29/03/09: Las 41 pruebas que condenan a Fujimori
Documentos y testimonios incriminan al ex dictador en caso de violación de derechos humanos. Le esperan 30 años de cárcel.
Diario La Primera
Transcurridas 155 sesiones del juicio al ex dictador Alberto Fujimori por delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, en las que 84 testigos (ofrecidos por la Fiscalía, la parte civil y la defensa) presentaron sus testimonios, el ex dictador está próximo a escuchar su sentencia. El fiscal José Peláez ha pedido 30 años de prisión y, según Carlos Rivera, hay 41 pruebas que condenan al hombre que junto con Montesinos saquearon el país.
Rivera, abogado de la parte civil, consideró que el juicio al ex dictador es “el más importante de nuestra historia, no sólo porque se juzga a un ex presidente de la República, sino, sobre todo, porque este proceso marcará definitivamente un precedente internacional para determinar las responsabilidades de los jefes de Estado en la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
Claves: el SIN y Montesinos
Durante el alegato del abogado César Nakazaki varias veces se le ha oído preguntar, ¿y dónde están las pruebas para castigar a Fujimori? Rivera le responde que en el juicio han quedado establecidas hasta 41 pruebas que ameritan una sentencia condenatoria.
El juicio, prosigue Rivera, “no sólo ha sido impecable en cuanto al respeto de las normas del debido proceso, sino que fundamentalmente ha logrado cumplir el objetivo de demostrar la responsabilidad penal del acusado, sobre la base de diversos y múltiples elementos de prueba directa e indirecta presentados tanto por la Fiscalía como por la parte civil”.
Rivera afirma que está probado que Fujimori “definió y decidió una nueva estrategia contrasubversiva del Estado” (prueba 1) y “le otorgó al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) un rol central en la conducción de la estrategia” (2), para lo cual le dio poder a Montesinos como su interlocutor (3) ante las Fuerzas Armadas, lo convirtió en “el jefe real del SIN” (4) y le confió el manejo de su presupuesto.
Desde el SIN, Montesinos fue el “interlocutor válido” (5), entre la presidencia y las Fuerzas Armadas, protegido por el entonces mandatario Fujimori (6), impulsó el sometimiento de las Fuerzas Armadas (7) y sus aparatos de Inteligencia (8), el Servicio de Inteligencia del Ejército lo estuvo desde antes (9), a los que dotó de un gran presupuesto (10) “sin rendición de cuentas, las partidas presupuestales secretas del SIN Reserva 1 y Reserva 2” (11).
“En abril de 1991 se publicó la nueva doctrina de Inteligencia del Ejército para la contrasubversión” (12), dijo Rivera, la misma que promovió la militarización de los aparatos de inteligencia (13) y “se ordenó la utilización de métodos de eliminación selectiva de sospechosos”. “Fujimori ordenó la ejecución de la nueva estrategia” (14) desde inicios de 1991 (15), “estableciendo una relación vertical y de sometimiento con las Fuerzas Armadas” (16). Además, “impulsó personalmente” su cumplimiento (17), subrayó.
Órdenes ilegales
Fujimori dictó “órdenes directas, verbales e ilegales” (18) tanto a Montesinos como a militares en actividad (19). Fujimori dictó órdenes directas a militares en actividad relacionadas con la contrasubversión, (20) como “la orden para que las Fuerzas Armadas apoyen la ruptura del orden constitucional mediante el golpe de Estado del 5 de abril de 1992”.
Así como dispuso “que una lista de personas fueran secuestradas la noche del 5 de abril” (21), demostrado con “el documento titulado “Orden”, destinado a garantizar la detención y el secuestro de una serie de dirigentes políticos y periodistas”.
Los crímenes del “Grupo Colina” (22) constituyen las pruebas irrebatibles. “La declaración testimonial del general Hermoza ante el vocal instructor José Lecaros, en la cual señala que en la madrugada en que se cometió el crimen de La Cantuta, Montesinos lo llamó inmediatamente, e inclusive le dio los nombres de algunos integrantes del destacamento” (23).
Los testimonios de los integrantes de “Colina”, Jesús Sosa, Guillermo Suppo, Ángel Sauñi, Julio Chuqui, José Alarcón, Isaac Paquiyauri, Víctor Ortiz y Hugo Coral, “han narrado con lujo de detalles la forma como se prepararon y cumplieron con la misión que sus superiores les habían encargado: la eliminación de personas. (24). De esta manera, “Colina” se presentó como el instrumento ejecutor de la estrategia” (25).
La matanza de Barrios Altos fue el bautizo de fuego de Colina. Fue “el inicio de un plan criminal de eliminación física de presuntos sospechosos de terrorismo en la ciudad de Lima” (26).
Martín Rivas le dice a Umberto Jara, “una guerra es un intercambio de mensajes, de símbolos, no hay hechos aislados, desde un poste caído hasta un coche bomba, todo tiene su razón de ser. En este tipo de guerra, esa es la manera como dialogan los enemigos. Sendero lo usó desde el principio…”. (27)
Y la orden para estos asesinatos la dio Montesinos (28). Marcos Flores, integrante de “Colina”, dijo en la audiencia Nº 15 del 23 de enero de 2008 que antes de la operación, “Martín Rivas se comunicó con Montesinos y el mensaje de este fue: Sáquenles la mierda”.
Igualmente, Jesús Sosa reconoció en una audiencia judicial haber declarado ante un diario local, que la orden para la operación (Barrios Altos) fue de “Montesinos, que era asesor de Fujimori (…) porque le fueron a dar parte a él, le fueron a decir ya se cumplió el trabajo”. (29)
El atentado senderista en la calle Tarata, en Miraflores, “condujo al régimen a tomar la decisión política de responder a Sendero con mucha violencia, decisión que se transformó en una reacción militar” (30). “El general Luis Pérez Documet declaró ante la Comisión de la Verdad que el general Hermoza lo llamó el 17 de julio de 1992 y le pidió que colaborara con Juan Rivero Lazo, entonces director de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Tenían que presentar un resultado inmediato. Pérez declaró que Hermoza le dijo: ‘Rivero va a hacer un trabajo, apóyalo’, y que él le respondió: ‘comprendido, mi general’. Pérez terminó dirigiendo ese operativo”, esto fue el 14 de marzo del 2003 ante la CVR.
Culpable
“Fujimori dominaba la organización (31) y por ello los ejecutores materiales mantuvieron un vínculo de subordinación con el jefe de esta, quien transmitía sus decisiones a través de su asesesor Montesinos, en ese momento jefe real del SIN” (32), agregó Rivera.
Para lo cual, Fujimori “decidió cambiar la estrategia contrasubversiva y definió que se aplicara una basada en métodos de guerra sucia (33). Su decisión se convirtió en política de Estado (34) y él tenía dominio sobre esa decisión” (35), mediante “un aparato de poder: el SIN”, convirtiéndolo en pieza clave de todo el proceso, cuyo jefe real era Montesinos.
“El control de la organización (36). Este es el elemento central de la teoría. No cabe ninguna duda de que Fujimori controló de manera absoluta la organización. El SIN formó parte de su dominio, pero este también incluyó a los institutos de las Fuerzas Armadas” mediante un “plan de sometimiento” en el cual Montesinos era una pieza clave. (37)
Los crímenes de “Colina” y del agente “Carrión”
Creado, supuestamente, como un grupo de análisis de Inteligencia, el “Grupo Colina”, que después sería felicitado por Fujimori (38), cometió varios asesinatos además de “Barrios Altos” y “La Cantuta”, el destacamento “Colina” suma los operativos (39) (todos con saldos de muertos) del caraqueño, Carretera Central, Pamplona, El Santa, Pedro Yauri, Familia Ventosilla y el Evangelista. Mientras que “Carrión” (40), destacado el Frente Huamanga, ha sido acusado de 10 operaciones especiales contra: el periodista Luis Morales, la familia Solier, Ladislao Huamaní y Georgina Paquiyauri, Raúl Jaico, Mariscot Santa Cruz, Luis Contreras, Rogelio Gallo, Zósimo Llactahuamán y la alcaldesa de Ayacucho, Leonor Zamora.
Susana Grados Díaz
Redacción
Diario La Primera
Transcurridas 155 sesiones del juicio al ex dictador Alberto Fujimori por delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, en las que 84 testigos (ofrecidos por la Fiscalía, la parte civil y la defensa) presentaron sus testimonios, el ex dictador está próximo a escuchar su sentencia. El fiscal José Peláez ha pedido 30 años de prisión y, según Carlos Rivera, hay 41 pruebas que condenan al hombre que junto con Montesinos saquearon el país.
Rivera, abogado de la parte civil, consideró que el juicio al ex dictador es “el más importante de nuestra historia, no sólo porque se juzga a un ex presidente de la República, sino, sobre todo, porque este proceso marcará definitivamente un precedente internacional para determinar las responsabilidades de los jefes de Estado en la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
Claves: el SIN y Montesinos
Durante el alegato del abogado César Nakazaki varias veces se le ha oído preguntar, ¿y dónde están las pruebas para castigar a Fujimori? Rivera le responde que en el juicio han quedado establecidas hasta 41 pruebas que ameritan una sentencia condenatoria.
El juicio, prosigue Rivera, “no sólo ha sido impecable en cuanto al respeto de las normas del debido proceso, sino que fundamentalmente ha logrado cumplir el objetivo de demostrar la responsabilidad penal del acusado, sobre la base de diversos y múltiples elementos de prueba directa e indirecta presentados tanto por la Fiscalía como por la parte civil”.
Rivera afirma que está probado que Fujimori “definió y decidió una nueva estrategia contrasubversiva del Estado” (prueba 1) y “le otorgó al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) un rol central en la conducción de la estrategia” (2), para lo cual le dio poder a Montesinos como su interlocutor (3) ante las Fuerzas Armadas, lo convirtió en “el jefe real del SIN” (4) y le confió el manejo de su presupuesto.
Desde el SIN, Montesinos fue el “interlocutor válido” (5), entre la presidencia y las Fuerzas Armadas, protegido por el entonces mandatario Fujimori (6), impulsó el sometimiento de las Fuerzas Armadas (7) y sus aparatos de Inteligencia (8), el Servicio de Inteligencia del Ejército lo estuvo desde antes (9), a los que dotó de un gran presupuesto (10) “sin rendición de cuentas, las partidas presupuestales secretas del SIN Reserva 1 y Reserva 2” (11).
“En abril de 1991 se publicó la nueva doctrina de Inteligencia del Ejército para la contrasubversión” (12), dijo Rivera, la misma que promovió la militarización de los aparatos de inteligencia (13) y “se ordenó la utilización de métodos de eliminación selectiva de sospechosos”. “Fujimori ordenó la ejecución de la nueva estrategia” (14) desde inicios de 1991 (15), “estableciendo una relación vertical y de sometimiento con las Fuerzas Armadas” (16). Además, “impulsó personalmente” su cumplimiento (17), subrayó.
Órdenes ilegales
Fujimori dictó “órdenes directas, verbales e ilegales” (18) tanto a Montesinos como a militares en actividad (19). Fujimori dictó órdenes directas a militares en actividad relacionadas con la contrasubversión, (20) como “la orden para que las Fuerzas Armadas apoyen la ruptura del orden constitucional mediante el golpe de Estado del 5 de abril de 1992”.
Así como dispuso “que una lista de personas fueran secuestradas la noche del 5 de abril” (21), demostrado con “el documento titulado “Orden”, destinado a garantizar la detención y el secuestro de una serie de dirigentes políticos y periodistas”.
Los crímenes del “Grupo Colina” (22) constituyen las pruebas irrebatibles. “La declaración testimonial del general Hermoza ante el vocal instructor José Lecaros, en la cual señala que en la madrugada en que se cometió el crimen de La Cantuta, Montesinos lo llamó inmediatamente, e inclusive le dio los nombres de algunos integrantes del destacamento” (23).
Los testimonios de los integrantes de “Colina”, Jesús Sosa, Guillermo Suppo, Ángel Sauñi, Julio Chuqui, José Alarcón, Isaac Paquiyauri, Víctor Ortiz y Hugo Coral, “han narrado con lujo de detalles la forma como se prepararon y cumplieron con la misión que sus superiores les habían encargado: la eliminación de personas. (24). De esta manera, “Colina” se presentó como el instrumento ejecutor de la estrategia” (25).
La matanza de Barrios Altos fue el bautizo de fuego de Colina. Fue “el inicio de un plan criminal de eliminación física de presuntos sospechosos de terrorismo en la ciudad de Lima” (26).
Martín Rivas le dice a Umberto Jara, “una guerra es un intercambio de mensajes, de símbolos, no hay hechos aislados, desde un poste caído hasta un coche bomba, todo tiene su razón de ser. En este tipo de guerra, esa es la manera como dialogan los enemigos. Sendero lo usó desde el principio…”. (27)
Y la orden para estos asesinatos la dio Montesinos (28). Marcos Flores, integrante de “Colina”, dijo en la audiencia Nº 15 del 23 de enero de 2008 que antes de la operación, “Martín Rivas se comunicó con Montesinos y el mensaje de este fue: Sáquenles la mierda”.
Igualmente, Jesús Sosa reconoció en una audiencia judicial haber declarado ante un diario local, que la orden para la operación (Barrios Altos) fue de “Montesinos, que era asesor de Fujimori (…) porque le fueron a dar parte a él, le fueron a decir ya se cumplió el trabajo”. (29)
El atentado senderista en la calle Tarata, en Miraflores, “condujo al régimen a tomar la decisión política de responder a Sendero con mucha violencia, decisión que se transformó en una reacción militar” (30). “El general Luis Pérez Documet declaró ante la Comisión de la Verdad que el general Hermoza lo llamó el 17 de julio de 1992 y le pidió que colaborara con Juan Rivero Lazo, entonces director de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Tenían que presentar un resultado inmediato. Pérez declaró que Hermoza le dijo: ‘Rivero va a hacer un trabajo, apóyalo’, y que él le respondió: ‘comprendido, mi general’. Pérez terminó dirigiendo ese operativo”, esto fue el 14 de marzo del 2003 ante la CVR.
Culpable
“Fujimori dominaba la organización (31) y por ello los ejecutores materiales mantuvieron un vínculo de subordinación con el jefe de esta, quien transmitía sus decisiones a través de su asesesor Montesinos, en ese momento jefe real del SIN” (32), agregó Rivera.
Para lo cual, Fujimori “decidió cambiar la estrategia contrasubversiva y definió que se aplicara una basada en métodos de guerra sucia (33). Su decisión se convirtió en política de Estado (34) y él tenía dominio sobre esa decisión” (35), mediante “un aparato de poder: el SIN”, convirtiéndolo en pieza clave de todo el proceso, cuyo jefe real era Montesinos.
“El control de la organización (36). Este es el elemento central de la teoría. No cabe ninguna duda de que Fujimori controló de manera absoluta la organización. El SIN formó parte de su dominio, pero este también incluyó a los institutos de las Fuerzas Armadas” mediante un “plan de sometimiento” en el cual Montesinos era una pieza clave. (37)
Los crímenes de “Colina” y del agente “Carrión”
Creado, supuestamente, como un grupo de análisis de Inteligencia, el “Grupo Colina”, que después sería felicitado por Fujimori (38), cometió varios asesinatos además de “Barrios Altos” y “La Cantuta”, el destacamento “Colina” suma los operativos (39) (todos con saldos de muertos) del caraqueño, Carretera Central, Pamplona, El Santa, Pedro Yauri, Familia Ventosilla y el Evangelista. Mientras que “Carrión” (40), destacado el Frente Huamanga, ha sido acusado de 10 operaciones especiales contra: el periodista Luis Morales, la familia Solier, Ladislao Huamaní y Georgina Paquiyauri, Raúl Jaico, Mariscot Santa Cruz, Luis Contreras, Rogelio Gallo, Zósimo Llactahuamán y la alcaldesa de Ayacucho, Leonor Zamora.
Susana Grados Díaz
Redacción
La República
Ministerio del Interior presenta queja al Poder Judicial. Cada año aumenta el número de efectivos expulsados de la PNP que por mandato judicial retornan a la institución. En lo que va del 2009, ya hay 22 reincorporados.
Doris Aguirre. Unidad de Investigación.
La Policía Nacional pasó al retiro al teniente Héctor Layme Mamami por medida disciplinaria debido a su vinculación con un caso de narcotráfico. Tres años después, la Sala Mixta de Puno acogió una demanda de Layme y ordenó su reincorporación en febrero del 2008. La Policía Nacional acató la orden judicial. Tres meses después, el seis de mayo de ese mismo año, cuando Héctor Layme se desempeñaba como comisario de Santa Bárbara, en Juliaca, cayó en un operativo antidrogas. Viajaba en una camioneta en la que agentes antinarcóticos hallaron pasta básica camuflada. Mientras las autoridades deslindan la responsabilidad del policía, el reincidente Layme continúa en actividad.
No es un caso aislado
Héctor Layme Mamani es uno de los 86 policías dados de baja por medida disciplinaria, quienes por la vía judicial consiguieron la reincorporación en el año 2008. Varios habían sido sancionados con la expulsión por cometer graves delitos. Conclusión, la Policía Nacional no puede deshacerse de sus malos elementos.
De acuerdo con fuentes de la Procuraduría de Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior, el notable incremento de la reincorporación de efectivos dados de baja por medida disciplinaria se debe a que el Poder Judicial se ha tomado atribuciones que no le corresponden.
Regreso fácil
Según cifras oficiales del Tribunal Administrativo Disciplinario de la PNP, el organismo sancionador de la institución, en 2006 los jueces reincorporaron a 24 efectivos dados de baja, y en 2007 la cifra se elevó a 83. La tendencia es ascendente. El año pasado fueron 86.
“No siempre los jueces nos notifican para apelar los mandatos de reincorporación, y cuando lo hacen es demasiado tarde para tomar acciones. Últimamente nos indican que antes de aceptar nuestros recursos de apelación, primero debemos cumplir con reincorporar a los efectivos”, explicaron las fuentes: “Ante la enorme cantidad de estos casos, hemos tenido que presentar una queja ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) para tratar de detener este tipo de arbitrariedad de algunos magistrados que afecta a la institución policial”.
Así cualquiera
El 27 de febrero de 1995, el suboficial PNP Mario Vargas Herbas fue pasado al retiro por medida disciplinaria por su implicación en un caso de asalto y robo. Trece años después, el 10 de junio del 2008, el Juzgado Mixto de Puno resolvió la reincorporación de Vargas con todos sus beneficios, devengados e intereses. Ahora labora normalmente.
La misma suerte tuvo el suboficial Aurelio Gallegos Garcés, dado de baja el 28 de agosto de 1999 por su relación en otro caso de asalto y robo. Luego de nueve años, el Juzgado Mixto de San Antonio de Putina, en Puno, mandó a la PNP su reincorporación con todos sus beneficios, el 31 de diciembre del 2008. Gallegos hoy viste de nuevo el uniforme de la PNP.
“Las reincorporaciones por orden judicial de personal policial que cometió delitos es una muy mala señal para la Policía Nacional y para la sociedad porque se trata de efectivos que cometieron actos ilícitos y fueron investigados por la Inspectoría General y sancionados internamente por el Tribunal Nacional Administrativo Disciplinario”, dijeron fuentes del despacho de la Dirección General de la PNP: “La policía ante una orden judicial solamente se limita a acatarla sin murmuraciones. Hemos encontrado varios casos de policías corruptos que han aprendido a urdir artimañas legales para regresar a la institución”.
En julio del 2002, la PNP pasó al retiro al capitán Edmundo Toledo Saucedo debido a su implicación en la fuga de un narcotraficante en Trujillo. La institución lo acusó de abandono de servicio y desobediencia. Toledo incluso recurrió al Tribunal Constitucional para que declare nula la resolución ministerial con la que se le dio de baja. Pero no lo consiguió… hasta ese momento.
Todos vuelven
Sin embargo, en enero del 2008, la titular del Noveno Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, Alicia Salinas Larriviere, ordenó la reposición del capitán Edmundo Toledo, alegando que su institución lo había sancionado injustamente porque logró recapturar al delincuente.
“La policía cometió un abuso. Al percatarse el capitán Toledo de la fuga del narcotraficante, solicitó permiso para salir en búsqueda del sujeto. No se lo concedieron, así que por su cuenta lo hizo y diez días después logró recapturar al reo”, señaló Silvio Aguirre, defensor del capitán Edmundo Toledo: “Ahora estamos luchando para que lo asciendan al grado de comandante, como le corresponde”.
De los 86 casos de policías reincorporados, 31 fueron por mandato del Juzgado Mixto de Santiago, en el Cuzco; 19 por el Juzgado Mixto de Huancané, Puno; 10 por juzgados de Lima (Tercero, Quinto y Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo); y 4 por juzgados de Arequipa (Primer Juzgado Civil de Hunter y Juzgado Mixto de Aplao), entre otros (ver infografía).
“El Poder Judicial solo tiene facultad para ordenar la reincorporación de un efectivo siempre y cuando se haya acreditado su inocencia”, explicaron fuentes de la Procuraduría de Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior: “En todo caso, las reincorporaciones por mandato judicial deben ser provisionales hasta que se dicte sentencia. Sin embargo, en la mayoría de casos los jueces ordenan la reincorporación inmediata”.
El 2 de marzo de 1996, la Policía Nacional expulsó por indisciplina al suboficial Eulogio Arqque Suico, acusado de haber dado muerte al alférez PNP Luis Aranzábal. Doce años después, el nueve de agosto de 2008, el Juzgado Mixto de Santiago, Cuzco, ordenó la reincorporación de Arqque. Hoy trabaja en la Décima Región Policial del Cuzco.
Ocurrió lo mismo con el suboficial Arturo Oviedo Guzmán. Le dieron de baja el 30 de marzo del 2000 al ser encontrado responsable de la fuga del terrorista Teófilo Sandoval Durán, recluso del penal de Qenqoro. Luego de ocho años, el mismo Juzgado Mixto de Santiago dictaminó el reingreso de Oviedo el 15 de Agosto del 2008. Ahora labora en la comisaría de Poroy.
El 13 de junio del 2005, la policía expectoró de la institución al suboficial Abel Hallasi Zárate, implicado en un caso de falsificación de documentos y en otro de encubrimiento del presunto asesino de la ciudadana alemana Úrsula Gluck. El Juzgado Mixto del Cusco ordenó la reincorporación inmediata de Hallasi, el seis de marzo del 2008.
En lo que va del 2009, la tendencia continúa siendo ascendente. Ya son 22 efectivos policiales reincorporados por resolución judicial. Uno de los casos más controvertidos lo protagoniza el suboficial Luis Espejo Livano, pasado al retiro el siete de mayo de 1982. Luego de 26 años el Juzgado Especializado Civil de Santiago, Cusco, ordenó su reincorporación el 3 de febrero de este año con todos sus beneficios. Así los premian. La República, edición impresa.
Ministerio del Interior presenta queja al Poder Judicial. Cada año aumenta el número de efectivos expulsados de la PNP que por mandato judicial retornan a la institución. En lo que va del 2009, ya hay 22 reincorporados.
Doris Aguirre. Unidad de Investigación.
La Policía Nacional pasó al retiro al teniente Héctor Layme Mamami por medida disciplinaria debido a su vinculación con un caso de narcotráfico. Tres años después, la Sala Mixta de Puno acogió una demanda de Layme y ordenó su reincorporación en febrero del 2008. La Policía Nacional acató la orden judicial. Tres meses después, el seis de mayo de ese mismo año, cuando Héctor Layme se desempeñaba como comisario de Santa Bárbara, en Juliaca, cayó en un operativo antidrogas. Viajaba en una camioneta en la que agentes antinarcóticos hallaron pasta básica camuflada. Mientras las autoridades deslindan la responsabilidad del policía, el reincidente Layme continúa en actividad.
No es un caso aislado
Héctor Layme Mamani es uno de los 86 policías dados de baja por medida disciplinaria, quienes por la vía judicial consiguieron la reincorporación en el año 2008. Varios habían sido sancionados con la expulsión por cometer graves delitos. Conclusión, la Policía Nacional no puede deshacerse de sus malos elementos.
De acuerdo con fuentes de la Procuraduría de Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior, el notable incremento de la reincorporación de efectivos dados de baja por medida disciplinaria se debe a que el Poder Judicial se ha tomado atribuciones que no le corresponden.
Regreso fácil
Según cifras oficiales del Tribunal Administrativo Disciplinario de la PNP, el organismo sancionador de la institución, en 2006 los jueces reincorporaron a 24 efectivos dados de baja, y en 2007 la cifra se elevó a 83. La tendencia es ascendente. El año pasado fueron 86.
“No siempre los jueces nos notifican para apelar los mandatos de reincorporación, y cuando lo hacen es demasiado tarde para tomar acciones. Últimamente nos indican que antes de aceptar nuestros recursos de apelación, primero debemos cumplir con reincorporar a los efectivos”, explicaron las fuentes: “Ante la enorme cantidad de estos casos, hemos tenido que presentar una queja ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) para tratar de detener este tipo de arbitrariedad de algunos magistrados que afecta a la institución policial”.
Así cualquiera
El 27 de febrero de 1995, el suboficial PNP Mario Vargas Herbas fue pasado al retiro por medida disciplinaria por su implicación en un caso de asalto y robo. Trece años después, el 10 de junio del 2008, el Juzgado Mixto de Puno resolvió la reincorporación de Vargas con todos sus beneficios, devengados e intereses. Ahora labora normalmente.
La misma suerte tuvo el suboficial Aurelio Gallegos Garcés, dado de baja el 28 de agosto de 1999 por su relación en otro caso de asalto y robo. Luego de nueve años, el Juzgado Mixto de San Antonio de Putina, en Puno, mandó a la PNP su reincorporación con todos sus beneficios, el 31 de diciembre del 2008. Gallegos hoy viste de nuevo el uniforme de la PNP.
“Las reincorporaciones por orden judicial de personal policial que cometió delitos es una muy mala señal para la Policía Nacional y para la sociedad porque se trata de efectivos que cometieron actos ilícitos y fueron investigados por la Inspectoría General y sancionados internamente por el Tribunal Nacional Administrativo Disciplinario”, dijeron fuentes del despacho de la Dirección General de la PNP: “La policía ante una orden judicial solamente se limita a acatarla sin murmuraciones. Hemos encontrado varios casos de policías corruptos que han aprendido a urdir artimañas legales para regresar a la institución”.
En julio del 2002, la PNP pasó al retiro al capitán Edmundo Toledo Saucedo debido a su implicación en la fuga de un narcotraficante en Trujillo. La institución lo acusó de abandono de servicio y desobediencia. Toledo incluso recurrió al Tribunal Constitucional para que declare nula la resolución ministerial con la que se le dio de baja. Pero no lo consiguió… hasta ese momento.
Todos vuelven
Sin embargo, en enero del 2008, la titular del Noveno Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, Alicia Salinas Larriviere, ordenó la reposición del capitán Edmundo Toledo, alegando que su institución lo había sancionado injustamente porque logró recapturar al delincuente.
“La policía cometió un abuso. Al percatarse el capitán Toledo de la fuga del narcotraficante, solicitó permiso para salir en búsqueda del sujeto. No se lo concedieron, así que por su cuenta lo hizo y diez días después logró recapturar al reo”, señaló Silvio Aguirre, defensor del capitán Edmundo Toledo: “Ahora estamos luchando para que lo asciendan al grado de comandante, como le corresponde”.
De los 86 casos de policías reincorporados, 31 fueron por mandato del Juzgado Mixto de Santiago, en el Cuzco; 19 por el Juzgado Mixto de Huancané, Puno; 10 por juzgados de Lima (Tercero, Quinto y Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo); y 4 por juzgados de Arequipa (Primer Juzgado Civil de Hunter y Juzgado Mixto de Aplao), entre otros (ver infografía).
“El Poder Judicial solo tiene facultad para ordenar la reincorporación de un efectivo siempre y cuando se haya acreditado su inocencia”, explicaron fuentes de la Procuraduría de Asuntos Judiciales del Ministerio del Interior: “En todo caso, las reincorporaciones por mandato judicial deben ser provisionales hasta que se dicte sentencia. Sin embargo, en la mayoría de casos los jueces ordenan la reincorporación inmediata”.
El 2 de marzo de 1996, la Policía Nacional expulsó por indisciplina al suboficial Eulogio Arqque Suico, acusado de haber dado muerte al alférez PNP Luis Aranzábal. Doce años después, el nueve de agosto de 2008, el Juzgado Mixto de Santiago, Cuzco, ordenó la reincorporación de Arqque. Hoy trabaja en la Décima Región Policial del Cuzco.
Ocurrió lo mismo con el suboficial Arturo Oviedo Guzmán. Le dieron de baja el 30 de marzo del 2000 al ser encontrado responsable de la fuga del terrorista Teófilo Sandoval Durán, recluso del penal de Qenqoro. Luego de ocho años, el mismo Juzgado Mixto de Santiago dictaminó el reingreso de Oviedo el 15 de Agosto del 2008. Ahora labora en la comisaría de Poroy.
El 13 de junio del 2005, la policía expectoró de la institución al suboficial Abel Hallasi Zárate, implicado en un caso de falsificación de documentos y en otro de encubrimiento del presunto asesino de la ciudadana alemana Úrsula Gluck. El Juzgado Mixto del Cusco ordenó la reincorporación inmediata de Hallasi, el seis de marzo del 2008.
En lo que va del 2009, la tendencia continúa siendo ascendente. Ya son 22 efectivos policiales reincorporados por resolución judicial. Uno de los casos más controvertidos lo protagoniza el suboficial Luis Espejo Livano, pasado al retiro el siete de mayo de 1982. Luego de 26 años el Juzgado Especializado Civil de Santiago, Cusco, ordenó su reincorporación el 3 de febrero de este año con todos sus beneficios. Así los premian. La República, edición impresa.
Categoría: Artículos derecho penal
Publicado por: mbermudez
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Anulan condena del mayor asesino serial en la historia del Perú
El Comercio
Peritaje determinó que Pedro Nakada, ex suboficial de la FAP y condenado a 35 años de cárcel, sufre de esquizofrenia
El ex suboficial de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) Pedro Pablo Nakada, considerado el mayor asesino serial en la historia del Perú, no pagará su pena en la cárcel sino en un manicomio, al comprobarse que padece de esquizofrenia.
La Sala de Apelaciones de la provincia de Huaura anuló la sentencia de 35 años de cárcel que se le había impuesto a Nakada —interno del penal de Carquín en Huacho— y ordenó un nuevo juicio bajo el llamado proceso de seguridad, dispuesto para personas con problemas mentales.
El Ministerio Público tiene la potestad de interponer ante la Corte Suprema un recurso de casación que determine la validez del peritaje psiquiátrico.
El penalista Luis Lamas Puccio explicó que la cantidad de años de la condena inicial no debe necesariamente guardar proporción en duración con el internamiento en un hospital psiquiátrico que, muy probablemente, será determinado para Nakada. “Si recuperase su salud mental, entonces deberá ser nuevamente sometido al sistema judicial”, opinó el abogado.
A Nakada se le comprobó la autoría de nueve asesinatos en Huacho, pero él confesó que cometió más desde el año 2006.
El Comercio
Peritaje determinó que Pedro Nakada, ex suboficial de la FAP y condenado a 35 años de cárcel, sufre de esquizofrenia
El ex suboficial de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) Pedro Pablo Nakada, considerado el mayor asesino serial en la historia del Perú, no pagará su pena en la cárcel sino en un manicomio, al comprobarse que padece de esquizofrenia.
La Sala de Apelaciones de la provincia de Huaura anuló la sentencia de 35 años de cárcel que se le había impuesto a Nakada —interno del penal de Carquín en Huacho— y ordenó un nuevo juicio bajo el llamado proceso de seguridad, dispuesto para personas con problemas mentales.
El Ministerio Público tiene la potestad de interponer ante la Corte Suprema un recurso de casación que determine la validez del peritaje psiquiátrico.
El penalista Luis Lamas Puccio explicó que la cantidad de años de la condena inicial no debe necesariamente guardar proporción en duración con el internamiento en un hospital psiquiátrico que, muy probablemente, será determinado para Nakada. “Si recuperase su salud mental, entonces deberá ser nuevamente sometido al sistema judicial”, opinó el abogado.
A Nakada se le comprobó la autoría de nueve asesinatos en Huacho, pero él confesó que cometió más desde el año 2006.
El Comercio
Base de datos será administrada por el ministerio y tendría carácter disuasivo. Incluirá a los que anteriormente hayan recibido papeletas por esta falta.
La ministra de Justicia , Rosario Fernández, anunció ayer la creación del Registro de Conductores Ebrios y de Consumidores de Sustancias Psicoactivas (drogas), como parte de las medidas comprendidas en el nuevo Código de Tránsito que su portafolio impulsa junto con otros sectores, para combatir el problema de los accidentes de tránsito en el país.
El registro, que será administrado y aparecerá en el portal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones , se elaborará en base a la información que proporcione la Municipalidad de Lima sobre el récord de papeletas impuestas a quienes conducen bajo los efectos del alcohol o de las drogas.
En conferencia de prensa, Fernández explicó ayer que el registro incorporará a todos aquellos que ya han sido sancionados mediante decisión firme y final (en la vía administrativa), para que esas conductas tengan efectos en otros aspectos de su vida ciudadana.
Para el penalista Luis Lamas Puccio, un registro de tal naturaleza permitirá configurar el perfil de una persona, lo que será determinante al momento de decidir contratar a alguien para un puesto de trabajo.
“Quien conduce ebrio no tiene condiciones para asumir responsabilidades”, puntualizó el especialista.
El registro de conductores ebrios y consumidores de sustancias psicoactivas forma parte del Código de Tránsito, un cuerpo normativo que unificará criterios para regular la actividad de transporte terrestre (público y privado de personas), bajo las competencias de la Policía Nacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las municipalidades provinciales.
La titular de Justicia aclaró que este Código de Tránsito será visto en la Presidencia del Consejo de Ministros y aprobado mediante decreto supremo por los sectores correspondientes, como son los ministerios de Justicia, Interior y Transportes y Comunicaciones.
OTROS CAMBIOS
Además del Código de Tránsito, la ministra Rosario Fernández se refirió a los principales cambios que su sector plantea al Código Penal y Procesal Penal para endurecer y hacer efectivas las penas contra quienes manejan ebrios.
Se propone, entre otros cambios, eliminar la responsabilidad restringida que actualmente rige para los jóvenes de 18 a 21 años y las personas mayores de 65 años que conduzcan vehículos en estado de ebriedad, a fin de que purguen cárcel efectiva y cumplan servicio comunitario.
SEPA MÁS
Cambios en reglamento de transporte
La exigencia de exámenes médicos aleatorios a los choferes profesionales y la obligatoriedad de tener frenos ABS en vehículos con más de 18 toneladas, así como instrumentos para limitar la velocidad, son algunas de las medidas que contendrá el nuevo Reglamento de Administración de Transporte Terrestre, que se publicará en los próximos días.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, explicó (en declaraciones recogidas por la agencia Andina) que no basta con que los conductores profesionales acrediten que cuentan con brevete A2 o A3 vigente, sino que es necesario verificar que su estado emocional y el de salud sean los adecuados para prestar el servicio.
La norma —dijo— también hará precisiones sobre la jornada máxima de conducción vehicular de día y de noche, en carretera y en zona urbana.
Cornejo agregó que en coordinación con el sector Educación se promoverá la creación de más escuelas de conductores.
Base de datos será administrada por el ministerio y tendría carácter disuasivo. Incluirá a los que anteriormente hayan recibido papeletas por esta falta.
La ministra de Justicia , Rosario Fernández, anunció ayer la creación del Registro de Conductores Ebrios y de Consumidores de Sustancias Psicoactivas (drogas), como parte de las medidas comprendidas en el nuevo Código de Tránsito que su portafolio impulsa junto con otros sectores, para combatir el problema de los accidentes de tránsito en el país.
El registro, que será administrado y aparecerá en el portal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones , se elaborará en base a la información que proporcione la Municipalidad de Lima sobre el récord de papeletas impuestas a quienes conducen bajo los efectos del alcohol o de las drogas.
En conferencia de prensa, Fernández explicó ayer que el registro incorporará a todos aquellos que ya han sido sancionados mediante decisión firme y final (en la vía administrativa), para que esas conductas tengan efectos en otros aspectos de su vida ciudadana.
Para el penalista Luis Lamas Puccio, un registro de tal naturaleza permitirá configurar el perfil de una persona, lo que será determinante al momento de decidir contratar a alguien para un puesto de trabajo.
“Quien conduce ebrio no tiene condiciones para asumir responsabilidades”, puntualizó el especialista.
El registro de conductores ebrios y consumidores de sustancias psicoactivas forma parte del Código de Tránsito, un cuerpo normativo que unificará criterios para regular la actividad de transporte terrestre (público y privado de personas), bajo las competencias de la Policía Nacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las municipalidades provinciales.
La titular de Justicia aclaró que este Código de Tránsito será visto en la Presidencia del Consejo de Ministros y aprobado mediante decreto supremo por los sectores correspondientes, como son los ministerios de Justicia, Interior y Transportes y Comunicaciones.
OTROS CAMBIOS
Además del Código de Tránsito, la ministra Rosario Fernández se refirió a los principales cambios que su sector plantea al Código Penal y Procesal Penal para endurecer y hacer efectivas las penas contra quienes manejan ebrios.
Se propone, entre otros cambios, eliminar la responsabilidad restringida que actualmente rige para los jóvenes de 18 a 21 años y las personas mayores de 65 años que conduzcan vehículos en estado de ebriedad, a fin de que purguen cárcel efectiva y cumplan servicio comunitario.
SEPA MÁS
Cambios en reglamento de transporte
La exigencia de exámenes médicos aleatorios a los choferes profesionales y la obligatoriedad de tener frenos ABS en vehículos con más de 18 toneladas, así como instrumentos para limitar la velocidad, son algunas de las medidas que contendrá el nuevo Reglamento de Administración de Transporte Terrestre, que se publicará en los próximos días.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, explicó (en declaraciones recogidas por la agencia Andina) que no basta con que los conductores profesionales acrediten que cuentan con brevete A2 o A3 vigente, sino que es necesario verificar que su estado emocional y el de salud sean los adecuados para prestar el servicio.
La norma —dijo— también hará precisiones sobre la jornada máxima de conducción vehicular de día y de noche, en carretera y en zona urbana.
Cornejo agregó que en coordinación con el sector Educación se promoverá la creación de más escuelas de conductores.
(ANDINA).- La fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, inaugurará el próximo 31 de marzo, la nueva sede de la Fiscalía Provincial Mixta de Ferreñafe, en Lambayeque, donde se brindarán las facilidades a los usuarios que requieren de los servicios del Ministerio Público en el marco de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).
La obra que consta de tres pisos construidos en un área total 640,20 m2, está ubicada en la avenida Tacna a un costado de la Comisaría de Ferreñafe.
El Gerente Central de Infraestructura del Ministerio Público, César Augusto Díaz, explicó que los ambientes de las Fiscalías Provinciales, salas de reunión y de interrogatorio, estarán ubicadas en el segundo y tercer piso.
El funcionario agregó que el edificio contará en su primer piso con oficinas administrativas, consultorios de psicología, tópico, ambientes para la Policía Nacional, almacenes, y zonas de descanso.
Cabe señalar que, la moderna infraestructura cuenta con una fachada tartajeada y pintada con vidrio superpuesto del tipo muro cortina de color Blue-Sky, que le permite diferenciarse del resto de construcciones, brindando comodidad para el personal del Ministerio Público y para todos los ciudadanos que acudan a sus instalaciones.
Como se recuerda el próximo miércoles 01 de abril del presente año, entrará en vigencia la implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en los Distritos Judiciales de Lambayeque, Piura y Tumbes.
Este moderno sistema procesal penal ya viene funcionando desde el 2006, año en que entró en vigencia como piloto en el Distrito Judicial de Huaura. En el 2007 se puso en marcha en el Distrito Judicial de la Libertad y en el 2008, empezó a funcionar en Arequipa, Tacna y Moquegua.
La obra que consta de tres pisos construidos en un área total 640,20 m2, está ubicada en la avenida Tacna a un costado de la Comisaría de Ferreñafe.
El Gerente Central de Infraestructura del Ministerio Público, César Augusto Díaz, explicó que los ambientes de las Fiscalías Provinciales, salas de reunión y de interrogatorio, estarán ubicadas en el segundo y tercer piso.
El funcionario agregó que el edificio contará en su primer piso con oficinas administrativas, consultorios de psicología, tópico, ambientes para la Policía Nacional, almacenes, y zonas de descanso.
Cabe señalar que, la moderna infraestructura cuenta con una fachada tartajeada y pintada con vidrio superpuesto del tipo muro cortina de color Blue-Sky, que le permite diferenciarse del resto de construcciones, brindando comodidad para el personal del Ministerio Público y para todos los ciudadanos que acudan a sus instalaciones.
Como se recuerda el próximo miércoles 01 de abril del presente año, entrará en vigencia la implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en los Distritos Judiciales de Lambayeque, Piura y Tumbes.
Este moderno sistema procesal penal ya viene funcionando desde el 2006, año en que entró en vigencia como piloto en el Distrito Judicial de Huaura. En el 2007 se puso en marcha en el Distrito Judicial de la Libertad y en el 2008, empezó a funcionar en Arequipa, Tacna y Moquegua.
El psiquiatra Francisco Rivera Feijoo se refirió así al caso de Pedro Nakada Ludeña, el ‘Apóstol de la muerte’, un esquizofrénico que mató a más de 20 personas en Huaura y Chancay, al norte de Lima.
Perú 21
Rivera Feijoo sostuvo que estas personas deben permanecer en un ambiente terapéutico, pero remarcó que esto exige un presupuesto especial.. (Perú21.pe).
Los establecimientos psiquiátricos del Ministerio de Salud tienen demasiados pacientes internados, por eso no estarían preparados para albergar a personas esquizofrénicas condenadas por delitos graves, como asesinato, opinó Francisco Rivera Feijoo, miembro del directorio de la Asociación Psiquiátrica Peruana (APP)
Fue al referirse al caso de Pedro Nakada Ludeña, el llamado ‘Apóstol de la muerte’, quien presenta un cuadro de esquizofrenia y deberá purgar condena en un sanatorio mental, por haber asesinado a más de 20 personas entre los años 2006 y 2007 en las localidades de Huaura y Chancay, al norte de Lima.
La Sala Penal de Apelaciones de Huaura anuló la pena de 35 años de prisión que se le había impuesto a Pedro Nakada, sustentándose en una pericia psiquiátrica.
En diálogo con Perú21.pe, Rivera Feijoo sostuvo que las personas con enfermedades mentales que cometen delitos deben permanecer en un ambiente terapéutico, pero remarcó que esto exige un presupuesto especial, un esfuerzo profesional y una estructura especial diferente en los nosocomios.
“No se trata de tener un ambiente carcelario, sino un ambiente terapéutico (...) y esto es todo un reto”, dijo al comentar que una persona es responsable de sus actos mientras conserva su voluntad, de lo contrario no tiene responsabilidad.
Nakada aseguraba ser un enviado de Dios, un justiciero, argumentos que al parecer han convencido a los magistrados de su locura. “Yo limpio gente, gente que no debería estar acá, como fumones, homosexuales, maricones”, señalaba durante el proceso por sus crímenes perpetrados en las localidades de Huaura y Chancay.
Perú 21
Rivera Feijoo sostuvo que estas personas deben permanecer en un ambiente terapéutico, pero remarcó que esto exige un presupuesto especial.. (Perú21.pe).
Los establecimientos psiquiátricos del Ministerio de Salud tienen demasiados pacientes internados, por eso no estarían preparados para albergar a personas esquizofrénicas condenadas por delitos graves, como asesinato, opinó Francisco Rivera Feijoo, miembro del directorio de la Asociación Psiquiátrica Peruana (APP)
Fue al referirse al caso de Pedro Nakada Ludeña, el llamado ‘Apóstol de la muerte’, quien presenta un cuadro de esquizofrenia y deberá purgar condena en un sanatorio mental, por haber asesinado a más de 20 personas entre los años 2006 y 2007 en las localidades de Huaura y Chancay, al norte de Lima.
La Sala Penal de Apelaciones de Huaura anuló la pena de 35 años de prisión que se le había impuesto a Pedro Nakada, sustentándose en una pericia psiquiátrica.
En diálogo con Perú21.pe, Rivera Feijoo sostuvo que las personas con enfermedades mentales que cometen delitos deben permanecer en un ambiente terapéutico, pero remarcó que esto exige un presupuesto especial, un esfuerzo profesional y una estructura especial diferente en los nosocomios.
“No se trata de tener un ambiente carcelario, sino un ambiente terapéutico (...) y esto es todo un reto”, dijo al comentar que una persona es responsable de sus actos mientras conserva su voluntad, de lo contrario no tiene responsabilidad.
Nakada aseguraba ser un enviado de Dios, un justiciero, argumentos que al parecer han convencido a los magistrados de su locura. “Yo limpio gente, gente que no debería estar acá, como fumones, homosexuales, maricones”, señalaba durante el proceso por sus crímenes perpetrados en las localidades de Huaura y Chancay.
La República
Entre las medidas más urgentes que traen los cambios en materia de tránsito será el incremento de la pena de cárcel efectiva entre 1 y hasta 4 años para los que conduzcan un vehículo en estado de ebriedad.
Así lo adelantó la ministra de Justicia, Rosario Fernández, durante una conferencia de prensa conjunta, junto a los ministros de Transportes y Educación, Rosario Fernández informó las propuestas que presentarían esta semana y que harán más severa la legislación del tránsito vehicular.
La primera, el denominado Código de Transito, reunirá la normatividad que regula la actividad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de las Municipalidades y de la Policía. Se quiere producir una sola norma que convierta a estas tres instancias en un único frente de autoridad para el ciudadano.
La segunda propuesta, la modificación del Código Penal y Código Procesal Penal, hará más riguroso el tratamiento penal. Fernández explicó que, partiendo del principio que define el manejo de un vehículo como una actividad socialmente riesgosa, la gente debe saber que se convierte en un peligro letal cuando se consume alcohol.
“Eso eleva el riesgo permitido y trasgrede las normas de tránsito, por lo tanto, genera una responsabilidad penal”. En el caso de que ocurran muertes o lesiones graves se sancionaría, adicionalmente, con los artículos 111º y 124º del Código penal, agravándose la responsabilidad por efectos de ingesta de alcohol.
Una tercera medida, señaló Fernández, es la que propone sancionar severamente a aquellos choferes de transporte que conducen ebrios.
“Se trabaja día y noche para entregar en la semana estas tres propuestas”, añadió Fernández, quien dijo que tanto ella como los ministros de Transportes y Educación tienen la voluntad de atacar frontalmente la crisis del tránsito.
Asimismo, propuso la creación de Módulos de Justicia de Tránsito. “Va a significar crear juzgados especializados de tránsito penales y civiles. Vamos a hacer que, de inmediato, funcionen en Lima”, apuntó. (EFE)
Entre las medidas más urgentes que traen los cambios en materia de tránsito será el incremento de la pena de cárcel efectiva entre 1 y hasta 4 años para los que conduzcan un vehículo en estado de ebriedad.
Así lo adelantó la ministra de Justicia, Rosario Fernández, durante una conferencia de prensa conjunta, junto a los ministros de Transportes y Educación, Rosario Fernández informó las propuestas que presentarían esta semana y que harán más severa la legislación del tránsito vehicular.
La primera, el denominado Código de Transito, reunirá la normatividad que regula la actividad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de las Municipalidades y de la Policía. Se quiere producir una sola norma que convierta a estas tres instancias en un único frente de autoridad para el ciudadano.
La segunda propuesta, la modificación del Código Penal y Código Procesal Penal, hará más riguroso el tratamiento penal. Fernández explicó que, partiendo del principio que define el manejo de un vehículo como una actividad socialmente riesgosa, la gente debe saber que se convierte en un peligro letal cuando se consume alcohol.
“Eso eleva el riesgo permitido y trasgrede las normas de tránsito, por lo tanto, genera una responsabilidad penal”. En el caso de que ocurran muertes o lesiones graves se sancionaría, adicionalmente, con los artículos 111º y 124º del Código penal, agravándose la responsabilidad por efectos de ingesta de alcohol.
Una tercera medida, señaló Fernández, es la que propone sancionar severamente a aquellos choferes de transporte que conducen ebrios.
“Se trabaja día y noche para entregar en la semana estas tres propuestas”, añadió Fernández, quien dijo que tanto ella como los ministros de Transportes y Educación tienen la voluntad de atacar frontalmente la crisis del tránsito.
Asimismo, propuso la creación de Módulos de Justicia de Tránsito. “Va a significar crear juzgados especializados de tránsito penales y civiles. Vamos a hacer que, de inmediato, funcionen en Lima”, apuntó. (EFE)
Foro Empresarial Anticorrupción planteó que se debería incentivar a funcionarios que formulen denuncias contra la corrupción
(Andina).- La creación de una Defensoría Anticorrupción, entre otras medidas, propusieron hoy los empresarios participantes en el I Foro Empresarial Anticorrupción realizado en esta ciudad, con el fin de hacer frente a ese flagelo.
Consideraron que esa instancia podría ser una canal para realizar las denuncias de ese tipo.
“Ante situaciones de corrupción, el sector empresarial podría agremiarse por sectores para defender los intereses de los empresarios frente a los intereses corruptos”, fue una de las principales conclusiones del referido Foro.
En el evento realizado por el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE), y el Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), se advirtió que las adquisiciones y contrataciones son un espacio especialmente sensible a la corrupción, más aun cuando la mayoría de ellas se celebran con el sector público.
Los empresarios plantearon que se debería proteger y dar premios internos a los funcionarios y empleados que formulen las denuncias contra la corrupción.
Los empresarios también señalaron que la corrupción como degeneración social constituye casi un hábito y, por ello, la educación con valores es fundamental, así como la capacitación constante en temas éticos y morales al interior de la empresa.
Indicaron también que se debe poner el tema anticorrupción en las agendas de las empresas para plantear acciones concretas.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), Cecilia Blondet, señaló que la población está desalentada, preocupada y desconfiada ante la lucha contra la corrupción, por lo que es necesario recuperar su confianza con un liderazgo y medidas concretas, viables y sostenibles en el tiempo.
(Andina).- La creación de una Defensoría Anticorrupción, entre otras medidas, propusieron hoy los empresarios participantes en el I Foro Empresarial Anticorrupción realizado en esta ciudad, con el fin de hacer frente a ese flagelo.
Consideraron que esa instancia podría ser una canal para realizar las denuncias de ese tipo.
“Ante situaciones de corrupción, el sector empresarial podría agremiarse por sectores para defender los intereses de los empresarios frente a los intereses corruptos”, fue una de las principales conclusiones del referido Foro.
En el evento realizado por el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE), y el Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), se advirtió que las adquisiciones y contrataciones son un espacio especialmente sensible a la corrupción, más aun cuando la mayoría de ellas se celebran con el sector público.
Los empresarios plantearon que se debería proteger y dar premios internos a los funcionarios y empleados que formulen las denuncias contra la corrupción.
Los empresarios también señalaron que la corrupción como degeneración social constituye casi un hábito y, por ello, la educación con valores es fundamental, así como la capacitación constante en temas éticos y morales al interior de la empresa.
Indicaron también que se debe poner el tema anticorrupción en las agendas de las empresas para plantear acciones concretas.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética), Cecilia Blondet, señaló que la población está desalentada, preocupada y desconfiada ante la lucha contra la corrupción, por lo que es necesario recuperar su confianza con un liderazgo y medidas concretas, viables y sostenibles en el tiempo.
24/03/09: Cárcel efectiva para conductores ebrios
“Basta de sanciones administrativas. Quisiera ver a esos borrachos cinco, diez, quince días en un penal”, subrayó Rosario Fernández.
Expreso
Un proyecto de ley que crea el Nuevo Código de Tránsito, norma que servirá entre otras cosas para que jueces especializados en esa materia impongan penas con cárcel efectiva a los que conduzcan en estado de ebriedad, presentará la ministra de Justicia, Rosario Fernández, ante el Congreso de la República.
Así lo informó ayer la funcionaria, quien advirtió que ya no basta con castigar la irresponsabilidad de los choferes con sanciones administrativas, como la suspensión de las licencias de tránsito, sino –afirmó– las penas que se impongan tienen que ser más drásticas y, para eso, hay que hacerlas efectivas en prisión.
“Actualmente, a partir de 0.5 mililitros de alcohol por litro de sangre constituye una infracción, pero (lo que buscamos) es que ese límite se convierta en un delito sancionable penalmente, porque si no es así, la gente se burla. No basta con la sanción administrativa, no resuelve nada”, manifestó Fernández. El chofer que conduce ebrio, sostuvo, debería pasar un tiempo en prisión para tomar conciencia del daño que ocasiona a otras personas, su familia, como a sí mismo. “Quisiera ver a esos borrachos cinco, diez, quince días en un penal. No tienen idea de lo que es estar ahí, pero es la única forma de que aprendan que si uno va a manejar, no debe beber licor. De lo que se trata es de imponer una sentencia ejemplar para que esto no se tome como una burla. Además se pedirá que se cancelen las licencias de conducir”, subrayó. La propuesta estará incluida dentro del Nuevo Código de Tránsito que servirá como instrumento legal para que los jueces, y todos aquellos a los que les corresponda el control vial, resuelvan los casos de manera oportuna y efectiva. Próximamente, adelantó, se reunirá con el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, para evaluar la posibilidad de crear nuevos juzgados especializados en tránsito. Con un único código de tránsito y con jueces especializados esa materia, los tiempos de los procesos judiciales se reducirán y concluirán con una sentencia efectiva a los conductores, indicó. Exhortó al Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Ministerio de Transportes y Comunicaciones a unirse a esta campaña por la vida.
El dato
En lo que va del año, 142 personas murieron por accidentes de tránsito ocurridos sólo en Lima Metropolitana, informó la División Policial de Investigación de Accidentes de Tránsito. La mayoría de siniestros se originó por imprudencia de los peatones. San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres reportan mayor cantidad de choques y atropellos.
Expreso
Un proyecto de ley que crea el Nuevo Código de Tránsito, norma que servirá entre otras cosas para que jueces especializados en esa materia impongan penas con cárcel efectiva a los que conduzcan en estado de ebriedad, presentará la ministra de Justicia, Rosario Fernández, ante el Congreso de la República.
Así lo informó ayer la funcionaria, quien advirtió que ya no basta con castigar la irresponsabilidad de los choferes con sanciones administrativas, como la suspensión de las licencias de tránsito, sino –afirmó– las penas que se impongan tienen que ser más drásticas y, para eso, hay que hacerlas efectivas en prisión.
“Actualmente, a partir de 0.5 mililitros de alcohol por litro de sangre constituye una infracción, pero (lo que buscamos) es que ese límite se convierta en un delito sancionable penalmente, porque si no es así, la gente se burla. No basta con la sanción administrativa, no resuelve nada”, manifestó Fernández. El chofer que conduce ebrio, sostuvo, debería pasar un tiempo en prisión para tomar conciencia del daño que ocasiona a otras personas, su familia, como a sí mismo. “Quisiera ver a esos borrachos cinco, diez, quince días en un penal. No tienen idea de lo que es estar ahí, pero es la única forma de que aprendan que si uno va a manejar, no debe beber licor. De lo que se trata es de imponer una sentencia ejemplar para que esto no se tome como una burla. Además se pedirá que se cancelen las licencias de conducir”, subrayó. La propuesta estará incluida dentro del Nuevo Código de Tránsito que servirá como instrumento legal para que los jueces, y todos aquellos a los que les corresponda el control vial, resuelvan los casos de manera oportuna y efectiva. Próximamente, adelantó, se reunirá con el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, para evaluar la posibilidad de crear nuevos juzgados especializados en tránsito. Con un único código de tránsito y con jueces especializados esa materia, los tiempos de los procesos judiciales se reducirán y concluirán con una sentencia efectiva a los conductores, indicó. Exhortó al Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Ministerio de Transportes y Comunicaciones a unirse a esta campaña por la vida.
El dato
En lo que va del año, 142 personas murieron por accidentes de tránsito ocurridos sólo en Lima Metropolitana, informó la División Policial de Investigación de Accidentes de Tránsito. La mayoría de siniestros se originó por imprudencia de los peatones. San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres reportan mayor cantidad de choques y atropellos.
(ANDINA).- La Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) abrió dos procesos disciplinarios al presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre Dios, Tony Changaray Segura, por presuntamente estar involucrado en una denuncia por acoso sexual y haber designado irregularmente a un juez.
La oficina contralora del Poder Judicial señala que dicho magistrado habría designado irregularmente al abogado Jorge Parra Aquino como juez penal de Tambopata.
Indica que Parra Aquino tiene una sentencia condenatoria por el delito de apropiación ilícita en un proceso en que Changaray, años atrás y antes de ingresar a la judicatura, había actuado como su abogado defensor.
En la actualidad, Parra Aquino está fuera del Poder Judicial porque renunció al cargo que le asignó Changaray al haberse descubierto que no estaba habilitado para ejercer cargos en la administración de justicia.
Con respecto a la investigación por presunto acoso sexual, Changaray Segura debe afrontar la denuncia que formularon en su contra dos trabajadoras de la Corte Superior de Madre de Dios.
Una de las denunciantes renunció a su cargo por decisión personal, precisa la Ocma.
El magistrado Hernán Layme Yépez, de la Unidad Operativa Móvil de la Ocma, es quien se encargará de tramitar el proceso, según la disposición de la jefa de este organismo, Elcira Vásquez Cortez.
A partir de estas resoluciones, el magistrado contralor encargado del caso programará las diligencias pertinentes, a fin de esclarecer los cargos en contra de Changaray y que generan cuestionamientos en diversos sectores de la comunidad, informó la Ocma.
La oficina contralora del Poder Judicial señala que dicho magistrado habría designado irregularmente al abogado Jorge Parra Aquino como juez penal de Tambopata.
Indica que Parra Aquino tiene una sentencia condenatoria por el delito de apropiación ilícita en un proceso en que Changaray, años atrás y antes de ingresar a la judicatura, había actuado como su abogado defensor.
En la actualidad, Parra Aquino está fuera del Poder Judicial porque renunció al cargo que le asignó Changaray al haberse descubierto que no estaba habilitado para ejercer cargos en la administración de justicia.
Con respecto a la investigación por presunto acoso sexual, Changaray Segura debe afrontar la denuncia que formularon en su contra dos trabajadoras de la Corte Superior de Madre de Dios.
Una de las denunciantes renunció a su cargo por decisión personal, precisa la Ocma.
El magistrado Hernán Layme Yépez, de la Unidad Operativa Móvil de la Ocma, es quien se encargará de tramitar el proceso, según la disposición de la jefa de este organismo, Elcira Vásquez Cortez.
A partir de estas resoluciones, el magistrado contralor encargado del caso programará las diligencias pertinentes, a fin de esclarecer los cargos en contra de Changaray y que generan cuestionamientos en diversos sectores de la comunidad, informó la Ocma.
Categoría: Artículos derecho penal
Publicado por: mbermudez
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(ANDINA).- El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, se mostró a favor de otorgar el beneficio de la colaboración eficaz a quienes denuncien a jueces que cometan actos de corrupción o actos disfuncionales, tal y como lo propuso la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
Manifestó que toda propuesta que contribuya a combatir la corrupción es saludable, siempre que no se cometan excesos.
Villa Stein sostuvo que evaluará esta iniciativa en breve y recalcó la necesidad de hacer un trabajo de prevención de actos irregulares en el Poder Judicial, labor que está a cargo de la OCMA.
“Es saludable. Habrá que debatirse oportunamente porque todo lo que apunte a combatir la corrupción es bueno, siempre que no se caiga en excesos persecutorios, criterios paranoicos y criterios policiales”, señaló.
La jefa de la OCMA, Elcira Vásquez, informó que ha presentado un proyecto de ley con el que se busca otorgar el beneficio de la colaboración eficaz a quienes denuncien a jueces que cometan actos de corrupción o disfuncionales.
La magistrada suprema manifestó que esta propuesta, elaborada con apoyo del Banco Mundial, comprende aspectos de control disciplinario de magistrados superiores y trabajadores del Poder Judicial.
En la actualidad, quienes se acogen a la Ley de Colaboración eficaz y dan información verídica y útil para la investigación de un delito, se les concede la reducción, suspensión o el perdón de la pena, de acuerdo a cada caso.
De aprobarse el proyecto, la Presidencia del Poder Judicial deberá remitirlo al Congreso de la República, institución que tiene a su cargo la elaboración de las leyes en el país.
Manifestó que toda propuesta que contribuya a combatir la corrupción es saludable, siempre que no se cometan excesos.
Villa Stein sostuvo que evaluará esta iniciativa en breve y recalcó la necesidad de hacer un trabajo de prevención de actos irregulares en el Poder Judicial, labor que está a cargo de la OCMA.
“Es saludable. Habrá que debatirse oportunamente porque todo lo que apunte a combatir la corrupción es bueno, siempre que no se caiga en excesos persecutorios, criterios paranoicos y criterios policiales”, señaló.
La jefa de la OCMA, Elcira Vásquez, informó que ha presentado un proyecto de ley con el que se busca otorgar el beneficio de la colaboración eficaz a quienes denuncien a jueces que cometan actos de corrupción o disfuncionales.
La magistrada suprema manifestó que esta propuesta, elaborada con apoyo del Banco Mundial, comprende aspectos de control disciplinario de magistrados superiores y trabajadores del Poder Judicial.
En la actualidad, quienes se acogen a la Ley de Colaboración eficaz y dan información verídica y útil para la investigación de un delito, se les concede la reducción, suspensión o el perdón de la pena, de acuerdo a cada caso.
De aprobarse el proyecto, la Presidencia del Poder Judicial deberá remitirlo al Congreso de la República, institución que tiene a su cargo la elaboración de las leyes en el país.
Estimados señores jueces y defensores de menores, colegas, letrados, instituciones y amigos:
en pocos días presentaré el libro, en breve les enviaré la tapa, el lugar y la fecha.
Saludos cordiales.
Cristina Nudel
Presentación del Dr. Alberto Eiguer,
Psiquiatra, psicoanalista. Director de investigaciones en en el Laboratoire de recherches en psychopathologie et psychologie clinique de la Université de Paris V René Descartes, Francia.
Presentación
Alberto Eiguer
El libro de Cristina Nudel es de gran originalidad, por varias razones.
Trata de un tema muy actual, los abusos sexuales en familia. Explica de manera detallada la práctica de perito en psicología de la autora, subrayando su especificidad y lugar indiscutible en el campo tanto jurídico como clínico. Adopta un punto de análisis novedoso: la familia entendida como una totalidad grupal en donde los vínculos entre sus miembros establecen una sostenida reciprocidad intersubjetiva. Descubre desde este ángulo cómo la manera de entender el caso se modifica a tal punto de no sólo facilitar su lectura sino poder cambiar la decisión jurídica, como en el caso de llevar a absolver una paciente que fue objeto de una falsa denuncia. También estudia los ejemplos presentados desde la perspectiva del algoritmo David Liberman, al considerar el discurso de los niños abusados que se expresan curiosamente por una erotización excesiva e inadaptada -nosotros lo llamaríamos voluptuosidad.
Escrito de manera clara y accesible, tanto útil a especialistas y estudiantes como a un público sensible a los temas de las violencias sexuales en familia, esta obra nos brinda con generosidad un panorama amplio de la materia. Quienes deseen interiorizarse de los últimos estudios sobre la situación jurídica, la clínica de las consecuencias de los abusos sobre los menores, encontrarán aquí un desarrollo detallado.
La autora aplica el psicoanálisis de los vínculos a la familia donde hay abuso sexual. Ello le permite agudizar tanto la reflexión como la pesquisa de la realidad del abuso. En efecto, el perito es solicitado para reponder a la pregunta sobre la “verdad” del abuso. Un sinnúmero de falsas alegaciones son objeto de denuncia. Era neceserio encontrar el método para reconocer los hechos de manera fehaciente, ya que de ello dependerá la inculpación del abusador, la designación de los cómplices, el tratamiento del abusado con el resto del grupo familiar, etc.
Gracias a estos desarrollos, se pasa de indagar cómo el incesto tuvo lugar a cómo funciona una familia incestuosa. No se preguntará tal sólo si un acontecimiento es “enjuiciable”, sino que se tomará desde ahora en cuenta la estructura familiar incestuosa.
Al mismo tiempo, la cuestión de la verdad es objeto de un debate súmamente importante entre psicoanalistas. Algunos de estos últimos oponen la verdad narrativa a la verdad histórica, a la que consideran inaccesible. El hecho es importante por cuanto el levantamiento de lo reprimido es un paso substancial para la desconstrucción del síntoma. Como es imposible llegar a saber lo que sucedió con precisión, estos analistas pondrán el acento en la manera en que los hechos son relatados. Surge así una nueva orientación teórico-clínica que encuentra un eco en la storytelling. Hay que reconocer que Freud mismo abrió la vía de esta postura en su artículo “Construcciones en el análisis” (1937), donde sugiere que el analista, cuando no encuentra la llave del pasado, trata de construir lo acontecido con elementos de su imaginación o de su experiencia. De hecho, la inferencia a partir de indicios dados por el paciente es con frecuencia aleatoria.
Tales debates tienen interés en la evolución del tratamiento analítico; en este contexto, se corre poco riesgo al construir el pasado. Ello es más delicado cuando se trata de confirmar si hubo o no abuso sexual. Aquí cualquier indicio puede ser vital para cernir la verdad. Es en este lugar donde interviene la perspectiva vincular abriendo perspectivas, ya que permite desentrañar las complicidades colectivas que pueden llevar a que el consenso adquiera un peso de verdad deformándola. El reconocimeinto de los mecanismos perversos de inducción a distancia de comportamientos se aclara desde la perspectiva del vínculo intersubjetivo. Este tiene en cuenta al psiquismo tanto de los actores como de sus víctimas, así como de las complicidades recíprocas, del peso de la dependencia que lleva aveces a cientas personas a autoacusarse de lo que no hicieron o a hacer que los hechos aparezcan como siéndoles desfavorables.
En general, el espíritu del psicoanálisis se mantiene alejado de juicios éticos; no juzga ni condena. La justicia tiene evidentemente otra óptica. A través de la nueva perspectiva abierta por los vínculos intersubjetivos, se supera esta dicotomía: somos todos culpables y ninguno, lo importante es aislar aquello o aquel que hace daño, pues ello altera profundamente a las víctimas. Aquellos que han sufrido una agresión sexual no sólo han sido atacados en su cuerpo, sino en su alma. Se desmoronan sus relaciones de parestesco, es decir aquello que nos define como pertenecientes a una familia, a una filiación, a una cultura generacional. Pensar aparece como un pecado; la identidad deja de estar apuntalada. Al mismo tiempo, se deshacen las alianzas inconscientes entre ls miembros de la familia. La experiencia muestra que la diferencia de géneros juega un papel relevante en estas violencias familiares; la lucha entre los géneros suele justificar a los integrantes de esta familias las peores venganzas. Como desde hace recónditas épocas, el dominio sigue agitando el anhelo humano como si la pequeñez de cada uno encontrara así un aliciente, por lo tanto irrisible.
Doctor Alberto Eiguer.
Resumen del libro:
Pericia Psicológica intrafamilar en delitos sexuales. Las técnicas gráficas vinculares familiares; entrecurzamientos discursivos con técnicas gráfdicas proyecivas individuales; Psicodiagnóstico de Rorschach y Algoritmo David Líberman. Diagnóstico, Prevención y Tratamiento.
La investigación pericial psicológica en casos de demanda por abuso sexual exige una implicación extraordinaria. Implicación necesaria para ampliar interpretaciones y observar desde distintos puntos de vista los efectos que produce el hecho que se denuncia en los sujetos, las familias, los grupos y la institución judicial.
Los peritos y el juez son requeridos desde el espacio inconsciente para ejercer alguna función faltante en la familia. Esta transferencia propone roles como en un drama y los sujetos quedan dispuestos a activar dichos roles. Así la función de terceridad que ofrece la justicia, tiene una presencia que facilita, promueve una apertura paras la modificación del funcionamiento familiar, por el sólo hecho de darles lugar a ser pensados.
El trabajo pericial psicológico incluye la persona del perito y su capacidad vincular, la cual está mediada por las técnicas en la investigación. Las técnicas individuales detectan la particular evolución subjetiva. Las técnicas vinculares familiares transfieren a la situación pericial “la escena” del encuentro familiar. Los primeros casos que se presentan fueron analizados con ambas metodologías, como la experiencia que dio lugar a la tesis de Postgrado en Psicología Forense y la tesis de Especialista en Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares
La escena permite la integración del acontecimiento traumático a la mitología familiar constituyéndose así en el punto de anudamiento representacional en el proceso de la comprensión de la familia desde el punto de vista psicoanalítico.
Para realizar este sortilegio científico de soslayar la repetición se utiliza la lectura de la inter - fantasmatizacion de las escenas en las que los peritos participan en función de la pericia en cuestión; de los entrecruzamientos vinculares de las inscripciones intra, inter y trans - subjetivas como representaciones psíquicas individuales originadas en el vínculo.
Utilizarlos apunta a elaborar la transmisión transgeneracional del trauma y lo intrageneracional. Las técnicas vinculares familiares brindan un escenario que tiene su punto de sostén o partida en lo gestual, lo anafórico, la figurabilidad. Se despliegan construcciones fantasmáticas, deseos, temores, representaciones simbólicas que invitan a participar del "hacer" de ese vínculo familiar. En esa escenificación es posible diagnosticar la erotización intrafamiliar.
Las experiencias periciales son diez. Esta modalidad de trabajo vincular mediada por dibujos da lugar a la prevención. En el libro se relatan y transcriben también los tratamientos del grupo familiar cuando se diagnósticó delito sexual y otras formas de violencia.
en pocos días presentaré el libro, en breve les enviaré la tapa, el lugar y la fecha.
Saludos cordiales.
Cristina Nudel
Presentación del Dr. Alberto Eiguer,
Psiquiatra, psicoanalista. Director de investigaciones en en el Laboratoire de recherches en psychopathologie et psychologie clinique de la Université de Paris V René Descartes, Francia.
Presentación
Alberto Eiguer
El libro de Cristina Nudel es de gran originalidad, por varias razones.
Trata de un tema muy actual, los abusos sexuales en familia. Explica de manera detallada la práctica de perito en psicología de la autora, subrayando su especificidad y lugar indiscutible en el campo tanto jurídico como clínico. Adopta un punto de análisis novedoso: la familia entendida como una totalidad grupal en donde los vínculos entre sus miembros establecen una sostenida reciprocidad intersubjetiva. Descubre desde este ángulo cómo la manera de entender el caso se modifica a tal punto de no sólo facilitar su lectura sino poder cambiar la decisión jurídica, como en el caso de llevar a absolver una paciente que fue objeto de una falsa denuncia. También estudia los ejemplos presentados desde la perspectiva del algoritmo David Liberman, al considerar el discurso de los niños abusados que se expresan curiosamente por una erotización excesiva e inadaptada -nosotros lo llamaríamos voluptuosidad.
Escrito de manera clara y accesible, tanto útil a especialistas y estudiantes como a un público sensible a los temas de las violencias sexuales en familia, esta obra nos brinda con generosidad un panorama amplio de la materia. Quienes deseen interiorizarse de los últimos estudios sobre la situación jurídica, la clínica de las consecuencias de los abusos sobre los menores, encontrarán aquí un desarrollo detallado.
La autora aplica el psicoanálisis de los vínculos a la familia donde hay abuso sexual. Ello le permite agudizar tanto la reflexión como la pesquisa de la realidad del abuso. En efecto, el perito es solicitado para reponder a la pregunta sobre la “verdad” del abuso. Un sinnúmero de falsas alegaciones son objeto de denuncia. Era neceserio encontrar el método para reconocer los hechos de manera fehaciente, ya que de ello dependerá la inculpación del abusador, la designación de los cómplices, el tratamiento del abusado con el resto del grupo familiar, etc.
Gracias a estos desarrollos, se pasa de indagar cómo el incesto tuvo lugar a cómo funciona una familia incestuosa. No se preguntará tal sólo si un acontecimiento es “enjuiciable”, sino que se tomará desde ahora en cuenta la estructura familiar incestuosa.
Al mismo tiempo, la cuestión de la verdad es objeto de un debate súmamente importante entre psicoanalistas. Algunos de estos últimos oponen la verdad narrativa a la verdad histórica, a la que consideran inaccesible. El hecho es importante por cuanto el levantamiento de lo reprimido es un paso substancial para la desconstrucción del síntoma. Como es imposible llegar a saber lo que sucedió con precisión, estos analistas pondrán el acento en la manera en que los hechos son relatados. Surge así una nueva orientación teórico-clínica que encuentra un eco en la storytelling. Hay que reconocer que Freud mismo abrió la vía de esta postura en su artículo “Construcciones en el análisis” (1937), donde sugiere que el analista, cuando no encuentra la llave del pasado, trata de construir lo acontecido con elementos de su imaginación o de su experiencia. De hecho, la inferencia a partir de indicios dados por el paciente es con frecuencia aleatoria.
Tales debates tienen interés en la evolución del tratamiento analítico; en este contexto, se corre poco riesgo al construir el pasado. Ello es más delicado cuando se trata de confirmar si hubo o no abuso sexual. Aquí cualquier indicio puede ser vital para cernir la verdad. Es en este lugar donde interviene la perspectiva vincular abriendo perspectivas, ya que permite desentrañar las complicidades colectivas que pueden llevar a que el consenso adquiera un peso de verdad deformándola. El reconocimeinto de los mecanismos perversos de inducción a distancia de comportamientos se aclara desde la perspectiva del vínculo intersubjetivo. Este tiene en cuenta al psiquismo tanto de los actores como de sus víctimas, así como de las complicidades recíprocas, del peso de la dependencia que lleva aveces a cientas personas a autoacusarse de lo que no hicieron o a hacer que los hechos aparezcan como siéndoles desfavorables.
En general, el espíritu del psicoanálisis se mantiene alejado de juicios éticos; no juzga ni condena. La justicia tiene evidentemente otra óptica. A través de la nueva perspectiva abierta por los vínculos intersubjetivos, se supera esta dicotomía: somos todos culpables y ninguno, lo importante es aislar aquello o aquel que hace daño, pues ello altera profundamente a las víctimas. Aquellos que han sufrido una agresión sexual no sólo han sido atacados en su cuerpo, sino en su alma. Se desmoronan sus relaciones de parestesco, es decir aquello que nos define como pertenecientes a una familia, a una filiación, a una cultura generacional. Pensar aparece como un pecado; la identidad deja de estar apuntalada. Al mismo tiempo, se deshacen las alianzas inconscientes entre ls miembros de la familia. La experiencia muestra que la diferencia de géneros juega un papel relevante en estas violencias familiares; la lucha entre los géneros suele justificar a los integrantes de esta familias las peores venganzas. Como desde hace recónditas épocas, el dominio sigue agitando el anhelo humano como si la pequeñez de cada uno encontrara así un aliciente, por lo tanto irrisible.
Doctor Alberto Eiguer.
Resumen del libro:
Pericia Psicológica intrafamilar en delitos sexuales. Las técnicas gráficas vinculares familiares; entrecurzamientos discursivos con técnicas gráfdicas proyecivas individuales; Psicodiagnóstico de Rorschach y Algoritmo David Líberman. Diagnóstico, Prevención y Tratamiento.
La investigación pericial psicológica en casos de demanda por abuso sexual exige una implicación extraordinaria. Implicación necesaria para ampliar interpretaciones y observar desde distintos puntos de vista los efectos que produce el hecho que se denuncia en los sujetos, las familias, los grupos y la institución judicial.
Los peritos y el juez son requeridos desde el espacio inconsciente para ejercer alguna función faltante en la familia. Esta transferencia propone roles como en un drama y los sujetos quedan dispuestos a activar dichos roles. Así la función de terceridad que ofrece la justicia, tiene una presencia que facilita, promueve una apertura paras la modificación del funcionamiento familiar, por el sólo hecho de darles lugar a ser pensados.
El trabajo pericial psicológico incluye la persona del perito y su capacidad vincular, la cual está mediada por las técnicas en la investigación. Las técnicas individuales detectan la particular evolución subjetiva. Las técnicas vinculares familiares transfieren a la situación pericial “la escena” del encuentro familiar. Los primeros casos que se presentan fueron analizados con ambas metodologías, como la experiencia que dio lugar a la tesis de Postgrado en Psicología Forense y la tesis de Especialista en Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares
La escena permite la integración del acontecimiento traumático a la mitología familiar constituyéndose así en el punto de anudamiento representacional en el proceso de la comprensión de la familia desde el punto de vista psicoanalítico.
Para realizar este sortilegio científico de soslayar la repetición se utiliza la lectura de la inter - fantasmatizacion de las escenas en las que los peritos participan en función de la pericia en cuestión; de los entrecruzamientos vinculares de las inscripciones intra, inter y trans - subjetivas como representaciones psíquicas individuales originadas en el vínculo.
Utilizarlos apunta a elaborar la transmisión transgeneracional del trauma y lo intrageneracional. Las técnicas vinculares familiares brindan un escenario que tiene su punto de sostén o partida en lo gestual, lo anafórico, la figurabilidad. Se despliegan construcciones fantasmáticas, deseos, temores, representaciones simbólicas que invitan a participar del "hacer" de ese vínculo familiar. En esa escenificación es posible diagnosticar la erotización intrafamiliar.
Las experiencias periciales son diez. Esta modalidad de trabajo vincular mediada por dibujos da lugar a la prevención. En el libro se relatan y transcriben también los tratamientos del grupo familiar cuando se diagnósticó delito sexual y otras formas de violencia.
Categoría: Artículos derecho penal
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La República
La magistrada Mardely Carrasco Rosas señaló que la única sentencia posible por el crimen cometido contra la niña Tamara Soto es la cadena perpetua.
A las afueras de la Corte Superior de Justicia del Santa la gente gritaba pena de muerte para los asesinos de la niña Tamara Valeri Soto Caballero de 8 años.
En tanto, la titular del Cuarto Juzgado Penal, Mardely Carrasco Rosas, informó que Max Egúsquiza Lafora y Leslie Caballero Villanueva serían sentenciados a cadena perpetua por el crimen cometido.
“Para esta pareja de enamorados o estudiantes universitarios la sentencia es cadena perpetua, no hay otra condena para ellos. Max Egúsquiza y Leslie Caballero cometieron el delito de secuestro extorsivo con subsecuente de muerte y para estos casos no hay beneficios de la edad, simplemente es cadena perpetua y punto”, remarcó.
La magistrada se refirió también a la condición del otro estudiante universitario implicado en el horrendo crimen que conmocionó al país. Giancarlo Barinoto Leca ha sido denunciado por extorsión y otros en la modalidad de cómplice secundario y encubrimiento real agravado, cuya pena es hasta los 35 años de cárcel.
“Max Egúsquiza y Leslie Villanueva son los coactores del crimen, el caso de Giancarlo Barinoto también es delicado porque está implicado en el caso; sin embargo, hay cosas todavía por determinar y eso lo veremos el 24 de marzo cuando se continúe con las instructivas; pero ojo, la pareja de enamorados es cadena perpetua”, acotó.
La magistrada Mardely Carrasco Rosas señaló que la única sentencia posible por el crimen cometido contra la niña Tamara Soto es la cadena perpetua.
A las afueras de la Corte Superior de Justicia del Santa la gente gritaba pena de muerte para los asesinos de la niña Tamara Valeri Soto Caballero de 8 años.
En tanto, la titular del Cuarto Juzgado Penal, Mardely Carrasco Rosas, informó que Max Egúsquiza Lafora y Leslie Caballero Villanueva serían sentenciados a cadena perpetua por el crimen cometido.
“Para esta pareja de enamorados o estudiantes universitarios la sentencia es cadena perpetua, no hay otra condena para ellos. Max Egúsquiza y Leslie Caballero cometieron el delito de secuestro extorsivo con subsecuente de muerte y para estos casos no hay beneficios de la edad, simplemente es cadena perpetua y punto”, remarcó.
La magistrada se refirió también a la condición del otro estudiante universitario implicado en el horrendo crimen que conmocionó al país. Giancarlo Barinoto Leca ha sido denunciado por extorsión y otros en la modalidad de cómplice secundario y encubrimiento real agravado, cuya pena es hasta los 35 años de cárcel.
“Max Egúsquiza y Leslie Villanueva son los coactores del crimen, el caso de Giancarlo Barinoto también es delicado porque está implicado en el caso; sin embargo, hay cosas todavía por determinar y eso lo veremos el 24 de marzo cuando se continúe con las instructivas; pero ojo, la pareja de enamorados es cadena perpetua”, acotó.
Expreso
Mayor, capitán, alférez y cinco suboficiales fueron separados de la PNP.
Ocho policías en actividad, implicados en el secuestro y extorsión a una pareja en Surco, fueron capturados por agentes de la unidad especializada de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).
Se trata del mayor José Antonio Bernaola Vásquez, el capitán Pedro Alejandro Chumpitaz Cárdenas y el alférez Ronald Raymondi Medrano, así como los suboficiales Lucio Salinas Saavedra, Fernando Espinoza Vallejos, Raúl Navarro Lacunza, Jhon Vidal Garro Serpa y Carlos Sánchez Arteaga, quienes fueron llevados a la sede de la Dirincri y en las próximas horas serán puestos a disposición de las autoridades judiciales.
Las indagaciones de la División de Investigación de Secuestros permitieron establecer que los detenidos participaron en el plagio de Rodrigo Arenas Osorio e Irma Laides Del Águila, ocurrido el 24 de octubre de 2008, en el distrito de Santiago de Surco.
La juez del 48 Juzgado Penal de Lima, Dra. Judith Villavicencio Olarte, ordenó que los ocho agentes PNP sean apresados.
Ante los graves delitos imputados, el Comando de la Policía Nacional aplicó el artículo 101 de la Ley N° 28338 – Ley del Régimen Disciplinario de la PNP, y dispuso la separación de los mencionados custodios.
Lurigancho
De otro lado, los suboficiales Felizardo Víctor Morales Marreros y José Luis Vargas Mormontoy, intervenidos el miércoles en delito flagrante de extorsión, fueron internados en el penal de Lurigancho.
Mayor, capitán, alférez y cinco suboficiales fueron separados de la PNP.
Ocho policías en actividad, implicados en el secuestro y extorsión a una pareja en Surco, fueron capturados por agentes de la unidad especializada de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).
Se trata del mayor José Antonio Bernaola Vásquez, el capitán Pedro Alejandro Chumpitaz Cárdenas y el alférez Ronald Raymondi Medrano, así como los suboficiales Lucio Salinas Saavedra, Fernando Espinoza Vallejos, Raúl Navarro Lacunza, Jhon Vidal Garro Serpa y Carlos Sánchez Arteaga, quienes fueron llevados a la sede de la Dirincri y en las próximas horas serán puestos a disposición de las autoridades judiciales.
Las indagaciones de la División de Investigación de Secuestros permitieron establecer que los detenidos participaron en el plagio de Rodrigo Arenas Osorio e Irma Laides Del Águila, ocurrido el 24 de octubre de 2008, en el distrito de Santiago de Surco.
La juez del 48 Juzgado Penal de Lima, Dra. Judith Villavicencio Olarte, ordenó que los ocho agentes PNP sean apresados.
Ante los graves delitos imputados, el Comando de la Policía Nacional aplicó el artículo 101 de la Ley N° 28338 – Ley del Régimen Disciplinario de la PNP, y dispuso la separación de los mencionados custodios.
Lurigancho
De otro lado, los suboficiales Felizardo Víctor Morales Marreros y José Luis Vargas Mormontoy, intervenidos el miércoles en delito flagrante de extorsión, fueron internados en el penal de Lurigancho.
Categoría: Artículos derecho penal
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13/03/09: Endurecerán penas para ladrones de autos
Expreso
Demostrando que no habrá ninguna tregua para la delincuencia, la ministra del Interior Mercedes Cabanillas informó que el miércoles último presentó un proyecto al Congreso para elevar de cuatro a ocho años la pena a quienes roban y desmantelan autos. Según explicó la titular del sector –quien presentó los resultados del operativo que la Policía hizo recientemente en el mercado informal de San Jacinto (San Luis), uno de los mercados negros de autopartes más grandes del país– esta iniciativa es un nuevo intento por acabar con este ilegal negocio.
Precisamente el mismo miércoles, la Policía requisó unos 200 vehículos desmantelados (presuntamente robados). Se conoció que las piezas incautadas están valorizadas en más de un millón de soles, cantidad que podría elevarse a más de un millón de dólares si se considera el costo de los vehículos afectados.
Información proporcionada por el Ministerio del Interior a EXPRESO revela que la ilegal venta de repuestos y accesorios se ha expandido a otras 12 zonas de Lima, entre ellas, las avenidas Sáenz Peña, García Naranjo, México, Isabel La Católica, Parinacochas, en La Victoria, y otras en el Callao, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho. Según las estadísticas de la División de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de la Policía se robaron 7,330 unidades en Lima durante el año pasado. Esta cifra aumentó en un 25% comparada con el 2007.
JEANETTE PÉREZ OSORIO
Demostrando que no habrá ninguna tregua para la delincuencia, la ministra del Interior Mercedes Cabanillas informó que el miércoles último presentó un proyecto al Congreso para elevar de cuatro a ocho años la pena a quienes roban y desmantelan autos. Según explicó la titular del sector –quien presentó los resultados del operativo que la Policía hizo recientemente en el mercado informal de San Jacinto (San Luis), uno de los mercados negros de autopartes más grandes del país– esta iniciativa es un nuevo intento por acabar con este ilegal negocio.
Precisamente el mismo miércoles, la Policía requisó unos 200 vehículos desmantelados (presuntamente robados). Se conoció que las piezas incautadas están valorizadas en más de un millón de soles, cantidad que podría elevarse a más de un millón de dólares si se considera el costo de los vehículos afectados.
Información proporcionada por el Ministerio del Interior a EXPRESO revela que la ilegal venta de repuestos y accesorios se ha expandido a otras 12 zonas de Lima, entre ellas, las avenidas Sáenz Peña, García Naranjo, México, Isabel La Católica, Parinacochas, en La Victoria, y otras en el Callao, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho. Según las estadísticas de la División de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de la Policía se robaron 7,330 unidades en Lima durante el año pasado. Esta cifra aumentó en un 25% comparada con el 2007.
JEANETTE PÉREZ OSORIO
Delincuente Marco Antonio Sánchez Bedón abandonó penal de Piedras Gordas
Sánchez Bedón, que integró la banda de ´Los Injertos de Oquendo´, cumplirá arresto domiciliario en el distrito limeño de Chorrillos.
RPP
El peligroso delincuente Marco Antonio Sánchez Bedón abandonó el penal de máxima seguridad de Piedras Gordas, en el distrito limeño de Ancón, en virtud a una decisión judicial que varió la orden de detención en su contra por la de arresto domiciliario.
Sánchez Bedón, quien integró bandas como la de "Los Destructores" o "Los Injertos de Oquendo", arribó antes de las 16:30 horas a su domicilio ubicado en la Manzana A, Lote 27, jirón Camino Real-Cocharcas, en el distrito de Chorrillos.
Los familiares del delincuente lo recibieron con serpentinas y globos, comprobó un reportero de RPP.
La Sala Penal para Reos en Cárcel varió en febrero último la situación jurídica de Sánchez Bedón por exceso de carcelería.
El comandante Mario Rivas, jefe de la División de Arresto Domiciliario, informó que la vivienda del delincuente no cumple con las medidas de seguridad necesarias para evitar una posible fuga.
"Eso se ha hecho de conocimiento de la Sala Penal que ha dictado el mandato judicial" respecto a Sánchez Bedón, precisó.
Rivas detalló que dos efectivos de la Policía Nacional se encargaran de la custodia del peligroso delincuente.
Al opinar del tema, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, invocó a los magistrados de la Sala a reconsiderar el fallo, el cual calificó de "absolutamente penoso".
"Respetando la autonomía del Poder Judicial hago una invocación a los magistrados sobre el tema de la velocidad con la cual deben ser atendidos y resueltos los casos porque de lo contrario, nos atenemos a casos tan lamentables como este", declaró.
Sánchez Bedón, que integró la banda de ´Los Injertos de Oquendo´, cumplirá arresto domiciliario en el distrito limeño de Chorrillos.
RPP
El peligroso delincuente Marco Antonio Sánchez Bedón abandonó el penal de máxima seguridad de Piedras Gordas, en el distrito limeño de Ancón, en virtud a una decisión judicial que varió la orden de detención en su contra por la de arresto domiciliario.
Sánchez Bedón, quien integró bandas como la de "Los Destructores" o "Los Injertos de Oquendo", arribó antes de las 16:30 horas a su domicilio ubicado en la Manzana A, Lote 27, jirón Camino Real-Cocharcas, en el distrito de Chorrillos.
Los familiares del delincuente lo recibieron con serpentinas y globos, comprobó un reportero de RPP.
La Sala Penal para Reos en Cárcel varió en febrero último la situación jurídica de Sánchez Bedón por exceso de carcelería.
El comandante Mario Rivas, jefe de la División de Arresto Domiciliario, informó que la vivienda del delincuente no cumple con las medidas de seguridad necesarias para evitar una posible fuga.
"Eso se ha hecho de conocimiento de la Sala Penal que ha dictado el mandato judicial" respecto a Sánchez Bedón, precisó.
Rivas detalló que dos efectivos de la Policía Nacional se encargaran de la custodia del peligroso delincuente.
Al opinar del tema, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, invocó a los magistrados de la Sala a reconsiderar el fallo, el cual calificó de "absolutamente penoso".
"Respetando la autonomía del Poder Judicial hago una invocación a los magistrados sobre el tema de la velocidad con la cual deben ser atendidos y resueltos los casos porque de lo contrario, nos atenemos a casos tan lamentables como este", declaró.
Minjus confía en que justicia revertirá fallo sobre delincuente Sánchez Bedón
Ex integrante de peligrosas bandas salió de la cárcel gracias a decisión judicial que varió orden de detención en su contra por la de comparecencia.
Andina
El Ministerio de Justicia (Minjus) expresó su confianza en que el Poder Judicial realizará las acciones necesarias para corregir el otorgamiento de la medida de comparecencia al peligroso delincuente Marco Antonio Sánchez Bedón.
"Seguramente el doctor Javier Villa Stein (presidente del Poder Judicial) hará lo necesario para que esta situación se revierta debidamente", señaló Rosario Fernández, titular del Minjus, en declaraciones al programa "Prensa Libre".
Sánchez Bedón, quien integró bandas como "Los Destructores" o "Los Injertos de Oquendo", abandonó el viernes un penal limeño en virtud a una decisión judicial que varió la orden de detención en su contra por la de arresto domiciliario.
"Qué está pasando en el Poder Judicial. Yo respeto su autonomía, pero tengo que transmitir enérgicamente esta protesta, reclamo y preocupación grande de la población sobre este tema", agregó Fernández.
La funcionaria recordó que Sánchez Bedón deberá ser custodiado por "una policía que no se da abasto y en un lugar que seguramente no genera garantía y (por el contrario) entraña un gran peligro de fuga".
La Sala Penal para Reos en Cárcel varió en febrero último la situación jurídica de Sánchez Bedón por exceso de carcelería
Ex integrante de peligrosas bandas salió de la cárcel gracias a decisión judicial que varió orden de detención en su contra por la de comparecencia.
Andina
El Ministerio de Justicia (Minjus) expresó su confianza en que el Poder Judicial realizará las acciones necesarias para corregir el otorgamiento de la medida de comparecencia al peligroso delincuente Marco Antonio Sánchez Bedón.
"Seguramente el doctor Javier Villa Stein (presidente del Poder Judicial) hará lo necesario para que esta situación se revierta debidamente", señaló Rosario Fernández, titular del Minjus, en declaraciones al programa "Prensa Libre".
Sánchez Bedón, quien integró bandas como "Los Destructores" o "Los Injertos de Oquendo", abandonó el viernes un penal limeño en virtud a una decisión judicial que varió la orden de detención en su contra por la de arresto domiciliario.
"Qué está pasando en el Poder Judicial. Yo respeto su autonomía, pero tengo que transmitir enérgicamente esta protesta, reclamo y preocupación grande de la población sobre este tema", agregó Fernández.
La funcionaria recordó que Sánchez Bedón deberá ser custodiado por "una policía que no se da abasto y en un lugar que seguramente no genera garantía y (por el contrario) entraña un gran peligro de fuga".
La Sala Penal para Reos en Cárcel varió en febrero último la situación jurídica de Sánchez Bedón por exceso de carcelería
La República
Contra el hotel Bolívar y el Poder Judicial. Denunciante grabó a una especialista legal supuestamente pidiendo el pago de 30 mil dólares o un departamento.
César Romero Calle
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) solicitó a la fiscalía investigar una supuesta red de corrupción, integrada por servidores del Poder Judicial y abogados, que habrían vendido sentencias y embargos en juicios laborales.
El pedido se hizo en el marco de la indagación que se realiza a la especialista legal de actos externos de la Corte de Lima Zadith Muñoz Soplín, a quien Juan Ureta Guerra grabó aparentemente pidiendo un pago de 15 mil dólares o un departamento para garantizar el resultado de sus juicios.
Durante las primeras indagaciones se detectó que el esposo de Muñoz, un asistente administrativo del Centro Juvenil de Diagnóstico y rehabilitación de Lima (ex Maranguita), aparece como tramitador de tazas judiciales y presentación de escritos de una serie de abogados que patrocinan causas laborales contra Inversiones Gran Hotel Bolívar y el Poder Judicial.
Según Ureta Guerra, en el caso del Gran Hotel Bolívar, la servidora judicial actuaría en complicidad con los abogados Franklin Enríquez y Doris Ruiz, esta última administradora judicial de dicho centro de hospedaje.
Respecto a los procesos laborales seguidos contra el Poder Judicial por pago de beneficios laborales, la OCMA indica que la particularidad de estos es que tienen un mismo formato de redacción y que los demandantes ingresaron a laborar bajo contrato de servicios no personales a los Centros Juveniles.
Entre los abogados patrocinantes de esta demanda se encuentra John Mitac Mestanza, actualmente prófugo de la justicia por su intervención en los actos de corrupción en la compra de 190 ambulancias al grupo Gildemeister por el Ministerio de Salud.
En diálogo con La República, Sadith Muñoz afirmó que fue sorprendida por Juan Ureta, quien la persiguió, dice, para hacerle una oferta laboral, en tanto, que su esposo es prácticante de derecho.
Diálogo sospechoso
Juan Antonio Ureta Guerra (UG)
Zadith Muñoz Soplín (MS)
MS: A mí me apetece un departamento... ja, ja, ja, ja.
UG: ¿De cuánto más o menos?
MS: De unos 30.
UG: ¿De treinta soles, treinta mil soles, treinta mil dólares, treinta mil euros?
MS: Mira pues. ¿Para qué quieres saber lo que quiero?, ¿acaso me lo vas a cumplir?
UG: Es mi responsabilidad hacer feliz a la gente.
MS: ¿Y qué crees?, ¿que un departamento va a costar 30 mil soles?
UG: Bueno, no me estoy burlando... bueno, treinta mil dólares; porque hay un complejo habitacional que está a treinta mil soles.
MS: ¿Dónde? ¡Ah! en Breña.
UG: Por allí, por allí… pero treinta mil dólares es un poco fuerte, ¡ah!
MS: (ininteligible)… me tiene que dar la mitad.
UG: Ya, quince cocos.
MS: Podría ser. ¿Qué más quieres? ¿Qué cosa quieres tú? Es necesario saber hablar. ¿Qué es lo que quieres?
UG: Que todo salga bien pues, y contar con tu apoyo y no patinar en lo laboral, pero también estén claras las cuentas, para que los clientes no se sientan rebasados, porque uno dice una cosa y después va cambiando, y la ensartada, ¿no?
MS: De hecho estoy quedando contigo, pero tenemos que conversar también todos los cuatro, poner el justiprecio (ininteligible)… eso es lo más certero.
UG: Ya, te doy los 15 mil. ¿Y tú qué me vas a dar?
MS: Por eso te digo… (ininteligible)… qué cosa te vamos a dar, no solamente yo, todos, porque hay que dictaminar, a menos que… (ininteligible)… el seguro que nos acompaña. (Transcripción realizada por la OCMA). (Edición impresa La República)
Contra el hotel Bolívar y el Poder Judicial. Denunciante grabó a una especialista legal supuestamente pidiendo el pago de 30 mil dólares o un departamento.
César Romero Calle
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) solicitó a la fiscalía investigar una supuesta red de corrupción, integrada por servidores del Poder Judicial y abogados, que habrían vendido sentencias y embargos en juicios laborales.
El pedido se hizo en el marco de la indagación que se realiza a la especialista legal de actos externos de la Corte de Lima Zadith Muñoz Soplín, a quien Juan Ureta Guerra grabó aparentemente pidiendo un pago de 15 mil dólares o un departamento para garantizar el resultado de sus juicios.
Durante las primeras indagaciones se detectó que el esposo de Muñoz, un asistente administrativo del Centro Juvenil de Diagnóstico y rehabilitación de Lima (ex Maranguita), aparece como tramitador de tazas judiciales y presentación de escritos de una serie de abogados que patrocinan causas laborales contra Inversiones Gran Hotel Bolívar y el Poder Judicial.
Según Ureta Guerra, en el caso del Gran Hotel Bolívar, la servidora judicial actuaría en complicidad con los abogados Franklin Enríquez y Doris Ruiz, esta última administradora judicial de dicho centro de hospedaje.
Respecto a los procesos laborales seguidos contra el Poder Judicial por pago de beneficios laborales, la OCMA indica que la particularidad de estos es que tienen un mismo formato de redacción y que los demandantes ingresaron a laborar bajo contrato de servicios no personales a los Centros Juveniles.
Entre los abogados patrocinantes de esta demanda se encuentra John Mitac Mestanza, actualmente prófugo de la justicia por su intervención en los actos de corrupción en la compra de 190 ambulancias al grupo Gildemeister por el Ministerio de Salud.
En diálogo con La República, Sadith Muñoz afirmó que fue sorprendida por Juan Ureta, quien la persiguió, dice, para hacerle una oferta laboral, en tanto, que su esposo es prácticante de derecho.
Diálogo sospechoso
Juan Antonio Ureta Guerra (UG)
Zadith Muñoz Soplín (MS)
MS: A mí me apetece un departamento... ja, ja, ja, ja.
UG: ¿De cuánto más o menos?
MS: De unos 30.
UG: ¿De treinta soles, treinta mil soles, treinta mil dólares, treinta mil euros?
MS: Mira pues. ¿Para qué quieres saber lo que quiero?, ¿acaso me lo vas a cumplir?
UG: Es mi responsabilidad hacer feliz a la gente.
MS: ¿Y qué crees?, ¿que un departamento va a costar 30 mil soles?
UG: Bueno, no me estoy burlando... bueno, treinta mil dólares; porque hay un complejo habitacional que está a treinta mil soles.
MS: ¿Dónde? ¡Ah! en Breña.
UG: Por allí, por allí… pero treinta mil dólares es un poco fuerte, ¡ah!
MS: (ininteligible)… me tiene que dar la mitad.
UG: Ya, quince cocos.
MS: Podría ser. ¿Qué más quieres? ¿Qué cosa quieres tú? Es necesario saber hablar. ¿Qué es lo que quieres?
UG: Que todo salga bien pues, y contar con tu apoyo y no patinar en lo laboral, pero también estén claras las cuentas, para que los clientes no se sientan rebasados, porque uno dice una cosa y después va cambiando, y la ensartada, ¿no?
MS: De hecho estoy quedando contigo, pero tenemos que conversar también todos los cuatro, poner el justiprecio (ininteligible)… eso es lo más certero.
UG: Ya, te doy los 15 mil. ¿Y tú qué me vas a dar?
MS: Por eso te digo… (ininteligible)… qué cosa te vamos a dar, no solamente yo, todos, porque hay que dictaminar, a menos que… (ininteligible)… el seguro que nos acompaña. (Transcripción realizada por la OCMA). (Edición impresa La República)
El Comercio
La directiva tiene efecto a partir de hoy, pero el Gobierno dijo que no entregará a Omar Hasan al Bachir
La Haya (EFE). La Corte Penal Internacional (CPI) ordenó hoy el arresto del presidente sudanés, Omar Hasan al Bachir, por crímenes de guerra y lesa humanidad en la región sudanesa de Darfur, pero desestimó el cargo de genocidio.
Desde Jartum, el ministro de Justicia sudanés, Abdel Baset Sedrat, anunció que su país no entregará a al Bachir, poco después de que la portavoz de la CPI, Laurence Blairon, anunciara que la Cámara Preliminar número 1 había emitió hoy una orden para su arresto.
La orden no incluye el cargo de genocidio, porque los jueces consideraron “por mayoría” que los documentos presentados por la fiscalía no tienen suficiente base para probar la “intención específica” de Al Bachir de destruir a una parte de la población, según explicó Blairon.
Sin embargo, la portavoz especificó que la fiscalía puede presentar “materiales adicionales” para que puedan modificarse los cargos aceptados hoy por los jueces y poder incluir la acusación de genocidio en una fase posterior.
La orden de arresto, que tiene efecto inmediato a partir de hoy, incluye siete cargos: cinco por crímenes de guerra entre ellos exterminio, tortura y violación y dos de lesa humanidad -ataques directos e intencionados contra la población civil y pillaje.
El cargo de genocidio necesita que haya “una clara intención para destruir y exterminar a una parte de la población”, puntualizó Blairon.
La CPI pedirá la “cooperación de todos los Estados miembros del Estatuto de Roma, de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y, si fuera necesario, de otro Estado” para poder ejecutar la orden de arresto contra Al Bachir.
La jefa del registro de la CPI, Silvana Arbia, indicó que la detención “depende de la voluntad efectiva de los Estados a colaborar”.
Al Bachir, que ocupa el poder en Sudán tras un golpe militar que encabezó el 30 junio del 1989, es el primer presidente en ejercicio sobre el que la CPI emite una orden de arresto.
La CPI es la primera corte internacional permanente para juzgar crímenes de guerra, entre ellos genocidio y lesa humanidad cometidos a partir de 2002, que es el año en que entró en vigor el Estatuto de Roma, que forma la base del funcionamiento de esta corte.
La directiva tiene efecto a partir de hoy, pero el Gobierno dijo que no entregará a Omar Hasan al Bachir
La Haya (EFE). La Corte Penal Internacional (CPI) ordenó hoy el arresto del presidente sudanés, Omar Hasan al Bachir, por crímenes de guerra y lesa humanidad en la región sudanesa de Darfur, pero desestimó el cargo de genocidio.
Desde Jartum, el ministro de Justicia sudanés, Abdel Baset Sedrat, anunció que su país no entregará a al Bachir, poco después de que la portavoz de la CPI, Laurence Blairon, anunciara que la Cámara Preliminar número 1 había emitió hoy una orden para su arresto.
La orden no incluye el cargo de genocidio, porque los jueces consideraron “por mayoría” que los documentos presentados por la fiscalía no tienen suficiente base para probar la “intención específica” de Al Bachir de destruir a una parte de la población, según explicó Blairon.
Sin embargo, la portavoz especificó que la fiscalía puede presentar “materiales adicionales” para que puedan modificarse los cargos aceptados hoy por los jueces y poder incluir la acusación de genocidio en una fase posterior.
La orden de arresto, que tiene efecto inmediato a partir de hoy, incluye siete cargos: cinco por crímenes de guerra entre ellos exterminio, tortura y violación y dos de lesa humanidad -ataques directos e intencionados contra la población civil y pillaje.
El cargo de genocidio necesita que haya “una clara intención para destruir y exterminar a una parte de la población”, puntualizó Blairon.
La CPI pedirá la “cooperación de todos los Estados miembros del Estatuto de Roma, de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y, si fuera necesario, de otro Estado” para poder ejecutar la orden de arresto contra Al Bachir.
La jefa del registro de la CPI, Silvana Arbia, indicó que la detención “depende de la voluntad efectiva de los Estados a colaborar”.
Al Bachir, que ocupa el poder en Sudán tras un golpe militar que encabezó el 30 junio del 1989, es el primer presidente en ejercicio sobre el que la CPI emite una orden de arresto.
La CPI es la primera corte internacional permanente para juzgar crímenes de guerra, entre ellos genocidio y lesa humanidad cometidos a partir de 2002, que es el año en que entró en vigor el Estatuto de Roma, que forma la base del funcionamiento de esta corte.
Categoría: Artículos derecho penal
Publicado por: mbermudez
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El Comercio
El vuelo fue autorizado y fletado por la empresa Mi Sueño, de Roland Patrnogic. La fiscalía abrió investigación contra un oficial y dos técnicos de la PNP
Por Nelly Luna, enviada especial
Pucallpa es la ciudad de la madera. Todo gira en torno a ella: los empleos, las tiendas que venden maquinarias para trabajar en el bosque, las conversaciones, las peleas y amistades y sus canciones. Los medios locales siempre anuncian que se incautó tanto cedro acá o tanta caoba más allá. “¡Ay, maderero!, ya no está lista tu madera, pues Inrena se ha llevado toditita tu caoba, toditita tu lupuna, pero así caes y ya luego te levantas”, cantan Almír y su banda en una de las canciones más populares: “El maderero”.
Las noticias sobre el tráfico de madera son tan comunes que pocas causan algún sobresalto. Una de ellas fue el hallazgo de caoba ilegal en un avión de la policía, el pasado 7 de febrero. Ese día, a las 4:30 p.m., la fiscalía especializada en medio ambiente y la Administración Técnica Forestal y de Fauna (ATFF) de Pucallpa intervinieron en el aeropuerto de esa ciudad un Antonov de matrícula AN32b-PNP-234 con 9,45 metros cúbicos de caoba ilegal.
El avión —que venía de la provincia de Purús, en la frontera con Brasil, de donde se sale solo en vuelos tipo chárter o por ríos, pero en este caso solo hacia Brasil— llevaba en su interior 111 piezas perfectamente aserradas listas para su comercialización.
La madera no tenía ningún documento oficial que respaldase su procedencia legal. Ni el piloto del avión, el comandante Rafael Fernando Ríos Zavala, ni el resto de la tripulación formada por el suboficial técnico de primera Juan Manuel Bardales Rengifo y el especialista técnico de primera Óscar Bautista Romano dieron razón sobre la procedencia de la caoba. Solo respondieron que la nave había sido fletada por la empresa Mi Sueño E.I.R.L., con sede en la provincia de Purús, y que ellos solo la transportaban. Ese día el fiscal Julio César Altez ordenó la inmovilización de la nave; sin embargo, se supo que el avión continúa circulando.
¿Los policías conocían la procedencia ilegal de la madera? ¿Y si no lo sabían, por qué no solicitaron las guías que autorizaban su comercialización? Desde hace seis años hay veda de caoba en la cuenca del Purús , pero durante todo este tiempo la extracción ilegal de madera en sus áreas naturales protegidas ha sido persistente. Según la ATFF, los policías son responsables en este proceso porque como autoridad deberían saber qué es lo que transportan.
Una incautación de este tipo supone dos procesos sancionatorios: uno administrativo, iniciado por la autoridad forestal respectiva, y otro por la vía penal, en manos del Ministerio Público. El primero ya está por concluir. La ATFF de Pucallpa ya multó a Roland Patrnogic, representante de la empresa Mi Sueño E.I.R.L. (hermano del general FAP Raúl Patrnogic Rengifo y reconocido empresario de Pucallpa dedicado hace años al transporte aéreo: alquila naves de la policía para trasladar mercadería y pasajeros entre Purús y Pucallpa), y en los próximos días hará lo mismo contra los policías involucrados. En tanto, la fiscalía está investigando el tema y en no más de 15 días —según precisaron— formularía la denuncia penal contra los agentes y los civiles involucrados y otros que resulten responsables.
La Inspectoría PNP también se encuentra investigando este caso para determinar las responsabilidades de los agentes y el de los oficiales que autorizaron este vuelo con madera ilegal.
La intervención culminó a las 2:00 a.m. del 8 de febrero. La madera decomisada fue trasladada a la sede de la ATTF, donde permanece hasta ahora.
VUELO AUTORIZADO
La historia de este vuelo comienza el 4 de febrero con una carta remitida por Roland Patrnogic al general Tomás Guibert Sagástegui, director de la Policía Aérea, para solicitarle el alquiler de tres vuelos chárter entre Puerto Esperanza, capital de la provincia de Purús, y Pucallpa, partiendo de esta última. El supuesto motivo: traslado de víveres y enseres.
El jefe de la oficina de la Dirección de la Aviación Policial (Diravpol), Víctor Carrasco Yalán, elaboró la proforma 003 en la que plantea la suma de 41.385 soles por los tres vuelos. En el documento se indicó el número de cuenta 000281557 del Banco de la Nación para realizar el depósito. Pero de los tres vuelos solo se habrían realizado dos: uno en la mañana en que supuestamente se descargó algunos animales de granja, y el de la tarde, con la madera ilegal.
Entre los documentos que Patrnogic ha alcanzado a la ATFF y a la fiscalía, se encuentran el voucher del 5 de febrero por el pago de 16.927 soles que hizo en el Banco de la Nación por el alquiler de la nave y una factura extrañamente emitida 13 días después de la intervención.
ASUME RESPONSABILIDAD
Dos días después del decomiso de la madera y sin poder negar lo evidente, Patrnogic envió una carta a la ATFF en la que renuncia a los días que le otorga la ley para presentar sus descargos y reconoce la infracción cometida. “En uso de mis derechos que las leyes me facultan y consciente de los actos realizados por infracción a la Ley Forestal, renuncio a mis 5 días hábiles () para poder continuar con mis labores de representante de la empresa Mi Sueño”, firma. Patrnogic pagó sin chistar los 6.010 soles de multa impuesta.
Además de los policías, durante la intervención el fiscal encontró a Milenko Velja Zumba, quien se identificó como jefe de operaciones de la empresa Mi Sueño. Sin embargo, según la Sunat, no es Patrnogic sino Milenko Velja quien figura como representante legal. Incluso, en un servicio que esta empresa prestó a Inade el año pasado fue este último quien figuró como representante.
Pero hay algo que no cuadra en este caso. La madera intervenida —dada la caída de los precios— está valorizada en 15 mil soles, un precio cercano al que Patrnogic pagó por fletar el avión. ¿Cuál era entonces la ganancia de la empresa? El Ministerio Público lo deberá explicar.
Inspectoría investiga el caso
La policía hizo saber en un comunicado que la legislación vigente permite a la Dirección de Aviación Policial “realizar vuelos chárter a diferentes instituciones del Estado y compañías privadas, como una forma de autofinanciamiento, debido al alto costo de mantenimiento de las aeronaves”.
Según el comunicado de la policía, el 7 de febrero del 2009 el avión Antonov de matrícula AN32b-PNP-234 salió de Lima con destino a la ciudad de Pucallpa, “con la finalidad de relevar al personal policial de servicio en las localidades de Pucallpa y Tingo María, en aplicación al convenio antidrogas con el Gobierno de EE.UU.”.
Explica que ese día, en atención al contrato firmado un día antes, “se brindó el servicio de chárter a la empresa Mi Sueño en el itinerario Pucallpa-Puerto Esperanza-Pucallpa”.
Respecto de la madera ilegal, solo señala de manera escueta que “la documentación que sustentaba el transporte de parte de la carga (piezas de madera) fue observada por el representante del Ministerio Público de Ucayali y personal de Inrena, procediendo a la inmovilización de la mencionada mercadería”.
Nada más. No explica por qué los agentes no verificaron la legalidad de la madera. Solo precisa que inspectoría se encuentra investigando para determinar las sanciones disciplinarias. Sin embargo, será la fiscalía la que determine si los policías participaron solos de este hecho o si recibieron órdenes de sus superiores.
Este Diario también intentó recoger los descargos del representante de la empresa Mi Sueño, pero no fue posible. Se conversó telefónicamente con el representante legal Roland Patrnogic Rengifo, pero se excusó de dar declaraciones mientras “el caso se mantenga en investigación”.
QUÉ DICE LA LEY *Ojo que el TLC exige sanciones severas *
En el tratado de libre comercio con EE.UU. el Gobierno Peruano se ha comprometido a fortalecer la vigilancia y la lucha contra el tráfico de madera.
Por eso llama la atención que en un avión de la policía (la que debería supervisar y enfrentar el comercio ilícito de madera) se haya encontrado caoba ilegal.
El actual reglamento de la Ley Forestal (D.L. 1090) ordena la inmovilización del vehículo en el que se encontró la madera.
“Producido el decomiso de la madera el vehículo usado para el transporte deberá ser inmovilizado en las instalaciones oficiales pertinentes hasta el pago de la multa”.
El vuelo fue autorizado y fletado por la empresa Mi Sueño, de Roland Patrnogic. La fiscalía abrió investigación contra un oficial y dos técnicos de la PNP
Por Nelly Luna, enviada especial
Pucallpa es la ciudad de la madera. Todo gira en torno a ella: los empleos, las tiendas que venden maquinarias para trabajar en el bosque, las conversaciones, las peleas y amistades y sus canciones. Los medios locales siempre anuncian que se incautó tanto cedro acá o tanta caoba más allá. “¡Ay, maderero!, ya no está lista tu madera, pues Inrena se ha llevado toditita tu caoba, toditita tu lupuna, pero así caes y ya luego te levantas”, cantan Almír y su banda en una de las canciones más populares: “El maderero”.
Las noticias sobre el tráfico de madera son tan comunes que pocas causan algún sobresalto. Una de ellas fue el hallazgo de caoba ilegal en un avión de la policía, el pasado 7 de febrero. Ese día, a las 4:30 p.m., la fiscalía especializada en medio ambiente y la Administración Técnica Forestal y de Fauna (ATFF) de Pucallpa intervinieron en el aeropuerto de esa ciudad un Antonov de matrícula AN32b-PNP-234 con 9,45 metros cúbicos de caoba ilegal.
El avión —que venía de la provincia de Purús, en la frontera con Brasil, de donde se sale solo en vuelos tipo chárter o por ríos, pero en este caso solo hacia Brasil— llevaba en su interior 111 piezas perfectamente aserradas listas para su comercialización.
La madera no tenía ningún documento oficial que respaldase su procedencia legal. Ni el piloto del avión, el comandante Rafael Fernando Ríos Zavala, ni el resto de la tripulación formada por el suboficial técnico de primera Juan Manuel Bardales Rengifo y el especialista técnico de primera Óscar Bautista Romano dieron razón sobre la procedencia de la caoba. Solo respondieron que la nave había sido fletada por la empresa Mi Sueño E.I.R.L., con sede en la provincia de Purús, y que ellos solo la transportaban. Ese día el fiscal Julio César Altez ordenó la inmovilización de la nave; sin embargo, se supo que el avión continúa circulando.
¿Los policías conocían la procedencia ilegal de la madera? ¿Y si no lo sabían, por qué no solicitaron las guías que autorizaban su comercialización? Desde hace seis años hay veda de caoba en la cuenca del Purús , pero durante todo este tiempo la extracción ilegal de madera en sus áreas naturales protegidas ha sido persistente. Según la ATFF, los policías son responsables en este proceso porque como autoridad deberían saber qué es lo que transportan.
Una incautación de este tipo supone dos procesos sancionatorios: uno administrativo, iniciado por la autoridad forestal respectiva, y otro por la vía penal, en manos del Ministerio Público. El primero ya está por concluir. La ATFF de Pucallpa ya multó a Roland Patrnogic, representante de la empresa Mi Sueño E.I.R.L. (hermano del general FAP Raúl Patrnogic Rengifo y reconocido empresario de Pucallpa dedicado hace años al transporte aéreo: alquila naves de la policía para trasladar mercadería y pasajeros entre Purús y Pucallpa), y en los próximos días hará lo mismo contra los policías involucrados. En tanto, la fiscalía está investigando el tema y en no más de 15 días —según precisaron— formularía la denuncia penal contra los agentes y los civiles involucrados y otros que resulten responsables.
La Inspectoría PNP también se encuentra investigando este caso para determinar las responsabilidades de los agentes y el de los oficiales que autorizaron este vuelo con madera ilegal.
La intervención culminó a las 2:00 a.m. del 8 de febrero. La madera decomisada fue trasladada a la sede de la ATTF, donde permanece hasta ahora.
VUELO AUTORIZADO
La historia de este vuelo comienza el 4 de febrero con una carta remitida por Roland Patrnogic al general Tomás Guibert Sagástegui, director de la Policía Aérea, para solicitarle el alquiler de tres vuelos chárter entre Puerto Esperanza, capital de la provincia de Purús, y Pucallpa, partiendo de esta última. El supuesto motivo: traslado de víveres y enseres.
El jefe de la oficina de la Dirección de la Aviación Policial (Diravpol), Víctor Carrasco Yalán, elaboró la proforma 003 en la que plantea la suma de 41.385 soles por los tres vuelos. En el documento se indicó el número de cuenta 000281557 del Banco de la Nación para realizar el depósito. Pero de los tres vuelos solo se habrían realizado dos: uno en la mañana en que supuestamente se descargó algunos animales de granja, y el de la tarde, con la madera ilegal.
Entre los documentos que Patrnogic ha alcanzado a la ATFF y a la fiscalía, se encuentran el voucher del 5 de febrero por el pago de 16.927 soles que hizo en el Banco de la Nación por el alquiler de la nave y una factura extrañamente emitida 13 días después de la intervención.
ASUME RESPONSABILIDAD
Dos días después del decomiso de la madera y sin poder negar lo evidente, Patrnogic envió una carta a la ATFF en la que renuncia a los días que le otorga la ley para presentar sus descargos y reconoce la infracción cometida. “En uso de mis derechos que las leyes me facultan y consciente de los actos realizados por infracción a la Ley Forestal, renuncio a mis 5 días hábiles () para poder continuar con mis labores de representante de la empresa Mi Sueño”, firma. Patrnogic pagó sin chistar los 6.010 soles de multa impuesta.
Además de los policías, durante la intervención el fiscal encontró a Milenko Velja Zumba, quien se identificó como jefe de operaciones de la empresa Mi Sueño. Sin embargo, según la Sunat, no es Patrnogic sino Milenko Velja quien figura como representante legal. Incluso, en un servicio que esta empresa prestó a Inade el año pasado fue este último quien figuró como representante.
Pero hay algo que no cuadra en este caso. La madera intervenida —dada la caída de los precios— está valorizada en 15 mil soles, un precio cercano al que Patrnogic pagó por fletar el avión. ¿Cuál era entonces la ganancia de la empresa? El Ministerio Público lo deberá explicar.
Inspectoría investiga el caso
La policía hizo saber en un comunicado que la legislación vigente permite a la Dirección de Aviación Policial “realizar vuelos chárter a diferentes instituciones del Estado y compañías privadas, como una forma de autofinanciamiento, debido al alto costo de mantenimiento de las aeronaves”.
Según el comunicado de la policía, el 7 de febrero del 2009 el avión Antonov de matrícula AN32b-PNP-234 salió de Lima con destino a la ciudad de Pucallpa, “con la finalidad de relevar al personal policial de servicio en las localidades de Pucallpa y Tingo María, en aplicación al convenio antidrogas con el Gobierno de EE.UU.”.
Explica que ese día, en atención al contrato firmado un día antes, “se brindó el servicio de chárter a la empresa Mi Sueño en el itinerario Pucallpa-Puerto Esperanza-Pucallpa”.
Respecto de la madera ilegal, solo señala de manera escueta que “la documentación que sustentaba el transporte de parte de la carga (piezas de madera) fue observada por el representante del Ministerio Público de Ucayali y personal de Inrena, procediendo a la inmovilización de la mencionada mercadería”.
Nada más. No explica por qué los agentes no verificaron la legalidad de la madera. Solo precisa que inspectoría se encuentra investigando para determinar las sanciones disciplinarias. Sin embargo, será la fiscalía la que determine si los policías participaron solos de este hecho o si recibieron órdenes de sus superiores.
Este Diario también intentó recoger los descargos del representante de la empresa Mi Sueño, pero no fue posible. Se conversó telefónicamente con el representante legal Roland Patrnogic Rengifo, pero se excusó de dar declaraciones mientras “el caso se mantenga en investigación”.
QUÉ DICE LA LEY *Ojo que el TLC exige sanciones severas *
En el tratado de libre comercio con EE.UU. el Gobierno Peruano se ha comprometido a fortalecer la vigilancia y la lucha contra el tráfico de madera.
Por eso llama la atención que en un avión de la policía (la que debería supervisar y enfrentar el comercio ilícito de madera) se haya encontrado caoba ilegal.
El actual reglamento de la Ley Forestal (D.L. 1090) ordena la inmovilización del vehículo en el que se encontró la madera.
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