El Comercio| IDL y defensa del suboficial de Marina (r) Teodorico Bernabé expusieron durante 90 minutos en la audiencia que se llevó a cabo en el Tribunal Constitucional


(elcomercio.com.pe).- El Tribunal Constitucional (TC) decidió hoy que en 30 días hábiles determinará si ratifica o no el hábeas corpus que declaró fundado la prescripción de los delitos del ex suboficial de la Marina (r) Teodorico Bernabé, uno de los 24 denunciados por la muerte de senderistas en el motín del penal El Frontón ocurrida en 1986, durante el primer gobierno del actual presidente Alan García Pérez.

La importancia de la sentencia que otorgará el TC es si son imprescriptibles o no los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la mencionada cárcel.

En la audiencia de hoy el Instituto de Defensa Legal (IDL) participó en calidad representación de los familiares de las víctimas Nolberto Durand y Gabriel Ugarte, quienes argumentan que los crímenes no han prescrito.

Por el contrario, Sergio Tapia, abogado del suboficial de Marina (r) Teodorico Bernabé indica que los crímenes sí han prescrito.

Según informó el periodista de El Comercio, Italo Sifuentes, que cubrió el evento, ambas partes expusieron por hora y media sus posiciones desde las 10:30 a.m. Al final de la audiencia el TC dejó al voto la resolución.

Durante la audiencia el abogado de Teodorico Bernabé pidió el retiro del presidente del TC Carlos Mesías y de los vocales César Landa y Ricardo Beaumont por haber aceptado a trámite el hábeas corpus en cuestión.

Durante la audiencia, el magistrado César Landa interrogó al abogado Sergio Tapia y este se quejó de no tener el mismo tiempo que tuvo para exponer la parte contraria, es decir el IDL y la procuraduría del Ministerio Público.

Fue entonces cuando el presidente del TC le pidió a Landa que diera las mismas oportunidades a Sergio Tapia.

Entre otros incidentes, el presidente del TC le recordó al abogado del IDL Juan Carlos Ruiz Mollera que estaba prohibido declarar mientras duraba el proceso, ello en relación a sus opiniones vertidas en la publicación de hoy en el diario El Comercio. No obstante, el letrado fue entrevistado el lunes 26, en la víspera de la audiencia.

Carlos Mesía, ex militante del Apra, cerró el capítulo indicando que ningún medio iba a presionar al TC.

Canal 7 hostiga a reportera que filmó a Arana
Del Castillo niega que el Ejecutivo coarte la libertad de expresión.



Se fue. Chaud prefirió salir del canal 7 tras sentirse humillada por ex jefes.

La periodista Laura Chaud renunció a Canal 7 por considerar que la televisora del Estado responde a directivas de altos funcionarios del gobierno, quienes estarían manipulando el tipo de información que a través de ese medio se difunde.

El viernes pasado, Chaud cubría actividades de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y recibió la orden de retirarse de inmediato del local luego de que hiciera comentarios sobre la presencia en esa sede del controversial jefe del Foncodes, Carlos Arana, a quien su camarógrafo hizo algunas tomas.

Según la versión de la periodista, el funcionario de la PCM Edmundo Gonzales habría llamado de inmediato a Canal 7 para exigir que ella sea retirada del local. Incluso, posteriormente se le habría referido que la situación estaba relacionada con los comentarios que hizo respecto de Arana.

Un día después, la periodista fue retirada de una nueva comisión relacionada con la PCM y la explicación que se le dio fue que era "para evitar problemas".

Tras esos sucesos, la periodista renunció, pues –dijo– le quedaba claro que el Canal 7 recibe fuerte presión del gobierno, que le da directivas para la línea periodística.

Laura Chaud afirmó sin dificultad que anteriormente no había tenido problemas en el Canal 7, pero que el viernes y sábado últimos se sintió "humillada".

EL DATO

Responde. El premier Jorge del Castillo afirmó que el gobierno aprista profesa la democracia, y que parte de ella es la libertad de expresión, por lo que negó que el gobierno tenga algo que ver con lo sucedido a la periodista Laura Chaud.

NOTA

El EStado tal vés no, pero sí el amigo de Agustin Mantilla (el que cobró plata de Montesinos para la campaña aprista)

CNM tendrá dura labor al elegir a fiscales supremos
El Comercio | De los seis postulantes aptos, dos tienen cercanía con el FIM y con el Apra, respectivamente.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se abocará, en los siguientes días, a revisar minuciosamente toda información pública, judicial y policial que pudiera existir en relación con los seis candidatos que pasaron a la segunda etapa del concurso para ocupar dos plazas como fiscal supremo, informó Perú21.

La tarea del CNM estará en la mira de varios sectores, especialmente los vinculados a temas de derechos humanos, pues uno de los dos elegidos será el que revise la sentencia que se dicte a Alberto Fujimori por las matanzas de La Cantuta y de Barrios Altos ante una eventual apelación de dicho fallo.

Esto debido a que la ley ordena que las apelaciones en la máxima instancia del Ministerio Público deben ser examinadas por el fiscal supremo menos antiguo.

Actualmente, el fiscal supremo menos antiguo es Pablo Sánchez Velarde, quien tiene una reconocida independencia. Sin embargo, cuando se elija a sus dos pares, Sánchez quedará relegado de dicha condición y ya no podrá examinar el proceso a Fujimori.

Antecedentes
Como informó en la víspera el matutino, en la relación de postulantes figura el vocal superior Raúl Valdez Roca, así como los fiscales anticorrupción Carlos Ramos Heredia y Pedro Angulo Arana. Asimismo, el procurador del Poder Judicial, Segundo Vitery Rodríguez, y los abogados Carlos Moyano Dietrich y Julio Quintanilla Loaiza. De los seis postulantes, por lo menos a dos se les atribuye cercanía con partidos políticos.

Se trata de Julio Quintanilla y de Segundo Vitery. El primero fue candidato al Congreso por el Frente Independiente Moralizador (FIM) en 2001. Inclusive, al no lograr una curul, fue nombrado agente del Estado en el caso El Frontón. En ese momento, el ministro de Justicia era el líder de ese partido, Fernando Olivera.

Vitery, trujillano de nacimiento, es muy allegado al Apra. Así lo manifiestan quienes lo conocen. Es, además, muy amigo del ex presidente del Poder Judicial Walter Vásquez Vejarano, también trujillano y tío de la suspendida parlamentaria aprista Tula Benites, quien tiene un proceso pendiente en la Corte Suprema.

Vitery, sin embargo, también fue vinculado a un presunto acto irregular en su condición de procurador del Poder Judicial. Este diario publicó, el viernes 16 de mayo de 2007, que desde su procuraduría se defendió a un procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Ardua labor, pues, la que tendrá el CNM en este proceso.

Aprueban proyecto que endurece penas para infractores de tránsito
| El dictamen precisa que las sanciones irán desde amonestaciones y multas, hasta la inhabilitación para el servicio de transporte


(Andina).- La Comisión de Transportes del Congreso aprobó hoy por unanimidad un proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, que endurece las penas para las empresas y los operadores que incurran en infracciones a las normas de transporte y tránsito terrestres.

Ello con la finalidad de evitar que se sigan produciendo accidentes fatales en las carreteras.

A través del mismo se establece que la transgresión a tales disposiciones puede dar origen hasta a la cancelación del permiso para brindar este servicio, con lo cual se sancionaría no sólo a los malos conductores sino también a las empresas de transportes para las que trabajan.

El dictamen precisa que las sanciones respectivas irán desde las amonestaciones y multas, hasta la cancelación de la concesión respectiva y la inhabilitación para el servicio de transporte, o para realizar las actividades vinculadas al tránsito terrestre.

La disposición -que modifica diversos artículos de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre- contempla como medidas preventivas la retención de la licencia de conducir, el internamiento del vehículo, la clausura temporal del local (en donde funciona la empresa infractora).

También, establece la suspensión precautoria del servicio y de la habilitación vehicular, así como la paralización de la actividad relacionada con el transporte de pasajeros.

De igual manera, se precisa que el reglamento nacional correspondiente establece las consecuencias en caso de reiteración o acumulación de infracciones, así como de las medidas preventivas.

Por otro lado, la referida comisión, que preside el congresista José Maslucán, acordó invitar para el próximo martes a la ministra de Transportes, Verónica Zavala, y al alcalde de Lima, José Castañeda, a fin de que informen lo referido al tema de las revisiones técnicas.

El Comercio | En esta causa se demostrará si dicho organismo cede o no a presiones, según el IDL

Jornada clave la de hoy en el Tribunal Constitucional (TC). El pleno de dicho organismo se reúne desde las 9:30 de la mañana, sesión en la cual está programada la vista de la causa del hábeas corpus presentado por el suboficial de Marina (r) Teodorico Bernabé Montoya.

Este suboficial en situación de retiro es uno de los 24 denunciados por las muertes ocurridas durante el debelamiento del motín del penal El Frontón, en junio de 1986.

Dicho hábeas corpus fue declarado fundado por la Tercera Sala Penal con Reos Libres, bajo el argumento de que el Caso El Frontón había prescrito.

Por tal razón, la discusión de fondo que abrirán los magistrados del TC se centrará en la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el mencionado establecimiento penitenciario.

Juan Carlos Ruiz, miembro del Instituto de Defensa Legal (IDL), mencionó que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que considera inadmisibles las disposiciones de amnistía y de prescripción que pretendan impedir la sanción de los responsables de graves violaciones de DD.HH.

El IDL participará en la vista de la causa en calidad de representante de los familiares de las víctimas Nolberto Durand Vargas y Gabriel Ugarte Rivera.

Ruiz opinó que en esta causa "quedará claro si el tribunal cede a la presión del Gobierno con un posible archivamiento".

Los hechos de El Frontón ocurrieron durante el primer gobierno del actual presidente de la República, Alan García.

Como se sabe, el titular del TC, Carlos Mesía, ha sido militante aprista. Trascendió que su antecesor, César Landa, habría dejado el cargo hace unas semanas justamente por discrepancias en torno de este caso.