La agenda pendiente para este año

Por Janina Cárdenas. La República

Analistas, además de líderes gremiales y sindicales coinciden en que a pesar del boom económico con el que cierra el 2007, los sectores más pobres del país no hay podido percibirlo y beneficiarse, debido a la falta de una agenda pendiente. En ese sentido, aquí algunas sugerencias.

1. POBREZA.

Pese a que el sueño dorado del presidente Alan García –desde que inició su gestión– era reducir los índices de pobreza de 50% a 30% para el 2011, a año y medio de gestión el cumplimiento de su anuncio político todavía es incierto. Frente a ello, analistas consultados como Alejandro Indacochea aseguran que como primera tarea del nuevo año se necesita priorizar los mecanismos que permitan reducir la pobreza. Esta tarea debe ir acompañada de una reforma educativa y mejora en la atención de salud.

El economista Jorge Gonzales recomienda que el gobierno aumente sustancialmente la calidad de su gasto social. "El gobierno de García tiene plata. De lo que se trata ahora es de gastar con calidad. Pero debe iniciarla el 2008 (porque no lo ha hecho), y para eso necesitamos una reforma del Estado".

2. EMPLEO.

En aras de elevar el número de puestos de trabajo de calidad, las posiciones se dividen. Julio Bazán, representante de la Confederación Única de Trabajadores (CUT), señala que la tarea del gobierno para este año es promulgar la Ley General de Trabajo (LGT), porque promueve la libertad sindical, y la negociación colectiva.

A esta se debe sumar la aprobación de la Ley General del Empleo Público, y la de Trabajo Autogenerado.

La posición contraria viene del economista Gonzales, quien refiere que el gobierno no debe permitir que se promulgue la LGT tal como se encuentra. "Ello haría mucho daño a los trabajadores, impulsaría la informalidad y aumentaría en forma desmedida la protección al trabajador formal", señaló tras explicar que solo el 20% de los trabajadores empleados tienen los beneficios de ley. Entonces, refiere, el marco legal sería para un pequeño grupo.


3. MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - MYPE.

No hubo nada concreto, fue la conclusión a la que llegaron los analistas en el tema de impulsar a la mype en el año que se fue. Así Indacochea planteó que el gobierno debe promover la competitividad.

A su turno, Gonzales refiere que tampoco debería aprobarse tal como está la ley de mypes, puesto que elevaría el número de trabajadores que no tendrían beneficios (así lo plantea el proyecto). Asimismo, Bazán, de la CUT, dijo que el gobierno debe priorizar el reconocimiento de los derechos laborales a través de la ley mype.

4. EL AGRO.

Luis Zúñiga, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), indicó que en el 2007 no se ha observado ningún avance considerable en el desarrollo del sector. En tal sentido, sugirió, para este año que se inicia, que el gobierno tome en cuenta al sector agrario como prioridad A1 y empiece a realizar los estudios de impacto en los productos sensibles para ver cuál será el daño que causará el efecto del TLC en la agricultura, puesto que a pesar de que se han identificado algunos productos agrarios, se desconoce el nivel de afectación.

Otro tema es una propuesta sobre el desarrollo de un régimen tributario y organizativo del campo en forma empresarial. Esto promovería la formalización de al menos el 70% de los 2 millones de productores que se encuentran en dicha condición. Asimismo, agregó que se deben desarrollar mecanismos y políticas de mediano y largo plazo que permitan descontaminar los ríos del país, que se han visto contaminados tanto por actividades mineras como por las aguas servidas de la ciudad.

5. INFRAESTRUCTURA.

Indacochea y Gonzales coinciden en que el problema no es de recursos, sino de capacidad de gastos. Los analistas señalan que el Estado debe hacer las inversiones adecuadas y dirigirlas a infraestructura. Además de mejorar su capacidad de gasto a través de cuadros técnicos y no levantando las vallas o los controles de gasto.

Gonzales acotó que el gobierno central ha gastado el 70% de su presupuesto en inversión pública y los gobiernos regionales y municipales solo el 40%. "El problema es la capacidad de gestión que tiene".

6. DESCENTRALIZACIÓN.

El presidente de Perucámara, Alan Kessel, y el economista Jorge Gonzales coinciden en que es necesario acelerar la conformación de regiones porque con ello se podría optimizar la inversión, facilitar la concertación política, hacer más eficiente el gasto público y priorizar la infraestructura básica.

Kessel considera que es necesaria la modificación de la Ley 28274 de Incentivo para la Integración y Conformación de Regiones, la cual establece un nuevo referéndum para el 2009.

"Nada se ha avanzado al respecto, es decir no hay un proceso de conformación de regiones en marcha ni hay tampoco una campaña de difusión, lo cual es sumamente importante porque este proceso no puede ser impuesto, y la población debe estar informada, y adoptar la decisión sobre con quiénes se deben unir".

Según manifestó, un nuevo referéndum para el 2009 podría acabar igual que el del 2005 que fue un fracaso: la población votó por el NO. Por ello plantea que la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso atienda esta ley en la próxima legislatura.

Los trabajadores del Poder Judicial en huelga indefinida desde el 26 de noviembre, amenazaron con boicotear mañana la apertura del Año Judicial 2008, en Palacio de Justicia, en represalia por la actitud tomada por el presidente Alan García de negar en redondo el pago de un bono excepcional por S/.900.

Tradicionalmente el 2 de enero, el Presidente del PJ da un discurso inaugural del año judicial. Este año que la huelga ya tiene cinco semanas, si pretende darlo será un discurso vacio y sin sentido. ¿De qué reforma podría hablar o de que otro tema podría hablar si la huelga continúa y no tiene visos de solución?

Tal vez podría el Presidente del PJ usar una tribuna muy especial y oportuna, para exigir los derechos de sus fueros, pero usualmente los magistrados no defienden los intereses de los trabajadores, salvo los de sus funcionarios (¿si o no Hugo Suero?)

Ya los trabajadores del PJ quisieron golpear al Távara en las puertas del Palacio de Justicia, ojalá ahora signifique que la huelga tenga una solución, que los perjudicados son casi todos los peruanos porque esto detiene a todo el mundo.

MBT

“TC debe ser únicamente un órgano de control constitucional y nada más”

El Tribunal Constitucional (TC) debe ser sólo un órgano de control constitucional y nada más, opinó ayer el miembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Gastón Soto Vallenas, quien planteó que la Corte Suprema sea la última instancia en materia de garantías constitucionales. También advirtió que la decisión tomada por el pleno del JNE con respecto al referéndum no va a cambiar.

–El Presidente ha opinado que el JNE y el TC podrían flexibilizar posiciones para resolver el tema del referéndum. ¿Qué piensa?
Nuestras decisiones no van a variar. Las decisiones que jurisdiccionalmente toma en este caso el JNE no están sujetas a conversaciones. Si de alguna forma podemos contribuir a proponer que se sugieran algunas alternativas de solución para atender los requerimientos de los fonavistas, en buena hora, pero eso no va a implicar una modificación de las resoluciones ya que son resoluciones jurisdiccionales que no están sujetas a negociaciones.

–Sin embargo el TC exige que se cumpla su sentencia...
El referéndum, en ese caso, es legal y constitucionalmente improcedente. No significa desconocer el derecho que los fonavistas tienen a exigir de parte del Estado la devolución de lo pagado. Lo que el jurado resuelve es un tema estrictamente de índole del procedimiento. No es el procedimiento pertinente el de referéndum porque es producto de un proyecto de ley presentado por los fonavistas y de acuerdo a esto tiene un procedimiento legal al cual tienen que sujetarse, y si esta no se ajusta a lo que pretenden los fonavistas, hay otras alternativas.

–¿Usted cree que debe ser el Ejecutivo el que solucione el problema de los fonavistas?
La resolución no desnaturaliza los derechos que pueden tener los fonavistas respecto a exigir de parte del Estado el reembolso que ellos pagaron durante muchos años. El problema es el procedimiento. La vía no es necesariamente la ley que no se aprobó bajo las expectativas que tenían los fonavistas. La otra alternativa es que, a través de una decisión que podría ser del Legislativo mediante una ley que proponga cualquier congresista dentro del marco de las expectativas que tienen los fonavistas, así como también de la situación en la que se encuentra la propia economía nacional, el gobierno puede aplicar una solución.

El TC se inmiscuye en materias que no son de su competencia
–¿Está usted de acuerdo en que el Congreso delimite las funciones del TC?
Bajo el concepto que son los controladores de la Constitución, (el TC) se atribuyen facultades que van más allá de las que tienen los órganos de control constitucional, los cuales tienen por función controlar la constitucionalidad de las leyes y resolver los conflictos que se generan como consecuencia de leyes o normas que tienen jerarquía de ley que son contrarias a la Constitución. Lo que pasa es que a partir de este concepto es que se introducen en otras materias y allí está el error.

–¿Como en qué casos?
Hasta ahora no encuentro explicación del porqué el TC es la última instancia en el ámbito interno respecto a los temas de garantías constitucionales. Creo que la jurisdicción interna debería agotarse respecto a las garantías constitucionales en la Corte Suprema. ¿Qué necesidad hay de que el TC revise lo que ya la Corte Suprema, en última instancia, debe resolver? Allí se introduce en un campo o se le otorga facultades más allá de las que debe tener un órgano de control constitucional.
María Teresa García

La función del TC está claramente delimitada
–¿Cuál debería ser la función del TC?
El TC debe ser exclusivamente un órgano de control constitucional y punto. Es decir que se encargue de controlar la constitucionalidad de las leyes. Respecto a una acción de inconstitucionalidad que se le interponga con relación a una ley que se considera de forma o por el fondo contraria a la Constitución, debe resolver si es constitucional o no. Esa es su misión y se acabó. En lo relativo a las garantías constitucionales que ahora le atribuyen al TC de ser una instancia adicional a la que en última instancia debió ser siempre, eso debe ser eliminado. Creo que la Corte Suprema debe ser siempre la última instancia en materia de jurisdicción y en este caso de garantías constitucionales que tienen que ver con la protección de los derechos.

–Algunos podrían cuestionar este planteamiento...
Para acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es necesario que se pase por el TC, es suficiente agotar la vía interna, y si la vía interna se agota con la Corte Suprema, igual los afectados que consideran que siguen afectados sus derechos podrían acudir ante las autoridades internacionales para la protección de los mismos. El TC no es la panacea y creo que así nos evitaríamos muchos excesos que llevan a calificar que el TC se convierta en una especie de poder de poderes.

Fuente Expreso