El Comercio| La viceministra de Economía y la jefa de la SUNAT son dos de las personas de confianza que acompañan al saliente ministro de Economía
Hoy se oficializaron las renuncias de personal de confianza del ex ministro de Economía Luis Carranza, quien renunció ayer a su cargo tras casi dos años de gestión. Tal es el caso del viceministro de ese sector, de la titular de la Sunat, del director ejecutivo de la Dirección general de Crédito Público y de la secretaria general del MEF.
Junto a la oficialización de la renuncia de Carranza, en el boletín oficial del diario El Peruano aparecen también los alejamientos de María Guiulfo Sárez Durand, quien se desempeñaba como viceministra del MEF. Según la resolución respectiva será el viceministro de Hacienda, José Berley Arista Arbildo, quien la reemplace en sus funciones hasta que se designe a un nuevo funcionario para ese cargo.
Cabe precisar que Guiulfo asumió el cargo el 2 de agosto del 2006, cinco días después de que se iniciara el actual gobierno. Antes fue presidenta de la Oficina de Normalización previsional (ONP) y jefa de asesores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Asimismo, El peruano informa de la renuncia de Laura Calderón Regjo, quien se desempeñaba hasta ayer como titular de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Calderón, economista de la Universidad Católica y con maestría en la Universidad de Oxford (Inglaterra), ejercía el cargo desde el 10 de enero del 2007. Ya contaba con experiencia en la propia Sunta, además del Banco Central de Reserva, el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad de Lima (SAT).
De otro lado, otra renuncia dada hoy es la del director ejecutivo de la Dirección General de Crédito Público, Miguel Ugarte Maggiolo, quien ocupaba tal cargo desde el año 2006.
Finalmente, se aceptó también la renuncia de la secretaria general del Ministerio de Economía, otro cargo de confianza del despacho de ese sector. Se trata de Rosalía Álvarez Estrada, contadora pública de profesión, quien laboraba en el MEF el 11 de setiembre del 2006. Sin embargo, Álvarez estrada ejercerá otro cargo, toda vez que fue designada como secretaria ejecutiva del viceministerio de hacienda.
Hoy se oficializaron las renuncias de personal de confianza del ex ministro de Economía Luis Carranza, quien renunció ayer a su cargo tras casi dos años de gestión. Tal es el caso del viceministro de ese sector, de la titular de la Sunat, del director ejecutivo de la Dirección general de Crédito Público y de la secretaria general del MEF.
Junto a la oficialización de la renuncia de Carranza, en el boletín oficial del diario El Peruano aparecen también los alejamientos de María Guiulfo Sárez Durand, quien se desempeñaba como viceministra del MEF. Según la resolución respectiva será el viceministro de Hacienda, José Berley Arista Arbildo, quien la reemplace en sus funciones hasta que se designe a un nuevo funcionario para ese cargo.
Cabe precisar que Guiulfo asumió el cargo el 2 de agosto del 2006, cinco días después de que se iniciara el actual gobierno. Antes fue presidenta de la Oficina de Normalización previsional (ONP) y jefa de asesores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Asimismo, El peruano informa de la renuncia de Laura Calderón Regjo, quien se desempeñaba hasta ayer como titular de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Calderón, economista de la Universidad Católica y con maestría en la Universidad de Oxford (Inglaterra), ejercía el cargo desde el 10 de enero del 2007. Ya contaba con experiencia en la propia Sunta, además del Banco Central de Reserva, el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad de Lima (SAT).
De otro lado, otra renuncia dada hoy es la del director ejecutivo de la Dirección General de Crédito Público, Miguel Ugarte Maggiolo, quien ocupaba tal cargo desde el año 2006.
Finalmente, se aceptó también la renuncia de la secretaria general del Ministerio de Economía, otro cargo de confianza del despacho de ese sector. Se trata de Rosalía Álvarez Estrada, contadora pública de profesión, quien laboraba en el MEF el 11 de setiembre del 2006. Sin embargo, Álvarez estrada ejercerá otro cargo, toda vez que fue designada como secretaria ejecutiva del viceministerio de hacienda.
El Comercio| Es acusado de haber autorizado que su esposa use bienes del Estado asignados a su judicatura
La jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Elcira Vásquez, ordenó abrir investigación disciplinaria al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Pedro Cueto Chuman, por la comisión de supuestos actos irregulares.
Al magistrado se lo acusa de haber autorizado y consentido que su esposa, Esther Silvera, en su calidad de presidenta del Comité de Damas del Poder Judicial del Callao, usara bienes del Estado asignados a la sede judicial chalaca.
Además, de acuerdo con las investigaciones preliminares, Cueto habría firmado un contrato a favor de su cónyuge por el cual se le entregó la concesión del servicio de fotocopiadora para el público dentro del local donde funciona la Corte Superior del Callao.
Según la resolución de la OCMA, Cueto también habría autorizado el uso de un vehículo motorizado en beneficio del mencionado comité de damas.
Al magistrado también se le sindica de haber ordenado la entrega de papel y útiles de oficina en desuso de los órganos jurisdiccionales y administrativos de la corte al comité de damas para que esta entidad los comercialice.
La OCMA indicó que durante el proceso disciplinario se establecerá la responsabilidad de Cueto y la posible sanción que se le impondría si se le encontrara responsable de los cargos imputados.
La jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Elcira Vásquez, ordenó abrir investigación disciplinaria al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Pedro Cueto Chuman, por la comisión de supuestos actos irregulares.
Al magistrado se lo acusa de haber autorizado y consentido que su esposa, Esther Silvera, en su calidad de presidenta del Comité de Damas del Poder Judicial del Callao, usara bienes del Estado asignados a la sede judicial chalaca.
Además, de acuerdo con las investigaciones preliminares, Cueto habría firmado un contrato a favor de su cónyuge por el cual se le entregó la concesión del servicio de fotocopiadora para el público dentro del local donde funciona la Corte Superior del Callao.
Según la resolución de la OCMA, Cueto también habría autorizado el uso de un vehículo motorizado en beneficio del mencionado comité de damas.
Al magistrado también se le sindica de haber ordenado la entrega de papel y útiles de oficina en desuso de los órganos jurisdiccionales y administrativos de la corte al comité de damas para que esta entidad los comercialice.
La OCMA indicó que durante el proceso disciplinario se establecerá la responsabilidad de Cueto y la posible sanción que se le impondría si se le encontrara responsable de los cargos imputados.
CNM confirmó por mayoría no destituir a Ángel Romero y sólo aplicarle una sanción menor
Decisión también alcanza a otros dos vocales
Ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Ángel Romero. Foto: ANDINA/Archivo.
Lima, jul. 15 (ANDINA).- El Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) confirmó hoy por mayoría no destituir al ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Ángel Romero, como lo pedía el Banco Central de Reserva (BCR).
Así lo informó hoy el titular del CNM, Edmundo Peláez Bardales, quien explicó que con esta decisión se confirma de “manera definitiva” que Romero Díaz, y los otros dos vocales -Nestor Pomareda e Ida Rodríguez- no serán destituidos del Poder Judicial.
Sin embargo, los tres magistrados recibirán una sanción menor por aprobar irregularmente un pedido de ex trabajadores del BCR para que sean repuestos y se les pague sueldos devengados, en el año 2006.
Peláez señaló que la resolución final del CNM se fundamenta en que los tres vocales no tienen la obligación de presentar nuevas pruebas en el proceso que afrontaron para no ser destituidos, que era precisamente lo que cuestionaba el BCR.
En diciembre del año pasado, el CNM resolvió destituir a los tres magistrados por actos irregulares. Posteriormente, los vocales apelaron -mediante un recurso de reconsideración- y el Consejo en mayo pasado varió su decisión disponiendo no separarlos definitivamente del Poder Judicial. La decisión de hoy confirma esta resolución.
“La Ley General de Procedimiento Administrativos, número 27444 no exige que el recurso de reconsideración contenga nueva prueba, debido a que el CNM es instancia única y de competencia nacional”, indicó.
Peláez explicó que la entidad bancaria pedía que se anulara la resolución de no destitución, argumentando que la Ley Orgánica del CNM del año 1994, exigía efectivamente ese requisito.
“Al parecer, ellos (el BCR) desconocían que la ley 27444 del año 2000 derogó las normas que se oponían (la de 1994)”, anotó. Sin embargo, apuntó, los magistrados procesados entregaron nuevos elementos de juicio en el recurso de reconsideración.
“Por ejemplo, Romero presentó una sentencia de un caso similar, en la cual accedió al pedido de trabajadores señalando que se trataba de un despido fraudulento”, refirió.
El CNM también basó la decisión de hoy en que los magistrados no tenían antecedentes de irregularidades en su actuación judicial.
Con respecto al caso del vocal Néstor Pomareda, señaló que es incorrecto
–como argumentaba el BCR- que el CNM necesite cuatro votos para destituirlo, por lo cual también se confirmó su permanencia en el Poder Judicial.
“El BCR señalaba en el caso de Pomareda que se necesitaba cuatro votos para alcanzar mayoría, eso es error porque el Reglamento de Procesos Disciplinarios solo establece mayoría, y en este caso tres votaron por la absolución, dos por sanción menor y dos por destitución”, refirió.
Ocma decidirá sanción
El presidente del CNM aclaró que será la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) la que resuelva qué tipo de sanción le corresponderá a estos magistrados.
“La Ocma es la encargada de aplicar sanciones hasta los vocales superiores, y éstos magistrados tienen esa condición. El hecho de que Romero haya sido presidente del Corte es algo circunstancial, no lo hace supremo. La Ocma no sanciona a supremos, pero sí a magistrados de primera instancias”, precisó.
Decisión también alcanza a otros dos vocales
Ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Ángel Romero. Foto: ANDINA/Archivo.
Lima, jul. 15 (ANDINA).- El Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) confirmó hoy por mayoría no destituir al ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Ángel Romero, como lo pedía el Banco Central de Reserva (BCR).
Así lo informó hoy el titular del CNM, Edmundo Peláez Bardales, quien explicó que con esta decisión se confirma de “manera definitiva” que Romero Díaz, y los otros dos vocales -Nestor Pomareda e Ida Rodríguez- no serán destituidos del Poder Judicial.
Sin embargo, los tres magistrados recibirán una sanción menor por aprobar irregularmente un pedido de ex trabajadores del BCR para que sean repuestos y se les pague sueldos devengados, en el año 2006.
Peláez señaló que la resolución final del CNM se fundamenta en que los tres vocales no tienen la obligación de presentar nuevas pruebas en el proceso que afrontaron para no ser destituidos, que era precisamente lo que cuestionaba el BCR.
En diciembre del año pasado, el CNM resolvió destituir a los tres magistrados por actos irregulares. Posteriormente, los vocales apelaron -mediante un recurso de reconsideración- y el Consejo en mayo pasado varió su decisión disponiendo no separarlos definitivamente del Poder Judicial. La decisión de hoy confirma esta resolución.
“La Ley General de Procedimiento Administrativos, número 27444 no exige que el recurso de reconsideración contenga nueva prueba, debido a que el CNM es instancia única y de competencia nacional”, indicó.
Peláez explicó que la entidad bancaria pedía que se anulara la resolución de no destitución, argumentando que la Ley Orgánica del CNM del año 1994, exigía efectivamente ese requisito.
“Al parecer, ellos (el BCR) desconocían que la ley 27444 del año 2000 derogó las normas que se oponían (la de 1994)”, anotó. Sin embargo, apuntó, los magistrados procesados entregaron nuevos elementos de juicio en el recurso de reconsideración.
“Por ejemplo, Romero presentó una sentencia de un caso similar, en la cual accedió al pedido de trabajadores señalando que se trataba de un despido fraudulento”, refirió.
El CNM también basó la decisión de hoy en que los magistrados no tenían antecedentes de irregularidades en su actuación judicial.
Con respecto al caso del vocal Néstor Pomareda, señaló que es incorrecto
–como argumentaba el BCR- que el CNM necesite cuatro votos para destituirlo, por lo cual también se confirmó su permanencia en el Poder Judicial.
“El BCR señalaba en el caso de Pomareda que se necesitaba cuatro votos para alcanzar mayoría, eso es error porque el Reglamento de Procesos Disciplinarios solo establece mayoría, y en este caso tres votaron por la absolución, dos por sanción menor y dos por destitución”, refirió.
Ocma decidirá sanción
El presidente del CNM aclaró que será la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) la que resuelva qué tipo de sanción le corresponderá a estos magistrados.
“La Ocma es la encargada de aplicar sanciones hasta los vocales superiores, y éstos magistrados tienen esa condición. El hecho de que Romero haya sido presidente del Corte es algo circunstancial, no lo hace supremo. La Ocma no sanciona a supremos, pero sí a magistrados de primera instancias”, precisó.
Por Ítalo Sifuentes Alemán. El Comercio
Cándido Gálvez Ccama, consejero del Gobierno Regional de Puno, se resiste a hacerle honor a su nombre, y cuenta con el apoyo de los también consejeros Leticia Casa Nina y Ángel Zapana Vargas, quienes también esperan la culminación de los procesos judiciales por corrupción contra el presidente de dicha jurisdicción, Hernán Fuentes, para empezar a tramitar la vacancia de la controvertida autoridad.
Por ello, a través de este Diario, dichos consejeros solicitaron al Ministerio Público mayor celeridad en la investigación de los casos de corrupción de los que se acusa a Fuentes, entre ellos la contratación de sus allegados como consultores del gobierno regional.
Precisamente por tal hecho, la Contraloría General de la República denunció a Fuentes ante la fiscalía por los supuestos delitos de falsedad genérica, colusión ilegal y peculado, pues las personas (ver nota aparte) que el presidente regional propuso para su contratación no contaban con los requisitos exigidos; es decir, no tenían grado profesional, especialización ni experiencia laboral.
Aun así, los seudoconsultores presentaron sus hojas de vida a pesar de saber que no cumplían con las especificaciones para el cargo; fueron contratados y se les pagó con fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), situación que según la contraloría ocasionó un perjuicio al Estado de S/.411.700,11.
Algunas de estas personas laboraron en la radio TV Perú HFG EIRL, que según el registro mercantil perteneció a Fuentes y a su pareja Lidia Hancco Navarro, quien actualmente figura como única dueña de esa emisora.
Ante la acusación, Fuentes respondió que los consultores contratados en su gestión cumplieron los requisitos y que no es delito haberlos contratado para cargos de confianza.
"Las denuncias son de carácter político", dijo Fuentes, quien consideró que parte de la información que sustenta las denuncias en su contra está tergiversada. "La radio no es nuestra, pero en caso de que lo fuera no es delito contratar a una persona que haya trabajado ahí", refirió.
En otro momento, Fuentes vaticinó que --a lo mucho-- lo podrán procesar por omisión de funciones, pero que debido a la inconsistencia de las acusaciones el caso de la compra irregular de una camioneta oficial se quedará en el camino o durará tres o cuatro años en el Poder Judicial; o sea, cuando ya haya completado su mandato.
Por estas razones, Fuentes calculó que no podrán vacarlo.
OBSTÁCULOS EN EL CAMINO
El consejero Gálvez señaló que si se tomaran en cuenta todas las irregularidades cometidas por Fuentes, ya estaría vacado hace tiempo. "Pero las leyes nos ponen barreras que nos impiden lograr ese objetivo y al final el que pierde es el pueblo puneño", lamentó.
Gálvez apuntó que una de esas barreras es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la cual exige una sentencia condenatoria del Poder Judicial para suspender o vacar a un presidente regional.
Gálvez y los consejeros Casa y Zapana coincidieron en señalar que se exponían a ser denunciados por el delito de abuso de autoridad si suspendían o vacaban a Fuentes sin una sentencia judicial.
Casa y Zapana agregaron que los consejeros ya habían investigado a Fuentes, a quien dijeron ya haberlo denunciado ante el Poder Judicial.
SEPA MÁS
Los implicados y los cargos
Por el presunto delito de colusión ilegal, la contraloría denunció ante el Ministerio Público a Érika Choquehuanca Mamani, Federico Ramírez Quispe, Román Machaca Larico, Rolando Quispe Turpo, Víctor Blanco Cahuapaza, Gladys Adela Coila Apaza, Dayne Graciela Andía Quispe, Ubaldo Puño Quispe, Elber Fedver Calsina Condori y Román Calla Toledo.
Por el supuesto delito de falsedad genérica, la contraloría denunció a Gladys Adela Coila Apaza, Víctor Blanco Cahuapaza, Érika Choquehuanca Mamani y Dayne Andía Quispe.
Por el supuesto delito de peculado, se ha denunciado a Daniel Chambi Ruelas, director de administración del Gobierno Regional de Puno.
Aparte de Fuentes son 11 las personas denunciadas por estar involucradas en la contratación irregular de consultores.
Cándido Gálvez Ccama, consejero del Gobierno Regional de Puno, se resiste a hacerle honor a su nombre, y cuenta con el apoyo de los también consejeros Leticia Casa Nina y Ángel Zapana Vargas, quienes también esperan la culminación de los procesos judiciales por corrupción contra el presidente de dicha jurisdicción, Hernán Fuentes, para empezar a tramitar la vacancia de la controvertida autoridad.
Por ello, a través de este Diario, dichos consejeros solicitaron al Ministerio Público mayor celeridad en la investigación de los casos de corrupción de los que se acusa a Fuentes, entre ellos la contratación de sus allegados como consultores del gobierno regional.
Precisamente por tal hecho, la Contraloría General de la República denunció a Fuentes ante la fiscalía por los supuestos delitos de falsedad genérica, colusión ilegal y peculado, pues las personas (ver nota aparte) que el presidente regional propuso para su contratación no contaban con los requisitos exigidos; es decir, no tenían grado profesional, especialización ni experiencia laboral.
Aun así, los seudoconsultores presentaron sus hojas de vida a pesar de saber que no cumplían con las especificaciones para el cargo; fueron contratados y se les pagó con fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), situación que según la contraloría ocasionó un perjuicio al Estado de S/.411.700,11.
Algunas de estas personas laboraron en la radio TV Perú HFG EIRL, que según el registro mercantil perteneció a Fuentes y a su pareja Lidia Hancco Navarro, quien actualmente figura como única dueña de esa emisora.
Ante la acusación, Fuentes respondió que los consultores contratados en su gestión cumplieron los requisitos y que no es delito haberlos contratado para cargos de confianza.
"Las denuncias son de carácter político", dijo Fuentes, quien consideró que parte de la información que sustenta las denuncias en su contra está tergiversada. "La radio no es nuestra, pero en caso de que lo fuera no es delito contratar a una persona que haya trabajado ahí", refirió.
En otro momento, Fuentes vaticinó que --a lo mucho-- lo podrán procesar por omisión de funciones, pero que debido a la inconsistencia de las acusaciones el caso de la compra irregular de una camioneta oficial se quedará en el camino o durará tres o cuatro años en el Poder Judicial; o sea, cuando ya haya completado su mandato.
Por estas razones, Fuentes calculó que no podrán vacarlo.
OBSTÁCULOS EN EL CAMINO
El consejero Gálvez señaló que si se tomaran en cuenta todas las irregularidades cometidas por Fuentes, ya estaría vacado hace tiempo. "Pero las leyes nos ponen barreras que nos impiden lograr ese objetivo y al final el que pierde es el pueblo puneño", lamentó.
Gálvez apuntó que una de esas barreras es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la cual exige una sentencia condenatoria del Poder Judicial para suspender o vacar a un presidente regional.
Gálvez y los consejeros Casa y Zapana coincidieron en señalar que se exponían a ser denunciados por el delito de abuso de autoridad si suspendían o vacaban a Fuentes sin una sentencia judicial.
Casa y Zapana agregaron que los consejeros ya habían investigado a Fuentes, a quien dijeron ya haberlo denunciado ante el Poder Judicial.
SEPA MÁS
Los implicados y los cargos
Por el presunto delito de colusión ilegal, la contraloría denunció ante el Ministerio Público a Érika Choquehuanca Mamani, Federico Ramírez Quispe, Román Machaca Larico, Rolando Quispe Turpo, Víctor Blanco Cahuapaza, Gladys Adela Coila Apaza, Dayne Graciela Andía Quispe, Ubaldo Puño Quispe, Elber Fedver Calsina Condori y Román Calla Toledo.
Por el supuesto delito de falsedad genérica, la contraloría denunció a Gladys Adela Coila Apaza, Víctor Blanco Cahuapaza, Érika Choquehuanca Mamani y Dayne Andía Quispe.
Por el supuesto delito de peculado, se ha denunciado a Daniel Chambi Ruelas, director de administración del Gobierno Regional de Puno.
Aparte de Fuentes son 11 las personas denunciadas por estar involucradas en la contratación irregular de consultores.
El Comercio| Se desconoce cuándo se resolverá el pedido de nulidad planteado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR)
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que preside Edmundo Peláez Bardales, postergó para fecha aún por definir la audiencia en la que se resolverá el pedido de nulidad planteado contra la resolución que salvó de la destitución al vocal superior Ángel Romero Díaz.
Fuentes judiciales informaron que la esperada audiencia no se pudo realizar debido a la ausencia de Efraín Anaya Cárdenas y Edwin Vegas Gallo, integrantes del CNM.
Se desconoce, por el momento, cuándo se resolverá el pedido de nulidad planteado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), en el marco de la denuncia que le interpuso al vocal superior por ordenar la reposición de 32 ex trabajadores.
El pedido busca dejar sin efecto la resolución del 19 de junio último, que dispone una sanción menor para Romero Díaz y no la destitución. Los otros dos magistrados que se salvaron de la expulsión del Poder Judicial son Néstor Pomareda Chávez-Bedoya e Ida Rodríguez Rodríguez, que integraron la Cuarta Sala Civil de Lima.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que preside Edmundo Peláez Bardales, postergó para fecha aún por definir la audiencia en la que se resolverá el pedido de nulidad planteado contra la resolución que salvó de la destitución al vocal superior Ángel Romero Díaz.
Fuentes judiciales informaron que la esperada audiencia no se pudo realizar debido a la ausencia de Efraín Anaya Cárdenas y Edwin Vegas Gallo, integrantes del CNM.
Se desconoce, por el momento, cuándo se resolverá el pedido de nulidad planteado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), en el marco de la denuncia que le interpuso al vocal superior por ordenar la reposición de 32 ex trabajadores.
El pedido busca dejar sin efecto la resolución del 19 de junio último, que dispone una sanción menor para Romero Díaz y no la destitución. Los otros dos magistrados que se salvaron de la expulsión del Poder Judicial son Néstor Pomareda Chávez-Bedoya e Ida Rodríguez Rodríguez, que integraron la Cuarta Sala Civil de Lima.
El Comercio
El gerente general de la Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe), Pedro Morales, estimó que aproximadamente mil comunas de todo el país están en capacidad de gestionar su acreditación respectiva para tramitar el divorcio rápido, cuya ley entró en vigencia en la víspera.
Desde hoy, 15 de julio, los municipios provinciales y distritales que deseen ejecutar dicho mecanismo legal podrán solicitar su acreditación ante el Ministerio de Justicia (Minjus) y obtenerla en un plazo de 48 horas.
Según la titular del sector, Rosario Fernández, hasta el momento solo 21 municipalidades de Lima y el Callao han formulado el pedido para realizar los trámites relacionados con la Ley 29227.
En diálogo con elcomercio.com.pe, Morales comentó que de las 1832 municipalidades peruanas, unas 800 ubicadas en las zonas rurales no cuentan con la información necesaria sobre los requisitos y procedimientos para aplicar el divorcio rápido.
"A estos municipios hay que llegar mediante un trabajo de difusión y evaluar si tienen o no la capacidad para ejercer esta nueva función que se les está otorgando con esta ley", sugirió.
Por esta razón, el directivo recomendó ampliar los plazos fijados para el trámite de acreditación, toda vez que estas comunas necesitan recibir la información adecuada sobre los alcances y procedimientos contemplados en la norma.
No obstante, aseguró que la Ampe remitirá a todos los gobiernos locales del país una invocación para que puedan sumarse al proceso de acreditación, siempre que cumplan con los requisitos estipulados en el reglamento de la ley.
"Las municipalidades tienen que cumplir con estos requisitos, y el consejo municipal tendrá que fijar el costo de acuerdo a los gastos que puedan hacer. Esto implicaría la implementación de esta nueva función e incorporarla al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)", culminó.
El gerente general de la Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe), Pedro Morales, estimó que aproximadamente mil comunas de todo el país están en capacidad de gestionar su acreditación respectiva para tramitar el divorcio rápido, cuya ley entró en vigencia en la víspera.
Desde hoy, 15 de julio, los municipios provinciales y distritales que deseen ejecutar dicho mecanismo legal podrán solicitar su acreditación ante el Ministerio de Justicia (Minjus) y obtenerla en un plazo de 48 horas.
Según la titular del sector, Rosario Fernández, hasta el momento solo 21 municipalidades de Lima y el Callao han formulado el pedido para realizar los trámites relacionados con la Ley 29227.
En diálogo con elcomercio.com.pe, Morales comentó que de las 1832 municipalidades peruanas, unas 800 ubicadas en las zonas rurales no cuentan con la información necesaria sobre los requisitos y procedimientos para aplicar el divorcio rápido.
"A estos municipios hay que llegar mediante un trabajo de difusión y evaluar si tienen o no la capacidad para ejercer esta nueva función que se les está otorgando con esta ley", sugirió.
Por esta razón, el directivo recomendó ampliar los plazos fijados para el trámite de acreditación, toda vez que estas comunas necesitan recibir la información adecuada sobre los alcances y procedimientos contemplados en la norma.
No obstante, aseguró que la Ampe remitirá a todos los gobiernos locales del país una invocación para que puedan sumarse al proceso de acreditación, siempre que cumplan con los requisitos estipulados en el reglamento de la ley.
"Las municipalidades tienen que cumplir con estos requisitos, y el consejo municipal tendrá que fijar el costo de acuerdo a los gastos que puedan hacer. Esto implicaría la implementación de esta nueva función e incorporarla al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)", culminó.
Explicó que con grado de inversión otorgado se abaratan las tasas de interés de créditos que dan los bancos mundiales
(Andina).- El Perú ha alcanzado a Chile y México al obtener el grado de inversión, destacó hoy el presidente Alan García Pérez, quien señaló que esta calificación internacional es favorable para el país, las empresas y para los consumidores.
Explicó que con el grado de inversión se abaratan las tasas de interés de créditos que dan los bancos mundiales a las empresas para hacer obras como gaseoductos, carreteras y otros; lo cual "hace mucho más barata la obra y más barata la tarifa que se cobra a los pobladores".
"Los países que tienen grados de inversión, que tienen el calificativo sobresaliente en la economía, son México y Chile, y ahora es el Perú. De manera que, en ese sentido, estamos alcanzando a los más capaces económicamente del continente que son México y Chile. Ya los alcanzamos", aseveró.
El dignatario declaró a la prensa en Ayacucho, donde inauguró el sistema de electrificación Cangallo IV etapa, que beneficiará a más de 20 mil pobladores de diversas localidades.
(Andina).- El Perú ha alcanzado a Chile y México al obtener el grado de inversión, destacó hoy el presidente Alan García Pérez, quien señaló que esta calificación internacional es favorable para el país, las empresas y para los consumidores.
Explicó que con el grado de inversión se abaratan las tasas de interés de créditos que dan los bancos mundiales a las empresas para hacer obras como gaseoductos, carreteras y otros; lo cual "hace mucho más barata la obra y más barata la tarifa que se cobra a los pobladores".
"Los países que tienen grados de inversión, que tienen el calificativo sobresaliente en la economía, son México y Chile, y ahora es el Perú. De manera que, en ese sentido, estamos alcanzando a los más capaces económicamente del continente que son México y Chile. Ya los alcanzamos", aseveró.
El dignatario declaró a la prensa en Ayacucho, donde inauguró el sistema de electrificación Cangallo IV etapa, que beneficiará a más de 20 mil pobladores de diversas localidades.
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