Jueza liberó a modelo y prima porque 'son de buena familia'
Por Miryam Beteta (trome)
También tomó en cuenta que son universitarias y tienen menos de 25 años.
Abogados dicen que fallo es escandaloso y penas para estos casos son hasta de 15 años de prisión.
La justicia en el Perú no es ciega. A esa conclusión se llega si analizamos las 'razones' por las cuales la jueza Ruth Silverio Encarnación, del 48 Juzgado, sacó de la carceleta a la modelo extorsionadora y a su prima y les dio orden de 'comparecencia restringida'. La jueza quitó la venda de la justicia y la hizo abrir los ojos para establecer diferencias. Le abrió las rejas a las muchachas que reconocieron y confesaron su execrable delito, 'porque provienen de buena familia, son estudiantes universitarias, tienen menos de veinticinco años y no registrar antecedentes penales'.
Increíble, la modelo Clarisa Ojeda León y su prima,
Renée Manyari Ojeda, no solo torturaron psicológicamente durante semanas al empresario Juan Lei Sincho. También lanzaron amenazas de atentar contra los hijos del negociante y, sobre todo, fueron claras en advertirle que si no le entregaban los cincuenta mil dólares, su hija que estaba en Argentina podía sufrir un atentado.
Asustado el empresario recurrió a la policía y los efectivos montaron un operativo en Larco Mar, donde las jóvenes llegaron y recogieron el dinero fruto de la extorsión. El dinero estaba marcado con luminol y las muchachas fueron detenidas cuando se retiraban del centro comercial, matándose de risa por su fechoría.
Fuentes del Poder Judicial señalaron que estos hechos, entre otros, no fueron tomados en cuenta por la titular del 48 Juzgado Penal de Lima, Ruth Silverio Encarnación, cuando decidió solo abrirle proceso penal con mandato de comparecencia restringida a las denunciadas, así como el pago de una caución. ¿Por qué la jueza procede como si se tratara del robo de una fruta de un supermercado, como una palomillada juvenil?
Consultamos a colegas de la magistrada y mostraron su contrariedad por su proceder. "Es un acto de discriminación, porque si todos los jueces actuaran con ese criterio, solo irían a la cárcel aquellas personas que cometan un acto similar, pero solo si no tienen estudios superiores y no provienen de una buena familia. Qué lamentable que colegas magistrados actúen de manera tan sospechosa, que desprestigia a la justicia peruana en general", sostuvo enérgicamente un magistrado que solicitó mantengamos su nombre en reserva.
Comunicado
En tanto, ayer la magistrada salió a defenderse a través de un comunicado, donde dice: "que dio libertad a las mujeres basándose en el artículo 135 del Código Procesal Penal, que indica que para dictar una medida de detención deben de concurrir copulativamente los 3 requisitos establecidos en dicha norma. Es necesario que existan indicios suficientes que vinculen al detenido con responsabilidad en el tema, y que haya suficientes elementos probatorios de la comisión del delito que vinculen al imputado como autor. Además que exista riesgo que las imputadas intenten evadir la justicia o perturbar el marco probatorio'.
El caso fue denunciado por la titular de la Sexta Fiscalía Penal de Lima, Ruth Sotomayor García, el viernes en la noche. Sin embargo, ayer señaló que no apelará a la resolución de la representante del Poder Judicial, al considerar que se ajusta a ley.
De otro lado, aún no se había remitido este caso a la mesa de partes para que se designe a un juzgado penal que se encargue de la etapa procesal y se recabe la manifestaciones de las universitarias, se tome la declaración del agraviado y se recabe más pruebas.
Ambas acusadas no quisieron dar declaraciones a la prensa. "No han vuelto a la universidad y han desaparecido del mapa por arte del magia, parece que se las hubiera tragado la tierra", manifestaron sus compañeros de estudios conocidos.
Por Miryam Beteta (trome)
También tomó en cuenta que son universitarias y tienen menos de 25 años.
Abogados dicen que fallo es escandaloso y penas para estos casos son hasta de 15 años de prisión.
La justicia en el Perú no es ciega. A esa conclusión se llega si analizamos las 'razones' por las cuales la jueza Ruth Silverio Encarnación, del 48 Juzgado, sacó de la carceleta a la modelo extorsionadora y a su prima y les dio orden de 'comparecencia restringida'. La jueza quitó la venda de la justicia y la hizo abrir los ojos para establecer diferencias. Le abrió las rejas a las muchachas que reconocieron y confesaron su execrable delito, 'porque provienen de buena familia, son estudiantes universitarias, tienen menos de veinticinco años y no registrar antecedentes penales'.
Increíble, la modelo Clarisa Ojeda León y su prima,
Renée Manyari Ojeda, no solo torturaron psicológicamente durante semanas al empresario Juan Lei Sincho. También lanzaron amenazas de atentar contra los hijos del negociante y, sobre todo, fueron claras en advertirle que si no le entregaban los cincuenta mil dólares, su hija que estaba en Argentina podía sufrir un atentado.
Asustado el empresario recurrió a la policía y los efectivos montaron un operativo en Larco Mar, donde las jóvenes llegaron y recogieron el dinero fruto de la extorsión. El dinero estaba marcado con luminol y las muchachas fueron detenidas cuando se retiraban del centro comercial, matándose de risa por su fechoría.
Fuentes del Poder Judicial señalaron que estos hechos, entre otros, no fueron tomados en cuenta por la titular del 48 Juzgado Penal de Lima, Ruth Silverio Encarnación, cuando decidió solo abrirle proceso penal con mandato de comparecencia restringida a las denunciadas, así como el pago de una caución. ¿Por qué la jueza procede como si se tratara del robo de una fruta de un supermercado, como una palomillada juvenil?
Consultamos a colegas de la magistrada y mostraron su contrariedad por su proceder. "Es un acto de discriminación, porque si todos los jueces actuaran con ese criterio, solo irían a la cárcel aquellas personas que cometan un acto similar, pero solo si no tienen estudios superiores y no provienen de una buena familia. Qué lamentable que colegas magistrados actúen de manera tan sospechosa, que desprestigia a la justicia peruana en general", sostuvo enérgicamente un magistrado que solicitó mantengamos su nombre en reserva.
Comunicado
En tanto, ayer la magistrada salió a defenderse a través de un comunicado, donde dice: "que dio libertad a las mujeres basándose en el artículo 135 del Código Procesal Penal, que indica que para dictar una medida de detención deben de concurrir copulativamente los 3 requisitos establecidos en dicha norma. Es necesario que existan indicios suficientes que vinculen al detenido con responsabilidad en el tema, y que haya suficientes elementos probatorios de la comisión del delito que vinculen al imputado como autor. Además que exista riesgo que las imputadas intenten evadir la justicia o perturbar el marco probatorio'.
El caso fue denunciado por la titular de la Sexta Fiscalía Penal de Lima, Ruth Sotomayor García, el viernes en la noche. Sin embargo, ayer señaló que no apelará a la resolución de la representante del Poder Judicial, al considerar que se ajusta a ley.
De otro lado, aún no se había remitido este caso a la mesa de partes para que se designe a un juzgado penal que se encargue de la etapa procesal y se recabe la manifestaciones de las universitarias, se tome la declaración del agraviado y se recabe más pruebas.
Ambas acusadas no quisieron dar declaraciones a la prensa. "No han vuelto a la universidad y han desaparecido del mapa por arte del magia, parece que se las hubiera tragado la tierra", manifestaron sus compañeros de estudios conocidos.
El Comercio
El ministro de la Producción criticó al ex presidente quien calificó de soberbio y autoritario al actual régimen
El ministro de la Producción, Rafael Rey, enfatizó que el ex mandatario Alejandro Toledo "no tiene ninguna autoridad moral" para calificar de "soberbio y autoritario" al actual régimen, que promulgó los decretos legislativos 1015 y 1073, los cuales facilitan las inversiones privadas en las tierras de las comunidades nativas y campesinas.
En declaraciones a un medio radial, Toledo Manrique señaló que el Gobierno quiso imponer de manera unilateral la denominada "ley de la selva", sin establecer previamente un diálogo con las poblaciones indígenas. Por ello, exhortó al Parlamento a derogarla.
Al respecto, Rey expresó a elcomercio.com.pe que es "francamente absurdo" que se pretenda negar a los nativos de la sierra y de la selva los mismos derechos que tienen los de la costa.
"Nadie está imponiéndoles nada, al contrario, se les está reconociendo un derecho que les permitiría ingresar a la modernidad. Si se les quiere negar eso, entonces, es de pensar que los comuneros de la sierra son menos inteligentes que los de la costa", remarcó.
En ese contexto, explicó que las comunidades campesinas de la costa adoptan una decisión con la aprobación del 50% más uno de los miembros de la comunidad , mientras que en la sierra y selva se decide con las ¾ partes. Por tal razón, consideró "imposible" que estos últimos logren llegar a algún acuerdo.
El ministro de la Producción criticó al ex presidente quien calificó de soberbio y autoritario al actual régimen
El ministro de la Producción, Rafael Rey, enfatizó que el ex mandatario Alejandro Toledo "no tiene ninguna autoridad moral" para calificar de "soberbio y autoritario" al actual régimen, que promulgó los decretos legislativos 1015 y 1073, los cuales facilitan las inversiones privadas en las tierras de las comunidades nativas y campesinas.
En declaraciones a un medio radial, Toledo Manrique señaló que el Gobierno quiso imponer de manera unilateral la denominada "ley de la selva", sin establecer previamente un diálogo con las poblaciones indígenas. Por ello, exhortó al Parlamento a derogarla.
Al respecto, Rey expresó a elcomercio.com.pe que es "francamente absurdo" que se pretenda negar a los nativos de la sierra y de la selva los mismos derechos que tienen los de la costa.
"Nadie está imponiéndoles nada, al contrario, se les está reconociendo un derecho que les permitiría ingresar a la modernidad. Si se les quiere negar eso, entonces, es de pensar que los comuneros de la sierra son menos inteligentes que los de la costa", remarcó.
En ese contexto, explicó que las comunidades campesinas de la costa adoptan una decisión con la aprobación del 50% más uno de los miembros de la comunidad , mientras que en la sierra y selva se decide con las ¾ partes. Por tal razón, consideró "imposible" que estos últimos logren llegar a algún acuerdo.
(ANDINA).- El titular de la 57 Fiscalía Provincial Penal de Lima, Jorge Sanz Quiroz, anunció hoy que pedirá al Poder Judicial ordenar el impedimento de salida del país del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Burga; y de los otros investigados por las presuntas irregularidades cometidas en el instituto superior Alfonso Huapaya Cabrera.
El representante del Ministerio Público, a cargo de esta investigación, manifestó que este pedido se hará formal el lunes o martes de la próxima semana, a fin de evitar una eventual fuga del país de los investigados.
En declaraciones a la agencia Andina, sostuvo que estas medidas de precaución se adoptarán a solicitud de la División de Estafas de la Dirincri de la Policía Nacional, a fin de garantizar el debido proceso.
Precisó que tanto Burga como los otros involucrados colaboran con la investigación preliminar.
“Como una medida precautoria es obligación de la Fiscalía pedir al juez de turno ordenar el impedimento de salida, tanto de Burga como de los otros que supuestamente están comprometidos en este caso, a fin de evitar algún peligro de fuga, si es que lo hubiera.”
Esta medida de prevención también se pedirá en el caso del secretario de la FPF Javier Quintana Arizaga, el destituido director del instituto Enrique Pacheco Velarde y su hijo, Enrique Pacheco Farromeque, a quien se acusa de haber falsificado la firma de su padre en la documentación emitida por dicha entidad educativa.
Asimismo, contra los funcionarios de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana que habrían participado en estos hechos.
Todos ellos son investigados por la presunta comisión de los delitos de administración pública y asociación ilícita para delinquir por las supuestas irregularidades cometidas en el instituto superior Alfonso Huapaya Cabrera, que forma técnicos de fútbol con el aval del ente rector del fútbol peruano.
El fiscal Sanz Quiroz anotó que por la naturaleza misma de la investigación es necesario solicitar que los involucrados permanezcan obligatoriamente en el país hasta que concluya el proceso.
Indicó que el término de la investigación sería para fines de setiembre o inicios de octubre, debido a que la información sobre el levantamiento de las cuentas bancarias que ha solicitado de los investigados demorará en ser recabada.
Negó que exista una persecución política en contra de Burga, quien denunció un ensañamiento en su contra tras conocer que revisarán sus cuentas, y aseguró que no permitirá ninguna interferencia en el caso.
El representante del Ministerio Público, a cargo de esta investigación, manifestó que este pedido se hará formal el lunes o martes de la próxima semana, a fin de evitar una eventual fuga del país de los investigados.
En declaraciones a la agencia Andina, sostuvo que estas medidas de precaución se adoptarán a solicitud de la División de Estafas de la Dirincri de la Policía Nacional, a fin de garantizar el debido proceso.
Precisó que tanto Burga como los otros involucrados colaboran con la investigación preliminar.
“Como una medida precautoria es obligación de la Fiscalía pedir al juez de turno ordenar el impedimento de salida, tanto de Burga como de los otros que supuestamente están comprometidos en este caso, a fin de evitar algún peligro de fuga, si es que lo hubiera.”
Esta medida de prevención también se pedirá en el caso del secretario de la FPF Javier Quintana Arizaga, el destituido director del instituto Enrique Pacheco Velarde y su hijo, Enrique Pacheco Farromeque, a quien se acusa de haber falsificado la firma de su padre en la documentación emitida por dicha entidad educativa.
Asimismo, contra los funcionarios de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana que habrían participado en estos hechos.
Todos ellos son investigados por la presunta comisión de los delitos de administración pública y asociación ilícita para delinquir por las supuestas irregularidades cometidas en el instituto superior Alfonso Huapaya Cabrera, que forma técnicos de fútbol con el aval del ente rector del fútbol peruano.
El fiscal Sanz Quiroz anotó que por la naturaleza misma de la investigación es necesario solicitar que los involucrados permanezcan obligatoriamente en el país hasta que concluya el proceso.
Indicó que el término de la investigación sería para fines de setiembre o inicios de octubre, debido a que la información sobre el levantamiento de las cuentas bancarias que ha solicitado de los investigados demorará en ser recabada.
Negó que exista una persecución política en contra de Burga, quien denunció un ensañamiento en su contra tras conocer que revisarán sus cuentas, y aseguró que no permitirá ninguna interferencia en el caso.
Távara cuestiona designación de Moyano en comisión acusadora
Manifiesta que no es conveniente que en pleno juicio a Fujimori una congresista fujimorista presida tan importante comisión del Congreso.
César Romero. La República
Preocupado. Titular del PJ, Francisco Távara, advirtió de incomodidad en la Corte Suprema de Justicia.
La designación de la congresista fujimorista Martha Moyano como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en momentos en que se juzga al ex dictador Alberto Fujimori, es vista con alarma y preocupación en la Corte Suprema de Justicia.
Así lo hizo saber el presidente del PJ, Francisco Távara Córdova. "Creo que dada la coyuntura histórica del juicio (a Fujimori), no era lo más conveniente que una comisión tan importante como es la de Acusaciones Constitucionales estuviera en manos de una conspicua representante del fujimorismo", declaró.
El también presidente de la Corte Suprema dijo que no hablaba a título personal, sino que expresaba una preocupación de la magistratura.
"Es un proceso histórico, el proceso del siglo, y obviamente no puedo dejar de expresar el sentir de la mayoría del Poder Judicial por lo que se está comentando", apuntó Távara.
COMISIÓN CLAVE
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene como atribuciones evaluar y calificar las denuncias contra altas autoridades del Estado, incluyendo a los jueces de la Corte Suprema, lo que podría generar en presiones sobre los encargados de juzgar a Fujimori o de otras autoridades que tienen que ver con su situación penitenciaria.
Távara explicó que "cualquier ciudadano podría pensar que es preocupante que una congresista del partido del ex mandatario presida una comisión tan importante".
El presidente del PJ aseguró que los magistrados afrontarán bien esta situación, pero esperaba que estos no sean puestos a prueba.
"Confío en la calidad profesional del órgano jurisdiccional que tiene a cargo dicho juicio, estamos preparados para resistir cualquier tipo de presión. Además, conozco a la señora Moyano, tiene sus cualidades y espero que no utilice ningún mecanismo de presión", anotó.
"Mas allá de las especulaciones – prosiguió Távara–, confío que la Sala Penal Especial que tiene a cargo este proceso siga conduciéndolo con plena independencia, y que en la decisión jurisdiccional que tome al concluir el juicio, primen los principios de independencia e imparcialidad que son pilares en la impartición de justicia".
RÉGIMEN PENITENCIARIO
De otro lado, Távara reiteró que es competencia única del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) decidir si se modifica nuevamente el régimen carcelario de Fujimori.
Al respecto, en la Corte Suprema se comentó que, por ejemplo, las críticas a la ministra de Justicia, Rosario Fernández, por el cambio de régimen penitenciario de Alberto Fujimori deberían ser analizadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Sin embargo, como la congresista Moyano aprueba el beneficio otorgado a su líder político, es seguro que ninguna denuncia por ese tema prosperaría.
DATOS
Régimen. El INPE no modificaría el nuevo régimen penitenciario otorgado al recluso Alberto Fujimori, pese a los documentos que le ha remitido la Sala Penal Especial, donde se precisa que se le acusa de delitos cometidos por una organización ilícita.
Especulaciones. "Todos son especulaciones, esos documentos no nos obligan a cambiar el nuevo régimen carcelario otorgado al señor Fujimori", indicó un alto funcionario del INPE que pidió el anonimato. Fujimori se mantendrá en el régimen ordinario.
El Ejército apoya a Fujimori
"El Ejército está pretendiendo ayudar, en la defensa, al señor Alberto Fujimori", denunció Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal y representante de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta.
"En la audiencia del lunes el abogado César Nakazaki presentó documentos de la Dirección de Operaciones Terrestres del Ejército donde se desconoce la existencia del Manual de Equipos Básicos de Inteligencia Militar y el Manual de Operaciones Especiales de Inteligencia, de 1991, donde se dice que el SIN planifica acciones de inteligencia y autoriza la eliminación de personas", indicó Rivera.
"Esos manuales existen, tienen un número, un registro y una autorización, han sido ampliamente discutidos y reconocidos por muchos oficiales del Ejército que han concurrido en calidad de testigos, pero ahora el director de Operaciones Terrestres del Ejército, general de Brigada Miguel Rojas García –testigo de Fujimori en el juicio–, le contesta a Nakazaki que esos manuales solo fueron proyectos no oficiales".
El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, negó que el Ejército esté colaborando con la defensa de Fujimori. "Las Fuerzas Armadas no se meten en un caso que está en juicio. Hemos entregado los documentos que los tribunales nos han pedido", anotó.
Manifiesta que no es conveniente que en pleno juicio a Fujimori una congresista fujimorista presida tan importante comisión del Congreso.
César Romero. La República
Preocupado. Titular del PJ, Francisco Távara, advirtió de incomodidad en la Corte Suprema de Justicia.
La designación de la congresista fujimorista Martha Moyano como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en momentos en que se juzga al ex dictador Alberto Fujimori, es vista con alarma y preocupación en la Corte Suprema de Justicia.
Así lo hizo saber el presidente del PJ, Francisco Távara Córdova. "Creo que dada la coyuntura histórica del juicio (a Fujimori), no era lo más conveniente que una comisión tan importante como es la de Acusaciones Constitucionales estuviera en manos de una conspicua representante del fujimorismo", declaró.
El también presidente de la Corte Suprema dijo que no hablaba a título personal, sino que expresaba una preocupación de la magistratura.
"Es un proceso histórico, el proceso del siglo, y obviamente no puedo dejar de expresar el sentir de la mayoría del Poder Judicial por lo que se está comentando", apuntó Távara.
COMISIÓN CLAVE
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene como atribuciones evaluar y calificar las denuncias contra altas autoridades del Estado, incluyendo a los jueces de la Corte Suprema, lo que podría generar en presiones sobre los encargados de juzgar a Fujimori o de otras autoridades que tienen que ver con su situación penitenciaria.
Távara explicó que "cualquier ciudadano podría pensar que es preocupante que una congresista del partido del ex mandatario presida una comisión tan importante".
El presidente del PJ aseguró que los magistrados afrontarán bien esta situación, pero esperaba que estos no sean puestos a prueba.
"Confío en la calidad profesional del órgano jurisdiccional que tiene a cargo dicho juicio, estamos preparados para resistir cualquier tipo de presión. Además, conozco a la señora Moyano, tiene sus cualidades y espero que no utilice ningún mecanismo de presión", anotó.
"Mas allá de las especulaciones – prosiguió Távara–, confío que la Sala Penal Especial que tiene a cargo este proceso siga conduciéndolo con plena independencia, y que en la decisión jurisdiccional que tome al concluir el juicio, primen los principios de independencia e imparcialidad que son pilares en la impartición de justicia".
RÉGIMEN PENITENCIARIO
De otro lado, Távara reiteró que es competencia única del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) decidir si se modifica nuevamente el régimen carcelario de Fujimori.
Al respecto, en la Corte Suprema se comentó que, por ejemplo, las críticas a la ministra de Justicia, Rosario Fernández, por el cambio de régimen penitenciario de Alberto Fujimori deberían ser analizadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Sin embargo, como la congresista Moyano aprueba el beneficio otorgado a su líder político, es seguro que ninguna denuncia por ese tema prosperaría.
DATOS
Régimen. El INPE no modificaría el nuevo régimen penitenciario otorgado al recluso Alberto Fujimori, pese a los documentos que le ha remitido la Sala Penal Especial, donde se precisa que se le acusa de delitos cometidos por una organización ilícita.
Especulaciones. "Todos son especulaciones, esos documentos no nos obligan a cambiar el nuevo régimen carcelario otorgado al señor Fujimori", indicó un alto funcionario del INPE que pidió el anonimato. Fujimori se mantendrá en el régimen ordinario.
El Ejército apoya a Fujimori
"El Ejército está pretendiendo ayudar, en la defensa, al señor Alberto Fujimori", denunció Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal y representante de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta.
"En la audiencia del lunes el abogado César Nakazaki presentó documentos de la Dirección de Operaciones Terrestres del Ejército donde se desconoce la existencia del Manual de Equipos Básicos de Inteligencia Militar y el Manual de Operaciones Especiales de Inteligencia, de 1991, donde se dice que el SIN planifica acciones de inteligencia y autoriza la eliminación de personas", indicó Rivera.
"Esos manuales existen, tienen un número, un registro y una autorización, han sido ampliamente discutidos y reconocidos por muchos oficiales del Ejército que han concurrido en calidad de testigos, pero ahora el director de Operaciones Terrestres del Ejército, general de Brigada Miguel Rojas García –testigo de Fujimori en el juicio–, le contesta a Nakazaki que esos manuales solo fueron proyectos no oficiales".
El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, negó que el Ejército esté colaborando con la defensa de Fujimori. "Las Fuerzas Armadas no se meten en un caso que está en juicio. Hemos entregado los documentos que los tribunales nos han pedido", anotó.
Sobre pago de indemnización y reparación a víctimas del caso Castro Castro. Además, el Estado puede cobrarse la reparación civil que deban las víctimas.
César Romero. La República
Polémica. La masacre en el penal Castro Castro sigue causando controversia.
El fallo aclaratorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acogió las aclaraciones solicitadas por el Perú, pero ratificó la responsabilidad del Estado en la matanza de Castro Castro y, por ende, la necesidad de investigar y sancionar a los responsables de ese crimen.
Lo más saltante del fallo es el reconocimiento expreso al daño ocasionado al país por Sendero Luminoso: la Corte precisó que no le corresponde pronunciarse sobre la responsabilidad penal de los senderistas, pero admite que "resulta amplia y públicamente conocido el sufrimiento causado a la sociedad peruana por Sendero y que, de acuerdo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, este grupo fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos" ocurridos en el Perú.
En tanto, aunque la resolución ratifica el pago de una indemnización económica a las víctimas, también precisa que el Estado o terceros civiles pueden cobrarse las deudas o reparaciones civiles pendientes de acuerdo con la normatividad legal vigente en el país.
Por eso ahora debe establecerse cuántos de los 41 muertos y las víctimas sobrevivientes tenían o tienen condenas vigentes y reparaciones civiles pendientes de pago en la época en que ocurrieron los hechos.
La Corte reitera la necesidad de erigir un recordatorio a las víctimas, y aclara que fue el Perú el que habló del monumento del "El ojo que llora", pero que si allí no es factible cumplir con ese requerimiento puede hacerlo en cualquier otro lugar, en un plazo de un año. Las víctimas pidieron inicialmente un monumento en Castro Castro.
LA CLAVE
Balance. La Corte IDH reconoce como víctimas a los 41 muertos, los sobrevivientes, los hijos menores de 18 años en 1992 y los familiares que estuvieron en los exteriores del penal.
Señala Juan Méndez, del CIJT. La falta de prueba directa es típica de los crímenes contra la humanidad, por lo que se acepta prueba circunstancial.
César Romero. La República
Amicus. Los jueces deben examinar todos los elementos probatorios a la luz de la experiencia internacional, dice especialista.
La falta de una prueba directa, ya sea video, documento o testimonio, donde se vea al ex dictador Alberto Fujimori ordenar las matanzas de Barrios Altos o La Cantuta, no debe impedir que se le condene por violaciones a los derechos humanos, opinó el presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional (CIJT), Juan Méndez.
Indicó que la jurisprudencia internacional, al juzgar a superiores jerárquicos, permite que se emita condena en base a prueba circunstancial, testimonio indirecto o inferencia lógica que permita tener la convicción de que el acusado dio la orden o consintió que se cometiera el crimen. Agregó que se acepta esta práctica por ser la falta de una prueba directa algo típico de los crímenes de lesa humanidad.
JURISPRUDENCIA
Méndez precisó que así se ha establecido en diversos tribunales de la región que juzgaron delitos contra la humanidad.
Las sentencias de tribunales de Argentina, Chile, Bolivia y Guatemala en casos específicos han sido entregadas a la Sala Penal Especial que juzga a Fujimori, como parte del "Amicus Curiae" que presentó la semana pasada el referido Centro Internacional.
En ese informe se precisa, por ejemplo, que en el juicio al dictador argentino Jorge Rafael Videla se estableció su responsabilidad por no prevenir o detener los delitos.
"Un juez entendió que la falta de intervención de Videla frente al conocimiento de los delitos implica su intención de que éstos continuaran", argumentó Méndez
También narró cómo en el juicio al ex jefe de Estado de Bolivia Luis García Meza se estableció su responsabilidad en base a oficios y testimonios que acreditaron que éste dio las órdenes para la constitución y la acción de grupos paramilitares que operaron como Grupos de Operaciones Especiales.
Se tomaron en cuenta, además, documentos para la entrega de armamento a esos grupos y ascensos y reconocimientos a sus integrantes, lo que evoca al destacamento Colina y las felicitaciones a Santiago Martin Rivas y Carlos Pinchilingüe, que les permitió ascender a mayores.
El doctor Juan Méndez hizo estas precisiones durante un conversatorio con la prensa organizado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica del Perú.
CLAVES
Peritos. El juicio a Alberto Fujimori se suspendió hasta el lunes 25 de agosto próximo. Ese día se escuchará a los peritos internacionales Federico Andreu y José Antonio Martín Pallín.
Internacional. Federico Andreu es consejero general de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, Suiza. Martín Pallín es magistrado de la Corte Suprema de España.
INFORMAN CARGOS AL INPE
1] En la sesión de ayer la Sala Penal Especial de la Corte Suprema informó que ha remitido al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) copias del auto de instrucción, la sentencia de extradición, y las acusaciones de la fiscalía contra Alberto Fujimori.
2] La Sala no lo dijo, pero esa información aclara que el ex presidente es juzgado como cabeza de una organización criminal enclavada en el Ejército que asesinó a 25 personas en Los Barrios Altos y la universidad La Cantuta. El INPE justificó el cambio de régimen de Fujimori porque no era juzgado como miembro de una organización criminal.
3] Mientras, otro grupo de peritos médicos presentaron nuevas evidencias de la brutali-
dad con que se cometió el asesinato de la universidad La Cantuta y la desaparición de pruebas.
Uno de ellos es Ramiro de Valdivia, favorecido recientemente por el TC. Se espera inicio de juicio
Por Óscar Castilla C. El Comercio
La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, a cargo del vocal Hugo Sivina, fijará fecha y hora para iniciar el juicio oral y público contra los cinco ex miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se asociaron con Vladimiro Montesinos para favorecer en 1999 la tercera e ilegal postulación del entonces presidente Alberto Fujimori.
Fuentes judiciales revelaron que en dicho tribunal recién se han percatado de la acusación planteada a fines del 2006 por el fiscal supremo adjunto Avelino Guillén en ese caso. Cabe indicar que el Ministerio Público pidió 15 años de prisión para Rómulo Muñoz Arce (67), ocho para Walter Hernández Canelo (70), siete para José Bringas Villar (65), cinco para Luis Serpa Segura (78) y seis para Ramiro de Valdivia Cano (60).
En el tribunal supremo recién se acordaron de este caso cuando el Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo que ordenó la reincorporación de De Valdivia Cano en la Corte Suprema. La fiscalía acusa a este magistrado y a sus ex colegas del JNE de haber formado una organización criminal junto con el ex asesor presidencial.
"(Los miembros del JNE) intervinieron con Vladimiro Montesinos en la comisión de diversos actos ilícitos (para que) Alberto Fujimori participara en las elecciones para el período 2000-2005", dice la acusación fiscal.
"Con dicho objetivo los cinco procesados del JNE se reunieron en varias oportunidades en el local del otrora Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para redactar los proyectos de las resoluciones", señala el dictamen.
Por su participación, Muñoz recibió US$10 mil, un pasaje aéreo a EE.UU. para su hija y una bolsa de viaje por US$5 mil, así como la posibilidad que le brindó el 'Doc' de conseguirle un trabajo a otro de sus hijos.
La acusación fiscal también revela el papel que jugó De Valdivia. En ese entonces, se había planteado una tacha y una nulidad contra la candidatura de Fujimori. Respecto de la primera, los cinco miembros del JNE y Montesinos estuvieron de acuerdo en rechazarla y sobre la segunda acordaron declararla infundada, pero con un voto singular de De Valdivia "para dar la sensación de equilibrio ante la opinión pública", revela la acusación.
La reunión ocurrió el 30 de diciembre de 1999, en el SIN, el fallo se expidió al día siguiente y se hizo público el 1 de enero del 2000.
Por Óscar Castilla C. El Comercio
La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, a cargo del vocal Hugo Sivina, fijará fecha y hora para iniciar el juicio oral y público contra los cinco ex miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se asociaron con Vladimiro Montesinos para favorecer en 1999 la tercera e ilegal postulación del entonces presidente Alberto Fujimori.
Fuentes judiciales revelaron que en dicho tribunal recién se han percatado de la acusación planteada a fines del 2006 por el fiscal supremo adjunto Avelino Guillén en ese caso. Cabe indicar que el Ministerio Público pidió 15 años de prisión para Rómulo Muñoz Arce (67), ocho para Walter Hernández Canelo (70), siete para José Bringas Villar (65), cinco para Luis Serpa Segura (78) y seis para Ramiro de Valdivia Cano (60).
En el tribunal supremo recién se acordaron de este caso cuando el Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo que ordenó la reincorporación de De Valdivia Cano en la Corte Suprema. La fiscalía acusa a este magistrado y a sus ex colegas del JNE de haber formado una organización criminal junto con el ex asesor presidencial.
"(Los miembros del JNE) intervinieron con Vladimiro Montesinos en la comisión de diversos actos ilícitos (para que) Alberto Fujimori participara en las elecciones para el período 2000-2005", dice la acusación fiscal.
"Con dicho objetivo los cinco procesados del JNE se reunieron en varias oportunidades en el local del otrora Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para redactar los proyectos de las resoluciones", señala el dictamen.
Por su participación, Muñoz recibió US$10 mil, un pasaje aéreo a EE.UU. para su hija y una bolsa de viaje por US$5 mil, así como la posibilidad que le brindó el 'Doc' de conseguirle un trabajo a otro de sus hijos.
La acusación fiscal también revela el papel que jugó De Valdivia. En ese entonces, se había planteado una tacha y una nulidad contra la candidatura de Fujimori. Respecto de la primera, los cinco miembros del JNE y Montesinos estuvieron de acuerdo en rechazarla y sobre la segunda acordaron declararla infundada, pero con un voto singular de De Valdivia "para dar la sensación de equilibrio ante la opinión pública", revela la acusación.
La reunión ocurrió el 30 de diciembre de 1999, en el SIN, el fallo se expidió al día siguiente y se hizo público el 1 de enero del 2000.
20/08/08: Carta de Ramiro de Valdivia al Comercio
Lima, 18 de agosto del 2008
Sr. Dr.
Alejandro Miró Quesada Cisneros
Pte.-
Estimado Señor Director:
Me refiero a las recientes publicaciones del Diario El Comercio en relación a la resolución del caso del Dr. Ramiro de Valdivia Cano por el Tribunal Constitucional.
He sido abogado del Dr. Ramiro de Valdivia desde el inicio de este proceso y las afirmaciones que se hace en las diversas notas no se condicen con la verdad.
1.-El Derecho juzga hechos, no especulaciones que asignan intenciones. En todo momento el Dr. de Valdivia Cano, a través de sus votos y hechos concretos en la época de la dictadura, donde era difícil enfrentar al gobernante, votó en contra de sus designios. Sus votos sirvieron mucho a la causa democrática y contrastaron desde el punto de vista argumental con la inopia de los emitidos por quienes se sometieron a Montesinos. Esos votos fueron resaltados por personas tan importantes como Javier Alva Orlandini, Valentín Paniagua, Guillermo Rey Terry o Francisco Miró Quesada Rada. Todas esas opiniones obran en el expediente.
2.- La acusación no probada ni ratificada por ningún hecho, se dice haberse tomado del dicho de Vladimiro Montesinos. Ese testimonio per se, espetado por quien precisamente no encontró apoyo en esos votos que lo refutaron, no puede ser tomado como prueba para condenar a ninguna persona, ni siquiera, para ponerla en entredicho.
3.- En el vídeo de la entrevista al Dr. de Valdivia, que es público, aparece que contestó todas y cada una de las preguntas que le hicieron los consejeros del CNM. No dejó de responder ninguna. Si quienes estaban en el jurado no hicieron más preguntas fue porque no consideraron necesario. Los exámenes que hacemos los mortales no son como las confesiones cristianas, donde las personas se ponen ante el sacerdote y le cuentan su vida. Esto ha de sumarse al hecho que ya se había producido una tacha sobre el mismo tema cuando la postulación del Dr. De Valdivia y se había desechado la tacha. No había razón lógica para volver sobre lo mismo.
4.- Cuando en el Congreso, en la Comisión Investigadora sí le preguntaron al Dr. De Valdivia si se había reunido con Montesinos, contestó directamente la pregunta y relató lo que allí sucedió. Se negó a aceptar esa presión que le hacía Montesinos. No hay ninguna prueba en el expediente ni fuera de él que desdiga lo afirmado por el Dr. De Valdivia.
5.- No hay ningún video donde aparezca el Dr. de Valdivia junto a Montesinos en la salita del SIN ni en ningún otro lugar.
6.- Es clarísimo que no se puede extender las competencias de los órganos de poder, menos las sancionatorias. Caso contrario estaríamos retornando a la época de la Inquisición. Cuando en la Constitución se asignan competencias son esas las que quienes están en el poder pueden ejercer. No otras que se autoasignan. Al Dr. de Valdivia se le sancionó, indebidamente como hemos visto, por hechos que no se llevaron a cabo mientras el Dr. de Valdivia estaba en la Corte Suprema, sino por hechos que sucedieron varios años antes.
7.- La sentencia de 6 votos a 1 del Tribunal Constitucional es muy sólida. Es además, impecable desde el razonamiento jurídico. No existe ni razón ni posibilidad en el mundo del Derecho para no acatarla. Creo que se hace muy mal cuando se promueven campañas para desconocer las resoluciones de los Tribunales competentes.
8.- Finalmente, quienes dicen que se debió denunciar a Montesinos en ese momento por haber querido influir sobre resoluciones judiciales deberían preguntarse: ¿Hay alguna persona que haya sido encausada por ello, empezando por poderosos empresarios peruanos o extranjeros y siguiendo por Ministros o Presidentes Regionales que actualmente están en ejercicio? Lo bueno sería que quienes hoy acusan hubieran tenido durante esos años y los posteriores una actitud firme para combatir a la dictadura a la que tuvimos que padecer durante más 8 años y medio por las timideces de quienes le consintieron estatuto de gobierno normal.
9.- Ramiro de Valdivia es un profesor universitario muy respetado de Arequipa y no merece ese trato.
Atentamente
Alberto Borea Odría
DNI 09157836
Calle 23 # 135
San Borja
Sr. Dr.
Alejandro Miró Quesada Cisneros
Pte.-
Estimado Señor Director:
Me refiero a las recientes publicaciones del Diario El Comercio en relación a la resolución del caso del Dr. Ramiro de Valdivia Cano por el Tribunal Constitucional.
He sido abogado del Dr. Ramiro de Valdivia desde el inicio de este proceso y las afirmaciones que se hace en las diversas notas no se condicen con la verdad.
1.-El Derecho juzga hechos, no especulaciones que asignan intenciones. En todo momento el Dr. de Valdivia Cano, a través de sus votos y hechos concretos en la época de la dictadura, donde era difícil enfrentar al gobernante, votó en contra de sus designios. Sus votos sirvieron mucho a la causa democrática y contrastaron desde el punto de vista argumental con la inopia de los emitidos por quienes se sometieron a Montesinos. Esos votos fueron resaltados por personas tan importantes como Javier Alva Orlandini, Valentín Paniagua, Guillermo Rey Terry o Francisco Miró Quesada Rada. Todas esas opiniones obran en el expediente.
2.- La acusación no probada ni ratificada por ningún hecho, se dice haberse tomado del dicho de Vladimiro Montesinos. Ese testimonio per se, espetado por quien precisamente no encontró apoyo en esos votos que lo refutaron, no puede ser tomado como prueba para condenar a ninguna persona, ni siquiera, para ponerla en entredicho.
3.- En el vídeo de la entrevista al Dr. de Valdivia, que es público, aparece que contestó todas y cada una de las preguntas que le hicieron los consejeros del CNM. No dejó de responder ninguna. Si quienes estaban en el jurado no hicieron más preguntas fue porque no consideraron necesario. Los exámenes que hacemos los mortales no son como las confesiones cristianas, donde las personas se ponen ante el sacerdote y le cuentan su vida. Esto ha de sumarse al hecho que ya se había producido una tacha sobre el mismo tema cuando la postulación del Dr. De Valdivia y se había desechado la tacha. No había razón lógica para volver sobre lo mismo.
4.- Cuando en el Congreso, en la Comisión Investigadora sí le preguntaron al Dr. De Valdivia si se había reunido con Montesinos, contestó directamente la pregunta y relató lo que allí sucedió. Se negó a aceptar esa presión que le hacía Montesinos. No hay ninguna prueba en el expediente ni fuera de él que desdiga lo afirmado por el Dr. De Valdivia.
5.- No hay ningún video donde aparezca el Dr. de Valdivia junto a Montesinos en la salita del SIN ni en ningún otro lugar.
6.- Es clarísimo que no se puede extender las competencias de los órganos de poder, menos las sancionatorias. Caso contrario estaríamos retornando a la época de la Inquisición. Cuando en la Constitución se asignan competencias son esas las que quienes están en el poder pueden ejercer. No otras que se autoasignan. Al Dr. de Valdivia se le sancionó, indebidamente como hemos visto, por hechos que no se llevaron a cabo mientras el Dr. de Valdivia estaba en la Corte Suprema, sino por hechos que sucedieron varios años antes.
7.- La sentencia de 6 votos a 1 del Tribunal Constitucional es muy sólida. Es además, impecable desde el razonamiento jurídico. No existe ni razón ni posibilidad en el mundo del Derecho para no acatarla. Creo que se hace muy mal cuando se promueven campañas para desconocer las resoluciones de los Tribunales competentes.
8.- Finalmente, quienes dicen que se debió denunciar a Montesinos en ese momento por haber querido influir sobre resoluciones judiciales deberían preguntarse: ¿Hay alguna persona que haya sido encausada por ello, empezando por poderosos empresarios peruanos o extranjeros y siguiendo por Ministros o Presidentes Regionales que actualmente están en ejercicio? Lo bueno sería que quienes hoy acusan hubieran tenido durante esos años y los posteriores una actitud firme para combatir a la dictadura a la que tuvimos que padecer durante más 8 años y medio por las timideces de quienes le consintieron estatuto de gobierno normal.
9.- Ramiro de Valdivia es un profesor universitario muy respetado de Arequipa y no merece ese trato.
Atentamente
Alberto Borea Odría
DNI 09157836
Calle 23 # 135
San Borja
Categoría: Artículos derecho penal
Publicado por: mbermudez
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(ANDINA).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concede al Estado peruano la potestad de decidir la naturaleza de indemnizaciones y el reconocimiento a las personas que fallecieron durante la matanza en el penal Castro Castro, según se traduce de los distintos puntos resolutivos de la interpretación del referido fallo.
Así lo manifestó, el ex agente del Estado peruano ante la Corte de San José, Luis Alberto Salgado, al indicar que dicha instancia supranacional deja al trámite de derecho interno peruano los principales pedidos planteados por el Estado.
Explicó que en los puntos resolutivos 50, 53 y 57 del fallo, se observan señales favorables a los pedidos del Estado peruano donde deja abierta la posibilidad de que se cumpla la referida sentencia en el marco de la jurisdicción interna del Estado peruano.
"Un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional es una medida de reparación que la Corte usualmente ordena (.) Por otra parte, al ordenar esta medida de reparación el Tribunal tomó en cuenta que el Estado reconoció su responsabilidad internacional por los hechos ocurridos en el Penal Miguel Castro Castro durante la tramitación del presente caso. Por ello, en los términos del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado ante esta Corte, el Estado debe realizar dicho reconocimiento ahora en su jurisdicción interna", señala el fallo.
Respecto a la posibilidad de que el Estado, acreedores y terceros accionen legalmente contra algunos de los beneficiarios de las reparaciones económicas por deudas previas que éstos pudieran tener, la Corte indicó que ello se debe resolver conforme al derecho interno aplicado en Perú.
"La Corte observa que las eventuales deudas que en el derecho interno tengan las personas que accedieron al sistema interamericano y las acciones legales que pudieran intentar sus posibles acreedores, sean privados o públicos, son asuntos ajenos al proceso internacional ante este Tribunal que el Estado debe resolver conforme a su derecho interno", indica.
Del mismo modo, precisa Salgado que en el extenso fallo en ningún momento se ha mencionado realizar un homenaje a las personas que fallecieron durante la matanza en el penal Castro Castro.
Sostuvo que en el acápite 57, se indica que se debe hacer un reconocimiento, lo que no implica la participación de las principales autoridades del Estado.
La Corte acepta que el Estado establezca un parque o erija un monumento que satisfaga el sentido y fin de la medida de reparación ordenada por el Tribunal en su Sentencia. Para cumplir con esta medida el Estado cuenta con un plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia”, precisa el punto resolutivo 57.
Salgado, refirió que en términos generales la Corte ha transmitido un mensaje de “equilibrio” para que no se vuelvan a cometer hechos lamentables como la matanza en el Penal Castro Castro
Perú planteó a la Corte IDH una interpretación de la sentencia del referido caso, dictada a mediados de diciembre de 2006, que ordena al Estado peruano indemnizar a los deudos de 41 personas acusadas de terrorismo que murieron en ese centro penitenciario.
El fallo dispone también desagraviar públicamente a los fallecidos en una ceremonia con la presencia de altas autoridades y colocar sus nombres en el monumento "El ojo que llora".
La Corte IDH tomó la decisión sobre la demanda de interpretación presentada por el Estado peruano sobre el caso Castro Castro, el pasado 2 de agosto.
Así lo manifestó, el ex agente del Estado peruano ante la Corte de San José, Luis Alberto Salgado, al indicar que dicha instancia supranacional deja al trámite de derecho interno peruano los principales pedidos planteados por el Estado.
Explicó que en los puntos resolutivos 50, 53 y 57 del fallo, se observan señales favorables a los pedidos del Estado peruano donde deja abierta la posibilidad de que se cumpla la referida sentencia en el marco de la jurisdicción interna del Estado peruano.
"Un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional es una medida de reparación que la Corte usualmente ordena (.) Por otra parte, al ordenar esta medida de reparación el Tribunal tomó en cuenta que el Estado reconoció su responsabilidad internacional por los hechos ocurridos en el Penal Miguel Castro Castro durante la tramitación del presente caso. Por ello, en los términos del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado ante esta Corte, el Estado debe realizar dicho reconocimiento ahora en su jurisdicción interna", señala el fallo.
Respecto a la posibilidad de que el Estado, acreedores y terceros accionen legalmente contra algunos de los beneficiarios de las reparaciones económicas por deudas previas que éstos pudieran tener, la Corte indicó que ello se debe resolver conforme al derecho interno aplicado en Perú.
"La Corte observa que las eventuales deudas que en el derecho interno tengan las personas que accedieron al sistema interamericano y las acciones legales que pudieran intentar sus posibles acreedores, sean privados o públicos, son asuntos ajenos al proceso internacional ante este Tribunal que el Estado debe resolver conforme a su derecho interno", indica.
Del mismo modo, precisa Salgado que en el extenso fallo en ningún momento se ha mencionado realizar un homenaje a las personas que fallecieron durante la matanza en el penal Castro Castro.
Sostuvo que en el acápite 57, se indica que se debe hacer un reconocimiento, lo que no implica la participación de las principales autoridades del Estado.
La Corte acepta que el Estado establezca un parque o erija un monumento que satisfaga el sentido y fin de la medida de reparación ordenada por el Tribunal en su Sentencia. Para cumplir con esta medida el Estado cuenta con un plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia”, precisa el punto resolutivo 57.
Salgado, refirió que en términos generales la Corte ha transmitido un mensaje de “equilibrio” para que no se vuelvan a cometer hechos lamentables como la matanza en el Penal Castro Castro
Perú planteó a la Corte IDH una interpretación de la sentencia del referido caso, dictada a mediados de diciembre de 2006, que ordena al Estado peruano indemnizar a los deudos de 41 personas acusadas de terrorismo que murieron en ese centro penitenciario.
El fallo dispone también desagraviar públicamente a los fallecidos en una ceremonia con la presencia de altas autoridades y colocar sus nombres en el monumento "El ojo que llora".
La Corte IDH tomó la decisión sobre la demanda de interpretación presentada por el Estado peruano sobre el caso Castro Castro, el pasado 2 de agosto.
Entrampan denuncias contra los congresistas Sucari y Anaya en medio de leguleyadas por doquier
El Comercio
Humalistas, Bloque Popular y UN alegaronque el procurador no puede encausar las denuncias. Un oficio del Consejo de Defensa Judicial del Estado dice lo contrario
Por Gerardo Caballero
Hace 16 días que se conoció una grave denuncia periodística contra la congresista Margarita Sucari (Bloque Popular). Hace siete días sucedió algo similar con el parlamentario José Anaya (UPP). Sin embargo, hasta ahora la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ni siquiera admite las respectivas denuncias contra ellos.
Ayer se reunió este grupo de trabajo --que estrenaba en la presidencia a la fujimorista Martha Moyano-- para admitir las demandas e iniciar las investigaciones.
En eso estaban cuando Luis Galarreta (UN) preguntó si el procurador del Congreso, quien presentara las denuncias constitucionales contra Sucari y Anaya, era competente para hacerlo.
COMIENZA EL PLEITO
Y es que el artículo 89 del Reglamento del Congreso refiere que este tipo de denuncias puede ser presentado por los parlamentarios, por el fiscal de la Nación y por "cualquier persona que se considere directamente agraviada".
"No quiero pensar que ha sido, más que un error, una intención para que el proceso se caiga en el Poder Judicial", dijo Galarreta.
El humalista Cayo Galindo agregó que el procurador del Congreso solo se hace cargo de los asuntos judiciales del Parlamento. Para tal aseveración, Galindo se basó en la resolución suprema 138-2006-JUS, que nombró a Julio Ubillús en el cargo.
El humalista inquirió por qué el presidente del Congreso no presentó las denuncias. "Es bonito llenarse la boca, pero no comprarse el pleito", dijo.
Los únicos que intentaron rebatir estos argumentos fueron José Carrasco Távara (Apra) y, con más ahínco, Carlos Bruce (AP). Este último señaló que el agraviado en los casos de Sucari y Anaya era el Congreso. Y como la Mesa Directiva representa al Parlamento --prosiguió--, esta puede autorizar al procurador para presentar las denuncias.
Sin embargo, el humalista Daniel Abugattas refirió que es el titular del Congreso, y no la Mesa Directiva, el que representa al Poder Legislativo.
A todos ellos se sumó Édgard Reymundo (BP), quien aseguró que la denuncia contra Anaya tiene fecha 15 de agosto, mientras que la autorización de la Mesa Directiva para hacer tal denuncia es del 17 de agosto.
Martha Moyano intentó comunicarse con el presidente del Congreso para que asumiera personalmente las demandas y así zanjar los cuestionamientos. Sin embargo, Javier Velásquez Quesquén (Apra) se hallaba en vuelo de Chiclayo a Lima.
Moyano solo atinó a suspender la sesión y a programar una nueva para hoy al mediodía. "Ningún miembro ha pretendido dilatar el tema", manifestó.
EL HILO DE LA MADEJA
Sin embargo, el procurador del Congreso sí puede presentar denuncias constitucionales. Así lo establece el oficio 890-2007-JUS/CDJE-ST del Consejo de Defensa Judicial del Estado.
El documento, del 3 de mayo del 2007, refiere que "no existe impedimento alguno para que, excepcionalmente, el titular del sector (...) autorice al procurador público ejercitar la representación legal o administrativa del Estado en determinadas situaciones, tales como los casos de denuncias constitucionales".
Fuentes parlamentarias recordaron que el procurador Ubillús ya presentó denuncias constitucionales en los casos de Tula Benites (Apra) y Ricardo Pando (GPF).
También se conoció que, para el Caso Anaya, el procurador fue autorizado a actuar por el presidente del Congreso el 15 de agosto (y no el 17) mediante la resolución 003-2008-2009-P/CR.
LOS PERSONAJES
- Margarita Sucari Cari. Congresista Bloque Popular
Fue denunciada por recortar el salario de la auxiliar Ivonne Araujo para pagar a personas que no tenían vínculo laboral con el Congreso. Presuntos delitos: Concusión y falsedad genérica.
- José Anaya Oropeza. Congresista UPP
Habría adulterado boletas para justificar gastos operativos y pedir el reembolso de pasajes que no le costaron. Supuestos delitos: falsa declaración, falsificación de documentos y peculado.
El Comercio
Humalistas, Bloque Popular y UN alegaronque el procurador no puede encausar las denuncias. Un oficio del Consejo de Defensa Judicial del Estado dice lo contrario
Por Gerardo Caballero
Hace 16 días que se conoció una grave denuncia periodística contra la congresista Margarita Sucari (Bloque Popular). Hace siete días sucedió algo similar con el parlamentario José Anaya (UPP). Sin embargo, hasta ahora la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ni siquiera admite las respectivas denuncias contra ellos.
Ayer se reunió este grupo de trabajo --que estrenaba en la presidencia a la fujimorista Martha Moyano-- para admitir las demandas e iniciar las investigaciones.
En eso estaban cuando Luis Galarreta (UN) preguntó si el procurador del Congreso, quien presentara las denuncias constitucionales contra Sucari y Anaya, era competente para hacerlo.
COMIENZA EL PLEITO
Y es que el artículo 89 del Reglamento del Congreso refiere que este tipo de denuncias puede ser presentado por los parlamentarios, por el fiscal de la Nación y por "cualquier persona que se considere directamente agraviada".
"No quiero pensar que ha sido, más que un error, una intención para que el proceso se caiga en el Poder Judicial", dijo Galarreta.
El humalista Cayo Galindo agregó que el procurador del Congreso solo se hace cargo de los asuntos judiciales del Parlamento. Para tal aseveración, Galindo se basó en la resolución suprema 138-2006-JUS, que nombró a Julio Ubillús en el cargo.
El humalista inquirió por qué el presidente del Congreso no presentó las denuncias. "Es bonito llenarse la boca, pero no comprarse el pleito", dijo.
Los únicos que intentaron rebatir estos argumentos fueron José Carrasco Távara (Apra) y, con más ahínco, Carlos Bruce (AP). Este último señaló que el agraviado en los casos de Sucari y Anaya era el Congreso. Y como la Mesa Directiva representa al Parlamento --prosiguió--, esta puede autorizar al procurador para presentar las denuncias.
Sin embargo, el humalista Daniel Abugattas refirió que es el titular del Congreso, y no la Mesa Directiva, el que representa al Poder Legislativo.
A todos ellos se sumó Édgard Reymundo (BP), quien aseguró que la denuncia contra Anaya tiene fecha 15 de agosto, mientras que la autorización de la Mesa Directiva para hacer tal denuncia es del 17 de agosto.
Martha Moyano intentó comunicarse con el presidente del Congreso para que asumiera personalmente las demandas y así zanjar los cuestionamientos. Sin embargo, Javier Velásquez Quesquén (Apra) se hallaba en vuelo de Chiclayo a Lima.
Moyano solo atinó a suspender la sesión y a programar una nueva para hoy al mediodía. "Ningún miembro ha pretendido dilatar el tema", manifestó.
EL HILO DE LA MADEJA
Sin embargo, el procurador del Congreso sí puede presentar denuncias constitucionales. Así lo establece el oficio 890-2007-JUS/CDJE-ST del Consejo de Defensa Judicial del Estado.
El documento, del 3 de mayo del 2007, refiere que "no existe impedimento alguno para que, excepcionalmente, el titular del sector (...) autorice al procurador público ejercitar la representación legal o administrativa del Estado en determinadas situaciones, tales como los casos de denuncias constitucionales".
Fuentes parlamentarias recordaron que el procurador Ubillús ya presentó denuncias constitucionales en los casos de Tula Benites (Apra) y Ricardo Pando (GPF).
También se conoció que, para el Caso Anaya, el procurador fue autorizado a actuar por el presidente del Congreso el 15 de agosto (y no el 17) mediante la resolución 003-2008-2009-P/CR.
LOS PERSONAJES
- Margarita Sucari Cari. Congresista Bloque Popular
Fue denunciada por recortar el salario de la auxiliar Ivonne Araujo para pagar a personas que no tenían vínculo laboral con el Congreso. Presuntos delitos: Concusión y falsedad genérica.
- José Anaya Oropeza. Congresista UPP
Habría adulterado boletas para justificar gastos operativos y pedir el reembolso de pasajes que no le costaron. Supuestos delitos: falsa declaración, falsificación de documentos y peculado.
Vásquez Cortez podría ser investigada por el CNM
Expreso
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) evalúa desde ayer la posibilidad de someter a una investigación preliminar a la jefa de la Oficina Nacional de la Magistratura (Ocma), Elcira Vásquez Cortez, por pretender obligar a un juez para que atendiera –en horario inusual y prohibido– a la ex contralora y ex decana del Colegio de Abogados de Lima, Luz Aúrea Sáenz Arana.
Fuentes allegadas al máximo organismo del país para nombrar y destituir fiscales y jueces, dejaron entrever que el pleno del CNM se reunirá este jueves, donde se verán las medidas por adoptarse respecto a ese inusual caso protagonizado por la titular del ente fiscalizador de la justicia.
“Cualquiera de los siete consejeros del CNM está facultado por ley a presentar su pedido para iniciar la indagatoria correspondiente (con los recortes periodísticos y del segmento televisivo del caso), respecto a la conducta mostrada por la jefa de la Ocma en su afán de que la señorita Sáenz Arana sea atendida irregularmente por el juez David Abanto”, reseñó una fuente de crédito.
No se descarta que, si el CNM decidiera abrir una investigación preliminar sobre los hechos anotados, el presidente interino de la Corte Superior de Lima al momento de los hechos (diciembre de 2007), César Vega Vega, sea llamado a declarar sobre el particular.
Expreso
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) evalúa desde ayer la posibilidad de someter a una investigación preliminar a la jefa de la Oficina Nacional de la Magistratura (Ocma), Elcira Vásquez Cortez, por pretender obligar a un juez para que atendiera –en horario inusual y prohibido– a la ex contralora y ex decana del Colegio de Abogados de Lima, Luz Aúrea Sáenz Arana.
Fuentes allegadas al máximo organismo del país para nombrar y destituir fiscales y jueces, dejaron entrever que el pleno del CNM se reunirá este jueves, donde se verán las medidas por adoptarse respecto a ese inusual caso protagonizado por la titular del ente fiscalizador de la justicia.
“Cualquiera de los siete consejeros del CNM está facultado por ley a presentar su pedido para iniciar la indagatoria correspondiente (con los recortes periodísticos y del segmento televisivo del caso), respecto a la conducta mostrada por la jefa de la Ocma en su afán de que la señorita Sáenz Arana sea atendida irregularmente por el juez David Abanto”, reseñó una fuente de crédito.
No se descarta que, si el CNM decidiera abrir una investigación preliminar sobre los hechos anotados, el presidente interino de la Corte Superior de Lima al momento de los hechos (diciembre de 2007), César Vega Vega, sea llamado a declarar sobre el particular.
Hoy inician procesos sumarios en contra de Anaya y Sucari
En subcomisión de acusaciones constitucionales. El grupo admitiría las denuncias y pediría a peritos la revisión de las pruebas. Procesos acabarían con sanción ejemplar, dice Moyano.
Ana Núñez. La República
En capilla. Nueva gestión en el Congreso quiere usar los casos de Margarita Sucari y José Anaya para reivindicarse.
Quizá para enfrentar las críticas sobre un supuesto espíritu de cuerpo del Parlamento a favor de legisladores que son objeto de diferentes denuncias, la recién instalada subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó iniciar hoy, en sesión extraordinaria, las investigaciones contra los upepistas Margarita Sucari y José Anaya.
Ambos legisladores, como se recuerda, han sido denunciados constitucionalmente por la Procuraduría de este Poder del Estado, por lo que podrían ser desaforados y tener que enfrentar un proceso judicial en el caso de que el grupo presidido por la fujimorista Martha Moyano encuentre indicios de la comisión de delito.
SUPUESTOS DELITOS
Sucari ha sido denunciada por la presunta comisión de los delitos de concusión y falsedad genérica al haber recortado los sueldos de una funcionaria de su despacho para, supuestamente, pagar a otros trabajadores que no figuran en la planilla del Legislativo.
Anaya, por su parte, fue denunciado el viernes por la supuesta comisión de los delitos de falsa declaración en proceso administrativo, falsedad genérica y peculado, al haber falsificado boletas al rendir sus gastos operativos.
Sobre ambos casos, Moyano indicó que, para realizar las indagaciones con celeridad, el grupo que preside determinó que se realizarán procesos sumarios, en los que no se vulnerará el debido proceso.
La congresista fujimorista adelantó que hoy la subcomisión admitiría las demandas y procedería a hacer las calificaciones de cada una de ellas. Moyano indicó que, como presidenta de la comisión, podría encargar de inmediato la revisión de las pruebas al o a los peritos correspondientes.
"Este será un proceso rápido. Las pruebas están ahí, no hay tanto de dónde indagar", comentó la legisladora respecto del caso Anaya.
Moyano agregó, no obstante, que la subcomisión que preside recibirá la declaración de los funcionarios administrativos encargados de recibir los documentos que presentan los parlamentarios para rendir sus gastos operativos.
Aunque no quiso adelantar opinión, la fujimorista indicó que el solo hecho de que el grupo sesione de inmediato expresa una posición, y que el proceso debería concluir con una "medida ejemplar".
CLAVES
Aclara. El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, negó que exista algún espíritu de cuerpo en favor del congresista Anaya.
Más grave. Por el contrario, dijo el legislador, se ha denunciado un hecho más grave, como es la posible comisión de clonación de documentos por el parlamentario que es materia de investigación.
Mañana se ven casos en Ética
1) En paralelo al proceso que se inicia en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la comisión de Ética iniciará mañana la investigación al parlamentario José Anaya. Este grupo debe determinar si el legislador vulneró alguna norma ética y si por ello es pasible de ser suspendido en su función parlamentaria temporalmente y sin goce de haber.
2) Para mañana también fue citada por tercera vez la congresista Margarita Sucari, quien la semana pasada presentó a la Mesa Directiva un certificado médico para justificar su inasistencia a la comisión que preside Elizabeth León.
3) La titular del grupo parlamentario ha adelantado, no obstante, que en el caso de que algún parlamentario investigado no acuda tras tres citaciones, la comisión emitirá su informe sin tomar en cuenta esos descargos.
En subcomisión de acusaciones constitucionales. El grupo admitiría las denuncias y pediría a peritos la revisión de las pruebas. Procesos acabarían con sanción ejemplar, dice Moyano.
Ana Núñez. La República
En capilla. Nueva gestión en el Congreso quiere usar los casos de Margarita Sucari y José Anaya para reivindicarse.
Quizá para enfrentar las críticas sobre un supuesto espíritu de cuerpo del Parlamento a favor de legisladores que son objeto de diferentes denuncias, la recién instalada subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó iniciar hoy, en sesión extraordinaria, las investigaciones contra los upepistas Margarita Sucari y José Anaya.
Ambos legisladores, como se recuerda, han sido denunciados constitucionalmente por la Procuraduría de este Poder del Estado, por lo que podrían ser desaforados y tener que enfrentar un proceso judicial en el caso de que el grupo presidido por la fujimorista Martha Moyano encuentre indicios de la comisión de delito.
SUPUESTOS DELITOS
Sucari ha sido denunciada por la presunta comisión de los delitos de concusión y falsedad genérica al haber recortado los sueldos de una funcionaria de su despacho para, supuestamente, pagar a otros trabajadores que no figuran en la planilla del Legislativo.
Anaya, por su parte, fue denunciado el viernes por la supuesta comisión de los delitos de falsa declaración en proceso administrativo, falsedad genérica y peculado, al haber falsificado boletas al rendir sus gastos operativos.
Sobre ambos casos, Moyano indicó que, para realizar las indagaciones con celeridad, el grupo que preside determinó que se realizarán procesos sumarios, en los que no se vulnerará el debido proceso.
La congresista fujimorista adelantó que hoy la subcomisión admitiría las demandas y procedería a hacer las calificaciones de cada una de ellas. Moyano indicó que, como presidenta de la comisión, podría encargar de inmediato la revisión de las pruebas al o a los peritos correspondientes.
"Este será un proceso rápido. Las pruebas están ahí, no hay tanto de dónde indagar", comentó la legisladora respecto del caso Anaya.
Moyano agregó, no obstante, que la subcomisión que preside recibirá la declaración de los funcionarios administrativos encargados de recibir los documentos que presentan los parlamentarios para rendir sus gastos operativos.
Aunque no quiso adelantar opinión, la fujimorista indicó que el solo hecho de que el grupo sesione de inmediato expresa una posición, y que el proceso debería concluir con una "medida ejemplar".
CLAVES
Aclara. El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, negó que exista algún espíritu de cuerpo en favor del congresista Anaya.
Más grave. Por el contrario, dijo el legislador, se ha denunciado un hecho más grave, como es la posible comisión de clonación de documentos por el parlamentario que es materia de investigación.
Mañana se ven casos en Ética
1) En paralelo al proceso que se inicia en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la comisión de Ética iniciará mañana la investigación al parlamentario José Anaya. Este grupo debe determinar si el legislador vulneró alguna norma ética y si por ello es pasible de ser suspendido en su función parlamentaria temporalmente y sin goce de haber.
2) Para mañana también fue citada por tercera vez la congresista Margarita Sucari, quien la semana pasada presentó a la Mesa Directiva un certificado médico para justificar su inasistencia a la comisión que preside Elizabeth León.
3) La titular del grupo parlamentario ha adelantado, no obstante, que en el caso de que algún parlamentario investigado no acuda tras tres citaciones, la comisión emitirá su informe sin tomar en cuenta esos descargos.
Suprema pide ampliar investigación a Benites
El Comercio
Fiscalía Suprema deberá pronunciarse si acepta o no que este plazo se amplíe o se programe una fecha para el juicio oral
La Corte Suprema está a la espera de que la Fiscalía de la Nación le otorgue un mayor plazo para culminar la investigación judicial que se le sigue a Tula Benites, la desaforada congresista del Partido Aprista, por la contratación de un empleado 'fantasma'.
Así lo informó el procurador del Parlamento, Julio Ubillús, quien explicó que el pedido de ampliación se debe a que los plazos de la etapa de instrucción concluyeron sin realizarse todas las diligencias programadas, como recoger algunos testimonios.
"La Fiscalía Suprema deberá pronunciarse si acepta o no que este plazo se amplíe o se programe una fecha para el juicio oral", declaró Ubillús a la agencia Andina.
Como se recuerda, Benites es procesada por los delitos de colusión, peculado y falsedad genérica por el vocal supremo instructor Carlos Zecenarro, luego de que Perú.21 denunciara que la legisladora aprista contrató irregularmente a Juan Carlos Noriega para que realizara labores en su despacho parlamentario.
Tras una exhaustiva investigación, se comprobó que Noriega no había acudido ni un solo día a laborar al Congreso y, aun así, recibió remuneraciones en forma normal. Después de un intento del oficialismo de impedir una sanción en su contra, Tula Benites fue desaforada del Parlamento y, ahora, afronta un proceso en el Poder Judicial.
El Comercio
Fiscalía Suprema deberá pronunciarse si acepta o no que este plazo se amplíe o se programe una fecha para el juicio oral
La Corte Suprema está a la espera de que la Fiscalía de la Nación le otorgue un mayor plazo para culminar la investigación judicial que se le sigue a Tula Benites, la desaforada congresista del Partido Aprista, por la contratación de un empleado 'fantasma'.
Así lo informó el procurador del Parlamento, Julio Ubillús, quien explicó que el pedido de ampliación se debe a que los plazos de la etapa de instrucción concluyeron sin realizarse todas las diligencias programadas, como recoger algunos testimonios.
"La Fiscalía Suprema deberá pronunciarse si acepta o no que este plazo se amplíe o se programe una fecha para el juicio oral", declaró Ubillús a la agencia Andina.
Como se recuerda, Benites es procesada por los delitos de colusión, peculado y falsedad genérica por el vocal supremo instructor Carlos Zecenarro, luego de que Perú.21 denunciara que la legisladora aprista contrató irregularmente a Juan Carlos Noriega para que realizara labores en su despacho parlamentario.
Tras una exhaustiva investigación, se comprobó que Noriega no había acudido ni un solo día a laborar al Congreso y, aun así, recibió remuneraciones en forma normal. Después de un intento del oficialismo de impedir una sanción en su contra, Tula Benites fue desaforada del Parlamento y, ahora, afronta un proceso en el Poder Judicial.
Órgano de control lo tiene en la mira por ser juez y parte en proceso contra ex cliente, a quien favoreció con un fallo
Por Óscar Castilla C. El Comercio
Luego de salvarse de la destitución por su irregular fallo en el caso del Banco Central de Reserva (BCR), el cuestionado vocal Ángel Romero Díaz regresó a la presidencia de la Corte Superior de Lima la semana pasada. Sin embargo, este retorno duraría poco tiempo ya que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) le abrió proceso disciplinario por abocarse y fallar en el 2006 a favor de un empresario minero, a quien el mismo Romero reconoció como su ex cliente durante los años en que fue abogado.
Por este caso la OCMA le abrió proceso disciplinario el 10 de enero del 2008, cuando este aún estaba suspendido por el Caso BCR. Dicha medida, como era de esperarse, pasó desapercibida a pesar de que la irregularidad fue tan grave que el órgano de control evaluó imponerle la medida cautelar de suspensión en el cargo, pero no lo hizo porque el magistrado ya estaba fuera del Poder Judicial. Sin embargo, ahora que ha regresado a la judicatura, el caso que revelamos vuelve a la palestra.
El Comercio accedió a documentos que evidencian la extraña conducta que tuvo Romero mientras era presidente de la Cuarta Sala Civil de Lima y le tocó ver el caso de un ex empleador suyo, el empresario Alejandro Gubbins Granger (quien fuera accionista de la Sociedad Minera Corona y hoy es máximo directivo de Casapalca). La historia se remonta al 2003, cuando Romero --que regresó al Poder Judicial en noviembre del 2004 y fue suspendido en febrero del 2007 por el Caso BCR-- estaba fuera de la judicatura y tenía entre sus clientes a empresarios vinculados a la minería así como al mundo de los casinos y tragamonedas, mientras atendía su labor como personero legal del Apra.
Aquel año Romero Díaz se desempeñó como abogado de la empresa minera Corona, una conocida empresa familiar dirigida por los hermanos Gubbins Granger. Su trabajo con esta organización concluyó en octubre del 2004, un mes antes de que se reincorporara en la Corte Superior de Lima. Así estaban las cosas cuando Romero volvió a tener noticias de la empresa que lo empleó.
En julio del 2006 llegó a sus manos una acción de amparo (Exp. 2213-06 ) que había interpuesto la defensa del empresario Alejandro Gubbins Granger en contra de Minas Arirahua, juicio entre ambas empresas que ya tiene varios años de duración. Inicialmente Romero se abocó al caso, pero luego se negó a continuar. El entonces titular de la Cuarta Sala Civil de Lima reconoció en una resolución de fecha 24 de agosto del 2006 que debía abstenerse de participar en el amparo ya que una de las partes, Alejandro Gubbins, fue accionista de la empresa Corona, la misma que le pagó sus honorarios como abogado hasta el año 2004.
"En el ejercicio de funciones como abogado defensor he patrocinado a la parte demandante don Alejandro Gubbins Granger por lo que en cumplimiento del artículo 313 del Código Procesal Civil me abstengo del presente proceso (de amparo)", dice Romero en la resolución. El artículo procesal antes citado dice que: "Cuando se presentan motivos que perturban la función del juez, este por decoro o delicadeza puede abstenerse".
Sin embargo, un mes después ocurrió algo extraño. La defensa del empresario formuló un escrito el 28 de setiembre de aquel año en el que exige que se anule la abstención de Romero "porque no fue acreditada documentariamente". Además pidió que dicho vocal vuelva a ver la acción de amparo ya que "no fue su abogado". Al enterarse de este pedido, Romero (que se encontraba en plena campaña para ganar la presidencia de la Corte Superior de Lima) sorprendió a sus colegas de sala al redactar un breve documento en el que se desdijo de su versión anterior.
En esta resolución de fecha 6 de noviembre Romero dijo lo siguiente: "He sido abogado del hermano del recurrente (Alejandro Gubbins), este hecho ha conllevado a confusión, por el cual me aparté del conocimiento (del proceso de amparo)". Y así de fácil, luego de tres meses de aceptar ser abogado de Alejandro Gubbins, se rectificó y añadió que defendió a su hermano Salvador, otro integrante de la empresa familiar Corona.
De esta forma, el cuestionado vocal se reincorporó en el proceso de amparo. Sin embargo, no pudo emitir ningún fallo adicional a favor de Alejandro Gubbins ya que un mes y medio después dejó la presidencia de la Cuarta Sala Civil y se convirtió en el nuevo titular de la Corte Superior de Lima.
ACTUÓ COMO JUEZ Y PARTE
Mientras todo esto ocurría en el proceso de amparo (Exp. 2213-06), el nombre del vocal Romero apareció en otro caso. Según la OCMA, la Tercera Sala Civil de Lima lo llamó de acuerdo a ley para que actúe como vocal dirimente en un juicio conocido como de ineficacia de acto jurídico (Exp. 549-06) entre dos empresas que Romero Díaz ya conocía: Minas Arirahua versus Casapalca de Alejandro Gubbins.
Cuando se esperaba la abstención de Romero en este último caso --ya que el 24 de agosto del 2006 reconoció haber sido abogado del empresario-- este se "olvidó" oportunamente de lo que había confesado. También "olvidó" que ya conocía un proceso de amparo con estas mismas empresas y se abocó a ver el proceso de ineficacia jurídica en el que Alejandro Gubbins estaba demandado. De tal forma que Romero intervino en la vista de esta causa el 31 de octubre del 2006 --una semana antes de admitir que se había "equivocado de hermano"-- y semanas después se pronunció a favor del ex accionista de la minera Corona, para la cual trabajó.
En la resolución dice: "Que se revoque la sentencia (de primera instancia) y que se declare infundada la demanda (de ineficacia de acto jurídico) seguida por Minas Arirahua S.A. contra la compañía minera Casapalca (de Alejandro Gubbins)". De no ser por el voto de los otros vocales, la posición del controvertido magistrado hubiera quedado firme y favorable al empresario minero. La OCMA, que sigue este caso desde enero, se encuentra en la recta final de la investigación contra Romero Díaz.
Investigarían patrimonio de presidente de Corte de Lima
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) podría investigar si el vocal Ángel Romero, actual presidente de la Corte Superior de Lima, dijo la verdad en las declaraciones juradas de bienes y rentas que le entregó al órgano de control desde que retornó a la judicatura en noviembre del 2004, informaron fuentes judiciales.
Como se recuerda, este magistrado dijo el mes pasado que fue perjudicado "moral y económicamente" por la investigación que le practicó el órgano de control a raíz de su fallo irregular en el caso del Banco Central de Reserva (BCR). Romero reveló --en la denuncia que presentó contra Elcira Vásquez, jefa de la OCMA-- que no cobró su sueldo desde marzo del 2007 hasta julio del 2008 y que "vendió un auto BMW del 2004", así como "una casa que él había entregado como anticipo de herencia" a uno de sus cuatro hijos.
En la denuncia antes citada, Romero Díaz omitió decir que la investigación de la OCMA no perjudicó la casa de playa que tiene en el exclusivo condominio conocido como Playa Las Lagunas de Puerto Viejo, que se encuentra en el kilómetro 70,8 de la Panamericana Sur (San Antonio, Cañete).
Romero Díaz, quien en su declaración jurada de febrero del 2007 consignó que ganaba 7.515 soles como servidor público y 104 mil 879 soles por otros rubros (la declaración jurada no precisa si es anual o mensual), tampoco indicó que se vio afectado al momento de pagar la mensualidad del condominio que compró a fines del 2005, ya que en el reporte mensual de dicha asociación figura al día en sus cuotas. Dicho predio, según Registros Públicos, tiene un área techada de 204 metros cuadrados y un área libre de 136 m2.
Romero Díaz se reincorporó en noviembre del 2004 y fue suspendido en sus funciones en febrero del 2007. Después de ser separado del Poder Judicial, el cuestionado vocal disolvió la sociedad conyugal por lo que los bienes antes mencionados ya no se encuentran a su nombre, así quedó inscrito en Registros Públicos.
SEPA MÁS
En otro proceso sí se abstuvo
- Este Diario encontró otro caso en el que Ángel Romero se abocó a un proceso y luego se abstuvo. Ocurrió en agosto del 2006.
- Romero se abstuvo después de muchos meses de conocer el caso por haber sido abogado de la empresa Top Consulting, que tenía un litigio con los ex trabajadores de Aero-Perú. Por esta demora fue denunciado en la OCMA.
- En caso de abstenciones, el artículo 313 del Código Procesal Civil dice: "Cuando se presentan motivos que perturban la función del juez, este, por decoro o delicadeza, puede abstenerse mediante resolución fundamentada, remitiendo el expediente al juez que deba conocer su trámite".
Por Óscar Castilla C. El Comercio
Luego de salvarse de la destitución por su irregular fallo en el caso del Banco Central de Reserva (BCR), el cuestionado vocal Ángel Romero Díaz regresó a la presidencia de la Corte Superior de Lima la semana pasada. Sin embargo, este retorno duraría poco tiempo ya que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) le abrió proceso disciplinario por abocarse y fallar en el 2006 a favor de un empresario minero, a quien el mismo Romero reconoció como su ex cliente durante los años en que fue abogado.
Por este caso la OCMA le abrió proceso disciplinario el 10 de enero del 2008, cuando este aún estaba suspendido por el Caso BCR. Dicha medida, como era de esperarse, pasó desapercibida a pesar de que la irregularidad fue tan grave que el órgano de control evaluó imponerle la medida cautelar de suspensión en el cargo, pero no lo hizo porque el magistrado ya estaba fuera del Poder Judicial. Sin embargo, ahora que ha regresado a la judicatura, el caso que revelamos vuelve a la palestra.
El Comercio accedió a documentos que evidencian la extraña conducta que tuvo Romero mientras era presidente de la Cuarta Sala Civil de Lima y le tocó ver el caso de un ex empleador suyo, el empresario Alejandro Gubbins Granger (quien fuera accionista de la Sociedad Minera Corona y hoy es máximo directivo de Casapalca). La historia se remonta al 2003, cuando Romero --que regresó al Poder Judicial en noviembre del 2004 y fue suspendido en febrero del 2007 por el Caso BCR-- estaba fuera de la judicatura y tenía entre sus clientes a empresarios vinculados a la minería así como al mundo de los casinos y tragamonedas, mientras atendía su labor como personero legal del Apra.
Aquel año Romero Díaz se desempeñó como abogado de la empresa minera Corona, una conocida empresa familiar dirigida por los hermanos Gubbins Granger. Su trabajo con esta organización concluyó en octubre del 2004, un mes antes de que se reincorporara en la Corte Superior de Lima. Así estaban las cosas cuando Romero volvió a tener noticias de la empresa que lo empleó.
En julio del 2006 llegó a sus manos una acción de amparo (Exp. 2213-06 ) que había interpuesto la defensa del empresario Alejandro Gubbins Granger en contra de Minas Arirahua, juicio entre ambas empresas que ya tiene varios años de duración. Inicialmente Romero se abocó al caso, pero luego se negó a continuar. El entonces titular de la Cuarta Sala Civil de Lima reconoció en una resolución de fecha 24 de agosto del 2006 que debía abstenerse de participar en el amparo ya que una de las partes, Alejandro Gubbins, fue accionista de la empresa Corona, la misma que le pagó sus honorarios como abogado hasta el año 2004.
"En el ejercicio de funciones como abogado defensor he patrocinado a la parte demandante don Alejandro Gubbins Granger por lo que en cumplimiento del artículo 313 del Código Procesal Civil me abstengo del presente proceso (de amparo)", dice Romero en la resolución. El artículo procesal antes citado dice que: "Cuando se presentan motivos que perturban la función del juez, este por decoro o delicadeza puede abstenerse".
Sin embargo, un mes después ocurrió algo extraño. La defensa del empresario formuló un escrito el 28 de setiembre de aquel año en el que exige que se anule la abstención de Romero "porque no fue acreditada documentariamente". Además pidió que dicho vocal vuelva a ver la acción de amparo ya que "no fue su abogado". Al enterarse de este pedido, Romero (que se encontraba en plena campaña para ganar la presidencia de la Corte Superior de Lima) sorprendió a sus colegas de sala al redactar un breve documento en el que se desdijo de su versión anterior.
En esta resolución de fecha 6 de noviembre Romero dijo lo siguiente: "He sido abogado del hermano del recurrente (Alejandro Gubbins), este hecho ha conllevado a confusión, por el cual me aparté del conocimiento (del proceso de amparo)". Y así de fácil, luego de tres meses de aceptar ser abogado de Alejandro Gubbins, se rectificó y añadió que defendió a su hermano Salvador, otro integrante de la empresa familiar Corona.
De esta forma, el cuestionado vocal se reincorporó en el proceso de amparo. Sin embargo, no pudo emitir ningún fallo adicional a favor de Alejandro Gubbins ya que un mes y medio después dejó la presidencia de la Cuarta Sala Civil y se convirtió en el nuevo titular de la Corte Superior de Lima.
ACTUÓ COMO JUEZ Y PARTE
Mientras todo esto ocurría en el proceso de amparo (Exp. 2213-06), el nombre del vocal Romero apareció en otro caso. Según la OCMA, la Tercera Sala Civil de Lima lo llamó de acuerdo a ley para que actúe como vocal dirimente en un juicio conocido como de ineficacia de acto jurídico (Exp. 549-06) entre dos empresas que Romero Díaz ya conocía: Minas Arirahua versus Casapalca de Alejandro Gubbins.
Cuando se esperaba la abstención de Romero en este último caso --ya que el 24 de agosto del 2006 reconoció haber sido abogado del empresario-- este se "olvidó" oportunamente de lo que había confesado. También "olvidó" que ya conocía un proceso de amparo con estas mismas empresas y se abocó a ver el proceso de ineficacia jurídica en el que Alejandro Gubbins estaba demandado. De tal forma que Romero intervino en la vista de esta causa el 31 de octubre del 2006 --una semana antes de admitir que se había "equivocado de hermano"-- y semanas después se pronunció a favor del ex accionista de la minera Corona, para la cual trabajó.
En la resolución dice: "Que se revoque la sentencia (de primera instancia) y que se declare infundada la demanda (de ineficacia de acto jurídico) seguida por Minas Arirahua S.A. contra la compañía minera Casapalca (de Alejandro Gubbins)". De no ser por el voto de los otros vocales, la posición del controvertido magistrado hubiera quedado firme y favorable al empresario minero. La OCMA, que sigue este caso desde enero, se encuentra en la recta final de la investigación contra Romero Díaz.
Investigarían patrimonio de presidente de Corte de Lima
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) podría investigar si el vocal Ángel Romero, actual presidente de la Corte Superior de Lima, dijo la verdad en las declaraciones juradas de bienes y rentas que le entregó al órgano de control desde que retornó a la judicatura en noviembre del 2004, informaron fuentes judiciales.
Como se recuerda, este magistrado dijo el mes pasado que fue perjudicado "moral y económicamente" por la investigación que le practicó el órgano de control a raíz de su fallo irregular en el caso del Banco Central de Reserva (BCR). Romero reveló --en la denuncia que presentó contra Elcira Vásquez, jefa de la OCMA-- que no cobró su sueldo desde marzo del 2007 hasta julio del 2008 y que "vendió un auto BMW del 2004", así como "una casa que él había entregado como anticipo de herencia" a uno de sus cuatro hijos.
En la denuncia antes citada, Romero Díaz omitió decir que la investigación de la OCMA no perjudicó la casa de playa que tiene en el exclusivo condominio conocido como Playa Las Lagunas de Puerto Viejo, que se encuentra en el kilómetro 70,8 de la Panamericana Sur (San Antonio, Cañete).
Romero Díaz, quien en su declaración jurada de febrero del 2007 consignó que ganaba 7.515 soles como servidor público y 104 mil 879 soles por otros rubros (la declaración jurada no precisa si es anual o mensual), tampoco indicó que se vio afectado al momento de pagar la mensualidad del condominio que compró a fines del 2005, ya que en el reporte mensual de dicha asociación figura al día en sus cuotas. Dicho predio, según Registros Públicos, tiene un área techada de 204 metros cuadrados y un área libre de 136 m2.
Romero Díaz se reincorporó en noviembre del 2004 y fue suspendido en sus funciones en febrero del 2007. Después de ser separado del Poder Judicial, el cuestionado vocal disolvió la sociedad conyugal por lo que los bienes antes mencionados ya no se encuentran a su nombre, así quedó inscrito en Registros Públicos.
SEPA MÁS
En otro proceso sí se abstuvo
- Este Diario encontró otro caso en el que Ángel Romero se abocó a un proceso y luego se abstuvo. Ocurrió en agosto del 2006.
- Romero se abstuvo después de muchos meses de conocer el caso por haber sido abogado de la empresa Top Consulting, que tenía un litigio con los ex trabajadores de Aero-Perú. Por esta demora fue denunciado en la OCMA.
- En caso de abstenciones, el artículo 313 del Código Procesal Civil dice: "Cuando se presentan motivos que perturban la función del juez, este, por decoro o delicadeza, puede abstenerse mediante resolución fundamentada, remitiendo el expediente al juez que deba conocer su trámite".
16/08/08: Extraditan al asesino de Accomarca
Lo extraditan por matanza de Accomarca
• Lo traen de EEUU en un avión militar. Sigue pendiente la extradición del ex subteniente Hurtado.
César Romero. La República
El ex mayor EP (r) Juan Rivera Rondón llegó ayer extraditado de los Estados Unidos a bordo de un avión militar, para responder ante la justicia por su participación en la matanza de 67 personas en la comunidad campesina de Accomarca, Ayacucho.
Las autoridades estadounidenses debieron embarcarlo en una nave militar, luego de que el 22 de mayo pasado Rivera hiciera un escándalo y se negara a abordar un avión comercial.
Su extradición se concreta un día después de conmemorarse 23 años de la masacre de 23 niños, 30 mujeres y 14 varones que vivían en Accomarca, a manos de una patrulla del Ejército peruano.
"Los familiares de las víctimas de Accomarca han tenido que esperar 23 años para encontrar justicia. Por fin ven detenido a uno de los autores de la terrible masacre que enlutó a 69 familias y dejó cientos de huérfanos", declaró la abogada Karim Ninaquispe, representante de las víctimas.
Rivera llegó al Perú escoltado por una delegación de Iinterpol. Luego de los trámites migrato-
rios, el ex militar fue puesto a disposición de la Policía de Requisitorias, y el lunes será puesto a disposición del Tercer Juzgado Supraprovincial.
Ahora solo resta que las autoridades estadounidenses acepten la extradición del ex subteniente Telmo Hurtado, detenido en Miami.
Hurtado y Rivera Rondón comandaban las patrullas "Lince 6 y Lince 7" que incursionaron en Accomarca durante la matanza. Los dos son los principales acusados.
Al cierre de edición, Rivera continuaba bajo interrogatorio en la Policía de Requisitorias que jefatura el coronel PNP Fortunato Porras Pino.
En tanto, en las afueras del local policial, familiares de las víctimas que desde el 14 de agos-
to de 1985 –fecha en la que ocu-rrió la matanza– esperan justicia, mantenían una vigilia. Cada una de ellas portaba un cartel en el que se pedía que ahora se extradite a Hurtado.
EL PROCESO
Actualmente ex militares, desde generales y coroneles que participaron en el crimen, vienen siendo procesados en la Sala Penal Especial para casos de terrorismo y violación de derechos humanos.
La matanza de Accomarca ocurrió a poco de iniciado el primer gobierno de Alan García cuando una patrulla de militares asesinó en esa alejada comunidad andina de Ayacucho a 69 personas, entre hombres, mujeres y niños.
Familiares que estaban en la parte externa de Requisitorias dijeron a La República que la Comisión de la Verdad investigó el caso y comprobó la culpabilidad de Rivera Rondón en el crimen.
Señalaron que el informe indica que el plan fue montado por las más altas autoridades del Ejército de entonces. No se informó cuándo pasará Rivera a la cárcel.
• Lo traen de EEUU en un avión militar. Sigue pendiente la extradición del ex subteniente Hurtado.
César Romero. La República
El ex mayor EP (r) Juan Rivera Rondón llegó ayer extraditado de los Estados Unidos a bordo de un avión militar, para responder ante la justicia por su participación en la matanza de 67 personas en la comunidad campesina de Accomarca, Ayacucho.
Las autoridades estadounidenses debieron embarcarlo en una nave militar, luego de que el 22 de mayo pasado Rivera hiciera un escándalo y se negara a abordar un avión comercial.
Su extradición se concreta un día después de conmemorarse 23 años de la masacre de 23 niños, 30 mujeres y 14 varones que vivían en Accomarca, a manos de una patrulla del Ejército peruano.
"Los familiares de las víctimas de Accomarca han tenido que esperar 23 años para encontrar justicia. Por fin ven detenido a uno de los autores de la terrible masacre que enlutó a 69 familias y dejó cientos de huérfanos", declaró la abogada Karim Ninaquispe, representante de las víctimas.
Rivera llegó al Perú escoltado por una delegación de Iinterpol. Luego de los trámites migrato-
rios, el ex militar fue puesto a disposición de la Policía de Requisitorias, y el lunes será puesto a disposición del Tercer Juzgado Supraprovincial.
Ahora solo resta que las autoridades estadounidenses acepten la extradición del ex subteniente Telmo Hurtado, detenido en Miami.
Hurtado y Rivera Rondón comandaban las patrullas "Lince 6 y Lince 7" que incursionaron en Accomarca durante la matanza. Los dos son los principales acusados.
Al cierre de edición, Rivera continuaba bajo interrogatorio en la Policía de Requisitorias que jefatura el coronel PNP Fortunato Porras Pino.
En tanto, en las afueras del local policial, familiares de las víctimas que desde el 14 de agos-
to de 1985 –fecha en la que ocu-rrió la matanza– esperan justicia, mantenían una vigilia. Cada una de ellas portaba un cartel en el que se pedía que ahora se extradite a Hurtado.
EL PROCESO
Actualmente ex militares, desde generales y coroneles que participaron en el crimen, vienen siendo procesados en la Sala Penal Especial para casos de terrorismo y violación de derechos humanos.
La matanza de Accomarca ocurrió a poco de iniciado el primer gobierno de Alan García cuando una patrulla de militares asesinó en esa alejada comunidad andina de Ayacucho a 69 personas, entre hombres, mujeres y niños.
Familiares que estaban en la parte externa de Requisitorias dijeron a La República que la Comisión de la Verdad investigó el caso y comprobó la culpabilidad de Rivera Rondón en el crimen.
Señalaron que el informe indica que el plan fue montado por las más altas autoridades del Ejército de entonces. No se informó cuándo pasará Rivera a la cárcel.
Categoría: Artículos derecho penal
Publicado por: mbermudez
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Auditarán rendiciones de cuentas de parlamentarios, anuncia presidente del Congreso
(ANDINA).- El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, dispuso que se realice una auditoría sobre las rendiciones de cuentas que presentaron los parlamentarios en el curso de los últimos dos años, sobre el uso de sus gastos operativos asignados.
Precisó que la referida evaluación será realizada por la Contraloría General de la República, para lo cual se reunió con el contralor, Genaro Matute Mejía.
En declaraciones a los periodistas, aclaró que no hay ningún “espíritu de cuerpo” con el congresista José Anaya Oropesa, de las filas de UPP, quien fue sindicado de haber supuestamente falsificado algunas boletas para su rendición de cuentas.
El titular del Parlamento advirtió que de certificarse el cargo delictivo que pesa en su contra, el procurador del Congreso procederá inmediatamente a formular la denuncia correspondiente.
“Justo me he reunido hoy día con el contralor para eso (la auditoría sobre la rendición de cuentas), porque ya se ha hecho una evaluación de los cinco años pasados, pero falta hacerla de los últimos 24 meses.”
Tras indicar que los resultados de esa evaluación se harán públicos, Velásquez aclaró que no es viable la propuesta de algunos especialistas para que los gastos operativos pasen a formar parte del sueldo de los legisladores.
“Eso no es posible, porque hay una ley que tendría que ser cambiada y el Presidente de la República ha dicho que no van a haber aumentos de sueldos. Entonces, no se podría porque la remuneración de los parlamentarios ni de ningún alto funcionario puede estar por encima de la que percibe el Jefe del Estado”, explicó.
“Ese dinero (los gastos operativos) no es de libre disposición, es un monto que utiliza el congresista para el cumplimiento de su función legislativa y sus gastos de representación, tiene que rendir cuentas con boletas y facturas sobre el 90 por ciento y respecto al 10 por ciento (restante) con declaración jurada.”
Respecto al caso Anaya, el titular del Parlamento sostuvo que la Mesa Directiva decidió transferir este asunto a la Comisión de Ética, para ganar tiempo, y que la misma pueda desarrollar una investigación con carácter de urgente.
“Si hay un delito penal lo condenamos y lo vamos a denunciar.”
Sostuvo que, adicionalmente, el lunes o martes convocará a una reunión de la Comisión Permanente, a fin de que la misma designe a los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es precisamente el grupo que se encarga de canalizar las denuncias contra los parlamentarios.
“Si yo anunciaba primero esto, se habría podido decir que había una supuesta intención de dilatar las cosas.”
Subrayó, en ese sentido, que no existe ninguna intención de darle un tratamiento diferente al caso Anaya, sino que este asunto es distinto al que implica a Margarita Sucari (UPP), en la medida en que allí sí hay un video que demostraría la supuesta irregularidad.
Velásquez Quesquén formuló estas declaraciones tras participar en un acto de conmemoración por las victimas del terremoto que asoló gran parte del país, hace exactamente un año.
(ANDINA).- El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, dispuso que se realice una auditoría sobre las rendiciones de cuentas que presentaron los parlamentarios en el curso de los últimos dos años, sobre el uso de sus gastos operativos asignados.
Precisó que la referida evaluación será realizada por la Contraloría General de la República, para lo cual se reunió con el contralor, Genaro Matute Mejía.
En declaraciones a los periodistas, aclaró que no hay ningún “espíritu de cuerpo” con el congresista José Anaya Oropesa, de las filas de UPP, quien fue sindicado de haber supuestamente falsificado algunas boletas para su rendición de cuentas.
El titular del Parlamento advirtió que de certificarse el cargo delictivo que pesa en su contra, el procurador del Congreso procederá inmediatamente a formular la denuncia correspondiente.
“Justo me he reunido hoy día con el contralor para eso (la auditoría sobre la rendición de cuentas), porque ya se ha hecho una evaluación de los cinco años pasados, pero falta hacerla de los últimos 24 meses.”
Tras indicar que los resultados de esa evaluación se harán públicos, Velásquez aclaró que no es viable la propuesta de algunos especialistas para que los gastos operativos pasen a formar parte del sueldo de los legisladores.
“Eso no es posible, porque hay una ley que tendría que ser cambiada y el Presidente de la República ha dicho que no van a haber aumentos de sueldos. Entonces, no se podría porque la remuneración de los parlamentarios ni de ningún alto funcionario puede estar por encima de la que percibe el Jefe del Estado”, explicó.
“Ese dinero (los gastos operativos) no es de libre disposición, es un monto que utiliza el congresista para el cumplimiento de su función legislativa y sus gastos de representación, tiene que rendir cuentas con boletas y facturas sobre el 90 por ciento y respecto al 10 por ciento (restante) con declaración jurada.”
Respecto al caso Anaya, el titular del Parlamento sostuvo que la Mesa Directiva decidió transferir este asunto a la Comisión de Ética, para ganar tiempo, y que la misma pueda desarrollar una investigación con carácter de urgente.
“Si hay un delito penal lo condenamos y lo vamos a denunciar.”
Sostuvo que, adicionalmente, el lunes o martes convocará a una reunión de la Comisión Permanente, a fin de que la misma designe a los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es precisamente el grupo que se encarga de canalizar las denuncias contra los parlamentarios.
“Si yo anunciaba primero esto, se habría podido decir que había una supuesta intención de dilatar las cosas.”
Subrayó, en ese sentido, que no existe ninguna intención de darle un tratamiento diferente al caso Anaya, sino que este asunto es distinto al que implica a Margarita Sucari (UPP), en la medida en que allí sí hay un video que demostraría la supuesta irregularidad.
Velásquez Quesquén formuló estas declaraciones tras participar en un acto de conmemoración por las victimas del terremoto que asoló gran parte del país, hace exactamente un año.
Todo señala a Espinoza, ex jefe del SIS
Pero el Presidente le concedió el derecho de gracia y salió de la cárcel en junio. Congresista Reggiardo dice que ex funcionario debió ser recluido en hospital.
María Elena Hidalgo. La República
Gracia presidencial. A pesar de que la Contraloría lo considera responsable, Espinoza no pagará por delitos cometidos.
El Sexto Juzgado Anticorrupción recibió de la Contraloría General de la República una demoledora auditoría en la que atribuye al ex jefe del Sistema Integral de Salud (SIS) el militante aprista Julio Espinoza Jiménez la responsabilidad de la transferencia irregular de fondos para la compra sobrevaluada de alimentos y otros bienes para los damnificados del terremoto de Pisco, Ica y Chincha, de acuerdo a fuentes judiciales.
Sin embargo, hace dos meses, el 14 de junio, el presidente Alan García otorgó el derecho de gracia a Espinoza por sufrir de un enfermedad neoplásica, permitiéndole abandonar la prisión de San Jorge.
El ex jefe del SIS fue incluido en el proceso judicial a raíz de la denuncia penal que formuló la fiscal anticorrupción Juana Meza Peña en contra de Julio Espinoza y otros 28 implicados en el fraude al SIS, por los delitos de peculado, malversación de fondos y colusión.
LO SABÍA TODO
Contraloría ha determinado que tanto Julio Espinoza como sus funcionarios son responsables de destinar 19 millones 279 mil 760 soles a la adquisición de bienes y alimentos para las víctimas del sismo, utilizando fondos del SIS previstos para otros fines. La auditoría asegura haber acreditado contra Julio Espinoza el delito de peculado en la modalidad de malversación de fondos agravado, al comprobarse que tuvo conocimiento de las dos ampliaciones de calendario que solicitó su institución y que dichos recursos se destinaron para la compra de bienes distintos a las razones del SIS.
"Sabiendo que las compras no eran de competencia del SIS, Espinoza no suspendió el desembolso del dinero a pesar de que se trataban de onerosas sumas de dinero", señala el reporte recibido por el juez Carlos Morales Córdova.
En su defensa, Julio Espinoza presentó documentos para demostrar que fue el ex director de Planeamiento y Desarrollo del SIS Ricardo Corcuera Rodríguez, y no él, quien remitió al director nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los pedidos de dinero.
Ante el magistrado Morales, Espinoza aseguró no haber firmado los documentos que autorizaban el pedido del dinero puesto que en esos días (del 16 al 18 de agosto) estuvo en la zona de desastre acompañando al presidente en la entrega de ayuda a los damnificados.
Pero, para la Contraloría el ex jefe del SIS estuvo al tanto de todo y avaló las compras, tanto así que a su retorno concretó reuniones con el MEF con el fin de informarse de cómo regularizar las adquisiciones que él había aprobado.
El informe de la Contraloría no tendría ningún efecto porque Julio Espinoza recibió la gracia presidencial después de que la Junta Médica Penitenciaria de San Jorge le diagnosticó al ex jefe del SIS una tumoración pélvica maligna en estado avanzado. De acuerdo con el decreto presidencial, la reclusión de Julio Espinoza ponía en riesgo su vida dado que no podía gozar de una atención y tratamiento médico adecuado.
Junto a Espinoza fue apresado también el ex jefe de Administración del SIS, José Vega Díaz.
EL GRAN ROBO
Ni bien recibió el dinero para las adquisiciones, José Vega designó a dedo a una empresa proveedora de alimentos "Plamol", de propiedad del capitán EP (r) Luis Plasencia Romero, y cuyo operador ejecutivo era el coronel EP (r) Guillermo Bianchi Burga, su padrastro. De los 14.2 millones de soles que recibió para gastar en los damnificados del sur, José Vega destinó 10.9 millones (76.4%) en la empresa de su padrastro Bianchi.
"Debió ser internado"
Para el congresista Renzo Reggiardo, quien reveló el caso de las sobrevaloraciones en la compra de alimentos por parte del SIS, la liberación del ex jefe del Sistema Integral de Salud Julio Espinoza Jiménez debe ser investigada.
"Considero que existe una irregularidad y ligereza del gobierno en amnistiar a Espinoza cuando todavía no se ha terminado con investigarlo. El Congreso determinó que él fue uno de los autores directos que lucraron con la necesidad y el dolor de miles de compatriotas afectados", dijo.
"Es importante precisar por qué Espinoza tuvo este tipo de beneficios cuando existen miles de presos enfermos en los penales del país que no acceden al indulto", explicó el congresista".
"Lo que considero es que en su estado Julio Espinoza debió ser internado en el Hospital Dos de Mayo con guardia permanente, pero no exonerarlo de la sanción y la sentencia. Todavía el juzgado no se ha pronunciado sobre su responsabilidad", concluyó.
Pero el Presidente le concedió el derecho de gracia y salió de la cárcel en junio. Congresista Reggiardo dice que ex funcionario debió ser recluido en hospital.
María Elena Hidalgo. La República
Gracia presidencial. A pesar de que la Contraloría lo considera responsable, Espinoza no pagará por delitos cometidos.
El Sexto Juzgado Anticorrupción recibió de la Contraloría General de la República una demoledora auditoría en la que atribuye al ex jefe del Sistema Integral de Salud (SIS) el militante aprista Julio Espinoza Jiménez la responsabilidad de la transferencia irregular de fondos para la compra sobrevaluada de alimentos y otros bienes para los damnificados del terremoto de Pisco, Ica y Chincha, de acuerdo a fuentes judiciales.
Sin embargo, hace dos meses, el 14 de junio, el presidente Alan García otorgó el derecho de gracia a Espinoza por sufrir de un enfermedad neoplásica, permitiéndole abandonar la prisión de San Jorge.
El ex jefe del SIS fue incluido en el proceso judicial a raíz de la denuncia penal que formuló la fiscal anticorrupción Juana Meza Peña en contra de Julio Espinoza y otros 28 implicados en el fraude al SIS, por los delitos de peculado, malversación de fondos y colusión.
LO SABÍA TODO
Contraloría ha determinado que tanto Julio Espinoza como sus funcionarios son responsables de destinar 19 millones 279 mil 760 soles a la adquisición de bienes y alimentos para las víctimas del sismo, utilizando fondos del SIS previstos para otros fines. La auditoría asegura haber acreditado contra Julio Espinoza el delito de peculado en la modalidad de malversación de fondos agravado, al comprobarse que tuvo conocimiento de las dos ampliaciones de calendario que solicitó su institución y que dichos recursos se destinaron para la compra de bienes distintos a las razones del SIS.
"Sabiendo que las compras no eran de competencia del SIS, Espinoza no suspendió el desembolso del dinero a pesar de que se trataban de onerosas sumas de dinero", señala el reporte recibido por el juez Carlos Morales Córdova.
En su defensa, Julio Espinoza presentó documentos para demostrar que fue el ex director de Planeamiento y Desarrollo del SIS Ricardo Corcuera Rodríguez, y no él, quien remitió al director nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los pedidos de dinero.
Ante el magistrado Morales, Espinoza aseguró no haber firmado los documentos que autorizaban el pedido del dinero puesto que en esos días (del 16 al 18 de agosto) estuvo en la zona de desastre acompañando al presidente en la entrega de ayuda a los damnificados.
Pero, para la Contraloría el ex jefe del SIS estuvo al tanto de todo y avaló las compras, tanto así que a su retorno concretó reuniones con el MEF con el fin de informarse de cómo regularizar las adquisiciones que él había aprobado.
El informe de la Contraloría no tendría ningún efecto porque Julio Espinoza recibió la gracia presidencial después de que la Junta Médica Penitenciaria de San Jorge le diagnosticó al ex jefe del SIS una tumoración pélvica maligna en estado avanzado. De acuerdo con el decreto presidencial, la reclusión de Julio Espinoza ponía en riesgo su vida dado que no podía gozar de una atención y tratamiento médico adecuado.
Junto a Espinoza fue apresado también el ex jefe de Administración del SIS, José Vega Díaz.
EL GRAN ROBO
Ni bien recibió el dinero para las adquisiciones, José Vega designó a dedo a una empresa proveedora de alimentos "Plamol", de propiedad del capitán EP (r) Luis Plasencia Romero, y cuyo operador ejecutivo era el coronel EP (r) Guillermo Bianchi Burga, su padrastro. De los 14.2 millones de soles que recibió para gastar en los damnificados del sur, José Vega destinó 10.9 millones (76.4%) en la empresa de su padrastro Bianchi.
"Debió ser internado"
Para el congresista Renzo Reggiardo, quien reveló el caso de las sobrevaloraciones en la compra de alimentos por parte del SIS, la liberación del ex jefe del Sistema Integral de Salud Julio Espinoza Jiménez debe ser investigada.
"Considero que existe una irregularidad y ligereza del gobierno en amnistiar a Espinoza cuando todavía no se ha terminado con investigarlo. El Congreso determinó que él fue uno de los autores directos que lucraron con la necesidad y el dolor de miles de compatriotas afectados", dijo.
"Es importante precisar por qué Espinoza tuvo este tipo de beneficios cuando existen miles de presos enfermos en los penales del país que no acceden al indulto", explicó el congresista".
"Lo que considero es que en su estado Julio Espinoza debió ser internado en el Hospital Dos de Mayo con guardia permanente, pero no exonerarlo de la sanción y la sentencia. Todavía el juzgado no se ha pronunciado sobre su responsabilidad", concluyó.
El Comercio| Ahí se ven denuncias contra altos magistrados, incluidos vocales y fiscales supremos
La presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que ha sido manejada durante estos dos últimos años por la bancada de Unión por el Perú (UPP), pasaría a manos del Grupo Parlamentario Fujimorista (GPF).
El vocero humalista, Fredy Otárola, dijo que el traspaso de esta subcomisión es una de las condiciones que puso el fujimorismo al Apra para apoyarlos en la elección de la presidencia del Congreso.
Tal decisión estaría, además, vinculada con el cambio de correlación de fuerzas en el Congreso. La bancada de Unidad Nacional (UN), que controla tres comisiones ordinarias, tiene ahora 13 integrantes, igual que el GPF. Sin embargo, los fujimoristas tienen la presidencia de solo dos comisiones ordinarias. Para compensar, han recibido la Comisión Especial Pro Inversión y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Los upepistas habrían estado de acuerdo con ceder esta subcomisión con tal de mantener al menos dos de las cuatro comisiones ordinarias que antes controlaban: Fiscalización y de la Mujer.
En tanto, el vocero de UN, Luis Galarreta, manifestó que su bancada tampoco tentará la presidencia de Acusaciones Constitucionales, pues ha logrado mantener el control de las tres comisiones ordinarias que poseía.
Según fuentes parlamentarias, la congresista que presidiría esta subcomisión sería Martha Moyano (GPF), pues Santiago Fujimori (el otro miembro fujimorista de este grupo) presidirá la Comisión de Relaciones Exteriores. Sin embargo, los colaboradores de Moyano rechazan esta versión y afirman que corresponde al presidente del Congreso decidir quién presidirá esta subcomisión clave.
¿Y por qué es clave? Porque ahí se tramitan las denuncias contra los funcionarios de rango constitucional: presidente de la República, congresistas, ministros, miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura; los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el defensor del Pueblo y el contralor, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años culminadas estas.
EL DATO
Supremos importantes
El presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, César San Martín, y el fiscal José Antonio Peláez, quienes ven el Caso Fujimori, son vocal y fiscal supremo, respectivamente.
La presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que ha sido manejada durante estos dos últimos años por la bancada de Unión por el Perú (UPP), pasaría a manos del Grupo Parlamentario Fujimorista (GPF).
El vocero humalista, Fredy Otárola, dijo que el traspaso de esta subcomisión es una de las condiciones que puso el fujimorismo al Apra para apoyarlos en la elección de la presidencia del Congreso.
Tal decisión estaría, además, vinculada con el cambio de correlación de fuerzas en el Congreso. La bancada de Unidad Nacional (UN), que controla tres comisiones ordinarias, tiene ahora 13 integrantes, igual que el GPF. Sin embargo, los fujimoristas tienen la presidencia de solo dos comisiones ordinarias. Para compensar, han recibido la Comisión Especial Pro Inversión y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Los upepistas habrían estado de acuerdo con ceder esta subcomisión con tal de mantener al menos dos de las cuatro comisiones ordinarias que antes controlaban: Fiscalización y de la Mujer.
En tanto, el vocero de UN, Luis Galarreta, manifestó que su bancada tampoco tentará la presidencia de Acusaciones Constitucionales, pues ha logrado mantener el control de las tres comisiones ordinarias que poseía.
Según fuentes parlamentarias, la congresista que presidiría esta subcomisión sería Martha Moyano (GPF), pues Santiago Fujimori (el otro miembro fujimorista de este grupo) presidirá la Comisión de Relaciones Exteriores. Sin embargo, los colaboradores de Moyano rechazan esta versión y afirman que corresponde al presidente del Congreso decidir quién presidirá esta subcomisión clave.
¿Y por qué es clave? Porque ahí se tramitan las denuncias contra los funcionarios de rango constitucional: presidente de la República, congresistas, ministros, miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura; los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el defensor del Pueblo y el contralor, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años culminadas estas.
EL DATO
Supremos importantes
El presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, César San Martín, y el fiscal José Antonio Peláez, quienes ven el Caso Fujimori, son vocal y fiscal supremo, respectivamente.
(ANDINA).- La jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), Elcira Vásquez, aclaró que los magistrados y trabajadores del Poder Judicial que estén separados temporalmente de la institución mientras son investigados por actos irregulares, pueden desempeñar la profesión de abogados.
Precisa que los jueces y trabajadores tienen derecho “de manera extraordinaria” a ejercer sus actividades profesionales y económicas de carácter particular, salvo función jurisdiccional o auxiliar en el Poder Judicial.
De esta manera, la Ocma respondió al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), institución que expresó su preocupación (mediante el oficio 275-2008-P-CNM) sobre la situación de los magistrados sujetos a la medida de abstención (separación temporal).
“Cuando la Jefatura Suprema dicta la medida cautelar de abstención de laborar en el Poder Judicial, se entiende que el magistrado o servidor judicial sujeto a tal medida, tienen derecho de manera extraordinaria a ejercer sus actividades profesionales y económicas de carácter particular, debiendo mantener los principios de fidelidad, buena fe y ética, en tanto no se extinga la relación laboral”, aclara.
La resolución de jefatura 081-2008-J-OCMA-PJ se ampara en las atribuciones que le son conferidas, respecto a dictar medidas cautelares, como la abstención, a fin de asegurar la eficacia de la decisión definitiva, cuando exista la verosimilitud que la sanción a imponer sea la destitución.
Cabe señalar que el abogado que asume la labor de juez solo puede ejercer la docencia en Universidades.
Precisa que los jueces y trabajadores tienen derecho “de manera extraordinaria” a ejercer sus actividades profesionales y económicas de carácter particular, salvo función jurisdiccional o auxiliar en el Poder Judicial.
De esta manera, la Ocma respondió al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), institución que expresó su preocupación (mediante el oficio 275-2008-P-CNM) sobre la situación de los magistrados sujetos a la medida de abstención (separación temporal).
“Cuando la Jefatura Suprema dicta la medida cautelar de abstención de laborar en el Poder Judicial, se entiende que el magistrado o servidor judicial sujeto a tal medida, tienen derecho de manera extraordinaria a ejercer sus actividades profesionales y económicas de carácter particular, debiendo mantener los principios de fidelidad, buena fe y ética, en tanto no se extinga la relación laboral”, aclara.
La resolución de jefatura 081-2008-J-OCMA-PJ se ampara en las atribuciones que le son conferidas, respecto a dictar medidas cautelares, como la abstención, a fin de asegurar la eficacia de la decisión definitiva, cuando exista la verosimilitud que la sanción a imponer sea la destitución.
Cabe señalar que el abogado que asume la labor de juez solo puede ejercer la docencia en Universidades.
Los buses no contaban con el número de conductores que señala el reglamento de transportes para un viaje que supera la cinco horas de duración
(Andina).- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió suspensión precautoria en todas sus rutas, e inició proceso administrativo sancionador, contra las empresas de transporte interprovincial Salazar, Cavassa y Soyuz, tras detectarse irregularidades en contra del Reglamento Nacional de Administración de Transportes (Renat).
En el caso de las empresas Salazar E.I.R.L. y Cavassa S.A.C., la infracción cometida fue "no contar con el número de conductores que señala el reglamento" para un viaje que supera la cinco horas de duración en horas de la mañana, en la que se recorrerá más de 400 kilómetros.
Esta infracción, tipificada como "muy grave", fue detectada por Tolerancia Cero en Corcona y Ancón, respectivamente, tras intervenirse el ómnibus de Salazar, de placa UO-9896, que cubría la ruta Lima-Huancayo, y el ómnibus de Cavassa, de placa UD-3662, que cubría la ruta Lima-La Unión, límite entre Huánuco y Áncash.
Del mismo modo, el MTC declaró la nulidad del levantamiento de suspensión precautoria que le concedió a Soyuz días atrás, ordenando que esta medida se mantenga vigente en todas sus rutas, debido a que la documentación presentada por la empresa para dejar sin efecto la interrupción de sus operaciones, contiene información insuficiente.
El MTC suspendió precautoriamente todas las rutas de Soyuz la semana pasada debido a que en un operativo realizado en Villacuri, Ica, se detectó que sus conductores en la ruta Lima - Ica - Lima, manejaban con exceso de horas.
A fin de levantar la suspensión precautoria, Soyuz presentó una Declaración Jurada e información sobre sus frecuencias, relación y programación de trabajo de sus conductores.
Esta información presentada bajo el nombre de Constancia de Cumplimiento, se presenta ante el MTC en base al Principio de Presunción de Veracidad, contemplada en la Ley de Procedimiento Administrativo General.
Sin embargo, en ese mismo marco legal, al ejecutarse el Principio de Privilegio de Controles Posteriores, se detecta que la información presentada por Soyuz no sustenta, garantiza, ni acredita la subsanación de las causas que motivaron la suspensión precautoria.
Por ejemplo, en su rol de conductores existen incongruencias, dado que figuran nombres que no han sido incluidas en la nómina registrada ante el MTC.
Asimismo, adolece de datos básicos que permitan identificar a los conductores, así como sus respectivas jornadas de trabajo y sus horas de descanso, entre otras observaciones.
Las suspensiones precautorias están vigentes a partir desde el martes y podrán ser levantadas sólo cuando las empresas atiendan debidamente las observaciones realizadas por el MTC. Independiente a ello, el proceso sancionador que se inició seguirá su curso hasta emitir la sanción a la infracción cometida.
(Andina).- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió suspensión precautoria en todas sus rutas, e inició proceso administrativo sancionador, contra las empresas de transporte interprovincial Salazar, Cavassa y Soyuz, tras detectarse irregularidades en contra del Reglamento Nacional de Administración de Transportes (Renat).
En el caso de las empresas Salazar E.I.R.L. y Cavassa S.A.C., la infracción cometida fue "no contar con el número de conductores que señala el reglamento" para un viaje que supera la cinco horas de duración en horas de la mañana, en la que se recorrerá más de 400 kilómetros.
Esta infracción, tipificada como "muy grave", fue detectada por Tolerancia Cero en Corcona y Ancón, respectivamente, tras intervenirse el ómnibus de Salazar, de placa UO-9896, que cubría la ruta Lima-Huancayo, y el ómnibus de Cavassa, de placa UD-3662, que cubría la ruta Lima-La Unión, límite entre Huánuco y Áncash.
Del mismo modo, el MTC declaró la nulidad del levantamiento de suspensión precautoria que le concedió a Soyuz días atrás, ordenando que esta medida se mantenga vigente en todas sus rutas, debido a que la documentación presentada por la empresa para dejar sin efecto la interrupción de sus operaciones, contiene información insuficiente.
El MTC suspendió precautoriamente todas las rutas de Soyuz la semana pasada debido a que en un operativo realizado en Villacuri, Ica, se detectó que sus conductores en la ruta Lima - Ica - Lima, manejaban con exceso de horas.
A fin de levantar la suspensión precautoria, Soyuz presentó una Declaración Jurada e información sobre sus frecuencias, relación y programación de trabajo de sus conductores.
Esta información presentada bajo el nombre de Constancia de Cumplimiento, se presenta ante el MTC en base al Principio de Presunción de Veracidad, contemplada en la Ley de Procedimiento Administrativo General.
Sin embargo, en ese mismo marco legal, al ejecutarse el Principio de Privilegio de Controles Posteriores, se detecta que la información presentada por Soyuz no sustenta, garantiza, ni acredita la subsanación de las causas que motivaron la suspensión precautoria.
Por ejemplo, en su rol de conductores existen incongruencias, dado que figuran nombres que no han sido incluidas en la nómina registrada ante el MTC.
Asimismo, adolece de datos básicos que permitan identificar a los conductores, así como sus respectivas jornadas de trabajo y sus horas de descanso, entre otras observaciones.
Las suspensiones precautorias están vigentes a partir desde el martes y podrán ser levantadas sólo cuando las empresas atiendan debidamente las observaciones realizadas por el MTC. Independiente a ello, el proceso sancionador que se inició seguirá su curso hasta emitir la sanción a la infracción cometida.
El Poder Judicial anula el polémico fallo que favorecía a la familia Sánchez Paredes
El Comercio | Sala de Derecho Constitucional de Lambayeque desestimó el hábeas corpus dado por un juez suplente y el proceso por el presunto delito de lavado de dinero seguirá
La controvertida resolución del juez suplente Orlando Castillo Castillo, que en dos días admitió un hábeas corpus que favorecía a la familia de los Sánchez Paredes, fue anulada. La Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Lambayeque declaró infundada dicha medida, por lo cual continuará la investigación por el caso de lavado de dinero en el que estaría involucrado el citado clan familiar.
Tal como lo denunció ayer El Comercio, Castillo Castillo, quien solo estuvo dos días al frente del Segundo Juzgado Especial de la Corte Superior de Lambayeque, había admitido el hábeas corpus interpuesto por Pelayo Nicanor Lizardo Miranda Chávarri (gerente de la minera Comarsa) contra los fiscales Eduardo Castañeda Garay y Lita Sánchez Tejada. De esa manera se paralizaban las investigaciones que venía realizando el Ministerio Público y la Policía Antidrogas.
La cuestionada medida fue apelada por el fiscal Castañeda. El lunes el procurador para asuntos del Ministerio Público, Luis Bazán Lora, hizo la defensa de los fiscales ante la sala integrada por Manuel Huangal Naveda, Daniel Carrillo Mendoza y Edwin Figueroa Gutarra, la que ayer dio a conocer su fallo.
De acuerdo con la resolución a la cual tuvo acceso El Comercio, el tribunal declaró nula "la sentencia contenida en la resolución del 12 de julio del 2008 que declara fundada la acción constitucional de hábeas corpus presentada por Pelayo Miranda Chávarri".
En el documento también se señala que se declara "nulo el extremo que ordena el archivo definitivo de la investigación preliminar". En consecuencia continuarán las investigaciones que efectúan la Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada.
También proseguirán, como lo indicó el ministro del Interior, Luis Alva Castro, las pesquisas que realizaba la policía. "Los agentes de la Dirandro continuarán su trabajo para esclarecer este caso relacionado con el narcotráfico", sostuvo tras saludar el fallo del Poder Judicial.
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, también destacó la oportuna resolución de la Corte Superior de Lambayeque. "La acción de hábeas corpus se ha convertido en un arma peligrosa que se usa indebidamente para sustraerse de una investigación fiscal. Eso no se debe permitir", declaró, luego de precisar que el Poder Judicial, con el fallo, está dando un buen mensaje a la ciudadanía, pues está poniendo las cosas en su sitio .
La procuradora antidrogas Sonia Medina advirtió que el hábeas corpus y los recursos de amparo "están siendo prostituidos por los aparatos legales para frustrar una investigación preliminar y hasta un proceso. "Hay que estar alertas para que no sigan prosperando estas resoluciones aberrantes", recalcó.
CLAVES
Extraña designación
El juez provisional Orlando Castillo fue designado al Segundo Juzgado Especializado por el presidente de la Corte Superior de Lambayeque, Jimmy García, pese a estar cuestionado.
Vocales preocupados
Cuando se conoció el polémico fallo de Castillo Castillo varios vocales de la Corte Superior de Lambayeque mostraron su preocupación ante su presidente.
El Comercio | Sala de Derecho Constitucional de Lambayeque desestimó el hábeas corpus dado por un juez suplente y el proceso por el presunto delito de lavado de dinero seguirá
La controvertida resolución del juez suplente Orlando Castillo Castillo, que en dos días admitió un hábeas corpus que favorecía a la familia de los Sánchez Paredes, fue anulada. La Sala de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Lambayeque declaró infundada dicha medida, por lo cual continuará la investigación por el caso de lavado de dinero en el que estaría involucrado el citado clan familiar.
Tal como lo denunció ayer El Comercio, Castillo Castillo, quien solo estuvo dos días al frente del Segundo Juzgado Especial de la Corte Superior de Lambayeque, había admitido el hábeas corpus interpuesto por Pelayo Nicanor Lizardo Miranda Chávarri (gerente de la minera Comarsa) contra los fiscales Eduardo Castañeda Garay y Lita Sánchez Tejada. De esa manera se paralizaban las investigaciones que venía realizando el Ministerio Público y la Policía Antidrogas.
La cuestionada medida fue apelada por el fiscal Castañeda. El lunes el procurador para asuntos del Ministerio Público, Luis Bazán Lora, hizo la defensa de los fiscales ante la sala integrada por Manuel Huangal Naveda, Daniel Carrillo Mendoza y Edwin Figueroa Gutarra, la que ayer dio a conocer su fallo.
De acuerdo con la resolución a la cual tuvo acceso El Comercio, el tribunal declaró nula "la sentencia contenida en la resolución del 12 de julio del 2008 que declara fundada la acción constitucional de hábeas corpus presentada por Pelayo Miranda Chávarri".
En el documento también se señala que se declara "nulo el extremo que ordena el archivo definitivo de la investigación preliminar". En consecuencia continuarán las investigaciones que efectúan la Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada.
También proseguirán, como lo indicó el ministro del Interior, Luis Alva Castro, las pesquisas que realizaba la policía. "Los agentes de la Dirandro continuarán su trabajo para esclarecer este caso relacionado con el narcotráfico", sostuvo tras saludar el fallo del Poder Judicial.
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, también destacó la oportuna resolución de la Corte Superior de Lambayeque. "La acción de hábeas corpus se ha convertido en un arma peligrosa que se usa indebidamente para sustraerse de una investigación fiscal. Eso no se debe permitir", declaró, luego de precisar que el Poder Judicial, con el fallo, está dando un buen mensaje a la ciudadanía, pues está poniendo las cosas en su sitio .
La procuradora antidrogas Sonia Medina advirtió que el hábeas corpus y los recursos de amparo "están siendo prostituidos por los aparatos legales para frustrar una investigación preliminar y hasta un proceso. "Hay que estar alertas para que no sigan prosperando estas resoluciones aberrantes", recalcó.
CLAVES
Extraña designación
El juez provisional Orlando Castillo fue designado al Segundo Juzgado Especializado por el presidente de la Corte Superior de Lambayeque, Jimmy García, pese a estar cuestionado.
Vocales preocupados
Cuando se conoció el polémico fallo de Castillo Castillo varios vocales de la Corte Superior de Lambayeque mostraron su preocupación ante su presidente.
(ANDINA).- El director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, calificó de imparcial, transparente y magnifico el proceso judicial que se lleva adelante en el caso del ex presidente Alberto Fujimori, bajo los cargos de violaciones a los derechos humanos y corrupción.
“La transparencia con la que se está llevando este proceso, todo ocurre en cámara y creo que el tribunal ha conducido las audiencias de una manera ejemplar”, enfatizó.
Destacó el grado de apertura e imparcialidad desarrollado en las diversas audiencias, como parte del juicio al ex mandatario, porque – dijo – permite que se conozcan las exposiciones y argumentos de ambas partes, minuto a minuto.
“Esto tiene un valor enorme frente a la comunidad nacional e internacional porque le da credibilidad al proceso”, subrayó en declaraciones a la Hora N.
Asimismo, destacó el grado de profesionalismo con que se conducen dichas audiencias.
En otro momento, recomendó no “relajar” las condiciones carcelarias para el ex presidente Alberto Fujimori.
“Lo importante desde el punto de vista judicial es que un reo como Fujimori no se de a la fuga, esté en un lugar seguro, que no vaya atentar con su integridad corporal”, agregó.
“La transparencia con la que se está llevando este proceso, todo ocurre en cámara y creo que el tribunal ha conducido las audiencias de una manera ejemplar”, enfatizó.
Destacó el grado de apertura e imparcialidad desarrollado en las diversas audiencias, como parte del juicio al ex mandatario, porque – dijo – permite que se conozcan las exposiciones y argumentos de ambas partes, minuto a minuto.
“Esto tiene un valor enorme frente a la comunidad nacional e internacional porque le da credibilidad al proceso”, subrayó en declaraciones a la Hora N.
Asimismo, destacó el grado de profesionalismo con que se conducen dichas audiencias.
En otro momento, recomendó no “relajar” las condiciones carcelarias para el ex presidente Alberto Fujimori.
“Lo importante desde el punto de vista judicial es que un reo como Fujimori no se de a la fuga, esté en un lugar seguro, que no vaya atentar con su integridad corporal”, agregó.
Piden que ex magistrado Ramiro de Valdivia afronte juicio oral por vínculos con Montesinos
(ANDINA).- El fiscal supremo adjunto, Avelino Guillén, afirmó que existen suficientes pruebas para llevar a juicio oral al destituido magistrado, Ramiro de Valdivia, por sus vínculos con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
El representante del Ministerio Público manifestó que tras analizar el expediente determinó que De Valdivia Cano, presuntamente coordinó en esa época como integrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un complot para evitar el referéndum que buscaba impedir la tercera postulación de Alberto Fujimori en las elecciones del 2000.
“La Fiscalía evaluó el expediente y consideró que existen suficientes pruebas para llevar a juicio oral a los integrantes del JNE, entre ellos a Ramiro de Valdivia. Nosotros cumplimos con nuestra obligación legal y formulamos el dictamen”, señaló.
En este dictamen, los ex integrantes del JNE Rómulo Muñoz Arce, Walter Hernández Canelo, José Bringas Villar, Ramiro de Valdivia Cano y Luis Serpa Segura, fueron acusados por la Fiscalía de coordinar con Montesinos un complot para evitar dicho referéndum.
Todos ellos fueron acusados por los delitos de asociación ilícita para delinquir y corrupción de funcionarios, cuyas penas alcanzan los diez años de prisión.
Guillén indicó que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que preside Hugo Sivina, tiene que definir la fecha y hora para el inicio del juicio público.
Por los cargos que pesan en contra del ex magistrado Ramiro de Valdivia, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) resolvió su destitución de la magistratura del país.
Sin embargo, presentó una demanda de acción de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para no ser destituido, que está pendiente de resolver.
(ANDINA).- El fiscal supremo adjunto, Avelino Guillén, afirmó que existen suficientes pruebas para llevar a juicio oral al destituido magistrado, Ramiro de Valdivia, por sus vínculos con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
El representante del Ministerio Público manifestó que tras analizar el expediente determinó que De Valdivia Cano, presuntamente coordinó en esa época como integrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un complot para evitar el referéndum que buscaba impedir la tercera postulación de Alberto Fujimori en las elecciones del 2000.
“La Fiscalía evaluó el expediente y consideró que existen suficientes pruebas para llevar a juicio oral a los integrantes del JNE, entre ellos a Ramiro de Valdivia. Nosotros cumplimos con nuestra obligación legal y formulamos el dictamen”, señaló.
En este dictamen, los ex integrantes del JNE Rómulo Muñoz Arce, Walter Hernández Canelo, José Bringas Villar, Ramiro de Valdivia Cano y Luis Serpa Segura, fueron acusados por la Fiscalía de coordinar con Montesinos un complot para evitar dicho referéndum.
Todos ellos fueron acusados por los delitos de asociación ilícita para delinquir y corrupción de funcionarios, cuyas penas alcanzan los diez años de prisión.
Guillén indicó que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que preside Hugo Sivina, tiene que definir la fecha y hora para el inicio del juicio público.
Por los cargos que pesan en contra del ex magistrado Ramiro de Valdivia, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) resolvió su destitución de la magistratura del país.
Sin embargo, presentó una demanda de acción de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para no ser destituido, que está pendiente de resolver.
MTC interpone denuncia penal a grupo de choferes por adulteración de licencias de conducir
Lima, ago. 13 (ANDINA).- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), autorizó a su Procurador Público Juan Homar Luján Vargas a iniciar acciones legales contra un grupo de personas responsables de la adulteración y uso irregular de licencias de conducir.
Así lo señala la Resolución Ministerial publicada hoy en el diario oficial El Peruano, donde se indica que existe un grupo de personas cuyos brevetes fueron retenidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por diversas faltas al Reglamento Nacional de Administración de Transportes (RENAT).
Cabe indicar, que esta denuncia penal se suma a las 48 interpuestas por la Procuraduría Pública del MTC desde agosto del 2006 contra 486 personas por adulteración de brevetes y uso de licencias de conducir falsas.
La norma precisa que durante la verificación de los documentos, realizada por el área de Antecedentes del Conductor de la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), se determinó que los mismos estaban adulterados porque la imagen no correspondía con los datos que aparecen en la licencia de conducir.
Entre las personas contra las que se iniciará acciones penales de acuerdo a las últimas pesquisas figuran: Jesús Humberto Mendoza Pacahuala (Nº Q09216098), Luis Alberto Chávez Pinto (Nº Q09430385), Pedro Simon Carrión (Nº Q25842129), Pablo Llallico Quispe (Nº FA-0070805), Pedro Ivan Inche Valdivia (Nº N04086024), Luis Felipe Ruiz Gamboa (Nº Q10200540), Christian David Rondoy Ordinola (Nº Q09952243), Edwin Rivas Velásquez (Nº Q41744789), Willman Angelo Garate Suárez (Nº Q41477738).
Luego de analizar las papeletas de infracción proporcionadas por el SAT, así como información otorgada por el Registro de Propiedad Vehicular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) se presume que los propietarios de los vehículos tendrían conocimiento de las características e identificación de las personas que conducían los mismos al momento en que cometieron infracción.
En ese sentido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones iniciará en los próximos días acciones legales contra los responsables de tal adulteración a fin de defender los intereses del Estado.
Lima, ago. 13 (ANDINA).- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), autorizó a su Procurador Público Juan Homar Luján Vargas a iniciar acciones legales contra un grupo de personas responsables de la adulteración y uso irregular de licencias de conducir.
Así lo señala la Resolución Ministerial publicada hoy en el diario oficial El Peruano, donde se indica que existe un grupo de personas cuyos brevetes fueron retenidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por diversas faltas al Reglamento Nacional de Administración de Transportes (RENAT).
Cabe indicar, que esta denuncia penal se suma a las 48 interpuestas por la Procuraduría Pública del MTC desde agosto del 2006 contra 486 personas por adulteración de brevetes y uso de licencias de conducir falsas.
La norma precisa que durante la verificación de los documentos, realizada por el área de Antecedentes del Conductor de la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), se determinó que los mismos estaban adulterados porque la imagen no correspondía con los datos que aparecen en la licencia de conducir.
Entre las personas contra las que se iniciará acciones penales de acuerdo a las últimas pesquisas figuran: Jesús Humberto Mendoza Pacahuala (Nº Q09216098), Luis Alberto Chávez Pinto (Nº Q09430385), Pedro Simon Carrión (Nº Q25842129), Pablo Llallico Quispe (Nº FA-0070805), Pedro Ivan Inche Valdivia (Nº N04086024), Luis Felipe Ruiz Gamboa (Nº Q10200540), Christian David Rondoy Ordinola (Nº Q09952243), Edwin Rivas Velásquez (Nº Q41744789), Willman Angelo Garate Suárez (Nº Q41477738).
Luego de analizar las papeletas de infracción proporcionadas por el SAT, así como información otorgada por el Registro de Propiedad Vehicular de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) se presume que los propietarios de los vehículos tendrían conocimiento de las características e identificación de las personas que conducían los mismos al momento en que cometieron infracción.
En ese sentido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones iniciará en los próximos días acciones legales contra los responsables de tal adulteración a fin de defender los intereses del Estado.
11/08/08: Encarcelan a fiscal por cobrar coima
La policía lo grabó cuando exigía dinero para liberar a presunto narco. Ayer fue recluido en penal de Trujillo.
Redacción La República.
Lo sorprendieron en flagrante delito. El fiscal adjunto de la provincia de Pacasmayo, La Libertad, Eduardo Gustavo Segura Rojas, fue encarcelado ayer en el penal El Milagro, de Trujillo, por exigir dinero a un presunto narcotraficante para otorgarle libertad.
"Tenía fama de extorsionador. Esta vez subestimó a la familia de un detenido y él solo se puso al descubierto...", comentó un agente anticorrupción tras revelar que en esta oportunidad el sorprendido magistrado pasará un buen tiempo en prisión.
Se le atribuyen los delitos de extorsión, corrupción de funcionarios y cohecho pasivo.
DECEPCIONÓ A SU PADRE
Segura Rojas es hijo del ex presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Carlos Segura Cabel, precisaron las autoridades.
La ciudadana Rosa Nelly Urbina Novoa, de 33 años, lo denunció por cobrarle mil soles para liberar a su cuñado, Luis Alberto Padilla Cruz (43), acusado de tráfico de drogas.
Ella entregó a la policía un casete en el que había grabado el vergonzoso pedido.
OPERACIÓN SECRETA
A partir de ese instante se organizó un operativo secreto, a fin de confirmar la denuncia.
Detectives y miembros de la Oficina Descentralizada de Control Interno de La Fiscalía de La Libertad, instruyeron a la denunciante para que acepte la exigencia del representante del Ministerio Público.
Así lo hizo Rosa Nelly Urbina, permitiendo que los agentes también grabaran las comprometedoras conversaciones telefónicas que mantuvo con el inculpado.
Acordaron que el dinero, en un sobre, debía ser lanzado por debajo de la puerta de la casa del fiscal. Todo fue filmado.
Cuando los custodios allanaron el predio, poco después, encontraron el sobre con los billetes marcados, en el estudio de Segura Rojas, por lo que se le detuvo en el acto.
SABÍA USTED...
Descargo. El inculpado alegó inocencia. "Es una venganza por el esforzado trabajo que he realizado en Pacasmayo contra el narcotráfico y la prostitución", dijo.
Arma. En la casa del fiscal se halló una pistola. Él no tenía licencia para portar armas.
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08/08/08: Soyuz tiene a sus choferes en pésimas condiciones (como juegan con las vidas de sus pasajeros)
Chofer del bus de Soyuz que causó accidente en Pasamayo estaba ebrio
El Comercio| Roger José Ángeles Carrión tenía 2.7 gramos de alcohol por litro en la sangre según el examen toxicológico revelado hoy
Casi tres semanas después del terrible choque entre dos ómnibus de las empresas Caplina (del grupo Hermanos Flores) y Soyuz, que dejó 22 muertos y 88 heridos, hoy se pudo saber que el chofer causante del accidente estaba completamente ebrio.
Según el examen toxicológico, difundido por Canal N, Roger Jesús Ángeles Carrión, chofer de Soyuz, tenía 2,7 gramos de alcohol por litro en la sangre, cuando el bus que conducía en sentido contrario chocó frontalmente con el otro vehículo en el serpentín de Pasamayo, al norte de Lima.
Este resultado revela que Ángeles Carrión, quien murió en el accidente, sobrepasaba en un 400% el nivel de alcohol permitido por la ley.
El Comercio| Roger José Ángeles Carrión tenía 2.7 gramos de alcohol por litro en la sangre según el examen toxicológico revelado hoy
Casi tres semanas después del terrible choque entre dos ómnibus de las empresas Caplina (del grupo Hermanos Flores) y Soyuz, que dejó 22 muertos y 88 heridos, hoy se pudo saber que el chofer causante del accidente estaba completamente ebrio.
Según el examen toxicológico, difundido por Canal N, Roger Jesús Ángeles Carrión, chofer de Soyuz, tenía 2,7 gramos de alcohol por litro en la sangre, cuando el bus que conducía en sentido contrario chocó frontalmente con el otro vehículo en el serpentín de Pasamayo, al norte de Lima.
Este resultado revela que Ángeles Carrión, quien murió en el accidente, sobrepasaba en un 400% el nivel de alcohol permitido por la ley.
(ANDINA).- El fiscal anticorrupción, Oscar Zevallos, solicitó al Poder Judicial ordenar el embargo preventivo de los bienes del presidente regional del Callao, Alex Kouri, por las supuestas irregularidades registradas en la construcción de la vía expresa de esta zona de la capital, ubicado en la avenida Elmer Faucett.
El magistrado planteó dicha solicitud en el marco de la denuncia penal que presentó contra Kouri Bumachar, por los supuestos delitos de colusión desleal y negociación incompatible, a raíz de este hecho, ocurrido cuando se desempeñó como alcalde del Callao.
Zevallos pidió similar medida para un grupo de 20 funcionarios ediles, así como para un grupo de representantes de la empresa Convial, quienes fueron comprendidos en dicha denuncia fiscal por este caso, reportó RPP.
El fiscal basó su denuncia en informes de la Contraloría General de la República, Sunat, Superintendencia de Banca y Seguros y de la Policía Anticorrupción.
Convial señala que en el tramo de un kilómetro que se ha construido se gastó 16 millones de dólares, sin embargo, Contraoloría señala la inversión solo fue de ocho millones de dólares.
Esta denuncia será evaluada por uno de los seis Juzgados Anticorrupción que en los próximos días deberá decidir si inicia o no un proceso penal a dichas personas, entorno a este caso.
El magistrado planteó dicha solicitud en el marco de la denuncia penal que presentó contra Kouri Bumachar, por los supuestos delitos de colusión desleal y negociación incompatible, a raíz de este hecho, ocurrido cuando se desempeñó como alcalde del Callao.
Zevallos pidió similar medida para un grupo de 20 funcionarios ediles, así como para un grupo de representantes de la empresa Convial, quienes fueron comprendidos en dicha denuncia fiscal por este caso, reportó RPP.
El fiscal basó su denuncia en informes de la Contraloría General de la República, Sunat, Superintendencia de Banca y Seguros y de la Policía Anticorrupción.
Convial señala que en el tramo de un kilómetro que se ha construido se gastó 16 millones de dólares, sin embargo, Contraoloría señala la inversión solo fue de ocho millones de dólares.
Esta denuncia será evaluada por uno de los seis Juzgados Anticorrupción que en los próximos días deberá decidir si inicia o no un proceso penal a dichas personas, entorno a este caso.
Disolución no se formaliza, pero ya se desactivó la ONA
Falta de claridad en su rol y el escaso apoyo estatal apuraron cierre de la Oficina Nacional Anticorrupción.
Juan Álvarez M. La República
El local de la Oficina Nacional Anticorrupción, en Surco, luce desolado y sin el logo en el frontis que lo identificó por nueve meses. No es para menos. Aunque todavía no se ha publicado la derogatoria del decreto que la creó, en la ONA hoy solo pocos trabajan elaborando informes y, ausente la jueza Carolina Lizárraga, quien los recibe es la administradora Patricia Guillén.
La mayoría de consultores asistió hasta el 31 de julio, y lo último que hicieron fue un balance de su gestión que, en el caso de la Unidad de Investigación, es el detalle de su trabajo, en su mayoría casos de corrupción que no han sido mostrados por varias razones, entre ellas el que la ONA haya estado sin cabeza desde mucho antes que el 8 de julio, cuando renunció Lizárraga.
Fuentes consultadas por este diario revelaron que, pese a los mayores esfuerzos que hicieron para trabajar con normalidad, nunca tuvieron claro cuál era la función específica de la ONA, y tampoco contaron con el apoyo necesario.
Percy Medina, secretario general de Transparencia, lamentó por su lado que, tras la desactivación de la ONA y más allá de la responsabilidad que en ella tenga la propia Carolina Lizárraga, pueda quedar instalada en la gente la sensación de que la corrupción es algo imposible de detener en nuestro país.
"La ONA nació muerta, y eso es una pena, pero ahora se debe cuidar que la Comisión de Fiscalización en el Congreso quede en manos de la oposición y se elija para contralor a alguien independiente", invocó.
LA CLAVE
Vacíos. Medina resaltó que la Defensoría haya emprendido la lucha anticorrupción. "Pero además de recibir denuncias debería proponer cómo llenar vacíos legales y emitir señales de alerta", dijo.
Falta de claridad en su rol y el escaso apoyo estatal apuraron cierre de la Oficina Nacional Anticorrupción.
Juan Álvarez M. La República
El local de la Oficina Nacional Anticorrupción, en Surco, luce desolado y sin el logo en el frontis que lo identificó por nueve meses. No es para menos. Aunque todavía no se ha publicado la derogatoria del decreto que la creó, en la ONA hoy solo pocos trabajan elaborando informes y, ausente la jueza Carolina Lizárraga, quien los recibe es la administradora Patricia Guillén.
La mayoría de consultores asistió hasta el 31 de julio, y lo último que hicieron fue un balance de su gestión que, en el caso de la Unidad de Investigación, es el detalle de su trabajo, en su mayoría casos de corrupción que no han sido mostrados por varias razones, entre ellas el que la ONA haya estado sin cabeza desde mucho antes que el 8 de julio, cuando renunció Lizárraga.
Fuentes consultadas por este diario revelaron que, pese a los mayores esfuerzos que hicieron para trabajar con normalidad, nunca tuvieron claro cuál era la función específica de la ONA, y tampoco contaron con el apoyo necesario.
Percy Medina, secretario general de Transparencia, lamentó por su lado que, tras la desactivación de la ONA y más allá de la responsabilidad que en ella tenga la propia Carolina Lizárraga, pueda quedar instalada en la gente la sensación de que la corrupción es algo imposible de detener en nuestro país.
"La ONA nació muerta, y eso es una pena, pero ahora se debe cuidar que la Comisión de Fiscalización en el Congreso quede en manos de la oposición y se elija para contralor a alguien independiente", invocó.
LA CLAVE
Vacíos. Medina resaltó que la Defensoría haya emprendido la lucha anticorrupción. "Pero además de recibir denuncias debería proponer cómo llenar vacíos legales y emitir señales de alerta", dijo.
Pese a acusaciones, legislador aspiraría a presidir Fiscalización.
La República
Salidas. Vega (der.) busca el respaldo de colegas como Juvenal Ordóñez (izq.)
El informe de la comisión de Ética al que tuvo acceso La República sobre el caso del congresista José Vega (UPP), acusado de haber contratado como trabajadora fantasma en su despacho parlamentario a la pareja sentimental de su hijo, concluyó que el parlamentario infringió los artículos 2, 3 y 4 del Código de Ética Parlamentaria.
El documento, que será debatido y votado hoy en el pleno del Legislativo, señala que "debido a que el congresista José Vega dispuso la contratación de Suzan Silva Paz , pese a tener pleno conocimiento de las relaciones de familiaridad con la contratada, la comisión encuentra indicios razonables de que el congresista habría incurrido en delitos de implicancia penal relacionados con la falsedad genérica y corrupción en su modalidad de aprovechamiento indebido ilícito del cargo".
Es así que el grupo de trabajo, liderado por la legisladora Elizabeth León (UPP), ha pedido una suspensión sin goce de haber de 90 días, y recomienda que el caso sea investigado en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de estas denuncias en su contra, el congresista upepista parece estar tranquilo y seguro de que dicho documento será archivado por el pleno.
Tanto es así que, según fuentes confiables, aspiraría a presidir la comisión de Fiscalización. De acuerdo con estas versiones, el líder de una facción de UPP ya habría conversado con los integrantes de su bancada en busca de respaldo.
La República
Salidas. Vega (der.) busca el respaldo de colegas como Juvenal Ordóñez (izq.)
El informe de la comisión de Ética al que tuvo acceso La República sobre el caso del congresista José Vega (UPP), acusado de haber contratado como trabajadora fantasma en su despacho parlamentario a la pareja sentimental de su hijo, concluyó que el parlamentario infringió los artículos 2, 3 y 4 del Código de Ética Parlamentaria.
El documento, que será debatido y votado hoy en el pleno del Legislativo, señala que "debido a que el congresista José Vega dispuso la contratación de Suzan Silva Paz , pese a tener pleno conocimiento de las relaciones de familiaridad con la contratada, la comisión encuentra indicios razonables de que el congresista habría incurrido en delitos de implicancia penal relacionados con la falsedad genérica y corrupción en su modalidad de aprovechamiento indebido ilícito del cargo".
Es así que el grupo de trabajo, liderado por la legisladora Elizabeth León (UPP), ha pedido una suspensión sin goce de haber de 90 días, y recomienda que el caso sea investigado en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de estas denuncias en su contra, el congresista upepista parece estar tranquilo y seguro de que dicho documento será archivado por el pleno.
Tanto es así que, según fuentes confiables, aspiraría a presidir la comisión de Fiscalización. De acuerdo con estas versiones, el líder de una facción de UPP ya habría conversado con los integrantes de su bancada en busca de respaldo.
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07/08/08: Si tanto se habla de la OCMA es porque es imposible tapar tanta corrupción en el Poder Judicial
La dama de hierro del Poder Judicial
Por: Juan Paredes Castro | El Comercio
"La OCMA no es Elcira Vásquez" decía hace poco un enfadado militante del statu quo judicial, en reacción a la defensa que veníamos haciendo precisamente de los resultados de la una y del liderazgo indiscutible de la otra.
¡Claro que Elcira Vásquez es la OCMA!, le contestaríamos nosotros, no solo para justificar, con esta frase, la profunda identidad entre ambas, sino para reconocer que una de las poquísimas reservas de cambio y reforma en la administración judicial descansa todavía en las manos firmes e insobornables de esta pequeña dama de hierro.
Vásquez representa también, lamentablemente, el mal típico de nuestros viejos proyectos de reformas estructurales, que casi siempre mueren en el intento de un esfuerzo individual, careciendo en su mayoría de una consistente voluntad política de Estado.
Vemos por ahora que gracias a la OCMA (Oficina de Control de la Magistratura) y su dirección se ha avanzado mucho en materia de investigación y fiscalización de faltas y delitos en jueces y fiscales, con algunos gruesos retrocesos, impulsados, extrañamente, por el Consejo Nacional de la Magistratura, que parece marchar en sentido contrario al que necesita la justicia del país.
Pero no es solo la suerte de la OCMA la que reta el esfuerzo individual, finalmente trunco. Igual ocurrió con Aurelio Loret de Mola y Allan Wagner en Defensa, cuando como ministros tuvieron que nadar contra la corriente en la reforma militar. ¿Y en qué acabó la reforma constitucional en el Congreso? ¿No fueron Henry Pease y Jorge del Castillo quienes abrieron un camino expedito que nadie siguió? Hernán Garrido Lecca quiere dar hoy una vuelta de tuerca al sector Salud, buscando construir y equipar hospitales, pero salvando antes lo que se tiene casi en escombros.
Si los desafíos individuales no son suficientes, aunque sí marcan derroteros importantes, hay más de una reforma en el Estado que espera no solo decretos legislativos como los promulgados hace poco, sino una voluntad política decisiva, capaz de generar objetivos medibles en el tiempo, para que todos sepamos a qué atenernos en los próximos años.
Elcira Vásquez y la OCMA son un buen ejemplo de lo que puede cambiarse en el Poder Judicial. E irónicamente no dejan de ser un dolor de cabeza para el presidente de la Corte Suprema, Francisco Távara, que no ha tenido más remedio que reconocer el retorno del vocal Ángel Romero a la presidencia de la Corte Superior de Lima, luego de que la OCMA lo destituyera por falta grave y el CNM lo liberara por sobre todo razonamiento administrativo procesal.
Por: Juan Paredes Castro | El Comercio
"La OCMA no es Elcira Vásquez" decía hace poco un enfadado militante del statu quo judicial, en reacción a la defensa que veníamos haciendo precisamente de los resultados de la una y del liderazgo indiscutible de la otra.
¡Claro que Elcira Vásquez es la OCMA!, le contestaríamos nosotros, no solo para justificar, con esta frase, la profunda identidad entre ambas, sino para reconocer que una de las poquísimas reservas de cambio y reforma en la administración judicial descansa todavía en las manos firmes e insobornables de esta pequeña dama de hierro.
Vásquez representa también, lamentablemente, el mal típico de nuestros viejos proyectos de reformas estructurales, que casi siempre mueren en el intento de un esfuerzo individual, careciendo en su mayoría de una consistente voluntad política de Estado.
Vemos por ahora que gracias a la OCMA (Oficina de Control de la Magistratura) y su dirección se ha avanzado mucho en materia de investigación y fiscalización de faltas y delitos en jueces y fiscales, con algunos gruesos retrocesos, impulsados, extrañamente, por el Consejo Nacional de la Magistratura, que parece marchar en sentido contrario al que necesita la justicia del país.
Pero no es solo la suerte de la OCMA la que reta el esfuerzo individual, finalmente trunco. Igual ocurrió con Aurelio Loret de Mola y Allan Wagner en Defensa, cuando como ministros tuvieron que nadar contra la corriente en la reforma militar. ¿Y en qué acabó la reforma constitucional en el Congreso? ¿No fueron Henry Pease y Jorge del Castillo quienes abrieron un camino expedito que nadie siguió? Hernán Garrido Lecca quiere dar hoy una vuelta de tuerca al sector Salud, buscando construir y equipar hospitales, pero salvando antes lo que se tiene casi en escombros.
Si los desafíos individuales no son suficientes, aunque sí marcan derroteros importantes, hay más de una reforma en el Estado que espera no solo decretos legislativos como los promulgados hace poco, sino una voluntad política decisiva, capaz de generar objetivos medibles en el tiempo, para que todos sepamos a qué atenernos en los próximos años.
Elcira Vásquez y la OCMA son un buen ejemplo de lo que puede cambiarse en el Poder Judicial. E irónicamente no dejan de ser un dolor de cabeza para el presidente de la Corte Suprema, Francisco Távara, que no ha tenido más remedio que reconocer el retorno del vocal Ángel Romero a la presidencia de la Corte Superior de Lima, luego de que la OCMA lo destituyera por falta grave y el CNM lo liberara por sobre todo razonamiento administrativo procesal.
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(ANDINA).- La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema resolverá en los próximos días si acoge o no el pedido de la Fiscalía para elevar la condena al ex vocal supremo provisional Alejandro Rodríguez Medrano, por sus presuntos vínculos con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
Fue tras haber escuchado los alegatos de la Segunda Fiscalía Suprema Penal, que busca incrementar a cinco años de prisión efectiva la sentencia que se le impuso a dicho ex magistrado por haber integrado una asociación ilícita, liderada por Montesinos, para someter al Poder Judicial, Ministerio Público y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Asimismo, la referida sala penal adoptará una decisión con respecto al pedido de la Procuraduría Anticorrupción para aumentar a un millón de soles el monto de la reparación civil que deberán pagar de manera solidaria Rodríguez Medrano, el ex presidente del JNE, Alipio Montes de Oca; el ex fiscal supremo, José Bringas; el ex presidente de la Corte Suprema, Víctor Castillo, entre otros ex magistrados.
Rodríguez Medrano fue excarcelado el 16 de julio, luego de haber cumplido la pena de ocho años que se le impuso por otro caso en el año 2003.
Dicha sentencia se le aplicó por haber presionado a la entonces jueza Sonia Medina Calvo para que resolviera favorablemente una querella interpuesta por el director de la revista Gente, Enrique Escardó, contra el periodista Hugo Guerra, para luego, ante su negativa, removerla del cargo.
Fue tras haber escuchado los alegatos de la Segunda Fiscalía Suprema Penal, que busca incrementar a cinco años de prisión efectiva la sentencia que se le impuso a dicho ex magistrado por haber integrado una asociación ilícita, liderada por Montesinos, para someter al Poder Judicial, Ministerio Público y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Asimismo, la referida sala penal adoptará una decisión con respecto al pedido de la Procuraduría Anticorrupción para aumentar a un millón de soles el monto de la reparación civil que deberán pagar de manera solidaria Rodríguez Medrano, el ex presidente del JNE, Alipio Montes de Oca; el ex fiscal supremo, José Bringas; el ex presidente de la Corte Suprema, Víctor Castillo, entre otros ex magistrados.
Rodríguez Medrano fue excarcelado el 16 de julio, luego de haber cumplido la pena de ocho años que se le impuso por otro caso en el año 2003.
Dicha sentencia se le aplicó por haber presionado a la entonces jueza Sonia Medina Calvo para que resolviera favorablemente una querella interpuesta por el director de la revista Gente, Enrique Escardó, contra el periodista Hugo Guerra, para luego, ante su negativa, removerla del cargo.
El argumento del Tribunal Constitucional para postergar caso El Frontón es ridículo y patético"
El Comercio | Opinó el director de la Comisión Andina de Juristas, Enrique Bernales, en diálogo con elcomercio.com.pe
El director de la Comisión Andina de Juristas (CAJ), Enrique Bernales, consideró "ridículo, patético y vergonzoso" el argumento dado por el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía Ramírez, para resolver recién en diciembre el caso El Frontón.
El magistrado informó ayer que dicho expediente se tocaría después del Foro de APEC, que se realizará en noviembre, debido a que "existen temas más importantes" por ver, como la acción de amparo del Deportivo Wanka contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol y una acción de inconstitucionalidad sobre el cultivo de la hoja de coca.
Al respecto, Bernales, en conversación con elcomercio.com.pe, remarcó que "todo tema que judicialmente tenga como elemento central el respeto a la vida humana no puede ser secundario con relación a un pleito de federaciones deportivas".
"El TC tiene por mandato de su propio origen defender la Constitución, la cual tiene un artículo que se refiere a los principios y los derechos fundamentales, y entre ellos se destaca el derecho a la vida. Por ello, nada debe estar en el orden de las decisiones del TC por encima de la protección a la vida ni la sanción contra aquellos que han atentado contra ella", enfatizó.
En ese sentido, aseguró que dentro del TC existe un Código de Procedimientos Constitucionales, y los magistrados "actúan con un criterio que interpreta las disposiciones procedimentales de acuerdo con la propia escala de valores y principios establecidos en la Carta Magna".
Para Bernales, esta situación "es prueba que efectivamente las cosas no están funcionando al nivel de la altura que se espera de un organismo como es el TC".
El Comercio | Opinó el director de la Comisión Andina de Juristas, Enrique Bernales, en diálogo con elcomercio.com.pe
El director de la Comisión Andina de Juristas (CAJ), Enrique Bernales, consideró "ridículo, patético y vergonzoso" el argumento dado por el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía Ramírez, para resolver recién en diciembre el caso El Frontón.
El magistrado informó ayer que dicho expediente se tocaría después del Foro de APEC, que se realizará en noviembre, debido a que "existen temas más importantes" por ver, como la acción de amparo del Deportivo Wanka contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol y una acción de inconstitucionalidad sobre el cultivo de la hoja de coca.
Al respecto, Bernales, en conversación con elcomercio.com.pe, remarcó que "todo tema que judicialmente tenga como elemento central el respeto a la vida humana no puede ser secundario con relación a un pleito de federaciones deportivas".
"El TC tiene por mandato de su propio origen defender la Constitución, la cual tiene un artículo que se refiere a los principios y los derechos fundamentales, y entre ellos se destaca el derecho a la vida. Por ello, nada debe estar en el orden de las decisiones del TC por encima de la protección a la vida ni la sanción contra aquellos que han atentado contra ella", enfatizó.
En ese sentido, aseguró que dentro del TC existe un Código de Procedimientos Constitucionales, y los magistrados "actúan con un criterio que interpreta las disposiciones procedimentales de acuerdo con la propia escala de valores y principios establecidos en la Carta Magna".
Para Bernales, esta situación "es prueba que efectivamente las cosas no están funcionando al nivel de la altura que se espera de un organismo como es el TC".
Se proclama inocente en aviso. Pese a evidencias innegables. Sucari dice que se trata de un "error administrativo".
La República
Legisladora Sucari en problemas.
Pese a todas las evidencias y ofrecer disculpas, la congresista Margarita Sucari proclamó su inocencia en un aviso pagado en un medio de comunicación de Puno.
En la nota, Sucari califica el irregular pago a los trabajadores de su despacho como un simple "error administrativo involuntario" y dijo que se sometía a cualquier tipo de investigación.
En la información la parlamentaria ofrece disculpas a sus familiares, colegas congresistas, sus electores y a la opinión pública en general.
Llamó la atención que muchos periódicos de Puno que consignaban la denuncia en su portada fueron comprados muy temprano, dejando a la población sin la posibilidad de apreciar la acusación. Algunos canillitas mencionaron que gente allegada a Sucari adquirió los diarios. Antes de ser legisladora, Sucari se dedicaba a administrar una farmacia de su propiedad, ubicada en la plaza central de Juliaca.
La República
Legisladora Sucari en problemas.
Pese a todas las evidencias y ofrecer disculpas, la congresista Margarita Sucari proclamó su inocencia en un aviso pagado en un medio de comunicación de Puno.
En la nota, Sucari califica el irregular pago a los trabajadores de su despacho como un simple "error administrativo involuntario" y dijo que se sometía a cualquier tipo de investigación.
En la información la parlamentaria ofrece disculpas a sus familiares, colegas congresistas, sus electores y a la opinión pública en general.
Llamó la atención que muchos periódicos de Puno que consignaban la denuncia en su portada fueron comprados muy temprano, dejando a la población sin la posibilidad de apreciar la acusación. Algunos canillitas mencionaron que gente allegada a Sucari adquirió los diarios. Antes de ser legisladora, Sucari se dedicaba a administrar una farmacia de su propiedad, ubicada en la plaza central de Juliaca.
05/08/08: Al reo peligroso, por su peligrosidad le dan privilegios, sino se vuelve más peligroso (INPE)
“Fujimori es reo peligroso" dice INPE, pero le mantiene privilegios
Leonardo Caparrós dice que no se cambiará la decisión adoptada. No existe ninguna norma penitenciaria que incluya delitos específicos como requisitos básicos para definir la clasificación de un interno.
Carolina Martín, César Romero y Alonso Ramos. La República
En su laberinto. Caparrós asume defensa del cambio del régimen carcelario de Fujimori y, pese a todos los cuestionamientos, dice que no será variado.
En cárcel dorada. Alberto Fujimori no se puede quejar. La supuesta prisión que, según sus voceros, estaba "acabando con su vida" se ha convertido en una cárcel dorada. Despacha, recibe visitas, a cualquier hora, y hasta tiene sus brujas. Y eso que, según el jefe del INPE, es un reo peligroso. Que tal si no lo fuera.
Precisa. Vocal Luis Lecaros aclaró normas en la clasificación de un interno. Abajo, cuestiona. Gloria Cano, de Aprodeh, criticó privilegios otorgados a ex dictador.
El INPE considera que el ex presidente Alberto Fujimori tiene un perfil criminal peligroso, ya que está siendo juzgado por los delitos de secuestro, homicidio calificado y lesiones graves, huyó a Japón antes de ser procesado y estuvo prófugo de la justicia durante siete años hasta que, ya en Chile, la Corte Superior de Justicia de Santiago determinó que había motivos suficientes para que sea extraditado.
Sin embargo, y dado que el ex mandatario no está siendo procesado por asociación ilícita para delinquir, sino por su presunto control del grupo Colina, al que habría dado supuestamente la orden de cometer los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, la máxima instancia penitenciaria no considera que Fujimori deba tener un régimen cerrado especial con visitas más restringidas y controladas.
Son las contradicciones del jefe del INPE, Leonardo Caparrós. En diálogo con La República dijo que Fujimori presentó en junio un escrito en el que pedía que se modificara su condición carcelaria por considerar que no cumplía ninguno de los dos requisitos por los que se le aplicaba tal excepción, es decir, no se le procesaba por estar vinculado a ninguna organización criminal y su perfil personal no era en absoluto peligroso.
"Dijo que era mentira que tuviera un perfil criminal peligroso y que tampoco estaba siendo juzgado por asociación ilícita para delinquir. El INPE aceptó –previa consulta con la Sala y el magistrado César San Martín– este segundo criterio, ya que ese no es uno de los motivos de su extradición, pero no aceptó el primero. En cuanto al perfil no hay duda. El INPE sigue considerando que es peligroso. Por eso se le ha puesto en la etapa de máxima seguridad dentro del régimen cerrado ordinario", explicó Caparrós.
El jefe del INPE indicó que dicho perfil fue determinado cuando Fujimori llegó por primera vez a la sede de la Diroes (Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional) y, como a cualquier preso en su situación, los tres miembros de la junta de clasificación que lo evaluaban le hicieron un cuestionario psicológico con preguntas de referencia familiar, entre otras, en base al cual se extrajo una conclusión que no ha cambiado en absoluto en estos meses.
EL PERFIL
"Los delitos de homicidio calificado y lesiones por los que se le juzga fueron tomados en cuenta para determinar el perfil del interno, y en eso el INPE no ha variado, sigue considerando que tiene un perfil peligroso, claro. Está (siendo procesado) por homicidio calificado, lesiones, se fugó, no se entregó, lo capturaron...", enumeró Caparrós.
El jefe del INPE, asimismo, aclaró que el régimen cerrado especial que tenía AF no se modificó –algo para lo que se refieren varios estudios que duran al menos dos años–sino que se "anuló porque no tenía sustento".
"Nos basamos en que no estaba procesado por asociación ilícita para delinquir porque no teníamos ningún elemento de juicio que nos permitiera tomar otra cosa en cuenta. No tenemos la acusación fiscal, ni el auto apertorio, no se nos alcanza ninguno de estos documentos, la junta toma su decisión en base a lo que tiene y a lo que el interno manifiesta. Lamentablemente nos apoyamos en eso", sostuvo.
Aunque la decisión del INPE fue cuestionada por la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, quien pidió que Fujimori sea tratado como el resto de los presos en su situación y pidió al INPE revisar su condición carcelaria, Caparrós reiteró que no modificarán su decisión: "Confirmamos nuestra posición. El tema ha sido técnico y si retrocediéramos es cuando podríamos tener problemas. Estamos, eso sí, dispuestos a recibir a quien sea, si es que se quiere fiscalizar la decisión".
MOTIVOS DIFUSOS
Los motivos por los que el INPE dijo modificar el régimen penitenciario, no obstante, no están tan claros para todos. La asociación ilícita para delinquir por la que dijo que Fujimori no está siendo juzgado y que sirvió como excusa para el cambio es un delito que no aparece en las normas penitenciarias que definen la clasificación de un interno, advirtió el vocal supremo José Luis Lecaros Cornejo, el magistrado que investigó al ex dictador Fujimori en primera instancia.
Lecaros precisó que la norma hace hincapié en la peligrosidad del recluso y su pertenencia a una organización delictiva antes que al delito de asociación ilícita u otro acto ilícito que se le atribuya. Además, Lecaros subrayó que este es un tema exclusivo del INPE.
Efectivamente, el Código de Ejecución Penal, promulgado por Fujimori en 1991, informa que la clasificación de los internos está a cargo de una Junta Técnica de Clasificación del INPE, conformada por un abogado, un psicólogo y un asistente social.
Mientras, el artículo 11-A, incorporado en el Código por el Decreto Legislativo Nº 984 del 22 de julio de 2007, dice que al momento de clasificar a un nuevo reo se "incorporará como criterio de evaluación si el interno se encuentra o no vinculado a una organización criminal, en cuyo caso optará por un establecimiento que ofrezca razonables condiciones de seguridad".
El artículo 11-B, por su parte, asevera que "los internos que tengan la condición de procesados estarán sujetos a las reglas del Régimen Cerrado ordinario y solo excepcionalmente y previo informe debidamente podrán ser ubicados en alguna de las etapas del Régimen Cerrado Especial". Es decir correspondió al INPE clasificar a Fujimori en el régimen cerrado especial.
La mención al delito de un procesado como uno de los requisitos a tener en cuenta para la clasificación recién aparece en el Reglamento del Código de Ejecución Penal en la modificatoria introducida por el DS 016-2004, del 21 de diciembre del 2004, pero no se hace mención a asociación ilícita, ni siquiera se vincula ese delito con la pertenencia a una organización criminal.
Para la clasificación del interno en cualquiera de las 3 etapas (del régimen cerrado especial) se tendrá en cuenta su situación jurídica, el delito imputado, las circunstancias en que se hubiere cometido, su condición de líder o cabecilla de organización delictiva", indica el 3er. párrafo del art. 62º del Reglamento modificado. Es claro entonces que el delito de asociación ilícita, ni ningún otro delito específico, aparece como requisito para definir el régimen de un interno.
REACCIONES
Gustavo Carrión
Ex jefe del inpe
“Ha habido una equivocación en el Inpe, pero no creo que Caparrós sea manipulado por la política".
Luis Vargas Valdivia
Ex procurador
"Ha sido irregular. A Fujimori le corresponde el régimen especial por formar parte de una organización".
Wilfredo Pedraza
Ex jefe del inpe
"No comparto la decisión del Inpe.El cambio de régimen es por apelación o por una evaluación cada dos años".
Ronald Gamarra
Abogado de la parte civil
"Sería incorrecto si se comprueba que se permitió la visita de amigos ilegalmente, pero hay que investigar".
DATOS
Exhortación. La acusación civil entregará hoy al INPE un escrito en el que le reclamarán que Fujimori vuelva a tener el régimen cerrado especial que le corresponde, dada la gravedad de los delitos que se le imputan.
Evalúan. En tanto la Fiscalía evalúa qué acciones tomar frente a una situación que Echaíz ya criticó, entre ellas, volver a pedir un cambio de régimen.
Los Iracundos: “El ex presidente está muy bien"
1] Los dos componentes del grupo musical uruguayo Los Iracundos, que el pasado 28 de julio le cantaron en la intimidad de su celda a Alberto Fujimori el "Happy Birthday", se declararon ayer "absolutamente apolíticos" y dijeron que su visita al ex presidente fue "para darle fuerza de vida en un momento tan difícil" de salud para él.
2] Los músicos dijeron que el marco de su visita era estrictamente "humanitario", pero al preguntárseles sobre la salud del ex mandatario respondieron animados: "Está muy bien, muy lúcido". Luego precisaron que eso no significaba nada, porque "la enfermedad va por dentro". No explicaron, sin embargo, qué enfermedad era esa. Cabe recordar que en lo que va del año Fujimori ha sido operado dos veces de una lesión precancerosa en la lengua conocida como leucoplasia.
3] Los uruguayos dijeron que el propio Fujimori les indicó que era un fan suyo, por lo que se comprometieron a traerle parte de su discografía en la próxima visita que el grupo hará al Perú en octubre. Relataron, asimismo, que el ex Jefe del Estado está cultivando mil 500 rosas de diversos colores, y que podrían volver "cuando estas nazcan".
Leonardo Caparrós dice que no se cambiará la decisión adoptada. No existe ninguna norma penitenciaria que incluya delitos específicos como requisitos básicos para definir la clasificación de un interno.
Carolina Martín, César Romero y Alonso Ramos. La República
En su laberinto. Caparrós asume defensa del cambio del régimen carcelario de Fujimori y, pese a todos los cuestionamientos, dice que no será variado.
En cárcel dorada. Alberto Fujimori no se puede quejar. La supuesta prisión que, según sus voceros, estaba "acabando con su vida" se ha convertido en una cárcel dorada. Despacha, recibe visitas, a cualquier hora, y hasta tiene sus brujas. Y eso que, según el jefe del INPE, es un reo peligroso. Que tal si no lo fuera.
Precisa. Vocal Luis Lecaros aclaró normas en la clasificación de un interno. Abajo, cuestiona. Gloria Cano, de Aprodeh, criticó privilegios otorgados a ex dictador.
El INPE considera que el ex presidente Alberto Fujimori tiene un perfil criminal peligroso, ya que está siendo juzgado por los delitos de secuestro, homicidio calificado y lesiones graves, huyó a Japón antes de ser procesado y estuvo prófugo de la justicia durante siete años hasta que, ya en Chile, la Corte Superior de Justicia de Santiago determinó que había motivos suficientes para que sea extraditado.
Sin embargo, y dado que el ex mandatario no está siendo procesado por asociación ilícita para delinquir, sino por su presunto control del grupo Colina, al que habría dado supuestamente la orden de cometer los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, la máxima instancia penitenciaria no considera que Fujimori deba tener un régimen cerrado especial con visitas más restringidas y controladas.
Son las contradicciones del jefe del INPE, Leonardo Caparrós. En diálogo con La República dijo que Fujimori presentó en junio un escrito en el que pedía que se modificara su condición carcelaria por considerar que no cumplía ninguno de los dos requisitos por los que se le aplicaba tal excepción, es decir, no se le procesaba por estar vinculado a ninguna organización criminal y su perfil personal no era en absoluto peligroso.
"Dijo que era mentira que tuviera un perfil criminal peligroso y que tampoco estaba siendo juzgado por asociación ilícita para delinquir. El INPE aceptó –previa consulta con la Sala y el magistrado César San Martín– este segundo criterio, ya que ese no es uno de los motivos de su extradición, pero no aceptó el primero. En cuanto al perfil no hay duda. El INPE sigue considerando que es peligroso. Por eso se le ha puesto en la etapa de máxima seguridad dentro del régimen cerrado ordinario", explicó Caparrós.
El jefe del INPE indicó que dicho perfil fue determinado cuando Fujimori llegó por primera vez a la sede de la Diroes (Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional) y, como a cualquier preso en su situación, los tres miembros de la junta de clasificación que lo evaluaban le hicieron un cuestionario psicológico con preguntas de referencia familiar, entre otras, en base al cual se extrajo una conclusión que no ha cambiado en absoluto en estos meses.
EL PERFIL
"Los delitos de homicidio calificado y lesiones por los que se le juzga fueron tomados en cuenta para determinar el perfil del interno, y en eso el INPE no ha variado, sigue considerando que tiene un perfil peligroso, claro. Está (siendo procesado) por homicidio calificado, lesiones, se fugó, no se entregó, lo capturaron...", enumeró Caparrós.
El jefe del INPE, asimismo, aclaró que el régimen cerrado especial que tenía AF no se modificó –algo para lo que se refieren varios estudios que duran al menos dos años–sino que se "anuló porque no tenía sustento".
"Nos basamos en que no estaba procesado por asociación ilícita para delinquir porque no teníamos ningún elemento de juicio que nos permitiera tomar otra cosa en cuenta. No tenemos la acusación fiscal, ni el auto apertorio, no se nos alcanza ninguno de estos documentos, la junta toma su decisión en base a lo que tiene y a lo que el interno manifiesta. Lamentablemente nos apoyamos en eso", sostuvo.
Aunque la decisión del INPE fue cuestionada por la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, quien pidió que Fujimori sea tratado como el resto de los presos en su situación y pidió al INPE revisar su condición carcelaria, Caparrós reiteró que no modificarán su decisión: "Confirmamos nuestra posición. El tema ha sido técnico y si retrocediéramos es cuando podríamos tener problemas. Estamos, eso sí, dispuestos a recibir a quien sea, si es que se quiere fiscalizar la decisión".
MOTIVOS DIFUSOS
Los motivos por los que el INPE dijo modificar el régimen penitenciario, no obstante, no están tan claros para todos. La asociación ilícita para delinquir por la que dijo que Fujimori no está siendo juzgado y que sirvió como excusa para el cambio es un delito que no aparece en las normas penitenciarias que definen la clasificación de un interno, advirtió el vocal supremo José Luis Lecaros Cornejo, el magistrado que investigó al ex dictador Fujimori en primera instancia.
Lecaros precisó que la norma hace hincapié en la peligrosidad del recluso y su pertenencia a una organización delictiva antes que al delito de asociación ilícita u otro acto ilícito que se le atribuya. Además, Lecaros subrayó que este es un tema exclusivo del INPE.
Efectivamente, el Código de Ejecución Penal, promulgado por Fujimori en 1991, informa que la clasificación de los internos está a cargo de una Junta Técnica de Clasificación del INPE, conformada por un abogado, un psicólogo y un asistente social.
Mientras, el artículo 11-A, incorporado en el Código por el Decreto Legislativo Nº 984 del 22 de julio de 2007, dice que al momento de clasificar a un nuevo reo se "incorporará como criterio de evaluación si el interno se encuentra o no vinculado a una organización criminal, en cuyo caso optará por un establecimiento que ofrezca razonables condiciones de seguridad".
El artículo 11-B, por su parte, asevera que "los internos que tengan la condición de procesados estarán sujetos a las reglas del Régimen Cerrado ordinario y solo excepcionalmente y previo informe debidamente podrán ser ubicados en alguna de las etapas del Régimen Cerrado Especial". Es decir correspondió al INPE clasificar a Fujimori en el régimen cerrado especial.
La mención al delito de un procesado como uno de los requisitos a tener en cuenta para la clasificación recién aparece en el Reglamento del Código de Ejecución Penal en la modificatoria introducida por el DS 016-2004, del 21 de diciembre del 2004, pero no se hace mención a asociación ilícita, ni siquiera se vincula ese delito con la pertenencia a una organización criminal.
Para la clasificación del interno en cualquiera de las 3 etapas (del régimen cerrado especial) se tendrá en cuenta su situación jurídica, el delito imputado, las circunstancias en que se hubiere cometido, su condición de líder o cabecilla de organización delictiva", indica el 3er. párrafo del art. 62º del Reglamento modificado. Es claro entonces que el delito de asociación ilícita, ni ningún otro delito específico, aparece como requisito para definir el régimen de un interno.
REACCIONES
Gustavo Carrión
Ex jefe del inpe
“Ha habido una equivocación en el Inpe, pero no creo que Caparrós sea manipulado por la política".
Luis Vargas Valdivia
Ex procurador
"Ha sido irregular. A Fujimori le corresponde el régimen especial por formar parte de una organización".
Wilfredo Pedraza
Ex jefe del inpe
"No comparto la decisión del Inpe.El cambio de régimen es por apelación o por una evaluación cada dos años".
Ronald Gamarra
Abogado de la parte civil
"Sería incorrecto si se comprueba que se permitió la visita de amigos ilegalmente, pero hay que investigar".
DATOS
Exhortación. La acusación civil entregará hoy al INPE un escrito en el que le reclamarán que Fujimori vuelva a tener el régimen cerrado especial que le corresponde, dada la gravedad de los delitos que se le imputan.
Evalúan. En tanto la Fiscalía evalúa qué acciones tomar frente a una situación que Echaíz ya criticó, entre ellas, volver a pedir un cambio de régimen.
Los Iracundos: “El ex presidente está muy bien"
1] Los dos componentes del grupo musical uruguayo Los Iracundos, que el pasado 28 de julio le cantaron en la intimidad de su celda a Alberto Fujimori el "Happy Birthday", se declararon ayer "absolutamente apolíticos" y dijeron que su visita al ex presidente fue "para darle fuerza de vida en un momento tan difícil" de salud para él.
2] Los músicos dijeron que el marco de su visita era estrictamente "humanitario", pero al preguntárseles sobre la salud del ex mandatario respondieron animados: "Está muy bien, muy lúcido". Luego precisaron que eso no significaba nada, porque "la enfermedad va por dentro". No explicaron, sin embargo, qué enfermedad era esa. Cabe recordar que en lo que va del año Fujimori ha sido operado dos veces de una lesión precancerosa en la lengua conocida como leucoplasia.
3] Los uruguayos dijeron que el propio Fujimori les indicó que era un fan suyo, por lo que se comprometieron a traerle parte de su discografía en la próxima visita que el grupo hará al Perú en octubre. Relataron, asimismo, que el ex Jefe del Estado está cultivando mil 500 rosas de diversos colores, y que podrían volver "cuando estas nazcan".
Fiscal de la Nación está facultada para abrir investigación a congresista Sucari, afirma procurador Ubillús
(ANDINA).- La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, está facultada para abrir, de oficio, una investigación a la congresista Margarita Sucari por presuntamente haberse apoderado de parte del sueldo que le correspondía a la auxiliar de su despacho, Ivonne Araujo Salinas, para favorecer a una tercera persona, indicó el procurador del Congreso, Julio Ubillús.
Sostuvo que por tratarse de una parlamentaria, es la Fiscal de la Nación quien asume las investigaciones de oficio y de manera preliminar.
Ubillús aseguró que existen indicios razonables que hacen suponer que Sucari es responsable de los delitos de concusión y falsedad genérica.
“La Fiscal de la Nación es la única que está facultada para abrir un investigación de oficio. Existen indicios razonables de la responsabilidad de la parlamentaria”, afirmó.
En la víspera, la Procuraduría del Congreso denunció constitucional a la legisladora de Unión por el Perú, Margarita Sucari Cari, por presuntamente haber presionado a Araujo Salinas para que entregue el íntegro de su sueldo correspondiente al mes de mayo.
Dicho dinero debía ser entregado al ciudadano Joel Giovanny Palacios Távara, pese a que el mismo no habría tenido ningún vínculo con el Congreso.
De acuerdo con el testimonio de la propia Araujo, tanto la legisladora Sucari como su secretaria, Isabel Salinas Suárez, la habrían conminado para que entregue parte de su sueldo como parte de pago de la remuneración de otros asesores del despacho, entre los que se encontraría Jorge Malatesta Villamar, quien tampoco tendría nexos laborales con el Parlamento.
(ANDINA).- La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, está facultada para abrir, de oficio, una investigación a la congresista Margarita Sucari por presuntamente haberse apoderado de parte del sueldo que le correspondía a la auxiliar de su despacho, Ivonne Araujo Salinas, para favorecer a una tercera persona, indicó el procurador del Congreso, Julio Ubillús.
Sostuvo que por tratarse de una parlamentaria, es la Fiscal de la Nación quien asume las investigaciones de oficio y de manera preliminar.
Ubillús aseguró que existen indicios razonables que hacen suponer que Sucari es responsable de los delitos de concusión y falsedad genérica.
“La Fiscal de la Nación es la única que está facultada para abrir un investigación de oficio. Existen indicios razonables de la responsabilidad de la parlamentaria”, afirmó.
En la víspera, la Procuraduría del Congreso denunció constitucional a la legisladora de Unión por el Perú, Margarita Sucari Cari, por presuntamente haber presionado a Araujo Salinas para que entregue el íntegro de su sueldo correspondiente al mes de mayo.
Dicho dinero debía ser entregado al ciudadano Joel Giovanny Palacios Távara, pese a que el mismo no habría tenido ningún vínculo con el Congreso.
De acuerdo con el testimonio de la propia Araujo, tanto la legisladora Sucari como su secretaria, Isabel Salinas Suárez, la habrían conminado para que entregue parte de su sueldo como parte de pago de la remuneración de otros asesores del despacho, entre los que se encontraría Jorge Malatesta Villamar, quien tampoco tendría nexos laborales con el Parlamento.
http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008-08-03/congreso-autorizo-denuncia-contra-legisladora-upp.html
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