Vásquez Cortez podría ser investigada por el CNM
Expreso
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) evalúa desde ayer la posibilidad de someter a una investigación preliminar a la jefa de la Oficina Nacional de la Magistratura (Ocma), Elcira Vásquez Cortez, por pretender obligar a un juez para que atendiera –en horario inusual y prohibido– a la ex contralora y ex decana del Colegio de Abogados de Lima, Luz Aúrea Sáenz Arana.
Fuentes allegadas al máximo organismo del país para nombrar y destituir fiscales y jueces, dejaron entrever que el pleno del CNM se reunirá este jueves, donde se verán las medidas por adoptarse respecto a ese inusual caso protagonizado por la titular del ente fiscalizador de la justicia.
“Cualquiera de los siete consejeros del CNM está facultado por ley a presentar su pedido para iniciar la indagatoria correspondiente (con los recortes periodísticos y del segmento televisivo del caso), respecto a la conducta mostrada por la jefa de la Ocma en su afán de que la señorita Sáenz Arana sea atendida irregularmente por el juez David Abanto”, reseñó una fuente de crédito.
No se descarta que, si el CNM decidiera abrir una investigación preliminar sobre los hechos anotados, el presidente interino de la Corte Superior de Lima al momento de los hechos (diciembre de 2007), César Vega Vega, sea llamado a declarar sobre el particular.
Expreso
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) evalúa desde ayer la posibilidad de someter a una investigación preliminar a la jefa de la Oficina Nacional de la Magistratura (Ocma), Elcira Vásquez Cortez, por pretender obligar a un juez para que atendiera –en horario inusual y prohibido– a la ex contralora y ex decana del Colegio de Abogados de Lima, Luz Aúrea Sáenz Arana.
Fuentes allegadas al máximo organismo del país para nombrar y destituir fiscales y jueces, dejaron entrever que el pleno del CNM se reunirá este jueves, donde se verán las medidas por adoptarse respecto a ese inusual caso protagonizado por la titular del ente fiscalizador de la justicia.
“Cualquiera de los siete consejeros del CNM está facultado por ley a presentar su pedido para iniciar la indagatoria correspondiente (con los recortes periodísticos y del segmento televisivo del caso), respecto a la conducta mostrada por la jefa de la Ocma en su afán de que la señorita Sáenz Arana sea atendida irregularmente por el juez David Abanto”, reseñó una fuente de crédito.
No se descarta que, si el CNM decidiera abrir una investigación preliminar sobre los hechos anotados, el presidente interino de la Corte Superior de Lima al momento de los hechos (diciembre de 2007), César Vega Vega, sea llamado a declarar sobre el particular.
Hoy inician procesos sumarios en contra de Anaya y Sucari
En subcomisión de acusaciones constitucionales. El grupo admitiría las denuncias y pediría a peritos la revisión de las pruebas. Procesos acabarían con sanción ejemplar, dice Moyano.
Ana Núñez. La República
En capilla. Nueva gestión en el Congreso quiere usar los casos de Margarita Sucari y José Anaya para reivindicarse.
Quizá para enfrentar las críticas sobre un supuesto espíritu de cuerpo del Parlamento a favor de legisladores que son objeto de diferentes denuncias, la recién instalada subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó iniciar hoy, en sesión extraordinaria, las investigaciones contra los upepistas Margarita Sucari y José Anaya.
Ambos legisladores, como se recuerda, han sido denunciados constitucionalmente por la Procuraduría de este Poder del Estado, por lo que podrían ser desaforados y tener que enfrentar un proceso judicial en el caso de que el grupo presidido por la fujimorista Martha Moyano encuentre indicios de la comisión de delito.
SUPUESTOS DELITOS
Sucari ha sido denunciada por la presunta comisión de los delitos de concusión y falsedad genérica al haber recortado los sueldos de una funcionaria de su despacho para, supuestamente, pagar a otros trabajadores que no figuran en la planilla del Legislativo.
Anaya, por su parte, fue denunciado el viernes por la supuesta comisión de los delitos de falsa declaración en proceso administrativo, falsedad genérica y peculado, al haber falsificado boletas al rendir sus gastos operativos.
Sobre ambos casos, Moyano indicó que, para realizar las indagaciones con celeridad, el grupo que preside determinó que se realizarán procesos sumarios, en los que no se vulnerará el debido proceso.
La congresista fujimorista adelantó que hoy la subcomisión admitiría las demandas y procedería a hacer las calificaciones de cada una de ellas. Moyano indicó que, como presidenta de la comisión, podría encargar de inmediato la revisión de las pruebas al o a los peritos correspondientes.
"Este será un proceso rápido. Las pruebas están ahí, no hay tanto de dónde indagar", comentó la legisladora respecto del caso Anaya.
Moyano agregó, no obstante, que la subcomisión que preside recibirá la declaración de los funcionarios administrativos encargados de recibir los documentos que presentan los parlamentarios para rendir sus gastos operativos.
Aunque no quiso adelantar opinión, la fujimorista indicó que el solo hecho de que el grupo sesione de inmediato expresa una posición, y que el proceso debería concluir con una "medida ejemplar".
CLAVES
Aclara. El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, negó que exista algún espíritu de cuerpo en favor del congresista Anaya.
Más grave. Por el contrario, dijo el legislador, se ha denunciado un hecho más grave, como es la posible comisión de clonación de documentos por el parlamentario que es materia de investigación.
Mañana se ven casos en Ética
1) En paralelo al proceso que se inicia en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la comisión de Ética iniciará mañana la investigación al parlamentario José Anaya. Este grupo debe determinar si el legislador vulneró alguna norma ética y si por ello es pasible de ser suspendido en su función parlamentaria temporalmente y sin goce de haber.
2) Para mañana también fue citada por tercera vez la congresista Margarita Sucari, quien la semana pasada presentó a la Mesa Directiva un certificado médico para justificar su inasistencia a la comisión que preside Elizabeth León.
3) La titular del grupo parlamentario ha adelantado, no obstante, que en el caso de que algún parlamentario investigado no acuda tras tres citaciones, la comisión emitirá su informe sin tomar en cuenta esos descargos.
En subcomisión de acusaciones constitucionales. El grupo admitiría las denuncias y pediría a peritos la revisión de las pruebas. Procesos acabarían con sanción ejemplar, dice Moyano.
Ana Núñez. La República
En capilla. Nueva gestión en el Congreso quiere usar los casos de Margarita Sucari y José Anaya para reivindicarse.
Quizá para enfrentar las críticas sobre un supuesto espíritu de cuerpo del Parlamento a favor de legisladores que son objeto de diferentes denuncias, la recién instalada subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó iniciar hoy, en sesión extraordinaria, las investigaciones contra los upepistas Margarita Sucari y José Anaya.
Ambos legisladores, como se recuerda, han sido denunciados constitucionalmente por la Procuraduría de este Poder del Estado, por lo que podrían ser desaforados y tener que enfrentar un proceso judicial en el caso de que el grupo presidido por la fujimorista Martha Moyano encuentre indicios de la comisión de delito.
SUPUESTOS DELITOS
Sucari ha sido denunciada por la presunta comisión de los delitos de concusión y falsedad genérica al haber recortado los sueldos de una funcionaria de su despacho para, supuestamente, pagar a otros trabajadores que no figuran en la planilla del Legislativo.
Anaya, por su parte, fue denunciado el viernes por la supuesta comisión de los delitos de falsa declaración en proceso administrativo, falsedad genérica y peculado, al haber falsificado boletas al rendir sus gastos operativos.
Sobre ambos casos, Moyano indicó que, para realizar las indagaciones con celeridad, el grupo que preside determinó que se realizarán procesos sumarios, en los que no se vulnerará el debido proceso.
La congresista fujimorista adelantó que hoy la subcomisión admitiría las demandas y procedería a hacer las calificaciones de cada una de ellas. Moyano indicó que, como presidenta de la comisión, podría encargar de inmediato la revisión de las pruebas al o a los peritos correspondientes.
"Este será un proceso rápido. Las pruebas están ahí, no hay tanto de dónde indagar", comentó la legisladora respecto del caso Anaya.
Moyano agregó, no obstante, que la subcomisión que preside recibirá la declaración de los funcionarios administrativos encargados de recibir los documentos que presentan los parlamentarios para rendir sus gastos operativos.
Aunque no quiso adelantar opinión, la fujimorista indicó que el solo hecho de que el grupo sesione de inmediato expresa una posición, y que el proceso debería concluir con una "medida ejemplar".
CLAVES
Aclara. El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, negó que exista algún espíritu de cuerpo en favor del congresista Anaya.
Más grave. Por el contrario, dijo el legislador, se ha denunciado un hecho más grave, como es la posible comisión de clonación de documentos por el parlamentario que es materia de investigación.
Mañana se ven casos en Ética
1) En paralelo al proceso que se inicia en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la comisión de Ética iniciará mañana la investigación al parlamentario José Anaya. Este grupo debe determinar si el legislador vulneró alguna norma ética y si por ello es pasible de ser suspendido en su función parlamentaria temporalmente y sin goce de haber.
2) Para mañana también fue citada por tercera vez la congresista Margarita Sucari, quien la semana pasada presentó a la Mesa Directiva un certificado médico para justificar su inasistencia a la comisión que preside Elizabeth León.
3) La titular del grupo parlamentario ha adelantado, no obstante, que en el caso de que algún parlamentario investigado no acuda tras tres citaciones, la comisión emitirá su informe sin tomar en cuenta esos descargos.
Suprema pide ampliar investigación a Benites
El Comercio
Fiscalía Suprema deberá pronunciarse si acepta o no que este plazo se amplíe o se programe una fecha para el juicio oral
La Corte Suprema está a la espera de que la Fiscalía de la Nación le otorgue un mayor plazo para culminar la investigación judicial que se le sigue a Tula Benites, la desaforada congresista del Partido Aprista, por la contratación de un empleado 'fantasma'.
Así lo informó el procurador del Parlamento, Julio Ubillús, quien explicó que el pedido de ampliación se debe a que los plazos de la etapa de instrucción concluyeron sin realizarse todas las diligencias programadas, como recoger algunos testimonios.
"La Fiscalía Suprema deberá pronunciarse si acepta o no que este plazo se amplíe o se programe una fecha para el juicio oral", declaró Ubillús a la agencia Andina.
Como se recuerda, Benites es procesada por los delitos de colusión, peculado y falsedad genérica por el vocal supremo instructor Carlos Zecenarro, luego de que Perú.21 denunciara que la legisladora aprista contrató irregularmente a Juan Carlos Noriega para que realizara labores en su despacho parlamentario.
Tras una exhaustiva investigación, se comprobó que Noriega no había acudido ni un solo día a laborar al Congreso y, aun así, recibió remuneraciones en forma normal. Después de un intento del oficialismo de impedir una sanción en su contra, Tula Benites fue desaforada del Parlamento y, ahora, afronta un proceso en el Poder Judicial.
El Comercio
Fiscalía Suprema deberá pronunciarse si acepta o no que este plazo se amplíe o se programe una fecha para el juicio oral
La Corte Suprema está a la espera de que la Fiscalía de la Nación le otorgue un mayor plazo para culminar la investigación judicial que se le sigue a Tula Benites, la desaforada congresista del Partido Aprista, por la contratación de un empleado 'fantasma'.
Así lo informó el procurador del Parlamento, Julio Ubillús, quien explicó que el pedido de ampliación se debe a que los plazos de la etapa de instrucción concluyeron sin realizarse todas las diligencias programadas, como recoger algunos testimonios.
"La Fiscalía Suprema deberá pronunciarse si acepta o no que este plazo se amplíe o se programe una fecha para el juicio oral", declaró Ubillús a la agencia Andina.
Como se recuerda, Benites es procesada por los delitos de colusión, peculado y falsedad genérica por el vocal supremo instructor Carlos Zecenarro, luego de que Perú.21 denunciara que la legisladora aprista contrató irregularmente a Juan Carlos Noriega para que realizara labores en su despacho parlamentario.
Tras una exhaustiva investigación, se comprobó que Noriega no había acudido ni un solo día a laborar al Congreso y, aun así, recibió remuneraciones en forma normal. Después de un intento del oficialismo de impedir una sanción en su contra, Tula Benites fue desaforada del Parlamento y, ahora, afronta un proceso en el Poder Judicial.
Aprobación presidencial de 4% atizaría los conflictos sociales
Situación de Alan García se agravaría en el sur. Rechazo puede complicarse aún más con crisis energética.
Impaciencia. Población del sur del país no tolera desatención del gobierno.
Kelly Castillo. Arequipa. La República.
En el sur no hay duda de las causas del 4% de aprobación que registra el presidente Alan García en este punto del país. La política económica, el incumplimiento de promesas y la desatención a problemas sociales son razones que señalan el sociólogo Alipio Montes y el dirigente laboral Bernardo Dolmos.
"El discurso de julio fue el detonante, una desilusión para el pueblo. No se habló de estrategias para controlar la inflacionario, no se dijo una palabra sobre lucha anticorrupción. El presidente sigue gobernando con autoritarismo, prepotencia y testarudez", dijoMontes.
El estudioso advirtió, además, que la insatisfacción del pueblo podría acentuarse con la crisis energética.
"Tener ese nivel de desaprobación podría agravar los conflictos sociales, las protestas en el sur y generar un desgobierno", agregó.
Dolmos, vicepresidente de la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco, consideró por su lado que la razón principal del bajo nivel de aprobación presidencial en el sur se debe al incumplimiento de promesas electorales y a la decisión del gobierno de no aumentar sueldos y salarios.
"Se sigue gobernando para los ricos", acusó el dirigente.
El DATO
Receta. Según Montes, urge replantear el esquema tributario, crear impuesto a sobreganancias, otorgar subsidios a alimentos y combustibles para los pobres, y reforzar los programas sociales.
Situación de Alan García se agravaría en el sur. Rechazo puede complicarse aún más con crisis energética.
Impaciencia. Población del sur del país no tolera desatención del gobierno.
Kelly Castillo. Arequipa. La República.
En el sur no hay duda de las causas del 4% de aprobación que registra el presidente Alan García en este punto del país. La política económica, el incumplimiento de promesas y la desatención a problemas sociales son razones que señalan el sociólogo Alipio Montes y el dirigente laboral Bernardo Dolmos.
"El discurso de julio fue el detonante, una desilusión para el pueblo. No se habló de estrategias para controlar la inflacionario, no se dijo una palabra sobre lucha anticorrupción. El presidente sigue gobernando con autoritarismo, prepotencia y testarudez", dijoMontes.
El estudioso advirtió, además, que la insatisfacción del pueblo podría acentuarse con la crisis energética.
"Tener ese nivel de desaprobación podría agravar los conflictos sociales, las protestas en el sur y generar un desgobierno", agregó.
Dolmos, vicepresidente de la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco, consideró por su lado que la razón principal del bajo nivel de aprobación presidencial en el sur se debe al incumplimiento de promesas electorales y a la decisión del gobierno de no aumentar sueldos y salarios.
"Se sigue gobernando para los ricos", acusó el dirigente.
El DATO
Receta. Según Montes, urge replantear el esquema tributario, crear impuesto a sobreganancias, otorgar subsidios a alimentos y combustibles para los pobres, y reforzar los programas sociales.
19/08/08: Otro otorongo en problemas: Víctor Isla
Denunciarían a nacionalista Víctor Isla
LA República
Tras los cuestionamientos del premier Jorge del Castillo al congresista nacionalista Víctor Isla por su supuesto protagonismo en la mesa de diálogo con los nativos, el Apra ya habla de la posibilidad de denunciarlo.
La congresista aprista Mercedes Cabanillas manifestó que el legislador humalista podría pasar al fuero judicial si se comprueba que frustró la conversación con los indígenas y que, por ello, se desencadenó en acciones violentas.
Cabanillas dijo a Radio Nacional que "aprovechadores políticos del humalismo han boicoteado la suscripción del acta de entendimiento". Lamentó, en esa línea, el accionar de cierto sector de la oposición en los conflictos sociales.
LA CLAVE
RATIFICA. El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, reiteró que fue Víctor Isla quien llamó a los dirigentes nativos para frustrar la reunión en San Lorenzo, Loreto.
LA República
Tras los cuestionamientos del premier Jorge del Castillo al congresista nacionalista Víctor Isla por su supuesto protagonismo en la mesa de diálogo con los nativos, el Apra ya habla de la posibilidad de denunciarlo.
La congresista aprista Mercedes Cabanillas manifestó que el legislador humalista podría pasar al fuero judicial si se comprueba que frustró la conversación con los indígenas y que, por ello, se desencadenó en acciones violentas.
Cabanillas dijo a Radio Nacional que "aprovechadores políticos del humalismo han boicoteado la suscripción del acta de entendimiento". Lamentó, en esa línea, el accionar de cierto sector de la oposición en los conflictos sociales.
LA CLAVE
RATIFICA. El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, reiteró que fue Víctor Isla quien llamó a los dirigentes nativos para frustrar la reunión en San Lorenzo, Loreto.
El Comercio| Califica de rebelde al Congreso por insistir en promulgar algunos artículos de ley lesiva
Por Óscar Castilla C.
Pronunciamiento contundente. El Tribunal Constitucional (TC), presidido por Carlos Mesía, calificó de inaplicable parte de la cuestionada Ley 29182 de Organización y Funciones de la Justicia Militar Policial, y además declaró en "rebeldía legislativa" al Congreso de la República por emitir dicha norma en enero de este año.
De esta forma, el supremo intérprete de la Constitución dejó sin piso al Parlamento por haber expedido una norma que contenía artículos que habían sido declarados inconstitucionales en anteriores fallos del TC, entre ellos la disposición de que jueces y fiscales del fuero castrense y policial sean oficiales en actividad.
El demoledor fallo del TC, aunque no lo dice específicamente, también alcanza al Poder Ejecutivo, que promulgó esta norma, así como a la Comisión de Defensa del Congreso, que elaboró dicha ley cuando su titular era Mercedes Cabanillas, y al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), general EP Juan Ramos Espinoza. Ambos fueron los principales defensores e impulsores de la norma cuestionada.
LOS MOTIVOS DEL TRIBUNAL
El fallo del TC dice lo siguiente: "Esta nueva ley no solo vulnera la autoridad de cosa juzgada establecida en la Constitución (en lo que se refiere a las sentencias del TC) sino que también constituye un abierto desacato a tales pronunciamientos. Además, supone una situación de rebeldía, dado que el Congreso incumple su deber de legislar". La resolución es firmada por Carlos Mesía, Juan Vergara y Ernesto Álvarez.
La resolución también señala que la norma es lesiva y deja sin efecto parte del artículo 19 de la ley, que dice que el cargo de juez militar o policial es ocupado por un teniente coronel o comandante en actividad. Además declara inaplicable la segunda disposición transitoria referida a la continuidad del CSJM y sus diferentes organismos.
Cabe indicar que el TC emitió este fallo como parte del hábeas corpus interpuesto por Richard Condori contra el comandante FAP Mariano Centeno Pantoja, quien se desempeñó como juez de dicho instituto castrense. La resolución, además, fue favorable al demandante.
PRECISIONES
El quid del asunto
Los artículos criticados en la Ley 29182 son los referidos a que el presidente de la República tiene la facultad de nombrar a los vocales y fiscales supremos militares y a que estos deberán ser oficiales en actividad.
Debe nombrar el CNM
Sin embargo, el Tribunal Constitucional dispuso en fallos anteriores que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) nombrara a los jueces castrenses en el cargo y que ellos sean militares en retiro.
Por Óscar Castilla C.
Pronunciamiento contundente. El Tribunal Constitucional (TC), presidido por Carlos Mesía, calificó de inaplicable parte de la cuestionada Ley 29182 de Organización y Funciones de la Justicia Militar Policial, y además declaró en "rebeldía legislativa" al Congreso de la República por emitir dicha norma en enero de este año.
De esta forma, el supremo intérprete de la Constitución dejó sin piso al Parlamento por haber expedido una norma que contenía artículos que habían sido declarados inconstitucionales en anteriores fallos del TC, entre ellos la disposición de que jueces y fiscales del fuero castrense y policial sean oficiales en actividad.
El demoledor fallo del TC, aunque no lo dice específicamente, también alcanza al Poder Ejecutivo, que promulgó esta norma, así como a la Comisión de Defensa del Congreso, que elaboró dicha ley cuando su titular era Mercedes Cabanillas, y al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), general EP Juan Ramos Espinoza. Ambos fueron los principales defensores e impulsores de la norma cuestionada.
LOS MOTIVOS DEL TRIBUNAL
El fallo del TC dice lo siguiente: "Esta nueva ley no solo vulnera la autoridad de cosa juzgada establecida en la Constitución (en lo que se refiere a las sentencias del TC) sino que también constituye un abierto desacato a tales pronunciamientos. Además, supone una situación de rebeldía, dado que el Congreso incumple su deber de legislar". La resolución es firmada por Carlos Mesía, Juan Vergara y Ernesto Álvarez.
La resolución también señala que la norma es lesiva y deja sin efecto parte del artículo 19 de la ley, que dice que el cargo de juez militar o policial es ocupado por un teniente coronel o comandante en actividad. Además declara inaplicable la segunda disposición transitoria referida a la continuidad del CSJM y sus diferentes organismos.
Cabe indicar que el TC emitió este fallo como parte del hábeas corpus interpuesto por Richard Condori contra el comandante FAP Mariano Centeno Pantoja, quien se desempeñó como juez de dicho instituto castrense. La resolución, además, fue favorable al demandante.
PRECISIONES
El quid del asunto
Los artículos criticados en la Ley 29182 son los referidos a que el presidente de la República tiene la facultad de nombrar a los vocales y fiscales supremos militares y a que estos deberán ser oficiales en actividad.
Debe nombrar el CNM
Sin embargo, el Tribunal Constitucional dispuso en fallos anteriores que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) nombrara a los jueces castrenses en el cargo y que ellos sean militares en retiro.
Categoría: Artículos de política
Publicado por: mbermudez
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La ministra Fernández: Comunidades nativas pueden decidir sobre sus tierras
La titular del sector Justicia indicó que los decretos legislativos 1015 y 1073 no violan sus derechos. Se ha difundido información distorsionada, dijo
(Andina).- La ministra de Justicia, Rosario Fernández, aclaró esta noche que los decretos legislativos N° 1015 y 1073 no violan los derechos de las comunidades nativas, al subrayar que dicho marco normativo les permite decidir "libremente" sobre el destino de sus tierras.
"El destino de las tierras de las comunidades nativas y campesinas pasa necesariamente por la decisión voluntaria de los nativos y campesinos. No hay nada que alguien pueda hacer que no pase por la voluntad de ellos", remarcó.
La titular de Justicia refirió que nadie puede obligar a algún poblador a vender una propiedad y recalcó que para que ocurra dicha transacción se debe expresar la voluntad de ambas partes, que luego se materializa en un acto positivo, acorde con la ley y los preceptos constitucionales.
"No hay ningún solo elemento en dicha norma que sea extraño, ajeno y distinto a los propios comuneros (.) Todos los elementos de estas dos normas pasan por el ejercicio libre de la voluntad de los comuneros. Que nadie los engañe", enfatizó.
Del mismo modo, señaló que el referido marco normativo busca incluir a las comunidades nativas en forma "ágil" y económicamente activa al sistema formal del Estado.
Incluso -indicó- los representantes de los comuneros han recurrido al sistema formal del Estado, a través del Tribunal Constitucional (TC) cuando plantearon la demanda de inconstitucionalidad al decreto legislativo N° 1015.
Aseveró que el Gobierno respetará "escrupulosamente" la decisión del Tribunal Constitucional respecto a la acción de inconstitucionalidad presentada contra dicho dispositivo.
"Consideramos que muy buena parte de lo que está ocurriendo se debe particularmente a una información distorsionada, hecha de una manera deliberada, probablemente para hacer aparecer a esos decretos legislativos como armas letales contra los derechos de los comuneros, y no hay nada más alejado de la verdad. Eso es falso", agregó.
La ministra de Justicia participó esta noche en una conferencia de prensa junto al jefe del Gabinete, Jorge del Castillo, y los titulares de Defensa, Ántero Flores-Aráoz; de Agricultura, Ismael Benavides y del Ambiente, Antonio Brack.
La titular del sector Justicia indicó que los decretos legislativos 1015 y 1073 no violan sus derechos. Se ha difundido información distorsionada, dijo
(Andina).- La ministra de Justicia, Rosario Fernández, aclaró esta noche que los decretos legislativos N° 1015 y 1073 no violan los derechos de las comunidades nativas, al subrayar que dicho marco normativo les permite decidir "libremente" sobre el destino de sus tierras.
"El destino de las tierras de las comunidades nativas y campesinas pasa necesariamente por la decisión voluntaria de los nativos y campesinos. No hay nada que alguien pueda hacer que no pase por la voluntad de ellos", remarcó.
La titular de Justicia refirió que nadie puede obligar a algún poblador a vender una propiedad y recalcó que para que ocurra dicha transacción se debe expresar la voluntad de ambas partes, que luego se materializa en un acto positivo, acorde con la ley y los preceptos constitucionales.
"No hay ningún solo elemento en dicha norma que sea extraño, ajeno y distinto a los propios comuneros (.) Todos los elementos de estas dos normas pasan por el ejercicio libre de la voluntad de los comuneros. Que nadie los engañe", enfatizó.
Del mismo modo, señaló que el referido marco normativo busca incluir a las comunidades nativas en forma "ágil" y económicamente activa al sistema formal del Estado.
Incluso -indicó- los representantes de los comuneros han recurrido al sistema formal del Estado, a través del Tribunal Constitucional (TC) cuando plantearon la demanda de inconstitucionalidad al decreto legislativo N° 1015.
Aseveró que el Gobierno respetará "escrupulosamente" la decisión del Tribunal Constitucional respecto a la acción de inconstitucionalidad presentada contra dicho dispositivo.
"Consideramos que muy buena parte de lo que está ocurriendo se debe particularmente a una información distorsionada, hecha de una manera deliberada, probablemente para hacer aparecer a esos decretos legislativos como armas letales contra los derechos de los comuneros, y no hay nada más alejado de la verdad. Eso es falso", agregó.
La ministra de Justicia participó esta noche en una conferencia de prensa junto al jefe del Gabinete, Jorge del Castillo, y los titulares de Defensa, Ántero Flores-Aráoz; de Agricultura, Ismael Benavides y del Ambiente, Antonio Brack.
Indígenas desafían estado de emergencia declarado por Gobierno en Amazonía
El Comercio | 'Morir en defensa de nuestro territorio será un honor' dijo el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
(dpa) - Los indígenas peruanos que desde hace nueve días ejecutan acciones de fuerza en defensa de sus tierras no retrocederán a pesar de las medidas de emergencia del gobierno, que incluyen la orden de que las fuerzas de seguridad reimpongan el orden, según advirtió hoy uno de sus dirigentes, Alberto Pizango.
"Morir en defensa de nuestro territorio será un honor. No vamos a retroceder. Si el gobierno viene a matarnos, pues que nos mate, pero los nativos lucharán para dar a conocer al mundo que el gobierno peruano viola los derechos humanos", dijo el dirigente en diálogo telefónico con dpa desde el departamento amazónico de San Martín.
Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSEP), lamentó que el Ejecutivo, con el que se rompió el diálogo la semana pasada, "lejos de atender nuestras demandas ha decidido declarar el estado de emergencia".
"Le pedimos al gobierno no tomar medidas que puedan generar violencia y (que no) se criminalicen las protestas, ya que los pueblos nativos quieren un verdadero entendimiento porque nuestras demandas son justas", expresó Pizango en momentos en que los incidentes ya dejan al menos siete policías y dos indígenas heridos.
El gobierno del presidente Alan García declaró hoy el estado de emergencia en tres provincias y un distrito en los departamentos de Amazonas, Loreto y Cusco, lo que incluye la suspensión de garantías constitucionales, y dispuso que las fuerzas de seguridad reimpongan el orden en esas zonas.
Esa medida fue en respuesta al movimiento de los indígenas, que desde la semana pasada ocupan varias instalaciones energéticas, interrumpen el tránsito por una importante carretera y un puente y bloquean un canal de agua que alimenta una hidroeléctrica, lo que dejó sin energía eléctrica a una parte del norte del país.
Cerca de 65 etnias amazónicas, que reúnen a unos 650.000 personas, piden la derogatoria de los decretos que flexibilizan la venta de tierras porque supuestamente afectan sus derechos de propiedad y ponen en riesgo sus vidas "con el afán de implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos".
"Se busca favorecer a las transnacionales a través de la entrega de concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos y el recurso forestal sin que las comunidades nativas sean consultadas"", afirmó Pizango.
El presidente de la AIDSEP señaló que unas ocho normas son "muy lesivas" para los indígenas y pidió su derogatoria, así como el cumplimiento del convenio de la Organización Interacional de Trabajo sobre el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales.
Pizango indicó que ahora las negociaciones se harán en Lima con el Congreso, pues el ministro del Ambiente, Antonio Brack, dijo que es ese foro el que puede derogar las normas, lo que supuestamente haría innecesario el diálogo con el Ejecutivo.
El gobierno dice que los indígenas tienen una posición intransigente por influencia de líderes y asesores "ultraizquierdistas", debido a que los dirigentes nativos interrumpieron las conversaciones con Brack el viernes pasado.
El Comercio | 'Morir en defensa de nuestro territorio será un honor' dijo el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
(dpa) - Los indígenas peruanos que desde hace nueve días ejecutan acciones de fuerza en defensa de sus tierras no retrocederán a pesar de las medidas de emergencia del gobierno, que incluyen la orden de que las fuerzas de seguridad reimpongan el orden, según advirtió hoy uno de sus dirigentes, Alberto Pizango.
"Morir en defensa de nuestro territorio será un honor. No vamos a retroceder. Si el gobierno viene a matarnos, pues que nos mate, pero los nativos lucharán para dar a conocer al mundo que el gobierno peruano viola los derechos humanos", dijo el dirigente en diálogo telefónico con dpa desde el departamento amazónico de San Martín.
Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSEP), lamentó que el Ejecutivo, con el que se rompió el diálogo la semana pasada, "lejos de atender nuestras demandas ha decidido declarar el estado de emergencia".
"Le pedimos al gobierno no tomar medidas que puedan generar violencia y (que no) se criminalicen las protestas, ya que los pueblos nativos quieren un verdadero entendimiento porque nuestras demandas son justas", expresó Pizango en momentos en que los incidentes ya dejan al menos siete policías y dos indígenas heridos.
El gobierno del presidente Alan García declaró hoy el estado de emergencia en tres provincias y un distrito en los departamentos de Amazonas, Loreto y Cusco, lo que incluye la suspensión de garantías constitucionales, y dispuso que las fuerzas de seguridad reimpongan el orden en esas zonas.
Esa medida fue en respuesta al movimiento de los indígenas, que desde la semana pasada ocupan varias instalaciones energéticas, interrumpen el tránsito por una importante carretera y un puente y bloquean un canal de agua que alimenta una hidroeléctrica, lo que dejó sin energía eléctrica a una parte del norte del país.
Cerca de 65 etnias amazónicas, que reúnen a unos 650.000 personas, piden la derogatoria de los decretos que flexibilizan la venta de tierras porque supuestamente afectan sus derechos de propiedad y ponen en riesgo sus vidas "con el afán de implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos".
"Se busca favorecer a las transnacionales a través de la entrega de concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos y el recurso forestal sin que las comunidades nativas sean consultadas"", afirmó Pizango.
El presidente de la AIDSEP señaló que unas ocho normas son "muy lesivas" para los indígenas y pidió su derogatoria, así como el cumplimiento del convenio de la Organización Interacional de Trabajo sobre el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales.
Pizango indicó que ahora las negociaciones se harán en Lima con el Congreso, pues el ministro del Ambiente, Antonio Brack, dijo que es ese foro el que puede derogar las normas, lo que supuestamente haría innecesario el diálogo con el Ejecutivo.
El gobierno dice que los indígenas tienen una posición intransigente por influencia de líderes y asesores "ultraizquierdistas", debido a que los dirigentes nativos interrumpieron las conversaciones con Brack el viernes pasado.
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