Al menos cuatro ministerios funcionarán en actual local del MTC
Invertirán 90 mllns de dólares en construcción de primera gran sede gubernamental

(ANDINA).- La construcción de la primera gran sede gubernamental -que agrupará al menos a cuatro ministerios en el actual local del Ministerio de Transportes y Comunicaciones- demandará una inversión de alrededor de 90 millones de dólares, informó hoy el ministro de Vivienda, Enrique Cornejo.
Este proyecto, cuya edificación se iniciará en los próximos meses, se encuentra en plena etapa de elaboración del expediente técnico, tras haber sido aprobado por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), con la respectiva previsión presupuestal, precisó el funcionario en declaraciones a Canal N.

“Este es nuestro ‘proyecto estrella’ y representa la figura arquitectónica de las nuevas sedes gubernamentales, según el planteamiento que hicimos hace algunos meses”, recalcó Cornejo Ramírez, desde el Jockey Plaza, donde se realiza una exhibición de proyectos inmobiliarios.

Añadió que en la amplia sede donde hoy funciona el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el Cercado de Lima, se prevé construir cuatro grandes edificios adicionales donde se instalarán los ministerios de Vivienda, Energía y Minas, y Agricultura.

El titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento destacó que este importante esfuerzo por concentrar en un mismo espacio físico algunos ministerios con sus respectivos organismos se orienta a mejorar la eficiencia de la acción gubernamental en su conjunto.

En otros temas, Cornejo Ramírez detalló que, a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), se han entregado hasta la fecha alrededor de 358 mil títulos de propiedad, teniendo como meta al año 2011 el otorgamiento de 800 mil de estos títulos.

“Tenemos también más 75 mil viviendas financiadas, mejoradas o construidas y nuestra meta es llegar a las 250 mil”, manifestó el ministro

Defensoría del Pueblo: Es injusto para víctimas que se permita conciliación con agresores

(ANDINA).- La Defensoría del Pueblo recomendó al Poder Ejecutivo observar algunos extremos de la autógrafa de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar -aprobada por la Comisión Permanente del Congreso-, al considerar que es injusto para las víctimas que se permita la conciliación con sus agresores, al igual que por no incorporar este delito como autónomo en la legislación penal.
La adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán-Zegarra, expresó su especial preocupación con este nuevo dispositivo, porque la autógrafa permite el uso de la conciliación en la sede policial y que la víctima tenga que solicitar la variación de la medida de su protección, en lugar de que ésta sea dispuesta de oficio por el juez.

Sostuvo que al existir la posibilidad de una conciliación, se coloca en situación de desventaja a la víctima respecto de su agresor y esa situación no permite un acuerdo conciliatorio justo.

Por ello, afirmó, la vulneración de los derechos fundamentales que se produce en este contexto merece un pronunciamiento estatal.

Según la especialista, si una resolución judicial establece como medida de protección el tratamiento del agresor y éste no cumple el mandato judicial, el juez puede variar dicha medida por una más rigurosa sólo de oficio y sin necesidad de solicitud de la víctima.


Por otro lado, Fernán-Zegarra lamentó también que la norma aprobada por el Legislativo no haya incorporado la violencia familiar como delictivo autónomo y, por el contrario, dispone sancionarla mediante las figuras penales tradicionales como lesiones y faltas contra la persona.

Reiteró la recomendación defensorial de incorporar en la legislación penal la violencia familiar como un delito autónomo y, además, que no se exija ni la cuantificación del daño ni la habitualidad del acto violento para considerarlo como delito.

Recordó que estas recomendaciones se hicieron llegar en su momento al Congreso de la República, mediante los Informes Defensoriales N° 95 denominado: ‘La protección penal frente a la violencia familiar en el Perú’, y N° 110 titulado: ‘Violencia familiar: un análisis desde el derecho penal’.

De esta manera –dijo la adjunta de la Defensoría del Pueblo– se contribuirá eficazmente a garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales de las personas víctimas de violencia familiar, que en su mayoría son mujeres.

El Texto Único Ordenado de Ley de Protección frente a la Violencia Familiar fue aprobado el 2 de julio, con el propósito de que el Estado cumpla con garantizar el derecho de toda persona a una vida libre de violencia. El Ejecutivo tiene un plazo de 15 días hábiles para promulgar u observar la norma.

(ANDINA)- El establecimiento de mecanismos para reducir la avalancha de demandas presentadas ante el Tribunal Constitucional (TC), planteó hoy el magistrado Fernando Calle Hayen, quien reveló que sólo en el primer semestre del presente año se han presentado más de 3 mil 500 expedientes.
En declaraciones a la agencia Andina, sostuvo que esa gran carga procesal dificulta del trabajo del TC por la gran cantidad de esfuerzos desplegados para avanzar con los expedientes y evitar que se acumulen hasta el próximo año.

Por ello consideró oportuno se haga algunas modificaciones legales en el funcionamiento del TC para aplicar un mecanismo que agilice el trabajo, como el del certiorari, que le permita decidir si se aboca o no a una causa, sin cumplir la exigencia de dar fundamento a esa decisión.

“Unas de las opciones es el certiorari. Es una figura que permite que el órgano jurisdiccional decida o no abocarse a un problema según su sana discreción, sin necesidad de fundamentar la decisión. El Tribunal en la mayoría de veces se ve desbordado por la gran cantidad de casos que debe resolver”, indicó.

Según detalló, en el primer semestre del año se presentaron 2 mil 585 acciones de amparo, 587 hábeas corpus, 210 acciones de cumplimiento, 167 quejas, 18 hábeas data, 17 acciones de inconstitucionalidad, y 3 conflictos de competencia.

Agregó que ello suma un total de 3 mil 587 expedientes que deben ser resueltos en ciertos casos por el pleno de siete magistrados (como acciones de inconstitucionalidad), o por alguna de las dos salas conformadas por tres juristas (dedicadas a hábeas corpus, amparos).

De aplicarse el mecanismo del certiorari, el TC puede dedicarse de forma prioritaria a las acciones de inconstitucionalidad porque se trata de resoluciones que sientan jurisprudencia, mientras que los amparos o acciones de carácter individual, pueden ser resueltos por el Poder Judicial.

El magistrado indicó que el TC es una instancia que garantiza los derechos fundamentales y el control político, y “una carga procesal muy fuerte” no resulta adecuada porque le impide avanzar en su trabajo de manera diligente.

“Además, los fallos que damos en materia vinculante son de obligatorio cumplimiento en todos los organismos del Estado, y eso exige extremada severidad y seriedad en el trabajo que cumplimos para el país”, señaló.

(ANDINA).- El presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, autorizó al procurador Segundo Viteri, a asumir la defensa de la jefa de la Ocma, Elcira Vásquez, en caso el ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Ángel Romero, formalice judicialmente su demanda por un millón de dólares.
Así lo informó hoy el procurador Viteri al señalar que legalmente solamente tiene la obligación de defender a Vásquez Cortez en la vía judicial, por lo cual –aseguró- se ha rechazado totalmente cualquier tipo de conciliación con Romero Díaz.

Romero presentó, mediante la Cámara de Conciliación, una demanda contra Vásquez Cortez por un millón de dólares, al considerar que fue afectado económica y moralmente por el pedido de destitución, planteado por la Ocma, y que lo separo de la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Sin embargo, el procurador Viteri afirmó que por las atribuciones conferidas, la jefa de la Ocma está legalmente facultada de pedir la destitución de magistrados que actuaron indebidamente en el ejercicio de sus funciones, que fue el caso de dicho magistrado superior, anotó.

“Nosotros asumiremos la defensa de la doctora Elcira Vásquez en caso Romero Díaz la demande por vía judicial. Hemos enviado una carta a la Cámara de Conciliación rechazando cualquier tipo de conciliación”, subrayó.

La jefa de la Ocma aseguró no haber cometido ningún exceso y menos un delito por pedir la salida definitiva de Romero por aprobar irregularmente en el 2006 un pedido de ex trabajadores del Banco Central de Reserva (BCR) para que se les paguen sueldos devengados y sean repuestos, refirió el procurador tras haber sostenido una conversión con Vásquez Cortez.

En la víspera, el presidente del Poder Judicial y la Corte Suprema calificó de un “exceso” que Romero Díaz pretenda demandar por un millón de dólares a la jefa de la Ocma, Elcira Vásquez, por cumplir con sus atribuciones al pedir su destitución.

NOTA
Bajo el sistema del CNM, es imposible pedirle al PJ que funcione bien. Imposible si la cabeza no sirve o tiene carnet de compañero

The family court system must protect children
The complexities that local authorities must face, and access to legal aid

http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/letters/article4338978.ece

Sir, Your support for Camilla Cavendish’s list of ten reforms needed for the family justice system (leading article, July 12) ignores the complexity of the issues facing the local authorities, the Children and Family Court Advisory and Support Services (Cafcass) and others who seek to protect children at risk of abuse or serious neglect. No one is saying that our system is free from miscarriages of justice but it is incorrect to characterise the solution as lying with the media.

If we are serious about listening to what children want we must be mindful of responses to government directly from children who did not want to be identified by the media and do not trust journalists. Media exposure is not necessarily a prerequisite for good family justice. But it is true that more information about family courts is needed in the public domain and new proposals are under way.

I am not quite sure what Ms Cavendish means by her proposal to restructure Cafcass “from being an organisation that reports on the parents to the courts to one that actively promotes the parenting needs of children. . . It should be diverting parents away from contested hearings into the making of parenting plans.”

Ms Cavendish possibly confuses two different types of proceedings and more seriously ignores the sometimes urgent nature of public law cases. Where children are not at immediate risk local authorities do work with parents with the aim of rehabilitation. Where children may be removed from the family home Cafcass guardians do rigorously test that local authority proposals are in the best interests of children. All of this is discussed in court with all parties present.

New proposals are being implemented this year that will ensure parents get the information they need to be properly represented but also to ensure that they actively consider the best interests of their children.

Anthony Douglas
Chief Executive, Cafcass (Children and Family Court Advisory and Support Service)

Sir, The debate about transparency in the family courts is important and complex. However, I must correct a regularly repeated error. Parents can access legal aid in childcare cases. It is important that no one is put off seeking legal aid because of this mistake repeated by various commentators.

In every case where a local authority wants to apply for a care or supervision order, the parents have the right to a publicly funded legal aid lawyer to provide them with advice and if proceedings are taken to represent them — irrespective of their means or of the details of the case. The Legal Services Commission (LSC) makes a priority of funding representation for parents of children who are the subject of care proceedings.

There is no lack of provision — 95 per cent of the population live within 45 minutes on public transport of a childcare solicitor contracted with the LSC to undertake legal aid work. Revised payment schemes for this area of legal aid started in October 2007 and the LSC has no evidence or knowledge of any reason why solicitors would be unwilling to take on this work.

Our reforms are about ensuring the long-term sustainability and future of legal aid. We want to get the best value from the system so that we can help as many people as possible within the resources available.

Carolyn Regan
Chief Executive, Legal Services Commission

A moving response to our family justice campaign

http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/camilla_cavendish/article4346958.ece
The Times call for an end to secrecy has produced a huge reaction - except from the man who could change itCamilla Cavendish
I am awed by the response to the family justice campaign that The Times launched last week. So many readers have e-mailed their MPs that I am getting calls from all three main parties. Several MPs have also raised their private concerns about how their own local authorities behave. It is uplifting to see democracy in action.

There are chinks of light already. Thoughtful people on all sides of the argument seem to accept that some degree of change is needed. Sir Mark Potter, President of the Family Division, gave broad but qualified support to many of our proposed reforms, although he argues strongly that the courts are private, not secret, and that families want them that way. Bridget Prentice, the Justice Minister, has announced that the Government will finally publish new proposals this autumn. Many social workers restrained the urge to hurl rotten eggs and supported our call for openness, while saying that the system is not as Kafkaesque as I fear.

Bill McKittrick, a social worker for 35 years and director of Bristol Social Services for ten, wrote to say that openness is a moral imperative in care proceedings where, he tells me, “lawyers get rich, social workers check and check, but children and parents get lost”. He says that “groupthink” can easily take hold. “The more people involved in a decision, the more dangerous the decisions are.” But he still thinks that mature professionals would get a better press if they gave their side of the story, being honest about the uncertainties involved in decisions, rather than trotting out the mantra of “never apologise, never explain”.

Two main arguments have been made against The Times's position. First, that the family courts should not be open to the press because the parents and children involved in cases dread being identified. Sir Mark, the heads of the Children and Family Court Advisory and Support Service (Cafcass), the Royal College of Paediatricians and Child Health and Family Justice Council have all made this point. It is understandable that families don't want the neighbours to know highly personal details.


A Conspiracy of Silence
Allowing the family courts and social services to operate in secret allows miscarriages of justice without the possibility of redress

Background
Family justice: what we can do to protect our children
Family justice: your word against theirs
Family courts: the hidden untouchables
Family justice: the secret state that steals our children
The same argument was used by Lord Falconer of Thoroton last year to reject the recommendation of the Constitutional Affairs Select Committee, that the family courts should be open and parents no longer gagged. It is prompted by a visceral dislike of the press, which I can partly understand. Yet it is overdone. I see from the inside how concerned the press is to remain within the law. In rape cases and family appeals, reporting restrictions have successfully kept names secret while allowing evidence to be reported.

The halfway house proposed by many, including the Government, is to publish all judgments, but made anonymous. That would be a good step. But without access to the underlying evidence, it will be impossible to discover whether experts or social workers are making repeated errors. The public do not need to name names for justice to be done. But they do need to see the evidence on which people are effectively convicted.

The second criticism is that professionals do their job properly, and we critics do not understand the complexity they have to deal with. The Family Justice Council states that “the courts do not shrink from exposing poor practice by social workers and questionable medical evidence”. I cannot agree. In the past few years, Court of Appeal judges have made blistering criticisms of lower courts for relying on shockingly poor statements from social workers and experts. Family court judges can rely heavily on such people, in cases where there is no circumstantial evidence.

It seems Orwellian to ask us to trust people who are not subject to scrutiny to make correct decisions about cases which we are repeatedly told are too complex for us to understand. Years can pass between children being taken into care and a successful appeal. Those are formative years in which children are deprived of their parents, and sometimes adopted before an appeal is even heard.

The Royal College of Paediatricians gives warning that doctors will stop giving evidence for fear of vilification in the media. That very real fear is made worse becuase so many paediatricians still support Professor Sir Roy Meadow, who went beyond his remit, and gave evidence that led to the jailing of innocent people. If innocent experts do live in fear then that is entirely the media's fault, and we must correct that. But I do not believe that they would have to.

Intriguingly, only one person challenged our view that the system is unaccountable. That was Sir Rodney Brooke, chair of the General Social Care Council. I have seen no evidence that the GSCC has disciplined a single social worker denounced by appeal court judges in the past few years. But I hope to be corrected. Nor did any one of the eminent bodies who wrote to us deny that miscarriages of justice occur. Some of the glib references have made miscarriages of justice sound like a standard occupational hazard. There are 550,000 referrals to social services every year. It makes the Birmingham Six fade by comparison.

Yesterday, Frank Lockyer wrote to point out that the authorities have closed ranks in response to our campaign. “The agencies defend themselves by persisting that things are done as they expect, rather than as they are,” he said. Mr Lockyer should know. His daughter was Sally Clark, jailed for killing two of her sons until her conviction was quashed, and who has since died. Mr Lockyer knows that his daughter was exonerated only because she could protest her innocence in public. In the family courts, gagging orders make that impossible. We cannot know how many Sally Clarks have lost their children. The volume of mail on this topic has been hugely welcome. Only one person has remained silent. Jack Straw, the Secretary of State for Justice, holds the power to change the system for the better. It would be good to know what he is going to do about it.

www.dad.info

www.relate.org.uk

www.fnf.org.uk

www.oneparentfamilies.org.uk

www.fatherhoodinstitute.org.uk

Los derechos de los padres despues de un divorcio en el Perú no han ido protegidos, felizmente la teoría y la misma jurisprudencia en el ámbito comparado está cambiando y observen esas páginas.

Sus aportes, su presión mediática y también la defensa de derechos ha sido la causa porque la que países como Argentina, Brasil, Colombia, Mexico reformen sus procedimientos judiciales para otorgar un verdadero nivel de protección de derechos del niño (primero) y luego una equiparidad de derechos y obligaciones a los padres.

Obligaciones que sólo se imponían al varón como si fuera un verdadero demonio estupido sin opción a nada.

Se rinde por tanto un merecido homenaje de este bloger a aquellas páginas que me permitieron "ver" que el derecho necesita vincularse con la realidad y que para ello no importan las estupidas ideas de género que no admiten opiniones.

Virginia Ironside: Divorce hurts – and it hurts the children most of all

http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/virginia-ironside-divorce-hurts-ndash-and-it-hurts-the-children-most-of-all-868652.html

When my parents separated – I was 14 at the time – I remember the terrible mixture of horror and relief that I experienced. Both my parents were, in their own way, shell-shocked by what had happened, with very little room in their shattered lives to explain to me what was going on.


All I do remember is that when I went to school the next day, I was asked to sit outside the classroom while the headmistress spoke to the class about the situation. "Virginia's parents have separated," she said, apparently, to my class-mates. "I hope you will be very sensitive and caring towards her for the next few weeks."

In those days no one, but no one, had divorced parents. But these days one in four out of 12 million children have separated parents. And more often than not, the parents, at the moment of separation, not only are far too upset themselves to be able to think of the effect the separation is having on their children but they drastically underestimate the effect it's having on them. Even tiny babies can feel distress, though of course they can't express it – and that's why so many parents often imagine their children are unaffected.

But they're wrong. Which is why, today, Relate, One Parent Families, Families need Fathers and the Fatherhood Institute, aided by a special grant for the Big Lottery Fund, are launching a national debate, called Kids in the Middle, (you can join in by logging on to www.fatherhoodinstitute.org.uk), and they hope to be able to present their findings to the Government in the autumn in the hopes that more help is available for children of separating parents.

Occasionally, agony aunts band together to support a campaign – I think the last time we all got together was to support the abortion law – but this time everyone from myself and Deirdre Sanders, to Irma Kurtz and Bel Mooney, are all throwing ourselves behind this initiative, simply because we know, from letters we've received, the terrible damage that can be done to children when their parents split up.

A survey has already shown that 93 per cent of people believe that there is not enough help on offer for children of separating couples, and that services available concentrate too much on custody, contact and child maintenance, but don't address the issues of managing conflict and emotional damage.

The odd thing is that while everyone's in agreement that children should be protected from emotional damage, when you're in the thick of an unpleasant separation, it's very difficult to remember that the children's emotional health is paramount.

The result is that children whose parents separate can, first of all, feel incredibly lonely. Each parent is suffering, in his or her own way, and doesn't have enough emotional strength to support anyone else except themselves. Then, it's quite likely that each parent is blaming the other – without remembering that the children consist of each partner in equal parts. So every time a father rants about his wife's behaviour, he is, in effect, criticising 50 per cent of the child's genes, and each time the mother rants about the father's behaviour she is also criticising 50 per cent of the child's genes.

Small wonder that children feel confused, hated, and isolated. They feel, literally, torn. There is no one, unless they have a sympathetic grandparent, aunt, uncle, older brother or sister or, at a pinch, a teacher, to confide in. There is no one to reassure them that what is happening is not their fault, to reassure them that though their parents may loathe each other, each one does love them deeply.

Having probably endured the misery of hearing their parents arguing for months before the separation – or, equally stressful, suffered the unbearable atmosphere of silent tension – children of parting parents do not know to whom they can turn. They daren't show their misery at losing a parent to the one they're living with in case they unleash a flood of abuse or, worse, tears.

While the parents imagine the kids are coping "remarkably well", they're usually suffering agonies in silence, often even agreeing to suffer roles as little postmen between the parents just in order to keep a kind of peace.

If only solicitors, who are in the front line of witnessing parental rage and distress, could have somewhere to point the parents to send their children for help – of if only teachers could suggest to parents, involved in disputes, that counselling and sympathy were available for their children – so much agony and guilt might be spared children who often carry the scars of parental separation well into later life.

(ANDINA).- El presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Pedro Cueto Chuman, negó hoy haber permitido que su esposa, Esther Silvera de Cueto, en su calidad de presidenta del Comité de Damas de esta jurisdicción, haya hecho mal uso de los bienes del Estado.
El titular de esta sede sostuvo que todas las Cortes del país brindan facilidades a los Comités de Damas, y por eso se les otorga un espacio dentro de sus instalaciones, brindándoles las facilidades necesarias para que puedan cumplir con sus objetivos de desarrollo institucional.

“No constituye un mal uso de los bienes del Estado, ya que en ningún momento han sido destinados para uso personal, sino para fines exclusivamente institucionales”, manifestó

“Además, si se hace un análisis de su accionar, la intervención del Comité de Damas a favor de los trabajadores y de la Corte resulta beneficioso ya que no cobran ni reciben ningún tipo de retribución económica”, anotó.

Recientemente, la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) ordenó abrir investigación disciplinaria a Cueto Chuman, por presuntamente suscribir un contrato a favor de su esposa, otorgando la concesión del servicio de fotocopiadora, que es para el público, dentro de los ambientes de la sede.

También por supuestamente autorizar, permitir y consentir el uso de un vehículo para beneficio del Comité de Damas.

Sin embargo, Cueto negó que durante su gestión se haya hecho mal uso de los bienes del Estado, ni autorizado alguna operación o actividad que esté prohibida por la ley.

El importe que se cobrada se había convertido en un doble pago, pues la APN también lo realizaba

(Andina).- La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó hoy que el Tribunal Constitucional declaró ilegal la tasa que cobra la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi), de la Marina de Guerra del Perú,

"Con esta sentencia del Tribunal Constitucional, se pone punto final a lo que en la práctica se había convertido en un doble pago, afectando a los usuarios del comercio exterior peruano", afirmó.

El gremio explicó que Dicapi cobraba a los usuarios 3.105 nuevos soles por concepto de visita de inspección de seguridad y protección de naves, que era un cobro adicional al que a su vez realiza la Autoridad Portuaria Nacional (APN) por recepción y despacho de naves de 3,021 soles, que es un servicio similar.

Asimismo, refirió que a partir de hoy aparece en la página web del Tribunal Constitucional la sentencia de ilegalidad.

Además, se pronunció respecto de la sentencia de la Corte Suprema, que declaró ilegal la tasa que cobra Dicapi, donde precisa que dicha sentencia tiene carácter de cosa juzgada, vincula a todos los poderes públicos y tiene efectos generales.

Cabe recordar que en octubre del 2007 la Corte Suprema de Justicia resolvió en última instancia la demanda de Acción Popular interpuesta por la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM) contra el Ministerio de Defensa, y declaró ilegal el decreto que estableció el pago de tasas por concepto de ingreso y salida de naves de los puertos.

"Se estableció ilegalmente la tasa por visita de inspección de seguridad y protección de las naves durante los actos de recepción y despacho en puerto, cobro ilegal en favor de Dicapi que ha significado un sobrecosto al comercio exterior de 15 millones de dólares anuales", dijo.

Con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional se ratifica que desde la sentencia de la Corte Suprema, los operadores de comercio exterior no están obligados al pago de las tasas que cobra Dicapi, las mismas que han sido anuladas por ilegales.

En ese sentido, la CCL consideró que esta sentencia es un avance para eliminar las barreras burocráticas del país.

Barrios Altos y La Cantuta fueron crímenes "fríamente" premeditados y no simples excesos, afirma fiscal

El ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Nicolás de Bari Hermoza Ríos, en el juicio que se le sigue al ex presidente Alberto Fujimori. Foto: ANDINA/ PJ.

(ANDINA).- Las matanzas perpetradas por el grupo Colina en Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) "no fueron simples excesos, como pretende minimizar" el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Nicolás de Bari Hermoza Ríos, sino que fueron “fríamente” planeados y autorizados por el gobierno de Alberto Fujimori, afirmó hoy el fiscal supremo adjunto Avelino Guillén.
Aseveró que estas acciones criminales se perpetraron en cumplimiento de un plan estratégico de "guerra sucia", y que inclusive los miembros del destacamento Colina ensayaron sus acciones antes de cometerlos.

“Lo que hizo Colina no es un exceso, sino la aplicación de una estrategia de 'guerra sucia0' que consistía en la eliminación de presuntos subversivos y para eso cumplían una serie de pasos: planificación, entrenamiento a los ensayos, ‘luz verde’ o la autorización y luego la ejecución”, sostuvo Guillén.

Advirtió que Hermoza Ríos pretende demostrar que al Ejército, que comandó en la década de 1990, se le escapó de las manos la lucha contra el terrorismo, y por eso se cometieron simples “excesos”, como si fueran acciones no premeditadas, lo cual –aseguró– es totalmente falso.

“Los hechos en Barrios Altos y La Cantuta, y todos los actos que perpetró el equipo especial de inteligencia denominado Colina, fueron una fría planificación de operaciones que ineludiblemente conllevaban a que las víctimas que habían elegido, es decir, sus objetivos, serían eliminadas”, refirió el fiscal.

Lo que Hermoza pretende es maquillar con el término "exceso" las operaciones especiales de inteligencia, que terminaban con la eliminación de personas previamente elegidas, anotó.

El representante del Ministerio Público reiteró que está debidamente probado que se cumplió un plan de "guerra sucia" que tenía el aval de Fujimori, y por el cual será condenado.

En la víspera, durante el juicio a Fujimori, el ex jefe militar admitió que durante la lucha contra el terrorismo se cometieron “muchos excesos”, principalmente en 1992, aunque pretendió justificarlos señalando que estos hechos suceden en todas las guerras.

Al respecto, Guillén sostuvo que "una cosa es un exceso en el desarrollo de una guerra, y una otra es la aplicación de una estrategia debidamente planificada y que se originó en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), al más alto nivel y que fue de conocimiento y aprobada por Fujimori. Se trató de una estrategia fríamente calculada, planificada y ejecutada con la debida preparación".

Refirió que después de salir a la luz pública estos actos, la organización delictiva se "cerró como un puño para tratar de obstaculizar y entorpecer las investigaciones de la justicia".

Fabiola Morales descarta el retiro de su candidatura a la Mesa Directiva
'Los congresistas somos 120, no solamente son los del PPC los que van a decidir la candidatura', indicó


(Andina).- La legisladora Fabiola Morales, de Solidaridad Nacional (SN), aseguró hoy que no declinará en su intención de postular a la Presidencia del Congreso, pese a no contar con el respaldo de los legisladores del Partido Popular Cristiano (PPC), y dijo que sus colegas "no son el Congreso".

"Los congresistas somos 120, no solamente son los congresistas del PPC los que van a decidir esta candidatura para la Presidencia del Parlamento", argumentó.

El congresista pepecista Juan Carlos Eguren, manifestó que su agrupación acordó no respaldar a Morales a dicho cargo y dijo que lo aconsejable es que su candidatura sea retirada, en aras de un consenso en la oposición.

Morales desestimó que la negación de apoyo del PPC sea una respuesta a la decisión de SN de no dar su respaldo a Javier Bedoya para la Mesa Directiva.

"No creo, no creo, (que sea por el caso de Bedoya) porque eso sería una mezquindad. Yo creo en la buena voluntad de las personas y de las instituciones", dijo a Andina.

Insistió en que la próxima Mesa Directiva del Parlamento debe ser multipartidaria, sin veto a ninguna agrupación, razón por lo que se mostró contraria a que ésta sea sólo integrada por legisladores de oposición.

Manifestó que toman con toda tranquilidad la opinión del PPC y que continúa en pie su postulación a la Presidencia del Poder Legislativo.

"La opinión personal del congresista Eguren la respeto, ellos consideran que la declinación de Bedoya fue la correcta, perfecto, pero nosotros no vamos hacer furgón de cola del PPC", insistió.

Ex vocal Rodríguez Medrano representa la intromisión grosera al Poder Judicial, señaló

Távara: Resolución de CNM en caso Romero no contribuye a legitimar sistema de justicia

(ANDINA).- El presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, dijo hoy no compartir la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de no destituir al ex presidente de la Corte Superior de Lima, Ángel Romero, y afirmó que esta resolución no contribuye a legitimar al sistema de justicia.
Távara Córdova manifestó que el pedido de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) para destituir por actos irregulares a Romero Díaz fue también la posición del Poder Judicial, y será -afirmó- cada institución la que asuma la responsabilidad de sus resoluciones.

“Este no es un tema sencillo, la destitución es la posición que fijó el Poder Judicial, lo que haya hecho el CNM, le atañe al consejo. Creo que la decisión no contribuye en nada a la legitimación del sistema de justicia. Aquí ha habido una marcha atrás del CNM en decisiones que no compartimos", lamentó.

“Este no es el único caso (en que se pidió la destitución y el CNM optó por una sanción menor), ha habido otros casos con la conformación de otros señores consejeros en los que debió prosperar la destitución. Las instituciones tenemos que buscar cumplir con nuestras responsabilidades.”

El CNM resolvió finalmente rechazar la solicitud de destitución que presentó la Ocma contra Romero Díaz y los otros dos magistrados, Néstor Pomareda e Ida Rodríguez; pero ordenó aplicarles una sanción menor por aprobar en 2006 un pedido de ex trabajadores del Banco Central de Reserva (BCR) para que se les pague sueldos devengados y sean repuestos.

En otro momento, el también presidente de la Corte Suprema calificó de un “exceso” que Romero Díaz pretenda demandar por un millón de dólares a la jefa de la Ocma, Elcira Vásquez, por cumplir con sus atribuciones al pedir su destitución.

“Si bien todo ciudadano tiene derecho de ejercitar una pretensión que le asista, creo que es un exceso plantear un indemnización contra la jefa de la Ocma, quien está trabajando bien.”

Tras señalar que la labor en la Ocma es complicada, recordó que por haber dirigido esta entidad afronta 32 procesos judiciales interpuestos por magistrados o auxiliares sancionados, derivados de las sanciones disciplinarias.

Távara anunció que presentarán un proyecto de reforma constitucional para que la Ocma o el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) pueda emitir una sanción de destitución contra los magistrados implicados en una inconducta funcional.

“Proponemos una reforma constitucional para poder destituir en primera instancia. Esto ayudaría a abreviar el tiempo de los procesos y tratamos de introducir la oralidad en el proceso disciplinario, similar al Código Procesal Penal”, indicó en radio San Borja.

Con respecto a la reciente excarcelación del ex vocal supremo Alejandro Rodríguez Medrano, consideró que esta persona es una de las más representativas de la década pasada, donde hubo una intromisión grosera en el sistema de justicia.

“No es un secreto, todos conocemos de la intromisión grosera que hubo en el sistema de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Academia de la Magistratura, al Consejo de la Magistratura”, resaltó.

Presidente de Academia de Magistratura demanda apoyo para consolidar avances en sistema judicial

(ANDINA).- El presidente de la Academia de la Magistratura, Pablo Sánchez Velarde, demandó el apoyo del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a fin de consolidar los avances en el sistema judicial.
Sostuvo que la institución que representa está trabajando para “desarrollar habilidades y destrezas que permitan a los magistrados, conocer y comprender los estados financieros de una sociedad, interpretar informes de índole económico-financiero para poder identificar la información relevante, que contribuya al análisis global del caso objeto de investigación y a la toma de decisión”.

Informó que la Academia ha capacitado a cinco mil 400 aspirantes a magistrados.

A nivel de la capacitación para el ascenso, se han impartido cursos a dos mil 755 magistrados en ejercicio, gran porcentaje de ellos, ha logrado acceder al cargo inmediato superior.

Para lograr estos objetivos, se ha rediseñando los contenidos y las metodologías de enseñanza.

Sostuvo que la Academia de la Magistratura inspira el desarrollo e implementación de sus actividades, bajo las siguientes premisas: la primacía de la persona humana y sus derechos a la vida, a la paz, y a la justicia, como función fundamental para la consolidación de la democracia.

Asimismo, preparar magistrados idóneos y en el nivel deseado; fortalecer la independencia y su permanente superación profesional, considerando como virtudes inherentes a la honradez, la prudencia, la firmeza y la integridad moral.

El Comercio| Para Vito Verna, adjunto de la Defensoría del Pueblo para los Servicios Públicos, las interrupciones en el suministro generan mayor postergación


De acuerdo con Vito Verna, adjunto de la Defensoría del Pueblo para los Servicios Públicos, "Los robos de los bienes de los servicios públicos afectan los derechos de cientos de miles de personas en el país, principalmente de la población de menos recursos, la cual constituye para la Defensoría del Pueblo un grupo de especial interés".


Añadió que "Las interrupciones del suministro de electricidad, agua potable y de comunicación traen graves efectos colaterales, como riesgos para la salud e integridad física de las personas. Imagine si una clínica se queda sin servicio de luz y teléfono por el robo de un cable".


Además de ello, se ven afectados con este delito el comercio y las distintas actividades económicas que dependen de un suministro constante y de calidad para trabajar con normalidad.


"Este delito genera una mayor postergación de los ciudadanos que no cuentan hasta ahora con acceso a servicios de agua potable y desagüe, electricidad y telefonía, sobre todo en las zonas rurales del país, lo que significa mantener su exclusión", afirmó.