadas en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) llegaron la mañana de ayer a Pucallpa procedentes de la base militar de Pichari (Cusco). Ello debido a que los soldados procedían de esa ciudad y de zonas aledañas.
Todos fueron llevados al Comando de Asentamiento Rural del Ejército de la región Ucayali, donde se les rindió un homenaje y se concretó el ascenso póstumo respectivo al grado de suboficiales de tercera por haber caído en acción de armas.
Luego, los féretros de otros tres soldados fueron trasladados a Contamana, en Loreto.
LO ENTERRARÁN EN HUACHO
Finalmente, a la 1:30 p.m., arribó a la Primera Brigada Aérea del Ejército el cuerpo del capitán Fernando Suárez Pichilingue.
El féretro fue recibido por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Francisco Javier Contreras, por el el comandante general del Ejército, Otto Guibovich, y por los familiares del capitán.
Posteriormente, el féretro fue conducido al Cuartel General del Ejército y luego a Huacho, ciudad natal del capitán Suárez. Hoy sería enterrado allí a las 3 p.m.
CLAVES
1. En el mismo vuelo en el que llegó el féretro del capitán Suárez arribó herido el sargento Segundo Zevallos Tapia-Arikim, a quien se derivó al Hospital Militar Central, donde fue atendido de lesiones múltiples originadas por esquirlas en el brazo y la pierna.
2. El primer ministro Yehude Simon y el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, asistirán mañana jueves al Congreso para informar sobre la emboscada en el VRAE.
(ANDINA).- En un precedente vinculante de observancia obligatoria para toda la judicatura, el Tribunal Constitucional (TC) dispuso como exigible a todos los casos, sin excepción, la obligación de motivar las resoluciones de ratificación de jueces y fiscales a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Así, en la sentencia recaída en el Exp Nº 1412-2007-AA/TC, se refiere que en cualquier procedimiento donde se discuten derechos de los ciudadanos, éstos cuentan con la garantía de conocer las razones por las cuales la administración niega, otorga o restringe sus derechos.
La decisión, en consecuencia, permite excluir la arbitrariedad –antítesis del derecho y la razón– y faculta al ciudadano poderla impugnar en sede jurisdiccional, en caso que las razones expuestas no sean suficientemente satisfactorias o se consideren vulneratorias de algún derecho fundamental.
Premisa fundamental
De este modo, el derecho a la motivación de las resoluciones de todo organismo constitucional se constituye en una premisa fundamental del Estado constitucional, manifiesta el fallo del colegiado constitucional.
Esta posición del TC se estableció por primera vez y como precedente vinculante en la STC Nº 3361-2004-AA/TC (Caso Álvarez Guillén), donde se dejó sentado que las resoluciones del CNM de ratificación de magistrados debían ser motivadas. Sin embargo, en dicha sentencia se aplicó la técnica del prospective ovverruling, fijando los efectos de la posición jurisprudencial del Tribunal solamente a futuros casos.
Es decir, se excluyó de su alcance a los jueces no ratificados con anterioridad a la expedición del precedente Álvarez Guillén y cuyos procedimientos ratificatorios fue realizado sin respetar el derecho a la motivación de las resoluciones, pues no podían ser repuestos en sus cargos a pesar que la afectación de este derecho era evidente.
Efectos
El TC dejó sin efecto el precedente vinculante dispuesto en la STC Nº 3361-2004-AA/TC (Caso Álvarez Guillén) y estableció uno nuevo. En él ratifica el criterio anterior respecto a que es una obligación constitucional ineludible la motivación de las resoluciones por parte del CNM, pero que deja sin efecto el extremo que restringía la vigencia de este derecho sólo a los casos ocurridos luego de su emisión.
En consecuencia, el tribunal decidió variar los efectos de la decisión adoptada en el caso Álvarez Guillén y permitir a cualquier magistrado impugnar la no ratificación efectuada por el CNM, fundada en la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones, incluso a aquellos que no fueron ratificados antes de la expedición del citado caso.
La decisión del TC se justifica en la interpretación a la que arribará la CIDH ante el reclamo efectuado por un grupo de magistrados peruanos que acudieron a dicho organismo internacional; y, en los derechos previstos en tratados sobre derechos humanos y su respectiva interpretación por tribunales internacionales, que constituyen un referente “mínimo indispensable” para ampliar su ámbito normativo o realizar una interpretación que concretice de mejor forma el principio de la dignidad humana
Así, en la sentencia recaída en el Exp Nº 1412-2007-AA/TC, se refiere que en cualquier procedimiento donde se discuten derechos de los ciudadanos, éstos cuentan con la garantía de conocer las razones por las cuales la administración niega, otorga o restringe sus derechos.
La decisión, en consecuencia, permite excluir la arbitrariedad –antítesis del derecho y la razón– y faculta al ciudadano poderla impugnar en sede jurisdiccional, en caso que las razones expuestas no sean suficientemente satisfactorias o se consideren vulneratorias de algún derecho fundamental.
Premisa fundamental
De este modo, el derecho a la motivación de las resoluciones de todo organismo constitucional se constituye en una premisa fundamental del Estado constitucional, manifiesta el fallo del colegiado constitucional.
Esta posición del TC se estableció por primera vez y como precedente vinculante en la STC Nº 3361-2004-AA/TC (Caso Álvarez Guillén), donde se dejó sentado que las resoluciones del CNM de ratificación de magistrados debían ser motivadas. Sin embargo, en dicha sentencia se aplicó la técnica del prospective ovverruling, fijando los efectos de la posición jurisprudencial del Tribunal solamente a futuros casos.
Es decir, se excluyó de su alcance a los jueces no ratificados con anterioridad a la expedición del precedente Álvarez Guillén y cuyos procedimientos ratificatorios fue realizado sin respetar el derecho a la motivación de las resoluciones, pues no podían ser repuestos en sus cargos a pesar que la afectación de este derecho era evidente.
Efectos
El TC dejó sin efecto el precedente vinculante dispuesto en la STC Nº 3361-2004-AA/TC (Caso Álvarez Guillén) y estableció uno nuevo. En él ratifica el criterio anterior respecto a que es una obligación constitucional ineludible la motivación de las resoluciones por parte del CNM, pero que deja sin efecto el extremo que restringía la vigencia de este derecho sólo a los casos ocurridos luego de su emisión.
En consecuencia, el tribunal decidió variar los efectos de la decisión adoptada en el caso Álvarez Guillén y permitir a cualquier magistrado impugnar la no ratificación efectuada por el CNM, fundada en la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones, incluso a aquellos que no fueron ratificados antes de la expedición del citado caso.
La decisión del TC se justifica en la interpretación a la que arribará la CIDH ante el reclamo efectuado por un grupo de magistrados peruanos que acudieron a dicho organismo internacional; y, en los derechos previstos en tratados sobre derechos humanos y su respectiva interpretación por tribunales internacionales, que constituyen un referente “mínimo indispensable” para ampliar su ámbito normativo o realizar una interpretación que concretice de mejor forma el principio de la dignidad humana
Categoría: Artículos derecho constitucional
Publicado por: mbermudez
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Documentos presentados en su Hoja de Vida son adulterados, se informó.
Las cosas se le complican cada vez más a la ex postulante a la Contraloría General de la República, Ingrid Suárez Velarde, pues debido a las contradicciones entre sus declaraciones y las pruebas existentes, ha sido citada nuevamente por la 53º Fiscalía Provincial de Lima para que amplíe sus descargos y aclare definitivamente su situación.
En principio, según se informó, Suárez Velarde negó las acusaciones en su contra y sostuvo que nunca quiso mentir. Sin embargo, las pericias realizadas a los documentos de la Escuela Politécnica de Ingeniería Técnica Industrial de la Universidad de Gijón, España, y en la Universidad de Berkeley, Estados Unidos, que entregó en su Hoja de Vida, habrían sido alteradas y demostrarían lo contrario.
Por eso la fiscal encargada de las pesquisas, Magda Atto Mendives (53º Fiscalía Provincial Penal), la citó nuevamente para esta semana y responda cómo es que dichos documentos “falsos” aparecieron en su legajo profesional.
Testigos
Se supo también que la fiscal Atto solicitó las declaraciones de José Rendueles y Alberto Drago Quevedo, quienes suscribieron el certificado de Suárez respecto a las calificaciones que obtuvo en dicha universidad española.
Además, pidió las declaraciones del presidente de Electro Sur, Víctor Muñoz Chacón, residente en España, quien fue la persona que autorizó para que la investigada siguiera estudios libres entre el 2002 y 2006.
Asimismo, solicitó la manifestación de Alberto Diez González, profesor de la Universidad de Oviedo, quien afirmó en su momento que Suárez sí participó como alumna libre y oyente en cursos que él dictó en la Escuela Politécnica de Ingeniería Técnica Industrial de Gijón.
Suárez Velarde es investigada por los presuntos delitos contra la fe pública, usurpación de títulos y honores, y falsa declaración en un proceso de selección administrativo, por los que podría ser condenada a una pena de hasta ocho años de prisión efectiva.
KAREM BARBOZA Q.
Expreso
El influyente diario recordó que el caso del ex mandatario es una excepción entre los gobernantes que abusan del poder y no son juzgados
El Comercio (AP) – El New York Times calificó como “alentadora” la sentencia de 25 años de cárcel dictada contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori, asegurando que servirá de advertencia para futuros líderes.
Es común ver a gobernantes “que ejercen poderes extraordinarios en tiempos de crisis y que rápidamente se olvidan de la distinción entre el fin y los medios, y nunca son llevados a justicia”, dice el diario en un editorial.
Por eso, agregó, “fue alentador ver cómo la semana pasada un panel de tres jueces de la Corte Suprema de Perú halló culpable a Fujimori de violaciones de derechos humanos y lo sentenció a 25 años de cárcel”.
Destacó que los defensores de Fujimori alegan que el actual mandatario Alan García también es responsable de abusos, pero “aun así, él ya está avisado que los ciudadanos y el sistema judicial de Perú le están vigilando. Por eso este juicio es tan importante”.
Aunque los tribunales internacionales pueden servir como último recurso contra los abusos de las tiranías, “no tienen el poder educativo y concientizador de un fallo emitido por el sistema judicial del propio país”, dice el Times.
El Comercio (AP) – El New York Times calificó como “alentadora” la sentencia de 25 años de cárcel dictada contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori, asegurando que servirá de advertencia para futuros líderes.
Es común ver a gobernantes “que ejercen poderes extraordinarios en tiempos de crisis y que rápidamente se olvidan de la distinción entre el fin y los medios, y nunca son llevados a justicia”, dice el diario en un editorial.
Por eso, agregó, “fue alentador ver cómo la semana pasada un panel de tres jueces de la Corte Suprema de Perú halló culpable a Fujimori de violaciones de derechos humanos y lo sentenció a 25 años de cárcel”.
Destacó que los defensores de Fujimori alegan que el actual mandatario Alan García también es responsable de abusos, pero “aun así, él ya está avisado que los ciudadanos y el sistema judicial de Perú le están vigilando. Por eso este juicio es tan importante”.
Aunque los tribunales internacionales pueden servir como último recurso contra los abusos de las tiranías, “no tienen el poder educativo y concientizador de un fallo emitido por el sistema judicial del propio país”, dice el Times.
El Comercio
Ex ministro de Defensa sostuvo que, a diferencia de la cumbre del APEC, allí se estableció un extraordinario presupuesto
La estrategia para acabar con el narcoterrorismo debe ser diseñada en el Consejo de Seguridad Nacional y aprobada en el Acuerdo Nacional, para que sea permanente y continuada, o de lo contrario nos convertiremos en México o Colombia, afirmó el ex ministro de Defensa, Roberto Chiabra.
“Esta estrategia debe ser coordinada, tiene que ser diseñada en el Consejo Nacional de Seguridad, aprobada y llevada al Acuerdo Nacional, instancia que no se está explotando. Tiene que haber un compromiso para que esta estrategia se establezca como política de Estado”, manifestó en Ideeleradio.
“Tiene que haber un compromiso de todos, lo que significa que haya un presupuesto y planes de orden social, política, policial y militar. (…) Debemos asumir que este es un problema del Estado. Esto (la emboscada) no es de este año, esto va a durar, tiene que haber un compromiso vinculante”, añadió.
Explicó que si se continúa operando como ahora, el Perú podría atravesar la misma situación de México y Colombia.
“El Perú no tiene una política de Estado, ni en educación, ni en vivienda, ni para este tema y debe tenerla porque estamos caminando a convertirnos en México o no creen que los ajustes de cuentas de los sicarios son invasión de carteles mexicanos”, dijo.
“También podríamos convertirnos en Colombia, porque en el VRAE, la mitad de los que actúan son remanentes y la otra mitad son carteles colombianos que están actuando”, señaló.
En ese sentido, opinó que el Plan VRAE es un fracaso y la última emboscada terrorista en la zona del Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) en la que murieron 13 militares, es una muestra del “desprecio” que tienen las autoridades por la vida de los soldados.
DESPRECIO SOBRE LOS SOLDADOS
“Hay gente que se molesta cuando uno dice que hay un desprecio sobre la vida de los soldados, pero es una realidad. Este Plan VRAE nació muerto porque se autoriza a iniciar las operaciones ‘Excelencia’ el 30 de agosto, pero el 1 de septiembre le reducen el presupuesto de 600 millones al sector”, dijo.
“Hay desprecio por la vida de la gente, porque a diferencia de la cumbre del APEC, se estableció un extraordinario presupuesto con anticipación”, aclaró.
Chiabra León criticó que el gobierno de Alan García pretenda “marketear” de forma equivocada la estrategia antisubversiva, la cual aseguró no ha funcionado porque no se está enfocando de manera integral.
“Tanto se ha marketeado esta operación, para enviar a la gente sin nada. Así sean tropas de gran experiencia de cualquier lugar del mundo, igual los emboscan a toditos. Dicen que es exitosa y no la van a cambiar”, refirió.
Ex ministro de Defensa sostuvo que, a diferencia de la cumbre del APEC, allí se estableció un extraordinario presupuesto
La estrategia para acabar con el narcoterrorismo debe ser diseñada en el Consejo de Seguridad Nacional y aprobada en el Acuerdo Nacional, para que sea permanente y continuada, o de lo contrario nos convertiremos en México o Colombia, afirmó el ex ministro de Defensa, Roberto Chiabra.
“Esta estrategia debe ser coordinada, tiene que ser diseñada en el Consejo Nacional de Seguridad, aprobada y llevada al Acuerdo Nacional, instancia que no se está explotando. Tiene que haber un compromiso para que esta estrategia se establezca como política de Estado”, manifestó en Ideeleradio.
“Tiene que haber un compromiso de todos, lo que significa que haya un presupuesto y planes de orden social, política, policial y militar. (…) Debemos asumir que este es un problema del Estado. Esto (la emboscada) no es de este año, esto va a durar, tiene que haber un compromiso vinculante”, añadió.
Explicó que si se continúa operando como ahora, el Perú podría atravesar la misma situación de México y Colombia.
“El Perú no tiene una política de Estado, ni en educación, ni en vivienda, ni para este tema y debe tenerla porque estamos caminando a convertirnos en México o no creen que los ajustes de cuentas de los sicarios son invasión de carteles mexicanos”, dijo.
“También podríamos convertirnos en Colombia, porque en el VRAE, la mitad de los que actúan son remanentes y la otra mitad son carteles colombianos que están actuando”, señaló.
En ese sentido, opinó que el Plan VRAE es un fracaso y la última emboscada terrorista en la zona del Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) en la que murieron 13 militares, es una muestra del “desprecio” que tienen las autoridades por la vida de los soldados.
DESPRECIO SOBRE LOS SOLDADOS
“Hay gente que se molesta cuando uno dice que hay un desprecio sobre la vida de los soldados, pero es una realidad. Este Plan VRAE nació muerto porque se autoriza a iniciar las operaciones ‘Excelencia’ el 30 de agosto, pero el 1 de septiembre le reducen el presupuesto de 600 millones al sector”, dijo.
“Hay desprecio por la vida de la gente, porque a diferencia de la cumbre del APEC, se estableció un extraordinario presupuesto con anticipación”, aclaró.
Chiabra León criticó que el gobierno de Alan García pretenda “marketear” de forma equivocada la estrategia antisubversiva, la cual aseguró no ha funcionado porque no se está enfocando de manera integral.
“Tanto se ha marketeado esta operación, para enviar a la gente sin nada. Así sean tropas de gran experiencia de cualquier lugar del mundo, igual los emboscan a toditos. Dicen que es exitosa y no la van a cambiar”, refirió.
Fernando Lugo no es el único presidente de América Latina que ha negado a un hijo
El Comercio
Otros mandatarios han tenido descendientes sin estar casados o fuera del matrimonio. Unos han aceptado su paternidad sin problemas y otros a regañadientes.
(EFE).- El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, asumió hoy la paternidad de un niño de casi dos años, una situación que no es nueva en América Latina, salvo por el hecho de que el protagonista de este caso fue obispo de la Iglesia católica hasta diciembre de 2006.
“Es cierto que hubo una relación (de pareja) con Viviana Carrillo (la madre del niño)”, afirmó Lugo en un mensaje a la ciudadanía, en el que aseguró que asume “todas las responsabilidades que pudieran derivar de tal hecho, reconociendo la paternidad del niño”.
El caso de Lugo es único solo por su condición de ex religioso, que para el Vaticano es efectiva desde el 20 de julio de 2008, cuando le concedió la reducción al estado laico.
Sin embargo, otros presidentes y ex presidentes de países de América Latina han tenido hijos sin estar casados o estando casados, por fuera del matrimonio.
La carne es débil, dice la Biblia sin exceptuar de esta afirmación a quienes detentan o han detentado el poder.
El gobernante brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene reconocida desde su nacimiento una hija, Lurian, que tuvo con Miriam Cordeiro, quien fue su novia después de haber enviudado de su primera mujer.
Desde 1975 está casado con Marisa Leticia Rocco Casa, cuyo hijo adoptó.
El mandatario boliviano, Evo Morales, que nunca ha estado casado, tiene dos hijos adolescentes de dos relaciones diferentes: Eva Liz, de 13 años, y Álvaro, de 11.
En los últimos meses, Morales ha sido visto públicamente con sus hijos, en ocasiones durante sus viajes oficiales al exterior, en campañas electorales y recientemente ambos le han acompañado y visitado durante la huelga de hambre que realiza desde la semana pasada en el Palacio de Gobierno.
Ni Lula ni Morales tuvieron que hacer reconocimiento público de su paternidad, pues esos hijos nacieron antes de su llegada al poder, al contrario que los peruanos Alan García y Alejandro Toledo.
FEDERICO DANTON Y ZARAÍ
Acosado por los medios de comunicación, García, que tiene cuatro hijos de su actual matrimonio con Pilar Nores y una hija de su primer matrimonio con Carla Buscaglia, admitió públicamente en octubre de 2006 que tenía otro hijo, Federico, fruto de una relación con la economista Roxana Cheessman.
García estuvo separado de Nores entre abril del 2004 y octubre del 2005, periodo en el que estuvo unido sentimentalmente a Cheessman y en el que nació Federico.
Federico Danton “está reconocido desde el momento de su nacimiento”, “tiene mi apellido, tiene abiertas las puertas del hogar que yo tenga, aquí o afuera de palacio”, dijo el jefe de Estado en su momento.
García subrayó que se decidió a sacar a la luz su paternidad para evitar que se “señalara con un dedo a un niño que tiene derecho a su privacidad”.
El antecesor de García en la Presidencia de Perú, Alejandro Toledo, reconoció en octubre de 2002, después de una larga y complicada batalla judicial, la paternidad de Zarai, una niña, entonces de 14 años, cuya madre, Lucrecia Orozco, llevaba años reclamando ese derecho en los tribunales.
Orozco creó incluso la organización no gubernamental “Zaraí Justicia” para ayudar a los niños con problemas de filiación paterna.
Toledo tiene además una hija, Chantal, de su matrimonio con la antropóloga belga Eliane Karp, de la que estaba separado cuando concibió a Zaraí.
El 18 de octubre de 2002, el entonces mandatario manifestó en un mensaje televisado a la nación que tomó la decisión de reconocer a Zaraí “en un camino largo y difícil que ha terminado mirándonos a los ojos” y se declaró contento por haber “ganado una hija”.
MENEM LO NEGÓ EN UN PRINCIPIO
Al ex presidente argentino Carlos Menem también le costó reconocer un hijo que tuvo con una diputada, Martha Meza, la cual se suicidó ingiriendo un plaguicida a comienzos de 2003.
Carlos Nair Meza, nacido en 1981, ganó en 2006 un juicio de filiación contra Menem, quien tuvo dos hijos de su matrimonio con Zulema Yoma, Carlos, fallecido en 1995, y Zulemita, y uno, Máximo, con su segunda esposa, Cecilia Bolocco, enlace ya roto.
Carlos Nair, que fue concursante del programa Gran Hermano en Argentina, y Zulemita han acompañado a su padre en actos proselitistas y en reuniones familiares.
El brasileño Fernando Collor de Mello reconoció a un hijo fuera del casamiento en 1998, seis años después de haber renunciado a la Presidencia y cuando Fernando James Braz Collor de Mello ya tenía 18 años.
El hijo es fruto de una relación que el ex gobernante tuvo con Jucineide Braz da Silva, una mujer a la que conoció en una fiesta en 1980, cuando estaba casado con Lilibeth Monteiro de Carvalho.
En Venezuela está el caso del ex presidente Carlos Andrés Pérez que, estando casado con Blanca Rodríguez, reconoció legalmente a dos hijas con su amante Cecilia Matos, una de ellas biológica y la otra adoptada.
En México, el presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928) fue hijo natural y durante su gestión suprimió en el Código Civil mexicano la distinción entre esa clase de hijos y los legítimos.
El Comercio
Otros mandatarios han tenido descendientes sin estar casados o fuera del matrimonio. Unos han aceptado su paternidad sin problemas y otros a regañadientes.
(EFE).- El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, asumió hoy la paternidad de un niño de casi dos años, una situación que no es nueva en América Latina, salvo por el hecho de que el protagonista de este caso fue obispo de la Iglesia católica hasta diciembre de 2006.
“Es cierto que hubo una relación (de pareja) con Viviana Carrillo (la madre del niño)”, afirmó Lugo en un mensaje a la ciudadanía, en el que aseguró que asume “todas las responsabilidades que pudieran derivar de tal hecho, reconociendo la paternidad del niño”.
El caso de Lugo es único solo por su condición de ex religioso, que para el Vaticano es efectiva desde el 20 de julio de 2008, cuando le concedió la reducción al estado laico.
Sin embargo, otros presidentes y ex presidentes de países de América Latina han tenido hijos sin estar casados o estando casados, por fuera del matrimonio.
La carne es débil, dice la Biblia sin exceptuar de esta afirmación a quienes detentan o han detentado el poder.
El gobernante brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene reconocida desde su nacimiento una hija, Lurian, que tuvo con Miriam Cordeiro, quien fue su novia después de haber enviudado de su primera mujer.
Desde 1975 está casado con Marisa Leticia Rocco Casa, cuyo hijo adoptó.
El mandatario boliviano, Evo Morales, que nunca ha estado casado, tiene dos hijos adolescentes de dos relaciones diferentes: Eva Liz, de 13 años, y Álvaro, de 11.
En los últimos meses, Morales ha sido visto públicamente con sus hijos, en ocasiones durante sus viajes oficiales al exterior, en campañas electorales y recientemente ambos le han acompañado y visitado durante la huelga de hambre que realiza desde la semana pasada en el Palacio de Gobierno.
Ni Lula ni Morales tuvieron que hacer reconocimiento público de su paternidad, pues esos hijos nacieron antes de su llegada al poder, al contrario que los peruanos Alan García y Alejandro Toledo.
FEDERICO DANTON Y ZARAÍ
Acosado por los medios de comunicación, García, que tiene cuatro hijos de su actual matrimonio con Pilar Nores y una hija de su primer matrimonio con Carla Buscaglia, admitió públicamente en octubre de 2006 que tenía otro hijo, Federico, fruto de una relación con la economista Roxana Cheessman.
García estuvo separado de Nores entre abril del 2004 y octubre del 2005, periodo en el que estuvo unido sentimentalmente a Cheessman y en el que nació Federico.
Federico Danton “está reconocido desde el momento de su nacimiento”, “tiene mi apellido, tiene abiertas las puertas del hogar que yo tenga, aquí o afuera de palacio”, dijo el jefe de Estado en su momento.
García subrayó que se decidió a sacar a la luz su paternidad para evitar que se “señalara con un dedo a un niño que tiene derecho a su privacidad”.
El antecesor de García en la Presidencia de Perú, Alejandro Toledo, reconoció en octubre de 2002, después de una larga y complicada batalla judicial, la paternidad de Zarai, una niña, entonces de 14 años, cuya madre, Lucrecia Orozco, llevaba años reclamando ese derecho en los tribunales.
Orozco creó incluso la organización no gubernamental “Zaraí Justicia” para ayudar a los niños con problemas de filiación paterna.
Toledo tiene además una hija, Chantal, de su matrimonio con la antropóloga belga Eliane Karp, de la que estaba separado cuando concibió a Zaraí.
El 18 de octubre de 2002, el entonces mandatario manifestó en un mensaje televisado a la nación que tomó la decisión de reconocer a Zaraí “en un camino largo y difícil que ha terminado mirándonos a los ojos” y se declaró contento por haber “ganado una hija”.
MENEM LO NEGÓ EN UN PRINCIPIO
Al ex presidente argentino Carlos Menem también le costó reconocer un hijo que tuvo con una diputada, Martha Meza, la cual se suicidó ingiriendo un plaguicida a comienzos de 2003.
Carlos Nair Meza, nacido en 1981, ganó en 2006 un juicio de filiación contra Menem, quien tuvo dos hijos de su matrimonio con Zulema Yoma, Carlos, fallecido en 1995, y Zulemita, y uno, Máximo, con su segunda esposa, Cecilia Bolocco, enlace ya roto.
Carlos Nair, que fue concursante del programa Gran Hermano en Argentina, y Zulemita han acompañado a su padre en actos proselitistas y en reuniones familiares.
El brasileño Fernando Collor de Mello reconoció a un hijo fuera del casamiento en 1998, seis años después de haber renunciado a la Presidencia y cuando Fernando James Braz Collor de Mello ya tenía 18 años.
El hijo es fruto de una relación que el ex gobernante tuvo con Jucineide Braz da Silva, una mujer a la que conoció en una fiesta en 1980, cuando estaba casado con Lilibeth Monteiro de Carvalho.
En Venezuela está el caso del ex presidente Carlos Andrés Pérez que, estando casado con Blanca Rodríguez, reconoció legalmente a dos hijas con su amante Cecilia Matos, una de ellas biológica y la otra adoptada.
En México, el presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928) fue hijo natural y durante su gestión suprimió en el Código Civil mexicano la distinción entre esa clase de hijos y los legítimos.
Presidente paraguayo Fernando Lugo admite ser padre de un niño de dos años
Los cálculos señalan que lo procreó cuando aún era sacerdote y obispo de una diócesis. Sus opositores piden que sea excomulgado
Asunción (AP).- El presidente Fernando Lugo admitió el lunes ser el papá del niño Guillermo Armindo, nacido hace dos años cuando el ahora mandatario era obispo emérito de la diócesis de San Pedro, a 360 kilómetros al norte de la capital paraguaya.
“Aquí y ahora, ante mi pueblo y mi conciencia, manifiesto con la más absoluta honestidad y sentido del deber, transparencia, con relación a la polémica suscitada por una demanda de filiación, que hubo una relación con Viviana Carrillo”, dijo sorpresivamente el mandatario ante los periodistas en el palacio de Gobierno.
“Asumo todas las responsabilidades derivadas del hecho, reconozco la paternidad del niño. A partir de este momento, atendiendo el interés superior, la privacidad del niño, y por las altas responsabilidades que me impone la presidencia de la república, no formularé más declaraciones”, agregó.
“Que la Pascua de Resurrección nos anime a seguir adelante”, concluyó el mandatario, de 57 años de edad.
LA DEMANDA
El infante nació el 4 de mayo de 2007 y el ex prelado católico renunció al sacerdocio en diciembre de 2006 para postularse a la presidencia pero el papa Benedicto XVI sólo el 31 de julio de 2008 lo relevó de sus compromisos de castidad, pobreza y obediencia.
La pareja del ex religioso, Viviana Rosalith Carrillo, actualmente con 26 años, es oriunda precisamente del departamento de San Pedro y la relación sentimental comenzó cuando ella tenía 16 años de edad, según se ha informado.
HABLA LA DEFENSA
Claudio Kostinchok, uno de los abogados de la mujer, declaró el lunes: “me pone feliz la actitud del Presidente”.
El abogado presentó la demanda por paternidad irresponsable el miércoles pasado ante un juzgado de la niñez y la adolescencia de ciudad Encarnación, 470 kilómetros al sur de Asunción.
“Al reconocer ser el papá del niño, nos da la razón: hicimos la demanda por mandato de nuestro cliente. No fue nada inventado. No sé qué pasará de ahora en más con el expediente porque Viviana anunció, horas después de haber hecho la denuncia, que la retiraría. Si fuese así, es su derecho”, comentó.
No obstante, la jueza Evelyn Peralta informó que dio curso a la denuncia “porque el código de la niñez y la adolescencia establece la continuidad de los trámites hasta su final. Aunque posteriormente la denunciante retire la demanda, el caso seguirá de oficio”.
Explicó que en unos tres días notificará a Lugo acerca del contenido del expediente para que se defienda.
IGLESIA CATÓLICA DOLIDA
Monseñor Mario Melanio Medina, obispo del sureño departamento de Misiones, fue el primer miembro del clero en reaccionar: “Lugo mintió a la Iglesia pero mas vale tarde que nunca, como dice el refrán”.
Agregó que “faltó a la verdad. Sin embargo no será el único quien miente a la iglesia, pero reconoció su error y eso es un acto de valentía. Esto servirá para muchos no sigan ese camino”.
El senador Julio César Velázquez del Partido Colorado, opositor, pidió a la jerarquía católica que “excomulgue a Lugo por haber cometido el delito estupro porque teniendo responsabilidades episcopales tuvo relación con una adolescente”, prohibida por la ley civil.
“Quiero escuchar la opinión de los defensores de derechos de la niñez y la adolescencia sobre este abuso”, puntualizó.
En tanto, la ministra de la Mujer, Gloria Rubín, manifestó que Lugo “obró como hombre. Hizo lo correcto. El niño tiene derecho a un padre”.
El ministro Efraín Alegre, de Obras Públicas, expresó que “aunque es un asunto privado, el Presidente demostró su honestidad y transparencia”.
Los cálculos señalan que lo procreó cuando aún era sacerdote y obispo de una diócesis. Sus opositores piden que sea excomulgado
Asunción (AP).- El presidente Fernando Lugo admitió el lunes ser el papá del niño Guillermo Armindo, nacido hace dos años cuando el ahora mandatario era obispo emérito de la diócesis de San Pedro, a 360 kilómetros al norte de la capital paraguaya.
“Aquí y ahora, ante mi pueblo y mi conciencia, manifiesto con la más absoluta honestidad y sentido del deber, transparencia, con relación a la polémica suscitada por una demanda de filiación, que hubo una relación con Viviana Carrillo”, dijo sorpresivamente el mandatario ante los periodistas en el palacio de Gobierno.
“Asumo todas las responsabilidades derivadas del hecho, reconozco la paternidad del niño. A partir de este momento, atendiendo el interés superior, la privacidad del niño, y por las altas responsabilidades que me impone la presidencia de la república, no formularé más declaraciones”, agregó.
“Que la Pascua de Resurrección nos anime a seguir adelante”, concluyó el mandatario, de 57 años de edad.
LA DEMANDA
El infante nació el 4 de mayo de 2007 y el ex prelado católico renunció al sacerdocio en diciembre de 2006 para postularse a la presidencia pero el papa Benedicto XVI sólo el 31 de julio de 2008 lo relevó de sus compromisos de castidad, pobreza y obediencia.
La pareja del ex religioso, Viviana Rosalith Carrillo, actualmente con 26 años, es oriunda precisamente del departamento de San Pedro y la relación sentimental comenzó cuando ella tenía 16 años de edad, según se ha informado.
HABLA LA DEFENSA
Claudio Kostinchok, uno de los abogados de la mujer, declaró el lunes: “me pone feliz la actitud del Presidente”.
El abogado presentó la demanda por paternidad irresponsable el miércoles pasado ante un juzgado de la niñez y la adolescencia de ciudad Encarnación, 470 kilómetros al sur de Asunción.
“Al reconocer ser el papá del niño, nos da la razón: hicimos la demanda por mandato de nuestro cliente. No fue nada inventado. No sé qué pasará de ahora en más con el expediente porque Viviana anunció, horas después de haber hecho la denuncia, que la retiraría. Si fuese así, es su derecho”, comentó.
No obstante, la jueza Evelyn Peralta informó que dio curso a la denuncia “porque el código de la niñez y la adolescencia establece la continuidad de los trámites hasta su final. Aunque posteriormente la denunciante retire la demanda, el caso seguirá de oficio”.
Explicó que en unos tres días notificará a Lugo acerca del contenido del expediente para que se defienda.
IGLESIA CATÓLICA DOLIDA
Monseñor Mario Melanio Medina, obispo del sureño departamento de Misiones, fue el primer miembro del clero en reaccionar: “Lugo mintió a la Iglesia pero mas vale tarde que nunca, como dice el refrán”.
Agregó que “faltó a la verdad. Sin embargo no será el único quien miente a la iglesia, pero reconoció su error y eso es un acto de valentía. Esto servirá para muchos no sigan ese camino”.
El senador Julio César Velázquez del Partido Colorado, opositor, pidió a la jerarquía católica que “excomulgue a Lugo por haber cometido el delito estupro porque teniendo responsabilidades episcopales tuvo relación con una adolescente”, prohibida por la ley civil.
“Quiero escuchar la opinión de los defensores de derechos de la niñez y la adolescencia sobre este abuso”, puntualizó.
En tanto, la ministra de la Mujer, Gloria Rubín, manifestó que Lugo “obró como hombre. Hizo lo correcto. El niño tiene derecho a un padre”.
El ministro Efraín Alegre, de Obras Públicas, expresó que “aunque es un asunto privado, el Presidente demostró su honestidad y transparencia”.
El oficialista Javier Valle Riestra piensa que el fallo contra Alberto Fujimori puede ser utilizado para procesar al actual jefe de Estados por los casos Cayara, El Frontón y Accomarca.
Por Patricia Kadena
Perú 21
Javier Valle Riestra está nuevamente en una ola mediática por el caso de la sentencia a Alberto Fujimori. No cree que esto le traiga problemas al Apra para gobernar en sus dos últimos años, pero sí piensa que el fallo puede ser utilizado para procesar al presidente Alan García por los casos Cayara, El Frontón y Accomarca.
La mayoría de políticos, incluyendo apristas, ha apoyado la sentencia al ex presidente Fujimori. Usted no lo ha hecho…
Es que, precisamente, por mi formación aprista, tengo una formación democrática y de derechos humanos. Las sentencias no son justas o injustas en función de si se trata de nuestros compañeros o de nuestros adversarios. Fujimori es un adversario, es un golpista, es un totalitario, no democrático, pero lo que estamos juzgando acá es lo que aparece en el expediente. Mi impresión es que la sentencia es menos sólida y menos estructurada de lo que yo esperaba. No dudo de que Fujimori haya cometido crímenes, pero no estos.
¿Qué consecuencias traerá esta sentencia para el fujimorismo?
Desgraciadamente, esto le hará bien. Hay una solidaridad con Fujimori. Lo pueden ver como un presidente mártir, como un hombre al que hay que canonizar. El año 2011 el Apra será fuerte, tendrá una gran fuerza parlamentaria, no creo que presidencial; el humalismo está debilitado por las peleas intestinas y, desgraciadamente, no quiero que (el fujimorismo) sea la fuerza victoriosa, yo quisiera que el Apra volviera a ganar, pero con esto están haciendo una política de canonización y de santificación de Fujimori.
¿Realmente cree que el fujimorismo va a perdurar en el tiempo?
Estamos a dos años de la terminación del mandato y esta segunda sentencia no será dada antes de seis meses; y si va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí tiene para dos años, así que el tema va a estar en debate. Condenar a un jefe de Estado, así sea un hombre antipático como Fujimori, no es condenar al policía de la esquina. Se produce una dramatización, ese es el riesgo.
¿El apoyo del Apra a este fallo no le abre una grieta en su relación con el fujimorismo?
La sentencia no representa ningún problema para el Apra porque, con la condena a Fujimori, el problema es que se duplique la fuerza fujimorista, ahí hay un tema electoral, pero no creo que nos cree algún problema de razón de Estado. Podría haber una implicancia sofística. Si Fujimori es responsable de La Cantuta y Barrios Altos, conforme a esta argumentación, también puede ser responsable Alan García de El Frontón, Cayara y Accomarca.
Eso quiere decir que, por este caso, el presidente García puede ser puesto en el banquillo de los acusados.
No creo que deban, pero pueden intentar hacerlo porque, aunque en algún momento (en la sentencia) lo han mencionado colateralmente diciendo que el caso no es igual, ese es un considerando que no forma parte resolutiva de la sentencia. Donde hay la misma razón hay el mismo derecho, de tal manera que, los enemigos de Alan, que son muchísimos – yo quiero mucho a Alan, dicho sea de paso, yo no estoy intrigando contra él ni estoy auspiciando una persecución contra él – verán que los precedentes pueden llevar a eso.
¿Y usted cree que esa habría sido la intención de Fujimori cuando hizo alusión a ello en su alegato de defensa?
No creo. Él ha querido hacer una reflexión, que es una reflexión pertinente.
¿No habrá pensado que así como lo están juzgando a él también deberían juzgar a Alan García?
Podría, lógicamente.
¿Qué significan los casos Cayara, Accomarca, El Frontón para el Apra?
Accomarca-Pucayacu, nada, pero El Frontón fue un acto organizado por el senderismo y los insurrectos, que tenían armas y estaban en túneles, y se demostró que había una organización en pie de guerra. Yo diría que significa los riesgos de gobernar cuando hay insurrección, que le podría pasar al Apra o a cualquiera.
¿No le convendría al Apra que se esclarecieran completamente estos hechos?
Yo creo que el esclarecimiento ya no puede ser vía tribunales sino vía de la historia. Esto está reservado a los historiadores y no a los jueces.
¿No es injusto que las cosas se resuelvan así?
Es que la justicia ya resolvió muchos casos.
La prescripción no es una expresión de justicia.
Pero, perdón, cuando una causa está declarada prescrita habrá transcurrido el tiempo y la única fórmula que se vea es que la persona que está procesada renuncie a la prescripción; pero renunciar a la prescripción es una ingenuidad y no he visto a nadie hacerlo.
Usted siempre ha dicho que es un defensor de los derechos humanos, ¿no es preferible que estos hechos se diluciden totalmente?
¿Pero no están esclarecidos? ¿Accomarca y Pucayacu no está bien claro que fue el alférez Telmo Hurtado el que lo hizo? ¿No está bien claro que los que se fugaron a Miami han sido regresados al Perú y están siendo procesados en la justicia castrense? Uno no puede vivir pidiendo que se esclarezca todo, porque cuando uno está en la política está denunciado por infinitas cosas y no puede estar diciendo: me someto a los jueces para que definan. Cuando hay tanta congestión, lo definen la historia y las masas en las urnas.
¿Cómo va a gobernar el Apra en estos dos últimos años si los fujimoristas dejan de apoyar con sus votos?
Pero, perdón, ¿qué cosa le ha hecho Alan García a los fujimoristas para que ellos rompan cualquier alianza tácita?, ¿qué ha hecho? Nada.
¿No cree que esto genera un problema en esa alianza tácita?
Si el Apra hubiera dado una consigna a ese tribunal o si tuviera interés en que se condenara a Fujimori, podría ser, pero eso no existe. Además ¿Alan García puede tener interés en que se condene a Fujimori? Todo lo contrario. Si tuviera que analizarlo desde acá diría que tiene interés en que no sea así, para evitarse problemas personales ulteriores. ¿Cómo va a querer una mente sana, la de un hombre inteligentísimo como Alan, que se condene a Fujimori? Eso no lo cree nadie.
Pero la mayoría de apristas apoya la sentencia.
Mucha gente no, pero no puedo dar nombres (...). Ahora, no se trata de si Fujimori fue bueno o malo, fue malo; si fue dictador o no fue dictador, fue dictador; si su gobierno fue moral o no fue moral, no fue moral; si gobernó con gente adecuada, no gobernó con gente adecuada. Eso no está en juicio. ¿En este expediente está probada la relación causa-efecto, el eslabón entre lo que lo condenan y los hechos? No está probado.
¿Y cuál ha sido el problema, entonces, en el procesamiento a Fujimori?
El que nos ha puesto en este problema es Chile, porque los chilenos son unos malditos. La primera sentencia que dio el juez chileno fue correctísima, dijo que no procedía la extradición. La sentencia denegatoria ya estaba saliendo y (el canciller) Foxley y el Gobierno presionaron a la Corte Suprema chilena para que saliera lo que ha salido. Y qué cosa dijo Foxley al día siguiente de estos hechos: “Ahora sí tenemos pergaminos para postular a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”. Entonces, eso es lo que querían, mandar a Fujimori al Perú para lavarse las manos de su traición de haber estado defendiendo a Pinochet en Londres.
Si usted hubiera sido fiscal, ¿de qué hubiera acusado a Fujimori?
De muchas cosas, del golpe del 5 de abril, de haber cerrado las cámaras, de haber disuelto el Tribunal Constitucional, de haber establecido un régimen dictatorial y antidemocrático.
¿Existe la posibilidad de un indulto?
Yo considero que no solamente debe haber indulto y amnistía en este caso. Creo que debería haber una política de amnistía ahora, no solo a los correligionarios, sino también a los adversarios. Una amnistía que comprenda casos del MRTA, de Sendero, que comprenda a Polay, a Lori Berenson, a militares que han cometido excesos y que comprenda a Fujimori. Tiene que haber una amnistía, pero tiene que hacerse técnica y moralmente bien para la Corte Interamericana de DD.HH. no salga a discrepar. El Perú debe pacificarse, vienen horas difíciles, yo no creo, como Alan García cree, que somos una provincia, que estamos al margen del mundo y de la bancarrota del capitalismo.
¿Usted cree que Alan García se atreva a indultar a Fujimori?
Podría dárselo en los últimos días de su gobierno, cuando se vaya y ya no tenga problemas, lo haría, así como los indultos que hizo el presidente Clinton, que indultó a una serie de personas que podían traer problemas y lo hizo en las últimas horas de su gobierno. No lo va a hacer ahora, pero puede hacerlo antes de irse.
El indulto podría ser utilizado políticamente.
Bueno, pero está en sus facultades. Lo puede hacer. Hoy día, imposible. En los próximos 24 meses, imposible, pero si este hombre es condenado y la fuerza de la opinión pública sigue solidarizándose con él es facilísimo indultar.
Por Patricia Kadena
Perú 21
Javier Valle Riestra está nuevamente en una ola mediática por el caso de la sentencia a Alberto Fujimori. No cree que esto le traiga problemas al Apra para gobernar en sus dos últimos años, pero sí piensa que el fallo puede ser utilizado para procesar al presidente Alan García por los casos Cayara, El Frontón y Accomarca.
La mayoría de políticos, incluyendo apristas, ha apoyado la sentencia al ex presidente Fujimori. Usted no lo ha hecho…
Es que, precisamente, por mi formación aprista, tengo una formación democrática y de derechos humanos. Las sentencias no son justas o injustas en función de si se trata de nuestros compañeros o de nuestros adversarios. Fujimori es un adversario, es un golpista, es un totalitario, no democrático, pero lo que estamos juzgando acá es lo que aparece en el expediente. Mi impresión es que la sentencia es menos sólida y menos estructurada de lo que yo esperaba. No dudo de que Fujimori haya cometido crímenes, pero no estos.
¿Qué consecuencias traerá esta sentencia para el fujimorismo?
Desgraciadamente, esto le hará bien. Hay una solidaridad con Fujimori. Lo pueden ver como un presidente mártir, como un hombre al que hay que canonizar. El año 2011 el Apra será fuerte, tendrá una gran fuerza parlamentaria, no creo que presidencial; el humalismo está debilitado por las peleas intestinas y, desgraciadamente, no quiero que (el fujimorismo) sea la fuerza victoriosa, yo quisiera que el Apra volviera a ganar, pero con esto están haciendo una política de canonización y de santificación de Fujimori.
¿Realmente cree que el fujimorismo va a perdurar en el tiempo?
Estamos a dos años de la terminación del mandato y esta segunda sentencia no será dada antes de seis meses; y si va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí tiene para dos años, así que el tema va a estar en debate. Condenar a un jefe de Estado, así sea un hombre antipático como Fujimori, no es condenar al policía de la esquina. Se produce una dramatización, ese es el riesgo.
¿El apoyo del Apra a este fallo no le abre una grieta en su relación con el fujimorismo?
La sentencia no representa ningún problema para el Apra porque, con la condena a Fujimori, el problema es que se duplique la fuerza fujimorista, ahí hay un tema electoral, pero no creo que nos cree algún problema de razón de Estado. Podría haber una implicancia sofística. Si Fujimori es responsable de La Cantuta y Barrios Altos, conforme a esta argumentación, también puede ser responsable Alan García de El Frontón, Cayara y Accomarca.
Eso quiere decir que, por este caso, el presidente García puede ser puesto en el banquillo de los acusados.
No creo que deban, pero pueden intentar hacerlo porque, aunque en algún momento (en la sentencia) lo han mencionado colateralmente diciendo que el caso no es igual, ese es un considerando que no forma parte resolutiva de la sentencia. Donde hay la misma razón hay el mismo derecho, de tal manera que, los enemigos de Alan, que son muchísimos – yo quiero mucho a Alan, dicho sea de paso, yo no estoy intrigando contra él ni estoy auspiciando una persecución contra él – verán que los precedentes pueden llevar a eso.
¿Y usted cree que esa habría sido la intención de Fujimori cuando hizo alusión a ello en su alegato de defensa?
No creo. Él ha querido hacer una reflexión, que es una reflexión pertinente.
¿No habrá pensado que así como lo están juzgando a él también deberían juzgar a Alan García?
Podría, lógicamente.
¿Qué significan los casos Cayara, Accomarca, El Frontón para el Apra?
Accomarca-Pucayacu, nada, pero El Frontón fue un acto organizado por el senderismo y los insurrectos, que tenían armas y estaban en túneles, y se demostró que había una organización en pie de guerra. Yo diría que significa los riesgos de gobernar cuando hay insurrección, que le podría pasar al Apra o a cualquiera.
¿No le convendría al Apra que se esclarecieran completamente estos hechos?
Yo creo que el esclarecimiento ya no puede ser vía tribunales sino vía de la historia. Esto está reservado a los historiadores y no a los jueces.
¿No es injusto que las cosas se resuelvan así?
Es que la justicia ya resolvió muchos casos.
La prescripción no es una expresión de justicia.
Pero, perdón, cuando una causa está declarada prescrita habrá transcurrido el tiempo y la única fórmula que se vea es que la persona que está procesada renuncie a la prescripción; pero renunciar a la prescripción es una ingenuidad y no he visto a nadie hacerlo.
Usted siempre ha dicho que es un defensor de los derechos humanos, ¿no es preferible que estos hechos se diluciden totalmente?
¿Pero no están esclarecidos? ¿Accomarca y Pucayacu no está bien claro que fue el alférez Telmo Hurtado el que lo hizo? ¿No está bien claro que los que se fugaron a Miami han sido regresados al Perú y están siendo procesados en la justicia castrense? Uno no puede vivir pidiendo que se esclarezca todo, porque cuando uno está en la política está denunciado por infinitas cosas y no puede estar diciendo: me someto a los jueces para que definan. Cuando hay tanta congestión, lo definen la historia y las masas en las urnas.
¿Cómo va a gobernar el Apra en estos dos últimos años si los fujimoristas dejan de apoyar con sus votos?
Pero, perdón, ¿qué cosa le ha hecho Alan García a los fujimoristas para que ellos rompan cualquier alianza tácita?, ¿qué ha hecho? Nada.
¿No cree que esto genera un problema en esa alianza tácita?
Si el Apra hubiera dado una consigna a ese tribunal o si tuviera interés en que se condenara a Fujimori, podría ser, pero eso no existe. Además ¿Alan García puede tener interés en que se condene a Fujimori? Todo lo contrario. Si tuviera que analizarlo desde acá diría que tiene interés en que no sea así, para evitarse problemas personales ulteriores. ¿Cómo va a querer una mente sana, la de un hombre inteligentísimo como Alan, que se condene a Fujimori? Eso no lo cree nadie.
Pero la mayoría de apristas apoya la sentencia.
Mucha gente no, pero no puedo dar nombres (...). Ahora, no se trata de si Fujimori fue bueno o malo, fue malo; si fue dictador o no fue dictador, fue dictador; si su gobierno fue moral o no fue moral, no fue moral; si gobernó con gente adecuada, no gobernó con gente adecuada. Eso no está en juicio. ¿En este expediente está probada la relación causa-efecto, el eslabón entre lo que lo condenan y los hechos? No está probado.
¿Y cuál ha sido el problema, entonces, en el procesamiento a Fujimori?
El que nos ha puesto en este problema es Chile, porque los chilenos son unos malditos. La primera sentencia que dio el juez chileno fue correctísima, dijo que no procedía la extradición. La sentencia denegatoria ya estaba saliendo y (el canciller) Foxley y el Gobierno presionaron a la Corte Suprema chilena para que saliera lo que ha salido. Y qué cosa dijo Foxley al día siguiente de estos hechos: “Ahora sí tenemos pergaminos para postular a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”. Entonces, eso es lo que querían, mandar a Fujimori al Perú para lavarse las manos de su traición de haber estado defendiendo a Pinochet en Londres.
Si usted hubiera sido fiscal, ¿de qué hubiera acusado a Fujimori?
De muchas cosas, del golpe del 5 de abril, de haber cerrado las cámaras, de haber disuelto el Tribunal Constitucional, de haber establecido un régimen dictatorial y antidemocrático.
¿Existe la posibilidad de un indulto?
Yo considero que no solamente debe haber indulto y amnistía en este caso. Creo que debería haber una política de amnistía ahora, no solo a los correligionarios, sino también a los adversarios. Una amnistía que comprenda casos del MRTA, de Sendero, que comprenda a Polay, a Lori Berenson, a militares que han cometido excesos y que comprenda a Fujimori. Tiene que haber una amnistía, pero tiene que hacerse técnica y moralmente bien para la Corte Interamericana de DD.HH. no salga a discrepar. El Perú debe pacificarse, vienen horas difíciles, yo no creo, como Alan García cree, que somos una provincia, que estamos al margen del mundo y de la bancarrota del capitalismo.
¿Usted cree que Alan García se atreva a indultar a Fujimori?
Podría dárselo en los últimos días de su gobierno, cuando se vaya y ya no tenga problemas, lo haría, así como los indultos que hizo el presidente Clinton, que indultó a una serie de personas que podían traer problemas y lo hizo en las últimas horas de su gobierno. No lo va a hacer ahora, pero puede hacerlo antes de irse.
El indulto podría ser utilizado políticamente.
Bueno, pero está en sus facultades. Lo puede hacer. Hoy día, imposible. En los próximos 24 meses, imposible, pero si este hombre es condenado y la fuerza de la opinión pública sigue solidarizándose con él es facilísimo indultar.
Categoría: Artículos derecho constitucional
Publicado por: mbermudez
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13/04/09: El camino para ubicar a Lima en el itinerario de los grandes conciertos (Raúl Cachay Alegre)
El camino para ubicar a Lima en el itinerario de los grandes conciertos
¿Es la capital del Perú la nueva parada en Sudamérica para los artistas de renombre? Todo indicaría que sí, pero aún estamos lejos de Santiago o Buenos Aires.
Por: Raúl Cachay A.
El Comercio
Los peruanos solemos oscilar entre extremos. Años atrás, cuando los artistas de renombre internacional solo pasaban por Lima en las escalas técnicas de sus vuelos a Santiago de Chile o Buenos Aires, nos lamentábamos por la nula presencia de nuestro país en el itinerario de las grandes giras musicales.
Y cuando se producía el milagroso anuncio de algún arribo estelar, era bastante habitual que el concierto terminara siendo cancelado a última hora, como ocurrió con Bon Jovi, Rod Stewart y, en el que fue quizás el más recordado y patético de todos estos episodios, Michael Jackson, quien suspendió su presentación en Lima incluso cuando ya se había montado un gigantesco escenario al pie de la tribuna sur del Estadio Nacional, allá por 1993.
PAREN DE VENIR
Hoy, a propósito de la inminente llegada de shows como los de Kiss, Oasis y B-52s, del reciente paso de Iron Maiden y de la seguidilla de exitosas presentaciones ofrecidas en la segunda mitad del año pasado por artistas como R.E.M. y Fabulosos Cadillacs, entre muchos otros, los lamentos del pasado se han convertido en dudosas manifestaciones de chauvinismo: para muchos, Lima se ha transformado en una de las principales plazas para espectáculos internacionales en América Latina. Y esa percepción, a todas luces hiperbólica, ha empezado también a extenderse a otros países de la región.
En Colombia, por ejemplo, el diario “El Tiempo” publicó en uno de los blogs de su portal de Internet una nota en la que comparaba la triste actualidad bogotana en materia de conciertos con la abundancia de espectáculos de categoría que disfrutan los limeños desde la emblemática presentación del ex Pink Floyd Roger Waters en marzo del 2007.
AQUÍ Y ALLÁ
“Es común que nos preguntemos por qué muchas de las mejores bandas de rock del planeta incluyen en sus giras un concierto en Perú, pero excluyen a Colombia (...)”, escribe el acongojado blogger Carlos Solano en Caja de Resonancia, antes de hacer un recuento de las razones que han llevado a que Lima supere a Bogotá en este campo.
Entre ellas, claro, menciona algunas que resultan obvias: la rebaja en la carga impositiva a los espectáculos públicos, el repunte que ha experimentado la economía peruana en tiempos recientes y la buena organización de las empresas locales que se encargan de montar estos actos. La nota, en cambio, patina clamorosamente cuando enumera otros motivos que no pueden ser verificados, como la mejor planificación y distribución de los escenarios destinados a conciertos masivos en el país o la supuesta debilidad del público local por géneros como el rock o el pop.
Lo cierto es que, en el primer caso, empresarios como “Coqui” Fernández (People & Music) o Peter Herrera (Lahersa) tuvieron el buen tino de recuperar el viejo Estadio Nacional como escenario de espectáculos masivos (al menos para eso sirvió el césped sintético de Arturo Woodman), ya que antiguamente uno de los grandes problemas para la organización de esta clase de conciertos solía ser la falta de espacios apropiados. Se dice, por ejemplo, que la famosa gira de Amnistía Internacional que llevó a Bruce Springsteen y Sting a Chile y Argentina en 1988 pudo haber tenido también una parada en Lima, pero que todo se frustró por la ausencia de un lugar adecuado para albergar un encuentro musical de tamaña dimensión.
FANÁTICOS, PERO NO TANTO
Las 30 mil personas que estuvieron en el recital de Iron Maiden, las 10 mil que se deleitaron con Peter Gabriel en el Monumental, las 35 mil que se esperan este martes en el Estadio Nacional para el concierto de Kiss o las 20 mil que agotaron en pocos minutos las entradas para ver a los Jonas Brothers parecen confirmar las especulaciones del blogger colombiano: pese a los precios de las entradas y a la frecuencia cada vez más abrumadora con la que se realizan, estos conciertos han sido todos éxitos de taquilla certificados, lo cual indicaría que, en efecto, los peruanos somos más rockeros y melómanos de lo que creíamos.
No obstante, es preciso entender que se trata también del efecto de la novedad: nadie quiere quedarse afuera de esta avalancha de presentaciones.
Pronto pasará esta vorágine inicial (propiciada, también, por la manera en que la crisis ha obligado a ciertos artistas a reconfigurar sus itinerarios internacionales) y sabremos realmente si el público para los conciertos es tan numeroso y metódico como muchos piensan.
Por una razón o por otra, es bueno celebrar la renovada vitalidad escénica que experimenta esta Lima que cada día se parece más a las grandes capitales del planeta.
LAS CIFRAS
100.000 fueron las personas que asistieron en total a los dos conciertos de Soda Stereo en diciembre del 2007 en Lima.
32.000 asistieron al concierto de Iron Maiden hace 17 días.
4 horas nada más tomó vender 20 mil entradas para el recital de la banda juvenil Jonas Brothers, que será el 19 de mayo.
¿Es la capital del Perú la nueva parada en Sudamérica para los artistas de renombre? Todo indicaría que sí, pero aún estamos lejos de Santiago o Buenos Aires.
Por: Raúl Cachay A.
El Comercio
Los peruanos solemos oscilar entre extremos. Años atrás, cuando los artistas de renombre internacional solo pasaban por Lima en las escalas técnicas de sus vuelos a Santiago de Chile o Buenos Aires, nos lamentábamos por la nula presencia de nuestro país en el itinerario de las grandes giras musicales.
Y cuando se producía el milagroso anuncio de algún arribo estelar, era bastante habitual que el concierto terminara siendo cancelado a última hora, como ocurrió con Bon Jovi, Rod Stewart y, en el que fue quizás el más recordado y patético de todos estos episodios, Michael Jackson, quien suspendió su presentación en Lima incluso cuando ya se había montado un gigantesco escenario al pie de la tribuna sur del Estadio Nacional, allá por 1993.
PAREN DE VENIR
Hoy, a propósito de la inminente llegada de shows como los de Kiss, Oasis y B-52s, del reciente paso de Iron Maiden y de la seguidilla de exitosas presentaciones ofrecidas en la segunda mitad del año pasado por artistas como R.E.M. y Fabulosos Cadillacs, entre muchos otros, los lamentos del pasado se han convertido en dudosas manifestaciones de chauvinismo: para muchos, Lima se ha transformado en una de las principales plazas para espectáculos internacionales en América Latina. Y esa percepción, a todas luces hiperbólica, ha empezado también a extenderse a otros países de la región.
En Colombia, por ejemplo, el diario “El Tiempo” publicó en uno de los blogs de su portal de Internet una nota en la que comparaba la triste actualidad bogotana en materia de conciertos con la abundancia de espectáculos de categoría que disfrutan los limeños desde la emblemática presentación del ex Pink Floyd Roger Waters en marzo del 2007.
AQUÍ Y ALLÁ
“Es común que nos preguntemos por qué muchas de las mejores bandas de rock del planeta incluyen en sus giras un concierto en Perú, pero excluyen a Colombia (...)”, escribe el acongojado blogger Carlos Solano en Caja de Resonancia, antes de hacer un recuento de las razones que han llevado a que Lima supere a Bogotá en este campo.
Entre ellas, claro, menciona algunas que resultan obvias: la rebaja en la carga impositiva a los espectáculos públicos, el repunte que ha experimentado la economía peruana en tiempos recientes y la buena organización de las empresas locales que se encargan de montar estos actos. La nota, en cambio, patina clamorosamente cuando enumera otros motivos que no pueden ser verificados, como la mejor planificación y distribución de los escenarios destinados a conciertos masivos en el país o la supuesta debilidad del público local por géneros como el rock o el pop.
Lo cierto es que, en el primer caso, empresarios como “Coqui” Fernández (People & Music) o Peter Herrera (Lahersa) tuvieron el buen tino de recuperar el viejo Estadio Nacional como escenario de espectáculos masivos (al menos para eso sirvió el césped sintético de Arturo Woodman), ya que antiguamente uno de los grandes problemas para la organización de esta clase de conciertos solía ser la falta de espacios apropiados. Se dice, por ejemplo, que la famosa gira de Amnistía Internacional que llevó a Bruce Springsteen y Sting a Chile y Argentina en 1988 pudo haber tenido también una parada en Lima, pero que todo se frustró por la ausencia de un lugar adecuado para albergar un encuentro musical de tamaña dimensión.
FANÁTICOS, PERO NO TANTO
Las 30 mil personas que estuvieron en el recital de Iron Maiden, las 10 mil que se deleitaron con Peter Gabriel en el Monumental, las 35 mil que se esperan este martes en el Estadio Nacional para el concierto de Kiss o las 20 mil que agotaron en pocos minutos las entradas para ver a los Jonas Brothers parecen confirmar las especulaciones del blogger colombiano: pese a los precios de las entradas y a la frecuencia cada vez más abrumadora con la que se realizan, estos conciertos han sido todos éxitos de taquilla certificados, lo cual indicaría que, en efecto, los peruanos somos más rockeros y melómanos de lo que creíamos.
No obstante, es preciso entender que se trata también del efecto de la novedad: nadie quiere quedarse afuera de esta avalancha de presentaciones.
Pronto pasará esta vorágine inicial (propiciada, también, por la manera en que la crisis ha obligado a ciertos artistas a reconfigurar sus itinerarios internacionales) y sabremos realmente si el público para los conciertos es tan numeroso y metódico como muchos piensan.
Por una razón o por otra, es bueno celebrar la renovada vitalidad escénica que experimenta esta Lima que cada día se parece más a las grandes capitales del planeta.
LAS CIFRAS
100.000 fueron las personas que asistieron en total a los dos conciertos de Soda Stereo en diciembre del 2007 en Lima.
32.000 asistieron al concierto de Iron Maiden hace 17 días.
4 horas nada más tomó vender 20 mil entradas para el recital de la banda juvenil Jonas Brothers, que será el 19 de mayo.
Gerentes públicos que incumplan menos del 50% de objetivos serán separados
La presidenta de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Nuria Sparch, afirmó que quienes alcancen más del 70% recibirán bonos de productividad
(Andina).- Los gerentes públicos que cumplan menos del 50% de los objetivos de sus instituciones serán separados, y aquellos que alcancen más del 70% recibirán bonos de productividad, anunció hoy la presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Nuria Sparch.
Explicó que la primera generación de gerentes públicos se incorporará el 23 de junio a sus respectivos puestos, luego de haber sido seleccionados por una empresa calificadora que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) designará mediante licitación.
“Para empezar, hay una bonificación por residencia. Y al final del año, cuando se evalúan los indicadores para cada uno de estos gerentes públicos, la idea es que si hay cumplido más allá del 70% de los objetivos, por cada porcentaje adicional se paga un bono de productividad que puede alcanzar hasta dos remuneraciones”, dijo.
En declaraciones a la agencia Andina, informó que el programa Servir tuvo un grupo de 42 solicitudes de diversas entidades estatales, pero después de primera evaluación, quedó en 29 el número de profesionales que serán elegidos mediante convocatoria pública.
Sparch agregó que los gerentes seleccionados de diferentes carreras profesionales tendrán un contrato de tres años, ya sea en ministerios, gobiernos regionales o municipios, para la continuidad de inversiones y gasto social.
“Si el gerente es designado a provincia, tiene que trasladarse con toda su familia porque el cargo es de tres años, y ese traslado en conjunto es su decisión (...) Tenemos un pequeño presupuesto para hacer algunas movidas”, precisó
Para ello, Sparch refirió que Servir cuenta para el año 2008 con un presupuesto de algo más de siete millones de soles.
Con respecto al pago de sueldos y permanencia en el cargo, afirmó que el gerente con menos del 50% de los objetivos institucionales cumplidos, será separado, y aquel que supere el 70%, recibirá bonos de productividad conforme a su eficiencia.
“Hasta el momento no tenemos el monto máximo que obtendría un gerente público porque lo estamos discutiendo con el Ministerio de Economía. No es necesario que esta escala remunerativa pase por el Congreso porque ello es responsabilidad del ministerio”, señaló.
De otro lado, Sparch descartó que Servir pretenda convertirse en una especie de “escuela de gobernabilidad” porque solo en Lima, por ejemplo, hay más de 130 maestrías vinculadas a la gestión pública, y también excluyó la idea de convertirse en una suerte de bolsa laboral.
Agregó que solo se instaurará en el breve plazo y mediano plazo un registro con todo el historial de los funcionarios públicos a nivel nacional.
La presidenta de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Nuria Sparch, afirmó que quienes alcancen más del 70% recibirán bonos de productividad
(Andina).- Los gerentes públicos que cumplan menos del 50% de los objetivos de sus instituciones serán separados, y aquellos que alcancen más del 70% recibirán bonos de productividad, anunció hoy la presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Nuria Sparch.
Explicó que la primera generación de gerentes públicos se incorporará el 23 de junio a sus respectivos puestos, luego de haber sido seleccionados por una empresa calificadora que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) designará mediante licitación.
“Para empezar, hay una bonificación por residencia. Y al final del año, cuando se evalúan los indicadores para cada uno de estos gerentes públicos, la idea es que si hay cumplido más allá del 70% de los objetivos, por cada porcentaje adicional se paga un bono de productividad que puede alcanzar hasta dos remuneraciones”, dijo.
En declaraciones a la agencia Andina, informó que el programa Servir tuvo un grupo de 42 solicitudes de diversas entidades estatales, pero después de primera evaluación, quedó en 29 el número de profesionales que serán elegidos mediante convocatoria pública.
Sparch agregó que los gerentes seleccionados de diferentes carreras profesionales tendrán un contrato de tres años, ya sea en ministerios, gobiernos regionales o municipios, para la continuidad de inversiones y gasto social.
“Si el gerente es designado a provincia, tiene que trasladarse con toda su familia porque el cargo es de tres años, y ese traslado en conjunto es su decisión (...) Tenemos un pequeño presupuesto para hacer algunas movidas”, precisó
Para ello, Sparch refirió que Servir cuenta para el año 2008 con un presupuesto de algo más de siete millones de soles.
Con respecto al pago de sueldos y permanencia en el cargo, afirmó que el gerente con menos del 50% de los objetivos institucionales cumplidos, será separado, y aquel que supere el 70%, recibirá bonos de productividad conforme a su eficiencia.
“Hasta el momento no tenemos el monto máximo que obtendría un gerente público porque lo estamos discutiendo con el Ministerio de Economía. No es necesario que esta escala remunerativa pase por el Congreso porque ello es responsabilidad del ministerio”, señaló.
De otro lado, Sparch descartó que Servir pretenda convertirse en una especie de “escuela de gobernabilidad” porque solo en Lima, por ejemplo, hay más de 130 maestrías vinculadas a la gestión pública, y también excluyó la idea de convertirse en una suerte de bolsa laboral.
Agregó que solo se instaurará en el breve plazo y mediano plazo un registro con todo el historial de los funcionarios públicos a nivel nacional.
El Comercio
Remolcadores sirven para ayudar a los buques a ingresar a las aguas restringidas de los puertos
(EFE).- El Servicio Industrial de la Marina de Guerra de Perú (Sima) entregará próximamente a una empresa chilena dos naves remolcadoras diseñadas y fabricadas completamente en Perú, informó hoy la agencia oficial Andina.
El director del Sima, Jason Saavedra, afirmó que las naves han sido adquiridas por unos 6 millones de dólares, cada una.
“Esta contribución del Sima es importante porque se está exportando productos de altísimo valor agregado, una embarcación que tiene una alta complejidad tecnológica en su construcción”, declaró.
Destacó, además, que esto confirma que Perú no solo puede vender materias primas de actividades extractivas, sino que también puede transformarlas en productos con valor agregado.
Los remolcadores portuarios sirven para ayudar a los buques a ingresar a las aguas restringidas de los puertos, según la normativa internacional, indicó.
Saavedra explicó que el Sima también realiza el mantenimiento de buques comerciales de diferentes banderas extranjeras, que llegan especialmente a Perú para recibir este servicio.
Remolcadores sirven para ayudar a los buques a ingresar a las aguas restringidas de los puertos
(EFE).- El Servicio Industrial de la Marina de Guerra de Perú (Sima) entregará próximamente a una empresa chilena dos naves remolcadoras diseñadas y fabricadas completamente en Perú, informó hoy la agencia oficial Andina.
El director del Sima, Jason Saavedra, afirmó que las naves han sido adquiridas por unos 6 millones de dólares, cada una.
“Esta contribución del Sima es importante porque se está exportando productos de altísimo valor agregado, una embarcación que tiene una alta complejidad tecnológica en su construcción”, declaró.
Destacó, además, que esto confirma que Perú no solo puede vender materias primas de actividades extractivas, sino que también puede transformarlas en productos con valor agregado.
Los remolcadores portuarios sirven para ayudar a los buques a ingresar a las aguas restringidas de los puertos, según la normativa internacional, indicó.
Saavedra explicó que el Sima también realiza el mantenimiento de buques comerciales de diferentes banderas extranjeras, que llegan especialmente a Perú para recibir este servicio.
Puno y Lima Metropolitana son las que menos han invertido
Expreso
El congresista y vicepresidente del PPC, Juan Carlos Eguren, presentó el “Ránking del avance de ejecución de inversiones de los gobiernos regionales” al primer trimestre del presente año, el cual revela que Puno y Lima Metropolitana presentan los mayores retrasos en la ejecución del presupuesto para inversiones de obras públicas.
De acuerdo con el reporte al 31 de marzo de 2009, el promedio de ejecución de inversiones de los gobiernos regionales alcanzó un 9.5%, cuando se esperaba un porcentaje de ejecución de inversiones entre el 20% y 25%.De acuerdo con el reporte al 31 de marzo de 2009, el promedio de ejecución de inversiones de los gobiernos regionales alcanzó un 9.5%, cuando se esperaba un porcentaje de ejecución de inversiones entre el 20% y 25%.
Según el estudio los gobiernos regionales de Lambayeque y Arequipa se encuentran entre los que tienen mayores avances en la ejecución presupuestal de inversiones con 26.9% y 20%, respectivamente.Eguren detalló que en el otro extremo, Ayacucho invirtió apenas el 4.8%; Apurímac 3.9%; Áncash 3.6%; Ica 2.5%, Pasco 1.8%, Puno 1.1% y Lima Metropolitana con el 0.5%.“Estas cifras son realmente preocupantes. Tenemos siete gobiernos regionales que ni siquiera han podido invertir el cinco por ciento de sus presupuesto, resulta contradictorio que teniendo una serie de carencias en infraestructura social y teniendo recursos estos no se usen en bien de la comunidad”, refirió.
Expreso
El congresista y vicepresidente del PPC, Juan Carlos Eguren, presentó el “Ránking del avance de ejecución de inversiones de los gobiernos regionales” al primer trimestre del presente año, el cual revela que Puno y Lima Metropolitana presentan los mayores retrasos en la ejecución del presupuesto para inversiones de obras públicas.
De acuerdo con el reporte al 31 de marzo de 2009, el promedio de ejecución de inversiones de los gobiernos regionales alcanzó un 9.5%, cuando se esperaba un porcentaje de ejecución de inversiones entre el 20% y 25%.De acuerdo con el reporte al 31 de marzo de 2009, el promedio de ejecución de inversiones de los gobiernos regionales alcanzó un 9.5%, cuando se esperaba un porcentaje de ejecución de inversiones entre el 20% y 25%.
Según el estudio los gobiernos regionales de Lambayeque y Arequipa se encuentran entre los que tienen mayores avances en la ejecución presupuestal de inversiones con 26.9% y 20%, respectivamente.Eguren detalló que en el otro extremo, Ayacucho invirtió apenas el 4.8%; Apurímac 3.9%; Áncash 3.6%; Ica 2.5%, Pasco 1.8%, Puno 1.1% y Lima Metropolitana con el 0.5%.“Estas cifras son realmente preocupantes. Tenemos siete gobiernos regionales que ni siquiera han podido invertir el cinco por ciento de sus presupuesto, resulta contradictorio que teniendo una serie de carencias en infraestructura social y teniendo recursos estos no se usen en bien de la comunidad”, refirió.
Fujimori tendrá beneficios con limitaciones
Son los previstos en la ley 28760, de condenados por delito de secuestro. Norma prohíbe el indulto, conmutación de pena y derecho de gracia presidencial. Se restringen beneficios penitenciarios.
César Romero y Ana Véliz.
La República
Alberto Fujimori tendrá la oportunidad de acogerse a los beneficios penitenciarios que estén vigentes el día en que solicite salir de prisión antes de cumplir la totalidad de su condena y no los que regían en la época cuando cometió el delito.
Según diversas fuentes judiciales, si Fujimori estuviera en condiciones de solicitar beneficios penitenciarios el día de hoy, tendría que hacerlo según la ley Nº 28760 del 14 de junio del 2006, pese a ser más desfavorable a la que existía en 1991 o 1992, según diversas sentencias del Tribunal Constitucional, TC.
“Las normas que regulan el acceso al beneficio de semilibertad no son normas penales materiales sino normas de derecho penitenciario, por tanto (...) serán de aplicación las normas vigentes al momento de la tramitación del beneficio penitenciario, no comportando ello afectación al derecho a la aplicación de la ley más favorable”, precisó el TC al resolver la causa Nº 05488-2007 planteada por un condenado por secuestro y otros delitos.
Sucede que la mencionada ley restringe draconianamente los requisitos para acceder a beneficios penitenciarios para los condenados por secuestro y otros delitos, sean estos homicidio, tráfico de drogas o lesiones graves. Las reglas que prevé la ley Nº 28760 son las mismas para los condenados por terrorismo previstas en el Decreto Legislativo 927, del 20 de febrero del 2003.
“No procede el indulto ni la conmutación de pena a los condenados por los delitos de secuestro y extorsión. Tampoco el derecho de gracia a los procesados por tales delitos”, precisa el artículo 2 de la ley Nº 28760. A continuación, en el artículo 3 se lee que “los beneficios penitenciarios para los sentenciados por los delitos de secuestro y extorsión se regularán de conformidad con lo previsto en los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo Nº 927.
Esta norma otorga dos beneficios penitenciarios: 1) Redención de pena por el trabajo y la educación, y, 2) Liberación condicional.
“El interno por delito de terrorismo (e igual el de secuestro) redime la pena mediante el trabajo o la educación, a razón de un día de pena por siete días de labor efectiva, bajo la dirección y control de la Administración Penitenciaria”, anota el artículo 3 del Decreto Legislativo 927.
En tanto que el artículo 4, modificado por el Decreto Legislativo Nº 985, del 22 julio 2007, dice que pueden “acogerse al beneficio penitenciario de liberación condicional cuando hayan cumplido efectivamente los tres cuartos de la pena impuesta, siempre que no tenga proceso pendiente con mandato de detención y previo pago del íntegro de la reparación civil y de la multa”.
Reparación civil
Daño material. La sentencia establece que Fujimori debe pagar 62,400 soles por daño material a favor de Marcelino Pablo y Carmen Mariños.
Compensación. Adicionalmente debe pagar 20 mil dólares a los herederos legales de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Además, otros 62,400 entre todos los agraviados.
Indemnización. Igualmente, 46,800 soles a SamuelD’yer y la misma cifra a Gustavo Gorriti.
Los requisitos pueden variar
Los requisitos para el otorgamiento de beneficios penitenciarios han sido constantemente modificados en los últimos años para restringir su alcance a delincuentes de alta peligrosidad, bajo la idea de que su liberación antes de tiempo pone en riesgo a toda la sociedad.
Por tanto, es posible que en el futuro en el Congreso se vuelva a discutir e incluso aprobar nuevas modificaciones que resulten más favorables a Fujimori y otros condenados por este delito. Por ejemplo, el decreto legislativo Nº 28760 no hace distingo ni establece atenuantes en el caso de secuestro. Todo sentenciado por este delito se somete a sus normas independientemente si la pena que ha recibido es la mínima de 10 años o la máxima de cadena perpetua o su grado de participación.
De acuerdo con el decreto legislativo Nº 28760, Alberto Fujimori recién estaría en condiciones de pedir el beneficio de liberación condicional cuando cumpla 19 años de prisión efectiva, pero si a eso se le agrega la reducción por el tiempo que trabaje en prisión del 7 por 1 , podría lograrlo con solo 17 años de prisión efectiva; es decir, para febrero del 2024. Claro está, adicionalmente deberá haber pagado la reparación civil a las víctimas.
Son los previstos en la ley 28760, de condenados por delito de secuestro. Norma prohíbe el indulto, conmutación de pena y derecho de gracia presidencial. Se restringen beneficios penitenciarios.
César Romero y Ana Véliz.
La República
Alberto Fujimori tendrá la oportunidad de acogerse a los beneficios penitenciarios que estén vigentes el día en que solicite salir de prisión antes de cumplir la totalidad de su condena y no los que regían en la época cuando cometió el delito.
Según diversas fuentes judiciales, si Fujimori estuviera en condiciones de solicitar beneficios penitenciarios el día de hoy, tendría que hacerlo según la ley Nº 28760 del 14 de junio del 2006, pese a ser más desfavorable a la que existía en 1991 o 1992, según diversas sentencias del Tribunal Constitucional, TC.
“Las normas que regulan el acceso al beneficio de semilibertad no son normas penales materiales sino normas de derecho penitenciario, por tanto (...) serán de aplicación las normas vigentes al momento de la tramitación del beneficio penitenciario, no comportando ello afectación al derecho a la aplicación de la ley más favorable”, precisó el TC al resolver la causa Nº 05488-2007 planteada por un condenado por secuestro y otros delitos.
Sucede que la mencionada ley restringe draconianamente los requisitos para acceder a beneficios penitenciarios para los condenados por secuestro y otros delitos, sean estos homicidio, tráfico de drogas o lesiones graves. Las reglas que prevé la ley Nº 28760 son las mismas para los condenados por terrorismo previstas en el Decreto Legislativo 927, del 20 de febrero del 2003.
“No procede el indulto ni la conmutación de pena a los condenados por los delitos de secuestro y extorsión. Tampoco el derecho de gracia a los procesados por tales delitos”, precisa el artículo 2 de la ley Nº 28760. A continuación, en el artículo 3 se lee que “los beneficios penitenciarios para los sentenciados por los delitos de secuestro y extorsión se regularán de conformidad con lo previsto en los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo Nº 927.
Esta norma otorga dos beneficios penitenciarios: 1) Redención de pena por el trabajo y la educación, y, 2) Liberación condicional.
“El interno por delito de terrorismo (e igual el de secuestro) redime la pena mediante el trabajo o la educación, a razón de un día de pena por siete días de labor efectiva, bajo la dirección y control de la Administración Penitenciaria”, anota el artículo 3 del Decreto Legislativo 927.
En tanto que el artículo 4, modificado por el Decreto Legislativo Nº 985, del 22 julio 2007, dice que pueden “acogerse al beneficio penitenciario de liberación condicional cuando hayan cumplido efectivamente los tres cuartos de la pena impuesta, siempre que no tenga proceso pendiente con mandato de detención y previo pago del íntegro de la reparación civil y de la multa”.
Reparación civil
Daño material. La sentencia establece que Fujimori debe pagar 62,400 soles por daño material a favor de Marcelino Pablo y Carmen Mariños.
Compensación. Adicionalmente debe pagar 20 mil dólares a los herederos legales de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Además, otros 62,400 entre todos los agraviados.
Indemnización. Igualmente, 46,800 soles a SamuelD’yer y la misma cifra a Gustavo Gorriti.
Los requisitos pueden variar
Los requisitos para el otorgamiento de beneficios penitenciarios han sido constantemente modificados en los últimos años para restringir su alcance a delincuentes de alta peligrosidad, bajo la idea de que su liberación antes de tiempo pone en riesgo a toda la sociedad.
Por tanto, es posible que en el futuro en el Congreso se vuelva a discutir e incluso aprobar nuevas modificaciones que resulten más favorables a Fujimori y otros condenados por este delito. Por ejemplo, el decreto legislativo Nº 28760 no hace distingo ni establece atenuantes en el caso de secuestro. Todo sentenciado por este delito se somete a sus normas independientemente si la pena que ha recibido es la mínima de 10 años o la máxima de cadena perpetua o su grado de participación.
De acuerdo con el decreto legislativo Nº 28760, Alberto Fujimori recién estaría en condiciones de pedir el beneficio de liberación condicional cuando cumpla 19 años de prisión efectiva, pero si a eso se le agrega la reducción por el tiempo que trabaje en prisión del 7 por 1 , podría lograrlo con solo 17 años de prisión efectiva; es decir, para febrero del 2024. Claro está, adicionalmente deberá haber pagado la reparación civil a las víctimas.
Categoría: Artículos de política
Publicado por: mbermudez
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10/04/09: Las siete plagas del Perú
Las siete plagas del Perú...
Así como en Egipto, en nuestra tierra soportamos lacras que no son atacadas por los diferentes gobiernos. Y, en unos casos, hasta son mantenidas por el aparato estatal
Los diez males con que fue advertido el Faraón se conocen como “Las diez plagas de Egipto” o como "Las siete plagas de Egipto" debido a que -si bien en total fueron diez- a partir de la cuarta fueron padecidas únicamente por los egipcios y no por los israelitas. En nuestros tiempos, hablar de las siete plagas es analizar los aspectos que aquejan nuestra sociedad. Lacras que nos devoran, muchas veces ante la pasividad de quienes deberían afrontarlas. O, a veces, de nosotros mismos. A pesar que las cifras macro hablan de un repunte de nuestra economía y el presidente Alan García anuncia a los cuatro vientos que vivimos en el país de las maravillas, la realidad es otra. Por ello, en esta Semana Santa, bien se puede analizar cuáles son las siete plagas en el Perú…
Las siete plagas capitales en nuestro país se traducen en desempleo, corrupción, pobreza, deficientes servicios de educación y salud; así como discriminación e inseguridad ciudadana. Y si Dios castigó a Egipto, especialistas en estas materias coinciden en señalar que los gobiernos no hacen nada o muy poco por revertir esta situación. Y con ello castigan a todos los peruanos. Aquí, diversos especialistas canalizan para LA PRIMERA estas plagas contra las que debemos luchar.
1.- Corrupción
Carmela Sifuentes, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), responsabilizó de la corrupción reinante en las distintas instituciones del estado al modelo impuesto por el ex presidente Alberto Fujimori. Mal que se arrastra aún en este régimen. “Este modelo trajo consigo todo una ola de corrupción en cada una de las instituciones y actualmente el gobierno aprista continúa con estas políticas”, señalo Sifuentes. Sobre los casos de corrupción expuestos durante el gobierno aprista, la presidente de la CGTP señaló que existe mucho favoritismo político, nepotismo y burocracia en todas las instancias del Estado. “Es una plaga muy grande y que mata conciencias y personas. Los perjudicados son el pueblo y la clase trabajadora”, finalizó.
2.- Desempleo y violación de derechos laborales
Para Julio Cesar Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), existe un gran problema de pérdida de puestos de trabajo en el Perú, el cual se agrava con la actual economía primaria exportadora que no permite puestos de trabajo duraderos. “Los sectores más afectados con el desempleo son la minería, los textiles y la agro exportación”, asegura Bazán.
Calificó al desempleo como una plaga endémica ya que este tema tiene raíces históricas por las desigualdades existentes y por la economía peruana. El presidente de la CUT mencionó que ante el creciente desempleo en nuestro país, se incrementa el sub-empleo, por el cual los peruanos realizan actividades que no corresponden a sus profesiones y sus capacidades, con remuneraciones precarias. “Además, con políticas de favoritismo a los capitales extranjeros se despide a miles sin que se respeten los derechos laborales, como son la libertad sindical, la estabilidad laboral, la negociación colectiva, entre otros”.
3.- La mala educación
Para nadie es un secreto que la educación peruana atraviesa una crisis de la cual no tiene cuando salir. Sobre este tema que compromete el futuro de miles de niños, el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Hamer Villena, opinó que este es un mal que aqueja al país y cuyo responsable es el Estado peruano, ya que en lugar de incrementarse el presupuesto el sector educación, este se redujo. Para el dirigente del Sutep, otro gran problema que afecta al sector es la deserción escolar, pues -según dijo- los propios informes del ministerio de Educación señalan que en las zonas altoandinas no empieza el año escolar. Sobre la controvertida ley de Carrera Publica Magisterial, Villena Zúñiga aseguró que la norma no traerá los beneficios que dice, pues “es una cortina de humo para esconder la crisis del actual gobierno”
4.- La salud en crisis
Al igual que la educación, el sector salud también atraviesa la peor crisis de la época, según lo aseguró el presidente de la Federación Medica Peruana (FMP), Leoncio Díaz, quien señaló que para este gobierno y los anteriores la salud no es prioridad pues en lugar de verla como una inversión es una carga para las autoridades. “Nuestro sector necesita de un mayor presupuesto para implementar mejor nuestros hospitales, postas y centros de salud e incluir a nueve millones de peruanos que no tienen ningún tipo de atención de salud”, solicitó el galeno. Para Díaz, el anunciado crecimiento económico de nuestro país no se refleja en el sector salud pues “el criterio que manejan es que la salud debe convertirse en una mercancía”.
5.- Pobreza y desigualdad
David Tejada, economista y ex -viceministro de Salud, comentó que pese al crecimiento económico que atravesó el país en los últimos años, la disminución de la pobreza fue muy pequeña, sumado a que desde comienzos del año pasado se registro, el incremento de la inflación con alza de los precios de los alimentos. El especialista refirió que, para este año, se perderá todo lo ganado en años anteriores ante la desaceleración drástica de la economía. “No hay ninguna redistribución del ingreso, por el contrario, hubo una concentración excesiva del ingreso”, aseguró Tejada. Sostuvo que el tema central debe ser reducir la desigualdad entre los peruanos. “Una ínfima minoría mejoró notablemente sus ingresos, mientras que los que perciben sueldos y salarios son los mas afectados con la crisis mundial”, sentenció.
6.- Discriminación
“En el Perú hay personas que son invisibles, por la discriminación. Son despreciados y no tienen o no pueden ejercer sus derechos”, opinó Wilfredo Ardito, responsable del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). Sostuvo que la discriminación es una plaga de división, de maltrato, de abuso a las personas más débiles, pero confía en que, con los años, se vaya superando este tema. “Se ven avances muy importantes en los últimos tres años, entre ellos normas y sanciones a las personas que discriminan, pero aún hay mucho que hacer”, finalizó.
7.- Inseguridad ciudadana
“En los últimos años la inseguridad ha ido creciendo, así como el constante reclamo a las autoridades por parte de la sociedad”, afirmó el especialista en temas de seguridad Carlos Castro, quien agregó que -de mantenerse los niveles crecientes de delincuencia, crimen organizado, narcotráfico y hasta terrorismo- será muy difícil controlar estos problemas si no son puestos en la agenda del gobierno. Castro señaló además que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad al ciudadano. Para ello se debe tener metas claras de políticas de seguridad y convivencia pacifica, con diseños integrales y donde se articulen las diversas instituciones de seguridad publica.
Dayhana Cam
Redacción
Diario La Primera
Así como en Egipto, en nuestra tierra soportamos lacras que no son atacadas por los diferentes gobiernos. Y, en unos casos, hasta son mantenidas por el aparato estatal
Los diez males con que fue advertido el Faraón se conocen como “Las diez plagas de Egipto” o como "Las siete plagas de Egipto" debido a que -si bien en total fueron diez- a partir de la cuarta fueron padecidas únicamente por los egipcios y no por los israelitas. En nuestros tiempos, hablar de las siete plagas es analizar los aspectos que aquejan nuestra sociedad. Lacras que nos devoran, muchas veces ante la pasividad de quienes deberían afrontarlas. O, a veces, de nosotros mismos. A pesar que las cifras macro hablan de un repunte de nuestra economía y el presidente Alan García anuncia a los cuatro vientos que vivimos en el país de las maravillas, la realidad es otra. Por ello, en esta Semana Santa, bien se puede analizar cuáles son las siete plagas en el Perú…
Las siete plagas capitales en nuestro país se traducen en desempleo, corrupción, pobreza, deficientes servicios de educación y salud; así como discriminación e inseguridad ciudadana. Y si Dios castigó a Egipto, especialistas en estas materias coinciden en señalar que los gobiernos no hacen nada o muy poco por revertir esta situación. Y con ello castigan a todos los peruanos. Aquí, diversos especialistas canalizan para LA PRIMERA estas plagas contra las que debemos luchar.
1.- Corrupción
Carmela Sifuentes, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), responsabilizó de la corrupción reinante en las distintas instituciones del estado al modelo impuesto por el ex presidente Alberto Fujimori. Mal que se arrastra aún en este régimen. “Este modelo trajo consigo todo una ola de corrupción en cada una de las instituciones y actualmente el gobierno aprista continúa con estas políticas”, señalo Sifuentes. Sobre los casos de corrupción expuestos durante el gobierno aprista, la presidente de la CGTP señaló que existe mucho favoritismo político, nepotismo y burocracia en todas las instancias del Estado. “Es una plaga muy grande y que mata conciencias y personas. Los perjudicados son el pueblo y la clase trabajadora”, finalizó.
2.- Desempleo y violación de derechos laborales
Para Julio Cesar Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), existe un gran problema de pérdida de puestos de trabajo en el Perú, el cual se agrava con la actual economía primaria exportadora que no permite puestos de trabajo duraderos. “Los sectores más afectados con el desempleo son la minería, los textiles y la agro exportación”, asegura Bazán.
Calificó al desempleo como una plaga endémica ya que este tema tiene raíces históricas por las desigualdades existentes y por la economía peruana. El presidente de la CUT mencionó que ante el creciente desempleo en nuestro país, se incrementa el sub-empleo, por el cual los peruanos realizan actividades que no corresponden a sus profesiones y sus capacidades, con remuneraciones precarias. “Además, con políticas de favoritismo a los capitales extranjeros se despide a miles sin que se respeten los derechos laborales, como son la libertad sindical, la estabilidad laboral, la negociación colectiva, entre otros”.
3.- La mala educación
Para nadie es un secreto que la educación peruana atraviesa una crisis de la cual no tiene cuando salir. Sobre este tema que compromete el futuro de miles de niños, el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Hamer Villena, opinó que este es un mal que aqueja al país y cuyo responsable es el Estado peruano, ya que en lugar de incrementarse el presupuesto el sector educación, este se redujo. Para el dirigente del Sutep, otro gran problema que afecta al sector es la deserción escolar, pues -según dijo- los propios informes del ministerio de Educación señalan que en las zonas altoandinas no empieza el año escolar. Sobre la controvertida ley de Carrera Publica Magisterial, Villena Zúñiga aseguró que la norma no traerá los beneficios que dice, pues “es una cortina de humo para esconder la crisis del actual gobierno”
4.- La salud en crisis
Al igual que la educación, el sector salud también atraviesa la peor crisis de la época, según lo aseguró el presidente de la Federación Medica Peruana (FMP), Leoncio Díaz, quien señaló que para este gobierno y los anteriores la salud no es prioridad pues en lugar de verla como una inversión es una carga para las autoridades. “Nuestro sector necesita de un mayor presupuesto para implementar mejor nuestros hospitales, postas y centros de salud e incluir a nueve millones de peruanos que no tienen ningún tipo de atención de salud”, solicitó el galeno. Para Díaz, el anunciado crecimiento económico de nuestro país no se refleja en el sector salud pues “el criterio que manejan es que la salud debe convertirse en una mercancía”.
5.- Pobreza y desigualdad
David Tejada, economista y ex -viceministro de Salud, comentó que pese al crecimiento económico que atravesó el país en los últimos años, la disminución de la pobreza fue muy pequeña, sumado a que desde comienzos del año pasado se registro, el incremento de la inflación con alza de los precios de los alimentos. El especialista refirió que, para este año, se perderá todo lo ganado en años anteriores ante la desaceleración drástica de la economía. “No hay ninguna redistribución del ingreso, por el contrario, hubo una concentración excesiva del ingreso”, aseguró Tejada. Sostuvo que el tema central debe ser reducir la desigualdad entre los peruanos. “Una ínfima minoría mejoró notablemente sus ingresos, mientras que los que perciben sueldos y salarios son los mas afectados con la crisis mundial”, sentenció.
6.- Discriminación
“En el Perú hay personas que son invisibles, por la discriminación. Son despreciados y no tienen o no pueden ejercer sus derechos”, opinó Wilfredo Ardito, responsable del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). Sostuvo que la discriminación es una plaga de división, de maltrato, de abuso a las personas más débiles, pero confía en que, con los años, se vaya superando este tema. “Se ven avances muy importantes en los últimos tres años, entre ellos normas y sanciones a las personas que discriminan, pero aún hay mucho que hacer”, finalizó.
7.- Inseguridad ciudadana
“En los últimos años la inseguridad ha ido creciendo, así como el constante reclamo a las autoridades por parte de la sociedad”, afirmó el especialista en temas de seguridad Carlos Castro, quien agregó que -de mantenerse los niveles crecientes de delincuencia, crimen organizado, narcotráfico y hasta terrorismo- será muy difícil controlar estos problemas si no son puestos en la agenda del gobierno. Castro señaló además que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad al ciudadano. Para ello se debe tener metas claras de políticas de seguridad y convivencia pacifica, con diseños integrales y donde se articulen las diversas instituciones de seguridad publica.
Dayhana Cam
Redacción
Diario La Primera
¡Llegaron las putiencuestas!
Diario La Primera
La putiencuesta de Manolito Saavedra, el hombre de CPI, ya está aquí. También vienen las de la Universidad de Lima, la de las hermanitas Susy y Cucharita Díaz, la del Bartolomé Herrera espectral y la de “La Razón” & Company, que siempre es la más creíble porque se hace sin recursos ni prejuicios ni preguntas.
Manolito Saavedra siempre fue uno de los científicos de la demoscopía que Fujimori llamaba a Palacio y pagaba al contado para que le dijera qué hacer cuando algún periodista incómodo había descubierto una porquería que debía ser tapada con un psicosocial, un milagro de utilería o un carraspeo terrorífico de Martha Chávez.
Gran consultor era Manolito. Yo lo conocí cuando era muy decente y estaba en el negocio de los conteos rápidos a boca de urna, así que fuimos dupla segura en varias elecciones. Y la verdad es que el hombre la achuntaba con frecuencia. En esos tiempos era un hombre modesto que vivía bien gracias a su trabajo.
Lo volví a ver, años después, en la época en que Baruch Ivcher le hacía la vida imposible con una tonelada de juicios. Lo acusaba de trampear con las cifras del rating. Y nunca supe quién tenía la razón en esto de las sintonías y los contoneos.
De lo que sí me di cuenta es de que ya el hombre estaba “trabajado” por el fujimorismo –con todo lo que eso puede implicar-. Esquivaba la mirada, hablaba más bajito que nunca, estaba secuestrado por una sucesión de subjuntivos que lo hacían indescifrable. Y una finísima caspa le veteaba los hombros, como si acabara de bajar de alguna altura alpina.
En ese periodo de su mutación, uno podía preguntarle si no creía que la gente estaba asqueada de tanta mugre nipo-peruana y el hombre te respondía:
“En los sectores A y B podría estar produciéndose, no sé si un rechazo o una especie de darse cuenta de que..., es decir, de percatarse de algunas diferencias entre el discurso del presidente y lo que podría estar haciéndose, pero, como tú sabes, César, esos sectores no son representativos...”
Entonces uno, por fregar, insistía:
-¿Y en el sector C?
-“Bueno, allí, donde tampoco tenemos un gran peso de acuerdo al padrón electoral, podrían estar sucediendo, muy discretamente, algunos cambios que, de mantenerse, y esto es una hipótesis, alterarían en un porcentaje mínimo ciertas cifras...”
El hombre se había convertido en el seguro servidor del sake y en el cortador del sashimi de Fujimori. Hablaba con la voz de un ábaco y uno presentía que tenía un kimono pervertido colgado en el baño.
En todo caso, demostró su sólida conversión al fujimorismo durante el largo vestíbulo de la segunda reelección (ilegal) del sátrapa.
Recuerdo perfectamente las maniobras que Saavedra y Forrado –y a veces Apoyo- hicieron para desalentar a la oposición, para desacreditar los discursos alternativos, para demoler a Andrade, para favorecer al Congreso hediondo y para gritar a los vientos, con sus cifras de contadores de Enron en la mano, que Fujimori era imprescindible, que su régimen tendía a la eternidad por aclamación y que el descontento era un invento del rencor.
¡Si le hubiésemos creído a Saavedra y a su harén de sumas teológicas jamás nos habríamos librado –Baygón en ristre- del fujimorismo ladrón y asesino!
Saavedra no sólo ganaba dinero aconsejando a Fujimori y dándole las encuestas que, a todo costo, le solicitaba Montesinos. Saavedra era también poderoso, íntimo y cercanísimo.
Y cuando hizo su Cepri propia y vendió su patente monopólica de mediciones de sintonía, la fortuna le llegó por fin. Ahora era un hombre encumbrado y con plata.
¡Cómo ha sufrido Manolito todos estos años de casi viudez despensionada!
Por eso es que ayer, más melancólico que nunca, este abanderado del fujimorismo nos regaló con una encuesta hecha –esa fue la fallida intención- para demostrarnos que “la condena a Fujimori es rechazada por el 59 por ciento de limeños”. Así decía el titular colgado en el portal de RPP. Parecía escupido por Carlitos Raffo.
¿Cincuenta y nueve por ciento de limeños rechaza la condena? –me pregunté antes de enterarme de que detrás de los números estaba Saavedra.
De inmediato, claro está, RPP, la radio de Manuel Delgado Parker –que pronto pondrá, en “Mi novela favorita”, “Pantaleón y los visitadores del SIN”- rebotó el regalito con todos los titulares posibles y con todos los Chemas y todos los Raúles reverberando.
Pero como los años a algunos mejoran y a otros les sancochan la azotea, resulta que las cifras de Manolito Saavedra no cuadran. O sea, se cuadran ante el jefazo de siempre pero resultan, como muchas de las de antes -las de los tiempos del cólera-, un verdadero fraude.
Un fraude al que el fujimorismo gregoriano de RPP se ha prestado.
Porque lo cierto es que si uno examina con atención los números de CPI –más allá del sesgo de las preguntas sentimentaloides- encontrará que la verdad es exactamente lo contrario de lo que nos han querido hacer creer.
Veamos. El 36 por ciento de los encuestados está plenamente conforme con la condena. Todavía hay un 4 por ciento que piensa que el veredicto debió ser más contundente. Allí tenemos ya un 40 por ciento.
Luego viene lo bueno. Si uno escarba detrás del curare que Saavedra y RPP le pusieron a los cuadros encuentra que hay un 28 por ciento de limeños que han sido puestos en el rubro del fujimorismo doliente porque han dicho que no están de acuerdo con la magnitud de la condena. No es que consideren a Fujimori inocente. No es que consideren injusto que haya sido sometido a un proceso y condenado. En lo que no están de acuerdo es –Saavedra dixit- en la cantidad de años impuesta. ¿Eso los hace parte de la corte que Saavedra y RPP integran vestidos a lo Pompadour?
No. Y por eso es que hablamos de una auténtica manipulación de resultados. Frente a la pregunta específica de si Fujimori debió ser o no condenado, sólo un 26 por ciento, según los propios números semiencriptados de Saavedra, está por la absolución.
De modo que si sumamos el 36 por ciento de conformes, el 4 por ciento que piensa que debieron ser más años y el 28 por ciento de los que no rechazan una condena pero sí la severidad de la del martes, tenemos que el 68 por ciento de los encuestados han rechazado la idea de la inocencia y la absolución y que sólo un 26 por ciento se ha manifestado por la liberación sin cargos del señor Fujimori.
¿Ven hasta dónde puede llegar el criollismo del trío Los Chemas (Saavedra, Salcedo y Manuel Delgado)?
No importa. Estas majaderías de lloronas que solicitan su montepío era de esperarse. Ahora lo que aguardamos con fervor es la encuesta Benavente-Ilse, financiada por la rabia cuantiosa de quienes prosperaron hasta la grosería gracias a las leyes de la dictadura.
En otro cuadro, Saavedra ha puesto la pica en Flandes (o en Palacio de Gobierno). Dice que un 52 por ciento de encuestados de la capital estaría muy de acuerdo con que Alan García indulte a Fujimori.
Ese era el asunto de fondo. Primero te cuento lo de la injusticia y el clamor gimiente de las masas. Después te invito a que abras la reja. Ojalá que García, que en estos días parece haber recordado que es un Presidente, no caiga en estos cantos de manatí.
Diario La Primera
La putiencuesta de Manolito Saavedra, el hombre de CPI, ya está aquí. También vienen las de la Universidad de Lima, la de las hermanitas Susy y Cucharita Díaz, la del Bartolomé Herrera espectral y la de “La Razón” & Company, que siempre es la más creíble porque se hace sin recursos ni prejuicios ni preguntas.
Manolito Saavedra siempre fue uno de los científicos de la demoscopía que Fujimori llamaba a Palacio y pagaba al contado para que le dijera qué hacer cuando algún periodista incómodo había descubierto una porquería que debía ser tapada con un psicosocial, un milagro de utilería o un carraspeo terrorífico de Martha Chávez.
Gran consultor era Manolito. Yo lo conocí cuando era muy decente y estaba en el negocio de los conteos rápidos a boca de urna, así que fuimos dupla segura en varias elecciones. Y la verdad es que el hombre la achuntaba con frecuencia. En esos tiempos era un hombre modesto que vivía bien gracias a su trabajo.
Lo volví a ver, años después, en la época en que Baruch Ivcher le hacía la vida imposible con una tonelada de juicios. Lo acusaba de trampear con las cifras del rating. Y nunca supe quién tenía la razón en esto de las sintonías y los contoneos.
De lo que sí me di cuenta es de que ya el hombre estaba “trabajado” por el fujimorismo –con todo lo que eso puede implicar-. Esquivaba la mirada, hablaba más bajito que nunca, estaba secuestrado por una sucesión de subjuntivos que lo hacían indescifrable. Y una finísima caspa le veteaba los hombros, como si acabara de bajar de alguna altura alpina.
En ese periodo de su mutación, uno podía preguntarle si no creía que la gente estaba asqueada de tanta mugre nipo-peruana y el hombre te respondía:
“En los sectores A y B podría estar produciéndose, no sé si un rechazo o una especie de darse cuenta de que..., es decir, de percatarse de algunas diferencias entre el discurso del presidente y lo que podría estar haciéndose, pero, como tú sabes, César, esos sectores no son representativos...”
Entonces uno, por fregar, insistía:
-¿Y en el sector C?
-“Bueno, allí, donde tampoco tenemos un gran peso de acuerdo al padrón electoral, podrían estar sucediendo, muy discretamente, algunos cambios que, de mantenerse, y esto es una hipótesis, alterarían en un porcentaje mínimo ciertas cifras...”
El hombre se había convertido en el seguro servidor del sake y en el cortador del sashimi de Fujimori. Hablaba con la voz de un ábaco y uno presentía que tenía un kimono pervertido colgado en el baño.
En todo caso, demostró su sólida conversión al fujimorismo durante el largo vestíbulo de la segunda reelección (ilegal) del sátrapa.
Recuerdo perfectamente las maniobras que Saavedra y Forrado –y a veces Apoyo- hicieron para desalentar a la oposición, para desacreditar los discursos alternativos, para demoler a Andrade, para favorecer al Congreso hediondo y para gritar a los vientos, con sus cifras de contadores de Enron en la mano, que Fujimori era imprescindible, que su régimen tendía a la eternidad por aclamación y que el descontento era un invento del rencor.
¡Si le hubiésemos creído a Saavedra y a su harén de sumas teológicas jamás nos habríamos librado –Baygón en ristre- del fujimorismo ladrón y asesino!
Saavedra no sólo ganaba dinero aconsejando a Fujimori y dándole las encuestas que, a todo costo, le solicitaba Montesinos. Saavedra era también poderoso, íntimo y cercanísimo.
Y cuando hizo su Cepri propia y vendió su patente monopólica de mediciones de sintonía, la fortuna le llegó por fin. Ahora era un hombre encumbrado y con plata.
¡Cómo ha sufrido Manolito todos estos años de casi viudez despensionada!
Por eso es que ayer, más melancólico que nunca, este abanderado del fujimorismo nos regaló con una encuesta hecha –esa fue la fallida intención- para demostrarnos que “la condena a Fujimori es rechazada por el 59 por ciento de limeños”. Así decía el titular colgado en el portal de RPP. Parecía escupido por Carlitos Raffo.
¿Cincuenta y nueve por ciento de limeños rechaza la condena? –me pregunté antes de enterarme de que detrás de los números estaba Saavedra.
De inmediato, claro está, RPP, la radio de Manuel Delgado Parker –que pronto pondrá, en “Mi novela favorita”, “Pantaleón y los visitadores del SIN”- rebotó el regalito con todos los titulares posibles y con todos los Chemas y todos los Raúles reverberando.
Pero como los años a algunos mejoran y a otros les sancochan la azotea, resulta que las cifras de Manolito Saavedra no cuadran. O sea, se cuadran ante el jefazo de siempre pero resultan, como muchas de las de antes -las de los tiempos del cólera-, un verdadero fraude.
Un fraude al que el fujimorismo gregoriano de RPP se ha prestado.
Porque lo cierto es que si uno examina con atención los números de CPI –más allá del sesgo de las preguntas sentimentaloides- encontrará que la verdad es exactamente lo contrario de lo que nos han querido hacer creer.
Veamos. El 36 por ciento de los encuestados está plenamente conforme con la condena. Todavía hay un 4 por ciento que piensa que el veredicto debió ser más contundente. Allí tenemos ya un 40 por ciento.
Luego viene lo bueno. Si uno escarba detrás del curare que Saavedra y RPP le pusieron a los cuadros encuentra que hay un 28 por ciento de limeños que han sido puestos en el rubro del fujimorismo doliente porque han dicho que no están de acuerdo con la magnitud de la condena. No es que consideren a Fujimori inocente. No es que consideren injusto que haya sido sometido a un proceso y condenado. En lo que no están de acuerdo es –Saavedra dixit- en la cantidad de años impuesta. ¿Eso los hace parte de la corte que Saavedra y RPP integran vestidos a lo Pompadour?
No. Y por eso es que hablamos de una auténtica manipulación de resultados. Frente a la pregunta específica de si Fujimori debió ser o no condenado, sólo un 26 por ciento, según los propios números semiencriptados de Saavedra, está por la absolución.
De modo que si sumamos el 36 por ciento de conformes, el 4 por ciento que piensa que debieron ser más años y el 28 por ciento de los que no rechazan una condena pero sí la severidad de la del martes, tenemos que el 68 por ciento de los encuestados han rechazado la idea de la inocencia y la absolución y que sólo un 26 por ciento se ha manifestado por la liberación sin cargos del señor Fujimori.
¿Ven hasta dónde puede llegar el criollismo del trío Los Chemas (Saavedra, Salcedo y Manuel Delgado)?
No importa. Estas majaderías de lloronas que solicitan su montepío era de esperarse. Ahora lo que aguardamos con fervor es la encuesta Benavente-Ilse, financiada por la rabia cuantiosa de quienes prosperaron hasta la grosería gracias a las leyes de la dictadura.
En otro cuadro, Saavedra ha puesto la pica en Flandes (o en Palacio de Gobierno). Dice que un 52 por ciento de encuestados de la capital estaría muy de acuerdo con que Alan García indulte a Fujimori.
Ese era el asunto de fondo. Primero te cuento lo de la injusticia y el clamor gimiente de las masas. Después te invito a que abras la reja. Ojalá que García, que en estos días parece haber recordado que es un Presidente, no caiga en estos cantos de manatí.
09/04/09: Valle Riestra y Fujimori, por César Hildebrant (una inmensa verdad del fujimorista más aprista)
Valle Riestra y Fujimori
Diario La Primera
A mí no me extraña que Javier Valle Riestra, a quien le tengo estima traicionándome, esté hecho una furia por la condena merecidísima de quien fue, durante dos meses, su Presidente y superior.
Y digo que no me extraña porque de don Javier es posible esperar hasta la sinceridad. Y en esto de Fujimori, don Javier se ha presentado en ropas menores para expresar su ira de ex primer ministro y su desprecio de jurisconsulto no consultado (“la condena es putrefacta”, ha dicho desde el aroma de jazmines que lo envuelve).
El mismo día de la condena, alabada por el Colegio de Abogados que don Javier integra casi patriarcalmente, el tribuno preferido de “La Razón” pretendió rectificar a la sala presidida por César San Martín con un punto de vista de lo más provocador y punzante.
Ese punto de vista es el siguiente: si la pregunta básica de los criminalistas es “¿A quién beneficia el crimen?”, ¿cómo es posible pensar –argumenta Valle Riestra- que Alberto Fujimori se benefició de algún modo con “la ejecución de esos actos de barbarie inútiles?”
Pero el crimen estrictamente utilitario está reservado a los mortales comunes y corrientes: el marido que se beneficiará con una póliza, el legatario que apura los funerales del testador, el hombre que mata a un testigo que lo sorprendió robando y así por el estilo.
En los crímenes de índole política, esas ventajas mezquinas se consideran de otra manera.
¿Era importante para el aparato exterminador creado por Fujimori sembrar el terror donde pudiera ser sembrado y dejarlo flotando como una respuesta de Estado frente al terror que desataron Sendero y el MRTA?
Claro que lo era. Y en la concepción que de la autoridad tenía –y tiene- Fujimori, inspirar miedo era vital y demostrar que el Estado podía burlar el cerco de la ley y matar tan salvajemente como el terrorismo, era imprescindible.
De modo, que hasta en la lógica de Valle Riestra, hubo móvil y hubo provecho.
Pero Valle Riestra se pregunta pertinentemente: “Si el objetivo era intimidar, ¿por qué se ocultó entonces los cuerpos?”.
Precisamente, don Javier: para intimidar. Pregúnteles a las Madres de la Plaza de Mayo qué es más terrorífico: un hijo exterminado pero de cuerpo presente o un hijo desaparecido.
Y, al fin y al cabo, como bien sabe el erudito doctor Valle Riestra, sin cadáver no hay crimen y sin crimen no hay investigación y sin cadáver ni crimen ni investigación tampoco hay culpables. Con lo que todo resulta más temible aún: un Estado plagado de criminales que puede borrar huellas, negar detenciones o quemar esqueletos que se entierran dos veces en distintos lugares. O, como en el caso de Barrios Altos, dejar los cadáveres como escarmentadora exhibición.
¿Se benefició Stalin mandando matar a Trotsky después de matar a casi todo el politburó leninista de la Rusia soviética? A la larga no, pero en el plazo breve de su biografía miserable, por supuesto que sí. La mano larga de su red demostró hasta dónde podía llegar el internacionalismo del sicariato comunista. Stalin sólo se concebía produciendo terror.
¿Se benefició Pinochet dándole carta libre a las hienas que mataron a patadas y balazos al cantante Víctor Jara? Desde luego que sí. Pinochet necesitaba paralizar de miedo.
Si la pregunta de Valle Riestra fuese la del siglo, el infame Adolfo Hitler podría haber dicho algo parecido en relación al holocausto de judíos, homosexuales, comunistas y gitanos. ¿Qué provecho podía obtener el Tercer Reich, que aspiraba conquistar a Europa y que tenía la simpatía de la plutocracia de medio continente, matando inocentes por miles y dándole la razón a Winston Churchill? Pues el provecho del terror.
¿Qué provecho podía obtener Videla permitiendo que en la Escuela Mecánica de la Armada las vaginas de las interrogadas fuesen escarbadas por ratas vivas rabiosas? El de convertirse en la pesadilla maligna que llegó a ser.
Y el recientemente condenado a cadena perpetua coronel Theoneste Bagosora, oficial ruandés que dio el primer paso hacia la masacre de tutsis en la Ruanda de 1994, ¿qué provecho sacó llamando al exterminio de “las cucarachas” y exigiendo a sus tropas que no respetaran colegios ni embajadas ni orfelinatos? Ahora que está condenado, da la impresión de que no obtuvo nada de esa matazón. Pero cuando la instigó, su poder se hizo indiscutible.
Los crímenes de lesa humanidad no pueden medirse desde la criminalística vulgar. Son crímenes que parten de doctrinas degeneradas, de locuras que aspiran a ser ideológicas, de crueldades imbéciles e intolerancias sin sentido.
Cuando Martin Rivas le disparó en la cabeza a un niño de ocho años en Barrios Altos, ¿actuaba por su cuenta o interpretaba aquel marco ideológico y doctrinario creado por Fujimori y su entorno?
Y en la hipótesis de que hubiese actuado por su cuenta –dado que, según Valle Riestra, no hay órdenes escritas ni verbales en el expediente-, ¿entonces por qué Rivas fue después felicitado, ascendido, encubierto por Martha Chávez y el Congreso fujimorista y, más tarde, dos veces amnistiado por el mismo Fujimori?
La solución para Valle Riestra es, ahora, la amnistía o el indulto. El derecho internacional prohíbe esas “salidas” para los crímenes por los que ha sido sentenciado Fujimori. Valle Riestra sostiene que hasta la amnistía para el grupo Colina “fue convalidada por sentencia del Tribunal Constitucional (1997)”. ¿Es que Valle Riestra quisiera ver a Rivas y a su banda caminando por el barrio?
Todo es posible en un tribuno tan amplio y generoso como don Javier, quien justifica aun los secuestros de Gorriti y Dyer llamándolos “arrestos por horas” y diciendo “que se produjeron en estado de suspensión de garantías legítimo”.
Yo no puedo olvidar que el 11 de noviembre del 2008, en uno de sus flambeados escritos en defensa de Fujimori, Valle Riestra llegó a decir que fue timorata la actitud de quienes no incluyeron en la amnistía de 1945 a Carlos Steer Lafont.
Steer Lafont, según Valle Riestra, “fue protagonista de un asesinato cruel...pero político”.
Para mis lectores jóvenes, que deben de ser pocos pero son, habré de aclarar que Steer Lafont fue el fanático aprista que mató a balazos, en plena Plaza San Martín, a don Antonio Miró Quesada, director de “El Comercio”, y a su esposa María Laos de Miró Quesada.
Era mayo de 1935 y la primera declaración de Steer Lafont ante la policía fue que “había decidido matar, desde hace muchos meses, al señor Miró Quesada porque con los editoriales de su periódico incitaba a matarse entre peruanos...” (Dictamen del agente fiscal de Lima, 22 de julio de 1935).
Cuando le preguntaron por qué había matado también a María Laos de Miró Quesada dijo que la señora lo golpeó con su bolso de mano y que, luego de ver a su marido en el piso, la que sería su segunda víctima intentó abrir ese mismo bolso; que él (Steer Lafont) sospechó que María Laos podía estar tratando de sacar un arma y que, ante la sospecha, disparó a quemarropa y en el pecho.
¿Un asesinato cruel...pero político? ¿Una amnistía que debió darse?
¿A qué barbarie nos quieren regresar con tal de defender a Fujimori?
¿Por qué Javier Valle Riestra ha decidido huir de la posteridad benévola que parecía estar esperándolo? ¿Por qué un hombre de su inteligencia parece ahora el segundo de a bordo del Estudio Nakazaki? ¿Qué provecho puede obtener de tan extravagante crimen?
Diario La Primera
A mí no me extraña que Javier Valle Riestra, a quien le tengo estima traicionándome, esté hecho una furia por la condena merecidísima de quien fue, durante dos meses, su Presidente y superior.
Y digo que no me extraña porque de don Javier es posible esperar hasta la sinceridad. Y en esto de Fujimori, don Javier se ha presentado en ropas menores para expresar su ira de ex primer ministro y su desprecio de jurisconsulto no consultado (“la condena es putrefacta”, ha dicho desde el aroma de jazmines que lo envuelve).
El mismo día de la condena, alabada por el Colegio de Abogados que don Javier integra casi patriarcalmente, el tribuno preferido de “La Razón” pretendió rectificar a la sala presidida por César San Martín con un punto de vista de lo más provocador y punzante.
Ese punto de vista es el siguiente: si la pregunta básica de los criminalistas es “¿A quién beneficia el crimen?”, ¿cómo es posible pensar –argumenta Valle Riestra- que Alberto Fujimori se benefició de algún modo con “la ejecución de esos actos de barbarie inútiles?”
Pero el crimen estrictamente utilitario está reservado a los mortales comunes y corrientes: el marido que se beneficiará con una póliza, el legatario que apura los funerales del testador, el hombre que mata a un testigo que lo sorprendió robando y así por el estilo.
En los crímenes de índole política, esas ventajas mezquinas se consideran de otra manera.
¿Era importante para el aparato exterminador creado por Fujimori sembrar el terror donde pudiera ser sembrado y dejarlo flotando como una respuesta de Estado frente al terror que desataron Sendero y el MRTA?
Claro que lo era. Y en la concepción que de la autoridad tenía –y tiene- Fujimori, inspirar miedo era vital y demostrar que el Estado podía burlar el cerco de la ley y matar tan salvajemente como el terrorismo, era imprescindible.
De modo, que hasta en la lógica de Valle Riestra, hubo móvil y hubo provecho.
Pero Valle Riestra se pregunta pertinentemente: “Si el objetivo era intimidar, ¿por qué se ocultó entonces los cuerpos?”.
Precisamente, don Javier: para intimidar. Pregúnteles a las Madres de la Plaza de Mayo qué es más terrorífico: un hijo exterminado pero de cuerpo presente o un hijo desaparecido.
Y, al fin y al cabo, como bien sabe el erudito doctor Valle Riestra, sin cadáver no hay crimen y sin crimen no hay investigación y sin cadáver ni crimen ni investigación tampoco hay culpables. Con lo que todo resulta más temible aún: un Estado plagado de criminales que puede borrar huellas, negar detenciones o quemar esqueletos que se entierran dos veces en distintos lugares. O, como en el caso de Barrios Altos, dejar los cadáveres como escarmentadora exhibición.
¿Se benefició Stalin mandando matar a Trotsky después de matar a casi todo el politburó leninista de la Rusia soviética? A la larga no, pero en el plazo breve de su biografía miserable, por supuesto que sí. La mano larga de su red demostró hasta dónde podía llegar el internacionalismo del sicariato comunista. Stalin sólo se concebía produciendo terror.
¿Se benefició Pinochet dándole carta libre a las hienas que mataron a patadas y balazos al cantante Víctor Jara? Desde luego que sí. Pinochet necesitaba paralizar de miedo.
Si la pregunta de Valle Riestra fuese la del siglo, el infame Adolfo Hitler podría haber dicho algo parecido en relación al holocausto de judíos, homosexuales, comunistas y gitanos. ¿Qué provecho podía obtener el Tercer Reich, que aspiraba conquistar a Europa y que tenía la simpatía de la plutocracia de medio continente, matando inocentes por miles y dándole la razón a Winston Churchill? Pues el provecho del terror.
¿Qué provecho podía obtener Videla permitiendo que en la Escuela Mecánica de la Armada las vaginas de las interrogadas fuesen escarbadas por ratas vivas rabiosas? El de convertirse en la pesadilla maligna que llegó a ser.
Y el recientemente condenado a cadena perpetua coronel Theoneste Bagosora, oficial ruandés que dio el primer paso hacia la masacre de tutsis en la Ruanda de 1994, ¿qué provecho sacó llamando al exterminio de “las cucarachas” y exigiendo a sus tropas que no respetaran colegios ni embajadas ni orfelinatos? Ahora que está condenado, da la impresión de que no obtuvo nada de esa matazón. Pero cuando la instigó, su poder se hizo indiscutible.
Los crímenes de lesa humanidad no pueden medirse desde la criminalística vulgar. Son crímenes que parten de doctrinas degeneradas, de locuras que aspiran a ser ideológicas, de crueldades imbéciles e intolerancias sin sentido.
Cuando Martin Rivas le disparó en la cabeza a un niño de ocho años en Barrios Altos, ¿actuaba por su cuenta o interpretaba aquel marco ideológico y doctrinario creado por Fujimori y su entorno?
Y en la hipótesis de que hubiese actuado por su cuenta –dado que, según Valle Riestra, no hay órdenes escritas ni verbales en el expediente-, ¿entonces por qué Rivas fue después felicitado, ascendido, encubierto por Martha Chávez y el Congreso fujimorista y, más tarde, dos veces amnistiado por el mismo Fujimori?
La solución para Valle Riestra es, ahora, la amnistía o el indulto. El derecho internacional prohíbe esas “salidas” para los crímenes por los que ha sido sentenciado Fujimori. Valle Riestra sostiene que hasta la amnistía para el grupo Colina “fue convalidada por sentencia del Tribunal Constitucional (1997)”. ¿Es que Valle Riestra quisiera ver a Rivas y a su banda caminando por el barrio?
Todo es posible en un tribuno tan amplio y generoso como don Javier, quien justifica aun los secuestros de Gorriti y Dyer llamándolos “arrestos por horas” y diciendo “que se produjeron en estado de suspensión de garantías legítimo”.
Yo no puedo olvidar que el 11 de noviembre del 2008, en uno de sus flambeados escritos en defensa de Fujimori, Valle Riestra llegó a decir que fue timorata la actitud de quienes no incluyeron en la amnistía de 1945 a Carlos Steer Lafont.
Steer Lafont, según Valle Riestra, “fue protagonista de un asesinato cruel...pero político”.
Para mis lectores jóvenes, que deben de ser pocos pero son, habré de aclarar que Steer Lafont fue el fanático aprista que mató a balazos, en plena Plaza San Martín, a don Antonio Miró Quesada, director de “El Comercio”, y a su esposa María Laos de Miró Quesada.
Era mayo de 1935 y la primera declaración de Steer Lafont ante la policía fue que “había decidido matar, desde hace muchos meses, al señor Miró Quesada porque con los editoriales de su periódico incitaba a matarse entre peruanos...” (Dictamen del agente fiscal de Lima, 22 de julio de 1935).
Cuando le preguntaron por qué había matado también a María Laos de Miró Quesada dijo que la señora lo golpeó con su bolso de mano y que, luego de ver a su marido en el piso, la que sería su segunda víctima intentó abrir ese mismo bolso; que él (Steer Lafont) sospechó que María Laos podía estar tratando de sacar un arma y que, ante la sospecha, disparó a quemarropa y en el pecho.
¿Un asesinato cruel...pero político? ¿Una amnistía que debió darse?
¿A qué barbarie nos quieren regresar con tal de defender a Fujimori?
¿Por qué Javier Valle Riestra ha decidido huir de la posteridad benévola que parecía estar esperándolo? ¿Por qué un hombre de su inteligencia parece ahora el segundo de a bordo del Estudio Nakazaki? ¿Qué provecho puede obtener de tan extravagante crimen?
Categoría: Artículos de política
Publicado por: mbermudez
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La República
Se ratificó la sentencia a seis años de prisión impuesta al ex presidente Alberto Fujimori por el allanamiento ilegal a la casa de la esposa de su ex asesor Vladimiro Montesinos, Trinidad Becerra, en el 2000.
La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema rechazó el pedido que presentó la defensa de Fujimori para que se revisara esa condena, impuesta el 11 de diciembre de 2007, y confirmó el fallo, que responsabilizó al ex gobernante del delito de usurpación de funciones en agravio del Estado.
Según la información, la sala consideró que la sentencia se dio de acuerdo a la ley, porque durante el juicio no se vulneró el derecho a un debido proceso.
La decisión de esta sala del Supremo es inapelable y se convierte en la primera sentencia totalmente efectiva que deberá cumplir el ex gobernante (1990-2000), sentenciado ayer en primera instancia a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
Fujimori fue condenado esta vez por los delitos de homicidio calificado y asesinato con alevosía, lesiones graves y secuestro, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 muertos en 1991 y 1992, además de la privación de libertad de un periodista y un empresario en 1992.
El ex presidente también ha presentado un recurso de nulidad contra esta condena, que ahora deberá ser vista por otra sala de la Corte Suprema en una segunda y última instancia.
(Con información de EFE)
Se ratificó la sentencia a seis años de prisión impuesta al ex presidente Alberto Fujimori por el allanamiento ilegal a la casa de la esposa de su ex asesor Vladimiro Montesinos, Trinidad Becerra, en el 2000.
La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema rechazó el pedido que presentó la defensa de Fujimori para que se revisara esa condena, impuesta el 11 de diciembre de 2007, y confirmó el fallo, que responsabilizó al ex gobernante del delito de usurpación de funciones en agravio del Estado.
Según la información, la sala consideró que la sentencia se dio de acuerdo a la ley, porque durante el juicio no se vulneró el derecho a un debido proceso.
La decisión de esta sala del Supremo es inapelable y se convierte en la primera sentencia totalmente efectiva que deberá cumplir el ex gobernante (1990-2000), sentenciado ayer en primera instancia a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
Fujimori fue condenado esta vez por los delitos de homicidio calificado y asesinato con alevosía, lesiones graves y secuestro, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 muertos en 1991 y 1992, además de la privación de libertad de un periodista y un empresario en 1992.
El ex presidente también ha presentado un recurso de nulidad contra esta condena, que ahora deberá ser vista por otra sala de la Corte Suprema en una segunda y última instancia.
(Con información de EFE)
La República
Un estudio de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) revela que la mayoría de calzados en Perú, en especial el del mercado escolar, incumplen nomas de calidad.
Señala que se ha fabricado o comercializado calzado por marcas nacionales o transnacionales que fueron confeccionados con deficiencias en el material empleado y sin cumplir con las especificaciones técnicas como la calidad del cuero, grosor de la suela o la resistencia a la fricción con el pavimento.
Estimó que más de 3.5 millones de pares de calzados escolares fueron mal confeccionados. En total, en el mercado peruano se comercializan más de 56 millones de pares de calzados entre zapatos, zapatillas, sandalias, etcétera, señaló la directora del Centro de Innovación Tecnológica del Cuero y del Calzado (Citecal), Adriana Ríos.
El estudio se realizó en los laboratorios de Citecal, sobre una muestra de 20 marcas nacionales y transnacionales, a las cuales se sometió a todo tipo de pruebas para comprobar su resistencia a la flexión y el desgarro, la permeabilidad, solidez, el espesor de la planta, la seguridad y duración.
Sólo el 10%o de las marcas investigadas (Lumberjack y Hush Puppies), resultaron las mejores calificadas; y una de las peores calificadas fue la marca Michael, sostuvo el presidente de Aspec, Jaime Delgado.
“Si bien la norma no es de carácter obligatorio, es una buena referencia para establecer los parámetros de calidad de este tipo de calzado.”
Afirmó además que la mayoría de marcas no cumple con indicar los materiales empleados en su fabricación mediante un rotulado. “Esta disposición es obligatoria para todos los fabricantes de calzado y debería consignar los materiales utilizados para la capellada (parte superior), la planta, el forro y la plantilla.”
Uno de los aspectos más preocupantes es que 13 de las 20 marcas analizadas no cumplían con el espesor reglamentario de la planta, arriesgando la seguridad de los pies del niño, ya que puede introducirse alguna punta filuda. La norma establece que el grosor mínimo debe ser de cuatro milímetros, pero hay marcas que tienen apenas 2.24 milímetros, es decir, casi la mitad de lo reglamentario.
Asimismo, precisó que Aspec denunciará a las marcas infractoras ante el Indecopi por omitir esa disposición obligatoria.
(Con información de Andina)
Un estudio de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) revela que la mayoría de calzados en Perú, en especial el del mercado escolar, incumplen nomas de calidad.
Señala que se ha fabricado o comercializado calzado por marcas nacionales o transnacionales que fueron confeccionados con deficiencias en el material empleado y sin cumplir con las especificaciones técnicas como la calidad del cuero, grosor de la suela o la resistencia a la fricción con el pavimento.
Estimó que más de 3.5 millones de pares de calzados escolares fueron mal confeccionados. En total, en el mercado peruano se comercializan más de 56 millones de pares de calzados entre zapatos, zapatillas, sandalias, etcétera, señaló la directora del Centro de Innovación Tecnológica del Cuero y del Calzado (Citecal), Adriana Ríos.
El estudio se realizó en los laboratorios de Citecal, sobre una muestra de 20 marcas nacionales y transnacionales, a las cuales se sometió a todo tipo de pruebas para comprobar su resistencia a la flexión y el desgarro, la permeabilidad, solidez, el espesor de la planta, la seguridad y duración.
Sólo el 10%o de las marcas investigadas (Lumberjack y Hush Puppies), resultaron las mejores calificadas; y una de las peores calificadas fue la marca Michael, sostuvo el presidente de Aspec, Jaime Delgado.
“Si bien la norma no es de carácter obligatorio, es una buena referencia para establecer los parámetros de calidad de este tipo de calzado.”
Afirmó además que la mayoría de marcas no cumple con indicar los materiales empleados en su fabricación mediante un rotulado. “Esta disposición es obligatoria para todos los fabricantes de calzado y debería consignar los materiales utilizados para la capellada (parte superior), la planta, el forro y la plantilla.”
Uno de los aspectos más preocupantes es que 13 de las 20 marcas analizadas no cumplían con el espesor reglamentario de la planta, arriesgando la seguridad de los pies del niño, ya que puede introducirse alguna punta filuda. La norma establece que el grosor mínimo debe ser de cuatro milímetros, pero hay marcas que tienen apenas 2.24 milímetros, es decir, casi la mitad de lo reglamentario.
Asimismo, precisó que Aspec denunciará a las marcas infractoras ante el Indecopi por omitir esa disposición obligatoria.
(Con información de Andina)
09/04/09: Eligen a Pizarro entre los mejores 50 delanteros del planeta (y con el Perú no hizo goles)
Una lista elaborada por la revista alemana Sport Bild ubica al peruano en el puesto 33, por encima de jugadores como Alberto Gilardino, Francesco Totti, Carlos Tévez y Robie Van Persie. Lionel Messi encabeza la nómina.
Perú 21
Pese a sus problemas en el Perú, el Bombardero sigue cosechando triunfos en el extranjero. (Sportbild.de)
Dicen que nadie es profeta en su propia tierra y ese dicho podría aplicársele a Claudio Pizarro, criticado e investigado por una presunta evasión de impuestos en el Perú, pero que acaba de ser considerado por la revista alemana Sport Bild en el puesto 33 de su lista de los ’50 mejores delanteros del planeta”, que lidera el argentino Lionel Messi.
El citado medio deportivo utilizó cinco criterios para depurar su listado, que tuvo 110 atacantes preseleccionados: valor en el mercado (según la web Transfermarkt.de), promedio de gol de la temporada, además de las opiniones de la revista misma y los ex campeones mundiales alemanes Lottar Matthaüs y Bertie Vogts.
El “Bombardero” ocupó el lugar 14 según el criterio de goleadores, por su promedio de 0,67 goles por partido, pero fue número 68 por su valor de 11 millones de dólares, mientras que la puntuación de Sport Bild lo puso en la casilla 46.
Completando la votación, Matthäus lo puso como 51 y Vogts de 22, lo que terminó ubicando al peruano en el puesto 33, por delante de reconocidos delanteros como Alberto Gilardino de la Fiorentina (36), Francesco Totti de la Roma (37), Carlos Tévez del Manchester United (38), Robie Van Persie del Arsenal (38), Alessandro del Piero de la Juventus (44), Ivica Olic del Hamburgo (45), Dirk Kuyt del Liverpool (46) y Adriano del Inter de Milan (49).
Además, fuera de argentinos y brasileños, “Piza” es el único sudamericano de la lista junto con el uruguayo Diego Forlán del Atlético Madrid (17).
El líder de la tabla es el argentino Lionel Messi, seguido de su compañero en el Barcelona Samuel Eto’o, el español David Villa del Valencia, el sueco Zlatan Ibrahimovic del Inter y el portugués Cristiano Ronaldo. Vea aquí la lista completa .
PARTIDO UEFA. De otro lado, Pizarro buscará mantener su buen momento cuando el Werder Bremen reciba este jueves al Udinese, por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa UEFA.
Perú 21
Pese a sus problemas en el Perú, el Bombardero sigue cosechando triunfos en el extranjero. (Sportbild.de)
Dicen que nadie es profeta en su propia tierra y ese dicho podría aplicársele a Claudio Pizarro, criticado e investigado por una presunta evasión de impuestos en el Perú, pero que acaba de ser considerado por la revista alemana Sport Bild en el puesto 33 de su lista de los ’50 mejores delanteros del planeta”, que lidera el argentino Lionel Messi.
El citado medio deportivo utilizó cinco criterios para depurar su listado, que tuvo 110 atacantes preseleccionados: valor en el mercado (según la web Transfermarkt.de), promedio de gol de la temporada, además de las opiniones de la revista misma y los ex campeones mundiales alemanes Lottar Matthaüs y Bertie Vogts.
El “Bombardero” ocupó el lugar 14 según el criterio de goleadores, por su promedio de 0,67 goles por partido, pero fue número 68 por su valor de 11 millones de dólares, mientras que la puntuación de Sport Bild lo puso en la casilla 46.
Completando la votación, Matthäus lo puso como 51 y Vogts de 22, lo que terminó ubicando al peruano en el puesto 33, por delante de reconocidos delanteros como Alberto Gilardino de la Fiorentina (36), Francesco Totti de la Roma (37), Carlos Tévez del Manchester United (38), Robie Van Persie del Arsenal (38), Alessandro del Piero de la Juventus (44), Ivica Olic del Hamburgo (45), Dirk Kuyt del Liverpool (46) y Adriano del Inter de Milan (49).
Además, fuera de argentinos y brasileños, “Piza” es el único sudamericano de la lista junto con el uruguayo Diego Forlán del Atlético Madrid (17).
El líder de la tabla es el argentino Lionel Messi, seguido de su compañero en el Barcelona Samuel Eto’o, el español David Villa del Valencia, el sueco Zlatan Ibrahimovic del Inter y el portugués Cristiano Ronaldo. Vea aquí la lista completa .
PARTIDO UEFA. De otro lado, Pizarro buscará mantener su buen momento cuando el Werder Bremen reciba este jueves al Udinese, por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa UEFA.
Agrorural plantea impulsar industria de piscigranjas en la selva
Buscan impulsar producción de paiche en piscigranjas.
(ANDINA).- El Perú tiene el potencial para producir más de 50 mil toneladas métricas de paiche, lo que reportaría al país unos US$ 1,100 millones en ingresos –con un precio referencial de exportación de US$ 22 por kilo–, según información difundida por Agrorural.
La entidad cita un estudio económico de la ONG Dealsi, que contempla el impulso de la piscicultura del paiche en Perú a través de un programa que brinde capacitación, formación empresarial, sostenibilidad en la transformación y cadenas en frío.
Al respecto, el director ejecutivo de Agrorural, arquitecto Rodolfo Beltrán Bravo, manifestó que la pesca en la Amazonía de Perú disminuye debido a la contaminación de los ríos, y la depredación de algunas especies por falta de normas de protección y regulación. En el caso del paiche, en medios naturales sobrevive el 15 por ciento del desove.
“En cautiverio o piscigranjas puede llegar a sobrevivir el 90 por ciento. Si sólo se devolviera el 30 por ciento de los jóvenes para el repoblamiento, se mantendría un equilibrio ideal.”
El principal alimento de la población amazónica es el pescado. En la región se consumen 250,000 TN al año de las 280 especies existentes, esto es 30 kilos per cápita; más que el resto del país, que consume sólo unos 20 kilos, agrega el funcionario.
En Iquitos se consumen 14,000 TN de pescado versus 1,000 TN de carne de vacuno. El Omega 3 se presenta en mayor cantidad en las especies marinas.
Durante 2007, en la Amazonía se extrajeron unas 38,777 TN; en tanto que a través de la acuicultura, sólo 3,348 TN.
Existe mercado para la exportación del paiche. En el mundo se maneja una
producción de 60 millones de toneladas anuales; China ocupa el primer lugar
con el 60 por ciento de participación.
Precisamente, para incentivar entre los productores de la Selva Central, Región Junín, el uso adecuado de los recursos disponibles para el desarrollo de la acuicultura, el Ministerio de Agricultura, a través de Agrorural, la ONG Dealsi y la municipalidad de Satipo, organiza el taller “Cultura acuícola amazónica en la selva central, oportunidades y desafíos”.
El evento se desarrollará el viernes 24 y sábado 25 de abril del presente año, en las instalaciones del centro de convenciones del club social Satipo, y comprende información teórica, trabajo en grupo e instrucción práctica en el campo.
Buscan impulsar producción de paiche en piscigranjas.
(ANDINA).- El Perú tiene el potencial para producir más de 50 mil toneladas métricas de paiche, lo que reportaría al país unos US$ 1,100 millones en ingresos –con un precio referencial de exportación de US$ 22 por kilo–, según información difundida por Agrorural.
La entidad cita un estudio económico de la ONG Dealsi, que contempla el impulso de la piscicultura del paiche en Perú a través de un programa que brinde capacitación, formación empresarial, sostenibilidad en la transformación y cadenas en frío.
Al respecto, el director ejecutivo de Agrorural, arquitecto Rodolfo Beltrán Bravo, manifestó que la pesca en la Amazonía de Perú disminuye debido a la contaminación de los ríos, y la depredación de algunas especies por falta de normas de protección y regulación. En el caso del paiche, en medios naturales sobrevive el 15 por ciento del desove.
“En cautiverio o piscigranjas puede llegar a sobrevivir el 90 por ciento. Si sólo se devolviera el 30 por ciento de los jóvenes para el repoblamiento, se mantendría un equilibrio ideal.”
El principal alimento de la población amazónica es el pescado. En la región se consumen 250,000 TN al año de las 280 especies existentes, esto es 30 kilos per cápita; más que el resto del país, que consume sólo unos 20 kilos, agrega el funcionario.
En Iquitos se consumen 14,000 TN de pescado versus 1,000 TN de carne de vacuno. El Omega 3 se presenta en mayor cantidad en las especies marinas.
Durante 2007, en la Amazonía se extrajeron unas 38,777 TN; en tanto que a través de la acuicultura, sólo 3,348 TN.
Existe mercado para la exportación del paiche. En el mundo se maneja una
producción de 60 millones de toneladas anuales; China ocupa el primer lugar
con el 60 por ciento de participación.
Precisamente, para incentivar entre los productores de la Selva Central, Región Junín, el uso adecuado de los recursos disponibles para el desarrollo de la acuicultura, el Ministerio de Agricultura, a través de Agrorural, la ONG Dealsi y la municipalidad de Satipo, organiza el taller “Cultura acuícola amazónica en la selva central, oportunidades y desafíos”.
El evento se desarrollará el viernes 24 y sábado 25 de abril del presente año, en las instalaciones del centro de convenciones del club social Satipo, y comprende información teórica, trabajo en grupo e instrucción práctica en el campo.
Categoría: temas de realidad
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09/04/09: Sale Ley del Servicio de Defensa Pública
Ley crea sistema integral para defensa penal, civil, laboral y hasta familiar de peruanos
(ANDINA).- La Ley del Servicio de Defensa Pública, aprobada hoy por el pleno del Congreso, crea un sistema integral que involucra todas las materias judiciales, es decir, la penal, civil, laboral y hasta de familia, afirmó el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren.
Tras resaltar que la norma sancionada garantiza el correcto acceso a la justicia de todos los ciudadanos, añadió que asegura también una carrera de defensores de oficio profesionales, que serán monitoreados por un organismo afín.
Explicó que los futuros defensores de oficio se diferenciarán de los actuales, puesto que su actividad no sólo se orientará al tema penal.
Esta ley, prosiguió, modifica la legislación vigente y permite a los abogados de oficio actuar por cada una de las instancias de un mismo proceso judicial.
“Ello origina que en un solo juicio exista un defensor por la primera instancia y otro por la segunda y así, sucesivamente. Obviamente, al cambiar de abogado en un mismo proceso se debilita la capacidad de defensa.”
En ese sentido, destacó que la norma sancionada establece que habrá un solo defensor de oficio a lo largo de todo el proceso.
Eguren explicó que la disposición legal fue inicialmente observada por el Ejecutivo por que tenía iniciativa de gasto.
Por eso, dijo, se estableció que la norma no podía regir a partir de su publicación, es decir, en enero del presente año, en la medida en que no se contaba con el presupuesto pertinente; pero ahora entrará en vigencia en 2010.
El parlamentario destacó la importancia de la ley y sostuvo que garantiza el acceso de todos los peruanos a la administración de justicia.
“En un estado democrático de derecho y social propugnado por la Constitución, tiene que darse cobertura básica para garantizar los derechos fundamentales.”
Dijo que por esa razón se garantiza la educación gratuita y el acceso a la salud.
“Dentro de esa misma línea, ahora aseguramos la capacidad de defensa a favor de todos los ciudadanos, como una condición para reducir la brecha social.”
(ANDINA).- La Ley del Servicio de Defensa Pública, aprobada hoy por el pleno del Congreso, crea un sistema integral que involucra todas las materias judiciales, es decir, la penal, civil, laboral y hasta de familia, afirmó el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren.
Tras resaltar que la norma sancionada garantiza el correcto acceso a la justicia de todos los ciudadanos, añadió que asegura también una carrera de defensores de oficio profesionales, que serán monitoreados por un organismo afín.
Explicó que los futuros defensores de oficio se diferenciarán de los actuales, puesto que su actividad no sólo se orientará al tema penal.
Esta ley, prosiguió, modifica la legislación vigente y permite a los abogados de oficio actuar por cada una de las instancias de un mismo proceso judicial.
“Ello origina que en un solo juicio exista un defensor por la primera instancia y otro por la segunda y así, sucesivamente. Obviamente, al cambiar de abogado en un mismo proceso se debilita la capacidad de defensa.”
En ese sentido, destacó que la norma sancionada establece que habrá un solo defensor de oficio a lo largo de todo el proceso.
Eguren explicó que la disposición legal fue inicialmente observada por el Ejecutivo por que tenía iniciativa de gasto.
Por eso, dijo, se estableció que la norma no podía regir a partir de su publicación, es decir, en enero del presente año, en la medida en que no se contaba con el presupuesto pertinente; pero ahora entrará en vigencia en 2010.
El parlamentario destacó la importancia de la ley y sostuvo que garantiza el acceso de todos los peruanos a la administración de justicia.
“En un estado democrático de derecho y social propugnado por la Constitución, tiene que darse cobertura básica para garantizar los derechos fundamentales.”
Dijo que por esa razón se garantiza la educación gratuita y el acceso a la salud.
“Dentro de esa misma línea, ahora aseguramos la capacidad de defensa a favor de todos los ciudadanos, como una condición para reducir la brecha social.”
Categoría: Artículos derecho constitucional
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(ANDINA).- El presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, César Hinostroza, inauguró el año académico de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales, la misma que beneficiará en su primera etapa a más de 150 operadores judiciales.
Estas capacitaciones tienen el objetivo de mejorar la calidad del trabajo de apoyo que brindan los trabajadores del Poder Judicial en sus respectivas áreas y facilitar su capacitación continua.
Hinostroza Pariachi afirmó que este proyecto académico, que se pone en marcha por primera vez en el Callao, permitirá lograr la eficiencia y eficacia en la prestación del servicio de justicia a través de la producción de mayor número de resoluciones judiciales, entre autos y sentencias y con una mejor calidad.
“El justiciable tiene derecho a recibir una sentencia bien elaborada, sustentada e incuestionable, para ello se ha puesto en marcha esta Escuela que velará por una preparación óptima de nuestros trabajadores con docentes de primer nivel de la Academia de la Magistratura”, manifestó.
En otro momento, Rosa Ruth Benavides Vargas, directora de la Escuela, explicó la metodología de trabajo de los dos primeros módulos a ejecutarse desde hoy en base a la jurisprudencia del Supremo Tribunal de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional y que se desarrollarán hasta el mes de mayo en 16 sesiones.
El primero de ellos es el módulo de Derecho Civil que será dirigido por el profesor Jorge Beltrán Pacheco, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú los lunes y miércoles.
El segundo módulo es sobre Derecho Penal-parte general, dirigido los martes y jueves por el docente José Luis Castillo Alva, profesor de la Academia de la Magistratura.
Para apoyar a los magistrados y operadores judiciales en cuanto a su capacitación o especialización, la Corte del Callao ha firmado convenios con la universidades Alas Peruanas y Norbert Wiener, así como con el Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales.
Estas capacitaciones tienen el objetivo de mejorar la calidad del trabajo de apoyo que brindan los trabajadores del Poder Judicial en sus respectivas áreas y facilitar su capacitación continua.
Hinostroza Pariachi afirmó que este proyecto académico, que se pone en marcha por primera vez en el Callao, permitirá lograr la eficiencia y eficacia en la prestación del servicio de justicia a través de la producción de mayor número de resoluciones judiciales, entre autos y sentencias y con una mejor calidad.
“El justiciable tiene derecho a recibir una sentencia bien elaborada, sustentada e incuestionable, para ello se ha puesto en marcha esta Escuela que velará por una preparación óptima de nuestros trabajadores con docentes de primer nivel de la Academia de la Magistratura”, manifestó.
En otro momento, Rosa Ruth Benavides Vargas, directora de la Escuela, explicó la metodología de trabajo de los dos primeros módulos a ejecutarse desde hoy en base a la jurisprudencia del Supremo Tribunal de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional y que se desarrollarán hasta el mes de mayo en 16 sesiones.
El primero de ellos es el módulo de Derecho Civil que será dirigido por el profesor Jorge Beltrán Pacheco, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú los lunes y miércoles.
El segundo módulo es sobre Derecho Penal-parte general, dirigido los martes y jueves por el docente José Luis Castillo Alva, profesor de la Academia de la Magistratura.
Para apoyar a los magistrados y operadores judiciales en cuanto a su capacitación o especialización, la Corte del Callao ha firmado convenios con la universidades Alas Peruanas y Norbert Wiener, así como con el Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales.
Keiko Fujimori afirmó que no ha tenido ningún tipo de conversación con el Apra
Ante la prensa extranjera, la congresista negó los rumores de que ha pedido al Gobierno un indulto presidencial para su padre, Alberto Fujimori
(EFE / elcomercio.com.pe).- Ante los rumores de un pedido de indulto al presidente Alan García o a miembros del Apra, la congresista Keiko Fujimori aseguró que no ha tenido ningún tipo de conversación sobre la situación de su padre , el ex presidente Alberto Fujimori.
En diálogo con la prensa extranjera, la parlamentaria aclaró que mientras el proceso judicial siga en marcha no piensa pronunciarse sobre la posibilidad del indulto para el ex mandatario tras ser condenado a 25 años de prisión.
Sobre la pena impuesta a Fujimori por los delitos de homicidio calificado y secuestro, Keiko consideró que esta es “una sentencia contra el Estado peruano y las Fuerzas Armadas”.
“Es una sentencia contra el Estado peruano, contra las fuerzas armadas, la policía, los comités de autodefensa y contra todas las personas que no cedimos al chantaje del terrorismo”, dijo la legisladora.
Keiko, considerada heredera política de Alberto Fujimori, dijo además que la condena a su padre, que calificó de “crónica de una sentencia anunciada”, no hará sino “fortalecer al fujimorismo, pues se une más y logra más apoyo y simpatía de la gente”.
“Esta sentencia tan dura va a ser un bumerán contra los perseguidores de Alberto Fujimori; si pensaban que con esto derrotaban al fujimorismo, es todo lo contrario”, dijo, y aseguró que está recibiendo muchos mensajes de ánimo “de sectores populares”.
La cabeza del Grupo Parlamentario Fujimorista, congresista más votada en la cámara peruana, aseguró haber “perdido la confianza en la justicia peruana” y vaticinó que en los próximos juicios que se abran a su padre por casos de corrupción, éste “será condenado sin considerar si existe culpabilidad”.
La hija de Alberto Fujimori no aludió a ninguna intromisión política en el tribunal que condenó a su padre, pero consideró que la corte ha estado expuesta a una gran “presión mediática y a una campaña muy fuerte por parte de organismos de derechos humanos a nivel mundial contra Alberto Fujimori”.
Una vez más Keiko eludió confirmar si será candidata a las próximas elecciones presidenciales en 2011, pese a ser la cabeza más visible del movimiento fujimorista, y aseguró estar dedicada a poner en pie su partido Fuerza 2011, para el que ya ha recogido 700.000 firmas.
Ante la posibilidad de que el presidente Alan García sea encausado por matanzas parecidas a las que le costaron la condena a Alberto Fujimori (concretamente la matanza de El Frontón, con más de cien muertos), Keiko dijo que “esa posibilidad está abierta”, pero acotó que es el propio García quien debe responder si está o no preocupado por ello.
Los fujimoristas tienen previsto realizar esta misma tarde un mitin de repulsa contra la sentencia pronunciada ayer por el tribunal, en una concentración en la que podrán demostrar hasta qué punto tienen capacidad de movilización, incluso en vísperas de las fiestas de Semana Santa.
Ante la prensa extranjera, la congresista negó los rumores de que ha pedido al Gobierno un indulto presidencial para su padre, Alberto Fujimori
(EFE / elcomercio.com.pe).- Ante los rumores de un pedido de indulto al presidente Alan García o a miembros del Apra, la congresista Keiko Fujimori aseguró que no ha tenido ningún tipo de conversación sobre la situación de su padre , el ex presidente Alberto Fujimori.
En diálogo con la prensa extranjera, la parlamentaria aclaró que mientras el proceso judicial siga en marcha no piensa pronunciarse sobre la posibilidad del indulto para el ex mandatario tras ser condenado a 25 años de prisión.
Sobre la pena impuesta a Fujimori por los delitos de homicidio calificado y secuestro, Keiko consideró que esta es “una sentencia contra el Estado peruano y las Fuerzas Armadas”.
“Es una sentencia contra el Estado peruano, contra las fuerzas armadas, la policía, los comités de autodefensa y contra todas las personas que no cedimos al chantaje del terrorismo”, dijo la legisladora.
Keiko, considerada heredera política de Alberto Fujimori, dijo además que la condena a su padre, que calificó de “crónica de una sentencia anunciada”, no hará sino “fortalecer al fujimorismo, pues se une más y logra más apoyo y simpatía de la gente”.
“Esta sentencia tan dura va a ser un bumerán contra los perseguidores de Alberto Fujimori; si pensaban que con esto derrotaban al fujimorismo, es todo lo contrario”, dijo, y aseguró que está recibiendo muchos mensajes de ánimo “de sectores populares”.
La cabeza del Grupo Parlamentario Fujimorista, congresista más votada en la cámara peruana, aseguró haber “perdido la confianza en la justicia peruana” y vaticinó que en los próximos juicios que se abran a su padre por casos de corrupción, éste “será condenado sin considerar si existe culpabilidad”.
La hija de Alberto Fujimori no aludió a ninguna intromisión política en el tribunal que condenó a su padre, pero consideró que la corte ha estado expuesta a una gran “presión mediática y a una campaña muy fuerte por parte de organismos de derechos humanos a nivel mundial contra Alberto Fujimori”.
Una vez más Keiko eludió confirmar si será candidata a las próximas elecciones presidenciales en 2011, pese a ser la cabeza más visible del movimiento fujimorista, y aseguró estar dedicada a poner en pie su partido Fuerza 2011, para el que ya ha recogido 700.000 firmas.
Ante la posibilidad de que el presidente Alan García sea encausado por matanzas parecidas a las que le costaron la condena a Alberto Fujimori (concretamente la matanza de El Frontón, con más de cien muertos), Keiko dijo que “esa posibilidad está abierta”, pero acotó que es el propio García quien debe responder si está o no preocupado por ello.
Los fujimoristas tienen previsto realizar esta misma tarde un mitin de repulsa contra la sentencia pronunciada ayer por el tribunal, en una concentración en la que podrán demostrar hasta qué punto tienen capacidad de movilización, incluso en vísperas de las fiestas de Semana Santa.
07/04/09: Alberto Fujimori Fujimori: Condenado por Justicia Peruana por violación de Derechos Humanos
La justicia peruana condena al ex mandatario por violación de derechos humanos
Los cargos son por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti. Sigue la lectura de la condena
El Comercio
El ex presidente Alberto Fujimori fue hallado culpable de cuatro delitos por la justicia peruana en la sesión 161 del proceso penal que se le sigue.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia presidida por el juez César San Martín Castro lo halló culpable por las masacres de la universidad La Cantuta y Barrios Altos, y por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti.
Fujimori, que cumple 71 años el próximo 28 de julio, recibió su condena tras 484 días de iniciado el juicio el 10 de diciembre de 2007.
Vestido de terno y corbata negra, y bebiendo agua mineral en varios momentos, Fujimori escuchó en silencio la sentencia mientras escribía en unos papeles blancos sin mirar en ningún momento al tribunal.
El juez San Martín dijo que por la complejidad del caso y por la gravedad de las acusaciones un equipo formado por mas de 20 personas trabajó junto a los 3 magistrados.
Los cargos son por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti. Sigue la lectura de la condena
El Comercio
El ex presidente Alberto Fujimori fue hallado culpable de cuatro delitos por la justicia peruana en la sesión 161 del proceso penal que se le sigue.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia presidida por el juez César San Martín Castro lo halló culpable por las masacres de la universidad La Cantuta y Barrios Altos, y por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti.
Fujimori, que cumple 71 años el próximo 28 de julio, recibió su condena tras 484 días de iniciado el juicio el 10 de diciembre de 2007.
Vestido de terno y corbata negra, y bebiendo agua mineral en varios momentos, Fujimori escuchó en silencio la sentencia mientras escribía en unos papeles blancos sin mirar en ningún momento al tribunal.
El juez San Martín dijo que por la complejidad del caso y por la gravedad de las acusaciones un equipo formado por mas de 20 personas trabajó junto a los 3 magistrados.
Categoría: Artículos derecho penal
Publicado por: mbermudez
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Momento histórico
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
La República
Todos debemos respetar la sentencia de hoy
La foto de hoy en la Diroes, cuando el magistrado César San Martín lea la sentencia frente a Alberto Fujimori sentado en el banquillo del acusado, dará la vuelta al mundo inmediatamente en la web, mañana será portada de todos los diarios nacionales, de varios de otros países, y ningún peruano podrá olvidarla.
No habrá momento más crucial ni con más implicancias políticas futuras, en todos los juicios de Fujimori, que el de esta mañana. Las partes podrán apelar el fallo, pero es difícil imaginar que la siguiente instancia vaya a modificar su sentido, convirtiendo una condena en absolución o viceversa.
El fallo de hoy corresponde a uno de los tres juicios que se le sigue a Fujimori, dentro de los límites fijados por la extradición de la justicia chilena, pero este será, por su naturaleza vinculada a derechos humanos, es decir, a la vida, el más importante y con mayor incidencia local e internacional.
Todas las fases del procesamiento judicial de Fujimori son importantes, además, pues están permitiendo a los peruanos una catarsis de los turbulentos años noventa. Pero ninguno lo será como el de esta mañana. Hoy es, por tanto, un momento histórico que se recordará mucho tiempo después, y que los libros de historia consignarán de manera destacada.
Lo más probable es que –con toda justicia– hoy Fujimori será condenado. Este hecho será otra característica fundamental de la sentencia de esta mañana, pues transmitirá un mensaje claro a los poderosos que, como siempre en el país, les gusta ejercer sus cargos con arrogancia, prepotencia y poco cuidado por la gente, creyéndose intocables. El mensaje de que esto puede empezar a cambiar será lanzado esta mañana.
Asimismo, los peruanos hemos tenido la oportunidad singular de asistir a un juicio ejemplar llevado con mucha profesionalidad. Desde el tribunal de César San Martín, Hugo Príncipe y Víctor Prado; los fiscales –José Peláez y especialmente Avelino Guillén, quien tuvo un papel descollante–; los abogados de la parte civil –Ronald Gamarra, Carlos Rivera y Gloria Cano–; y el de la defensa, César Nakazaki, quien dio un ejemplo de cómo hacer una defensa profesional sin contaminarse del carácter político de su cliente, pues siempre pareció un abogado, no un fujimorista. Fue un gran juicio.
Debo confesar que, cuando Fujimori estaba en Japón, hubiera apostado, a ojos cerrados, a que este día nunca llegaría. Pero todo tiene su final. El proceso fue largo, pero los peruanos podemos estar orgullosos de haber tenido un juicio ejemplar. Ojalá que hoy tengamos una gran conclusión cualquiera sea la sentencia. El fallo debe ser respetado por todos, nos guste o no nos guste.
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
La República
Todos debemos respetar la sentencia de hoy
La foto de hoy en la Diroes, cuando el magistrado César San Martín lea la sentencia frente a Alberto Fujimori sentado en el banquillo del acusado, dará la vuelta al mundo inmediatamente en la web, mañana será portada de todos los diarios nacionales, de varios de otros países, y ningún peruano podrá olvidarla.
No habrá momento más crucial ni con más implicancias políticas futuras, en todos los juicios de Fujimori, que el de esta mañana. Las partes podrán apelar el fallo, pero es difícil imaginar que la siguiente instancia vaya a modificar su sentido, convirtiendo una condena en absolución o viceversa.
El fallo de hoy corresponde a uno de los tres juicios que se le sigue a Fujimori, dentro de los límites fijados por la extradición de la justicia chilena, pero este será, por su naturaleza vinculada a derechos humanos, es decir, a la vida, el más importante y con mayor incidencia local e internacional.
Todas las fases del procesamiento judicial de Fujimori son importantes, además, pues están permitiendo a los peruanos una catarsis de los turbulentos años noventa. Pero ninguno lo será como el de esta mañana. Hoy es, por tanto, un momento histórico que se recordará mucho tiempo después, y que los libros de historia consignarán de manera destacada.
Lo más probable es que –con toda justicia– hoy Fujimori será condenado. Este hecho será otra característica fundamental de la sentencia de esta mañana, pues transmitirá un mensaje claro a los poderosos que, como siempre en el país, les gusta ejercer sus cargos con arrogancia, prepotencia y poco cuidado por la gente, creyéndose intocables. El mensaje de que esto puede empezar a cambiar será lanzado esta mañana.
Asimismo, los peruanos hemos tenido la oportunidad singular de asistir a un juicio ejemplar llevado con mucha profesionalidad. Desde el tribunal de César San Martín, Hugo Príncipe y Víctor Prado; los fiscales –José Peláez y especialmente Avelino Guillén, quien tuvo un papel descollante–; los abogados de la parte civil –Ronald Gamarra, Carlos Rivera y Gloria Cano–; y el de la defensa, César Nakazaki, quien dio un ejemplo de cómo hacer una defensa profesional sin contaminarse del carácter político de su cliente, pues siempre pareció un abogado, no un fujimorista. Fue un gran juicio.
Debo confesar que, cuando Fujimori estaba en Japón, hubiera apostado, a ojos cerrados, a que este día nunca llegaría. Pero todo tiene su final. El proceso fue largo, pero los peruanos podemos estar orgullosos de haber tenido un juicio ejemplar. Ojalá que hoy tengamos una gran conclusión cualquiera sea la sentencia. El fallo debe ser respetado por todos, nos guste o no nos guste.
Lanzan a las calles nuevos carritos "paperos"
El Comercio
La iniciativa del Ministerio de Agricultura y la Municipalidad de Lima permitirá incrementar el consumo de este tubérculo además de dar trabajo a muchos peruanos
Como iniciativa para promover el mayor consumo de papa en el país, el ministro de Agricultura, Carlos Leyton Muñoz, y representantes de la Municipalidad de Lima, lanzaron los novedosos “carritos paperos”.
Los carritos “paperos” ofrecerán al público platos preparados a base de papa, al alcance de todos los bolsillos.
La ceremonia de entrega se realizó en el Parque la Muralla. La medida beneficiará a 34 personas que viven en la margen izquierda del río Rímac.
Asimismo, se informó que los vendedores fueron capacitados en el Senati, y cuentan con el respectivo carné de permiso de la Municipalidad de Lima.
El ministro Leyton recordó que en el Perú se consumen aproximadamente 75 kilos de papas al año por persona y esperan que desde este año la cifra empiece a incrementarse
El Comercio
La iniciativa del Ministerio de Agricultura y la Municipalidad de Lima permitirá incrementar el consumo de este tubérculo además de dar trabajo a muchos peruanos
Como iniciativa para promover el mayor consumo de papa en el país, el ministro de Agricultura, Carlos Leyton Muñoz, y representantes de la Municipalidad de Lima, lanzaron los novedosos “carritos paperos”.
Los carritos “paperos” ofrecerán al público platos preparados a base de papa, al alcance de todos los bolsillos.
La ceremonia de entrega se realizó en el Parque la Muralla. La medida beneficiará a 34 personas que viven en la margen izquierda del río Rímac.
Asimismo, se informó que los vendedores fueron capacitados en el Senati, y cuentan con el respectivo carné de permiso de la Municipalidad de Lima.
El ministro Leyton recordó que en el Perú se consumen aproximadamente 75 kilos de papas al año por persona y esperan que desde este año la cifra empiece a incrementarse
El Comercio
La empresa norteamericana ha mostrado su interés por un terreno de 600 mil metros cuadrados ubicado en Asia
Esta semana trascendió que The Walt Disney Company estaría interesada en adquirir un terreno en el distrito de Asia (Cañete) para edificar un parque temático al estilo Disneylandia.
Si bien no está claro el monto de la inversión prevista, sí se sabe que el terreno tendría un área de 600.000 m2 y estaría ubicado a la altura del kilómetro 100 de la Panamericana Sur.
Los ejecutivos de la compañía llegarían esta semana para ver el terreno y hacer una oferta a los propietarios.
NO ES LA PRIMERA VEZ
Cabe precisar que en enero pasado ya se habría truncado un intento de The Walt Disney Company por hacerse del Parque de las Leyendas, tras la protesta del INC pues el zoológico abarca restos arqueológicos de la cultura Maranga.
De concretarse la compra, el de Lima sería el tercer parque temático Disneylandia en ser construido fuera de Estados Unidos. Los otros dos están en París (Francia) y Tokio (Japón).
La empresa norteamericana ha mostrado su interés por un terreno de 600 mil metros cuadrados ubicado en Asia
Esta semana trascendió que The Walt Disney Company estaría interesada en adquirir un terreno en el distrito de Asia (Cañete) para edificar un parque temático al estilo Disneylandia.
Si bien no está claro el monto de la inversión prevista, sí se sabe que el terreno tendría un área de 600.000 m2 y estaría ubicado a la altura del kilómetro 100 de la Panamericana Sur.
Los ejecutivos de la compañía llegarían esta semana para ver el terreno y hacer una oferta a los propietarios.
NO ES LA PRIMERA VEZ
Cabe precisar que en enero pasado ya se habría truncado un intento de The Walt Disney Company por hacerse del Parque de las Leyendas, tras la protesta del INC pues el zoológico abarca restos arqueológicos de la cultura Maranga.
De concretarse la compra, el de Lima sería el tercer parque temático Disneylandia en ser construido fuera de Estados Unidos. Los otros dos están en París (Francia) y Tokio (Japón).
Sala Penal dicta hoy histórico fallo al ex presidente Alberto Fujimori
A partir de las 9 a.m. en la sede de la Diroes, el tribunal especial de la Corte Suprema emitirá el fallo judicial por los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado
Mario Mejía
El Comercio
La suerte del ex presidente Alberto Fujimori está echada. Los tres miembros de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema finalizaron ayer la redacción de la histórica sentencia que le impondrán y que darán a conocer hoy, a partir de las 9 a.m. , en la sala de audiencias de la sede de la Diroes.
Aún no se sabe su contenido, que tendrá unas 600 páginas, pero por lo visto y oído a lo largo de 160 audiencias, muchos pronostican que podría ser un fallo condenatorio con una pena de entre 15 y 25 años de prisión, lo cual ha despertado la preocupación de los fujimoristas.
El ex presidente es procesado en este juicio oral por los delitos de homicidio calificado (por los casos de Barrios Altos y La Cantuta) y secuestro agravado (detenciones de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer), por los cuales la fiscalía pidió 30 años de cárcel.
El fiscal supremo José Peláez considera que se le debe aplicar esa pena porque ha quedado acreditada la responsabilidad del acusado en todos los delitos.
Algunas fuentes consultadas consideran que el tribunal presidido por el vocal supremo César San Martín sí habría tomado en cuenta la autodefensa de Fujimori, pero para reafirmar las tesis acusatorias.
El procesado dijo que fue un tipo pragmático, que él mismo dirigió la política antisubversiva y no hizo deslinde alguno con su ex asesor Vladimiro Montesinos. Al parecer, estaría claro para los magistrados que Fujimori conoció y aprobó una política antisubversiva paralela e ilegal. Para hallar la responsabilidad del procesado, los vocales aplicarían la teoría de autoría mediata por dominio de un aparato de poder.
Algunos especialistas, como el ex procurador César Azabache, consideran, por el contrario, que Fujimori sería condenado en base a la teoría de la autoría de crímenes por omisión, es decir que pese a tener en su momento el control para evitar los homicidios de Colina no lo hizo.
Algunos fujimoristas, que exigen una sentencia absolutoria, adelantaron que si es condenado en virtud de esta última teoría, demandarían al tribunal por prevaricato. “Ahora hablan de omisión, esa no fue la acusación, si es así, el tribunal estaría prevaricando”, dijo Alejandro Aguinaga.
Azabache aclaró que al referirse a la omisión no se incluye un hecho nuevo. “Se está hablando de los mismos crímenes, solo se está cambiando la autoría por acción a autoría por omisión”.
MENSAJE TELEVISADO
Anoche y en mensaje que duró apenas 40 segundos , la congresista Keiko Fujimori, hija del procesado, afirmó que “una sentencia condenatoria demostraría lamentablemente que la promesa de justicia fue una mentira y que en vez de un juicio jurídico a mi padre, se le sometió a un juicio político y mediático” [...] “impulsado por los perdedores de la guerra“ y “por la venganza de los que creían en el terrorismo como modo de acción política”.
Las fuerzas policiales informaron que un contingente de dos mil agentes garantizará hoy el control y la tranquilidad en la sede de la Diroes y en las calles aledañas, durante el juicio.
A partir de las 9 a.m. en la sede de la Diroes, el tribunal especial de la Corte Suprema emitirá el fallo judicial por los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado
Mario Mejía
El Comercio
La suerte del ex presidente Alberto Fujimori está echada. Los tres miembros de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema finalizaron ayer la redacción de la histórica sentencia que le impondrán y que darán a conocer hoy, a partir de las 9 a.m. , en la sala de audiencias de la sede de la Diroes.
Aún no se sabe su contenido, que tendrá unas 600 páginas, pero por lo visto y oído a lo largo de 160 audiencias, muchos pronostican que podría ser un fallo condenatorio con una pena de entre 15 y 25 años de prisión, lo cual ha despertado la preocupación de los fujimoristas.
El ex presidente es procesado en este juicio oral por los delitos de homicidio calificado (por los casos de Barrios Altos y La Cantuta) y secuestro agravado (detenciones de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer), por los cuales la fiscalía pidió 30 años de cárcel.
El fiscal supremo José Peláez considera que se le debe aplicar esa pena porque ha quedado acreditada la responsabilidad del acusado en todos los delitos.
Algunas fuentes consultadas consideran que el tribunal presidido por el vocal supremo César San Martín sí habría tomado en cuenta la autodefensa de Fujimori, pero para reafirmar las tesis acusatorias.
El procesado dijo que fue un tipo pragmático, que él mismo dirigió la política antisubversiva y no hizo deslinde alguno con su ex asesor Vladimiro Montesinos. Al parecer, estaría claro para los magistrados que Fujimori conoció y aprobó una política antisubversiva paralela e ilegal. Para hallar la responsabilidad del procesado, los vocales aplicarían la teoría de autoría mediata por dominio de un aparato de poder.
Algunos especialistas, como el ex procurador César Azabache, consideran, por el contrario, que Fujimori sería condenado en base a la teoría de la autoría de crímenes por omisión, es decir que pese a tener en su momento el control para evitar los homicidios de Colina no lo hizo.
Algunos fujimoristas, que exigen una sentencia absolutoria, adelantaron que si es condenado en virtud de esta última teoría, demandarían al tribunal por prevaricato. “Ahora hablan de omisión, esa no fue la acusación, si es así, el tribunal estaría prevaricando”, dijo Alejandro Aguinaga.
Azabache aclaró que al referirse a la omisión no se incluye un hecho nuevo. “Se está hablando de los mismos crímenes, solo se está cambiando la autoría por acción a autoría por omisión”.
MENSAJE TELEVISADO
Anoche y en mensaje que duró apenas 40 segundos , la congresista Keiko Fujimori, hija del procesado, afirmó que “una sentencia condenatoria demostraría lamentablemente que la promesa de justicia fue una mentira y que en vez de un juicio jurídico a mi padre, se le sometió a un juicio político y mediático” [...] “impulsado por los perdedores de la guerra“ y “por la venganza de los que creían en el terrorismo como modo de acción política”.
Las fuerzas policiales informaron que un contingente de dos mil agentes garantizará hoy el control y la tranquilidad en la sede de la Diroes y en las calles aledañas, durante el juicio.
La compañía estadounidense estaría interesada en adquirir un terreno al sur de Lima para construir un parque temático al estilo Disneylandia. Este sería el tercero que construye fuera de Estados Unidos.
Perú 21
La compañía Walt Disney Company estaría interesada en adquirir un terreno al sur de Lima para la construcción de un parque temático al estilo Disneylandia.
El terreno tendría un área de 600 mil metros cuadrados y estaría ubicado a la altura del kilómetro 100 de la Panamericana Sur. Los ejecutivos de la compañía llegarían esta semana para ver la zona y hacer una oferta a los propietarios, según informó Día Uno.
De concretarse la compra, Perú se convertiría en el tercer país – fuera de Estados Unidos – en tener un parque temático de Disneylandia. Los otros dos son Francia y Japón.
Perú 21
La compañía Walt Disney Company estaría interesada en adquirir un terreno al sur de Lima para la construcción de un parque temático al estilo Disneylandia.
El terreno tendría un área de 600 mil metros cuadrados y estaría ubicado a la altura del kilómetro 100 de la Panamericana Sur. Los ejecutivos de la compañía llegarían esta semana para ver la zona y hacer una oferta a los propietarios, según informó Día Uno.
De concretarse la compra, Perú se convertiría en el tercer país – fuera de Estados Unidos – en tener un parque temático de Disneylandia. Los otros dos son Francia y Japón.
Categoría: temas de realidad
Publicado por: mbermudez
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El Comercio
Al titular de la FPF se le imputa haberse apropiado de US$ 300 mil provenientes de la cesión de derechos de transmisión de TV.
El Fiscal Titular de la 57 Fiscalía Provincial Penal de Lima, Jorge Enrique Sanz Quiroz, solicitó al 16 Juzgado Penal de Lima se dicte mandato de detención e impedimento de salida del país sobre el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Burga Seoane.
Asimismo, mediante la ampliación de denuncia presentada ante el poder Judicial, se solicitó al juez se establezca una garantía de hasta por diez millones de nuevos soles a efectos de asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado.
Ahora dependerá del juzgado que investiga el caso determinar si procede la orden de detención.
CUESTIONA DEMORA DEL PROCESO
De otro lado, el Fiscal Provincial Jorge Sanz, afirmó que “existe una dilación excesiva en la tramitación del proceso que favorece abiertamente a los denunciados”.
Sanz Quiroz señaló que, ante la conducta mostrada por los jueces que ha provocado el retardo en la apertura de la instrucción, evalúa la posibilidad de recurrir ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
“En enero presentamos la denuncia correspondiente y ya han pasado tres meses y no se dicta el auto apertorio de instrucción, pese a que la Fiscalía ha cumplido con todos los requerimientos establecidos por ley”, enfatizó.
El magistrado señaló que con lo expuesto en la denuncia presentada el pasado 06 de enero, con lo agregado en la primera ampliación de la denuncia de fecha 02 de marzo y con lo fundamentado en la segunda ampliación de denuncia remitida en la fecha al Poder Judicial, no deberían existir más dilaciones innecesarias en este caso.
¿CUÁLES SON LAS DENUNCIAS?
Manuel Burga fue denunciado en enero de este año por ser presunto autor mediato de los delitos contra la Fe Pública en la modalidad de Uso de Documento Falsificado, y Contra la Administración Pública, en la modalidad de Inducción a Error a Funcionario Público; asimismo, en calidad de autor de los Delitos de Peculado Impropio y Asociación Ilícita para Delinquir.
Según las investigaciones, al actual presidente de la FPF se le imputa haberse apropiado indebidamente y no haber entregado hasta la fecha al Fondo Pro Deporte Escolar, la suma de 300 mil dólares americanos, según lo establece la Ley 28036, respecto al contrato suscrito con dos canales de televisión por la cesión de derechos para la transmisión de las eliminatorias de fútbol Sudáfrica 2010.
OTRO DENUNCIADO EN EL CASO HUAPAYA
La denuncia penal incluye también, por los mismos ilícitos penales, a Enrique Alejandro Pacheco Farromeque, por haber realizado las funciones de Director del Instituto Superior Tecnológico “Alfonso Huapaya Cabrera” sin tener designación legal. Este permiso estaba a nombre de su padre, Enrique Pacheco Velarde.
Asimismo, Pacheco Farromeque es denunciado por haber expedido Diplomas y firmado documentación que era enviada al Ministerio de Educación para que otorgue títulos a Nombre de la Nación.
Al titular de la FPF se le imputa haberse apropiado de US$ 300 mil provenientes de la cesión de derechos de transmisión de TV.
El Fiscal Titular de la 57 Fiscalía Provincial Penal de Lima, Jorge Enrique Sanz Quiroz, solicitó al 16 Juzgado Penal de Lima se dicte mandato de detención e impedimento de salida del país sobre el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Burga Seoane.
Asimismo, mediante la ampliación de denuncia presentada ante el poder Judicial, se solicitó al juez se establezca una garantía de hasta por diez millones de nuevos soles a efectos de asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado.
Ahora dependerá del juzgado que investiga el caso determinar si procede la orden de detención.
CUESTIONA DEMORA DEL PROCESO
De otro lado, el Fiscal Provincial Jorge Sanz, afirmó que “existe una dilación excesiva en la tramitación del proceso que favorece abiertamente a los denunciados”.
Sanz Quiroz señaló que, ante la conducta mostrada por los jueces que ha provocado el retardo en la apertura de la instrucción, evalúa la posibilidad de recurrir ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
“En enero presentamos la denuncia correspondiente y ya han pasado tres meses y no se dicta el auto apertorio de instrucción, pese a que la Fiscalía ha cumplido con todos los requerimientos establecidos por ley”, enfatizó.
El magistrado señaló que con lo expuesto en la denuncia presentada el pasado 06 de enero, con lo agregado en la primera ampliación de la denuncia de fecha 02 de marzo y con lo fundamentado en la segunda ampliación de denuncia remitida en la fecha al Poder Judicial, no deberían existir más dilaciones innecesarias en este caso.
¿CUÁLES SON LAS DENUNCIAS?
Manuel Burga fue denunciado en enero de este año por ser presunto autor mediato de los delitos contra la Fe Pública en la modalidad de Uso de Documento Falsificado, y Contra la Administración Pública, en la modalidad de Inducción a Error a Funcionario Público; asimismo, en calidad de autor de los Delitos de Peculado Impropio y Asociación Ilícita para Delinquir.
Según las investigaciones, al actual presidente de la FPF se le imputa haberse apropiado indebidamente y no haber entregado hasta la fecha al Fondo Pro Deporte Escolar, la suma de 300 mil dólares americanos, según lo establece la Ley 28036, respecto al contrato suscrito con dos canales de televisión por la cesión de derechos para la transmisión de las eliminatorias de fútbol Sudáfrica 2010.
OTRO DENUNCIADO EN EL CASO HUAPAYA
La denuncia penal incluye también, por los mismos ilícitos penales, a Enrique Alejandro Pacheco Farromeque, por haber realizado las funciones de Director del Instituto Superior Tecnológico “Alfonso Huapaya Cabrera” sin tener designación legal. Este permiso estaba a nombre de su padre, Enrique Pacheco Velarde.
Asimismo, Pacheco Farromeque es denunciado por haber expedido Diplomas y firmado documentación que era enviada al Ministerio de Educación para que otorgue títulos a Nombre de la Nación.
Se llama Giovanni Uriarte Núñez y trabajó para la empresa de teniente alcalde de Lima. El alto funcionario niega conocerlo y asegura que no tiene vínculos con la constructora.
Por Daniel Yovera
Perú 21
Una extraña suerte acompañó a uno de los hombres que trabajó para la pequeña empresa pesquera de Marco Parra Sánchez. En febrero de 2007 – mes en que el teniente alcalde de Lima vendió las acciones de su pesquera, luego de que se hundiera su única embarcación de 50 toneladas de capacidad de bodega –, el empleado que se encargaba de sus trámites legales, Giovanni Uriarte Núñez, pasó a ser socio y directivo de una compañía constructora que, en pocos meses, ganó contratos por S/.12 millones, S/.10 millones de los cuales los obtuvo por licitaciones en municipios gobernados por Solidaridad Nacional (SN), incluso, en la propia comuna de Luis Castañeda.
La empresa es Corporación Ingeniería y Desarrollo y fue creada en diciembre de 2002, pero según su historial crediticio, no tuvo mayor trascendencia. Es a partir de mayo de 2007 –tres meses después del arribo de Uriarte Núñez– que la suerte cambió. Primero ganó una licitación en la Municipalidad de La Victoria por S/.2’400,000 y, en diciembre de ese año, hizo lo propio en la Municipalidad Metropolitana de Lima, en donde obtuvo un contrato por S/.2’150,000.
Las evidencias apuntan a que se trataría de una empresa cuyos socios fueron personas vinculadas a Marco Parra y su entorno político, que de pronto hicieron negocios millonarios sin contar, al parecer, con recursos ni solvencia. El directivo y accionista de la empresa Ingeniería y Desarrollo vive en una casa de Los Olivos, cuyas ventanas del primer y segundo piso lucen cubiertas por plástico y triplay.
LAS SOCIAS. Junto con él, llegaron a la empresa dos socias: Karina Oviedo Alcázar y Marcela Gonzales Morales. Ambas, vinculadas al entorno político de Parra. Hoy, ni Uriarte ni Oviedo figuran en los registros de Corporación Ingeniería y Desarrollo, pero en el tiempo en que estuvieron allí –de mayo de 2007 a diciembre de 2008– lograron jugosos contratos en los municipios “solidarios”, como se les conoce a los gobernados por SN.
Ello, pese a que Oviedo habita en una humilde casa de Villa El Salvador. Oviedo está vinculada a Jorge Valdez Oyola, secretario general del partido Cambio Radical, quien, junto con Parra, representan a Unidad Nacional ante el Acuerdo Nacional.
La tercera socia e ingeniera del grupo, Marcela Gonzales, está vinculada a un viejo conocido de Parra, Moisés Bravo Hinostroza, ex gerente de Desarrollo Urbano del municipio de San Juan de Lurigancho y ex director de Infraestructura Urbana de la comuna de La Victoria. Parra admite que conoce a Oviedo, pero niega su supuesto vínculo con Uriarte.
LOS GRANDES CONTRATOS. Según información del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Seace) y del portal de Transparencia Económica, en 2007, la empresa de Uriarte, Oviedo y Gonzales se adjudicó obras en los municipios de Carabayllo, La Victoria, Jesús María y Lima Metropolitana por S/.5’002,791. Los mayores montos los obtuvo en La Victoria y en Lima. En 2008, logró contratos en las comunas de Surco y Carabayllo por S/.5’540,066. De ese monto, S/.4’900,000 correspondieron a obras en Carabayllo. Por lo tanto, son S/.10.5 millones los contratos obtenidos en municipios de SN. El único cliente de magnitud aparentemente ajeno a este partido es el Gobierno Regional del Callao, con quien la constructora empezó sus negocios recién en 2008, obteniendo allí contratos por S/.1’776,346. En suma, desde la llegada de Uriarte y compañía, Ingeniería y Desarrollo pudo hacer negocios en entidades públicas por S/.12’395,749. Nada menos.
OTROS TAMBIÉN LOS VINCULAN. El nombre de Giovanni Uriarte aparece en los documentos que Pesquera Florencia SAC –la empresa de Parra– gestionaba ante el Ministerio de la Producción. Además, el joven abogado se ocupó de los trámites en una demanda legal que enfrentó la pesquera, y así consta en documentos internos de la empresa que este diario posee. Parra señala que no lo conoce, lo cual es extraño, pues fue a Uriarte a quien le dieron la responsabilidad de hacer los trámites legales de su pequeña compañía. Refiere también que no conoce a la constructora. Sin embargo, no es la primera vez que lo vinculan a esta.
El 13 de junio de 2007, el representante de una empresa llamada Master Quality, José Calle Ramos, presentó ante el municipio de La Victoria una denuncia por presuntas irregularidades en un concurso público para contratar los servicios de recaudación por parqueo vehicular. Según esa denuncia, la comuna había beneficiado irregularmente a Ingeniería y Desarrollo.
“(En Ingeniería y Desarrollo ) figuran, con testaferros… el entorno del teniente alcalde (de Lima) y otras personalidades de la agrupación política Solidaridad”, se lee en el documento.
“NO LO CONOZCO”. En entrevista con Perú.21, Parra dijo que no conoce a Uriarte. “Te lo digo en serio, no lo conozco, pero el abogado de mi pesquera, Wilder Aliaga, trabajaba con este Uriarte, y era quien nos hacía los trámites. Él trabaja con Aliaga. Eso es lo que debo entender”, continuó.
También negó que Uriarte trabaje actualmente con él en la Municipalidad de Lima, pues allí “no lo conocen ni en pelea de perros”. Sin embargo, cuando este diario llamó a la casa de Uriarte y le preguntó a su madre si podía ser ubicado en el municipio limeño, la señora señaló: “Sí, pero no sé si ahorita estará allí, tiene que salir a distintos lugares, no creo que ahorita se encuentre allí”. Respecto de la denuncia presentada en La Victoria por la empresa Master Quality, dijo: “Los voy a denunciar. A mí me mencionan hasta cuando hay peleas entre dirigentes, cuando les da la gana”.
Al final, Parra refirió que “están tratando de vincularme en actos en los que yo no tengo ningún poder de decisión, son terceras personas de las que no tengo ningún conocimiento, no soy representante ni dueño de esta empresa, no tengo nada que ver”.
Perú.21 también conversó con Uriarte. Al principio dijo que “tal vez sea un caso de homonimia”, pues “nunca fui directivo de esa empresa”. Pero cuando le dijimos que en Reniec solo hay una persona con su nombre, no supo qué decir. Admitió haber realizado trabajos para la pesquera de Parra, y si bien negó vínculos con la constructora, no pareció sorprenderse cuando se le manifestó que su nombre aparece en la empresa que ganó millonarias licitaciones. “Me abstengo de realizar declaraciones hasta que pueda verificar algunas cosas”, culminó Uriarte.
Por Daniel Yovera
Perú 21
Una extraña suerte acompañó a uno de los hombres que trabajó para la pequeña empresa pesquera de Marco Parra Sánchez. En febrero de 2007 – mes en que el teniente alcalde de Lima vendió las acciones de su pesquera, luego de que se hundiera su única embarcación de 50 toneladas de capacidad de bodega –, el empleado que se encargaba de sus trámites legales, Giovanni Uriarte Núñez, pasó a ser socio y directivo de una compañía constructora que, en pocos meses, ganó contratos por S/.12 millones, S/.10 millones de los cuales los obtuvo por licitaciones en municipios gobernados por Solidaridad Nacional (SN), incluso, en la propia comuna de Luis Castañeda.
La empresa es Corporación Ingeniería y Desarrollo y fue creada en diciembre de 2002, pero según su historial crediticio, no tuvo mayor trascendencia. Es a partir de mayo de 2007 –tres meses después del arribo de Uriarte Núñez– que la suerte cambió. Primero ganó una licitación en la Municipalidad de La Victoria por S/.2’400,000 y, en diciembre de ese año, hizo lo propio en la Municipalidad Metropolitana de Lima, en donde obtuvo un contrato por S/.2’150,000.
Las evidencias apuntan a que se trataría de una empresa cuyos socios fueron personas vinculadas a Marco Parra y su entorno político, que de pronto hicieron negocios millonarios sin contar, al parecer, con recursos ni solvencia. El directivo y accionista de la empresa Ingeniería y Desarrollo vive en una casa de Los Olivos, cuyas ventanas del primer y segundo piso lucen cubiertas por plástico y triplay.
LAS SOCIAS. Junto con él, llegaron a la empresa dos socias: Karina Oviedo Alcázar y Marcela Gonzales Morales. Ambas, vinculadas al entorno político de Parra. Hoy, ni Uriarte ni Oviedo figuran en los registros de Corporación Ingeniería y Desarrollo, pero en el tiempo en que estuvieron allí –de mayo de 2007 a diciembre de 2008– lograron jugosos contratos en los municipios “solidarios”, como se les conoce a los gobernados por SN.
Ello, pese a que Oviedo habita en una humilde casa de Villa El Salvador. Oviedo está vinculada a Jorge Valdez Oyola, secretario general del partido Cambio Radical, quien, junto con Parra, representan a Unidad Nacional ante el Acuerdo Nacional.
La tercera socia e ingeniera del grupo, Marcela Gonzales, está vinculada a un viejo conocido de Parra, Moisés Bravo Hinostroza, ex gerente de Desarrollo Urbano del municipio de San Juan de Lurigancho y ex director de Infraestructura Urbana de la comuna de La Victoria. Parra admite que conoce a Oviedo, pero niega su supuesto vínculo con Uriarte.
LOS GRANDES CONTRATOS. Según información del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Seace) y del portal de Transparencia Económica, en 2007, la empresa de Uriarte, Oviedo y Gonzales se adjudicó obras en los municipios de Carabayllo, La Victoria, Jesús María y Lima Metropolitana por S/.5’002,791. Los mayores montos los obtuvo en La Victoria y en Lima. En 2008, logró contratos en las comunas de Surco y Carabayllo por S/.5’540,066. De ese monto, S/.4’900,000 correspondieron a obras en Carabayllo. Por lo tanto, son S/.10.5 millones los contratos obtenidos en municipios de SN. El único cliente de magnitud aparentemente ajeno a este partido es el Gobierno Regional del Callao, con quien la constructora empezó sus negocios recién en 2008, obteniendo allí contratos por S/.1’776,346. En suma, desde la llegada de Uriarte y compañía, Ingeniería y Desarrollo pudo hacer negocios en entidades públicas por S/.12’395,749. Nada menos.
OTROS TAMBIÉN LOS VINCULAN. El nombre de Giovanni Uriarte aparece en los documentos que Pesquera Florencia SAC –la empresa de Parra– gestionaba ante el Ministerio de la Producción. Además, el joven abogado se ocupó de los trámites en una demanda legal que enfrentó la pesquera, y así consta en documentos internos de la empresa que este diario posee. Parra señala que no lo conoce, lo cual es extraño, pues fue a Uriarte a quien le dieron la responsabilidad de hacer los trámites legales de su pequeña compañía. Refiere también que no conoce a la constructora. Sin embargo, no es la primera vez que lo vinculan a esta.
El 13 de junio de 2007, el representante de una empresa llamada Master Quality, José Calle Ramos, presentó ante el municipio de La Victoria una denuncia por presuntas irregularidades en un concurso público para contratar los servicios de recaudación por parqueo vehicular. Según esa denuncia, la comuna había beneficiado irregularmente a Ingeniería y Desarrollo.
“(En Ingeniería y Desarrollo ) figuran, con testaferros… el entorno del teniente alcalde (de Lima) y otras personalidades de la agrupación política Solidaridad”, se lee en el documento.
“NO LO CONOZCO”. En entrevista con Perú.21, Parra dijo que no conoce a Uriarte. “Te lo digo en serio, no lo conozco, pero el abogado de mi pesquera, Wilder Aliaga, trabajaba con este Uriarte, y era quien nos hacía los trámites. Él trabaja con Aliaga. Eso es lo que debo entender”, continuó.
También negó que Uriarte trabaje actualmente con él en la Municipalidad de Lima, pues allí “no lo conocen ni en pelea de perros”. Sin embargo, cuando este diario llamó a la casa de Uriarte y le preguntó a su madre si podía ser ubicado en el municipio limeño, la señora señaló: “Sí, pero no sé si ahorita estará allí, tiene que salir a distintos lugares, no creo que ahorita se encuentre allí”. Respecto de la denuncia presentada en La Victoria por la empresa Master Quality, dijo: “Los voy a denunciar. A mí me mencionan hasta cuando hay peleas entre dirigentes, cuando les da la gana”.
Al final, Parra refirió que “están tratando de vincularme en actos en los que yo no tengo ningún poder de decisión, son terceras personas de las que no tengo ningún conocimiento, no soy representante ni dueño de esta empresa, no tengo nada que ver”.
Perú.21 también conversó con Uriarte. Al principio dijo que “tal vez sea un caso de homonimia”, pues “nunca fui directivo de esa empresa”. Pero cuando le dijimos que en Reniec solo hay una persona con su nombre, no supo qué decir. Admitió haber realizado trabajos para la pesquera de Parra, y si bien negó vínculos con la constructora, no pareció sorprenderse cuando se le manifestó que su nombre aparece en la empresa que ganó millonarias licitaciones. “Me abstengo de realizar declaraciones hasta que pueda verificar algunas cosas”, culminó Uriarte.
Categoría: Artículos de política
Publicado por: mbermudez
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05/04/09: El sexo como delito en Egipto
Tribunal egipcio mandó a la cárcel a un matrimonio por intercambiar parejas
El Comercio
Él fue condenado a siete años de cárcel y ella pasará tres años tras las rejas. Habían intercambiado relaciones sexuales con tres parejas
(EFE).- Un tribunal egipcio sentenció hoy a una pena de prisión a un matrimonio (siete años para el marido y tres para la esposa) al encontrarle culpable de haber practicado el sexo con otras parejas.
El acusado, identificado como Talba Abdelhafez tendrá que pasar siete años en prisión y su esposa, Salwa Hiyari tres por “publicar anuncios inmorales en internet, instigar a la inmoralidad e instar al sexo en grupo y a la prostitución”, informa hoy el diario egipcio Al Badil, en su página web.
La sentencia asegura, además, que los acusados reconocieron ante el fiscal que habían intercambiado relaciones sexuales con tres parejas.
Entre las causas esgrimidas por el tribunal para justificar la sentencia, el diario recoge que el matrimonio “cometió un crimen que sobrecogió a la sociedad” y a Dios.
Los acusados fueron detenidos el pasado octubre después de que la policía recibiera informaciones sobre la publicación de anuncios en internet en los que invitaba a otros matrimonios a practicar el sexo en grupo en fiestas.
El acusado, funcionario de profesión y su mujer, una profesora de árabe llevan 14 años casados.
El Comercio
Él fue condenado a siete años de cárcel y ella pasará tres años tras las rejas. Habían intercambiado relaciones sexuales con tres parejas
(EFE).- Un tribunal egipcio sentenció hoy a una pena de prisión a un matrimonio (siete años para el marido y tres para la esposa) al encontrarle culpable de haber practicado el sexo con otras parejas.
El acusado, identificado como Talba Abdelhafez tendrá que pasar siete años en prisión y su esposa, Salwa Hiyari tres por “publicar anuncios inmorales en internet, instigar a la inmoralidad e instar al sexo en grupo y a la prostitución”, informa hoy el diario egipcio Al Badil, en su página web.
La sentencia asegura, además, que los acusados reconocieron ante el fiscal que habían intercambiado relaciones sexuales con tres parejas.
Entre las causas esgrimidas por el tribunal para justificar la sentencia, el diario recoge que el matrimonio “cometió un crimen que sobrecogió a la sociedad” y a Dios.
Los acusados fueron detenidos el pasado octubre después de que la policía recibiera informaciones sobre la publicación de anuncios en internet en los que invitaba a otros matrimonios a practicar el sexo en grupo en fiestas.
El acusado, funcionario de profesión y su mujer, una profesora de árabe llevan 14 años casados.
Categoría: artículos derecho de familia
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El Comercio
Paquete legal del ministerio de Justicia sería exonerado de trámites en el Parlamento, indicó el presidente del Congreso
El paquete de normas que modifican el Código Penal para endurecer las penas a los conductores ebrios sería exonerado del trámite de comisiones para ser debatido directamente por el pleno del Congreso.
El presidente del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén, señaló ayer que planteará esta propuesta a la Junta de Portavoces con el fin de que se discutan con celeridad los proyectos de ley sobre la materia que enviará en los próximos días el Ministerio de Justicia.
La titular de este sector, Rosario Fernández, propuso eliminar la responsabilidad restringida que rige para los jóvenes de 18 a 21 años y las personas mayores de 65 años que conduzcan vehículos en estado de ebriedad, para que purguen cárcel efectiva y cumplan servicio comunitario.
Fernández sostuvo también que en el caso de los accidentes de tránsito se deben aplicar las penas efectivas y terminar con el principio de oportunidad, que permite resolver el caso pagando una penalidad o los gastos ocasionados a las víctimas.
SI TOMA, NO TOME EL VOLANTE
De acuerdo con un sondeo realizado por la Secretaría Nacional de la Juventud, el 17% de los jóvenes de nuestra capital manifiesta que ha conducido un vehículo a pesar de haber bebido alcohol.
Por ello, Maeg Arriola Escalante, titular de esa secretaría, planteó campañas preventivas dirigidas a este segmento poblacional para sensibilizarlo sobre los riesgos de esta conducta.
EL DATO
Once puntos críticos
Desde las 6 p.m. de ayer la Policía de Tránsito reforzó el control en 11 zonas críticas como el óvalo Monitor, la avenida Javier Prado y la Carretera Central.
Paquete legal del ministerio de Justicia sería exonerado de trámites en el Parlamento, indicó el presidente del Congreso
El paquete de normas que modifican el Código Penal para endurecer las penas a los conductores ebrios sería exonerado del trámite de comisiones para ser debatido directamente por el pleno del Congreso.
El presidente del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén, señaló ayer que planteará esta propuesta a la Junta de Portavoces con el fin de que se discutan con celeridad los proyectos de ley sobre la materia que enviará en los próximos días el Ministerio de Justicia.
La titular de este sector, Rosario Fernández, propuso eliminar la responsabilidad restringida que rige para los jóvenes de 18 a 21 años y las personas mayores de 65 años que conduzcan vehículos en estado de ebriedad, para que purguen cárcel efectiva y cumplan servicio comunitario.
Fernández sostuvo también que en el caso de los accidentes de tránsito se deben aplicar las penas efectivas y terminar con el principio de oportunidad, que permite resolver el caso pagando una penalidad o los gastos ocasionados a las víctimas.
SI TOMA, NO TOME EL VOLANTE
De acuerdo con un sondeo realizado por la Secretaría Nacional de la Juventud, el 17% de los jóvenes de nuestra capital manifiesta que ha conducido un vehículo a pesar de haber bebido alcohol.
Por ello, Maeg Arriola Escalante, titular de esa secretaría, planteó campañas preventivas dirigidas a este segmento poblacional para sensibilizarlo sobre los riesgos de esta conducta.
EL DATO
Once puntos críticos
Desde las 6 p.m. de ayer la Policía de Tránsito reforzó el control en 11 zonas críticas como el óvalo Monitor, la avenida Javier Prado y la Carretera Central.
Una misión especial de Amnistía Internacional arribará a la capital desde Londres. También vendrán observadores de Human Rights Watch y otras organizaciones
(Andina).- La directora de Amnistía Internacional (AI) en Perú, Silvia Loli Espinoza, informó que una misión especial de este organismo arribará mañana domingo al Perú para la lectura de sentencia contra el ex presidente Alberto Fujimori por presunta violación a los derechos humanos.
“Estamos a la espera de los resultados (del juicio), y para ello vendrá una misión especial de Amnistía desde Londres para la lectura de la sentencia del 7 de abril , y ellos emitirán un pronunciamiento tras una evaluación imparcial del proceso”, indicó.
Precisó que la comisión estará integrada por dos observadores: el coordinador para América Latina del Programa de Justicia Internacional de AI, Hugo Relva, también asesor regional para América Latina de la Coalición por la Corte Penal Internacional.
De igual manera, el segundo integrante será Javier Zúñiga, asesor especial de la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan.
Por otro lado, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) informó que también llegarán mañana domingo otros observadores internacionales como Coletta Youngers, asociada principal en Washington Office for Latin America (WOLA).
Asimismo, estará presente Jo-Marie Burt, politóloga de la Universidad George Mason; Alirio Uribe: abogado colombiano de la Federación Internacional de Derechos Humanos; y Eduardo Bertoni, ex relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, arribará Daniel Wilkinson, subdirector de Human Rights Watch; María McFarland, investigadora senior en la división de las Américas de la misma organización; y Michael Reed, director adjunto y coordinador del área de justicia del Centro Internacional para la Justicia Transicional.
(Andina).- La directora de Amnistía Internacional (AI) en Perú, Silvia Loli Espinoza, informó que una misión especial de este organismo arribará mañana domingo al Perú para la lectura de sentencia contra el ex presidente Alberto Fujimori por presunta violación a los derechos humanos.
“Estamos a la espera de los resultados (del juicio), y para ello vendrá una misión especial de Amnistía desde Londres para la lectura de la sentencia del 7 de abril , y ellos emitirán un pronunciamiento tras una evaluación imparcial del proceso”, indicó.
Precisó que la comisión estará integrada por dos observadores: el coordinador para América Latina del Programa de Justicia Internacional de AI, Hugo Relva, también asesor regional para América Latina de la Coalición por la Corte Penal Internacional.
De igual manera, el segundo integrante será Javier Zúñiga, asesor especial de la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan.
Por otro lado, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) informó que también llegarán mañana domingo otros observadores internacionales como Coletta Youngers, asociada principal en Washington Office for Latin America (WOLA).
Asimismo, estará presente Jo-Marie Burt, politóloga de la Universidad George Mason; Alirio Uribe: abogado colombiano de la Federación Internacional de Derechos Humanos; y Eduardo Bertoni, ex relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, arribará Daniel Wilkinson, subdirector de Human Rights Watch; María McFarland, investigadora senior en la división de las Américas de la misma organización; y Michael Reed, director adjunto y coordinador del área de justicia del Centro Internacional para la Justicia Transicional.
La República
Presidente del Poder Judicial afirma que orden de detención tiene sustento legal. Proceso se inició antes de que legislador sea elegido.
Elízabeth Prado.
El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, afirmó que la Cuarta Sala Penal de Lima procedió de manera correcta al dictar la detención del congresista Carlos Raffo para que comparezca en el proceso que se le sigue por recibir de Vladimiro Montesinos 150 mil dólares, para la campaña de reelección de Fujimori.
Este hecho ocurrió en el año 2004, antes de que fuera elegido parlamentario de la República, y por lo mismo no le correspondería la inmunidad, afirmó.
Sin embargo, el procurador del Congreso, Carlos Ubillús, anunció que presentará queja ante la Oficina de Control de la Magistratura por lo que consideró una arbitrariedad de la Cuarta Sala Penal en contra de Raffo.
El procurador sostuvo que esta Sala no cumplió el procedimiento normal de solicitar el levantamiento de inmunidad ante la Corte Suprema para esta instancia, a su vez, presentarlo al Congreso.
El dato
De grado fuerza. Javier Villa Stein indicó que la presentación del congresista Carlos Raffo ante la Cuarta Sala Penal es indefectible. Su negativa ocasionaría una orden de apercibimiento. La República, edición impresa.
Presidente del Poder Judicial afirma que orden de detención tiene sustento legal. Proceso se inició antes de que legislador sea elegido.
Elízabeth Prado.
El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, afirmó que la Cuarta Sala Penal de Lima procedió de manera correcta al dictar la detención del congresista Carlos Raffo para que comparezca en el proceso que se le sigue por recibir de Vladimiro Montesinos 150 mil dólares, para la campaña de reelección de Fujimori.
Este hecho ocurrió en el año 2004, antes de que fuera elegido parlamentario de la República, y por lo mismo no le correspondería la inmunidad, afirmó.
Sin embargo, el procurador del Congreso, Carlos Ubillús, anunció que presentará queja ante la Oficina de Control de la Magistratura por lo que consideró una arbitrariedad de la Cuarta Sala Penal en contra de Raffo.
El procurador sostuvo que esta Sala no cumplió el procedimiento normal de solicitar el levantamiento de inmunidad ante la Corte Suprema para esta instancia, a su vez, presentarlo al Congreso.
El dato
De grado fuerza. Javier Villa Stein indicó que la presentación del congresista Carlos Raffo ante la Cuarta Sala Penal es indefectible. Su negativa ocasionaría una orden de apercibimiento. La República, edición impresa.
Presidente de PJ envió primera notificación electrónica en historia jurídica del Perú
(ANDINA).- El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, envió hoy la primera notificación electrónica de la historia judicial del Perú, cuyo sistema permitirá dinamizar y mejorar los servicios de justicia en las 29 Cortes Superiores de Justicia del país.
Con la puesta en marcha de las notificaciones electrónicas, el Poder Judicial se pone a la vanguardia en esta materia donde los principales beneficiarios son los litigantes que en breves segundos estarán informados sobre los procesos judiciales que se ventilan en las Salas y Juzgados de la República.
En uno de los ambientes de los Juzgados Comerciales, Villa Stein acompañado de los miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Sonia Torre y Enrique Rodas, vocales y jueces, presenció el envió de la primera notificación electrónica que en segundos fue remitida a la casilla electrónica del abogado del litigante.
"Este es un momento histórico para el Poder Judicial por la puesta en marcha de la primera notificación electrónica en nuestra nación, pues con ello el sistema judicial peruano se pone a tono con los grandes avances a nivel mundial y permite seguir ofreciendo los servicios judiciales con prontitud, eficiencia y eficacia", manifestó.
El Sistema de Notificaciones Comerciales es una iniciativa que se pone en marcha en Lima, a manera de plan piloto, pues progresivamente se irá implementando en los Distritos Judiciales del país, informó la institución mediante una nota de prensa.
Momentos antes de develar la placa recordatoria, Villa Stein expresó su satisfacción por inaugurar la ampliación de las obras correspondientes a la tercera etapa de la sede de los Juzgados Comerciales, donde funcionarán otros cinco Juzgados Comerciales y una Sala de dicha subespecialidad, ubicados en Miraflores.
En los juzgados como en las Salas Comerciales, se ventilan casos de tráfico patrimonial que merecen ser resueltos con prontitud y bajo las normas vigentes al respecto.
(ANDINA).- El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, envió hoy la primera notificación electrónica de la historia judicial del Perú, cuyo sistema permitirá dinamizar y mejorar los servicios de justicia en las 29 Cortes Superiores de Justicia del país.
Con la puesta en marcha de las notificaciones electrónicas, el Poder Judicial se pone a la vanguardia en esta materia donde los principales beneficiarios son los litigantes que en breves segundos estarán informados sobre los procesos judiciales que se ventilan en las Salas y Juzgados de la República.
En uno de los ambientes de los Juzgados Comerciales, Villa Stein acompañado de los miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Sonia Torre y Enrique Rodas, vocales y jueces, presenció el envió de la primera notificación electrónica que en segundos fue remitida a la casilla electrónica del abogado del litigante.
"Este es un momento histórico para el Poder Judicial por la puesta en marcha de la primera notificación electrónica en nuestra nación, pues con ello el sistema judicial peruano se pone a tono con los grandes avances a nivel mundial y permite seguir ofreciendo los servicios judiciales con prontitud, eficiencia y eficacia", manifestó.
El Sistema de Notificaciones Comerciales es una iniciativa que se pone en marcha en Lima, a manera de plan piloto, pues progresivamente se irá implementando en los Distritos Judiciales del país, informó la institución mediante una nota de prensa.
Momentos antes de develar la placa recordatoria, Villa Stein expresó su satisfacción por inaugurar la ampliación de las obras correspondientes a la tercera etapa de la sede de los Juzgados Comerciales, donde funcionarán otros cinco Juzgados Comerciales y una Sala de dicha subespecialidad, ubicados en Miraflores.
En los juzgados como en las Salas Comerciales, se ventilan casos de tráfico patrimonial que merecen ser resueltos con prontitud y bajo las normas vigentes al respecto.
Categoría: Artículos de política
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Fujimori en el paraíso
Diario La Primera
Escucho a Alberto Fujimori describir su paraíso de opio y compruebo que gente como él sólo puede prosperar en un país que tiene a un 40 por ciento de ciudadanos a los que les da lo mismo –lo dicen reiteradas encuestas- si los rige una democracia o una dictadura.
O sea que en el Perú hay un 40 por ciento de ciudadanos que casi aspiran a no ser ciudadanos y que quieren ser, a veces con fervor, vasallos tristes y alegres siervos de la gleba.
Detrás del fujimorismo está la capacidad de sumisión y la arrolladora ignorancia que lastiman el alma del Perú.
Escucho a Fujimori y me digo que si hubiera géiseres de cinismo sonarían como su voz.
Habla de coraje el hombre al que le temblaba la voz cuando se dirigió a buscar refugio en la embajada del Japón la noche del fallido golpe del general Salinas Sedó.
Habla de honor el hombre que emputeció a la Fuerza Armada, hizo del Congreso un chiquero, suprimió el orden constitucional, desconoció su firma y hasta su huella digital con tal de no pagarle una deuda a la madre de sus hijos.
Habla de orgullo de sí mismo el sujeto que quiso ser senador japonés para obtener la inmunidad que lo librara del alcance de la ley.
Habla de responsabilidad el hombre que llenó 45 maletas de videos, dinero y botines diversos, tomó el avión presidencial y pasó de Brunei a Tokio, donde pidió asilo y desde donde renunció por fax a la presidencia de la República.
Habla de amor por la patria el jefe de una banda que saqueó las cuentas del tesoro público por un valor que los más conservadores estiman en dos mil millones de dólares.
Habla del veredicto de la historia el sujeto que estaba pescando en Iquitos cuando la policía de la Dincote, sin ninguna ayuda de Montesinos, capturó a Abimael Guzmán, el hombre que huyó del país tras descubrirse cómo es que Montesinos compraba esos congresistas que hoy deben estar frotándose las manos.
Qué patético pobre diablo es Fujimori. Se atribuye todos los poderes para las cosas que salieron bien y se pinta como un presidente disminuido, desinformado e irresponsable cuando le mencionan los asesinatos que cometían los criminales a los que él felicitaba, ascendía y amnistiaba.
“Yo era comandante de la Fuerza Armada en el sentido en que un entrenador de fútbol comanda al equipo”, dijo ayer destilando la esencia de su legendaria cobardía.
O sea que debemos alabarlo por haber “comandado” las fuerzas armadas que derrotaron al senderismo, pero debemos exonerarlo de toda responsabilidad cuando esas mismas fuerzas armadas mataban ancianos, niños y mujeres en las alturas de Ayacucho.
Debemos agradecerle el haber sacado al país de la crisis económica en la que nos hundió Alan García –quien hizo tanto para que Fujimori lo sucediera-, pero tenemos que olvidar que con él todos los derechos del trabajador fueron abolidos, todo asomo de equidad fue perseguido, toda corrupción en el proceso de las privatizaciones fue posible.
Tenemos que decirle gracias por la paz con Ecuador –Tiwinza incluida, derechos de navegación ecuatorianos en ríos peruanos incluidos- pero no podemos recordarle su repugnante papel en la derrota peruana del Cenepa, cuando nuestros soldados carecían de logística, comunicaciones y, en muchos casos, de rancho y de zapatos.
Debemos ser gratos con su régimen porque “refundó el país” (Fujimori dixit), pero tenemos que olvidarnos de que quince de sus ministros o están presos o están con orden de captura por ladrones.
Debemos ser fujimoristas por las escuelas que sembró el Fonades, pero no debemos evocar la prensa inmunda que él creó para ensuciar a sus adversarios y, seguramente, “elevar el nivel cultural”.
Este demócrata que cerró el Congreso, este honrado que permitió la rapiña más grande de la que se tenga noticia, este ciudadano ejemplar que convirtió a un edecán en fiscal para entrar a robar maletas en la casa de Trinidad Becerra, este hombre decente que tuvo como socio a Montesinos, este estadista al que defienden sujetos como Saravá, este ángel que vivió entre alimañas, este hombre ejemplar que dio un golpe de Estado cuando su esposa, en un rapto de bendita locura, denunció los asaltos de la hermana Rosa y del cuñado Aritomi a la caja de Apenkai, este probo encubridor de Miyagusuku, esta vergüenza que grita lo que lee y juega con la voluntad de olvidar de los peruanos, este señor Fujimori, en suma, sigue siendo exactamente el mismo miserable que la miseria moral adora y hace suyo.
El secreto de Fujimori es que ha convertido en socialmente exitosos los peores vicios de la “peruanidad”: la crueldad en el tumulto, el cinismo como método y, sobre todo, la cobardía elevada a la categoría de función vital.
El triunfo de Keiko Fujimori, de darse, será el resumen vistoso de la tragicomedia nacional y una prueba de que hay países económicamente pujantes y moralmente inviables.
Diario La Primera
Escucho a Alberto Fujimori describir su paraíso de opio y compruebo que gente como él sólo puede prosperar en un país que tiene a un 40 por ciento de ciudadanos a los que les da lo mismo –lo dicen reiteradas encuestas- si los rige una democracia o una dictadura.
O sea que en el Perú hay un 40 por ciento de ciudadanos que casi aspiran a no ser ciudadanos y que quieren ser, a veces con fervor, vasallos tristes y alegres siervos de la gleba.
Detrás del fujimorismo está la capacidad de sumisión y la arrolladora ignorancia que lastiman el alma del Perú.
Escucho a Fujimori y me digo que si hubiera géiseres de cinismo sonarían como su voz.
Habla de coraje el hombre al que le temblaba la voz cuando se dirigió a buscar refugio en la embajada del Japón la noche del fallido golpe del general Salinas Sedó.
Habla de honor el hombre que emputeció a la Fuerza Armada, hizo del Congreso un chiquero, suprimió el orden constitucional, desconoció su firma y hasta su huella digital con tal de no pagarle una deuda a la madre de sus hijos.
Habla de orgullo de sí mismo el sujeto que quiso ser senador japonés para obtener la inmunidad que lo librara del alcance de la ley.
Habla de responsabilidad el hombre que llenó 45 maletas de videos, dinero y botines diversos, tomó el avión presidencial y pasó de Brunei a Tokio, donde pidió asilo y desde donde renunció por fax a la presidencia de la República.
Habla de amor por la patria el jefe de una banda que saqueó las cuentas del tesoro público por un valor que los más conservadores estiman en dos mil millones de dólares.
Habla del veredicto de la historia el sujeto que estaba pescando en Iquitos cuando la policía de la Dincote, sin ninguna ayuda de Montesinos, capturó a Abimael Guzmán, el hombre que huyó del país tras descubrirse cómo es que Montesinos compraba esos congresistas que hoy deben estar frotándose las manos.
Qué patético pobre diablo es Fujimori. Se atribuye todos los poderes para las cosas que salieron bien y se pinta como un presidente disminuido, desinformado e irresponsable cuando le mencionan los asesinatos que cometían los criminales a los que él felicitaba, ascendía y amnistiaba.
“Yo era comandante de la Fuerza Armada en el sentido en que un entrenador de fútbol comanda al equipo”, dijo ayer destilando la esencia de su legendaria cobardía.
O sea que debemos alabarlo por haber “comandado” las fuerzas armadas que derrotaron al senderismo, pero debemos exonerarlo de toda responsabilidad cuando esas mismas fuerzas armadas mataban ancianos, niños y mujeres en las alturas de Ayacucho.
Debemos agradecerle el haber sacado al país de la crisis económica en la que nos hundió Alan García –quien hizo tanto para que Fujimori lo sucediera-, pero tenemos que olvidar que con él todos los derechos del trabajador fueron abolidos, todo asomo de equidad fue perseguido, toda corrupción en el proceso de las privatizaciones fue posible.
Tenemos que decirle gracias por la paz con Ecuador –Tiwinza incluida, derechos de navegación ecuatorianos en ríos peruanos incluidos- pero no podemos recordarle su repugnante papel en la derrota peruana del Cenepa, cuando nuestros soldados carecían de logística, comunicaciones y, en muchos casos, de rancho y de zapatos.
Debemos ser gratos con su régimen porque “refundó el país” (Fujimori dixit), pero tenemos que olvidarnos de que quince de sus ministros o están presos o están con orden de captura por ladrones.
Debemos ser fujimoristas por las escuelas que sembró el Fonades, pero no debemos evocar la prensa inmunda que él creó para ensuciar a sus adversarios y, seguramente, “elevar el nivel cultural”.
Este demócrata que cerró el Congreso, este honrado que permitió la rapiña más grande de la que se tenga noticia, este ciudadano ejemplar que convirtió a un edecán en fiscal para entrar a robar maletas en la casa de Trinidad Becerra, este hombre decente que tuvo como socio a Montesinos, este estadista al que defienden sujetos como Saravá, este ángel que vivió entre alimañas, este hombre ejemplar que dio un golpe de Estado cuando su esposa, en un rapto de bendita locura, denunció los asaltos de la hermana Rosa y del cuñado Aritomi a la caja de Apenkai, este probo encubridor de Miyagusuku, esta vergüenza que grita lo que lee y juega con la voluntad de olvidar de los peruanos, este señor Fujimori, en suma, sigue siendo exactamente el mismo miserable que la miseria moral adora y hace suyo.
El secreto de Fujimori es que ha convertido en socialmente exitosos los peores vicios de la “peruanidad”: la crueldad en el tumulto, el cinismo como método y, sobre todo, la cobardía elevada a la categoría de función vital.
El triunfo de Keiko Fujimori, de darse, será el resumen vistoso de la tragicomedia nacional y una prueba de que hay países económicamente pujantes y moralmente inviables.
Categoría: Artículos de política
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La República
La Secretaría Nacional de la Juventud reveló que, mediante un sondeo telefónico a 150 jóvenes, el 18% afirmó que maneja a pesar de haber bebido alcohol y conociendo los riesgos.
Asimismo, su titular Maeg Arriola Escalante manifiesta la necesidad de hacer campañas preventivas dirigidas a este grupo etáreo.
El Secretario Nacional de la Juventud precisó que el sondeo telefónico a 150 jóvenes limeños, de 8 a 30 años, reveló que aunque el 82% prefiere no manejar cuando ha bebido alcohol, un 18% lo hace a pesar de conocer todos los riesgos que conlleva.
Sostuvo que el problema de los jóvenes y la seguridad vial es un tema de preocupación pues son un grupo de edad que a la vez es víctima principal de la inseguridad en las pistas así como causantes de estos siniestros.
Según las últimas estadísticas de la Policía Nacional, de los 137 accidentes del 2009 en Lima Metropolitana (registrados a marzo), la mayoría de estos accidentes involucró a personas de entre 18 y 30 años de edad (31.5%).
Asimismo, la principal causa mundial de muerte de adolescentes, de entre 15 y 19 años, son los accidentes de tránsito, según informes de la Organización Mundial de la Salud. Esto implica que, anualmente, 400 mil jóvenes en el mundo pierden la vida de esta forma.
Arriola Escalante resaltó además que las reformas viales deben ser integrales, con énfasis en la labor preventiva además de las medidas sancionadoras.
Mencionó también el papel de los padres de familia en la prevención de siniestros protagonizado por los jóvenes e hizo una invocación a que vigilen el comportamiento de sus hijos.
De otro lado, manifestó que el reforzamiento de la prevención de accidentes en el público joven permitirá al país ahorrar muchas vidas, pues los jóvenes infractores casi siempre están acompañados de otros jóvenes que resultan heridos o sus vidas terminan perdidas.
(Con información de Andina)
La Secretaría Nacional de la Juventud reveló que, mediante un sondeo telefónico a 150 jóvenes, el 18% afirmó que maneja a pesar de haber bebido alcohol y conociendo los riesgos.
Asimismo, su titular Maeg Arriola Escalante manifiesta la necesidad de hacer campañas preventivas dirigidas a este grupo etáreo.
El Secretario Nacional de la Juventud precisó que el sondeo telefónico a 150 jóvenes limeños, de 8 a 30 años, reveló que aunque el 82% prefiere no manejar cuando ha bebido alcohol, un 18% lo hace a pesar de conocer todos los riesgos que conlleva.
Sostuvo que el problema de los jóvenes y la seguridad vial es un tema de preocupación pues son un grupo de edad que a la vez es víctima principal de la inseguridad en las pistas así como causantes de estos siniestros.
Según las últimas estadísticas de la Policía Nacional, de los 137 accidentes del 2009 en Lima Metropolitana (registrados a marzo), la mayoría de estos accidentes involucró a personas de entre 18 y 30 años de edad (31.5%).
Asimismo, la principal causa mundial de muerte de adolescentes, de entre 15 y 19 años, son los accidentes de tránsito, según informes de la Organización Mundial de la Salud. Esto implica que, anualmente, 400 mil jóvenes en el mundo pierden la vida de esta forma.
Arriola Escalante resaltó además que las reformas viales deben ser integrales, con énfasis en la labor preventiva además de las medidas sancionadoras.
Mencionó también el papel de los padres de familia en la prevención de siniestros protagonizado por los jóvenes e hizo una invocación a que vigilen el comportamiento de sus hijos.
De otro lado, manifestó que el reforzamiento de la prevención de accidentes en el público joven permitirá al país ahorrar muchas vidas, pues los jóvenes infractores casi siempre están acompañados de otros jóvenes que resultan heridos o sus vidas terminan perdidas.
(Con información de Andina)
Se dictará sentencia dentro de los plazos establecidos
El Comercio
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República señala que este martes 7 de abril se hará Lectura de la sentencia en el juicio oral seguido a Alberto Fujimori Fujimori.
En un comunicado de prensa, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República indica que hace de conocimiento público que:
1. La Lectura de la sentencia en el juicio oral seguido a Alberto Fujimori Fujimori por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro, programada para el martes 7 de abril, observa estrictamente los plazos establecidos en el artículo 279º del Código de Procedimientos Penales, modificado por la Ley Nº 28117.
Dicha norma legal señala expresamente que la sentencia debe dictarse a más tardar dentro de los cinco días posteriores al cierre del debate.
2. El Tribunal presidido por el Vocal Supremo César San Martín Castro e integrado por los doctores Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, se encuentra en sesión permanente revisando y analizando el conjunto de las pruebas, alegaciones de las partes, así como la autodefensa del acusado, contrastando toda la información recibida.
3. Los magistrados han venido examinando la información de este caso desde la primera sesión de audiencia. Su labor no culminaba con la suspensión de cada plenaria, sino que continuaba con la revisión específica de lo acontecido y tratado en ella.
4. En ese contexto, el Tribunal ha venido estudiando de modo consecutivo el alegato de las partes, conforme se fueron exponiendo en cada sesión, muy en especial el de la defensa, la que incluso presentó escritos de conclusión luego de cada etapa de su intervención.
El Comercio
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República señala que este martes 7 de abril se hará Lectura de la sentencia en el juicio oral seguido a Alberto Fujimori Fujimori.
En un comunicado de prensa, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República indica que hace de conocimiento público que:
1. La Lectura de la sentencia en el juicio oral seguido a Alberto Fujimori Fujimori por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro, programada para el martes 7 de abril, observa estrictamente los plazos establecidos en el artículo 279º del Código de Procedimientos Penales, modificado por la Ley Nº 28117.
Dicha norma legal señala expresamente que la sentencia debe dictarse a más tardar dentro de los cinco días posteriores al cierre del debate.
2. El Tribunal presidido por el Vocal Supremo César San Martín Castro e integrado por los doctores Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, se encuentra en sesión permanente revisando y analizando el conjunto de las pruebas, alegaciones de las partes, así como la autodefensa del acusado, contrastando toda la información recibida.
3. Los magistrados han venido examinando la información de este caso desde la primera sesión de audiencia. Su labor no culminaba con la suspensión de cada plenaria, sino que continuaba con la revisión específica de lo acontecido y tratado en ella.
4. En ese contexto, el Tribunal ha venido estudiando de modo consecutivo el alegato de las partes, conforme se fueron exponiendo en cada sesión, muy en especial el de la defensa, la que incluso presentó escritos de conclusión luego de cada etapa de su intervención.
04/04/09: Lima, destino turístico musical
En cuatro horas vendieron 20.000 entradas para concierto de Jonas Brothers
El Comercio
La empresa promotora del espectáculo que se realizará en mayo afirmó que será un “show imperdible” que contará con todas las medidas de seguridad
(EFE). El concierto que ofrecerá el próximo 19 de mayo en Lima el grupo norteamericano Jonas Brothers logró vender hoy 20.000 entradas en tan solo cuatro horas, informaron los organizadores.
Según la información, la expectativa de los fanáticos del grupo juvenil superó todas las previsiones, por lo que se considera que en los próximos días se venderán las más de 40.000 entradas del concierto, que se presentará en el Estadio Nacional de Lima.
La empresa promotora agradeció, en un comunicado, la respuesta del público peruano y aseguró que será “un show imperdible”, que contará con todas las medidas de seguridad del caso.
Según esa información, los Jonas Brothers se han mostrado felices por la acogida que han alcanzado en el primer día de ventas del concierto en Lima, que forma parte de una gira que también pasará por Argentina, Chile y Brasil.
El Comercio
La empresa promotora del espectáculo que se realizará en mayo afirmó que será un “show imperdible” que contará con todas las medidas de seguridad
(EFE). El concierto que ofrecerá el próximo 19 de mayo en Lima el grupo norteamericano Jonas Brothers logró vender hoy 20.000 entradas en tan solo cuatro horas, informaron los organizadores.
Según la información, la expectativa de los fanáticos del grupo juvenil superó todas las previsiones, por lo que se considera que en los próximos días se venderán las más de 40.000 entradas del concierto, que se presentará en el Estadio Nacional de Lima.
La empresa promotora agradeció, en un comunicado, la respuesta del público peruano y aseguró que será “un show imperdible”, que contará con todas las medidas de seguridad del caso.
Según esa información, los Jonas Brothers se han mostrado felices por la acogida que han alcanzado en el primer día de ventas del concierto en Lima, que forma parte de una gira que también pasará por Argentina, Chile y Brasil.
El presidente Alan García debe de presentar un candidato a contralor que genere consenso en el Congreso
Así lo manifestó el ex contralor Genaro Matute, luego que la Comisión Permanente rechazó la nominación de Edmundo Beteta como contralor.
(Andina).- El ex contralor Genaro Matute dijo hoy que el Ejecutivo debe presentar un candidato a la Contraloría que genere consenso en todas las bancadas políticas, con la finalidad de asegurar su elección.
“Yo creo que ese debe ser el proceso hoy en día; el Presidente (Alan García) debe nombrar a alguien para que empiece a trabajar y desarrollar un consenso con los diferentes partidos políticos representados en el Congreso, con la finalidad de llegar a un candidato de consenso”, indicó.
Como se recuerda, la Comisión Permanente del Congreso decidió esta tarde desechar la propuesta del Poder Ejecutivo para que el economista Edmundo Beteta sea el nuevo titular de la Contraloría.
Matute Mejía dijo que si el Ejecutivo insiste en presentar a un candidato “sin alcanzar un consenso previo”, no se logrará elegir a un nuevo contralor.
“De acuerdo a la estructura del Congreso, para que se pueda elegir a un contralor tienen que haber consensos y el consenso parte desde quien va a ser el candidato”, añadió.
En ese sentido, Matute sostuvo que si no hay interés en apoyar al candidato, por más bueno que sea, “la relación política encontrará cualquier excusa para evitar votar por el elegido, simplemente porque no es de consenso”.
OPOSICIÓN PRESENTARÍA OTRO CANDIDATO PARA CONTRALOR
El vocero del Partido Nacionalista, Freddy Otárola, informó que a partir de la próxima semana los grupos de oposición se reunirían para evaluar la posible presentación de un candidato al cargo de contralor, el cual sería presentado al Ejecutivo.
“Vamos a evaluar la siguiente semana si presentamos una propuesta seria, y si decidimos lanzar un candidato no pertenecerá a ningún partido político conocido pues debemos garantizar una total independencia”, sostuvo en declaraciones a Andina.
Recordó que en febrero último las bancadas de Alianza Parlamentaria, el Partido Nacionalista y Bloque Popular propusieron al economista Humberto Campodónico pero nunca se le consideró para ser evaluado.
Finalmente, dijo que el Partido Nacionalista apoyará un candidato en el Parlamento siempre y cuando presente solvencia moral, experiencia e independencia.
Así lo manifestó el ex contralor Genaro Matute, luego que la Comisión Permanente rechazó la nominación de Edmundo Beteta como contralor.
(Andina).- El ex contralor Genaro Matute dijo hoy que el Ejecutivo debe presentar un candidato a la Contraloría que genere consenso en todas las bancadas políticas, con la finalidad de asegurar su elección.
“Yo creo que ese debe ser el proceso hoy en día; el Presidente (Alan García) debe nombrar a alguien para que empiece a trabajar y desarrollar un consenso con los diferentes partidos políticos representados en el Congreso, con la finalidad de llegar a un candidato de consenso”, indicó.
Como se recuerda, la Comisión Permanente del Congreso decidió esta tarde desechar la propuesta del Poder Ejecutivo para que el economista Edmundo Beteta sea el nuevo titular de la Contraloría.
Matute Mejía dijo que si el Ejecutivo insiste en presentar a un candidato “sin alcanzar un consenso previo”, no se logrará elegir a un nuevo contralor.
“De acuerdo a la estructura del Congreso, para que se pueda elegir a un contralor tienen que haber consensos y el consenso parte desde quien va a ser el candidato”, añadió.
En ese sentido, Matute sostuvo que si no hay interés en apoyar al candidato, por más bueno que sea, “la relación política encontrará cualquier excusa para evitar votar por el elegido, simplemente porque no es de consenso”.
OPOSICIÓN PRESENTARÍA OTRO CANDIDATO PARA CONTRALOR
El vocero del Partido Nacionalista, Freddy Otárola, informó que a partir de la próxima semana los grupos de oposición se reunirían para evaluar la posible presentación de un candidato al cargo de contralor, el cual sería presentado al Ejecutivo.
“Vamos a evaluar la siguiente semana si presentamos una propuesta seria, y si decidimos lanzar un candidato no pertenecerá a ningún partido político conocido pues debemos garantizar una total independencia”, sostuvo en declaraciones a Andina.
Recordó que en febrero último las bancadas de Alianza Parlamentaria, el Partido Nacionalista y Bloque Popular propusieron al economista Humberto Campodónico pero nunca se le consideró para ser evaluado.
Finalmente, dijo que el Partido Nacionalista apoyará un candidato en el Parlamento siempre y cuando presente solvencia moral, experiencia e independencia.
Categoría: Artículos de política
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El martes 7 de abril se emitirá la sentencia contra Alberto Fujimori
El Comercio
El juez César San Martín dictará la condena a las 9 de la mañana. El ex presidente insistió en su inocencia en la última audiencia
César San Martín, presidente del tribunal que juzga a Alberto Fujimori, anunció hoy que la sentencia contra el ex presidente de la República por violaciones de los derechos humanos se dictará el próximo martes 7 de abril a las 9 de la mañana, tras 160 sesiones repartidas a lo largo de más de quince meses.
El magistrado, quien hizo este anunció inmediatamente después de que el ex mandatario concluyera su autodefensa, dijo que la sentencia se tomará con absoluto apego a la ley y sin presión alguna. “Nadie nos ha presionado y no permitimos que nadie lo haga, y bajo esta responsabilidad vamos a dictar la sentencia que creemos que es justa, guste a quien le guste, pese a quien le pese”, recalcó.
Como se sabe, la fiscalía acusa a Fujimori de ser autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).
San Martín también agradeció a todas las partes, porque sin su colaboración hubiera sido imposible desarrollar “un juicio tan completo y con tantas pasiones” y elogió incluso al acusado, por su “comportamiento correcto y ponderado”.
El magistrado señaló que para el día de la sentencia habrá medidas extraordinarias de seguridad, que incluirán que a la sala solo podrán ingresar los familiares del acusado y los periodistas acreditados, mientras que las demás personas estarán en una sala auxiliar.
Por otro lado, el presidente del tribunal estableció el 11 de mayo como fecha de apertura del siguiente juicio caso contra Fujimori, el de los llamados “quince millones”, en referencia al pago de quince millones de dólares a Vladimiro Montesinos.
El Comercio
El juez César San Martín dictará la condena a las 9 de la mañana. El ex presidente insistió en su inocencia en la última audiencia
César San Martín, presidente del tribunal que juzga a Alberto Fujimori, anunció hoy que la sentencia contra el ex presidente de la República por violaciones de los derechos humanos se dictará el próximo martes 7 de abril a las 9 de la mañana, tras 160 sesiones repartidas a lo largo de más de quince meses.
El magistrado, quien hizo este anunció inmediatamente después de que el ex mandatario concluyera su autodefensa, dijo que la sentencia se tomará con absoluto apego a la ley y sin presión alguna. “Nadie nos ha presionado y no permitimos que nadie lo haga, y bajo esta responsabilidad vamos a dictar la sentencia que creemos que es justa, guste a quien le guste, pese a quien le pese”, recalcó.
Como se sabe, la fiscalía acusa a Fujimori de ser autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).
San Martín también agradeció a todas las partes, porque sin su colaboración hubiera sido imposible desarrollar “un juicio tan completo y con tantas pasiones” y elogió incluso al acusado, por su “comportamiento correcto y ponderado”.
El magistrado señaló que para el día de la sentencia habrá medidas extraordinarias de seguridad, que incluirán que a la sala solo podrán ingresar los familiares del acusado y los periodistas acreditados, mientras que las demás personas estarán en una sala auxiliar.
Por otro lado, el presidente del tribunal estableció el 11 de mayo como fecha de apertura del siguiente juicio caso contra Fujimori, el de los llamados “quince millones”, en referencia al pago de quince millones de dólares a Vladimiro Montesinos.
Edmundo Beteta atribuye a "motivaciones políticas" rechazo a su candidatura
La Comisión Permanente desechó su candidatura a ocupar el cargo de contralor general de la República
(ANDINA).- El economista Edmundo Beteta atribuyó a “motivaciones políticas” la decisión de la Comisión Permanente de desechar su candidatura a contralor , tras asegurar que sí cumplía con los requisitos legales para ocupar dicho cargo.
“No se tomó una decisión técnica (…) aquí ha habido otras consideraciones que por mi parte no vienen a bien analizar (pero) son seguramente motivaciones políticas”, declaró a RPP Noticias.
El profesional confesó sentirse “decepcionado” por esta situación, más aún cuando se utilizó como justificación el no tener diez años de experiencia, cuando él tiene 14 años, y “así lo han acreditado diversos informes legales”.
“La decisión que se ha tomado no es técnica, sino política. Estoy tranquilo con mi conciencia, los argumentos a mi favor eran muy claros.”
Incluso, dijo que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) y juristas de prestigio han señalado que la experiencia profesional se cuenta a parte del bachillerato y no de la titulación.
Beteta Obreros también lamentó que a lo largo del proceso de evaluación se le hayan hecho acusaciones que en algunos casos llegaron al agravio, lo cual lamentó porque siempre mantuvo una conducta de respeto a los parlamentarios.
“En el proceso se me inventaron muchísimas cosas, algunas ya en el límite del agravio, (pero) me he mantenido sereno, tranquilo y respetuoso, (mi) candidatura fue seria, pero resultó perjudicada por otras razones que no tienen nada que ver conmigo.”
Según dijo, su intención de ser contralor fue colaborar en el proceso de modernización del Estado, por eso hizo votos a fin de que algunas de sus propuestas para modernizar la Contraloría sean tomadas en cuenta por quien resulte electo en este proceso.
La Comisión Permanente desechó su candidatura a ocupar el cargo de contralor general de la República
(ANDINA).- El economista Edmundo Beteta atribuyó a “motivaciones políticas” la decisión de la Comisión Permanente de desechar su candidatura a contralor , tras asegurar que sí cumplía con los requisitos legales para ocupar dicho cargo.
“No se tomó una decisión técnica (…) aquí ha habido otras consideraciones que por mi parte no vienen a bien analizar (pero) son seguramente motivaciones políticas”, declaró a RPP Noticias.
El profesional confesó sentirse “decepcionado” por esta situación, más aún cuando se utilizó como justificación el no tener diez años de experiencia, cuando él tiene 14 años, y “así lo han acreditado diversos informes legales”.
“La decisión que se ha tomado no es técnica, sino política. Estoy tranquilo con mi conciencia, los argumentos a mi favor eran muy claros.”
Incluso, dijo que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) y juristas de prestigio han señalado que la experiencia profesional se cuenta a parte del bachillerato y no de la titulación.
Beteta Obreros también lamentó que a lo largo del proceso de evaluación se le hayan hecho acusaciones que en algunos casos llegaron al agravio, lo cual lamentó porque siempre mantuvo una conducta de respeto a los parlamentarios.
“En el proceso se me inventaron muchísimas cosas, algunas ya en el límite del agravio, (pero) me he mantenido sereno, tranquilo y respetuoso, (mi) candidatura fue seria, pero resultó perjudicada por otras razones que no tienen nada que ver conmigo.”
Según dijo, su intención de ser contralor fue colaborar en el proceso de modernización del Estado, por eso hizo votos a fin de que algunas de sus propuestas para modernizar la Contraloría sean tomadas en cuenta por quien resulte electo en este proceso.
Diario La Primera
La Miss Universo 2008, la venezolana Dayana Mendoza, le ha dado la razón al feminismo radical aportando una dosis considerable de estupidez en estado puro.
La señorita Mendoza, que combina un cuerpo perturbador y un cerebro de bajo voltaje, fue llevada a Guantánamo, el enclave colonial que Estados Unidos tiene en Cuba desde que le quitó la isla a los españoles y la ocupó militarmente.
¿Y qué vio en Guantánamo esta diosa del papel rosé?
He aquí sus palabras:
“Visitamos los campos de detenidos y vimos las celdas, las duchas, cómo se entretienen con películas, clases de arte, libros. Fue todo muy interesante, no quería irme. Es un lugar tan relajante, tan tranquilo y tan hermoso...”
Todo indica que la extrema belleza, para regocijo de las que tienen cara de desgracia, suele estar acompañada de un estado casi virginal de la función cerebral. Como si las cumbres de la tetamancia se compensaran con el encefalograma plano, más o menos.
Yo creí que la belleza que sobresalta podía ser compatible con la inteligencia superlativa hasta que oí, por primera vez, hablar a Elizabeth Taylor. Si de su boca salían invitaciones para el baile, de su cabeza salían piedras y borricos, naderías y lugares más comunes que Hollywood. Es decir que cuando hablaba se destituía.
Lo mismo me pasó, a nivel doméstico, cuando supe de qué descuidos escolares venía Cuchita Salazar, la modelo limeña de mi adolescencia. Escucharla era comprobar el dicho famoso de Proust: “dejemos las mujeres bonitas a los hombres sin imaginación”.
La última belleza que Hollywood ha lanzado para el desespero ha sido Scarlett Johansson. Sin embargo, desde que la escuché decir que pensaba darse un paseo por Irak “para animar a los muchachos” he llegado a la conclusión de que, en efecto, para ser perfectas, las gracias de la facha deberían venir con mudez incluida.
La marca que ha impuesto, sin embargo, la Miss Universo 2008 será muy difícil de superar. Desde las estupideces del marqués de Carabás en “El gato con botas” de Perrault, nadie había llevado tan lejos el arte de la mulería.
Porque eso de decir que la cárcel guantanamera es como un spá de puro relajante es algo que ni el cerebro de Chemo del Solar hubiese podido proferir. Al fin y al cabo, señorita Mendoza, Guantánamo es donde los gringos han hecho añicos los derechos humanos, la ley mosaica, el código Hammurabi y hasta los consejos del coronel de los pollos Kentucky.
O sea que se puede ser bruta, pero no tanto.
Lo que, por simetría, me lleva a algunas preguntas estúpidas, que son, como se sabe, mi especialidad. Si la austera belleza de Simone de Beauvoir hubiese dado unos pasos más allá, ¿habría tirado más para la casa Chanel que para el chiringuito de los Gallimard? Y si la Yourcenar no hubiese sido tan estupendamente fea, ¿se habría encerrado años para sumergirse en la vida de Adriano?
Pero, claro, por ese camino uno no llega a ninguna parte. Porque si así fuera, ¿entonces por qué Elsa Maxwell, la mujer más fea del mundo, no fue una gran creadora y, en cambio, se dedicó a perseguir mujeres de cabo a rabo en todos los cruceros y pachangas del mundanal ruido?
Lo que sucede es más sencillo y más radical de lo que uno pudiera imaginar: los concursos de belleza sólo pueden nutrirse de algunas déficits en la tutuma. Y, por lo tanto, las “mises” deberían usar también, y como prenda obligatoria, sujetador de boca. Una mordaza con encaje y bobos.
La Miss Universo 2008, la venezolana Dayana Mendoza, le ha dado la razón al feminismo radical aportando una dosis considerable de estupidez en estado puro.
La señorita Mendoza, que combina un cuerpo perturbador y un cerebro de bajo voltaje, fue llevada a Guantánamo, el enclave colonial que Estados Unidos tiene en Cuba desde que le quitó la isla a los españoles y la ocupó militarmente.
¿Y qué vio en Guantánamo esta diosa del papel rosé?
He aquí sus palabras:
“Visitamos los campos de detenidos y vimos las celdas, las duchas, cómo se entretienen con películas, clases de arte, libros. Fue todo muy interesante, no quería irme. Es un lugar tan relajante, tan tranquilo y tan hermoso...”
Todo indica que la extrema belleza, para regocijo de las que tienen cara de desgracia, suele estar acompañada de un estado casi virginal de la función cerebral. Como si las cumbres de la tetamancia se compensaran con el encefalograma plano, más o menos.
Yo creí que la belleza que sobresalta podía ser compatible con la inteligencia superlativa hasta que oí, por primera vez, hablar a Elizabeth Taylor. Si de su boca salían invitaciones para el baile, de su cabeza salían piedras y borricos, naderías y lugares más comunes que Hollywood. Es decir que cuando hablaba se destituía.
Lo mismo me pasó, a nivel doméstico, cuando supe de qué descuidos escolares venía Cuchita Salazar, la modelo limeña de mi adolescencia. Escucharla era comprobar el dicho famoso de Proust: “dejemos las mujeres bonitas a los hombres sin imaginación”.
La última belleza que Hollywood ha lanzado para el desespero ha sido Scarlett Johansson. Sin embargo, desde que la escuché decir que pensaba darse un paseo por Irak “para animar a los muchachos” he llegado a la conclusión de que, en efecto, para ser perfectas, las gracias de la facha deberían venir con mudez incluida.
La marca que ha impuesto, sin embargo, la Miss Universo 2008 será muy difícil de superar. Desde las estupideces del marqués de Carabás en “El gato con botas” de Perrault, nadie había llevado tan lejos el arte de la mulería.
Porque eso de decir que la cárcel guantanamera es como un spá de puro relajante es algo que ni el cerebro de Chemo del Solar hubiese podido proferir. Al fin y al cabo, señorita Mendoza, Guantánamo es donde los gringos han hecho añicos los derechos humanos, la ley mosaica, el código Hammurabi y hasta los consejos del coronel de los pollos Kentucky.
O sea que se puede ser bruta, pero no tanto.
Lo que, por simetría, me lleva a algunas preguntas estúpidas, que son, como se sabe, mi especialidad. Si la austera belleza de Simone de Beauvoir hubiese dado unos pasos más allá, ¿habría tirado más para la casa Chanel que para el chiringuito de los Gallimard? Y si la Yourcenar no hubiese sido tan estupendamente fea, ¿se habría encerrado años para sumergirse en la vida de Adriano?
Pero, claro, por ese camino uno no llega a ninguna parte. Porque si así fuera, ¿entonces por qué Elsa Maxwell, la mujer más fea del mundo, no fue una gran creadora y, en cambio, se dedicó a perseguir mujeres de cabo a rabo en todos los cruceros y pachangas del mundanal ruido?
Lo que sucede es más sencillo y más radical de lo que uno pudiera imaginar: los concursos de belleza sólo pueden nutrirse de algunas déficits en la tutuma. Y, por lo tanto, las “mises” deberían usar también, y como prenda obligatoria, sujetador de boca. Una mordaza con encaje y bobos.
(ANDINA).- La Comisión Permanente del Congreso sesionará hoy para tomar una decisión respecto a la propuesta del Poder Ejecutivo para la designación del contralor General de la República, informa la agenda del Legislativo.
La sesión esta programada para las 10:00 horas.
Previamente, a las 9:00 horas sesionará será la Comisión Investigadora encargada de investigar las razones de la venta de las acciones de la Empresa Petro-Tech y sus contingencias tributarias, societarias y de otro tipo con relación a los contratos celebrados con el Estado Peruano, en la sala ‘Leoncio Prado’.
A las 10:00 horas se reunirá la Comisión Especial Multipartidaria Encargada del Monitoreo de la Crisis Financiera Internacional en el Anfiteatro Quiñones.
También, a esa hora sesionará el Grupo de Trabajo Juventud y Deporte en la sala ‘María Elena Moyano’.
Para las 14:00 horas esta programada la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento quienes recepcionarán a los invitados del CAEN en la ‘Sala Bolognesi’.
Una hora después se reunirán en la ‘Sala Grau’ los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso.
Las actividades en el Palacio Legislativo continuarán con el desarrollo del Foro sobre ‘Seguridad vial y Juzgados Especializados de Tránsito’ que organiza el congresista Aurelio Pastor, presidente de la Célula Parlamentaria Aprista en la ‘Sala Grau’
A la misma hora en el Hemiciclo ‘Raúl Porra Barrenechea’ se realizará el Forum ‘Alimentos transgénicos: Viabilidad o no en el Perú’ que organiza el despacho del parlamentario Juvenal Silva.
Por último, a las 15:00 horas tendrá lugar la celebración de la reafirmación de la democracia en el Congreso, en el Hemiciclo ‘Raúl Porras Barrenechea’.
La sesión esta programada para las 10:00 horas.
Previamente, a las 9:00 horas sesionará será la Comisión Investigadora encargada de investigar las razones de la venta de las acciones de la Empresa Petro-Tech y sus contingencias tributarias, societarias y de otro tipo con relación a los contratos celebrados con el Estado Peruano, en la sala ‘Leoncio Prado’.
A las 10:00 horas se reunirá la Comisión Especial Multipartidaria Encargada del Monitoreo de la Crisis Financiera Internacional en el Anfiteatro Quiñones.
También, a esa hora sesionará el Grupo de Trabajo Juventud y Deporte en la sala ‘María Elena Moyano’.
Para las 14:00 horas esta programada la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento quienes recepcionarán a los invitados del CAEN en la ‘Sala Bolognesi’.
Una hora después se reunirán en la ‘Sala Grau’ los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso.
Las actividades en el Palacio Legislativo continuarán con el desarrollo del Foro sobre ‘Seguridad vial y Juzgados Especializados de Tránsito’ que organiza el congresista Aurelio Pastor, presidente de la Célula Parlamentaria Aprista en la ‘Sala Grau’
A la misma hora en el Hemiciclo ‘Raúl Porra Barrenechea’ se realizará el Forum ‘Alimentos transgénicos: Viabilidad o no en el Perú’ que organiza el despacho del parlamentario Juvenal Silva.
Por último, a las 15:00 horas tendrá lugar la celebración de la reafirmación de la democracia en el Congreso, en el Hemiciclo ‘Raúl Porras Barrenechea’.
03/04/09: Violenta marcha contra Fuentes en Puno
La República
Sede De gobierno regional quedó con ventanas rotas. Manifestantes bloquearon parcialmente las carreteras.
El paro organizado por el Frente de Organizaciones Populares (FOP) y la Central de Barrios contra el presidente del gobierno regional de Puno, Hernán Fuentes, y el alcalde de esa ciudad, Luis Butrón, tuvo un perfil violento.
Al mediodía, decenas de manifestantes, en su mayoría miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, llegaron al local del gobierno regional y lanzaron piedras hacia los vidrios de la segunda planta. También lanzaron pintura a la fachada.
Luego, los maestros tomaron el local de la Gerencia de Desarrollo Social, ubicado a dos cuadras de la sede del gobierno regional, como medida de presión para acelerar la destitución del titular de la Dirección Regional de Educación, Germán Condori.
Desde tempranas horas, las vías de ingreso y salida a la ciudad fueron bloqueadas con piedras de todo tamaño. Pese a ello, muchos buses de transporte interprovincial lograron sortear el bloqueo.
Sede De gobierno regional quedó con ventanas rotas. Manifestantes bloquearon parcialmente las carreteras.
El paro organizado por el Frente de Organizaciones Populares (FOP) y la Central de Barrios contra el presidente del gobierno regional de Puno, Hernán Fuentes, y el alcalde de esa ciudad, Luis Butrón, tuvo un perfil violento.
Al mediodía, decenas de manifestantes, en su mayoría miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, llegaron al local del gobierno regional y lanzaron piedras hacia los vidrios de la segunda planta. También lanzaron pintura a la fachada.
Luego, los maestros tomaron el local de la Gerencia de Desarrollo Social, ubicado a dos cuadras de la sede del gobierno regional, como medida de presión para acelerar la destitución del titular de la Dirección Regional de Educación, Germán Condori.
Desde tempranas horas, las vías de ingreso y salida a la ciudad fueron bloqueadas con piedras de todo tamaño. Pese a ello, muchos buses de transporte interprovincial lograron sortear el bloqueo.
Categoría: Artículos de política
Publicado por: mbermudez
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Congresista ofreció reconocer paternidad de una de ellas sin prueba de ADN. Trataría de evitar sanciones e indagación de comisión de Ética.
Antuanet Castillo. Pisco. La República
Para terminar con el escándalo que le costó su actuación con sus dos hijas extramatrimoniales, el congresista aprista Edgar Núñez se reunió con las menores y les ofreció reconocer a una de ellas sin someterse a la prueba de ADN y otorgar una pensión razonable a ambas.
La iglesia San Francisco de Asís, en Pisco Playa, fue escenario del reencuentro entre Núñez Román y las menores Sthepany y Pamela.
La reunión duró unas cuatro horas, y el aprista les pidió perdón y señaló que reconocerá a Pamela sin prueba de ADN, como había exigido públicamente el último fin de semana en un reportaje.
Además cumplirá con pasarle una pensión del 15% de su sueldo. “Ahora la familia Núñez creció con dos reinas, poco a poco me ganaré su confianza”, dijo frente al sacerdote José Sánchez, párroco de Pisco Playa.
El legislador estuvo acompañado por su abogado y su hijo mayor. Las menores dijeron esperar que su padre cumpla sus promesas.
Con este primer acuerdo ver-bal, Núñez abrió el camino a la conciliación judicial y trataría de evitar además una sanción
en su partido y la investigación que ya le abrió la comisión de Ética del Congreso.
(ANDINA).- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) instaló la comisión especial para la implementación de la nueva Ley de la Carrera Judicial, mediante la cual se evaluará periódicamente a los magistrados.
Este grupo de trabajo estará presidido por Carlos Mansilla Gardella, quien es también titular del CNM; e integrado por los consejeros Francisco Delgado de la Flor Badaracco, Edmundo Peláez Bardales, Efraín Anaya Cárdenas y Maximiliano Cárdenas Díaz.
Asimismo, lo conformarán los funcionarios técnicos y legales Mario Álvarez Quispe, Vicente Zegarra Tueros y Jorge Rucoba Rucoba, según informa la institución en un comunicado.
Esta comisión tiene como objetivos formular un plan integral del CNM frente al tema de la inminente entrada en vigencia de la Ley de la Carrera Judicial; así como planificar todas las acciones que serán necesarias coordinar con otras entidades del Estado.
La nueva Ley de la Carrera Judicial incorpora, entre otras novedades, la figura de la evaluación periódica del desempeño (cada tres años y medio), y encarga esta tarea al Consejo Nacional de la Magistratura.
Esta nueva norma obligará al CNM a realizar una serie de cambios en sus reglamentos internos; sobre todo en lo referente a la evaluación del desempeño, que en la actualidad se efectúa cada siete años con el fin de ratificar o no a los magistrados.
Este grupo de trabajo estará presidido por Carlos Mansilla Gardella, quien es también titular del CNM; e integrado por los consejeros Francisco Delgado de la Flor Badaracco, Edmundo Peláez Bardales, Efraín Anaya Cárdenas y Maximiliano Cárdenas Díaz.
Asimismo, lo conformarán los funcionarios técnicos y legales Mario Álvarez Quispe, Vicente Zegarra Tueros y Jorge Rucoba Rucoba, según informa la institución en un comunicado.
Esta comisión tiene como objetivos formular un plan integral del CNM frente al tema de la inminente entrada en vigencia de la Ley de la Carrera Judicial; así como planificar todas las acciones que serán necesarias coordinar con otras entidades del Estado.
La nueva Ley de la Carrera Judicial incorpora, entre otras novedades, la figura de la evaluación periódica del desempeño (cada tres años y medio), y encarga esta tarea al Consejo Nacional de la Magistratura.
Esta nueva norma obligará al CNM a realizar una serie de cambios en sus reglamentos internos; sobre todo en lo referente a la evaluación del desempeño, que en la actualidad se efectúa cada siete años con el fin de ratificar o no a los magistrados.
Categoría: Artículos derecho constitucional
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02/04/09: Paraísos fiscales
Uruguay, Malasia, Costa Rica y Filipinas acusados de ser paraísos fiscales
Estudio revela que dichos países se han negado a adoptar nuevas reglas sobre apertura financiera
(AP). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emitió el jueves una “lista negra” de cuatro países, Costa Rica, Uruguay, Malasia y Filipinas, considerados paraísos fiscales que no cooperan con las autoridades internacionales.
La OCDE informó que los cuatro países incluidos se han negado a adoptar nuevas reglas sobre apertura financiera.
El organismo mencionó que los líderes del G-20 , reunidos en Londres, pidieron a la OCDE dar detalles sobre las naciones que funcionan como paraísos fiscales, ya que los países que conforman dicha organización (G-20) han decidido acabar con quienes promueven o permiten esas actividades ilícitas.
La canciller alemana Angela Merkel dijo que el primer ministro británico Gordon Brown y el presidente estadounidense Barack Obama tuvieron una participación importante para tomar medidas decididas contra los paraísos fiscales.
Los líderes en las conversaciones en Londres dijeron que ha terminado la era del secreto bancario, y que la comunidad internacional debe intervenir para impedir que las naciones sean afectadas por ingresos de impuestos, sumamente necesarios en el marco de la crisis económica.
Agregaron que las naciones que se nieguen a intercambiar información fiscal podrían enfrentar en el futuro sanciones severas, incluido el retiro de financiamiento del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
DESCARGOS
El presidente del Banco Central de Uruguay, Mario Bergara, afirmo que el secreto bancario “no es las base del desarrollo del sistema financiero”.
Las declaraciones fueron la respuesta de las autoridades uruguayas al informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que acusa a Uruguay, además de Costa Rica, Filipinas y Malaisia, de no cumplir con las reglas sobre la implementación de los estándares impositivos acordados a nivel internacional en el año 2004.
“Secreto bancario hay en todo el mundo” y las flexibilizaciones que se le piden a algunos países Uruguay ya las hizo hace tres años, cuando se impulsó una reforma del sistema tributario, que está vigente en el país, indicó el funcionario
Por su parte, Suiza y Liechtenstein, naciones con fuerte tradición en materia de secreto bancario, dijeron el mes pasado que adoptarían los reglamentos internacionales sobre cooperación fiscal y que estaban preparadas para cumplir las exigencias del G-20.
Estudio revela que dichos países se han negado a adoptar nuevas reglas sobre apertura financiera
(AP). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emitió el jueves una “lista negra” de cuatro países, Costa Rica, Uruguay, Malasia y Filipinas, considerados paraísos fiscales que no cooperan con las autoridades internacionales.
La OCDE informó que los cuatro países incluidos se han negado a adoptar nuevas reglas sobre apertura financiera.
El organismo mencionó que los líderes del G-20 , reunidos en Londres, pidieron a la OCDE dar detalles sobre las naciones que funcionan como paraísos fiscales, ya que los países que conforman dicha organización (G-20) han decidido acabar con quienes promueven o permiten esas actividades ilícitas.
La canciller alemana Angela Merkel dijo que el primer ministro británico Gordon Brown y el presidente estadounidense Barack Obama tuvieron una participación importante para tomar medidas decididas contra los paraísos fiscales.
Los líderes en las conversaciones en Londres dijeron que ha terminado la era del secreto bancario, y que la comunidad internacional debe intervenir para impedir que las naciones sean afectadas por ingresos de impuestos, sumamente necesarios en el marco de la crisis económica.
Agregaron que las naciones que se nieguen a intercambiar información fiscal podrían enfrentar en el futuro sanciones severas, incluido el retiro de financiamiento del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
DESCARGOS
El presidente del Banco Central de Uruguay, Mario Bergara, afirmo que el secreto bancario “no es las base del desarrollo del sistema financiero”.
Las declaraciones fueron la respuesta de las autoridades uruguayas al informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que acusa a Uruguay, además de Costa Rica, Filipinas y Malaisia, de no cumplir con las reglas sobre la implementación de los estándares impositivos acordados a nivel internacional en el año 2004.
“Secreto bancario hay en todo el mundo” y las flexibilizaciones que se le piden a algunos países Uruguay ya las hizo hace tres años, cuando se impulsó una reforma del sistema tributario, que está vigente en el país, indicó el funcionario
Por su parte, Suiza y Liechtenstein, naciones con fuerte tradición en materia de secreto bancario, dijeron el mes pasado que adoptarían los reglamentos internacionales sobre cooperación fiscal y que estaban preparadas para cumplir las exigencias del G-20.
02/04/09: Conmemoran el 110° aniversario de la llegada de los primeros ciudadanos del Japón a nuestro país
En el Sakura Maru, barco en el que llegaron los primeros japoneses al Perú.
(ANDINA).- Con una ceremonia en el Congreso, hoy se conmemoró el 110° aniversario de la llegada de los primeros ciudadanos del Japón a nuestro país, hecho que ocurrió el 3 de de abril de 1899, cuando llegaron al puerto del Callao los primeros 790 inmigrantes japoneses a bordo del barco Sakura Maru.
Con una ceremonia en el Congreso, hoy se conmemoró el 110° aniversario de la llegada de los primeros ciudadanos del Japón a nuestro país, hecho que ocurrió el 3 de de abril de 1899, cuando llegaron al puerto del Callao los primeros 790 inmigrantes japoneses a bordo del barco Sakura Maru.
organizado por el presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Japón, Rafael Yamashiro Oré (UN).
El legislador destacó que a través de los años se ha ido fortaleciendo las relaciones entre los dos países y que existe la proyección de mejorarlas aún más con la firma de un tratado de libre comercio. “Se trata de nuevos retos, nuevos desafíos”, sostuvo, al tiempo de señalar, que se buscará soluciones y beneficios comunes.
Otro punto que destacó fue la invocación al gobierno de Japón, a través de sus autoridades, para mejorar las condiciones de vida de los descendientes de japoneses en el Perú que han viajado a ese país en búsqueda de oportunidades laborales.
Historia de dura lucha
Yamashiro recordó que el 3 de de abril de 1899 llegaron al puerto del Callao los primeros 790 inmigrantes japoneses a bordo del barco Sakura Maru. La mayoría eran agricultores que tenían por destino las grandes haciendas azucareras ubicadas en la costa peruana.
Cronología en la historia de la inmigración japonesa al Perú
Refirió que el 21 de agosto de 1873 se firmó en el Japón el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre la República del Perú y el Imperio del Japón. En él se estableció la posibilidad de que los japoneses pudieran viajar al Perú y nuestro país se convirtió en el primer país con el que Japón estableció relaciones diplomáticas en América Latina.
Desde esa fecha hasta 1923 llegaron al Perú 102 grupos más de inmigrantes, traídos por distintas compañías contratistas con contratos por cuatro años. A partir de 1923 los japoneses comenzaron a ingresar al país en condición de inmigrantes libres.
Dijo que los años venideros significaron para los japoneses épocas de lucha, trabajo y dolor y que en 1965 la Sociedad Central Japonesa recibió del Gobierno peruano un terreno de diez mil metros cuadrados en compensación por la expropiación de las escuelas japonesas de Lima. En dicho terreno se inauguró en 1967 el Centro Cultural Peruano Japonés.
Indicó que en la década del 80 se inició la emigración de nikkeis peruanos al Japón y se calcula que de los casi 100 mil integrantes de la comunidad peruano japonesa, 40 mil nikkeis se fueron a trabajar al Japón.
Refirió que al conmemorarse el 90 aniversario de la inmigración japonesa al Perú, el 3 de abril de 1989 el gobierno del Presidente Alan García promulgó una ley que estableció esta fecha como el "Día de la Amistad Peruano Japonesa".
Por su lado, el embajador de Japón en el Perú, Shuichiro Megata, expresó su expectativa en el mejoramiento de las relaciones comerciales entre los dos países con el inicio de una nueva fase en el marco de la firma de un tratado de libre comercio.
Refirió que los TLC suscritos con México y Chile ha significado un gran salto de las importaciones y exportaciones para esos países.
El congresista Santiago Fujimori Fujimori (GPF), quien se hizo cargo de la clausura en representación del Presidente el Congreso, hizo hincapié en el hecho de que los lazos de cooperación entre los dos países no debe ser solo a nivel del comercio sino también en el de tecnología, materia en la que ese país es desarrollado.
“Nosotros tenemos recursos naturales y recursos humanos, y Japón tiene ciencia, tecnología, mano de obra y los recursos necesarios para capacitación”, anotó.
Por eso, el parlamentario consideró que los dos países son complementarios y que ambos se necesitan y pueden colaborar entre sí para un beneficio mutuo.
A la ceremonia, que se desarrolló en el Hemiciclo “Raúl Porras Barrenechea”, también asistieron los congresistas Lourdes Alcorta (UN) y Luisa María Cuculiza (GPF).
Igualmente, estuvieron el presidente de la Asociación Peruano Japonesa, Carlos Saito Saito y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria Peruano Japonesa, Yoshinori Takase.
En el evento también participaron destacados los grupos musicales Perú Nikkei Ritmos y Colores de la Asociación Peruano-Japonesa y Ryukyu Koku Matsuri Daiko, los que interpretaron y bailaron música peruana y japonesa, respectivamente.
De igual manera, tomó parte en la conmemoración una exposición de ikebana, origami y bonsái en la sala “Luna Pizarro”, que mostró el arte en el cultivo de árboles mediante técnicas de reducción de tamaño aplicado a distintas especies, entre ellas el juneperus, schefflera, mirto, portucalaria, ciprés, Picus, olmo chino, y otros con antigüedades que oscilan entre 12 y 30 años.
(ANDINA).- Con una ceremonia en el Congreso, hoy se conmemoró el 110° aniversario de la llegada de los primeros ciudadanos del Japón a nuestro país, hecho que ocurrió el 3 de de abril de 1899, cuando llegaron al puerto del Callao los primeros 790 inmigrantes japoneses a bordo del barco Sakura Maru.
Con una ceremonia en el Congreso, hoy se conmemoró el 110° aniversario de la llegada de los primeros ciudadanos del Japón a nuestro país, hecho que ocurrió el 3 de de abril de 1899, cuando llegaron al puerto del Callao los primeros 790 inmigrantes japoneses a bordo del barco Sakura Maru.
organizado por el presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Japón, Rafael Yamashiro Oré (UN).
El legislador destacó que a través de los años se ha ido fortaleciendo las relaciones entre los dos países y que existe la proyección de mejorarlas aún más con la firma de un tratado de libre comercio. “Se trata de nuevos retos, nuevos desafíos”, sostuvo, al tiempo de señalar, que se buscará soluciones y beneficios comunes.
Otro punto que destacó fue la invocación al gobierno de Japón, a través de sus autoridades, para mejorar las condiciones de vida de los descendientes de japoneses en el Perú que han viajado a ese país en búsqueda de oportunidades laborales.
Historia de dura lucha
Yamashiro recordó que el 3 de de abril de 1899 llegaron al puerto del Callao los primeros 790 inmigrantes japoneses a bordo del barco Sakura Maru. La mayoría eran agricultores que tenían por destino las grandes haciendas azucareras ubicadas en la costa peruana.
Cronología en la historia de la inmigración japonesa al Perú
Refirió que el 21 de agosto de 1873 se firmó en el Japón el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre la República del Perú y el Imperio del Japón. En él se estableció la posibilidad de que los japoneses pudieran viajar al Perú y nuestro país se convirtió en el primer país con el que Japón estableció relaciones diplomáticas en América Latina.
Desde esa fecha hasta 1923 llegaron al Perú 102 grupos más de inmigrantes, traídos por distintas compañías contratistas con contratos por cuatro años. A partir de 1923 los japoneses comenzaron a ingresar al país en condición de inmigrantes libres.
Dijo que los años venideros significaron para los japoneses épocas de lucha, trabajo y dolor y que en 1965 la Sociedad Central Japonesa recibió del Gobierno peruano un terreno de diez mil metros cuadrados en compensación por la expropiación de las escuelas japonesas de Lima. En dicho terreno se inauguró en 1967 el Centro Cultural Peruano Japonés.
Indicó que en la década del 80 se inició la emigración de nikkeis peruanos al Japón y se calcula que de los casi 100 mil integrantes de la comunidad peruano japonesa, 40 mil nikkeis se fueron a trabajar al Japón.
Refirió que al conmemorarse el 90 aniversario de la inmigración japonesa al Perú, el 3 de abril de 1989 el gobierno del Presidente Alan García promulgó una ley que estableció esta fecha como el "Día de la Amistad Peruano Japonesa".
Por su lado, el embajador de Japón en el Perú, Shuichiro Megata, expresó su expectativa en el mejoramiento de las relaciones comerciales entre los dos países con el inicio de una nueva fase en el marco de la firma de un tratado de libre comercio.
Refirió que los TLC suscritos con México y Chile ha significado un gran salto de las importaciones y exportaciones para esos países.
El congresista Santiago Fujimori Fujimori (GPF), quien se hizo cargo de la clausura en representación del Presidente el Congreso, hizo hincapié en el hecho de que los lazos de cooperación entre los dos países no debe ser solo a nivel del comercio sino también en el de tecnología, materia en la que ese país es desarrollado.
“Nosotros tenemos recursos naturales y recursos humanos, y Japón tiene ciencia, tecnología, mano de obra y los recursos necesarios para capacitación”, anotó.
Por eso, el parlamentario consideró que los dos países son complementarios y que ambos se necesitan y pueden colaborar entre sí para un beneficio mutuo.
A la ceremonia, que se desarrolló en el Hemiciclo “Raúl Porras Barrenechea”, también asistieron los congresistas Lourdes Alcorta (UN) y Luisa María Cuculiza (GPF).
Igualmente, estuvieron el presidente de la Asociación Peruano Japonesa, Carlos Saito Saito y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria Peruano Japonesa, Yoshinori Takase.
En el evento también participaron destacados los grupos musicales Perú Nikkei Ritmos y Colores de la Asociación Peruano-Japonesa y Ryukyu Koku Matsuri Daiko, los que interpretaron y bailaron música peruana y japonesa, respectivamente.
De igual manera, tomó parte en la conmemoración una exposición de ikebana, origami y bonsái en la sala “Luna Pizarro”, que mostró el arte en el cultivo de árboles mediante técnicas de reducción de tamaño aplicado a distintas especies, entre ellas el juneperus, schefflera, mirto, portucalaria, ciprés, Picus, olmo chino, y otros con antigüedades que oscilan entre 12 y 30 años.
La investigadora recibió esta noche la más alta distinción del Parlamento en un merecido homenaje por su trayectoria. “Agradezco las lindas palabras que han vertido sobre mí. Muchas gracias”, dijo la escritora
(Andina).- El hemiciclo que lleva el nombre de su maestro, Raúl Porras Barrenechea, era el mejor escenario que María Rostworowski Tovar de Diez Canseco podía haber elegido para recibir un merecido homenaje. Esta noche en una ceremonia a la que asistieron amigos, familiares y discípulos de la reconocida historiadora, fue distinguida con la Medalla de Honor del Congreso de la República.
Luego de que se le otorgara la más alta distinción del Parlamento, Rostworowski quizás quiso hacerle un guiño a su antiguo mentor, de recordadas dotes retóricas: “No soy un orador. Agradezco calurosamente las lindas palabras que han vertido sobre mí. Muchas gracias.”
En el acto de homenaje participaron los congresistas Lourdes Alcorta y Alejandro Aguinaga (vicepresidente de la representación congresal), quienes subrayaron los aportes de Rostworowski a una mayor comprensión de una identidad peruana diversa y multicultural. “Reconocemos así a la investigadora, la madre y la mujer”, resaltó Alcorta.
Asimismo, intervinieron en el conservatorio posterior –que destacó las calidades personales e intelectuales de la homenajeada– la investigadora social María Isabel Remy y los historiadores Rafael Varón y Luis Millones.
TRAYECTORIA
Rafael Varón trazó los momentos más importantes de la vida de María Rostworowski. Nacida en Barranco en 1915, pasó su infancia y juventud en Polonia y Francia. Su educación fue autodidacta y hacia 1935 decide volver al Perú. En ese momento, se hace discípula de Porres Barrenechea, que le inculca el amor por la historia del Perú.
El primer libro de Rostworowski, Pachacútec Inca Yupanqui (1953), es fruto de este tesón. Con su segunda entrega, Curacas y sucesiones, plantea la comprensión del mundo andino de manera integral. Es con Historia del Tawantinsuyu que la historiadora desmantela la visión utópica e ideal del incario. “Es un libro que apasiona a lectores de toda edad, porque los actores históricos se comportan con pasiones e intereses”, recalcó Varón.
María Isabel Remy ponderó de la homenajeada el no haberse limitado al ámbito doméstico, sino haber desarrollado una trayectoria como académica y mujer. Su estudio sobre la primera mestiza, Francisca Pizarro, es en ese sentido, ejemplar.
De igual modo, Remy hizo patente la publicación de las obras completas de Rostworowski en siete tomos por el Instituto de Estudios Peruanos, del cual la historiadora es fundadora. “Se mueve en espacios académicos diversos y posee una dedicación terca a la investigación.”
A su turno, Luis Millones realzó la “feroz racionalidad” con que María Rostworowski acometió sus lecturas y hallazgos sobre el mundo andino. Recordó que la historiadora instó a dejar de lado la nomenclatura europea con la cual categorizamos nuestro pasado.
“Usemos nuestras propias categorías de pensamiento: el Tawantinsuyo no fue un imperio, y marka era el verdadero nombre de las ciudades. Es positivo reconstruir lo que nos pertenece, y a esa labor se dedicó nuestra María Rostworowski.”
(Andina).- El hemiciclo que lleva el nombre de su maestro, Raúl Porras Barrenechea, era el mejor escenario que María Rostworowski Tovar de Diez Canseco podía haber elegido para recibir un merecido homenaje. Esta noche en una ceremonia a la que asistieron amigos, familiares y discípulos de la reconocida historiadora, fue distinguida con la Medalla de Honor del Congreso de la República.
Luego de que se le otorgara la más alta distinción del Parlamento, Rostworowski quizás quiso hacerle un guiño a su antiguo mentor, de recordadas dotes retóricas: “No soy un orador. Agradezco calurosamente las lindas palabras que han vertido sobre mí. Muchas gracias.”
En el acto de homenaje participaron los congresistas Lourdes Alcorta y Alejandro Aguinaga (vicepresidente de la representación congresal), quienes subrayaron los aportes de Rostworowski a una mayor comprensión de una identidad peruana diversa y multicultural. “Reconocemos así a la investigadora, la madre y la mujer”, resaltó Alcorta.
Asimismo, intervinieron en el conservatorio posterior –que destacó las calidades personales e intelectuales de la homenajeada– la investigadora social María Isabel Remy y los historiadores Rafael Varón y Luis Millones.
TRAYECTORIA
Rafael Varón trazó los momentos más importantes de la vida de María Rostworowski. Nacida en Barranco en 1915, pasó su infancia y juventud en Polonia y Francia. Su educación fue autodidacta y hacia 1935 decide volver al Perú. En ese momento, se hace discípula de Porres Barrenechea, que le inculca el amor por la historia del Perú.
El primer libro de Rostworowski, Pachacútec Inca Yupanqui (1953), es fruto de este tesón. Con su segunda entrega, Curacas y sucesiones, plantea la comprensión del mundo andino de manera integral. Es con Historia del Tawantinsuyu que la historiadora desmantela la visión utópica e ideal del incario. “Es un libro que apasiona a lectores de toda edad, porque los actores históricos se comportan con pasiones e intereses”, recalcó Varón.
María Isabel Remy ponderó de la homenajeada el no haberse limitado al ámbito doméstico, sino haber desarrollado una trayectoria como académica y mujer. Su estudio sobre la primera mestiza, Francisca Pizarro, es en ese sentido, ejemplar.
De igual modo, Remy hizo patente la publicación de las obras completas de Rostworowski en siete tomos por el Instituto de Estudios Peruanos, del cual la historiadora es fundadora. “Se mueve en espacios académicos diversos y posee una dedicación terca a la investigación.”
A su turno, Luis Millones realzó la “feroz racionalidad” con que María Rostworowski acometió sus lecturas y hallazgos sobre el mundo andino. Recordó que la historiadora instó a dejar de lado la nomenclatura europea con la cual categorizamos nuestro pasado.
“Usemos nuestras propias categorías de pensamiento: el Tawantinsuyo no fue un imperio, y marka era el verdadero nombre de las ciudades. Es positivo reconstruir lo que nos pertenece, y a esa labor se dedicó nuestra María Rostworowski.”
Contraloría no encontró responsable a Rospigliosi
En investigación sobre compra de uniformes. No se puede decir que ex ministro del Interior se benefició económicamente, aclara Genaro Matute.
Ana Núñez - La República
La investigación realizada por la Contraloría General de la República sobre el convenio firmado entre el Ministerio del Interior y ProÉtica, a fin de que esa institución asesore al Estado en la compra de uniformes para la Policía Nacional, no encontró responsabilidades en el entonces titular de ese sector, Fernando Rospigliosi.
Así lo aclaró a este diario Genaro Matute Mejía, quien estuvo al frente de esa institución de control hasta diciembre último.
Matute indicó que de lo investigado en aquella oportunidad no se podía desprender que Rospigliosi haya obtenido algún tipo de beneficio económico como ha pretendido establecer el congresista aprista Aurelio Pastor, quien, precisamente, sustentó la acusación constitucional que fue aprobada por la comisión permanente, y que ahora deberá ser votada por el pleno del Parlamento.
“No se puede decir que Rospigliosi se benefició económicamente. Ni siquiera pudimos decir que ProÉtica se benefició económicamente. Nosotros creemos que ProÉtica actuó de buena fe, pero los asesores que recomendó no eran los adecuados”, indicó Matute.
Agregó, no obstante, que sí es verdad que los uniformes comprados con la asesoría de esos profesionales eran inservibles.
El ex ministro del Interior, entre tanto, afirmó que quienes lo acusan de haberse favorecido económicamente no han pre-
sentado una prueba sobre ello. Recordó que ProÉtica no recibió ni un solo sol por brindar la asesoría al Estado.
La clave
acusa. Aurelio Pastor afirmó que si bien ProÉtica no recibió dinero como institución, quienes trabajan en ella sí cobraron. “Esto no busca inculpar a alguien. Hubo irregularidad”, dijo.
En investigación sobre compra de uniformes. No se puede decir que ex ministro del Interior se benefició económicamente, aclara Genaro Matute.
Ana Núñez - La República
La investigación realizada por la Contraloría General de la República sobre el convenio firmado entre el Ministerio del Interior y ProÉtica, a fin de que esa institución asesore al Estado en la compra de uniformes para la Policía Nacional, no encontró responsabilidades en el entonces titular de ese sector, Fernando Rospigliosi.
Así lo aclaró a este diario Genaro Matute Mejía, quien estuvo al frente de esa institución de control hasta diciembre último.
Matute indicó que de lo investigado en aquella oportunidad no se podía desprender que Rospigliosi haya obtenido algún tipo de beneficio económico como ha pretendido establecer el congresista aprista Aurelio Pastor, quien, precisamente, sustentó la acusación constitucional que fue aprobada por la comisión permanente, y que ahora deberá ser votada por el pleno del Parlamento.
“No se puede decir que Rospigliosi se benefició económicamente. Ni siquiera pudimos decir que ProÉtica se benefició económicamente. Nosotros creemos que ProÉtica actuó de buena fe, pero los asesores que recomendó no eran los adecuados”, indicó Matute.
Agregó, no obstante, que sí es verdad que los uniformes comprados con la asesoría de esos profesionales eran inservibles.
El ex ministro del Interior, entre tanto, afirmó que quienes lo acusan de haberse favorecido económicamente no han pre-
sentado una prueba sobre ello. Recordó que ProÉtica no recibió ni un solo sol por brindar la asesoría al Estado.
La clave
acusa. Aurelio Pastor afirmó que si bien ProÉtica no recibió dinero como institución, quienes trabajan en ella sí cobraron. “Esto no busca inculpar a alguien. Hubo irregularidad”, dijo.
Vigilarán cuentas bancarias de jueces
Villa Stein crea Unidad de Ética del Poder Judicial. El objetivo es tratar de detectar casos de enriquecimiento ilícito en magistrados de todos los niveles y a nivel nacional.
Ana Véliz - La República
El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, presentó a los asesores de la futura Unidad de Ética Judicial, que tendrán por función detectar casos de enriquecimiento ilícito de jueces de todos los niveles y de todo el país.
Se trata del embajador Manuel Rodríguez Cuadros, el reverendo Manuel Tamayo Pinto Bazurco y Juan Velit Granda. En los siguientes días se unirá al grupo el abogado y ex procurador Luis Vargas Valdivia.
Villa Stein indicó que este equipo de asesores será la base de la Unidad de Ética tan pronto sea aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con estricta sujeción a las normas constitucionales y legales.
Una vez en funcionamiento, la Unidad de Ética del Poder Judicial se encargará de investigar la conducta económica de los magistrados y dependerá de la Presidencia de la Corte Suprema. Podrá investigar a todos los jueces, incluyendo a los vocales de instancias superiores.
“En la Corte Suprema no tenemos rabo de paja, por eso podemos mostrar nuestras cuentas. Cuando alguien no es honesto busca diferentes formas de esconder el dinero, como ponerlo a nombre de terceros. Ahí entrará en acción la Unidad, para descubrir estos malos elementos y denunciarlos”, acotó.
Sobre el “chuponeo”
De otro lado, Villa Stein afirmó que no le parecía bien el cambio de la jueza María Martínez Gutiérrez, a cargo del proceso a los directivos de Business Track por espionaje telefónico.
“No entiendo. Por un lado piden rapidez en el proceso, y ahora van a cambiar de jueza y poner un juez nuevo que violaría, a mi parecer, el principio del juez natural. Y no por eso se irá más rápido”, comentó.
De la OCMA y César Vega Vega
Al ser preguntado por la decisión de la OCMA de investigar al presidente de la Corte de Lima, César Vega, por asistir al cumpleaños de su amigo Carlos Roca y participar en el lanzamiento de su candidatura partidaria, Villa Stein dijo creer que evaluar ese tipo de conducta escapa al ámbito de la oficina de control.
“Los magistrados en el Perú tienen libertad de culto, de credo, de asociación, de pensamiento y de expresión. Rechazo las actitudes mojigatas, la persecución en cualquiera de sus formas, el oscurantismo. No se puede dudar de la calidad de un juez por reunirse con amigos de infancia”.
Algunos invitados a la presentación de la Unidad de Ética fueron Vega Vega y la jueza María Martínez Gutiérrez, pero se fueron rápidamente
Villa Stein crea Unidad de Ética del Poder Judicial. El objetivo es tratar de detectar casos de enriquecimiento ilícito en magistrados de todos los niveles y a nivel nacional.
Ana Véliz - La República
El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, presentó a los asesores de la futura Unidad de Ética Judicial, que tendrán por función detectar casos de enriquecimiento ilícito de jueces de todos los niveles y de todo el país.
Se trata del embajador Manuel Rodríguez Cuadros, el reverendo Manuel Tamayo Pinto Bazurco y Juan Velit Granda. En los siguientes días se unirá al grupo el abogado y ex procurador Luis Vargas Valdivia.
Villa Stein indicó que este equipo de asesores será la base de la Unidad de Ética tan pronto sea aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con estricta sujeción a las normas constitucionales y legales.
Una vez en funcionamiento, la Unidad de Ética del Poder Judicial se encargará de investigar la conducta económica de los magistrados y dependerá de la Presidencia de la Corte Suprema. Podrá investigar a todos los jueces, incluyendo a los vocales de instancias superiores.
“En la Corte Suprema no tenemos rabo de paja, por eso podemos mostrar nuestras cuentas. Cuando alguien no es honesto busca diferentes formas de esconder el dinero, como ponerlo a nombre de terceros. Ahí entrará en acción la Unidad, para descubrir estos malos elementos y denunciarlos”, acotó.
Sobre el “chuponeo”
De otro lado, Villa Stein afirmó que no le parecía bien el cambio de la jueza María Martínez Gutiérrez, a cargo del proceso a los directivos de Business Track por espionaje telefónico.
“No entiendo. Por un lado piden rapidez en el proceso, y ahora van a cambiar de jueza y poner un juez nuevo que violaría, a mi parecer, el principio del juez natural. Y no por eso se irá más rápido”, comentó.
De la OCMA y César Vega Vega
Al ser preguntado por la decisión de la OCMA de investigar al presidente de la Corte de Lima, César Vega, por asistir al cumpleaños de su amigo Carlos Roca y participar en el lanzamiento de su candidatura partidaria, Villa Stein dijo creer que evaluar ese tipo de conducta escapa al ámbito de la oficina de control.
“Los magistrados en el Perú tienen libertad de culto, de credo, de asociación, de pensamiento y de expresión. Rechazo las actitudes mojigatas, la persecución en cualquiera de sus formas, el oscurantismo. No se puede dudar de la calidad de un juez por reunirse con amigos de infancia”.
Algunos invitados a la presentación de la Unidad de Ética fueron Vega Vega y la jueza María Martínez Gutiérrez, pero se fueron rápidamente
Ayer, muy eufórico, se atribuyó protagonismo en la captura de la cúpula de sendero. Tampoco dijo que su asesor Montesinos descansaba en su casa de playa cuando el GEIN sorprendió al cabecilla terrorista.
Edmundo Cruz - La República
El acusado Alberto Fujimori afirmó ayer –en tono de alarde– que la captura de los principales dirigentes de Sendero Luminoso se produjo bajo su gestión sin derramar una gota de sangre y sin disparar un solo tiro. La declaración implica la atribución de un protagonismo que los hechos tercos cuestionan y desmienten.
Recordemos: Abimael Guzmán Reynoso, el máximo dirigente de Sendero Luminoso, fue capturado el domingo 12 de setiembre de 1992, a las 8 y 45 de la noche, en un inmueble de Surquillo, en momentos que el entonces presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori disfrutaba de un sesión de pesca en un remoto lugar de la selva.
Vladimiro Montesinos Torres, su asesor en temas de seguridad al que el mandatario había entregado todos los poderes para combatir el terrorismo, descansaba en su casa de playa del sur de Lima.
Ambas autoridades eran ajenas en absoluto al “Operativo Victoria”, que ese día llevaba adelante el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), de la Policía Nacional, y que esa noche alcanzó su objetivo tan buscado.
Palacio de Gobierno fue in-formado de la noticia recién a las 9.45 de la noche. El edecán de turno respondió que el presidente aún no había retornado de su excursión a Iquitos.
De la reacción de Montesinos se supo días después, cuando el jefe del SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército), coronel Alberto Pinto Cárdenas, oficial de confianza del ex asesor, se apersonó a la sede de la DINCOTE (Dirección Nacional contra el Terrorismo) en la avenida España con la expresa orden de cargar con la presa tan preciada. El general PNP Ketín Vidal, jefe de la DINCOTE, opuso indoblegable resistencia al despropósito. La represalia no se dejó esperar. Vidal se enemistó con su viejo camarada Montesinos y el GEIN no tardó en ser desarticulado, y sus cuadros relegados, inclusive sancionados.
No hay que olvidar que los principales logros en la lucha contra la subversión en la ciudad se dieron a partir de marzo de 1990 con la creación del GEIN, al final del primer gobierno de Alan García Pérez.
Fueron alrededor de diez grandes intervenciones, del corte del “Operativo Victoria”, que el GEIN realizó hasta desbaratar el aparato partidario y financiero de Sendero.
Todo comenzó con las infor-maciones precisas sobre el paradero de Abimael Guzmán que el GEIN consiguió arrancar a sen-deristas colaboradores y la valiosa documentación que se encontró en el escondite de la ex monja Nelly Evans Risco.
Los oficiales inolvidables del GEIN, Benedicto Jiménez, Marco Miyashiro, Luis Valencia y Juan Gonzales, no fueron recordados ayer por Fujimori al tocar el tema.
Hablan autores de “La captura del siglo”
MARCO MIYASHIRO. Ex jefe del GEIN. El 14 de enero de 2008, ante el tribunal que juzga a Fujimori, declaró que luego de la captura de Abimael Guzmán fue sancionado por 8 días sin explicación alguna. Dijo que solo el GEIN y la DIRCOTE estaban enterados del plan de captura de Guzmán, y que Montesinos nunca orientó al GEIN. El Grupo de Análisis enviado por el SIN trabajó 6 meses en la DIRCOTE y, con información del GEIN, redactó un manual que jamás les mostró.
BENEDICTO JIMÉNEZ. Ante el mismo tribunal, reveló que en junio de 1991 despidió diplomáticamente de la DIRCOTE al Grupo de Análisis enviado por el SIN, integrado entre otros por Martin Rivas. De inmediato, Jiménez y John Caro fueron convocados al SIN donde Salazar Monroe y Montesinos les llamaron la atención. Por esa misma época, el GEIN capturó a los cabecillas senderistas Yovanka Pardavé, Tito Valle y Víctor Zavala. Llegaron entonces Martin Rivas y Carlos Pichilingüe para llevarse a los detenidos, pero Benedicto Jiménez se opuso. En respuesta, el SIN les quitó toda ayuda.
El General EP Guibovich afirmó que “si es un intento que permita unir a los peruanos, hay que aplaudirlo”. Alemania mantiene oferta de fondos
Gerardo Caballero
El Comercio
Los reparos que surgieron a la construcción en el Perú de un museo de la memoria se esfumaron ayer: el Poder Ejecutivo decidió crear una comisión de alto nivel dedicada a la tarea de conducir este proyecto para rectificar así una negativa duramente criticada. Presidirá la comisión el notable escritor Mario Vargas Llosa , quien jugó un papel clave para que Palacio de Gobierno corrigiera lo que se asemejaba mucho a un error.
A fines de febrero trascendió que el Ejecutivo estaba por rechazar la donación de US$2 millones que el Gobierno Federal de Alemania ofrecía para la construcción del museo de la memoria, el cual buscaba recordar a los peruanos la tragedia que significó la violencia terrorista entre los años 1980 y 2000.
Y tal desaire se planteaba con un argumento poco sostenible: El Perú no necesitaba un museo de la memoria, sino ayuda social, pues es un país pobre. Por esos días, el primer ministro Yehude Simon llegó a decir que el Perú haría una contrapropuesta a Alemania para que la donación fuera destinada a programas sociales y para reparar a víctimas de la violencia terrorista.
Sin embargo, el 8 de marzo, en una columna publicada en este Diario, Vargas Llosa calificó el argumento del Gobierno Peruano —esgrimido con más ahínco por el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz— de “tontería”.
Y el 25 de marzo, Vargas Llosa volvió a cobrar importancia en esta historia, pues esa noche sostuvo una reunión en privado con el presidente de la República, Alan García Pérez. En este encuentro el jefe del Estado habría rectificado la postura de su Gobierno.
Entonces, según trascendió, García Pérez pidió a Vargas Llosa que se encargara de elegir a los responsables de coordinar el proyecto.
Eso sí: el jefe del Estado pidió que el museo tuviera una visión “más amplia” que “Yuyanapaq”, la muestra documental y fotográfica que elaboró la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Ello se recoge en la resolución suprema que crea la comisión de alto nivel. En la norma que hoy debe ver la luz se indica que el museo debe representar “con objetividad y espíritu amplio” el embate terrorista de las dos décadas pasadas.
El objetivo del museo será “mostrar a los peruanos las trágicas consecuencias que resultan del fanatismo ideológico, la transgresión de la ley y la violación de los derechos humanos”.
Esta comisión estará integrada por Salomón Lerner, monseñor Luis Bambarén, Enrique Bernales, Frederick Cooper Llosa, Fernando de Szyszlo y Juan Ossio Acuña. Los tres primeros fueron miembros de la desactivada CVR —Lerner como presidente, Bernales como miembro y Bambarén como observador—, la cual ha sido blanco de las críticas de las filas apristas y sus aliados.
Esta comisión deberá gestionar la ejecución, organización y puesta en operación del museo. Además, promoverá la obtención de financiamiento que garantice su operatividad.
EN PUNTOS
El legado de “Yuyanapaq”
La exposición fotográfica “Yuyanapaq” fue una de las actividades más instructivas y comentadas sobre el registro histórico realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
La muestra incluyó 250 fotografías extraídas de 90 archivos pertenecientes a medios periodísticos, instituciones militares y civiles, fotógrafos independientes, álbumes familiares, etc.
La exhibición fue abierta al público en agosto del 2003 y la visitaron más de 200 mil personas. Posteriormente, dio pie a un libro y un banco de 1.600 imágenes. Se espera que todo ese legado documental pase a formar parte del futuro museo de la memoria.
Gerardo Caballero
El Comercio
Los reparos que surgieron a la construcción en el Perú de un museo de la memoria se esfumaron ayer: el Poder Ejecutivo decidió crear una comisión de alto nivel dedicada a la tarea de conducir este proyecto para rectificar así una negativa duramente criticada. Presidirá la comisión el notable escritor Mario Vargas Llosa , quien jugó un papel clave para que Palacio de Gobierno corrigiera lo que se asemejaba mucho a un error.
A fines de febrero trascendió que el Ejecutivo estaba por rechazar la donación de US$2 millones que el Gobierno Federal de Alemania ofrecía para la construcción del museo de la memoria, el cual buscaba recordar a los peruanos la tragedia que significó la violencia terrorista entre los años 1980 y 2000.
Y tal desaire se planteaba con un argumento poco sostenible: El Perú no necesitaba un museo de la memoria, sino ayuda social, pues es un país pobre. Por esos días, el primer ministro Yehude Simon llegó a decir que el Perú haría una contrapropuesta a Alemania para que la donación fuera destinada a programas sociales y para reparar a víctimas de la violencia terrorista.
Sin embargo, el 8 de marzo, en una columna publicada en este Diario, Vargas Llosa calificó el argumento del Gobierno Peruano —esgrimido con más ahínco por el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz— de “tontería”.
Y el 25 de marzo, Vargas Llosa volvió a cobrar importancia en esta historia, pues esa noche sostuvo una reunión en privado con el presidente de la República, Alan García Pérez. En este encuentro el jefe del Estado habría rectificado la postura de su Gobierno.
Entonces, según trascendió, García Pérez pidió a Vargas Llosa que se encargara de elegir a los responsables de coordinar el proyecto.
Eso sí: el jefe del Estado pidió que el museo tuviera una visión “más amplia” que “Yuyanapaq”, la muestra documental y fotográfica que elaboró la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Ello se recoge en la resolución suprema que crea la comisión de alto nivel. En la norma que hoy debe ver la luz se indica que el museo debe representar “con objetividad y espíritu amplio” el embate terrorista de las dos décadas pasadas.
El objetivo del museo será “mostrar a los peruanos las trágicas consecuencias que resultan del fanatismo ideológico, la transgresión de la ley y la violación de los derechos humanos”.
Esta comisión estará integrada por Salomón Lerner, monseñor Luis Bambarén, Enrique Bernales, Frederick Cooper Llosa, Fernando de Szyszlo y Juan Ossio Acuña. Los tres primeros fueron miembros de la desactivada CVR —Lerner como presidente, Bernales como miembro y Bambarén como observador—, la cual ha sido blanco de las críticas de las filas apristas y sus aliados.
Esta comisión deberá gestionar la ejecución, organización y puesta en operación del museo. Además, promoverá la obtención de financiamiento que garantice su operatividad.
EN PUNTOS
El legado de “Yuyanapaq”
La exposición fotográfica “Yuyanapaq” fue una de las actividades más instructivas y comentadas sobre el registro histórico realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
La muestra incluyó 250 fotografías extraídas de 90 archivos pertenecientes a medios periodísticos, instituciones militares y civiles, fotógrafos independientes, álbumes familiares, etc.
La exhibición fue abierta al público en agosto del 2003 y la visitaron más de 200 mil personas. Posteriormente, dio pie a un libro y un banco de 1.600 imágenes. Se espera que todo ese legado documental pase a formar parte del futuro museo de la memoria.
El Comercio
La decisión fue ratificada hoy por aclamación de los países que asistieron a la II cumbre, celebrada en la ciudad de Doha
(EFE).- Perú será sede de la III Cumbre de América del Sur y de los Países Árabes (ASPA), que se celebrará en 2011, informó hoy la cancillería peruana.
La decisión fue ratificada hoy por aclamación de los países que asistieron a la II cumbre, celebrada hasta hoy en la ciudad de Doha, capital de Qatar.
La cancillería señaló que la decisión le fue comunicada al presidente del Congreso peruano, Javier Velásquez, y al ministro peruano de Exteriores, José García Belaunde, quienes asistieron a la cita representando a su país.
“Perú tendrá nuevamente la responsabilidad de acoger a un importante número de mandatarios procedentes de 12 países suramericanos y 22 árabes”, señaló la nota oficial.
Esto en alusión a las cumbre de América Latina, El Caribe y la Unión Europea (ALC-UE) y a la Cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), que se celebraron el año pasado con éxito en la capital peruana.
La cancillería señaló que Perú espera consolidar sus vínculos con los países árabes en la gira que hará a esa región el canciller García Belaunde, en mayo próximo.
Los 12 países suramericanos y los 22 estados árabes reunidos en Doha señalaron hoy, en su declaración final, el deseo de trabajar para promover las relaciones entre ambos grupos y coordinar sus esfuerzos para crear una comunidad fuerte.
La decisión fue ratificada hoy por aclamación de los países que asistieron a la II cumbre, celebrada en la ciudad de Doha
(EFE).- Perú será sede de la III Cumbre de América del Sur y de los Países Árabes (ASPA), que se celebrará en 2011, informó hoy la cancillería peruana.
La decisión fue ratificada hoy por aclamación de los países que asistieron a la II cumbre, celebrada hasta hoy en la ciudad de Doha, capital de Qatar.
La cancillería señaló que la decisión le fue comunicada al presidente del Congreso peruano, Javier Velásquez, y al ministro peruano de Exteriores, José García Belaunde, quienes asistieron a la cita representando a su país.
“Perú tendrá nuevamente la responsabilidad de acoger a un importante número de mandatarios procedentes de 12 países suramericanos y 22 árabes”, señaló la nota oficial.
Esto en alusión a las cumbre de América Latina, El Caribe y la Unión Europea (ALC-UE) y a la Cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), que se celebraron el año pasado con éxito en la capital peruana.
La cancillería señaló que Perú espera consolidar sus vínculos con los países árabes en la gira que hará a esa región el canciller García Belaunde, en mayo próximo.
Los 12 países suramericanos y los 22 estados árabes reunidos en Doha señalaron hoy, en su declaración final, el deseo de trabajar para promover las relaciones entre ambos grupos y coordinar sus esfuerzos para crear una comunidad fuerte.
Piden en Internet no ver partido de la selección en rechazo a mala campaña
El Comercio
Los fanáticos peruanos utilizan una publicidad similar a que usó para promocionar La Hora del Planeta
Internautas hacen circular vía correo electrónico y foros en Internet una imagen promocionando una versión muy particular de La Hora del Planeta, como protesta en contra de los malos resultados que ha obtenido la selección peruana.
En el documento, el afiche de La Hora del Planeta ha sido modificado y se le ha cambiado de título por La Goleada del Planeta. El número 60, que representaba los 60 minutos que debía durar el apagado de las luces, ha sido sustituido por un 6-0 con los escudos de las federaciones brasileña y peruana a los costados.
En el texto se lee “1 de abril de 2009. 20:10 – 22:10. Actúa contra el cambio climático. Apaga tu televisor a esa hora y no veas el partido”.
El Comercio
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Internautas hacen circular vía correo electrónico y foros en Internet una imagen promocionando una versión muy particular de La Hora del Planeta, como protesta en contra de los malos resultados que ha obtenido la selección peruana.
En el documento, el afiche de La Hora del Planeta ha sido modificado y se le ha cambiado de título por La Goleada del Planeta. El número 60, que representaba los 60 minutos que debía durar el apagado de las luces, ha sido sustituido por un 6-0 con los escudos de las federaciones brasileña y peruana a los costados.
En el texto se lee “1 de abril de 2009. 20:10 – 22:10. Actúa contra el cambio climático. Apaga tu televisor a esa hora y no veas el partido”.
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A PROPÓSITO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES. (5)Derecho a tener un hijo siendo preso (en Inglaterra, sancionan el sistema penitenciario por violatorio de dererechos) (5)Los problemas familiares son imposibles si hay dinero de por medio (el caso de los Tudela) (5)Restitución internacional de niños sustraidos por sus progenitores (5)Descalabro ambiental peruano (todos los municipios son contaminantes) (5)
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