(ANDINA).- El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, la ministra de Justicia, Rosario Fernández Figueroa, y el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) Jorge León Ballén, suscribieron hoy un acuerdo de colaboración para encontrar los mecanismos que impidan las excarcelaciones indebidas de procesados o sentenciados.
Villa Stein manifestó que para poner fin a este problema, el Poder Judicial ha diseñado un sistema electrónico que se implementará en los próximos dos meses, así como se han adoptado acciones inmediatas.
Añadió que con este acuerdo “los sistemas y procedimientos de excarcelación estarán blindados para evitar fraudes”.
“Entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, a cuyo cargo está todo el sistema penitenciario, tiene que haber un diálogo fluido y muestras de cooperación interinstitucional”, subrayó la máxima autoridad judicial.
Acciones inmediatas
El acuerdo estipula que el Poder Judicial se compromete, de manera inmediata, a acreditar ante el Inpe a los jueces y secretarios intervinientes en potenciales procesos de excarcelación, entregar “tablilas” con sus firmas y sellos, y el escaneo de éstos para su inclusión en un Sitio seguro de la Página Web del Poder Judicial, para uso exclusivo del órgano penitenciario.
Asimismo, el Poder Judicial se compromete a emitir una Directiva para regular el procedimiento electrónico de excarcelación a implementarse como una acción mediata.
También a la implementación del sistema electrónico (software) en los Juzgados Penales con reos en cárcel; y al diseño e implementación de un Formulario Electrónico que será de uso exclusivo de los Jueces Penales que tramitan este tipo de causas.
Por su parte, el Ministerio de Justicia, se compromete, junto con el Poder Judicial a la implementación del sistema electrónico y establecer las características de éste y los datos que deberá contener.
En tanto, el Inpe se compromete a contar con acceso a Internet en los establecimientos penitenciario ubicados en los Distritos Judiciales de Lima, Lima Norte y Callao como primera prioridad, y progresivamente en los penales ubicados en los demás Distritos Judiciales del país.
El Inpe asimismo tendrá operativo el Sistema de Verificación de Huellas Digitales instalado en la Oficina Regional Lima para confirmar la identidad de los funcionarios acreditados por el Poder Judicial, y mantendrá adecuado registro fílmico a las personas encargadas de entregar documentos en sus sedes, para lo cual se instalará cámaras de video vigilancia.
Villa Stein manifestó que para poner fin a este problema, el Poder Judicial ha diseñado un sistema electrónico que se implementará en los próximos dos meses, así como se han adoptado acciones inmediatas.
Añadió que con este acuerdo “los sistemas y procedimientos de excarcelación estarán blindados para evitar fraudes”.
“Entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, a cuyo cargo está todo el sistema penitenciario, tiene que haber un diálogo fluido y muestras de cooperación interinstitucional”, subrayó la máxima autoridad judicial.
Acciones inmediatas
El acuerdo estipula que el Poder Judicial se compromete, de manera inmediata, a acreditar ante el Inpe a los jueces y secretarios intervinientes en potenciales procesos de excarcelación, entregar “tablilas” con sus firmas y sellos, y el escaneo de éstos para su inclusión en un Sitio seguro de la Página Web del Poder Judicial, para uso exclusivo del órgano penitenciario.
Asimismo, el Poder Judicial se compromete a emitir una Directiva para regular el procedimiento electrónico de excarcelación a implementarse como una acción mediata.
También a la implementación del sistema electrónico (software) en los Juzgados Penales con reos en cárcel; y al diseño e implementación de un Formulario Electrónico que será de uso exclusivo de los Jueces Penales que tramitan este tipo de causas.
Por su parte, el Ministerio de Justicia, se compromete, junto con el Poder Judicial a la implementación del sistema electrónico y establecer las características de éste y los datos que deberá contener.
En tanto, el Inpe se compromete a contar con acceso a Internet en los establecimientos penitenciario ubicados en los Distritos Judiciales de Lima, Lima Norte y Callao como primera prioridad, y progresivamente en los penales ubicados en los demás Distritos Judiciales del país.
El Inpe asimismo tendrá operativo el Sistema de Verificación de Huellas Digitales instalado en la Oficina Regional Lima para confirmar la identidad de los funcionarios acreditados por el Poder Judicial, y mantendrá adecuado registro fílmico a las personas encargadas de entregar documentos en sus sedes, para lo cual se instalará cámaras de video vigilancia.
Categoría: Artículos derecho penal
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(ANDINA).- La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Julia Marmanillo de Torreblanca, anunció que a partir de la fecha se elaborarán técnicamente cuadros de méritos para el reconocimiento público de los fiscales de esa jurisdicción, a fin de promover la lucha contra la corrupción.
Asimismo, se vigilará de manera especial el cumplimiento de las funciones de los servidores, la puntualidad y la permanencia en el trabajo.
La magistrada subrayó la importancia de la actuación del titular en las audiencias, así como el cumplimiento irrestricto de los turnos dispuestos.
Durante su alocución, llamó la atención al personal fiscal a fin que capitalicen al máximo los cursos de capacitación gratuita que imparte la Fiscalía de la Nación y actúen responsablemente asistiendo a ellos.
Instó además al personal del Distrito Judicial a promover campañas sociales e identificar en zonas altoandinas localidades con alta densidad poblacional e índices de delincuencia o violencia familiar, a fin de crear allí despachos fiscales.
La Fiscalía de la Nación ha diseñado 300 proyectos de esta naturaleza de los que será posible ejecutar solo cien por razones presupuestales, indicó.
Sostuvo que en breve el Distrito Judicial de Arequipa recibirá cámaras detectadoras de última tecnología que facilitará la revisión de camiones cargados con mercadería, también recibirán filmadoras, cámaras fotográficas, grabadoras, maletines, gorros y chalecos para optimizar el trabajo fiscal.
Adicionalmente se gestiona, computadoras portátiles para el trabajo de campo de los fiscales.
Destacó la política de gestión que desarrolla la fiscal de la Nación, Gladys Echaiz Ramos, y la preocupación que demuestra para dotar a los Distritos Judiciales de toda la logística necesaria.
Asimismo, se vigilará de manera especial el cumplimiento de las funciones de los servidores, la puntualidad y la permanencia en el trabajo.
La magistrada subrayó la importancia de la actuación del titular en las audiencias, así como el cumplimiento irrestricto de los turnos dispuestos.
Durante su alocución, llamó la atención al personal fiscal a fin que capitalicen al máximo los cursos de capacitación gratuita que imparte la Fiscalía de la Nación y actúen responsablemente asistiendo a ellos.
Instó además al personal del Distrito Judicial a promover campañas sociales e identificar en zonas altoandinas localidades con alta densidad poblacional e índices de delincuencia o violencia familiar, a fin de crear allí despachos fiscales.
La Fiscalía de la Nación ha diseñado 300 proyectos de esta naturaleza de los que será posible ejecutar solo cien por razones presupuestales, indicó.
Sostuvo que en breve el Distrito Judicial de Arequipa recibirá cámaras detectadoras de última tecnología que facilitará la revisión de camiones cargados con mercadería, también recibirán filmadoras, cámaras fotográficas, grabadoras, maletines, gorros y chalecos para optimizar el trabajo fiscal.
Adicionalmente se gestiona, computadoras portátiles para el trabajo de campo de los fiscales.
Destacó la política de gestión que desarrolla la fiscal de la Nación, Gladys Echaiz Ramos, y la preocupación que demuestra para dotar a los Distritos Judiciales de toda la logística necesaria.
La República
Denunciaron a 5 agentes por ultrajar a las internas y a 7 por organizar la fiesta. También destituyen a director regional del INPE y a directora del penal por autorizar la fiesta y tratar de ocultar los hechos.
Por: César Romero Calle
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, dispuso separar a la directora del penal de Qenqoro, en Cusco, al director regional del Inpe y a otros 12 agentes y funcionarios penitenciarios por la violación de cinco reclusas de ese centro penitenciario, el domingo último.
“Me siento profundamente conmovida, afectada y sobre todo indignada; y esta indignación me lleva a que este tema sea resuelto hasta las últimas consecuencias, y me voy a ocupar personalmente de que los procesos contra esos sujetos terminen con la aplicación de la ley con las sanciones más drásticas que se puedan”, señaló Fernández.
La ministra confirmó que el domingo cinco agentes penitenciarios violaron a igual número de reclusas y que Eva Flores Quispe, directora de dicho penal, habría intentando ocultar los hechos, llegando a sancionar a las reclusas cuando denunciaron el ultraje sexual. La violación se produjo el domingo al concluir una fiesta de carnavales que realizaron las internas con autorización de la directora y con la participación del personal penitenciario.
“Recién ayer por la noche la directora del penal nos ha informado. Por ello, hemos expulsado a estos malos agentes y hasta a la directora, quien ocultó lo que ocurrió en medio de un acto de indisciplina al permitir que se realice una fiesta dentro del penal”, remarcó.
Rosario Fernández pidió a la fiscalía y al Poder Judicial actuar con celeridad y severidad contra los presuntos violadores. Estos sujetos han sido identificados como Edwin Flores Zapata, Percy Tapia Castellanos, Julver Vera Castro, Pedro Rivera Retamozo y Pablo Puma Chara.
“Espero que hoy estos sujetos queden detrás de las rejas”, indicó Fernández. Además, la ministra de Justicia dispuso el viaje al Cusco de Grober Castro, comisionado del Consejo Nacional de Derechos Humanos, de Jorge León Ballén, nuevo jefe del INPE, personal médico y una procuradora para que atiendan a las reclusas víctimas y activen las acciones penales contra los agresores.
Este lamentable hecho fue el detonante de la salida de Leonardo Caparrós de la presidencia del INPE que se decidió el jueves en la noche. Caparrós era objeto de críticas por la fuga en diciembre y febrero último de cuatro reclusos valiéndose de sentencias falsas de hábeas corpus.
León Ballén tiene ahora la difícil tarea de poner orden en los penales. “Eso pasa necesariamente por una reorganización profunda e inmediata del INPE”, precisó la titular de Justicia.
Inspección en el Cusco
Cabe precisar que la comitiva del Minjus, encabezada por Grober Castro, llegó ayer a Cusco y se entrevistó con las denunciantes. En su primer contacto con la prensa cusqueña, Castro refirió que una vez culminadas las investigaciones se adoptarán las medidas correctivas, y no descartó la separación definitiva de los trabajadores implicados. Informó también que Américo Quispe, director de la Región Sur Oriente del INPE, fue separado de su cargo y que su puesto será ocupado por José Luis Barriga.
Por su parte, la Sexta Fiscalía Provincial Penal del Cusco continúa con las investigaciones. Ayer sus representantes se apersonaron al penal para tomar la manifestación de las internas. Los funcionarios del Ministerio Público estuvieron acompañados de agentes de la policía y del Instituto de Medicina Legal para tomar las muestras de rigor. El fiscal adjunto Edilberto Molina afirmó que Eva Morales, ex directora del penal, es una de las principales investigadas, ya que recién interpuso la denuncia por violación el miércoles, a pesar de que el delito habría ocurrido el domingo.
Unidad de excarcelaciones
La ministra de Justicia, Rosario Fernandez, firmó un convenio con el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, para la pronta implementación de una Unidad Centralizada de Excarcelaciones, en cada Corte Superior de Justicia del país.
Esta unidad centralizará los oficios de libertad de todos los juzgados penales de una Corte, los subirá a internet y los remitirá al INPE.
Además, habrá un registro electrónico de las huellas de los funcionarios judiciales encargados de entregar las órdenes de libertad para que el INPE verifique su identidad.
Denunciaron a 5 agentes por ultrajar a las internas y a 7 por organizar la fiesta. También destituyen a director regional del INPE y a directora del penal por autorizar la fiesta y tratar de ocultar los hechos.
Por: César Romero Calle
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, dispuso separar a la directora del penal de Qenqoro, en Cusco, al director regional del Inpe y a otros 12 agentes y funcionarios penitenciarios por la violación de cinco reclusas de ese centro penitenciario, el domingo último.
“Me siento profundamente conmovida, afectada y sobre todo indignada; y esta indignación me lleva a que este tema sea resuelto hasta las últimas consecuencias, y me voy a ocupar personalmente de que los procesos contra esos sujetos terminen con la aplicación de la ley con las sanciones más drásticas que se puedan”, señaló Fernández.
La ministra confirmó que el domingo cinco agentes penitenciarios violaron a igual número de reclusas y que Eva Flores Quispe, directora de dicho penal, habría intentando ocultar los hechos, llegando a sancionar a las reclusas cuando denunciaron el ultraje sexual. La violación se produjo el domingo al concluir una fiesta de carnavales que realizaron las internas con autorización de la directora y con la participación del personal penitenciario.
“Recién ayer por la noche la directora del penal nos ha informado. Por ello, hemos expulsado a estos malos agentes y hasta a la directora, quien ocultó lo que ocurrió en medio de un acto de indisciplina al permitir que se realice una fiesta dentro del penal”, remarcó.
Rosario Fernández pidió a la fiscalía y al Poder Judicial actuar con celeridad y severidad contra los presuntos violadores. Estos sujetos han sido identificados como Edwin Flores Zapata, Percy Tapia Castellanos, Julver Vera Castro, Pedro Rivera Retamozo y Pablo Puma Chara.
“Espero que hoy estos sujetos queden detrás de las rejas”, indicó Fernández. Además, la ministra de Justicia dispuso el viaje al Cusco de Grober Castro, comisionado del Consejo Nacional de Derechos Humanos, de Jorge León Ballén, nuevo jefe del INPE, personal médico y una procuradora para que atiendan a las reclusas víctimas y activen las acciones penales contra los agresores.
Este lamentable hecho fue el detonante de la salida de Leonardo Caparrós de la presidencia del INPE que se decidió el jueves en la noche. Caparrós era objeto de críticas por la fuga en diciembre y febrero último de cuatro reclusos valiéndose de sentencias falsas de hábeas corpus.
León Ballén tiene ahora la difícil tarea de poner orden en los penales. “Eso pasa necesariamente por una reorganización profunda e inmediata del INPE”, precisó la titular de Justicia.
Inspección en el Cusco
Cabe precisar que la comitiva del Minjus, encabezada por Grober Castro, llegó ayer a Cusco y se entrevistó con las denunciantes. En su primer contacto con la prensa cusqueña, Castro refirió que una vez culminadas las investigaciones se adoptarán las medidas correctivas, y no descartó la separación definitiva de los trabajadores implicados. Informó también que Américo Quispe, director de la Región Sur Oriente del INPE, fue separado de su cargo y que su puesto será ocupado por José Luis Barriga.
Por su parte, la Sexta Fiscalía Provincial Penal del Cusco continúa con las investigaciones. Ayer sus representantes se apersonaron al penal para tomar la manifestación de las internas. Los funcionarios del Ministerio Público estuvieron acompañados de agentes de la policía y del Instituto de Medicina Legal para tomar las muestras de rigor. El fiscal adjunto Edilberto Molina afirmó que Eva Morales, ex directora del penal, es una de las principales investigadas, ya que recién interpuso la denuncia por violación el miércoles, a pesar de que el delito habría ocurrido el domingo.
Unidad de excarcelaciones
La ministra de Justicia, Rosario Fernandez, firmó un convenio con el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, para la pronta implementación de una Unidad Centralizada de Excarcelaciones, en cada Corte Superior de Justicia del país.
Esta unidad centralizará los oficios de libertad de todos los juzgados penales de una Corte, los subirá a internet y los remitirá al INPE.
Además, habrá un registro electrónico de las huellas de los funcionarios judiciales encargados de entregar las órdenes de libertad para que el INPE verifique su identidad.
27/02/09: Cinco presas habrían sido violadas por trabajadores del INPE, revela la ministra Rosario Fernández
El Comercio
Tras precisar que esto ocurrió en Cusco, la titular de Justicia anunció una “reorganización profunda” del sistema carcelario del país. Noticia llega tras la escandalosa fuga de presidiarios con documentos falsos.
Los escándalos en los centros penitenciarios del país no tienen cuando acabar. Pocos días después de que cuatro presos lograran escapar de centros penitenciarios limeños utilizando documentación falsa, hoy se reveló que cinco internas de un penal cusqueño fueron presuntamente violadas por trabajadores de la misma cárcel.
En conferencia de prensa, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, dijo que estos hechos obligaron a su despacho a realizar una “reorganización profunda” del sistema carcelario peruano con la remoción de su consejo directivo.
“Tenemos un nuevo Consejo Nacional Penitenciario. Vamos a poner orden en la casa”, dijo la ministra tras confirmar que la renuncia del Consejo Nacional Penitenciario de tres miembros, encabezado por Leonardo Caparrós, Jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quien ha sido reemplazado por Jorge León Ballén.
El sistema penitenciario se vio sacudido en la última semana por la fuga de cuatro internos, entre ellos narcotraficantes, quienes utilizaron falsos recursos de hábeas corpus para salir de la prisión. A estos casos se sumó la violación de cinco internas en el penal cusqueño de Quenqoro, por parte de cinco agentes penitenciarios.
La ministra informó que los agentes fueron separados lo mismo que la directora del penal, Eva Flores Quispe, por no haber informado a tiempo sobre los hechos.
Al expresar su indignación, la ministra acotó que “el hecho de que los penales estén hacinados no justifica que ocurran cosas como esta” y prometió que el caso será investigado “hasta las últimas consecuencias” y resuelto a la brevedad posible.
Tras precisar que esto ocurrió en Cusco, la titular de Justicia anunció una “reorganización profunda” del sistema carcelario del país. Noticia llega tras la escandalosa fuga de presidiarios con documentos falsos.
Los escándalos en los centros penitenciarios del país no tienen cuando acabar. Pocos días después de que cuatro presos lograran escapar de centros penitenciarios limeños utilizando documentación falsa, hoy se reveló que cinco internas de un penal cusqueño fueron presuntamente violadas por trabajadores de la misma cárcel.
En conferencia de prensa, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, dijo que estos hechos obligaron a su despacho a realizar una “reorganización profunda” del sistema carcelario peruano con la remoción de su consejo directivo.
“Tenemos un nuevo Consejo Nacional Penitenciario. Vamos a poner orden en la casa”, dijo la ministra tras confirmar que la renuncia del Consejo Nacional Penitenciario de tres miembros, encabezado por Leonardo Caparrós, Jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quien ha sido reemplazado por Jorge León Ballén.
El sistema penitenciario se vio sacudido en la última semana por la fuga de cuatro internos, entre ellos narcotraficantes, quienes utilizaron falsos recursos de hábeas corpus para salir de la prisión. A estos casos se sumó la violación de cinco internas en el penal cusqueño de Quenqoro, por parte de cinco agentes penitenciarios.
La ministra informó que los agentes fueron separados lo mismo que la directora del penal, Eva Flores Quispe, por no haber informado a tiempo sobre los hechos.
Al expresar su indignación, la ministra acotó que “el hecho de que los penales estén hacinados no justifica que ocurran cosas como esta” y prometió que el caso será investigado “hasta las últimas consecuencias” y resuelto a la brevedad posible.
Expreso
Nombres no fueron revelados pero se sabe que siguen trabajando como si nada pasara.
Otro escándalo envuelve al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). Cinco agentes de esa institución fueron denunciados por el delito de violación sexual en agravio de internas del Establecimiento Penitenciario de Mujeres del Cusco. Cinco reclusas informaron a la directora del penal, Eva Morales Quispe, que los trabajadores del Inpe las sacaron de su celda y las hicieron beber licor. Luego –afirmaron– las obligaron a sostener relaciones sexuales.
Ante ello, Morales Quispe formuló la denuncia correspondiente ante la Sexta Fiscalía Penal del Cusco, cuyo titular, Marco Paredes Ríos, ordenó la inspección inmediata del presidio y dispuso que la comisaría de San Jerónimo efectúe las investigaciones del caso. Fuentes policiales revelaron a EXPRESO que las pesquisas están a cargo del capitán PNP Benjamín Galdo Bellota, comisario de San Jerónimo y que los acusados no han sido detenidos.
No se proporcionó la identidad de los trabajadores del Inpe, pero se supo que ellos serán interrogados hoy a las 8:00 horas por agentes del Departamento de Investigación de Delitos de la citada dependencia policial en la sede del Instituto Nacional Penitenciario de la Ciudad Imperial.
El hecho ocurrió 48 horas después de la remoción de los ocho directores regionales del Inpe, así como de la creación de la Oficina de Fiscalización y Lucha contra la Corrupción, que demandará una inversión de 300 mil soles en el presente año.
Además, el jefe del Inpe, Leonardo Caparrós, puso su cargo a disposición la semana pasada como consecuencia de las cuatro fugas con hábeas corpus falsos, ocurridas en establecimientos penales de Lima.
EMILIO GRILLO
El dato
El Inpe cuenta con 5 mil 400 trabajadores, entre agentes penitenciarios y personal administrativo.
Nombres no fueron revelados pero se sabe que siguen trabajando como si nada pasara.
Otro escándalo envuelve al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). Cinco agentes de esa institución fueron denunciados por el delito de violación sexual en agravio de internas del Establecimiento Penitenciario de Mujeres del Cusco. Cinco reclusas informaron a la directora del penal, Eva Morales Quispe, que los trabajadores del Inpe las sacaron de su celda y las hicieron beber licor. Luego –afirmaron– las obligaron a sostener relaciones sexuales.
Ante ello, Morales Quispe formuló la denuncia correspondiente ante la Sexta Fiscalía Penal del Cusco, cuyo titular, Marco Paredes Ríos, ordenó la inspección inmediata del presidio y dispuso que la comisaría de San Jerónimo efectúe las investigaciones del caso. Fuentes policiales revelaron a EXPRESO que las pesquisas están a cargo del capitán PNP Benjamín Galdo Bellota, comisario de San Jerónimo y que los acusados no han sido detenidos.
No se proporcionó la identidad de los trabajadores del Inpe, pero se supo que ellos serán interrogados hoy a las 8:00 horas por agentes del Departamento de Investigación de Delitos de la citada dependencia policial en la sede del Instituto Nacional Penitenciario de la Ciudad Imperial.
El hecho ocurrió 48 horas después de la remoción de los ocho directores regionales del Inpe, así como de la creación de la Oficina de Fiscalización y Lucha contra la Corrupción, que demandará una inversión de 300 mil soles en el presente año.
Además, el jefe del Inpe, Leonardo Caparrós, puso su cargo a disposición la semana pasada como consecuencia de las cuatro fugas con hábeas corpus falsos, ocurridas en establecimientos penales de Lima.
EMILIO GRILLO
El dato
El Inpe cuenta con 5 mil 400 trabajadores, entre agentes penitenciarios y personal administrativo.
Categoría: Artículos derecho penal
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25/02/09: Las irregularidades en el INPE son el resultado de un atraso de 50 años en política penitenciaria
El Comercio
En diálogo con elcomercio.com.pe, el ex jefe de la institución Gustavo Carrión también dijo que “cambiando a Leonardo Caparrós no se resuelve nada”.
El ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Gustavo Carrión señaló que las irregularidades que se presentan al interior de esta institución “son resultado de un atraso de 50 años en política penitenciaria”, y advirtió que si no se reforma el actual sistema carcelario seguirán ocurriendo hechos como la reciente fuga de cuatro presos que presentaron documentos de libertad falsos.
En diálogo con elcomercio.com.pe, consideró que el escape de los internos no puede atribuirse a ninguna negligencia del personal penitenciario sino a un acto deliberado, situación que evidencia el alto grado de corrupción que existe en los penales.
Carrión comentó que el actual sistema carcelario da pie a que ocurran este tipo de sucesos, “porque no se ha hecho mucho para resolver la tugurización en los penales, ni se ha avanzado en adoptar una política penitenciaria que permita resolver los problemas”.
“Cíclicamente hay problemas de esa naturaleza porque se les paga mal al personal, no hay una buena selección y no se capta a trabajadores capacitados. Obviamente que cuando el titular del sector (Ministerio de Justicia ) interfiere demasiado en los aspectos del INPE se diluyen las responsabilidades”, señaló.
En tal sentido, consideró necesario que se le aumente el sueldo al personal penitenciario y se le motive a trabajar mejor para que haya un mayor control en los penales. “Si no hay una política para resolver los problemas, el INPE será susceptible de corromperse porque está tratando con personas que han infringido la ley”, agregó.
Asimismo, indicó que es un despropósito atribuirle responsabilidad política al actual jefe de la institución, Leonardo Caparrós, “pues el cargo que él ostenta es técnico y no político”.
“Además, cambiándolo a Caparrós no se resuelve nada, se necesita un esfuerzo común para solucionar los inconvenientes de la institución”, concluyó.
En diálogo con elcomercio.com.pe, el ex jefe de la institución Gustavo Carrión también dijo que “cambiando a Leonardo Caparrós no se resuelve nada”.
El ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Gustavo Carrión señaló que las irregularidades que se presentan al interior de esta institución “son resultado de un atraso de 50 años en política penitenciaria”, y advirtió que si no se reforma el actual sistema carcelario seguirán ocurriendo hechos como la reciente fuga de cuatro presos que presentaron documentos de libertad falsos.
En diálogo con elcomercio.com.pe, consideró que el escape de los internos no puede atribuirse a ninguna negligencia del personal penitenciario sino a un acto deliberado, situación que evidencia el alto grado de corrupción que existe en los penales.
Carrión comentó que el actual sistema carcelario da pie a que ocurran este tipo de sucesos, “porque no se ha hecho mucho para resolver la tugurización en los penales, ni se ha avanzado en adoptar una política penitenciaria que permita resolver los problemas”.
“Cíclicamente hay problemas de esa naturaleza porque se les paga mal al personal, no hay una buena selección y no se capta a trabajadores capacitados. Obviamente que cuando el titular del sector (Ministerio de Justicia ) interfiere demasiado en los aspectos del INPE se diluyen las responsabilidades”, señaló.
En tal sentido, consideró necesario que se le aumente el sueldo al personal penitenciario y se le motive a trabajar mejor para que haya un mayor control en los penales. “Si no hay una política para resolver los problemas, el INPE será susceptible de corromperse porque está tratando con personas que han infringido la ley”, agregó.
Asimismo, indicó que es un despropósito atribuirle responsabilidad política al actual jefe de la institución, Leonardo Caparrós, “pues el cargo que él ostenta es técnico y no político”.
“Además, cambiándolo a Caparrós no se resuelve nada, se necesita un esfuerzo común para solucionar los inconvenientes de la institución”, concluyó.
Del total de la población extranjera en los penales, solo 220 han sido condenados. El viceministro de Justicia, Erasmo Reyna, pide ayuda a los consulados para lograr que el Poder Judicial acelere las sentencias.
Perú 21
Por Zarella Sierra Peralta
A la ecuatoriana Sandra Enríquez le prometieron dos mil dólares a cambio de que llevara heroína en su maleta. Con la esperanza de salir de sus problemas económicos, aceptó el negocio que “cambiaría’ su vida. Y vaya que la cambió. Desde 2005, ella es una de las 52 ecuatorianas que forman parte de la población del penal de Santa Mónica, y carga sobre sus hombros una condena de 13 años de prisión por tráfico ilícito de drogas.
Hoy, la promulgación de la Ley 29305 – para trasladar a los presos extranjeros a sus países – ha permitido que ella y los 1,114 extranjeros recluidos en el Perú recobren la esperanza de cumplir sus sentencias cerca de sus familiares.
HACINAMIENTO. En un plazo de dos meses – desde la presentación de la solicitud para acogerse a esta ley –, los internos sentenciados de nacionalidad extranjera podrán abandonar los centros penitenciarios para retornar a sus naciones de origen. Las razones humanitarias de esta norma van de la mano con la necesidad de encontrar todas las fórmulas disponibles para solucionar el problema del hacinamiento penitenciario.
De acuerdo con cifras oficiales, la capacidad de las instalaciones carcelarias a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha sido superada hasta en un 50% pues, mientras que la población penitenciaria a nivel nacional es de 43 mil 300 internos, los penales solo tienen capacidad para alojar a 22 mil 589. De dicha estadística, los extranjeros representan el 3% del total.
Pero, según la evaluación realizada, para el Estado peruano resulta más costoso mantener a un interno mientras cumple su sentencia que perdonarle el pago de la reparación civil impuesta. “Si se hace un análisis de costo-beneficio, se dará cuenta de que nos cuesta más mantener a un preso que exonerarlo del pago de su reparación civil”, explicó a Perú.21 el viceministro de Justicia, Erasmo Reyna.
NUEVAMENTE EL PJ. De la población penal de nacionalidad extranjera recluida en las cárceles peruanas, 513 provienen del continente americano, otros 468 son europeos, 68 asiáticos, 63 africanos y tres de Oceanía. De estos, 893 son hombres y 222, mujeres.
Pero no todos están aptos para acceder a tal beneficio. De hecho, uno de los requisitos – que precisa que el interno debe tener una sentencia – nuevamente pone sobre la mesa la lentitud del Poder Judicial (PJ).
“En su mayoría, los reclusos han sido detenidos por tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, solo están expeditos para tramitar su traslado unos 220, que son los que tienen una condena. Nos hemos reunido con las diferentes embajadas para que nos apoyen, no solo a difundir esta norma, sino también para lograr que se expida la sentencia en el PJ, contratando abogados que puedan impulsar y hacerles un seguimiento a los procesos”, refirió Reyna, quien informó que ya hay 20 solicitudes en trámite.
Así, las coordinaciones entre la comisión creada por el Ministerio de Justicia para evaluar cada caso y los diversos consulados ya están en marcha pues, según la ley, será cada una de las representaciones diplomáticas de los países a los que pertenecen los internos la que asumirá los gastos del traslado de sus connacionales.
LOS LÍMITES. Pero no todos podrán salir. Hay algunos presos extranjeros que, por el tipo de delito que cometieron, están excluidos.
De hecho, no podrán acogerse a esta ley quienes tengan una condena por terrorismo, traición a la patria, atentado contra la seguridad nacional o si es considerado líder de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas. “Nosotros – dice Reyna –, al amparo del Código Penal y de la normativa, no podríamos declarar procedente, por ejemplo, un recurso presentado por la señora Lori Berenson”, de nacionalidad norteamericana.
Aumenta el número de narcotraficantes fugados bajo la modalidad de hábeas corpus falsificados. Fiscalía sospecha de existencia de mafia enquistada en el Inpe.
Diario La Primera
A ocho o más ascendería realmente el número de narcotraficantes fugados de la cárcel en Lima con la modalidad de hábeas corpus falsificados, lo cual demuestra lo endeble que es la seguridad en las cárceles a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), que es responsabilidad del Ministerio de Justicia, y la corrupción que permite a los delincuentes contar con documentación aparentemente auténtica.
Estos ocho narcotraficantes han logrado salir valiéndose de resoluciones falsificadas, firmadas por el juez del 14º Juzgado Penal de Lima, César Augusto Tuya, en complicidad con su secretaria, la abogada Graciela Nieves Ayesta Quicaño, quienes han negado las imputaciones cuando salió a la luz el escape, por la puerta grande, de los narcotraficantes Aníbal Zapata Ávalos (colombiano) y el peruano Christian Motte Ramírez Gastón, un ex militante aprista vinculado al ex ministro aprista Rómulo León, protagonista estelar de un gran caso de corrupción.
Identificados
Fuentes del Poder Judicial y el Inpe informaron a LA PRIMERA que entre los ocho narcotraficantes que escaparon se encuentra Luis Felipe Navasude Tello, sentenciado por tráfico de drogas y excarcelado del penal San Pedro (ex Lurigancho) con oficio de libertad Nº 320-08, tramitado el día 15 de diciembre del año pasado, luego de presentar el hábeas corpus falso.
También escapó Walter José Avilés Villar del penal San Pedro, el 15 diciembre, gracias al oficio Nº 343-08.
Nuestra fuente señaló que altos funcionarios del Inpe conocen los nombres de los otros reos fugados pero los mantienen en reserva para ocultar el escándalo. Se dice que tienen bajo siete llaves en el Inpe los oficios de libertad de cada uno de ellos a fin de que no se filtren a la prensa.
Fuentes penitenciarias informaron que, tras la fuga de los narcotraficantes, el presidente del Inpe, Leonardo Caparrós, y la directora de la Oficina Regional del Inpe, la psicóloga Bertha Chacaltana, amenazaron al personal para que guarde silencio sobre el real número de narcotraficantes fugados; por lo cual Caparrós debe responder.
Mafia en Inpe
El fiscal encargado de la Sexta Fiscalía contra la Corrupción de Funcionarios, Erick Rivera Ruiz, quien investiga las fugas de los narcotraficantes, ha pedido con carácter de urgencia el libro de libertades en el que debe figurar la salida de los delincuentes.
Por otro lado, fuentes de la Fiscalía dijeron que existe una mafia en el Inpe encabezada por altos funcionarios de dicha institución, que tiene entre sus brazos operadores a algunos integrantes de las juntas médicas que dictaminan sobre el estado de salud de los reclusos y a personal de exclusivas clínicas capitalinas. “Ellos son operadores muy sofisticados y, al parecer, no tienen reparos en cuanto a quién pueden liberar, sin considerar que se tratan de delincuentes de alta peligrosidad, como son los narcotraficantes”, dijo la fuente que conversó con LA PRIMERA.
Usan a estos contactos para falsificar los diagnósticos médicos, a cambio de gruesas sumas de dinero, a fin de que los reos puedan ser evacuados a diversos centros hospitalarios para luego facilitar sus fugas, como en el caso del narco francés y en la intentona de fuga de Fernando Zevallos.
En el Congreso
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, y el presidente del Inpe, Leonardo Caparrós, acudirán hoy al Congreso para explicar por qué los narcotraficantes pueden escapar de los penales de máxima seguridad con tanta facilidad.
DETALLE
El fiscal anticorrupción, Erick Rivera, investigará el intento de fuga del ex presidente de Aerocontinente, Fernando Zevallos, condenado a 20 años de prisión por tráfico de drogas, del penal de máxima seguridad “Piedras Gordas”, valiéndose de un certificado médico falso expedido por la junta médica del Inpe.
César Ascues Uribe
Redacción
Diario La Primera
A ocho o más ascendería realmente el número de narcotraficantes fugados de la cárcel en Lima con la modalidad de hábeas corpus falsificados, lo cual demuestra lo endeble que es la seguridad en las cárceles a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), que es responsabilidad del Ministerio de Justicia, y la corrupción que permite a los delincuentes contar con documentación aparentemente auténtica.
Estos ocho narcotraficantes han logrado salir valiéndose de resoluciones falsificadas, firmadas por el juez del 14º Juzgado Penal de Lima, César Augusto Tuya, en complicidad con su secretaria, la abogada Graciela Nieves Ayesta Quicaño, quienes han negado las imputaciones cuando salió a la luz el escape, por la puerta grande, de los narcotraficantes Aníbal Zapata Ávalos (colombiano) y el peruano Christian Motte Ramírez Gastón, un ex militante aprista vinculado al ex ministro aprista Rómulo León, protagonista estelar de un gran caso de corrupción.
Identificados
Fuentes del Poder Judicial y el Inpe informaron a LA PRIMERA que entre los ocho narcotraficantes que escaparon se encuentra Luis Felipe Navasude Tello, sentenciado por tráfico de drogas y excarcelado del penal San Pedro (ex Lurigancho) con oficio de libertad Nº 320-08, tramitado el día 15 de diciembre del año pasado, luego de presentar el hábeas corpus falso.
También escapó Walter José Avilés Villar del penal San Pedro, el 15 diciembre, gracias al oficio Nº 343-08.
Nuestra fuente señaló que altos funcionarios del Inpe conocen los nombres de los otros reos fugados pero los mantienen en reserva para ocultar el escándalo. Se dice que tienen bajo siete llaves en el Inpe los oficios de libertad de cada uno de ellos a fin de que no se filtren a la prensa.
Fuentes penitenciarias informaron que, tras la fuga de los narcotraficantes, el presidente del Inpe, Leonardo Caparrós, y la directora de la Oficina Regional del Inpe, la psicóloga Bertha Chacaltana, amenazaron al personal para que guarde silencio sobre el real número de narcotraficantes fugados; por lo cual Caparrós debe responder.
Mafia en Inpe
El fiscal encargado de la Sexta Fiscalía contra la Corrupción de Funcionarios, Erick Rivera Ruiz, quien investiga las fugas de los narcotraficantes, ha pedido con carácter de urgencia el libro de libertades en el que debe figurar la salida de los delincuentes.
Por otro lado, fuentes de la Fiscalía dijeron que existe una mafia en el Inpe encabezada por altos funcionarios de dicha institución, que tiene entre sus brazos operadores a algunos integrantes de las juntas médicas que dictaminan sobre el estado de salud de los reclusos y a personal de exclusivas clínicas capitalinas. “Ellos son operadores muy sofisticados y, al parecer, no tienen reparos en cuanto a quién pueden liberar, sin considerar que se tratan de delincuentes de alta peligrosidad, como son los narcotraficantes”, dijo la fuente que conversó con LA PRIMERA.
Usan a estos contactos para falsificar los diagnósticos médicos, a cambio de gruesas sumas de dinero, a fin de que los reos puedan ser evacuados a diversos centros hospitalarios para luego facilitar sus fugas, como en el caso del narco francés y en la intentona de fuga de Fernando Zevallos.
En el Congreso
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, y el presidente del Inpe, Leonardo Caparrós, acudirán hoy al Congreso para explicar por qué los narcotraficantes pueden escapar de los penales de máxima seguridad con tanta facilidad.
DETALLE
El fiscal anticorrupción, Erick Rivera, investigará el intento de fuga del ex presidente de Aerocontinente, Fernando Zevallos, condenado a 20 años de prisión por tráfico de drogas, del penal de máxima seguridad “Piedras Gordas”, valiéndose de un certificado médico falso expedido por la junta médica del Inpe.
César Ascues Uribe
Redacción
Categoría: Artículos derecho penal
Publicado por: mbermudez
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El jefe de la Interpol Lima habría usado bienes de la Policía Nacional
El coronel Rommel Napoleón Pérez Arrascue fue saparado del cargo por apoderarse ilícitamente de víveres y de combustible asignados a su oficina. Él negó los cargos.
Perú 21
Otro oficial de la Policía viene siendo investigado por el uso indebido de bienes de la institución. Se trata del coronel Rommel Napoleón Pérez Arrascue, jefe de la Interpol de Lima quien, según un informe de ATV Noticias, se apoderó ilícitamente de víveres y de combustible asignados a su oficina.
De acuerdo con la investigación periodística, desde hace unas semanas, una camioneta PNP salía de la sede de la Interpol –ubicada en la avenida Velasco Astete Nº 1491, en el distrito de Surco– llevando un cargamento de bolsas con alimentos. El destino del vehículo siempre era la vivienda del coronel Pérez Arrascue.
Asimismo, el oficial también habría hecho uso indebido de la gasolina asignada a su despacho. Pérez recibía tres galones de combustible diario para un vehículo que nunca abandonaba su cochera.
Al ser consultado al respecto, el coronel Pérez Arrascue negó los cargos. Por el momento ha sido separado del cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones, las que se encuentran a cargo de Inspectoría de la PNP.
El coronel Rommel Napoleón Pérez Arrascue fue saparado del cargo por apoderarse ilícitamente de víveres y de combustible asignados a su oficina. Él negó los cargos.
Perú 21
Otro oficial de la Policía viene siendo investigado por el uso indebido de bienes de la institución. Se trata del coronel Rommel Napoleón Pérez Arrascue, jefe de la Interpol de Lima quien, según un informe de ATV Noticias, se apoderó ilícitamente de víveres y de combustible asignados a su oficina.
De acuerdo con la investigación periodística, desde hace unas semanas, una camioneta PNP salía de la sede de la Interpol –ubicada en la avenida Velasco Astete Nº 1491, en el distrito de Surco– llevando un cargamento de bolsas con alimentos. El destino del vehículo siempre era la vivienda del coronel Pérez Arrascue.
Asimismo, el oficial también habría hecho uso indebido de la gasolina asignada a su despacho. Pérez recibía tres galones de combustible diario para un vehículo que nunca abandonaba su cochera.
Al ser consultado al respecto, el coronel Pérez Arrascue negó los cargos. Por el momento ha sido separado del cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones, las que se encuentran a cargo de Inspectoría de la PNP.
Señala fiscal Avelino Guillén. 60 testigos han ratificado que el ex presidente dirigió estructura de poder.
Por: Vanessa Herrera.
La República
“La fiscalía ha presentado, en 23 audiencias, más de 578 pruebas compuestas por 500 documentos, 18 audios y videos y 60 testigos que respaldan la acusación y demuestran la culpabilidad de Alberto Fujimori ”, señala el fiscal supremo adjunto Avelino Guillén, en entrevista concedida a la página web del diario La República.
El doctor Guillén explica los cargos penales que enfrenta Fujimori: homicidio calificado, lesiones graves y secuestro por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y la reclusión en bases militares del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti durante el autogolpe del 5 de abril de 1992.
“Fujimori ordenó, dentro del SIN, (ex Servicio de Inteligencia Nacional), el uso de métodos de guerra sucia en el país, lo que implica la eliminación extrajudicial de personas, como una respuesta paralela, institucional, del Estado Peruano. Además esa orden fue ejecutada más adelante por el destacamento Colina”, subrayó Guillén.
Explicó que “Fujimori creó un aparato de poder, donde se establecieron niveles de decisión y de ejecución con la finalidad de conseguir a toda costa impunidad para quien daba la orden. En este caso, el nivel de decisión está en Alberto Fujimori y el ejecutor es quien selecciona a la víctima, luego la asesina, lo que el destacamento Colina le llamó ‘blanco de inteligencia’”.
Anotó que, además, está demostrado que Fujimori dirigía todo el aparato militar y, a través de su asesor Vladimiro Montesinos, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) al que otorgó los medios para el cumplimiento de sus funciones.
Conveniencia
Jefes. El fiscal Avelino Guillén dice que en el juicio algunos altos ex jefes militares, como Julio Salazar o Nicolás Hermoza, se han negado a declarar o variaron su versión solo por conveniencia.
Por: Vanessa Herrera.
La República
“La fiscalía ha presentado, en 23 audiencias, más de 578 pruebas compuestas por 500 documentos, 18 audios y videos y 60 testigos que respaldan la acusación y demuestran la culpabilidad de Alberto Fujimori ”, señala el fiscal supremo adjunto Avelino Guillén, en entrevista concedida a la página web del diario La República.
El doctor Guillén explica los cargos penales que enfrenta Fujimori: homicidio calificado, lesiones graves y secuestro por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y la reclusión en bases militares del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti durante el autogolpe del 5 de abril de 1992.
“Fujimori ordenó, dentro del SIN, (ex Servicio de Inteligencia Nacional), el uso de métodos de guerra sucia en el país, lo que implica la eliminación extrajudicial de personas, como una respuesta paralela, institucional, del Estado Peruano. Además esa orden fue ejecutada más adelante por el destacamento Colina”, subrayó Guillén.
Explicó que “Fujimori creó un aparato de poder, donde se establecieron niveles de decisión y de ejecución con la finalidad de conseguir a toda costa impunidad para quien daba la orden. En este caso, el nivel de decisión está en Alberto Fujimori y el ejecutor es quien selecciona a la víctima, luego la asesina, lo que el destacamento Colina le llamó ‘blanco de inteligencia’”.
Anotó que, además, está demostrado que Fujimori dirigía todo el aparato militar y, a través de su asesor Vladimiro Montesinos, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) al que otorgó los medios para el cumplimiento de sus funciones.
Conveniencia
Jefes. El fiscal Avelino Guillén dice que en el juicio algunos altos ex jefes militares, como Julio Salazar o Nicolás Hermoza, se han negado a declarar o variaron su versión solo por conveniencia.
Tantas veces violadas
Autor: Patricia del Río
Perú 21
Diana Bazán Hidalgo es una joven cadete que se enroló en la Escuela de Oficiales de la FAP. Ahí, en una de las instituciones que prepara a nuestros jóvenes para que el día de mañana nos defiendan de peligros y agresiones, fue humillada, ultrajada sexualmente y tratada como un objeto. A Jesús Ferreyra, alférez al que se le acusa de este crimen, se le separó de la FAP por falta disciplinaria muy grave. Lo peor de esta historia, sin embargo, ha venido después: a Diana en la Escuela la consideran una traidora. Según su madre, sus superiores la castigan por cualquier cosa y sus compañeros le han aplicado la 'ley del hielo’. Como consecuencia de esto, Diana está sumida en una profunda depresión y la FAP la ha declarado inapta para el servicio militar.
Si la violación se hubiera dado en la calle, estaríamos ante uno de los miles de casos de agresión sexual a los que se ven sometidas las mujeres en nuestro país. Pero este crimen se perpetró dentro de las instalaciones de una escuela militar, por parte de personal militar que se encontraba de servicio. La corresponsabilidad del Estado resulta evidente. Sin embargo, a la señora Marlene Hidalgo, madre de Diana, nadie la recibe e, incluso, el ministro Flores-Aráoz la acusa de querer sacar provecho de este triste incidente.
Recordemos que, de acuerdo con el Informe de la Comisión de la Verdad, una de las peores secuelas de la guerra interna fue la violación sexual a mujeres. El documento señala que las FF.AA. son responsables de más del 80% de estos ataques. La CVR hizo un minucioso trabajo para lograr que estas víctimas se sobrepusieran a prejuicios culturales que las obligaban a guardar silencio y dieran su valiente testimonio. Sin embargo, al igual que Diana, tras confesar su drama, muchas de ellas no han recibido nada a cambio. Ni indemnización, ni siquiera unas disculpas del Estado, que la mayoría de las veces se defiende argumentando que eso ocurrió en gobiernos anteriores.
Nuestra querida Claudia Llosa acaba de ganar el Oso de Oro por tocar en su filme La teta asustada las terribles secuelas de una agresión sexual a una mujer. Claudia, a través del arte, les ha dado voz a las víctimas que normalmente ahogan sus gritos bajo la violencia aplastante del machismo y la indolencia. A esta joven cineasta, que hoy el país ovaciona, le debemos mucho más que las gracias por este premio. Si queremos ser consecuentes, le debemos que todas las Dianas Bazán del Perú sean tratadas como heroínas, y no como traidoras o putas, cuando deciden hacer valer sus derechos. Si Fausta, la protagonista del filme, nos conmueve más que Diana, la de la vida real, entonces hay algo demasiado fundamental del proceso de violencia interna que sufrimos como país que aún no logramos comprender.
Autor: Patricia del Río
Perú 21
Diana Bazán Hidalgo es una joven cadete que se enroló en la Escuela de Oficiales de la FAP. Ahí, en una de las instituciones que prepara a nuestros jóvenes para que el día de mañana nos defiendan de peligros y agresiones, fue humillada, ultrajada sexualmente y tratada como un objeto. A Jesús Ferreyra, alférez al que se le acusa de este crimen, se le separó de la FAP por falta disciplinaria muy grave. Lo peor de esta historia, sin embargo, ha venido después: a Diana en la Escuela la consideran una traidora. Según su madre, sus superiores la castigan por cualquier cosa y sus compañeros le han aplicado la 'ley del hielo’. Como consecuencia de esto, Diana está sumida en una profunda depresión y la FAP la ha declarado inapta para el servicio militar.
Si la violación se hubiera dado en la calle, estaríamos ante uno de los miles de casos de agresión sexual a los que se ven sometidas las mujeres en nuestro país. Pero este crimen se perpetró dentro de las instalaciones de una escuela militar, por parte de personal militar que se encontraba de servicio. La corresponsabilidad del Estado resulta evidente. Sin embargo, a la señora Marlene Hidalgo, madre de Diana, nadie la recibe e, incluso, el ministro Flores-Aráoz la acusa de querer sacar provecho de este triste incidente.
Recordemos que, de acuerdo con el Informe de la Comisión de la Verdad, una de las peores secuelas de la guerra interna fue la violación sexual a mujeres. El documento señala que las FF.AA. son responsables de más del 80% de estos ataques. La CVR hizo un minucioso trabajo para lograr que estas víctimas se sobrepusieran a prejuicios culturales que las obligaban a guardar silencio y dieran su valiente testimonio. Sin embargo, al igual que Diana, tras confesar su drama, muchas de ellas no han recibido nada a cambio. Ni indemnización, ni siquiera unas disculpas del Estado, que la mayoría de las veces se defiende argumentando que eso ocurrió en gobiernos anteriores.
Nuestra querida Claudia Llosa acaba de ganar el Oso de Oro por tocar en su filme La teta asustada las terribles secuelas de una agresión sexual a una mujer. Claudia, a través del arte, les ha dado voz a las víctimas que normalmente ahogan sus gritos bajo la violencia aplastante del machismo y la indolencia. A esta joven cineasta, que hoy el país ovaciona, le debemos mucho más que las gracias por este premio. Si queremos ser consecuentes, le debemos que todas las Dianas Bazán del Perú sean tratadas como heroínas, y no como traidoras o putas, cuando deciden hacer valer sus derechos. Si Fausta, la protagonista del filme, nos conmueve más que Diana, la de la vida real, entonces hay algo demasiado fundamental del proceso de violencia interna que sufrimos como país que aún no logramos comprender.
Secretaria de juzgado asegura que falsificaron su firma para lograr la fuga de narcos
El Comercio
Graciela Ayesta Quicaño afirmó, en conferencia de prensa, que al momento de salir libres Aníbal Zapata y Christian Motte, ella estaba de vacaciones
La secretaria del Juzgado 14 Penal de Lima, Graciela Nieves Ayesta Quicaño, afirmó hoy en conferencia de prensa que su firma fue falsificada con el fin de lograr la escandalosa fuga de los narcotraficantes Aníbal Zapata Ávalos (colombiano) y el peruano Christian Motte Ramírez Gastón, este último hijo de Carlos Motte Piccone, un ex militante aprista a quien se lo vinculó el año pasado con la fuga del ex ministro de pesquería Rómulo León Alegría.
Ayesta Quicaño indicó que, tal como se indicó ayer en una nota de prensa, ella se encontraba de vacaciones y que comprobó que las firmas existentes en los oficios de hábeas corpus y en el Libro de Libertades no son suyas.
La secretaria Ayesta dijo que está dispuesta a concurrir a cualquier llamado judicial para esclarecer el extraño suceso.
Graciela Ayesta indicó además que los expedientes de hábeas corpus de los dos narcotraficantes, donde figura su falsificada firma son inexistentes pues los dos fugitivos nunca presentaron las mencionadas garantías constitucionales a ningún juzgado.
Según el Instituto Nacional Penitenciaro (INPE) los trámites para la fraguada liberación de los presos ocurrieron en horas de la mañana del lunes 2 y viernes 6 de febrero. “Nadie en la Oficina de Registro Penitenciario del INPE iba a dudar de ella. Todo consta en los libros de registro”, expresó ayer un vocero de esa institución.
Según el procedimiento administrativo, ella habría llevado los falsos expedientes de hábeas corpus a favor de los procesados a la Oficina de Registro Penitenciario del INPE, ubicada en el jirón Ayacucho, en el Cercado, para que se proceda a la excarcelación de los sujetos.
La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima aseguró que el caso fue denunciado de inmediato a la fiscalía de turno por delito de falsificación de documentos contra todos aquellos que resulten responsables.
Por su parte, la Oficina de Control de la Magistratura, que despacha la doctora Elcira Vásquez, dispuso una investigación de oficio pese a que no fue notificada sobre lo acontecido sino que se enteró por la prensa.
El Comercio
Graciela Ayesta Quicaño afirmó, en conferencia de prensa, que al momento de salir libres Aníbal Zapata y Christian Motte, ella estaba de vacaciones
La secretaria del Juzgado 14 Penal de Lima, Graciela Nieves Ayesta Quicaño, afirmó hoy en conferencia de prensa que su firma fue falsificada con el fin de lograr la escandalosa fuga de los narcotraficantes Aníbal Zapata Ávalos (colombiano) y el peruano Christian Motte Ramírez Gastón, este último hijo de Carlos Motte Piccone, un ex militante aprista a quien se lo vinculó el año pasado con la fuga del ex ministro de pesquería Rómulo León Alegría.
Ayesta Quicaño indicó que, tal como se indicó ayer en una nota de prensa, ella se encontraba de vacaciones y que comprobó que las firmas existentes en los oficios de hábeas corpus y en el Libro de Libertades no son suyas.
La secretaria Ayesta dijo que está dispuesta a concurrir a cualquier llamado judicial para esclarecer el extraño suceso.
Graciela Ayesta indicó además que los expedientes de hábeas corpus de los dos narcotraficantes, donde figura su falsificada firma son inexistentes pues los dos fugitivos nunca presentaron las mencionadas garantías constitucionales a ningún juzgado.
Según el Instituto Nacional Penitenciaro (INPE) los trámites para la fraguada liberación de los presos ocurrieron en horas de la mañana del lunes 2 y viernes 6 de febrero. “Nadie en la Oficina de Registro Penitenciario del INPE iba a dudar de ella. Todo consta en los libros de registro”, expresó ayer un vocero de esa institución.
Según el procedimiento administrativo, ella habría llevado los falsos expedientes de hábeas corpus a favor de los procesados a la Oficina de Registro Penitenciario del INPE, ubicada en el jirón Ayacucho, en el Cercado, para que se proceda a la excarcelación de los sujetos.
La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima aseguró que el caso fue denunciado de inmediato a la fiscalía de turno por delito de falsificación de documentos contra todos aquellos que resulten responsables.
Por su parte, la Oficina de Control de la Magistratura, que despacha la doctora Elcira Vásquez, dispuso una investigación de oficio pese a que no fue notificada sobre lo acontecido sino que se enteró por la prensa.
La República
Arremete contra la prensa y justifica asesinato de inocentes. Dice que ya ganó los juicios histórico y político y que solo le falta vencer en el mediático para que su cliente sea absuelto definitivamente.
César Romero.
Audiencia Nº 145. El abogado César Nakazaki inició ayer el alegato de defensa del ex dictador Alberto Fujimori en el juicio por crímenes de derechos humanos. Informó que se demorará de cinco a ocho audiencias, por lo que la sentencia se dictaría alrededor del 20 de marzo.
Nakazaki acusó a la fiscalía de narrar cuentos para sostener la acusación contra Fujimori. Sin embargo, en su alegato de defensa se salió de la realidad para pintar un escenario de horror y sangre que le permitió justificar el asesinato de gente inocente.
“Si no se puede solucionar un problema sin un costo social, y todo costo social es un delito, la conclusión es que Fujimori no debió solucionar nada”, razonó Nakazaki.
Lo que supone, según su discurso, que la matanza de 25 personas en La Cantuta y Barrios Altos pacificó el país y acabó con la hiperinflación de los años ‘90, en una clara manipulación de la realidad.
Para llegar a ese razonamiento, Nakazaki describió una aterradora realidad política, social y económica del país cuando Fujimori asumió el gobierno en julio de 1990. “El Perú era un país quebrado y atemorizado; sobre esa realidad es la que se debe juzgar a Fujimori”, explicó.
Defectos
Luego anotó: “Una cosa es la política y otra los defectos de ejecución en un país subdesarrollado como el nuestro”. “La política antiterrorista ejecutada por Fujimori generó vida, y no muerte, pues las acciones llevadas a cabo a inicios de los años ‘90 permitieron salvar a 22 millones de habitantes de Perú”, remató.
Nakazaki insistió en que el destacamento de operaciones especiales Colina actuó sin el conocimiento de Fujimori y que la fiscalía no ha mostrado la orden escrita para matar a inocentes de un tiro en la nuca.
A Fujimori “se le juzga por la política contra el terrorismo que estuvo vigente entre noviembre de 1991 y julio de 1992, a efectos de determinar si las matanzas fueron o no consecuencia de una política de Estado”, insistió.
Nakazaki afirmó que este proceso tiene cuatro escenarios: histórico, político, jurídico y mediático, de los que su cliente ya ganó dos y le restaría uno para el triunfo.
Así, apoyándose en encuestas de opinión pública, afirmó que en el juicio político Fujimori ha sido absuelto y que en el histórico también, “porque el fujimorismo es actualmente una fuerza política con aspiración presidencial”.
Nakazaki dijo que solo le preocupa el juicio mediático, pues reconoció que lo estaba perdiendo y que este podría influir en el resultado final, lo que casi supone calificar a los jueces de marionetas de la prensa.
Mañana sigue su alegato
“La gran mayoría de medios ha prejuzgado y condenado a mi patrocinado sin esperar sentencia; se pretende así presionar al tribunal para que termine accediendo a declararlo culpable”, sentenció Nakazaki.
El abogado de Fujimori continuará su alegato este miércoles, en el que, adelantó, volverá a insistir en la influencia de la prensa en el resultado del juicio.
Reacciones
“Dijo falsedades y medias verdades. Al atacar a la prensa, da la idea de que siente que su defensa no tendrá éxito y quiere justificar condena”.
Carlos Rivera
Abogado de la parte civil
“Nakazaki ha variado su estrategia. Hoy no niega los crímenes, los justifica. Habló para la prensa y el público, no para los jueces”.
Gloria Cano
Abogada de la parte civil
“Lo vi preocupado y nervioso. En dos ocasiones dijo que pedíamos 35 años de cárcel, cuando hemos solicitado 30”.
José Peláez Bardales
Fiscal supremo
Entrevista a Fujimori
Para recordar la historia real, reproducimos la entrevista que Alberto Fujimori dio al periodista Raúl Vargas en RPP, días antes
de las elecciones del año 2000.
E. Otro de los temas que evidentemente se ha suscitado en todo este periodo del debate electoral que no se ha producido, dicho sea de paso, al fin de la campaña o del proceso electoral, Ing. Fujimori, es el que se refiere a las Fuerzas Armadas, las relaciones con las Fuerzas Armadas y al poder civil y qué cambios podrían experimentarse al introducirse. Al respecto estamos de una manera entrando ya a planes más concretos de gobierno que son, por desgracia, los que no se han podido tocar con la suficiente amplitud en todo este periodo. ¿Cuál es su evaluación en la relación que existe hoy en día entre las Fuerzas Armadas y su administración? Por un lado, se les acusa en concreto de haberse partidarizado; y naturalmente el inevitable tema del Sr.
Vladimiro Montesinos, que es también una suerte de figura emblemática en todo debate electoral.
Fujimori. En este tema difiero del Dr. Toledo en el sentido de que se podría formar un consejo asesor de la presidencia de la República en la que participan civiles y militares. Los militares no tienen la capacidad de debatir, ahí sí sería un tanto ceder el poder civil o compartir el poder civil con las Fuerzas Armadas. La Constitución señala bien claro, y la he practicado bajo esa modalidad, que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir jefe supremo de las Fuerzas Armadas? (Que) manda a las Fuerzas Armadas y las manda de una manera vertical. Esa es la relación, la relación no es que las Fuerzas Armadas son un poder paralelo, totalmente absurdo, esto no se da en el Perú desde el año 1990, hay un mando del presidente de la República sobre las Fuerzas Armadas, y entonces la relación es esa: las Fuerzas Armadas subordinadas, pero no para conformar un consejo superior de asesoría de la presidencia de la República, donde hay civiles y militares. No lo puedo concebir, el Presidente es el que manda
E. ¿Y el Sr. Vladimiro Montesinos?
Fujimori. En lo que se refiere al Dr. Montesinos, él ha estado en esta lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, y en buena hora que lo haya hecho porque los resultados cantan. Ahora tenemos una paz total y paz interna, y de otra parte un reconocimiento por parte de la comunidad internacional de la eficacia de las medidas contra el narcotráfico en la que participa en el seguimiento de los capos del narcotráfico el Servicio de Inteligencia Nacional del cual forma parte el Dr. Montesinos.
Arremete contra la prensa y justifica asesinato de inocentes. Dice que ya ganó los juicios histórico y político y que solo le falta vencer en el mediático para que su cliente sea absuelto definitivamente.
César Romero.
Audiencia Nº 145. El abogado César Nakazaki inició ayer el alegato de defensa del ex dictador Alberto Fujimori en el juicio por crímenes de derechos humanos. Informó que se demorará de cinco a ocho audiencias, por lo que la sentencia se dictaría alrededor del 20 de marzo.
Nakazaki acusó a la fiscalía de narrar cuentos para sostener la acusación contra Fujimori. Sin embargo, en su alegato de defensa se salió de la realidad para pintar un escenario de horror y sangre que le permitió justificar el asesinato de gente inocente.
“Si no se puede solucionar un problema sin un costo social, y todo costo social es un delito, la conclusión es que Fujimori no debió solucionar nada”, razonó Nakazaki.
Lo que supone, según su discurso, que la matanza de 25 personas en La Cantuta y Barrios Altos pacificó el país y acabó con la hiperinflación de los años ‘90, en una clara manipulación de la realidad.
Para llegar a ese razonamiento, Nakazaki describió una aterradora realidad política, social y económica del país cuando Fujimori asumió el gobierno en julio de 1990. “El Perú era un país quebrado y atemorizado; sobre esa realidad es la que se debe juzgar a Fujimori”, explicó.
Defectos
Luego anotó: “Una cosa es la política y otra los defectos de ejecución en un país subdesarrollado como el nuestro”. “La política antiterrorista ejecutada por Fujimori generó vida, y no muerte, pues las acciones llevadas a cabo a inicios de los años ‘90 permitieron salvar a 22 millones de habitantes de Perú”, remató.
Nakazaki insistió en que el destacamento de operaciones especiales Colina actuó sin el conocimiento de Fujimori y que la fiscalía no ha mostrado la orden escrita para matar a inocentes de un tiro en la nuca.
A Fujimori “se le juzga por la política contra el terrorismo que estuvo vigente entre noviembre de 1991 y julio de 1992, a efectos de determinar si las matanzas fueron o no consecuencia de una política de Estado”, insistió.
Nakazaki afirmó que este proceso tiene cuatro escenarios: histórico, político, jurídico y mediático, de los que su cliente ya ganó dos y le restaría uno para el triunfo.
Así, apoyándose en encuestas de opinión pública, afirmó que en el juicio político Fujimori ha sido absuelto y que en el histórico también, “porque el fujimorismo es actualmente una fuerza política con aspiración presidencial”.
Nakazaki dijo que solo le preocupa el juicio mediático, pues reconoció que lo estaba perdiendo y que este podría influir en el resultado final, lo que casi supone calificar a los jueces de marionetas de la prensa.
Mañana sigue su alegato
“La gran mayoría de medios ha prejuzgado y condenado a mi patrocinado sin esperar sentencia; se pretende así presionar al tribunal para que termine accediendo a declararlo culpable”, sentenció Nakazaki.
El abogado de Fujimori continuará su alegato este miércoles, en el que, adelantó, volverá a insistir en la influencia de la prensa en el resultado del juicio.
Reacciones
“Dijo falsedades y medias verdades. Al atacar a la prensa, da la idea de que siente que su defensa no tendrá éxito y quiere justificar condena”.
Carlos Rivera
Abogado de la parte civil
“Nakazaki ha variado su estrategia. Hoy no niega los crímenes, los justifica. Habló para la prensa y el público, no para los jueces”.
Gloria Cano
Abogada de la parte civil
“Lo vi preocupado y nervioso. En dos ocasiones dijo que pedíamos 35 años de cárcel, cuando hemos solicitado 30”.
José Peláez Bardales
Fiscal supremo
Entrevista a Fujimori
Para recordar la historia real, reproducimos la entrevista que Alberto Fujimori dio al periodista Raúl Vargas en RPP, días antes
de las elecciones del año 2000.
E. Otro de los temas que evidentemente se ha suscitado en todo este periodo del debate electoral que no se ha producido, dicho sea de paso, al fin de la campaña o del proceso electoral, Ing. Fujimori, es el que se refiere a las Fuerzas Armadas, las relaciones con las Fuerzas Armadas y al poder civil y qué cambios podrían experimentarse al introducirse. Al respecto estamos de una manera entrando ya a planes más concretos de gobierno que son, por desgracia, los que no se han podido tocar con la suficiente amplitud en todo este periodo. ¿Cuál es su evaluación en la relación que existe hoy en día entre las Fuerzas Armadas y su administración? Por un lado, se les acusa en concreto de haberse partidarizado; y naturalmente el inevitable tema del Sr.
Vladimiro Montesinos, que es también una suerte de figura emblemática en todo debate electoral.
Fujimori. En este tema difiero del Dr. Toledo en el sentido de que se podría formar un consejo asesor de la presidencia de la República en la que participan civiles y militares. Los militares no tienen la capacidad de debatir, ahí sí sería un tanto ceder el poder civil o compartir el poder civil con las Fuerzas Armadas. La Constitución señala bien claro, y la he practicado bajo esa modalidad, que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir jefe supremo de las Fuerzas Armadas? (Que) manda a las Fuerzas Armadas y las manda de una manera vertical. Esa es la relación, la relación no es que las Fuerzas Armadas son un poder paralelo, totalmente absurdo, esto no se da en el Perú desde el año 1990, hay un mando del presidente de la República sobre las Fuerzas Armadas, y entonces la relación es esa: las Fuerzas Armadas subordinadas, pero no para conformar un consejo superior de asesoría de la presidencia de la República, donde hay civiles y militares. No lo puedo concebir, el Presidente es el que manda
E. ¿Y el Sr. Vladimiro Montesinos?
Fujimori. En lo que se refiere al Dr. Montesinos, él ha estado en esta lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, y en buena hora que lo haya hecho porque los resultados cantan. Ahora tenemos una paz total y paz interna, y de otra parte un reconocimiento por parte de la comunidad internacional de la eficacia de las medidas contra el narcotráfico en la que participa en el seguimiento de los capos del narcotráfico el Servicio de Inteligencia Nacional del cual forma parte el Dr. Montesinos.
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13/02/09: Vocales Supremos cesados no quieren devolver autos del PJ (¿la típica de quien se cree con poder?)
Dan plazo a supremos para devolver autos al Estado
Expreso
A fin de que la “sangre no llegue al río”, la Corte Suprema ha dado un plazo perentorio para que los vocales supremos cesados –reacios a devolver los automóviles asignados cuando estaban vigentes– cumplan con entregarlos a la administración del Poder Judicial.
“Eso será bastante factible, porque el presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, saldrá en gira de trabajo en los próximos días a Colombia y Costa Rica, lapso que puede ser aprovechado por los jueces supremos en cuestión para cumplir con esa tarea (la devolución de los carros, laptops, celulares, etc.)”, afirmó una fuente judicial de crédito.
“De lo que se trata es que los magistrados en cuestión comprendan que existen normas internas en el Poder Judicial que ordenan que las cosas entregadas a los jueces supremos, para su desempeño, no son para que se las lleven después de jubilarse o ser cesados”, explicó el portavoz.
“Si las cosas no tienen solución cuando el doctor (Villa Stein) regrese de su gira a esos países, éste dará la orden al procurador del Poder Judicial para que presente la demanda correspondiente, para hacer valer los derechos del Estado”, advirtió el vocero.El plazo otorgado a los jueces supremos empecinados a no entregar los bienes del Poder Judicial vencerá dentro de dos semanas, anunciaron finalmente. ESG
Expreso
A fin de que la “sangre no llegue al río”, la Corte Suprema ha dado un plazo perentorio para que los vocales supremos cesados –reacios a devolver los automóviles asignados cuando estaban vigentes– cumplan con entregarlos a la administración del Poder Judicial.
“Eso será bastante factible, porque el presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, saldrá en gira de trabajo en los próximos días a Colombia y Costa Rica, lapso que puede ser aprovechado por los jueces supremos en cuestión para cumplir con esa tarea (la devolución de los carros, laptops, celulares, etc.)”, afirmó una fuente judicial de crédito.
“De lo que se trata es que los magistrados en cuestión comprendan que existen normas internas en el Poder Judicial que ordenan que las cosas entregadas a los jueces supremos, para su desempeño, no son para que se las lleven después de jubilarse o ser cesados”, explicó el portavoz.
“Si las cosas no tienen solución cuando el doctor (Villa Stein) regrese de su gira a esos países, éste dará la orden al procurador del Poder Judicial para que presente la demanda correspondiente, para hacer valer los derechos del Estado”, advirtió el vocero.El plazo otorgado a los jueces supremos empecinados a no entregar los bienes del Poder Judicial vencerá dentro de dos semanas, anunciaron finalmente. ESG
Sentenciarán a corruptos en 120 días con nuevo Código Procesal Penal
El Comercio | El Poder Ejecutivo garantizó que destinará los recursos para su implementación
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, destacó que el nuevo Código Procesal Penal permitirá sentenciar en un plazo de 120 días a quienes incurran en delitos de corrupción.
Fernández señaló que uno de los beneficios de la aplicación de este código es que en el juicio oral se establece que las sesiones sean continuas e ininterrumpidas para que el proceso acabe en un mismo día. También garantizó que el Poder Ejecutivo destinará los recursos necesarios para la implementación del nuevo código.
Asimismo, el congresista Raúl Castro (UN) explicó que ya no se hará una investigación triple —por la policía, la fiscalía y el Poder Judicial—, sino que habrá un proceso único dirigido por el juez.
“Hay denunciados que, por no haber sido sentenciados en un plazo de 36 meses, terminan saliendo de la cárcel”, dijo.
Sin embargo, aclaró que esta normatividad será aplicada recién desde el día de su publicación, pero no para los casos Discover Petroleum o el proceso al ex presidente Alberto Fujimori.
El penalista Mario Amoretti, en cambio, consideró que el adelanto del nuevo código es una medida a favor de los corruptos.
“Hay una sentencia casatoria de la Corte Suprema que señala un plazo de hasta 180 días para procesos comunes no muy complejos, y de un año y medio para los procesos complejos. Según el nuevo código, vencido ese plazo, si no se llega acreditar el delito de los procesados por corrupción, el proceso se archiva”, comentó.
El Comercio | El Poder Ejecutivo garantizó que destinará los recursos para su implementación
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, destacó que el nuevo Código Procesal Penal permitirá sentenciar en un plazo de 120 días a quienes incurran en delitos de corrupción.
Fernández señaló que uno de los beneficios de la aplicación de este código es que en el juicio oral se establece que las sesiones sean continuas e ininterrumpidas para que el proceso acabe en un mismo día. También garantizó que el Poder Ejecutivo destinará los recursos necesarios para la implementación del nuevo código.
Asimismo, el congresista Raúl Castro (UN) explicó que ya no se hará una investigación triple —por la policía, la fiscalía y el Poder Judicial—, sino que habrá un proceso único dirigido por el juez.
“Hay denunciados que, por no haber sido sentenciados en un plazo de 36 meses, terminan saliendo de la cárcel”, dijo.
Sin embargo, aclaró que esta normatividad será aplicada recién desde el día de su publicación, pero no para los casos Discover Petroleum o el proceso al ex presidente Alberto Fujimori.
El penalista Mario Amoretti, en cambio, consideró que el adelanto del nuevo código es una medida a favor de los corruptos.
“Hay una sentencia casatoria de la Corte Suprema que señala un plazo de hasta 180 días para procesos comunes no muy complejos, y de un año y medio para los procesos complejos. Según el nuevo código, vencido ese plazo, si no se llega acreditar el delito de los procesados por corrupción, el proceso se archiva”, comentó.
Expreso
Señaló que dialogó sobre esa necesidad con el presidente García.
Una vez más, el presidente de la Corte Suprema de la República, Javier Villa Stein, esbozó la necesidad de poner en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal en los veintinueve distritos judiciales del país, a fin de que los jueces tengan mejores armas legales para combatir la criminalidad. El titular del Poder Judicial refirió haber conversado sobre ese tema con el presidente Alan García, teniendo en cuenta que el flamante cuerpo normativo traerá rapidez en la solución de los conflictos legales.El representante de la Corte Suprema formuló esas precisiones luego de inaugurar el Primer Juzgado de Paz de Única Denominación Flotante, en la isla de los Uros Chulluni (en el lago Titicaca, Puno), bautizada desde ayer como la “Isla de la Justicia”.“Esto es una expresión (el juzgado inaugurado) de la llegada del Estado a todos los rincones del país, de llevar la paz y la justicia a Puno, y es una expresión de que el acceso a la justicia empieza a hacerse realidad”, puntualizó Villa Stein.Subrayó que su llegada a esta comunidad, no hace sino ratificar su compromiso hecho al asumir su cargo, de visitar personalmente los juzgados de paz para conocer su realidad, y acercar el servicio de justicia a los pueblos más alejados. “La ley penal territorial es única, pero el manejo y la interpretación de la ley penal tiene que tomar muy en cuenta las costumbres de los pueblos”, precisó Villa Stein.
Indicó que los conflictos en comunidades como la de Uros se dan porque “nosotros modernos no queremos entender costumbres de más de 500 años, por eso tenemos que adaptarnos. Aquí en esta isla se ha convivido en paz y tranquilidad”, recordó.
El dato
Villa remarcó que la justicia de paz debe servir de modelo al orden jurídico formal más que imponerla de manera violenta.
Señaló que dialogó sobre esa necesidad con el presidente García.
Una vez más, el presidente de la Corte Suprema de la República, Javier Villa Stein, esbozó la necesidad de poner en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal en los veintinueve distritos judiciales del país, a fin de que los jueces tengan mejores armas legales para combatir la criminalidad. El titular del Poder Judicial refirió haber conversado sobre ese tema con el presidente Alan García, teniendo en cuenta que el flamante cuerpo normativo traerá rapidez en la solución de los conflictos legales.El representante de la Corte Suprema formuló esas precisiones luego de inaugurar el Primer Juzgado de Paz de Única Denominación Flotante, en la isla de los Uros Chulluni (en el lago Titicaca, Puno), bautizada desde ayer como la “Isla de la Justicia”.“Esto es una expresión (el juzgado inaugurado) de la llegada del Estado a todos los rincones del país, de llevar la paz y la justicia a Puno, y es una expresión de que el acceso a la justicia empieza a hacerse realidad”, puntualizó Villa Stein.Subrayó que su llegada a esta comunidad, no hace sino ratificar su compromiso hecho al asumir su cargo, de visitar personalmente los juzgados de paz para conocer su realidad, y acercar el servicio de justicia a los pueblos más alejados. “La ley penal territorial es única, pero el manejo y la interpretación de la ley penal tiene que tomar muy en cuenta las costumbres de los pueblos”, precisó Villa Stein.
Indicó que los conflictos en comunidades como la de Uros se dan porque “nosotros modernos no queremos entender costumbres de más de 500 años, por eso tenemos que adaptarnos. Aquí en esta isla se ha convivido en paz y tranquilidad”, recordó.
El dato
Villa remarcó que la justicia de paz debe servir de modelo al orden jurídico formal más que imponerla de manera violenta.
Chofer que causó accidente que dejó a niña campeona de marinera en coma fue liberado
El Comercio| El tío de Claudia Donet (6) informó, además, que la menor se encuentra con pronóstico reservado y que la familia ora para que la pequeña se recupere.
El chofer de transporte público Michel Tineo Atau, quien causó un aparatoso accidente en el cual la campeona de marinera Claudia Lucía Donet Sánchez, de 6 años de edad, resultó con una severa lesión en la cabeza que la dejó en estado de coma, fue liberado por la policía, denunció esta mañana el tío de la menor, Juan Sánchez.
“No tuvimos ningún apoyó en la comisaría (de Petit Thouars). Nos hicieron problemas para darnos el certificado de la denuncia policial. Creo que la Policía debería tomar conciencia de que los agraviados deberíamos tener un poco más de apoyo por parte de ellos”, sostuvo Sánchez en declaraciones para el noticiero “Primera Edición”, de América TV.
ESTADO DE LA MENOR
Sobre el estado de salud de la pequeña Claudia, Sánchez indicó que esta aún no recupera el conocimiento y que los médicos del área de pediatría del Hospital Edgardo Rebagliati han pedido paciencia a los desesperados familiares.
“Los médicos han dicho que el pronóstico es reservado y que se tiene que esperar unos cinco días para saber cuál puede ser el resultado. (Claudia) está totalmente dormida, no tiene movimiento”, sostuvo el tío de la menor.
Al momento del accidente la campeona infantil de marinera se encontraba acompañada de su abuela y unos primos. Sobre el estado de salud de ellos, Juan Sánchez indicó que ya se vienen recuperando, pero que aún presentan secuelas del accidente. “Mi madre aún continúa en cama tras el hecho”, dijo.
ACCIDENTE
El hecho se produjo el último domingo, cuando el vehículo que manejaba Tineo Atau, de placa GQ-4075 y de la línea 14 (Villa María-Los Olivos), adelantó a otro de la misma ruta por ganar pasajeros. En esos instantes cruzaba la avenida Arequipa, por el jirón Larrabure y Unanue, el Toyota Sprinter de placa VG-5713 donde iba la niña junto con sus hermanos Luis Antonio (18), Alejandro (14) este último campeón en la categoría junior del Festival de Trujillo, su abuela María Teresa Piedra de Sánchez y su primo, el estudiante de la UNI Juan Carlos Mere Sánchez (22), quien manejaba.
“La coaster impactó por el lado lateral derecho al auto y lo arrastró unos 15 metros. Yo iba en otro carro con mi cuñado y mi esposa y observamos aterrados la brutal colisión”, señaló ayer el médico dentista Luis Donet Orrego, padre de la menor.
El Comercio| El tío de Claudia Donet (6) informó, además, que la menor se encuentra con pronóstico reservado y que la familia ora para que la pequeña se recupere.
El chofer de transporte público Michel Tineo Atau, quien causó un aparatoso accidente en el cual la campeona de marinera Claudia Lucía Donet Sánchez, de 6 años de edad, resultó con una severa lesión en la cabeza que la dejó en estado de coma, fue liberado por la policía, denunció esta mañana el tío de la menor, Juan Sánchez.
“No tuvimos ningún apoyó en la comisaría (de Petit Thouars). Nos hicieron problemas para darnos el certificado de la denuncia policial. Creo que la Policía debería tomar conciencia de que los agraviados deberíamos tener un poco más de apoyo por parte de ellos”, sostuvo Sánchez en declaraciones para el noticiero “Primera Edición”, de América TV.
ESTADO DE LA MENOR
Sobre el estado de salud de la pequeña Claudia, Sánchez indicó que esta aún no recupera el conocimiento y que los médicos del área de pediatría del Hospital Edgardo Rebagliati han pedido paciencia a los desesperados familiares.
“Los médicos han dicho que el pronóstico es reservado y que se tiene que esperar unos cinco días para saber cuál puede ser el resultado. (Claudia) está totalmente dormida, no tiene movimiento”, sostuvo el tío de la menor.
Al momento del accidente la campeona infantil de marinera se encontraba acompañada de su abuela y unos primos. Sobre el estado de salud de ellos, Juan Sánchez indicó que ya se vienen recuperando, pero que aún presentan secuelas del accidente. “Mi madre aún continúa en cama tras el hecho”, dijo.
ACCIDENTE
El hecho se produjo el último domingo, cuando el vehículo que manejaba Tineo Atau, de placa GQ-4075 y de la línea 14 (Villa María-Los Olivos), adelantó a otro de la misma ruta por ganar pasajeros. En esos instantes cruzaba la avenida Arequipa, por el jirón Larrabure y Unanue, el Toyota Sprinter de placa VG-5713 donde iba la niña junto con sus hermanos Luis Antonio (18), Alejandro (14) este último campeón en la categoría junior del Festival de Trujillo, su abuela María Teresa Piedra de Sánchez y su primo, el estudiante de la UNI Juan Carlos Mere Sánchez (22), quien manejaba.
“La coaster impactó por el lado lateral derecho al auto y lo arrastró unos 15 metros. Yo iba en otro carro con mi cuñado y mi esposa y observamos aterrados la brutal colisión”, señaló ayer el médico dentista Luis Donet Orrego, padre de la menor.
Categoría: Artículos derecho penal
Publicado por: mbermudez
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La República
La Ministra de Justicia, Rosario Fernandez, indicó que en la víspera al Congreso, su despacho envío un proyecto de ley que propone castigar con el doble de la pena a quienes han sido liberados gracias conmutación de la pena o indulto común.
Así mismo, señaló que de aprobarse esta norma se evitará otorgar beneficios penitenciarios a quienes reincidan. Según el texto indica que la gracia presidencial es un acto de confianza que el Estado le brinda a un sentenciado.
Si es que el sentenciado vuelve a cometer un delito esto se rompe siendo inválido.
Esta propuesta incluye la modificación del artículo 46º B del código Penal en el sentido de agravar la pena del sentenciado o favorecido con la permuta de la pena si nuevamente comete un delito.
Cabe señalar que con este proyecto se supera un vacío legal en el Código Penal pues se considera la situación particular en la que se encuentran los reincidentes que antes fueron beneficiados con el indulto o la conmutación de la pena.
Fernández hizo este anuncio tras informar que el Ministerio de Justicia ha venido dando, desde el año pasado, un sostenido impulso a la campaña de indultos y conmutaciones de la pena en todos los penales del país. En un año de labor, a la fecha, la Comisión de Indultos y Derecho de Gracia del MinJus permitió se concedan 1.024 gracias presidenciales.
Así mismo, informó que los indultos y gracias presidenciales no se aplican a todos los sentenciados pues aquellos que han sido condenados por narcotráfico, secuestro o violación no gozan de beneficios. Éstos se analizan de acuerdo al récord educativo y de trabajo en el penal, así como los informes psicológicos y sociales.
Al asegurar que el incremento de las penas es una medida disuasiva eficiente, la ministra de Justicia remarcó que para la sociedad lo más disuasorio y ventajoso es la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal.
“Tiene un criterio y un sistema totalmente distinto que convive más el día a día con la sociedad. Contempla lo que se llaman las salidas anteladas, se aplica mucho el principio de oportunidad, sobretodo crímenes como el robo de celulares, carteras, entre otros”, puntualizó. (Con información de Andina)
La Ministra de Justicia, Rosario Fernandez, indicó que en la víspera al Congreso, su despacho envío un proyecto de ley que propone castigar con el doble de la pena a quienes han sido liberados gracias conmutación de la pena o indulto común.
Así mismo, señaló que de aprobarse esta norma se evitará otorgar beneficios penitenciarios a quienes reincidan. Según el texto indica que la gracia presidencial es un acto de confianza que el Estado le brinda a un sentenciado.
Si es que el sentenciado vuelve a cometer un delito esto se rompe siendo inválido.
Esta propuesta incluye la modificación del artículo 46º B del código Penal en el sentido de agravar la pena del sentenciado o favorecido con la permuta de la pena si nuevamente comete un delito.
Cabe señalar que con este proyecto se supera un vacío legal en el Código Penal pues se considera la situación particular en la que se encuentran los reincidentes que antes fueron beneficiados con el indulto o la conmutación de la pena.
Fernández hizo este anuncio tras informar que el Ministerio de Justicia ha venido dando, desde el año pasado, un sostenido impulso a la campaña de indultos y conmutaciones de la pena en todos los penales del país. En un año de labor, a la fecha, la Comisión de Indultos y Derecho de Gracia del MinJus permitió se concedan 1.024 gracias presidenciales.
Así mismo, informó que los indultos y gracias presidenciales no se aplican a todos los sentenciados pues aquellos que han sido condenados por narcotráfico, secuestro o violación no gozan de beneficios. Éstos se analizan de acuerdo al récord educativo y de trabajo en el penal, así como los informes psicológicos y sociales.
Al asegurar que el incremento de las penas es una medida disuasiva eficiente, la ministra de Justicia remarcó que para la sociedad lo más disuasorio y ventajoso es la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal.
“Tiene un criterio y un sistema totalmente distinto que convive más el día a día con la sociedad. Contempla lo que se llaman las salidas anteladas, se aplica mucho el principio de oportunidad, sobretodo crímenes como el robo de celulares, carteras, entre otros”, puntualizó. (Con información de Andina)
El actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, Pablo Ilave García, fue denunciado públicamente por haber violado supuestamente el principio constitucional de la cosa juzgada, cuando formaba parte de una sala penal de dicho distrito judicial en el 2007.
Según los documentos presentados por el abogado Sandro Balbín Sáenz, a Ilave García se le imputa haber violado presuntamente el debido proceso, la calidad de cosa juzgada, la pluralidad de instancias y el principio del juez imparcial.
Dentro de esos hechos se encuentran comprendidos, según el letrado, otros dos vocales de la sala que integró en su momento Ilave García y un juez de primera instancia
Balbín Sáenz denunció los hechos tras interponer un amparo contra la participación Ilave García y los vocales de la Segunda Sala Superior Penal de Junín, Carlos Carvo Castro y José Gonzales Solís.
El juez José Guzmán Tasayco, del Quinto Juzgado Penal de Huancayo, fue involucrado en este embrollo judicial por haber visto el tema inicialmente.
Balbín recordó que todo empezó cuando su patrocinado, Alfonso Sáenz Molina, fue enjuiciado en 1999 por la compra-venta de un inmueble en Huancayo.
En esa oportunidad, Sáenz Molina interpuso un recurso legal para que el tema fuese archivado mediante una excepción de naturaleza de acción, por haber pasado el plazo legal contemplado por ley para sancionarlo penalmente. Al final de cuentas, el juez Guzmán Tasayco declaró improcedente el pedido y luego se pronunció por la responsabilidad penal del encausado. Ya en el 2007, la Segunda Sala Penal (con Ilave García como su titular) ratificó la decisión del magistrado Guzmán Tasayco.
Cuando el expediente de la causa subió al mencionado despacho para el proceso oral, Ilave participó como vocal en lugar de excusarse pese a que ya conocía el proceso, lo cual está prohibido por normas del Poder Judicial.EDUARDO SALAS G. Expreso
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A PROPÓSITO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES. (5)Derecho a tener un hijo siendo preso (en Inglaterra, sancionan el sistema penitenciario por violatorio de dererechos) (5)Los problemas familiares son imposibles si hay dinero de por medio (el caso de los Tudela) (5)Restitución internacional de niños sustraidos por sus progenitores (5)Descalabro ambiental peruano (todos los municipios son contaminantes) (5)
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