Se añadirá el 9 delante del actual número. La última vez que se tuvo que agregar un dígito a la numeración fue el 2003

El ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que desde el 5 de abril todos los números de teléfonos celulares del país tendrán nueve dígitos, y para que eso sea posible, se deberá anteponer el nueve al número telefónico.

En el caso de celulares en provincias, el procedimiento es el mismo, aunque deberá tener en cuenta los nuevos códigos departamentales.

El MTC detalló que para los departamentos de La Libertad, Arequipa, Piura y Lambayeque se agregarán los códigos 94, 95, 96 y 97 delante de los actuales números, mientras que para el resto de los departamentos del país, entre el primer número actual (el 9) y el resto de ellos se añadirán dos dígitos correspondientes al código departamental al que pertenece el celular.

Por ejemplo, si el código del departamento de Amazonas es el 41 desde el 5 de abril se deberá agregar un 941 al inicio de todos los números de teléfono celular en esa jurisdicción.

Estos cambios en la numeración, se explica en el comunicado, "permitirán ampliar la capacidad de números móviles (...) cambiar de operador móvil conservando el número de celular y facilitar la implementación posterior del Área Virtual Móvil (marcaciones directas entre los números celulares independiente del departamento).

Para evitar confusiones, el MTC no solo ha preparado spots de televisión y radio, sino que ha preparado también mucha información para distribuirla entre los usuarios.

Lima, feb. 14 (ANDINA).- Los presidentes regionales deben acatar el decreto que ordena la contratación de los maestros que hayan egresado en el tercio superior, mientras no sea declarada inconstitucional, sostuvo el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Walter Gutiérrez.
“La norma debe cumplirse en tanto no sea declarada inconstitucional. Y si alguien piensa o cree que esa norma está fuera de la ley debe pedir su inconstitucionalidad a través de una figura que se llama la acción popular, porque, como es un decreto supremo, no cabe otra manera”, dijo.

Explicó que la acción popular es un recurso que se hace ante el juez pidiendo la derogatoria de un decreto supremo que puede ser considerado contrario a una ley o a la Constitución.

“Una vez que el juez resuelve esto se puede apelar y va en casación ante la Corte suprema y ahí termina. Por tanto, el Poder Judicial determinará si es constitucional o inconstitucional”, afirmó.

Indicó, no obstante, que dicha norma, mas allá de las opiniones de las personas, no puede dejar de ser cumplida sí es que la Corte Suprema no la declaran previamente inconstitucional, ante el planteamiento de una demanda en ese sentido.

“He leído que algunos presidentes regionales pretenden no acatar esta norma, pero el Perú no es un archipiélago legal, no tiene islas legales, es un Estado unitario y, en ese sentido, absolutamente todos deben cumplir la norma”, señaló.

Comentó que dicha norma tiene un propósito “constitucionalmente tutelado” es decir el fin que persigue es legítimo, que los peruanos tengan una educación de calidad.

Sin embargo, sostuvo que se tendría que analizar sí la herramienta legal utilizada afecta algún derecho.

“Podría eventualmente afectar algún derecho a la igualdad básicamente pero no advertimos que pueda afectar otro derecho”, mencionó.

Lima, feb. 14 (ANDINA).- El Poder Judicial (PJ) inicia hoy un agresivo plan de descarga procesal destinado a reducir el elevado número de expedientes existente en los órganos jurisdiccionales y, de esta manera, brindar una administración de justicia de calidad para los justiciables, en forma oportuna, eficaz y transparente, anunció el titular de este poder del Estado, Francisco Távara Córdova.
El magistrado, de esa manera, informó que hoy saldrá publicado en el boletín de Normas Legales una resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) que crea, entre otras medidas, una serie de órganos de descarga procesal.

Además, coordinan con la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) diversas acciones de control preventivo con dicha entidad, declaró el magistrado durante una entrevista radial.

“Lo ideal sería implementar la participación de la sociedad civil en las 29 cortes superiores, para que los magistrados sepan que alguien se preocupa de su producción y su conducta”, afirmó el titular del PJ, quien remarcó que todas estas medidas están orientadas a la modernización de los despachos judiciales en el país.

Ampliarían competencia
Távara Córdova asimismo adelantó que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) evalúa la posibilidad de ampliar las competencias de la Sala Penal Nacional, para que esta pueda abocarse a asuntos referidos a la criminalidad organizada y la lucha contra el narcotráfico.

En este contexto, remarcó que el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción son los principales enemigos de la democracia y el desarrollo del país.

Consideró también que todos los intentos para combatir estos flagelos hay que apoyarlos.

Por ello, sugirió a las autoridades potenciar a las instituciones involucradas en esta lucha, como el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, con cursos de capacitación, mayores recursos económicos, logísticos y sistemas de control.

El magistrado, quien también es titular de la Corte Suprema de Justicia, resaltó en este sentido que la experiencia de la especialización funciona como es el caso de los juzgados y salas anticorrupción y los juzgados y salas comerciales.

Nuevo CPP
Távara Córdova destacó el éxito de la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en Huaura y La Libertad, desde julio de 2006 a la fecha.

Para el año judicial 2008 se prevé un agresivo plan de capacitación en coordinación con el Ministerio Público, Colegio de Abogados y Policía Nacional, a fin de preparar el escenario que permita reducir el cronograma de implementación del NCPP.

En breve, adelantó, se conocerán los resultados del pleno casatorio civil realizado en diciembre pasado y que concitó gran expectativa en la judicatura nacional.

La atribución de establecer doctrina jurisprudencial está contenida en el artículo 400 del Código Procesal Civil, pero nunca había sido ejercida por la Corte Suprema.

Francisco Távara, presidente del PJ
"El caso de la fiscal Luz Loayza es un asunto de exclusiva competencia de la Junta de Fiscales Supremos, cuya decisión debe respetarse. Confío además en que el CNM resolverá de la mejor manera la investigación contra la fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, por sus presuntos vínculos con Fernando Zevallos”.

Pedido para acusar a Canchaya por tres delitos en manos de fiscal supremo Gálvez Villegas



Suspendida congresista Elsa Canchaya. Foto:ANDINA/Archivo/alberto Orbegoso

Lima, feb. 14 (ANDINA).- El pedido de la Procuraduría del Congreso de la República para acusar a la suspendida parlamentaria Elsa Canchaya, por tres delitos y no solo por uno, será resuelto en primera instancia por el fiscal supremo, Tomás Gálvez Villegas.
Gálvez Villegas deberá emitir un primer pronunciamiento sobre el pedido para acusar a Canchaya por los delitos de estafa, falsedad genérica y nombramiento ilegal en el cargo, por haber contratado a Jacqueline Simón como su asesora, pese a que supuestamente no contaba con los requisitos para desempeñarse en dicho cargo.

Este pedido obedece a que el titular de la Fiscalía Suprema Contenciosa Administrativa, José Pereira, a cargo de este caso a nivel de instrucción, acusó a Canchaya solo por el delito de nombramiento ilegal del cargo, dejando de lado los otros dos.

Sin embargo, para la Procuraduría del Congreso de la República, a cargo de Julio Ubillús, está suficientemente probada la responsabilidad de Canchaya en estos tres delitos, como se planteó desde un inicio.

Luego que el fiscal supremo, Gálvez Villegas, emita una primera opinión, su dictamen será elevado a la Corte Suprema de Justicia, para un fallo definitivo.

La suspendida congresista de Unidad Nacional (UN) es procesada por la Vocalía Suprema de Instrucción por su alto cargo en la administración pública.

De acuerdo a la acusación, Canchaya contrató de manera irregular a Simón Vicente, para que trabaje como asesora en su despacho parlamentario, pese a no contar con los requisitos necesarios para ocupar dicho cargo.

Agrega que Simón Vicente cobró cinco meses de sueldo, pero no acudió ni un solo día a laborar al despacho parlamentario.

Sin embargo, Canchaya afirma que su ‘asesora’ contaba con los requisitos necesarios para desempeñarse como asesora parlamentaria y que nunca laboró como ‘niñera’ de sus hijos.

Simón Vicente también es procesada en el 54 Juzgado Penal de Lima, por los delitos de falsedad genérica, estafa y aceptación irregular de nombramiento.


NOTA
por las imágenes de TV, se nota que Galvez Villegas proximamente será Fiscal Supremo. se lo paseó al Titular que demostró que esta fuera de forma y espacio

Más de dos mil divorcios se registran cada año en Lima y Callao, según Instituto Guestalt

Lima, feb. 14 (ANDINA).- Cada año más de dos mil parejas se divorcian en Lima y Callao y en los últimos diez años el número de separaciones legales se duplicó, sostuvo el piscoterapeuta de parejas del Instituto Guestalt de Lima, Manuel Saravia, quien recomendó buscar ayuda profesional ante cualquier crisis en el hogar.
El titular de dicha institución -especializado en terapia de parejas y problemas emocionales- sostuvo que como estrategia preventiva para evitar una ruptura, es aconsejable que la pareja acuda a alguna terapia o consulta especializada.

El terapeuta explicó que todas las parejas en algún momento de sus vidas atraviesan por una crisis y, por lo tanto, es un proceso normal y natural en una relación.

“Sin embargo, el problema se da cuando la pareja no sabe cómo manejarla y pierde la capacidad de autorregularse, ya que puede terminar en situaciones de violencia física o psicológica”, comentó.

Señaló que "a lo largo de una relación sentimental existen muchos conflictos, pero los más comunes ocurren durante el primer año por la convivencia, la llegada del primer hijo, a los ocho años, a los once y a los veinte años.

Saravia indicó que cuando en una relación algo anda mal, hay indicadores que deben interpretarse como signos de alerta y que deben merecer la atención de la pareja.

Por ejemplo –dijo- si llevan más de un año sin compartir una actividad como salir a comer, bailar o hacer deporte juntos o si llevan más de un mes sin tener relaciones sexuales, etc.

“En estos casos la pareja debe preguntarse qué pasó, por qué no lo hacen, cuáles son las circunstancias o excusas para no reservar tiempo sólo para los dos”, anotó el experto.

Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la separación de parejas crece en forma vertiginosa, mientras que las cifras de los matrimonios civiles disminuyen.

En los últimos diez años, el número de divorcios se duplicó, siendo las zonas del Cercado de Lima y Miraflores, donde la cantidad de las desuniones matrimoniales reportadas es mayor.