La amenaza de Cipriani
Por Enrique Patriau. La República

La sensación que flota en la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre sus autoridades, profesores y alumnos, es que el conflicto que la enfrenta con el arzobispo Juan Luis Cipriani va mucho más allá de una desavenencia jurídica en torno al legado de José de la Riva Agüero y la administración de los bienes que dejó como herencia a su muerte.

En la PUCP se cree que la intención de Cipriani sería la de modificar sustancialmente su orientación académica pluralista y darle un giro abiertamente conservador. "Quien controla los recursos maneja todo", admite a DOMINGO su vicerrector, Marcial Rubio Correa. La pelea ya se viene librando en los tribunales y tiene para largo.

Cipriani alega que los bienes de la universidad heredados de Riva Agüero deben volver a ser administrados por la junta que se creó para tal fin. La PUCP responde que Riva Agüero la nombró heredera y propietaria absoluta de sus bienes transcurridos veinte años de su muerte, acaecida en 1944, y que por tanto dicha junta ya no tiene prerrogativas administrativas. "Este afán por manejar la vida económica de la PUCP nos dice que hay algo detrás", señala Rubio. ¿Qué exactamente? Según Rubio, acaso desarrollar otro proyecto de universidad "restringido en sus libertades".

No solamente el vicerrector tiene esta sospecha. DOMINGO conversó con profesores de varias facultades y todos coincidieron básicamente en lo mismo: detrás de esta disputa legal se vislumbra una ofensiva conservadora. Es mundialmente conocida la tendencia (retrógrada e intolerante) del Opus Dei, prelatura a la cual pertenece monseñor Cipriani.

El peligro de restarle a la PUCP su carácter plural, tolerante –advierten nuestros entrevistados– está latente. Se teme que se imponga algún tipo de censura en aras de lo que el arzobispo considere, de acuerdo conn sus criterios, inadecuado para ser impartido en las aulas de clase.

"Debe existir cierto nivel de compromiso entre el arzobispado y el Opus en este problema", nos dice un reconocido profesor del Departamento de Ciencias Sociales. "El sentimiento mayoritario de los profesores es que no se metan con lo académico. Esa es nuestra preocupación principal", señala un colega suyo de la Facultad de Derecho. "La PUCP primero es universidad y después católica", afirma por su parte un docente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. No revelamos sus nombres a petición de ellos mismos, pues el vicerrector Rubio es el vocero encargado en este tema.



Alerta. Estudiantes de las distintas facultades de la PUCP expresaron esta semana su preocupación por la sostenida campaña del cardenal Cipriani que busca intervenir su universidad.

La preocupación de los alumnos transita el mismo sendero. Álvaro Salcedo, 21 años, cursa el último año de Historia y es el presidente de la Federación de Estudiantes (FEPUC). Su posición y la de su organización es clara: "Apoyamos por completo a las autoridades de la PUCP en sus gestiones para defender la autonomía de nuestra universidad y rechazamos de plano cualquier intento de intromisión de parte del arzobispado. No lo duden: de ser necesario, los estudiantes nos haremos escuchar".

Ralph Sánchez, también de 21 años, estudia Derecho y opina de manera similar: "El del arzobispo es un afán por querer entrar aquí y cambiar las cosas a su manera. Su presencia sería un problema porque Cipriani siempre se ha mostrado muy poco tolerante frente a otras formas de pensar, a otras formas de actuar".

INTENCIONES POCO SANTAS

El conflicto arzobispado-PUCP adquirió relevancia mediática en el 2007. No obstante, las pretensiones de moseñor Cipriani por tener voz y voto en la administración de la universidad y, quizás, moldearla de acuerdo con sus particulares criterios vienen de varios años atrás.

El vicerrector Rubio recuerda que siendo Cipriani obispo de Ayacucho, sin mantener todavía ninguna relación oficial con la PUCP, declaró en un programa de televisión que esta era una institución confiscada por el general Velasco Alvarado a la Iglesia Católica y que era su obligación hacerla regresar a su seno.

Rubio supone que el arzobispo hacía referencia al reglamento de la universidad, elaborado al amparo de la ley universitaria de 1969, el cual dispone que el rector de la PUCP será elegido por la Asamblea Universitaria y confirmado por el Vaticano. Antes, el rector era nombrado exclusivamente por la Santa Sede.

Desde 1972 todos los rectores han sido ratificados desde Roma, excepto el actual, el ingeniero Luis Guzmán Barrón. Cuando la PUCP preguntó al Vaticano a qué se debía, se le respondió que no había llegado ninguna solicitud oficial. Curiosamente, es Cipriani en su calidad de arzobispo quien la debía haber mandado. "Como usted ve, nuestro problema de relación con el monseñor viene desde muy antiguo", declara Rubio.

Lógicamente, al ser nombrado Cipriani arzobispo, en enero de 1999, su posición respecto a la PUCP se endureció. Ya desde ese año se venía discutiendo sobre la propiedad de los bienes dejados en herencia por Riva Agüero. Lo que ocurre es que recién en el 2006 el Cardenal decidió pasar a la acción y reclamar, formalmente, la supuesta competencia administradora de la junta. Para tal fin, designó a su representante en ella, el ingeniero Walter Muñoz Cho.

ENFRENTAMIENTO LEGAL



Vicerrector. Marcial Rubio advierte pretensiones del cardenal Juan Luis Cipriani.

Es Muñoz quien, en nombre de Cipriani, exige que se convoque a sesión a la Junta de Administración, entre otras cosas, para que se rinda cuentas de la gestión que viene realizando la PUCP con los bienes que dejó en herencia Riva Agüero, además de una auditoría externa que vaya desde 1994 hasta el 2006.

Frente a ello, la universidad presentó una demanda de amparo contra Muñoz Cho que el Juzgado de Lima declaró infundada. La sentencia ha sido apelada y ahora se ventila en la Corte Superior. Aparte, hay dos procesos más que corren en paralelo (ver recuadro).

Esta disputa tiene su origen en las distintas interpretaciones que ambas partes le dan a la voluntad final de Riva Agüero. Para la PUCP es clarísimo que el deseo de este era que la universidad lo heredara veinte años después de su muerte. Ello quedó expresado, además, en el testamento de 1933. Cipriani se escuda en una cláusula del testamento de 1938 en donde se menciona a una junta que será la administradora perpetua de los bienes.

"Los testamentos son una sola voluntad, no varias voluntades. Quienes dicen que Riva Agüero estableció una junta a perpetuidad tergiversan todo porque no advierten, simultáneamente, que instituyó a la PUCP como propietaria absoluta de los bienes de la herencia. El arzobispado lee y omite lo que le conviene. Lo decente es mostrar todas las cláusulas y a partir de ahí argumentar", sostiene Rubio.

La posición de Cipriani viene obteniendo un respaldo entusiasta de los medios vinculados a la derecha económica y fujimorista. "La campaña de Correo y Expreso en contra de la universidad sintoniza admirablemente con el arzobispado. En la práctica, se han convertido en sus voceros", dice Rubio. Eso no deja de ser verdad. El mensaje reiterativo de ambos diarios es que la PUCP está perdiendo la batalla.



Estudiantes. Álvaro Salcedo, alumno de Historia y presidente de la Federación de Estudiantes de la PUCP.

Sería un grave retroceso en materia educativa que la PUCP salga derrotada en esta disputa legal y que Cipriani intervenga la Universidad. Si queremos prever qué podría ocurrir con la universidad en manos de un religioso de tintes tan conservadores, pensemos por un momento en la ofensiva que viene sufriendo la denominada Iglesia del Sur Andino por parte de religiosos ultraconservadores designados por el Opus Dei y Sodalitium. En esa región del país se ha instalado la intolerancia en contra de posiciones progresistas, plenamente identificadas con los más pobres del campo.

Cipriani siempre tuvo en la mira a la PUCP. Y nunca ha renunciado a convertirla en un claustro en donde el Opus Dei controle sus cátedras y apacigüe su espíritu independiente. Lo que se ha puesto en discusión sobre la mesa no es solamente una herencia. Está en juego la autonomía de la universidad más influyente del país, un centro del pensamiento libre al que se le quiere colocar una mordaza.

TODOS LOS JUICIOS

Son tres procesos los que se ventilan en el Poder Judicial. El primero es una demanda de amparo presentada por la PUCP contra Walter Muñoz Cho y que fue declarada improcedente en primera instancia. Ha pasado a la Corte Superior.

La segunda demanda fue presentada por Muñoz Cho para que se le reconozca su derecho a participar en la Junta Administradora. Llegó al Primer Juzgado Civil de Lima pero el magistrado a cargo se inhibió y ahora queda por definir qué juzgado verá la causa.

La tercera demanda ha sido presentada hace pocos días por la PUCP a fin de que se le declare como heredera y propietaria absoluta de los bienes que dejó en herencia Riva Agüero.

¿QUÉ BIENES ESTÁN EN DISPUTA?


Todos los edificios (más de 60) que se levantan sobre el campus de la avenida Universitaria fueron construidos por la universidad, no fueron heredados por Riva Agüero. Pasa lo mismo con el centro comercial Plaza San Miguel. Y ni hablar de otras sedes como el Centro Cultural, o los institutos de idiomas. Es que la PUCP, además de universidad, supone un gran negocio inmobiliario. "A mi entender, lo que estaría en entredicho es el terreno sobre el cual se construyó la universidad. Cuando la PUCP empezó todo era una hacienda, las instalaciones se han construido después", explica Marcial Rubio.

Tinterillos usan hasta datos de abogados muertos para estafar

El Comercio | En el Poder Judicial están pendientes 165 denuncias contra falsos letrados. Jueces y fiscales advierten que sus actos pueden anular partes del proceso

Por Elizabeth Salazar Vega

Más de un siglo después, el vil 'oficio' del tinterillaje sigue burlando a la justicia y a los desesperados que necesitan de ella.

A media cuadra de la Corte Superior de Lima Norte, en plena avenida Carlos Izaguirre, tres jovencitas con cartulinas en la mano nos rodean para ofrecer los servicios de un abogado en la puerta del edificio signado con el 134 . En el tercer piso del inmueble hay cuatro oficinas, pero la más próxima a la escalera pertenece a la 'Doctora Vicky', quien escucha con interés nuestra presunta intención de iniciar un juicio por alimentos.

"Solo tienes que traerme copias de tu DNI, la partida de nacimiento del bebe y la tarjeta de vacunas. Normalmente cobro 250, pero te lo dejaré en 200 soles", dice, mientras saca un trozo de papel para anotar los requisitos, número de teléfono celular y su nombre: Victoria Vargas R. ¿Y cuánto demorará el juicio? "En un mes te lo tengo todo listo. Yo misma voy a llevar el caso".

La 'doctora' nos ofrece resultados en tiempo récord, sobre todo si los comparamos con el promedio de seis meses a un año que les toma a otras madres denunciantes obtener un fallo en los juzgados. Cuando le pedimos identificarse como abogada colegiada, Vargas se excusó diciendo que se le habían acabado las tarjetas de presentación, pero lo cierto es que su nombre no aparece en la base de datos del Colegio de Abogados de Lima (CAL).

Según Nancy Espinoza, administradora de la sede norte del CAL, los distritos de Independencia, Comas y Los Olivos concentran el mayor número de tinterillos de la capital debido a la débil fiscalización de escritos que ingresan a los despachos judiciales, la poca vigilancia policial en los exteriores de las sede y el desconocimiento de la población respecto de cómo identificar a un verdadero abogado.

SE HACEN LOS MUERTOS
Éver Ruiz Vargas, director de Defensa Gremial del CAL, refiere que en los últimos 15 años su gremio ha podido asumir la defensa de 266 personas estafadas por el mismo número de tinterillos, aunque la cifra no refleja la verdadera dimensión del problema, ya que estos sujetos atienden diariamente hasta a cinco clientes, y no todos ellos se atreven a denunciar el engaño. Aun así, algunos procesos obtuvieron una sentencia desfavorable, debido a la falta de pruebas o porque los leguleyos alargaron el proceso lo suficiente como para conseguir la prescripción de su delito, lo cual se da tres años después del hecho. Para tener una idea: de los 35 casos considerados prioritarios el 2007, 12 obtuvieron sentencia y el resto corre el riesgo de prescribir.

"Hasta el momento tenemos en el Poder Judicial 165 denuncias que están, en su mayoría, a la espera de dictamen y fecha de sentencia. Las penas, sin embargo, no implican cárcel efectiva, por lo que estos sujetos siguen captando a víctimas en los exteriores de la carceleta o sedes judiciales", explica Ruiz Vargas.

Según el artículo 363 del Código Penal, el ejercicio ilegal de la profesión se castiga con penas no menores de uno ni mayores de cuatro años de pena privativa.

En las intervenciones que ha podido liderar para detener a estos sujetos, la fiscal de prevención de delito Julita Pachas ha advertido el perfeccionamiento de las modalidades usadas por los falsos abogados. Lo más común, por ejemplo, es que aguarden en los exteriores de la carceleta a personas desesperadas debido a la detención de algún familiar, y que merodeen los juzgados de familia y ofrezcan servicios para tramitar autorizaciones de viaje de menores o juicios por alimentos. Hay quienes han dado un paso más allá y consiguen que el cliente les firme una carta-poder para que se encarguen de ver el juicio. "Ese es un gran problema para nosotros, pues cuando los intervenimos nos muestran la carta-poder que los convierte en parte interesada, por lo que no se puede probar que sean tinterillos. Otro inconveniente es que, por unos soles, algunos malos abogados acceden a firmar escritos traídos por personas que previamente fueron atendidas por tinterillos. Ellos no han hecho el documento, pero lo firman sin importar que esa solicitud judicial no va a prosperar porque está mal elaborada", indica Pachas.

La corrupción en un sector de la abogacía alienta el accionar de los tinterillos, pues estos no solo falsifican el sello y la firma de verdaderos abogados, sino que muchas veces son asistentes o trabajadores de un estudio de abogados y tienen el aval de su jefe, que sí es letrado. "Cuando se les detiene, dicen que solo son jaladores y que todo el trámite lo seguía su jefe, pero es mentira, pues ellos tienen el aval para hacer escritos", agrega.

Además de ello --dice la fiscal-- ha podido identificar que los tinterillos usan el nombre y los datos de abogados muertos para concretar su delito. En efecto, en los registros del CAL se puede encontrar una denuncia del 2007 sobre el uso ilegal del código de colegiatura 1116, perteneciente a Eduardo Rada Jordán, fallecido en el 2003.

ESTAFA LEGAL
Quienes contratan el servicio de un tinterillo pueden pagar hasta un 80% menos de la tarifa normal de un letrado, pero, como explica el titular del Juzgado Penal 7 de Lima Norte, Enrique Pardo del Valle, estos corren el riesgo de que el proceso sea declarado nulo. "Se dan dos situaciones: el tinterillo no presenta nada, simplemente estafa y desaparece; o lleva adelante un proceso con conocimientos empíricos. Cuando se detecta la intervención de un tinterillo se da opción a la parte afectada a que busque otro abogado y el proceso sigue su curso, pero en la mayoría de casos los escritos hechos por estos sujetos se tienen que anular. El caso retrocede".

Éver Ruiz advierte que el tema se agrava cuando se trata de litigios de propiedad, en los cuales la víctima cree que su caso está siendo supervisado por el 'abogado', pero en realidad este no viene ejecutando defensa alguna. "Los plazos corren y la víctima podría perder su casa".

Si las consecuencias son graves, ¿por qué no se frena este delito? Para Natalia Torres, del consorcio Justicia Viva, el problema está en la débil conexión entre los operadores de justicia (policía, jueces y fiscales) para prevenir este hecho, poniendo en práctica un efectivo control de los profesionales que acuden a sedes judiciales. La fiscal Pachas dice que recién hace unos meses se ha hecho extensiva la recomendación para que en mesa de partes ingresen solo documentos suscritos por abogados habilitados, previa verificación en la página web del CAL.

Coordinan acciones conjuntas
Son muchos los factores y descuidos que confluyen para crear un ambiente idóneo para el ejercicio del tinterillaje. Por lo pronto, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) ha iniciado una campaña contra el ejercicio ilegal de la abogacía y para ello sus representantes vienen sosteniendo reuniones con la Corte Superior de Lima y el Ministerio Público. Una de las primeras medidas será hacer de uso obligatorio la verificación de la habilitación de los colegiados que se acerquen a las dependencias a presentar documentación o averiguar por algún caso.

Sin embargo, entre sus planes no está abordar el problema de los tinterillos que se pasean dentro de las sedes judiciales. La principal excusa de los funcionarios del Poder Judicial es que, al tratarse de un local público, no pueden restringir el libre tránsito de las personas por los pasillos. Bastaría con solicitar la verificación y carnet de quien ingresa diciendo que es abogado; sin embargo, el juez Enrique Pardo del Valle advierte que ello serviría de poco porque el carnet de colegiados sufre constantes cambios, dependiendo de las autoridades que son elegidas.

En la sede de Lima Norte se ha previsto la instalación de rejas en los exteriores para controlar el pase de estas personas, no obstante, aún no se tiene previsto planificar un trabajo de inteligencia coordinado con la PNP para dar con la identidad real y el paradero de estos tinterillos.

A SU SERVICIO
Sepa cómo identificar a los estafadores
A. No acepte la ayuda de las personas
que lo abordan en los exteriores se las sedes judiciales y le ofrecen servicios de abogado si no se identifican con un carnet y le muestran un código de colegiatura.

B. Si tiene dudas, ingrese a la página www.bibliotecal. org.pe/consulta_habilidad/ del Colegio de Abogados de Lima para conocer si el letrado se encuentra habilitado.

C. Esté siempre pendiente de los juicios que ha iniciado y de ser posible acuda usted mismo, junto con su abogado, para ver cómo marchan estos. No les entregue cartas-poder, salvo que sea muy necesario.

D. Si fue víctima de una estafa, denúncielo en el CAL. Llame al 710-6694, al 710-668 o acuda a su sede ubicada en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Ellos asumirán su defensa.