Millonarias demandas contra Bolivia

Cuatro empresas transnacionales han planteado demandas por US$ 925 millones en contra del Estado boliviano, luego de las nacionalizaciones impulsadas por el presidente de ese país, Evo Morales.
Las demandantes son de la británica Ashmore, la italiana Telecom, la chilena Quiborax y Gas Transboliviano. El requerimiento más alto corresponde a Ashmore, que pide el pago de US$ 500 millones por la nacionalización de la empresa petrolera Transredes, transportadora de hidrocarburos que ahora está en manos del Estado.

Este caso está radicado en la Cámara de Comercio de Estocolmo, Suecia. El arbitraje de Telecom es por US$ 350 millones y fue planteado por la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial. La chilena Quiborax pide US$ 40 millones porque el Estado le retiró una concesión minera. El caso está también en el CIADI. Por su parte, Gas Transboliviano, exige US$ 35 millones por la devolución de impuestos.

Expreso

Incremento del PBI y la caída nominal de la deuda crean las condiciones.
El Perú hoy es financieramente más estable y tiene capacidad para pagar toda su deuda externa si quisiera hacerlo, por lo que depende menos de capitales extranjeros que son mucho más volátiles, afirmó el analista de Moody’s Economy.com, Juan Pablo Fuentes.

Los factores que permiten al Perú hacer este pago son el aumento del Producto Bruto Interno (PBI) y la caída nominal de la deuda. Fuentes expresó que en el Perú, tal como ha sucedido en varios países de la región, se ha incrementado un poco la deuda interna pública, pero la deuda externa ha caído en forma sustancial.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al 2007, la deuda pública (externa e interna) representaba el 29.1% del PBI frente al 49% que significaba en el 2004. Al 31 de marzo, sólo la deuda externa peruana asciende a US$ 19,028 millones mientras que la deuda interna a US$ 10,187 millones.
"La mejora en la capacidad de pago refleja una solvencia financiera que es premiada con un grado de inversión", subrayó con respecto a la calificación otorgada el lunes por Standard & Poor's.

En el índice Lehman Brothers
Por su parte, el vicepresidente para América Latina del banco de inversión Merrill Lynch, Alejandro Cuadrado, afirmó que en el corto plazo el grado de inversión otorgado por Standard & Poor's es positivo, porque da la posibilidad al Perú de ingresar al índice de Lehman Brothers.
Este índice es uno de los más influyentes del mundo, que exige al país emergente disponer del grado de inversión de dos de las tres calificadoras más importantes de los mercados globales, en este caso Fitch Ratings y Standard & Poor's, que ya se lo otorgaron al Perú. "Algunos fondos de inversión internacionales, que suelen mirar estos índices, van a dirigir su atención al Perú", comentó a la consultora Málaga - Webb & Asociados.

Expreso.

Si bien la noticia es buena, no es ideal que se haga el pago inmediato porque el dolar viene bajando y si baja mas, se paga menos. Adicional con la epoca de inestabilidad sería un suicidio pagar anticipadamente. (Comentario mbt)

El Comercio | Aldo Estrada le pide al presidente regional de Puno que deje de argumentar que es un perseguido político. Lescano y Sucari se suman a críticas


"Hernán Fuentes (presidente regional de Puno) debe enfrentar a la justicia en vez de argumentar que es un perseguido político", afirmó ayer el congresista Aldo Estrada (UPP).


Según el primer vicepresidente del Parlamento, el modo en que se ha manejado el presupuesto en la región Puno es completamente anómalo y cuestionable, por lo que consideró indispensable la intervención de la contraloría.


"Detrás de esta investigación no existe ninguna presión política del Gobierno o de otros actores, como pretende sostener Fuentes. La contraloría simplemente cumple con sus obligaciones y está viendo qué se ha hecho con los recursos públicos en Puno. Se trata de varios millones que nadie sabe cómo han sido utilizados", apuntó Estrada.


Su coterráneo y colega Yonhy Lescano (AP) recalcó que era un absurdo que Fuentes se considerase un perseguido político, debido a que "las denuncias contra él han sido hechas por la Comisión de Fiscalización del Congreso y por la contraloría ante el Ministerio Público, y no por el Gobierno o por el Partido Aprista".


"Además, estas investigaciones se iniciaron tras el informe que presentara el grupo parlamentario de Puno a raíz de las múltiples manifestaciones públicas en contra de Fuentes, de modo que la población también le está pidiendo rendir cuentas", recordó Lescano.


Finalmente, la también legisladora puneña Margarita Sucari (UPP) apoyó a sus colegas y recalcó que los mismos consejeros regionales de Puno han denunciado irregularidades en la gestión del actual presidente.


SEPA MÁS
4La contraloría ha denunciado a Fuentes ante la Fiscalía de la Nación por los supuestos delitos de falsedad genérica, colusión ilegal y peculado.
4La autoridad puneña habría contratado a consultores --que antes fueron ex trabajadores de una radio suya-- de manera irregular con fondos del PNUD.

El Comercio | El presidente de la Corte Suprema aseguró que el apoyo económico es necesario para la reforma de ese sector


El nuevo ministro de Economía, Luis Valdivieso, debe sensibilizarse y otorgar más recursos al Poder Judicial, para superar las deficiencias del sistema, mejorar el salario de sus 17 mil trabajadores y pagar la deuda pendiente de 450 millones de soles que mantiene con sus jubilados y pensionistas, afirmó el presidente de la Corte Suprema, Francisco Távara Córdova.


La gente exige justicia, tenemos un Poder Judicial que debe proveer justicia a 27 millones y medio de peruanos en 29 distritos judiciales, cada uno con una problemática particular. Quisiéramos acelerar la reforma judicial, pero no tenemos el correlato que es el apoyo al Poder Judicial", manifestó en el programa "No Hay Derecho" de Ideeleradio. "Nosotros reconocemos las cualidades profesionales del ex ministro Luis Carranza y también tenemos las magníficas referencias del nuevo ministro", agregó.


Távara Córdova dijo reconocer que existe un momento económico expectante, un alto grado de calificación, óptimos indicadores macroeconómicos, un crecimiento sostenido, una balanza comercial favorable y que en base a eso se debe atender la magra remuneración de los trabajadores del Poder Judicial.


"De todo el sector público, los peor pagados son los trabajadores del Poder Judicial, con una labor tan difícil e incomprendida, debe haber una mínima sensibilidad para paliar la bajísima remuneración de los 17 mil trabajadores (del PJ). Se exige mucho al trabajador y se le da muy poco. Lo que pedimos es que se le dé las condiciones mínimas para que puedan mejorar la eficiencia del servicio al ciudadano", puntualizó.


Carga social de 450 millones
Távara explicó que desde hace 15 años hay una "carga social", pues el Estado no dalos recursos necesarios para pagar las pensiones a los jubilados, ni tampoco parte de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) que le corresponden a los ex magistrados y ex servidores judiciales.


para dar un ejemplo, indicó que hay casos en los que un juez que trabajó durante cuarenta años, recibe una CTS amortizada al 10 por ciento y la quinta parte de la pensión que le corresponde.


"Yo recibo en mi despacho a la Asociación de Jubilados y Cesantes, gente que va con enfermedades terminales, que van con los documentos probatorios y que no se le puede pagar. Este es un tema sensible y creo que sólo ocurre en el Poder Judicial. Esto realmente es inmoral e incompatible con una sociedad democrática", comentó.