Congresista Miro Ruiz mató a perro de un balazo

La mascota, de raza schnauzer, es propiedad de una de sus vecinas y habría entrado al criadero de animales que el legislador mantiene al interior de su vivienda, ubicada en Huampaní.

La joven Guendolin Cárdenas, residente del club residencial Los Girasoles de Huampaní, denunció en RPP que el congresista Miro Ruiz Delgado, del Partido Nacionalista Peruano, habría asesinado a su perro de un balazo.

Según Cárdenas, el congresista habría disparado tres veces contra el can de raza schnauzer de un año y medio de edad, que supuestamente habría entrado a un criadero de animales que Ruiz Delgado ubicado dentro de su residencia. Luego la joven intentó increparle al congresista, pero no lo encontró en su domicilio.

"Quiero que este señor sea castigado. Voy a llevar todo esto hasta las últimas instancias", dijo la joven.

Luego, un reportero de la misma radioemisora habló con la madre de la joven y confirmó la denuncia. Dijo que no quería dinero, sino que lo sancionen por "loco", pues aseguró que no es la primera vez que hacía disparos.

Con la bala, que un veterinario tendría que remover del cuerpo de su perro de nombre Matías, vecinos que le servirían como testigos y la denuncia interpuesta en la comisaría de Chaclacayo, Guendolin Cárdenas pedirá justicia por la muerte de su perro.

Hasta el momento el congresista no ha respondido a las acusaciones pero, de acuerdo a la dueña del perro, su asesor de prensa (identificado

Expreso

Inteligencia Financiera pone en conocimiento del Congreso escalofriante dato.
La Comisión de Economía expresó su honda preocupación y alarma por un informe oficial en el sentido de que a unos 1,959 millones de dólares provienen de diversos casos de lavado de activos y de financiamiento de acciones terroristas, entre otros delitos detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
La revelación fue hecha por Silvia Wuan Almandos, superintendenta adjunta de ese organismo, que se presentó ante la comisión parlamentaria en cumplimiento de disposiciones expresas señaladas por la Ley Nº 29038, que incorporó a la mencionada unidad dentro de la SBSAFP.

En la ocasión se informó sobre la labor realizada entre setiembre de 2007 y febrero de 2008, desde que la unidad fue incorporada a la superintendencia. Las actividades se han centralizado en diversos casos de presuntos delitos cometidos, tales como tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios, tráfico de armas, defraudación tributaria y delincuencia común, entre otros.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Economía, Rafael Yamashiro Oré (UN), señaló que la comisión parlamentaria se encontraba alarmada por las cifras dadas a conocer. Indicó que esas detecciones dan a conocer un manto de sospecha de actividades ilícitas con dineros que circulan a través de mecanismos formales.

Sin embargo, explicó que más preocupación hay por el hecho de que no se ha reportado casos que suelen darse por el flujo de dinero en puntos fronterizos, en los cuales no se ejercería un control permanente. Subrayó que se deducía claramente que había comportamientos irregulares en esos frentes.
Yamashiro se refirió a la función que cumple la Unidad de Inteligencia Financiera, y precisó que es un organismo que apenas cuenta con 35 servidores y funcionarios. A su juicio, se requiere de más personal y especialmente elementos capacitados y especialistas en esas funciones, aparte de normas legales adecuadas para optimizar el trabajo de fiscalización y prevención que se ejecuta.

La funcionaria Wuan coincidió en que las cifras que proporcionó sí resultan alarmantes y dan una negativa imagen del país. No obstante, anotó que se trataba de cifras iniciales fruto de informes logrados a través de empresas regulares, las cuales han sido sometidas ya a investigaciones preliminares.

Consideró que un interesante referente de las actividades ilícitas podría ser el enriquecimiento ilícito.
GUILLERMO CÁCERES RUPAY

Judicializados
La funcionaria precisó que se han elaborado 20 informes relativos a delitos precedentes en cuanto a corrupción de funcionarios. En esos casos se ha detectado defraudaciones por 73 millones de soles, lo que se habría dado a través de licitaciones y apropiaciones ilícitas.

Demandó una ley que permita a la Unidad de Inteligencia Financiera tener acceso a la reserva tributaria de empresas en las que suele detectarse indicios de comisión de delitos.
Añadió que el organismo que representa recibe información de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), pero sin los números precisos para conocer los pagos de tributos.

El dato
Silvia Wuan admitió como posible que algunos organismos no gubernamentales (ONG) brinden cierto apoyo al terrorismo, aunque esto no se les había confirmado a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

NOTa

¿y el ministro del interior? Salvado de la censura. El paìs premia la incompetencia

El comercio
Decreto supremo busca evitar excesos en los horarios que asumen los universitarios que practican en últimos ciclos de carreras

Las prácticas pre-profesionales de los estudiantes de Derecho y Ciencias de la Salud durarán como máximo seis horas diarias, según un decreto supremo publicado hoy por el Ministerio de Trabajo, que busca evitar los excesos en el horario de estudiantes bajo esta modalidad formativa laboral.

El dispositivo legal establece que las prácticas pre-profesionales de Derecho no deberán exceder las 30 horas semanales, mientras que las de Ciencias de la Salud tendrán como máximo 36 horas semanales, incluyendo las guardias nocturnas.

Para este último caso, los establecimientos de salud del sector público, que albergan a estudiantes que desarrollan prácticas en la modalidad de internado, deberán implementar mecanismos de control que registren la hora de ingreso y de salida de los internos.

Asimismo, el régimen de guardias nocturnas realizado por los internos comprenderá un periodo previo y posterior de descanso no menor de cinco horas, con la obligatoria presencia del personal médico, cirujano o profesional de la salud de guardia, precisa la norma.

Los internos no sustituirán, bajo ningún concepto, al personal médico, cirujano o profesional de la salud de guardia, y si lo hicieran incurrirían en delito de ejercicio ilegal de la medicina. Igualmente los médicos deberán registrar su hora de entrada y salida del centro de labores.

Además se señala que los titulares o responsables de estos establecimientos, según corresponda, quedan encargados del estricto cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma.

En su parte considerativa, este decreto señala que actualmente se viene presentando numerosos casos de abuso en el número de horas en que los estudiantes universitarios se ven forzados a realizar dichas prácticas, lo que desnaturaliza esta modalidad formativa laboral.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo fiscalizará lo dispuesto e inspeccionará el cumplimiento del derecho a la jornada máxima de los practicantes de internado en los establecimientos de salud del sector público. También dictará las medidas que garanticen dicho cumplimiento.

El citado decreto, publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, lleva las rúbricas del Presidente de la República, Alan García Pérez; y de los ministros de Trabajo, Mario Pasco Cosmópolis; y de Salud, Hernán Garrido Lecca.

7:28 | Uno de los consejeros pidió la anulación del fallo que revocó destitución del cuestionado magistrado.


Por Óscar Castilla C. El Comercio

El fallo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que revocó la destitución del titular de la Corte Superior de Lima, Ángel Romero Díaz, podría ser declarado nulo, debido a las graves irregularidades en las que incurrió dicha institución durante la etapa final del proceso en su contra, por ordenar la reposición y pago de devengados de 32 ex trabajadores del Banco Central de Reserva (BCR), informaron fuentes judiciales.

Como se recuerda, en diciembre del 2007, cinco integrantes del CNM (Aníbal Torres, Maximiliano Cárdenas, Carlos Mansilla, Francisco Delgado y Edwin Vegas) votaron por destituir al vocal y otros dos consejeros se pronunciaron por la aplicación de una sanción menor (Edmundo Peláez Bardales y Efraín Anaya).

Para salvarse de la destitución, Romero interpuso un recurso de reconsideración. Pedido que fue resuelto el 28 de abril, cuando los siete miembros del CNM votaron. Cuatro de ellos --Peláez, Anaya, Delgado de la Flor y Vegas (estos dos últimos se retractaron de su votación de diciembre del 2007)-- se inclinaron por la sanción menor para Romero y no por la destitución. Los otros tres consejeros se ratificaron en apartarlo de la judicatura.


Sin embargo, aquella fecha los consejeros olvidaron algo trascendental antes de acabar el pleno: no resolvieron otro recurso de reconsideración. Esta vez presentado por el BCR en contra de algunos puntos del fallo que el CNM emitió en diciembre del 2007. Así las cosas, ya han transcurrido más de 20 días y ni el BCR ni Romero han recibido la notificación de todos los acuerdos. Las mismas fuentes informaron que existen serias discrepancias dentro del CNM por el fondo de la resolución, hasta ahora reservada, y por la forma irregular con la que se intenta publicar.


El Comercio obtuvo una copia de dicha resolución. Consta de 16 páginas y solo lleva las firmas de cinco de los siete consejeros que vieron el caso: Peláez, Delgado de la Flor, Mansilla, Anaya y Vegas. No aparecen las adhesiones de Torres ni de Cárdenas, que se negaron a firmar ante los hechos que descubrieron. Peor aún, en este documento se tiene como resuelto y votado el pedido de reconsideración del BCR, el mismo que no se trató en la sesión del 28 de abril.


Por ejemplo, en el artículo séptimo del fallo se lee: "Por mayoría, con los votos de los consejeros Edmundo Peláez, Edwin Vegas, Francisco Delgado y Efraín Anaya, declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el BCR" (sic). Este acuerdo no existió, ya que el tema no fue tocado, pero se da como un hecho en la resolución del CNM. El descubrimiento de este artículo y de otros considerandos en ese sentido generó un escándalo en la institución.


El último martes, en hechos hasta ahora desconocidos, se reunieron de manera extraordinaria seis de los siete miembros del CNM. Uno de ellos, Efraín Anaya, faltó por estar fuera del país. La cita que se desarrolló fue de alta tensión, pues se conoció que los cinco consejeros que firmaron el fallo, con el presidente Peláez Bardales a la cabeza, tenían conocimiento y avalaron la colocación de un hecho falso en la resolución.


PUDIERON ANULAR ACUERDOS
Ante esta situación irregular Aníbal Torres solicitó que se declaren nulos todos los acuerdos a los que se llegó el 28 de abril. Es decir, que se anule el fallo que salvó a Romero de la destitución, debido a que no se resolvió el pedido de reconsideración del BCR, y que se vuelva a votar. Pero esto no ocurrió. Y la situación se complicó aun más. El pleno votó, sin importarle la ausencia de Anaya que fue el ponente de la resolución, para decidir si anulaban los acuerdos de hace tres semanas o si solo resolvían el pedido del ente emisor.


La votación quedó cuatro a dos (Torres y Cárdenas) a favor de no anular los acuerdos pasados y de pronunciarse sobre el pedido de reconsideración del BCR, que olvidaron el 28 de abril. Así lo hicieron y, otra vez con la ausencia de un consejero, se procedió a votar. El resultado fue cinco a uno (Torres) a favor de rechazar el recurso del BCR. ¿Cómo quedó la situación? Actualmente, se viene elaborando otra resolución para enmendar la que publicamos hoy. No se notificará hasta que firmen los siete consejeros.


DEL CONSULTOR
Caso emblemático*
El Caso Romero es emblemático, de comienzo a fin. Ha sido la primera ocasión en que la OCMA y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial descubren y comprueban inconductas funcionales gravísimas, que llevan a que se solicite al CNM su destitución por haber emitido fallos contradictorios, no respetar un precedente del TC y haber extendido los efectos de una apelación a quienes no la plantearon.
También lo es por el insólito viraje del CNM, que tras aprobar en una primera resolución la destitución solicitada, reconsidera su decisión y pide que se le aplique una sanción menor: todos dicen que la falta existe, tres insisten en la destitución y cuatro piden menor castigo. Asimismo, lo es porque la reconsideración se lleva a cabo sin que Romero haya aportado una prueba nueva .
De igual forma, es emblemático porque nos muestra cómo el control disciplinario externo de la judicatura, creado para evitar la impunidad que generaba a veces el control interno, nos quiere vender el cuento de que fallar dos causas idénticas de manera opuesta no amerita la destitución sino una sanción menor. Esto quiere decir que dictar fallos a medida, sin justificación, resulta una falta menor, quién lo diría. ¿Y quién fiscaliza ahora a los fiscalizadores?
*Alfredo Villavicencio. Jurista