Solo seis de las 47 recomendaciones de la Defensoría se cumplieron desde el Estado. Fujimoristas atacaron celebración por las víctimas.

Marco Sánchez. La república



Recuerdo. En el Memorial El Ojo que Llora, deudos prendieron velas para recordar a sus familiares muertos o desaparecidos en dos décadas de violencia. (Foto: fotos: Víctor Rodríguez)



Provocación. Fujimoristas pisaron alevosamente nombres de las víctimas.

Cinco años después de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad, existen retrocesos en la judicialización de casos vinculados a violaciones de derechos humanos, reveló la Defensoría del Pueblo.

Su titular, Beatriz Merino, señaló que las fiscalías y juzgados creados para investigar estos casos "han ido perdiendo su especialidad" al recibir otras atribuciones y la carga de delitos de otra índole.

En el concurrido homenaje a las víctimas de las dos décadas de violencia, celebrado en el monumento 'El Ojo que Llora', Merino además hizo notar la serie de decisiones judiciales que implican "un grave retroceso" para señalar a responsables de violaciones de derechos humanos.

Citó el caso de la matanza de El Frontón, donde laTercera Sala Penal para Reos Libres de Lima declaró fundado un recurso para que prescriban los hechos.

"Este criterio judicial es equivocado, pues las graves violaciones a los derechos humanos, como la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada y la tortura, son imprescriptibles", sostuvo frente a cientos de familiares y ex comisionados de la Verdad.

CONTRA LA IMPUNIDAD

En un discurso bastante críti-co, Merino señaló que el Ejecutivo no está cumpliendo a cabalidad obligaciones como la de dar protección legal eficaz a las víctimas de la violencia. Y mencionó la dificultad de la justicia para acceder a información del Ministerio de Defensa, sobre delitos cometidos por sus miembros.

De 47 recomendaciones de la Defensoría sobre estos temas, solo seis se implementaron.

"¿Qué tiene que pasar en el Perú para que, después de 24 años, alcance justicia una masacre de 123 personas como la de Putis (Ayacucho)? Se requiere sancionar a los responsables. No se trata de venganza ni rencor, sino de luchar contra la impunidad y el olvido", dijo Beatriz Merino.

Según el ex presidente de la CVR, Salomón Lerner, muchas demandas de afectados por la violencia están insatisfechas y criticó la indiferencia de la clase política.

Después criticó al ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz y al vicepresidente Luis Giampietri, por denostar contra el informe final.

El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de DDHH, Ronald Gamarra, dijo que al criticar el informe Flores-Aráoz defiende la impunidad de agentes del Estado que cometieron crímenes. Y a gritos de '¡Sanción a los culpables!', familiares de las víctimas exigieron que no se sigan archivando los procesos.



Otra asonada fujimorista

Partidarios del procesado Alberto Fujimori se infiltraron en el homenaje e irrumpieron con gritos y violencia, cuando Salomón Lerner daba su discurso. Con carteles clamando la inocencia de su jefe y defendiendo "la dignidad de las Fuerzas Armadas", insultaron a los ex comisionados de la Verdad y pisotearon los nombres de las víctimas, colocados en un altar con velas. Los fujimoristas habían preparado el ataque, pues se comunicaban por radios e incluso tenían listo un segundo grupo de ataque, que finalmente se replegó por la presencia policial.

"Es la continuación de agresiones ya ocurridas antes y la estrategia de quebrar la memoria de mucha gente", señaló Sofía Macher, titular del Consejo Nacional de Reparaciones y ex comisionada de la Verdad.

Abogados de idl habían expresado preocupación por presiones políticas en el caso. Durante la audiencia, Carlos Mesía dijo que el tribunal no se dejará presionar y cuestionó que no se critique al PJ. Causa quedó al voto.

Ana Núñez. La República


Polémico. Una reacción inesperada tuvo el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, en su afán de negar que está recibiendo presiones del gobierno.

Hasta en tres oportunidades distintas, el presidente del Tribunal Constitucional y ex militante aprista Carlos Mesía interrumpió la argumentación de los defensores de las víctimas del El Frontón, a fin de increparlos por expresar a la prensa su preocupación ante la posible existencia de presiones políticas hacia ese tribunal en torno al mencionado caso y por, supuestamente, no haber criticado al Poder Judicial cuando declaró fundado el hábeas corpus que declara la prescripción de ese crimen.

Como se recuerda, si bien el presidente García y el vicepresidente Luis Giampietri están excluidos de los procesos judiciales, ellos sí han sido incluidos como testigos, por lo que días antes de la audiencia Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), comentó que, conociendo la trascendencia política del tema, esperaba que el máximo organismo de la constitucionalidad resuelva el caso de acuerdo con la Constitución y con la ley.

"CRITIQUEN AL PJ "

La primera intervención de Mesía ocurrió cuando Carlos Rivera, abogado de IDL que representa a víctimas de El Frontón, argumentaba por qué tal crimen constituye un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, el TC debía rechazar el hábeas corpus de la Tercera Sala de Reos Libres.

"¿Por qué este tribunal tiene que hacer una labor del Poder Judicial, y encima, cuando la hace, el presidente del Poder Judicial dice que nos metemos en todo? Digo esto porque no he escuchado del IDL una crítica al PJ por haber declarado prescritos los delitos. He escuchado, sí, críticas contra el TC, que es el que finalmente le enmienda la plana al PJ. ¿Por qué esa injusticia contra estos siete magistrados (del TC)?", dijo Mesía.

El titular del tribunal le preguntó con insistencia y severidad si el IDL publicó denuncias contra el Poder Judicial y en qué diarios se hicieron.

"¿Por qué tanta prensa contra el Tribunal Constitucional y no contra el Poder Judicial, que es el que creó este problema, según ustedes? Acá en el TC leemos los periódicos todos los días, y no recuerdo que el IDL haya hecho críticas a la sentencia que nos convoca el día de hoy", increpó el magistrado.

Mesía intervino además antes de la exposición de Ruiz Molleda.

"Tengo una inquietud, ¿usted duda de la independencia, autonomía o imparcialidad de este colegiado?", preguntó el magistrado.

"Yo no dudo de la independencia ni autonomía si este colegiado se ajusta a la Constitución y al marco normativo", respondió Ruiz.

Ante ello, Mesía le increpó por qué entonces había declarado a un diario local que "quedará claro si el tribunal cede a la presión del gobierno con un posible archivamiento del caso El Frontón".

Ruiz dijo que el de El Frontón es un caso jurídicamente sencillo, pero políticamente complejo, por eso es un tema en el que el IDL estima que hay mucha presión. Al final recordó que el presidente García y el vicepresidente Giampietri pueden ser llamados como testigos.

"¿Cómo le consta a usted que hay presión sobre este tribunal", retrucó el magistrado. La respuesta de Ruiz fue que ellos no tenían evidencias, pero insistió en que si el TC resuelve según la Constitución, se resolverá de acuerdo a derecho.

"No puede ser de otra manera, así que cuide sus palabras, porque ofende usted la majestad de este pleno, más aún cuando declara el mismo día en que se va a dar la audiencia. Eso suena a chantaje. No es ético hablar de la majestad de un TC, como este que defiende la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, a través de los medios. Ningún medio de comunicación nos va a presionar", indicó.

¿ ADELANTO DE OPINIÓN?

Antes de que Ruiz termine su presentación, y en una actitud que podría considerarse adelanto de opinión, Mesía preguntó al abogado: "¿Quién debe investigar y procesar?". Ruiz respondió que el sistema penal y el Poder Judicial. "No el TC, ¿no?", manifestó el magistrado.

La causa, que quedó al voto, debe resolverse máximo en 30 días.

DATOS

Defensa. Sergio Tapia, abogado de Teodorico Bernabé, argumentó que no correspondía que los defensores de las víctimas presentaran un recurso de agravio constitucional.

Nulidad. Pidió que se anule el recurso presentado. Agregó que si él pudiera recusar a los tres magistrados que lo admitieron lo haría, pero como no puede hacerlo, les pidió inhibirse a la hora de resolver el caso.


LA IMPORTANCIA DEL FALLO DEL TC

1] Los abogados del IDL indicaron que la resolución de la Tercera Sala para Reos Libres, que declara fundado el hábeas corpus presentado por la defensa de Bernabé y que se pronuncia sobre la prescriptibilidad del caso El Frontón, no solo pretende ser utilizada para el proceso de ese ex marino, sino para todos los procesos que se siguen sobre el mismo hecho y que incluyen a otros 23 coacusados. "Eso, en cualquier idioma, significa impunidad", dijo.

2] Juan Carlos Ruiz señaló que existe la obligación jurídica de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso de Durand y Ugarte (asesinados durante la matanza de El Frontón) ordena investigar, procesar y sancionar a los responsables del crimen.

El Comercio | Ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, dice que no es un tema de decisión política, sino de 'chibilines'


La familia militar tiene que armarse de paciencia. El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, señaló que los recursos que se exigen para atender los reclamos de mejora de las remuneraciones para el personal de las Fuerzas Armadas "no caen como maná del cielo".


"Hay que ver las posibilidades del Estado. Que tengan un poco de paciencia porque estamos reestructurando el presupuesto para ver cómo los ayudamos. Hay la mejor buena voluntad, pero no es un tema de decisión política, sino de 'chibilines'", indicó a su salida de la sesión reservada que --sobre el tema-- llevó a cabo la Comisión de Defensa del Parlamento.


El Comercio obtuvo la copia del informe ministerial referido al sinceramiento de las remuneraciones en el sector Defensa, en el cual se advierte que el costo total del anteproyecto para incrementar --en seis etapas-- los sueldos en las FF.AA. y en la Policía Nacional asciende a 2.491 millones de soles.


Flores-Aráoz agregó que en la sesión del Consejo de Ministros de hoy se terminará de aprobar los proyectos de ley anual de presupuesto, endeudamiento externo y equilibrio interno para el ejercicio fiscal del 2009.

Canal 7 ofreció disculpas a periodista Laura Chahud y ratificó respeto a libertades
El Comercio | La empresa estatal anunció la salida de su gerente de prensa Alfredo Donayre, implicado en el hecho


El Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) expresó el miércoles sus disculpas a la periodista Laura Chahud, al calificar de "inaceptable desde todo punto de vista" la situación en la que se vio involucrada, y al mismo tiempo anunció la renuncia del gerente de prensa Alfredo Donayre, implicado en el hecho.


Como se sabe, la reportera de TV Perú fue prácticamente conminada a salir de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la semana pasada, al parecer por hacer un comentario fuera de micrófono sobre el cuestionado jefe de Foncodes, Carlos Arana, que habría llegado hasta sus oídos. Tal situación habría provocado que desde la PCM saliera una misteriosa orden hacia el canal del Estado en contra de Chahud.


Tras las disculpas a la periodista, el comunicado de la empresa señala: "Lamentamos la decisión de la señorita Chahud de renunciar irrevocablemente a IRTP (...). De la misma forma expresamos nuestra profunda convicción del irrestricto ejercicio de las libertades de expresión y de opinión (...). IRTP cumple con informar que con fecha de hoy el señor Alfredo Donayre presentó su renuncia al cargo de gerente de prensa, la misma que ha sido aceptada".

El Comercio| IDL y defensa del suboficial de Marina (r) Teodorico Bernabé expusieron durante 90 minutos en la audiencia que se llevó a cabo en el Tribunal Constitucional


(elcomercio.com.pe).- El Tribunal Constitucional (TC) decidió hoy que en 30 días hábiles determinará si ratifica o no el hábeas corpus que declaró fundado la prescripción de los delitos del ex suboficial de la Marina (r) Teodorico Bernabé, uno de los 24 denunciados por la muerte de senderistas en el motín del penal El Frontón ocurrida en 1986, durante el primer gobierno del actual presidente Alan García Pérez.

La importancia de la sentencia que otorgará el TC es si son imprescriptibles o no los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la mencionada cárcel.

En la audiencia de hoy el Instituto de Defensa Legal (IDL) participó en calidad representación de los familiares de las víctimas Nolberto Durand y Gabriel Ugarte, quienes argumentan que los crímenes no han prescrito.

Por el contrario, Sergio Tapia, abogado del suboficial de Marina (r) Teodorico Bernabé indica que los crímenes sí han prescrito.

Según informó el periodista de El Comercio, Italo Sifuentes, que cubrió el evento, ambas partes expusieron por hora y media sus posiciones desde las 10:30 a.m. Al final de la audiencia el TC dejó al voto la resolución.

Durante la audiencia el abogado de Teodorico Bernabé pidió el retiro del presidente del TC Carlos Mesías y de los vocales César Landa y Ricardo Beaumont por haber aceptado a trámite el hábeas corpus en cuestión.

Durante la audiencia, el magistrado César Landa interrogó al abogado Sergio Tapia y este se quejó de no tener el mismo tiempo que tuvo para exponer la parte contraria, es decir el IDL y la procuraduría del Ministerio Público.

Fue entonces cuando el presidente del TC le pidió a Landa que diera las mismas oportunidades a Sergio Tapia.

Entre otros incidentes, el presidente del TC le recordó al abogado del IDL Juan Carlos Ruiz Mollera que estaba prohibido declarar mientras duraba el proceso, ello en relación a sus opiniones vertidas en la publicación de hoy en el diario El Comercio. No obstante, el letrado fue entrevistado el lunes 26, en la víspera de la audiencia.

Carlos Mesía, ex militante del Apra, cerró el capítulo indicando que ningún medio iba a presionar al TC.

Canal 7 hostiga a reportera que filmó a Arana
Del Castillo niega que el Ejecutivo coarte la libertad de expresión.



Se fue. Chaud prefirió salir del canal 7 tras sentirse humillada por ex jefes.

La periodista Laura Chaud renunció a Canal 7 por considerar que la televisora del Estado responde a directivas de altos funcionarios del gobierno, quienes estarían manipulando el tipo de información que a través de ese medio se difunde.

El viernes pasado, Chaud cubría actividades de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y recibió la orden de retirarse de inmediato del local luego de que hiciera comentarios sobre la presencia en esa sede del controversial jefe del Foncodes, Carlos Arana, a quien su camarógrafo hizo algunas tomas.

Según la versión de la periodista, el funcionario de la PCM Edmundo Gonzales habría llamado de inmediato a Canal 7 para exigir que ella sea retirada del local. Incluso, posteriormente se le habría referido que la situación estaba relacionada con los comentarios que hizo respecto de Arana.

Un día después, la periodista fue retirada de una nueva comisión relacionada con la PCM y la explicación que se le dio fue que era "para evitar problemas".

Tras esos sucesos, la periodista renunció, pues –dijo– le quedaba claro que el Canal 7 recibe fuerte presión del gobierno, que le da directivas para la línea periodística.

Laura Chaud afirmó sin dificultad que anteriormente no había tenido problemas en el Canal 7, pero que el viernes y sábado últimos se sintió "humillada".

EL DATO

Responde. El premier Jorge del Castillo afirmó que el gobierno aprista profesa la democracia, y que parte de ella es la libertad de expresión, por lo que negó que el gobierno tenga algo que ver con lo sucedido a la periodista Laura Chaud.

NOTA

El EStado tal vés no, pero sí el amigo de Agustin Mantilla (el que cobró plata de Montesinos para la campaña aprista)

CNM tendrá dura labor al elegir a fiscales supremos
El Comercio | De los seis postulantes aptos, dos tienen cercanía con el FIM y con el Apra, respectivamente.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se abocará, en los siguientes días, a revisar minuciosamente toda información pública, judicial y policial que pudiera existir en relación con los seis candidatos que pasaron a la segunda etapa del concurso para ocupar dos plazas como fiscal supremo, informó Perú21.

La tarea del CNM estará en la mira de varios sectores, especialmente los vinculados a temas de derechos humanos, pues uno de los dos elegidos será el que revise la sentencia que se dicte a Alberto Fujimori por las matanzas de La Cantuta y de Barrios Altos ante una eventual apelación de dicho fallo.

Esto debido a que la ley ordena que las apelaciones en la máxima instancia del Ministerio Público deben ser examinadas por el fiscal supremo menos antiguo.

Actualmente, el fiscal supremo menos antiguo es Pablo Sánchez Velarde, quien tiene una reconocida independencia. Sin embargo, cuando se elija a sus dos pares, Sánchez quedará relegado de dicha condición y ya no podrá examinar el proceso a Fujimori.

Antecedentes
Como informó en la víspera el matutino, en la relación de postulantes figura el vocal superior Raúl Valdez Roca, así como los fiscales anticorrupción Carlos Ramos Heredia y Pedro Angulo Arana. Asimismo, el procurador del Poder Judicial, Segundo Vitery Rodríguez, y los abogados Carlos Moyano Dietrich y Julio Quintanilla Loaiza. De los seis postulantes, por lo menos a dos se les atribuye cercanía con partidos políticos.

Se trata de Julio Quintanilla y de Segundo Vitery. El primero fue candidato al Congreso por el Frente Independiente Moralizador (FIM) en 2001. Inclusive, al no lograr una curul, fue nombrado agente del Estado en el caso El Frontón. En ese momento, el ministro de Justicia era el líder de ese partido, Fernando Olivera.

Vitery, trujillano de nacimiento, es muy allegado al Apra. Así lo manifiestan quienes lo conocen. Es, además, muy amigo del ex presidente del Poder Judicial Walter Vásquez Vejarano, también trujillano y tío de la suspendida parlamentaria aprista Tula Benites, quien tiene un proceso pendiente en la Corte Suprema.

Vitery, sin embargo, también fue vinculado a un presunto acto irregular en su condición de procurador del Poder Judicial. Este diario publicó, el viernes 16 de mayo de 2007, que desde su procuraduría se defendió a un procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Ardua labor, pues, la que tendrá el CNM en este proceso.

Aprueban proyecto que endurece penas para infractores de tránsito
| El dictamen precisa que las sanciones irán desde amonestaciones y multas, hasta la inhabilitación para el servicio de transporte


(Andina).- La Comisión de Transportes del Congreso aprobó hoy por unanimidad un proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, que endurece las penas para las empresas y los operadores que incurran en infracciones a las normas de transporte y tránsito terrestres.

Ello con la finalidad de evitar que se sigan produciendo accidentes fatales en las carreteras.

A través del mismo se establece que la transgresión a tales disposiciones puede dar origen hasta a la cancelación del permiso para brindar este servicio, con lo cual se sancionaría no sólo a los malos conductores sino también a las empresas de transportes para las que trabajan.

El dictamen precisa que las sanciones respectivas irán desde las amonestaciones y multas, hasta la cancelación de la concesión respectiva y la inhabilitación para el servicio de transporte, o para realizar las actividades vinculadas al tránsito terrestre.

La disposición -que modifica diversos artículos de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre- contempla como medidas preventivas la retención de la licencia de conducir, el internamiento del vehículo, la clausura temporal del local (en donde funciona la empresa infractora).

También, establece la suspensión precautoria del servicio y de la habilitación vehicular, así como la paralización de la actividad relacionada con el transporte de pasajeros.

De igual manera, se precisa que el reglamento nacional correspondiente establece las consecuencias en caso de reiteración o acumulación de infracciones, así como de las medidas preventivas.

Por otro lado, la referida comisión, que preside el congresista José Maslucán, acordó invitar para el próximo martes a la ministra de Transportes, Verónica Zavala, y al alcalde de Lima, José Castañeda, a fin de que informen lo referido al tema de las revisiones técnicas.

El Comercio | En esta causa se demostrará si dicho organismo cede o no a presiones, según el IDL

Jornada clave la de hoy en el Tribunal Constitucional (TC). El pleno de dicho organismo se reúne desde las 9:30 de la mañana, sesión en la cual está programada la vista de la causa del hábeas corpus presentado por el suboficial de Marina (r) Teodorico Bernabé Montoya.

Este suboficial en situación de retiro es uno de los 24 denunciados por las muertes ocurridas durante el debelamiento del motín del penal El Frontón, en junio de 1986.

Dicho hábeas corpus fue declarado fundado por la Tercera Sala Penal con Reos Libres, bajo el argumento de que el Caso El Frontón había prescrito.

Por tal razón, la discusión de fondo que abrirán los magistrados del TC se centrará en la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el mencionado establecimiento penitenciario.

Juan Carlos Ruiz, miembro del Instituto de Defensa Legal (IDL), mencionó que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que considera inadmisibles las disposiciones de amnistía y de prescripción que pretendan impedir la sanción de los responsables de graves violaciones de DD.HH.

El IDL participará en la vista de la causa en calidad de representante de los familiares de las víctimas Nolberto Durand Vargas y Gabriel Ugarte Rivera.

Ruiz opinó que en esta causa "quedará claro si el tribunal cede a la presión del Gobierno con un posible archivamiento".

Los hechos de El Frontón ocurrieron durante el primer gobierno del actual presidente de la República, Alan García.

Como se sabe, el titular del TC, Carlos Mesía, ha sido militante aprista. Trascendió que su antecesor, César Landa, habría dejado el cargo hace unas semanas justamente por discrepancias en torno de este caso.

el Comercio

Peláez confirmó el inicio del proceso, que incluye a la cabeza del Ministerio Público

El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Edmundo Peláez Bardales, informó ayer que la ciudadanía podrá presentar tachas contra la ratificación de los presidentes del Poder Judicial, Francisco Távara Córdova, y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Enrique Mendoza Ramírez, y de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos.

Ello en el marco del proceso de ratificación al que serán sometidos en las próximas semanas los vocales y fiscales supremos ante el CNM, luego de siete años de labor.

"La ciudadanía también puede participar en la evaluación y enviar por escrito o personalmente (los documentos que estimen convenientes), y de esta manera aportar elementos de juicio para que el CNM pueda tomar una decisión justa y racional", sostuvo Peláez, cuya participación como presidente de dicho órgano ha sido duramente cuestionada.

Peláez, de otro lado, confirmó que la fiscal de la Nación también será convocada para el inminente proceso de ratificación que incluirá igualmente a otros seis vocales de la Corte Suprema.

SIETE AÑOS MÁS TARDE
Gladys Echaíz, como se recuerda, fue nombrada por el CNM fiscal suprema titular a fines del 2001, cuando también se eligió a Távara Córdova, a Mendoza Ramírez y al cuestionado vocal supremo Ramiro de Valdivia Cano, quien fue destituido en el 2002 y reincorporado hace algunos días por el Tribunal Constitucional (TC).

"El Consejo Nacional de la Magistratura tiene que convocar periódicamente a los vocales y fiscales supremos y a todos los otros magistrados de las instancias inferiores para someterlos a una evaluación integral de su desempeño en los aspectos esenciales de su conducta y la idoneidad a lo largo de siete años de ejercicio de sus cargos", aseveró Peláez.

AFRONTA SU PRIMER PROCESO
Cabe resaltar que Echaíz tuvo como adjunto en el Ministerio Público a José Antonio Peláez Bardales, hermano del presidente del CNM, y quien actualmente se desempeña como fiscal en el juicio al ex presidente Alberto Fujimori.

Este es el primer proceso de ratificación que le tocará pasar a la actual fiscal de la Nación.

PRECISIONES
- El vocal supremo reincorporado Luis Almenara es uno de los primeros que viene siendo evaluado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

- En los predios judiciales se conoce que este vocal tiene la ojeriza de sus colegas allegados al Partido Aprista Peruano que fueron retirados del Poder Judicial tras el autogolpe de 1992.

- Almenara también es reconocido por haber emitido un fallo histórico en el Caso La Cantuta, cuando --junto con el vocal Hugo Sivina-- firmó una resolución en contra de que dicho proceso pasara al fuero militar.

Jueza liberó a modelo y prima porque 'son de buena familia'
Por Miryam Beteta (trome)


También tomó en cuenta que son universitarias y tienen menos de 25 años.


Abogados dicen que fallo es escandaloso y penas para estos casos son hasta de 15 años de prisión.
La justicia en el Perú no es ciega. A esa conclusión se llega si analizamos las 'razones' por las cuales la jueza Ruth Silverio Encarnación, del 48 Juzgado, sacó de la carceleta a la modelo extorsionadora y a su prima y les dio orden de 'comparecencia restringida'. La jueza quitó la venda de la justicia y la hizo abrir los ojos para establecer diferencias. Le abrió las rejas a las muchachas que reconocieron y confesaron su execrable delito, 'porque provienen de buena familia, son estudiantes universitarias, tienen menos de veinticinco años y no registrar antecedentes penales'.
Increíble, la modelo Clarisa Ojeda León y su prima,


Renée Manyari Ojeda, no solo torturaron psicológicamente durante semanas al empresario Juan Lei Sincho. También lanzaron amenazas de atentar contra los hijos del negociante y, sobre todo, fueron claras en advertirle que si no le entregaban los cincuenta mil dólares, su hija que estaba en Argentina podía sufrir un atentado.


Asustado el empresario recurrió a la policía y los efectivos montaron un operativo en Larco Mar, donde las jóvenes llegaron y recogieron el dinero fruto de la extorsión. El dinero estaba marcado con luminol y las muchachas fueron detenidas cuando se retiraban del centro comercial, matándose de risa por su fechoría.


Fuentes del Poder Judicial señalaron que estos hechos, entre otros, no fueron tomados en cuenta por la titular del 48 Juzgado Penal de Lima, Ruth Silverio Encarnación, cuando decidió solo abrirle proceso penal con mandato de comparecencia restringida a las denunciadas, así como el pago de una caución. ¿Por qué la jueza procede como si se tratara del robo de una fruta de un supermercado, como una palomillada juvenil?


Consultamos a colegas de la magistrada y mostraron su contrariedad por su proceder. "Es un acto de discriminación, porque si todos los jueces actuaran con ese criterio, solo irían a la cárcel aquellas personas que cometan un acto similar, pero solo si no tienen estudios superiores y no provienen de una buena familia. Qué lamentable que colegas magistrados actúen de manera tan sospechosa, que desprestigia a la justicia peruana en general", sostuvo enérgicamente un magistrado que solicitó mantengamos su nombre en reserva.


Comunicado
En tanto, ayer la magistrada salió a defenderse a través de un comunicado, donde dice: "que dio libertad a las mujeres basándose en el artículo 135 del Código Procesal Penal, que indica que para dictar una medida de detención deben de concurrir copulativamente los 3 requisitos establecidos en dicha norma. Es necesario que existan indicios suficientes que vinculen al detenido con responsabilidad en el tema, y que haya suficientes elementos probatorios de la comisión del delito que vinculen al imputado como autor. Además que exista riesgo que las imputadas intenten evadir la justicia o perturbar el marco probatorio'.


El caso fue denunciado por la titular de la Sexta Fiscalía Penal de Lima, Ruth Sotomayor García, el viernes en la noche. Sin embargo, ayer señaló que no apelará a la resolución de la representante del Poder Judicial, al considerar que se ajusta a ley.


De otro lado, aún no se había remitido este caso a la mesa de partes para que se designe a un juzgado penal que se encargue de la etapa procesal y se recabe la manifestaciones de las universitarias, se tome la declaración del agraviado y se recabe más pruebas.


Ambas acusadas no quisieron dar declaraciones a la prensa. "No han vuelto a la universidad y han desaparecido del mapa por arte del magia, parece que se las hubiera tragado la tierra", manifestaron sus compañeros de estudios conocidos.

(ANDINA).- La Oficina de Control de la Magistratura dispuso que un total de 17 juzgados civiles de la Corte Superior de Justicia de Lima, adopten las medidas pertinentes para descongestionar sus despachos en un plazo de 60 días naturales.
De acuerdo a la resolución de jefatura 083-2008-J-OCMA, suscrita por Elcira Vásquez Cortez, la medida responde a la situación crítica de la especialidad civil detectada durante una visita de inspección realizada por su despacho a la sede judicial del edificio “Alzamora Valdez”.

Durante la visita se constató la caótica situación generada por hechos, como el excesivo retardo en resolver los expedientes o el elevado volumen de la carga procesal.

La resolución de Ocma precisa que este plazo, que vence el próximo 17 de octubre, no constituye un beneficio disciplinario para los magistrados y personal auxiliar que integran los juzgados, puesto que la medida se implementará sin perjuicio de las responsabilidades que se hubieran generado por el retardo incurrido en resolver las causas.

Cada juzgado contará con un apoyo adicional de dos auxiliares de justicia, cuyos contratos vencen exactamente a los dos meses del inicio de la implementación de la medida.

Los juzgados civiles a los que se refiere esta disposición son; el Segundo, el Cuarto, el Sexto, el Séptimo, el Undécimo, el Vigésimo Sexto del módulo ubicado en el décimo tercer piso del edificio “Alzamora Valdez”.

Del módulo ubicado en el piso catorce son, el tercero, el décimo, el décimo sexto y el vigésimo tercero, del piso 15 el octavo y el décimo cuarto, del piso 17 el trigésimo séptimo, del piso 19 el quincuagésimo octavo y el quincuagésimo noveno y del piso 20 el cuadragésimo segundo y el cuadragésimo sextos juzgados especializados en lo civil.

Al cabo del plazo señalado, Vásquez dispuso que se desarrolle la etapa de evaluación y verificación del cumplimiento de los objetivos por los cuales se dictó.

Esta emisión estará a cargo de magistrados de la Ocma que darán cuenta al despacho de la jefatura suprema de los resultados obtenidos para la adopción de las decisiones pertinentes en el ámbito del control disciplinario.

La disposición de la OCMA ya fue notificada a cada una de las judicaturas y su implementación se encuentra en vías de ejecución.

Tribunal realizará mañana una audiencia para escuchar a las partes. Juzgado declaró fundado recurso que señala que el caso ya prescribió, pese a que se trata de delitos de lesa humanidad.

Ana Núñez. La república


Hora crucial. Mañana podría darse un paso importante en caso El Frontón.

Muchas cosas se pondrán en juego cuando el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de queja presentado por el Instituto de Defensa Legal (IDL) contra el fallo de la Tercera Sala de Reos Libres, que declara fundado el hábeas corpus interpuesto por Teodorico Bernabé, uno de los acusados de la matanza de El Frontón, en el que se aduce que ese caso ya ha prescrito.

Luego de que el recurso de queja fuera admitido por el TC, mañana se realizará una audiencia pública en la que ambas partes presentarán sus argumentos: por un lado, los abogados del IDL, en representación de las víctimas de la matanza de El Frontón, y por el otro el procurador del Poder Judicial, que defenderá la posición de la Sala.

Debe señalarse que al admitir el hábeas corpus de Bernabé, la Tercera Sala para Reos Libres dispone el archivo de la denuncia fiscal en el caso de la matanza de El Frontón, pese a que un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó investigar, procesar y sancionar a los responsables del crimen donde fueron asesinadas 107 personas, muchas de ellas acusadas mas no sentenciadas como terroristas.

Los abogados del consorcio Justicia Viva del IDL, Juan Carlos Ruiz y Carlos Rivera, han advertido que el TC deberá revocar la sentencia del Poder Judicial, de lo contrario estaría actuando en contra de la Constitución –que le otorga el rol de garante de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado–, pues desconocería la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo más importante, sin embargo, es que una sentencia a favor del hábeas corpus marcaría un nefasto precedente, pues significaría determinar que los casos de violaciones de lesa humanidad, como el de El Frontón, son prescriptibles.

De ser así, eso podría terminar en un huaico de hábeas corpus en otros casos de violaciones de derechos humanos para lograr aplicar la misma sentencia en su favor.

Señalan que habría presión del gobierno

1] Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal, afirmó que hay presión del gobierno en el caso El Frontón debido a que, si bien no están comprendidos en el proceso como responsables, el presidente Alan García y el vicepresidente Luis Giampietri son parte del mismo como testigos. "El caso de todas maneras toca al gobierno", dijo.

2] Ruiz comentó que incluso el IDL considera que la renuncia del ex presidente del Tribunal Constitucional César Landa Arroyo está estrechamente vinculada al caso.

3] "En efecto, con esta decisión la nueva composición del tribunal no solo se juega mucho de su prestigio, independencia y credibilidad, sino que también dará una importante señal para lo que significa la lucha contra la impunidad", manifestó.

Seis postulantes aprueban examen

El Consejo Nacional de la Magistratura informó que luego del examen escrito solo seis candidatos siguen en concurso para cubrir dos plazas vacantes de fiscales supremos.

Fueron aprobados Carlos Moyano Dietrich (65.50 puntos), Pedro Angulo Arana (64), Raúl Valdez Roca (64), Julio Quintanilla Loaiza (63), Carlos Ramos Heredia (62.50) y Segundo Vitery Rodríguez (61.50).

El fiscal supremo adjunto del caso Fujimori, Avelino Guillén, no alcanzó el puntaje mínimo y quedó fuera del concurso.

Bancadas advierten peligros de la pérdida de la inmunidad

Portavoces piden revisar propuesta de Javier Velásquez. Oposición señala que afectaría labor de fiscalización en el Estado. Exigen mayor estudio antes de que vaya a Constitución.

Marco Sánchez. La República


Consenso. Esta vez todos los representantes, inclusive apristas, criticaron la iniciativa del presidente del Congreso.

La propuesta que el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, llevará a la comisión de Constitución para eliminar la inmunidad de proceso a los legisladores, y afronten juicios por delitos comunes como cualquier ciudadano, no recibió el respaldo de la mayoría de bancadas.

Portavoces de oposición señalaron que la pérdida de inmunidad privaría a los congresistas de la protección necesaria para denunciar actos de corrupción en el Estado y la administración pública.

"La inmunidad parlamentaria nos permite ingresar al aparato estatal donde se manejan fondos públicos. Eliminarla puede afectar la labor de fiscalización y la tarea de control de gastos en el Ejecutivo y gobiernos regionales y locales", señaló Carlos Bruce, de Alianza Parlamentaria.

Agregó que si un legislador delinque, la instancia que solicita su proceso es el Poder Judicial, y ese mecanismo ya está fijado en la Constitución y el reglamento.

"En un país donde el PJ no garantiza independencia, un congresista puede estar sujeto a atropellos. Se le podría acosar judicialmente, pero se debe buscar fórmulas para que, cuando se cometa un delito común de modo flagrante, el levantamiento de inmunidad sea rápido", dijo.

La bancada nacionalista también mostró sus reparos. Para Víctor Mayorga, miembro de la comisión de Constitución, la propuesta es precipitada: "Un representante no puede ser detenido sin dar cuenta al Congreso. En caso de flagrancia, hay mecanismos ya previstos".

"Parte de la política aprista es querer arrinconar al Congreso. Y cuidado que se puede justificar el cierre del Parlamento con estos temas", expresó a La República.

SIM PRIVILEGIOS

Por su parte, Velásquez Quesquén reiteró que la inmunidad es una institución venida a menos en la región, y es "un privilegio que debería terminar".

UPP también mostró su desacuerdo. "No es atinado y hay que analizarlo. Tampoco se justifica por el actuar de algunos congresistas", señaló Isaac Serna.

Por su parte, Hildebrando Tapia, de Unidad Nacional, calificó la propuesta de "irresponsable".

A FAVOR DE LA RENOVACIÓN POR TERCIOS

1] El artículo 93 de la Constitución señala que los congresistas "no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o la Comisión Permanente (...), excepto por delito flagrante, caso por el cual son puestos a disposición del Congreso dentro de las 24 horas, a fin de que se autorice o no la privación de libertad o enjuiciamiento".

2] Ante la baja aprobación del Parlamento por la ciudadanía y por los escándalos protagonizados por legisladores, su presidente Javier Velásquez propuso legislar a favor de la renovación por mitades o tercios del Parlamento, y terminar con el voto preferencial. Pero se mostró en contra de la revocatoria, pues "podría ser un instrumento que utilice la mayoría para destruir a las minorías". La oposición se mostró a favor de estas propuestas.

3] La subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio ayer cinco días hábiles a los legisladores Margarita Sucari y José Anaya (UPP) para hacer sus descargos y presentar pruebas ante los delitos penales por los que están acusados. Desde hoy corre el plazo de 15 días para emitir el informe final en ambos casos.

Afirma Jurista internacional Federico Andreu- Guzmán en juicio a Fujimori. Experto disertó ante la Sala Penal Suprema Especial la teoría jurídica del autor mediato en el juicio por crímenes contra los derechos humanos.

César Romero. La República


Contundente. El peritaje del jurista Federico Andreu-Guzmán fue demoledor para la defensa de Fujimori, que ahora trata de minimizar el aporte del experto.

El jurista franco-colombiano Federico Andreu-Guzmán afirmó en el juicio al ex dictador Alberto Fujimori que nadie emite una orden escrita para cometer un crimen contra los derechos humanos.

Indicó que, ante esa situación, la jurisprudencia internacional enseña que una prueba escrita en estos casos es irrelevante, pues la realidad muestra que en crímenes atribuidos a aparatos organizados de poder las órdenes pueden ser implícitas, tácitas e incluso no verbales.

Ante la Sala Penal Especial Suprema que juzga a Fujimori, y como perito de la defensa de las víctimas, Andreu-Guzmán expuso los alcances y aplicación de la teoría del autor mediato para probar la culpabilidad de una autoridad militar o civil, democrática o de facto, en un crimen contra los derechos humanos.

El jurista precisó que en diversos casos se ha observado que las órdenes se dieron en lenguaje codificado, mediante señales, luces, silencio pactado previamente, avisos clasificados en la prensa, respaldo o protección a los ejecutores directos, visitas al lugar donde se está cometiendo un crimen, aporte de medios económicos, compra de las armas utilizadas en los asesinatos y otros según cada hecho específico.

Federico Andreu-Guzmán afirmó que, ante ese panorama, para probar la existencia de una orden criminal, la jurisprudencia internacional permite a los jueces inferir a partir de determinados elementos, tales como el apoyo o respaldo que se da a los ejecutores, que esa orden existió.

Subrayó que la jurisprudencia internacional establece la responsabilidad del autor mediato cuando éste tiene el dominio de la organización criminal y pudiendo controlar sus actos no sanciona sus crímenes, a pesar de tener conocimiento de que éstos se están cometiendo, ya sea por denuncias de la prensa y/o pedidos de organismos internacionales.

"No se trata de omisión de deberes de función, sino que se toma como un elemento de responsabilidad", enfatizó el jurista. Además, aseveró que en estos casos poco importa que los aparatos organizados de poder sean legales o ilegales, de derecho o de facto.

"Lo que interesa es la convicción objetiva de la existencia de una estructura organizada para cometer crímenes y que exista una capacidad real del autor mediato para lograr que sus directivas u órdenes se cumplan", señaló.

En ese sentido, dijo que es posible que no exista en los aparatos organizados de poder interacción personal entre el ejecutor y el que da la orden o quien está detrás del crimen (autor mediato), pero sí se establece una relación funcional entre ambos.

ALUSIONES A FUJIMORI

Andreu-Guzmán no se refirió directamente a la situación del ex presidente Alberto Fujimori, pero es evidente que sus explicaciones calzan perfectamente en los hechos criminales que se la atribuyen, refirió el abogado de la parte civil Carlos Rivera.

Así, en las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos no se ha encontrado una orden escrita ni un testigo que haya escuchado al ex presidente decir "¡maten!"; sin embargo, existe una serie de evidencias, testimonios y declaraciones del acusado que permiten inferir que sabía que los asesinatos se estaban cometiendo y no hizo nada para evitar que continuarán.

Es más, en medio de las denuncias de la prensa y en sus discursos oficiales, Fujimori alabó el accionar de una pequeña fuerza de inteligencia *el grupo Colina) que estaba luchando contra el terrorismo, a la que dotó de armas y a cuyos jefes dio ascensos, premios económicos y, luego, la amnistía.

Federico Andreú-Guzmán basó sus explicaciones en casos de delitos contra la humanidad juzgados en Ruanda, la ex Yugoslavia, España, Argentina, Japón, Haití y otros países utilizando la teoría del autor mediato para establecer responsabilidades penales.

DATOS

Internacional. Federico Paulo Andrés Andreu - Guzmán es Consejero General de la Comisión Internacional de Juristas desde abril del 2007. Ha sido miembro del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional y ha participado en misiones para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

DIROES. Este viernes 29 no habrá audiencia por celebrarse ese día el aniversario de la DIROES, en cuya sede se realiza el juicio.

NIEGAN VÍNCULOS FUJIMORI-COLINA

1] Al término de la audiencia, el abogado César Nakazaki admitió que en este caso sí hay documentos escritos, como el plan Cipango y disposiciones administrativas para entregar armamento, pero que ninguna vincula a Fujimori con el grupo Colina.

2] Este miércoles 27 de agosto expondrá ante la Sala Penal Especial el magistrado de la Corte Suprema de España, José Martín Pallín. Él también informará sobre las teorías jurídicas utilizadas por tribunales nacionales e internacionales para probar la responsabilidad penal en casos de derechos humanos.

3] El mismo miércoles se discutirán las reglas para la actuación de la prueba documental y prueba documentada, que es la siguiente fase del juicio, después de la culminación de la presentación de los peritos.

Los congresistas son investigados por la Subcomisión de Acusaciones constitucionales por presuntas irregularidades

(Andina).- Los legisladores de Unión por el Perú Margarita Sucari y José Anaya tendrán a partir de hoy un plazo de cinco días para presentar, por escrito, sus respectivos descargos, frente a las acusaciones constitucionales planteadas en su contra por el procurador del Congreso, Julio Ubillús.

Así lo informó la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, Martha Moyano, tras dar cuenta a los miembros de este grupo de trabajo parlamentario del plazo de 15 días que otorgó la Comisión Permanente para que se realicen las investigaciones pertinentes.

Moyano informó también que los delegados de ambas denuncias -Daniel Abugattás, para el caso Sucari; y Carlos Bruce, en la acusación formulada contra Anaya- deberán convocar a las audiencias respectivas dentro del plazo que ha sido establecido.

A la legisladora Margarita Sucari Cari se le acusa por los supuestos delitos contra la administración pública en la modalidad de concusión y falsedad genérica, previstos en los artículos 382° y 438° del Código Penal: además de la supuesta infracción a los artículos 38, 39 y 45 de la Carta Magna.

Los mismos se habrían configurado, según la denuncia, al apoderarse supuestamente de parte del sueldo que el Congreso de la República le pagaba a su ex auxiliar Ivonne Araujo Salinas. Ello con la presunta finalidad de favorecer a terceros.

En tanto que a José Anaya se le acusa por los presuntos delitos contra la administración de justicia en la modalidad de falsa declaración en procesos administrativos, y también por falsificación de documentos y peculado, además de la violación de algunos artículos de la Constitución

Los cargos que se le atribuyen se refieren a la adulteración que habría cometido en algunas boletas de venta con las que sustentó parte de los gastos operativos que le asignó el Parlamento.

Informe de quejas
Por otro lado, la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentó un informe sobre el número de quejas pendientes de resolución, las mismas que a la fecha suman 58.

De acuerdo con el referido informe de este grupo de denuncias -algunas de las cuales tienen ya varios meses de presentadas-, dos se encuentran en proceso de acusación; 16 con proceso para el archivo; en cinco se debe otorgar el plazo correspondiente.

Asimismo, se establece que tres denuncias se encuentran listas para votar el informe final, tres están en proceso de determinación de los hechos; ocho para audiencia; una para la emisión del informe definitivo; siete para informes de calificación; dos más para ser archivadas; y se debe dar cuenta sobre 11 denuncias.

Revelan que el hijo del congresista Anaya obtuvo un cargo público de manera irregular
El Comercio | José Antonio Anaya es ingeniero civil pero ingresó para cumplir la labor de un ingeniero sanitario. Según "Prensa Libre", fue contratado para el programa "Agua para todos"



Una nueva denuncia periodística podría agravar la ya complicada situación del congresista de UPP, José Anaya. El programa de televisión "Prensa Libre" reveló que José Antonio Anaya Ilario, hijo del parlamentario, accedió a un puesto de trabajo para el programa "Agua para todos" del Ministerio de Vivienda sin contar con las calificaciones y experiencia para el cargo.

El informe detalla que Anaya Ilario, ingeniero civil de 34 años, fue contratado en el 2007 en reemplazo del ingeniero sanitario Samuel Guzmán Prado, en un proceso que no cumplió los requisistos de ley.

Así lo denunció Samuel Guzmán Prado, quien indicó que fue retirado del cargo injustamente para poner en su lugar al hijo de Anaya. "Solo me dijeron que era una decisión que venía del más alto nivel y que la nueva persona que iba a venir en mi reemplazo, era por una decisión ya tomada y no había nada que hacer. Esa persona es el hijo de José Anaya", dijo.

Precisa "Prensa Libre" que el hijo del legislador fue contratado en marzo de 2007 con un sueldo de 3.000 soles por el entonces funcionario de "Agua para todos" Carlos Arana, hoy secretario ejecutivo del Foncodes.

Indica el informe que el momento en que accedió a este cargo coincide con votaciones importantes en el Congreso de la República en las que el congresista Anaya votó a favor de la bancada aprista.

En sus descargos, el parlamentario negó haber recibido favores del Gobierno a cambio de apoyar las iniciativas del Apra en el Legislativo. Asimismo, defendió las calificaciones de su hijo para ocupar el cargo. Esta denuncia es parte de una persecusión política que pretende favorecer a una congresista accesitaria, indicó.

Como se recuerda, el parlamentario José Anaya es investigado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por falsificar recibos y facturas para justificar sus gastos operativos en el Parlamento.

Por esta denuncia podría ser desaforado y, posteriormente, procesado ante la justicia por los presuntos delitos contra la administración de justicia en la modalidad de falsa declaración en procesos administrativos, y también por falsificación de documentos y peculado, además de la violación de algunos artículos de la Constitución.

ENCUESTA NACIONAL DE EL COMERCIO ELABORADA POR IPSOS APOYO

El Comercio

Corrupción desplaza al desempleo como principal problema del país
Percepción de la corrupción sube a 43% y la del desempleo baja a 38%. El 88% está de acuerdo con que los congresistas no tengan inmunidad. El 83% de los limeños considera que obras viales deben ejecutarse por etapas

La encuesta nacional urbana de El Comercio, elaborada por Ipsos, Apoyo Opinión y Mercado y realizada entre el 15 y 17 de abril, trae varias novedades: la popularidad del presidente Alan García sigue cayendo (de 28% en marzo a 26%, hoy). El nivel más alto de desaprobación de García se da en el sur (84%), mientras que allí solo lo aprueba el 14%. Una de las razones por las cuales continúa esta mala percepción ciudadana con respecto a la gestión del jefe del Estado es que la gente lo sigue culpando del alza de los precios de los productos (57%) y también considera que hay una mala política económica (34%). El eslogan del gobierno que se difunde en los medios de comunicación, que el Perú tiene la inflación más baja de toda la región, solamente ha calado en el 37% de los encuestados.


El veredicto ciudadano también alcanza al Congreso. La popularidad del Parlamento sigue descendiendo. Si en marzo lo respaldaba el 15% de los entrevistados en el ámbito nacional, hoy en día su popularidad se encuentra en 13%.


Al parecer los continuos escándalos en los que se han visto involucrados congresistas han afectado la imagen de ese poder del Estado. Así el 81% afirma no sentirse representado por el Congreso. El sondeo va más allá y revela que una amplia mayoría apoya cambios constitucionales de fondo. El 66% de los entrevistados está de acuerdo con que el voto sea voluntario y el 67% respalda la renovación por tercios en el Parlamento. Y si alguno de los parlamentarios es acusado de cometer delitos, el 88% está a favor de que estos funcionarios no deben gozar de ninguna inmunidad y si algún trámite previo debe pasar por el Congreso, este no debería demorar más de 48 horas para que así el infractor pueda comparecer ante la justicia.


Las medidas anunciadas hace varios días para imponer el orden en el quehacer parlamentario también formaron parte de este sondeo. El 92% de los entrevistados está de acuerdo con la publicación de las listas de los congresistas faltones, tardones y de aquellos que abandonan las sesiones y el 84% respalda que se convoquen sesiones plenarias complementarias para votar las reformas constitucionales y electorales que están pendientes en la agenda del Congreso desde hace varios meses.


Una de las novedades es la percepción ciudadana sobre los problemas que afectan el país. Si en el 2004 ocupaban los primeros lugares el desempleo y la pobreza, en el 2008 los encuestados consideran que la corrupción se ha convertido en el primer problema nacional, desplazando al segundo y tercer puesto la falta de trabajo (38%) y el hambre (36%).


Si de respuesta asistida se trata, el 20% de los entrevistados opina que atacar el problema de la educación inadecuada es la prioridad del gobierno.


DEL CONSULTOR
ALFREDO TORRES G. Ipsos Apoyo

Preocupante corrupción
Por primera vez la corrupción pasa adelante en el ránking de principales problemas del país en la percepción de la opinión pública.


En los años ochenta y hasta el inicio de los noventa, la inflación y el terrorismo se disputaban la primacía entre las preocupaciones ciudadanas. Derrotados estos flagelos, pasarían a ser el desempleo y la pobreza los problemas más inquietantes para la población.


Que la corrupción haya escalado al primer lugar puede deberse que el crecimiento económico está reduciendo la angustia popular por la pobreza y la desocupación, pero también a la percepción de que el viejo vicio nacional de entrar al Estado no para servir sino para servirse de él, se ha agravado en los últimos años, como lo refleja el reciente escándalo del Banco de Materiales (Banmat).


Hace bien el presidente de la República, Alan García Pérez, en indignarse porque la corrupción golpea triple: birla recursos destinados a los más pobres, reduce la confianza en el sistema y suscita el incremento de controles y temores que paralizan la gestión pública.

Investigan a unos 25 jueces y fiscales que habrían cometido hechos de corrupción

El Comercio| Entre los acusados están el fiscal decano de Puno, por supuesta corrupción de fucionarios, y un magistrado de Lambayeque, denunciado por supuestamente beneficiar a una banda de narcotraficantes


Por Ítalo Sifuentes Alemán

Al menos veinte magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial vienen siendo investigados por la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, por presuntos delitos de corrupción, los cuales podrían sumarse a los cinco magistrados que desde junio hasta hoy ya han sido acusados por la titular de la fiscalía ante diversos tribunales del país. Algunos nombres se mantienen en reserva por estar en marcha las indagaciones.

En las últimas horas fue denunciado Pedro Cornejo Morales, del Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Lambayeque, por los supuestos delitos de encubrimiento personal y prevaricato en beneficio de los hermanos Ronald Winston y Nelson Fidel Díaz Díaz, y de Napoleón Zamora Melgarejo, supuestos integrantes de la banda de narcotraficantes Los Norteños.

Cornejo es acusado de admitir y conceder un hábeas corpus a favor de dichas personas, es decir, por ordenar la excarcelación de los hermanos Díaz y de Zamora, quienes habían sido condenados en primera instancia y cuando aún se encontraba pendiente de resolver un recurso de nulidad que estos habían presentado.

Los presuntos integrantes de la banda Los Norteños estuvieron encarcelados en el penal de Lurigancho y luego pasaron al de Cajamarca, desde donde salieron liberados tras el hábeas corpus.

Ellos habrían estado implicados en el acopio y procesamiento de más de tres toneladas de cocaína que la policía incautara en Piura en enero de 1995, cargamento que era de propiedad de los hermanos López Paredes, tal como informó este Diario el 15 de febrero del año pasado.

La fiscalía ha solicitado la destitución del juez Cornejo, cuyo caso será visto este jueves por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), según informó el presidente de dicha entidad, Edmundo Peláez. Ese día se recibirán los descargos del acusado y en unos 15 días se resolvería el tema.

De este modo, el CNM resolverá por la vía administrativa la suerte de Cornejo. El Poder Judicial se encargará de la vía penal de este magistrado, así como de todos aquellos a quienes la fiscal formule denuncia por algún delito.

QUERÍA SU TAJADA
Otro caso ya denunciado por Echaíz se refiere al fiscal superior decano de Puno, Manuel Torres Quispe, acusado por corrupción de funcionarios.

Según la denuncia, Torres solicitó a Osber Zapana Sullo el íntegro de su sueldo (1.600 soles) como condición para dar luz verde a su contratación como chofer del distrito judicial de Puno.

A la vista de los hechos, la Fiscalía de la Nación ha solicitado al CNM la separación de Torres Quispe, así como la investigación de otros dos magistrados al Órgano de Control Interno de Puno por entorpecer las investigaciones de este cuestionado fiscal.

Ellos son Jesús Belón Frisancho, fiscal provincial de Familia de Puno, y Jorge Astorga Castillo, ex fiscal de la Oficina de Control Interno de dicha región.

FUERON DESEMBARCADOS
Como parte de estas acciones en la magistratura, el último viernes Echaíz destituyó a los fiscales provisionales Marilú Molina Herrera y Enrique Chipana Callata.

Molina era la fiscal provincial provisional del distrito judicial de Ucayali y Chipana lo era del distrito judicial de Puno.

Echaíz los destituyó por haberles perdido la confianza, tras los muchos cuestionamientos recibidos en los lugares donde debían velar por el cumplimiento de la ley.
CNM ve más casos de favores a narcos
El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Edmundo Peláez, señaló que está pendiente la revisión de destitución del magistrado suplente Iván Torres Portocarrero, del juzgado del módulo básico de Villa María del Triunfo.

A Torres Portocarrero se lo cuestiona por el hábeas corpus con que excarceló al mexicano Miguel Morales Morales, sentenciado por sus vínculos con el narcotráfico.

Peláez agregó que en los próximos días también verá el caso del ex fiscal de Huanta, Leonidas Navia Molina, quien habría dado su aprobación para que se liberara a varias personas relacionadas con el narcotráfico, entre ellas Jesús Palomino Luján, Yakov Torres Anccasi y Omar Eduardo Cóndor Alanya.

Congreso planteará la eliminación de inmunidad parlamentaria
Titular del parlamento sostuvo que la inmunidad es una institución venida a menos en Latinoamérica


(Andina).- El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, informó que planteará a la Comisión de Constitución, la eliminación de la inmunidad de proceso con el fin de que los legisladores afronten como cualquier persona los juicios de delito comunes que afronten.

"Lo vamos a plantear, estoy convencido de que estamos en la obligación de eliminar la inmunidad de proceso a los congresistas. El Parlamento no puede seguir funcionando bajo ese manto", sostuvo.

Dijo que la inmunidad es una institución venida a menos en Latinoamérica, por lo cual se tiene que acabar con este privilegio en el Parlamento.

"En Brasil o Chile la inmunidad de proceso se solicita en casos especiales y ante el Poder Judicial y en Colombia ya no existe", sostuvo.

Mencionó que esta situación "está alejando a la ciudadanía del Parlamento", por lo que afirmó que esta iniciativa será plantada en breve a la Comisión de Constitución.

De otro lado, dijo que se necesita impulsar diversas reformas constitucionales como la renovación por tercios en el Parlamento.

Mencionó que estos cambios son necesarios hacerlos ahora, porque el nuevo Parlamento que se elijirá en el 2011, tendrá muchos problemas en aprobarlos.

De otro lado, el titular del Parlamento afirmó que luego de la derogatoria de los Decretos Legislativos 1015 y 1073, se ha abierto un escenario de diálogo con las comunidades nativas para encontrar en conjunto las mejores soluciones y altenativas para llevar la modernidad y el cambio a esas zonas.

Denunciante de Margarita Sucari mintió al Congreso
Expreso

Caso adquiere giro inesperado.
El caso de la legisladora Margarita Sucari puede tomar un nuevo rumbo. EXPRESO tuvo acceso a documentos que demuestran que la denunciante Ivonne Araujo Salinas falseó información en el currículum vitae que presentó el pasado 3 de julio al Congreso de la República, cuando postulaba a trabajar como auxiliar en la Comisión Multipartidaria Investigadora de las presuntas irregularidades en la construcción de la Carretera Interoceánica, que preside Margarita Sucari.

Araujo Salinas sostiene en su hoja de vida que es egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres. Falso. Según el Oficio N° 568-2008-SG-USMP que dirige Rodolfo Gavilano Oliver, secretario general de esa casa de estudios, al jefe del Departamento de Recursos Humanos del Congreso, Miguel García Foy, la señorita Araujo tiene pendientes tres cursos para culminar la carrera en esa universidad.

Otra mentira. En su currículum, Araujo dice haber brindado ‘apoyo externo’ en prensa y redacción al Hospital de la Solidaridad, de enero 2007 a la fecha. En la carta N° 188-08-2008-GG-SISOL/MML, el gerente general del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, Jorge Beltrán Calderón, señala que “la indicada persona (Araujo Salinas) no prestó servicios bajo ninguna modalidad”.

Cabe señalar que por haber mentido en su declaración jurada al Parlamento, Araujo Salinas puede ser denunciada por el delito de falsedad genérica.

¿Mano negra?

Pero lo más preocupante es lo que dice el gerente general de la empresa Rodsuma Salud SAC, Miguel Ángel Pérez Maldonado, en una carta acerca del desempeño laboral de Ivonne Araujo Salinas.

“La Srta. Ivonne Verushka Araujo Salinas trabajó en esta empresa desde el 26 de marzo al 10 de junio del presente año, desempeñando el puesto de Marketing y Publicidad, durante este tiempo su desempeño no fue el esperado”, dice la carta.

Esto abre las puertas a pensar que habría existido una ‘mano negra’ interesada en perjudicar el trabajo de esta comisión investigadora, para lo cual no es descabellado pensar que se ‘sembró’ personal en el entorno de Sucari Cari a fin de encontrar un motivo para frenar o dejar en nada la investigación a esta obra, en la cual hay millones de dólares de por medio. La investigación debe llegar hasta el final para saber quiénes están detrás de todo esto.

Habla Sucari
n Entrevistada por EXPRESO, la legisladora Margarita Sucari sólo quiso explicar que contrató a Ivonne Araujo Salinas a pedido insistente del jefe de la Unidad de Imagen Institucional de los Hospitales de la Solidaridad, Inti Lozada Espinoza, quien conversó con ella en varias ocasiones.

Respecto a si sospechaba de irregularidades en la forma como ha sido denunciada, Sucari Cari respondió que dirá todo lo que sabe en su debido momento.

ENTREVISTA A ALFREDO TORRES
García es un gran expositor pero no sabe escuchar
Por Patricia Del Río Labarthe. El Comercio


Si analizamos la encuesta, Ollanta Humala sigue conquistando provincias y Lima parece territorio seguro de candidatos más moderados como Luis Castañeda. ¿Estamos ante una polarización entre una Lima más moderna, más pegada a la derecha y unas provincias más radicales?
Habría que matizar. En el norte Castañeda tiene cierto respaldo, en el oriente aparece con cierta fuerza Alejandro Toledo, la sierra sur sigue siendo bastión de Ollanta Humala, y en la sierra centro Keiko Fujimori aparece con ciertas opciones. Lo que sí es cierto, es que el Perú está dividido, desde hace ya varios años, en tres grandes corrientes: Lima la más moderna, la más globalizada; la sierra centro sur la más nacionalista, estatista; y el norte y el oriente se ubican como sectores intermedios. Sin embargo, el oriente se está radicalizando y últimamente se acerca a la posición de la sierra sur.




No hemos avanzado mucho con la inclusión, que fue el gran tema de las elecciones del 2006.
No en el campo de las ideas, pero cuando uno les pregunta a las empresas de consumo masivo cómo va la venta de productos destinados a mercados populares, esta va en aumento. Se trata de una muestra más de que la calidad de vida de los peruanos está mejorando incluso en zonas pobres. Sin embargo, la gente no lo siente así. No percibe este crecimiento. Las expectativas van más allá de la realidad y hay mucha frustración.




¿Cómo se traduce la frustración?
En una demanda por una mayor eficacia en la gestión pública.




¿El ciudadano es más intolerante?
Sí, históricamente está probado que en períodos de bonanza la presión popular es mayor porque la gente quiere compartir la riqueza ya, está ansiosa por aprovechar la oportunidad y no tiene paciencia para seguir esperando. Ya estamos viviendo eso y probablemente veamos más impaciencia. En los próximos dos años, se van a agudizar esas expresiones.




¿Qué va a pasar con el que votó por el cambio responsable de García y hoy se siente defraudado? ¿Se va a radicalizar?
No creo. Va a perder la confianza en García y tal vez en el Apra, pero ese elector va a seguir apostando por la idea de un cambio moderado porque se da cuenta de que la marcha económica responsable es mejor que una aventura más radical. Por más que no lo reconozca en la aprobación presidencial, el ciudadano sí se da cuenta de que las buenas políticas atraen inversiones y generan empleo.




Por eso cuando se les pregunta por su opción política, los peruanos se definen como "de centro", no se consideran radicales.
Así es, pero también es cierto que ven en la derecha a todos los candidatos salvo a Humala. Eso nos dice que los candidatos al 2011 tendrán que redefinir sus estrategias para acercarse al centro, y la clave está en el tema de la pobreza. En la mentalidad del elector, la derecha es la que se ocupa de los ricos y la izquierda de los pobres.




El peor mote que le pueden poner ahora a un político es el de candidato o presidente de los ricos.
Efectivamente. Y por eso el eje de la campaña y de la gestión de García, los próximos años, debería ser cómo mejorar el gasto público y cómo hacer que la gente salga lo antes posible de la pobreza y mejore así su calidad de vida, la educación y la salud de su familia




Hablemos de este sector que hasta ahora no se siente incluido, me refiero a los que han protagonizado los grandes conflictos sociales en este gobierno.
Estamos ante un grave problema de concepción de lo que es comunicación. El presidente es un gran expositor de sus ideas, pero la comunicación es de dos vías, y hay que saber escuchar antes y no después de haber tomado las decisiones. Ese es un principio básico que se aplica en el campo empresarial, las soluciones que funcionan mejor son las que surgen de un consenso previo. Tanto en el caso del Cusco como en el de la selva es evidente que no se hicieron las consultas previas para sacar una norma que pudiera ser aceptada. Y eso es fundamental en el Perú, porque hay mucha desconfianza.




¿García es demasiado soberbio para ponerse a escuchar?
Parece que con los años se ha endurecido y eso puede ser bueno porque le permite actuar con racionalidad en momentos en que tiene que tomar decisiones, pero a la vez ha perdido sensibilidad y la cercanía con la gente. Esta soberbia lo aleja del pueblo.


¿No resulta contraproducente atribuirles a la extrema izquierda y a los humalistas la capacidad de movilizar a toda esta población descontenta? ¿No se les está confiriendo un poder de convocatoria que en realidad no tienen?
De hecho parece que estos movimientos más bien se suben un poco al carro de la protesta de ciertos grupos. Creo que estamos ante la tendencia de los políticos de buscar enemigos. Los gobernantes, sobre todo cuando se vuelven impopulares, necesitan tener un enemigo al frente para crecer en términos de popularidad. Uribe tiene a las FARC en Colombia, Fujimori tuvo al terrorismo. Por eso, cuando surgen problemas, algunos piensan que hay que echarles la culpa a los radicales, así tienen un enemigo contra el cual combatir.




¿Y funciona?
No estoy convencido de que sea una buena idea. A donde debería mirar el Gobierno, si quiere enfrentarse a la oposición, es al Congreso y no lo hace. Muchos de los personajes que han llegado al Congreso con la lista UPP Partido Nacionalista son los más cuestionables que hay, sin embargo la ciudadanía no lo percibe así.




No se le responsabiliza a Ollanta Humala de haberlos llevado ahí.
Así es. Esta es una acusación que sí se podría hacer porque él es el responsable de haber colocado en el Congreso a estas personas. Por supuesto que hay malos congresistas en todos los partidos, pero hay mucho más en este grupo.




Cuando se culpa a los radicales de azuzar las protestas no se consigue persuadir con esa acusación a los que supuestamente estarían siendo manipulados
Porque los que protestan saben que no es así. Ellos consideran que tienen motivos de fondo para la protesta y sienten que el Gobierno no los está escuchando y no los entiende. Con este discurso, al contrario, los acerca más a estos grupos radicales que figuran como los únicos que estarían haciéndoles caso.




Así el Gobierno los radicaliza más y a cambio solo recibe el aplauso de los sectores con los que no tiene problemas de popularidad.
Ese es un problema que se repite mucho en este gobierno, y en particular con el presidente; me refiero a la necesidad que tiene García de expiar sus culpas del gobierno anterior y ganar el reconocimiento empresarial y de la comunidad internacional. Pero esa aceptación ya la consiguió, ya no la necesita, ahora tiene que marcar una cierta distancia de este discurso y poner en agenda los temas sociales. Una buena opción son los temas de inversión ligados a infraestructura. Ese es un factor indispensable para el desarrollo que tiene el respaldo de los inversionistas pero también es muy valorado por los sectores más pobres. Nada mejor que una carretera para integrar a un pueblo que está apartado.




Al presidente lo hemos visto inaugurando supermercados y fábricas, pero los ciudadanos no lo han visto inaugurando colegios u hospitales.
Creo que no está cuidando bien su imagen y comete un error. Debería estar mucho más cerca de la obra pública y menos de la privada.




Y en ese sentido, el terremoto del sur es tal vez la gran oportunidad que está perdiendo este gobierno para demostrar que puede realizar una gestión eficiente.
Lo del terremoto es una llamada de atención no solo para el Gobierno sino para el Estado. Se han puesto en evidencia las grandes limitaciones de nuestro aparato público y si el presidente hubiera sido otro me temo que las cosas no hubieran sido mucho mejores.




Pero el encargado de reformar el Estado para que funcione mejor es el Gobierno. ¿Si el presidente no tiene la capacidad de echarlo a andar entonces quién lo hace?
Efectivamente, es responsabilidad del Gobierno cambiar el Estado para que funcione, y da la sensación de que se ha hecho muy poco en ese campo. Incluso se percibe que se han tomado medidas que van en contra de ese proceso como haber bajado el sueldo en el sector público, o haber creado instituciones que después desaparecieron como la ONA. En esos casos da la sensación de que se actuó más para el discurso que para el cambio.




¿La gente está percibiendo de que el Perú avanza?
Está claro que no. Para muchos el Perú está estancado.




O avanza para otros.
Así es. Hay campos donde se debería avanzar más como el de seguridad o el de transporte, pero también se debe comunicar mejor lo que se está haciendo. No basta con discursos, falta una buena campaña de comunicación bien pensada con un mensaje creíble. La propaganda que hemos visto es muy chata y eso no sirve para nada.




Determinados peruanos votaron por García porque buscaban sentirse parte del Estado, necesitaban volverse ciudadanos de verdad. ¿Lo han conseguido?
La incorporación de la gente a la formalidad es parte de una política inclusiva. Las leyes para las mypes, que falta que se implementen, son inclusivas, pero en las actitudes no hemos avanzado mucho. El Gobierno no ha tenido actitudes de respeto, de incorporación o de integración con esa población. Cuando hay elecciones ellos votan buscando el candidato que los coloque dentro del sistema.




¿Los que no están dentro del sistema pueden optar por una opción muy radical en el 2011 que ellos consideren que los incluya?
Sí y la responsabilidad no es solo del Gobierno, las empresas también deben hacer un esfuerzo por promover la inclusión. Todavía hay un amplio sector de la población que no siente que el sistema funciona para ellos y por lo tanto pueden estar muy dispuestos a apostar por un cambio radical que les genere la esperanza de un beneficio más concreto.




¿Cree que el presidente sucumba ante la necesidad de subir en las encuestas y aplique políticas más populistas?
Creo que García ya está tan vacunado de su primer gobierno, que va a persistir con el modelo económico que ha implementado, y va a gobernar por lo menos dos años más con baja popularidad. Tal vez el último año haga concesiones al populismo para terminar como Toledo, con mayor popularidad.




¿Cuál ha sido el peor error del Gobierno, hasta ahora?
Me parece que la mayor deficiencia es la falta de focalización en el ámbito social.




¿Está a tiempo de corregirlo?
Creo que sí. Hoy día estamos viendo los resultados de una política económica consistente en los últimos lustros. En el ámbito social debería ocurrir lo mismo, debería trabajarse con horizontes largos, buscando que los modelos se continúen en gobiernos siguientes.




Para eso hay que despolitizar el ámbito social.
Y eso implica convocar a la tecnocracia. El campo económico está en manos de tecnócratas y el social más bien en las de políticos.

HACIA EL 2011
¿Qué expectativas llenan Castañeda, Keiko y Humala que García no logra llenar?
4"Castañeda representa al hombre de acción, de pocas palabras, pero que demuestra con su gestión que le preocupan los sectores populares. Recordemos que salió reelegido alcalde gracias a las escaleras de los cerros y ahora tiene a su favor los hospitales de la Solidaridad. Su imagen es la de un constructor".

4"Él es claramente el líder de la oposición. Representa la opción de un cambio de sistema y lo opuesto a García en materia de política económica. Cosecha simpatías entre los sectores más radicales y sobre todo en un sector mayoritario del interior del país que se siente ignorado y maltratado por Lima y por Alan García".

4"A Keiko hay que estudiarla un poco más. Por un lado el apellido Fujimori atrae a los fujimoristas que ven en ella la posibilidad de continuar la labor del padre (y entre los más fujimoristas la posibilidad de liberarlo), pero además tiene un cierto atractivo personal por su juventud, proyecta una imagen relativamente más fresca frente a los políticos más tradicionales".

SE NECESITAN CAMBIOS PARA UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
El Comercio

Hasta un 20% de las notificaciones llega tarde o nunca llega a su destino
Por medios electrónicos se intenta solucionar el problema. Nuevo servicio estará en marcha desde diciembre en diez cortes del país
Por José Santillán Arruz


Leandro Ccolca vive en San Juan de Lurigancho y hace una semana se enteró de que tenía una orden de desalojo. La notificación, increíblemente, le llegó dos días antes de que se cumpliera la diligencia judicial. "No quiero pensar qué es lo que hubiera pasado si este papel (la notificación) no lo tuviera entre mis manos... Tuve que buscar un abogado y mover cielo y tierra para evitar el desalojo planteado por mi hermano... Felizmente, logre parar el lanzamiento", expresó.


El caso de Leandro Ccolca no es el único. Muchas son las quejas respecto de la entrega de las notificaciones judiciales, pues al no llegar a tiempo a sus destinos o ir a parar al lugar equivocado, se corre el riesgo de frustrar un proceso. Esto hace más lento el trabajo de administración de justicia.


La magistrada Sonia Torre Muñoz, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, calculó que entre un 15% y 20% de las cédulas de notificación emitidas no llega o llega demasiado tarde a su destino. Si este porcentaje le parece pequeño, basta recordar que el año pasado las 29 cortes judiciales de todo el país emitieron 14'454.768 de cédulas. Solo en Lima se emiten diariamente un promedio de 20 mil documentos de este tipo .




PROBLEMAS DE FONDO
¿Pero qué factores son los que influyen en esta problemática? El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través de su proyecto Implementación de Notificaciones Electrónicas en el Poder Judicial", reconoce que el actual sistema de emisión y distribución de cédulas de notificación es lento e inseguro. "Las notificaciones realizadas por cédula tardan en demasía en llegar a los domicilios reales o procesales de las partes", señala el documento.


Para tener una idea: el cálculo de tiempo aproximado para la atención de un escrito presentado ante la instancia judicial puede demandar hasta 39 días: 18 días para emitir una resolución judicial y otros 21 días para diligenciar la notificación hasta anexar los cargos respectivos al expediente.


Todo ello obedece, según el mismo documento, a que no se cuenta con el suficiente personal idóneo para realizar esta tarea en la Central de Notificaciones (muchos son profesionales en derecho); tampoco se cuenta con los suficientes recursos logísticos y tecnológicos; hay también una alta rotación del personal; y, por último, hay demora en el traslado de documentos, debido a la distancia de los locales judiciales. En el caso de la Corte Superior de Lima, por ejemplo, el traslado de cédulas a la Central de Notificaciones puede tardar entre tres y cuatro días, y la devolución de los cargos de notificación a los juzgados tres o cuatro días más .




NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Frente a esta situación, Torre Muñoz precisó que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que preside Francisco Távara Córdova, ha instaurado el servicio de notificaciones electrónicas, el cual será puesto plenamente en marcha en diciembre de este año en las jurisdicciones que corresponden a las cortes superiores de Lima, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huaura, La Libertad, Loreto, Piura y Tumbes.


Iván Castillejo Legtig, especialista de Planeamiento y Gestión del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia, refirió que el nuevo sistema de notificaciones electrónicas está basado fundamentalmente en casillas que, a diferencia del correo electrónico, cuentan con una férrea arquitectura de seguridad (muy similar a la que utilizan las entidades bancarias), a fin de garantizar la inviolabilidad de los contenidos y que solo el destinatario tenga acceso a través de un código o firma electrónica.




PLAN PILOTO EN MARCHA
Para ponerlo en marcha habrá un plan piloto que se iniciará en setiembre en 15 juzgados comerciales de Lima, de acuerdo a una recomendación del Área de Servicios Judiciales. Esto se irá extendiendo paulatinamente a las otras nueve cortes del país. En el interín y durante 60 días se capacitará al personal que se encargará de las notificaciones electrónicas.


Sobre el particular, el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) Walter Gutiérrez señaló que la puesta en marcha de las notificaciones electrónicas es un paso importante en la mejora de la administración de justicia del país, toda vez que "la entrega material de la cédula de notificación es una de las grandes rémoras del sistema judicial tradicional".


Del mismo modo opinó el penalista Luis Lamas Puccio, al recordar que el sistema tradicional de justicia tiene muchas limitaciones y problemas, entre ellos, el sistema de emisión y distribución de notificaciones que requiere un urgente cambio cualitativo.


El constitucionalista Francisco Eguiguren no escatimó elogios a la nueva propuesta, aunque dejó en claro que este proceso requerirá, al menos en principio, dar plenas garantías para que el uso de la tecnología permita que la notificación cumpla con entregarse debida y correctamente a su destinatario.


El abogado y consultor Mario Amoretti expresó su acuerdo con el anuncio de notificaciones electrónicas, aunque señaló su preocupación por aquellos abogados y litigantes que carecen de una computadora.


Por su parte, la magistrada Sonia Torres Muñoz aclaró que el sistema de notificación electrónica será aplicado a solicitud del letrado que quiera utilizarlo. "Por ahora, dijo, será voluntario, mientras se adaptan a esta nueva forma de notificar que, estamos seguros, se irá ampliando con el paso de los días".


La importancia de la notificación
Según el Código Procesal Civil, una notificación tiene por objeto poner en conocimiento de los interesados o partes en conflicto el contenido de las resoluciones judiciales. Actualmente el Servicio de Diligenciamiento de Notificaciones está a cargo de las centrales de notificaciones; y, en cumplimiento del artículo 157 del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, las resoluciones judiciales en todas las instancias y aun en la Corte Suprema se realizan por cédula.


En el centro, por ejemplo, tenemos la Central de Notificaciones, situada en la esquina de los jirones Puno y Carabaya. Desde allí salen las cédulas a los domicilios de los litigantes o sus abogados.


En diciembre próximo, diez cortes judiciales del país tendrán un sistema de notificaciones electrónicas. Una segunda etapa prevé ampliar este servicio a las otras 19 cortes del interior del país, pero todo dependerá del presupuesto que reciba el Poder Judicial el próximo año.


EN PUNTOS
4Las notificaciones electrónicas forman parte del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia que ha sido respaldado por el Banco Mundial con un financiamiento de US$530.000. El 20% de esta suma es asumida por el Poder Judicial.
4Se calcula que la producción de notificaciones electrónicas, a partir de su puesta en marcha en las diez cortes del país en diciembre próximo, será de 4.229 diarias.


PUNTO DE VISTA
Se requiere una política agresiva*
Hace poco litigamos en el Callao. Nuestra oficina está en Miraflores y nuestro cliente está domiciliado en otro continente. Sin embargo, nos comunicábamos con él al instante por correo electrónico, mientras que actualizarnos con el caso nos tomaba varias horas. Esta situación es mucho más engorrosa si hay que notificar las resoluciones a personas con domicilios más alejados o de difícil acceso.


Muchas veces, secretarios y jueces indican que un caso no avanza porque las audiencias programadas no pueden ser notificadas o los encargados no encuentran el domicilio. El sistema judicial emplea una buena cantidad de esfuerzo, tiempo y dinero para intentar que las notificaciones funcionen.


El Perú es el país con mayor número de internautas en América Latina. Vayamos a una política de notificación electrónica agresiva. Si los abogados recibimos notificaciones en casillas físicas, ¿por qué no las recibimos por correo electrónico? Si las personas tienen que desplazarse por horas para averiguar sobre su caso en el juzgado, ¿por qué no comunican una dirección electrónica que puedan consultar en cualquier cabina de Internet cerca de casa?
* Ricardo León Pastor. Abogado

Crónica política: ¿Tiene salvación el Congreso?

El Comercio | La última encuesta de El Comercio le da un 9% de aceptación al Parlamento. Y continúa su tendencia a la baja, con escandalosa impopularidad.


Por Miguel Ángel Cárdenas M. Unidad de informes especiales

"Proactivo" es una palabra de moda, que en la cultura emprendedora de hoy ha calado hondo. Por eso, la desafiante e histórica pregunta sería: ¿se puede ser proactivo con el Congreso de comienzos del siglo XXI, que parece condenado a un descrédito irreversible?

Para la mayoría, el Parlamento se ha convertido en el resumen de todos los males, corrupciones, estafas, bajezas y conflictos de la sociedad. Y hasta es identificado con un concepto que es más un alias: otoronguismo. ¿Este tiene salvación, puede haber una cura que a estas alturas parecería un milagro?

Empecemos por el diagnóstico. Pese a tratarse de contextos distintos, la percepción popular ha hermanado en el desprestigio al Parlamento de los tránsfugas fujimoristas con el del período toledista. Este último, por ejemplo, dio una ley inconstitucional que liberó a los hermanos Wolfenson, albergó a Alfredo González, clonó proyectos de ley como denunció este Diario y provocó que el 91% de la gente pidiera la supresión de la inmunidad parlamentaria. El descrédito continuó hasta el actual Congreso, que con su 9% se acerca olímpicamente a batir la marca de diciembre del 2005, cuando llegó a 6% de aprobación.

Si hubiera que definir al otoronguismo, sería como una cultura institucional que maneja el orden y el caos. Orden, porque cuando son denunciados cierran filas, sacan a lucir su espíritu de cuerpo y sabotean --con empatía emocional y disciplina-- recortes de sueldo, castigos a los faltones; o reaccionan unidos con un mecanismo de negación para no comerse entre ellos: "Quieren satanizarnos y traerse abajo la democracia", dicen.

Y caos, porque cuando están sin acusaciones se dividen y pelean por sus intereses como si el hemiciclo fuera igual al tráfico limeño; presos de cálculos mezquinos en repartijas o componendas con alianzas antiéticas.

Leoncio Torres Ccalla, el agresor sexual de una adolescente de 16 años, a los 73 años, es un símbolo de este concepto. Se ha escrito tanto sobre él y aunque es un caso en sí mismo muy grave (tanto que está preso) y único, es metafórico también porque provocó dos 'otorongadas', como actos reflejos, que definen mejor un aspecto de forma del otoronguismo: el ridículo. Al momento de la sanción, cuatro padres patrios votaron en contra. Uno de ellos fue el toledista Eittel Ramos, un arquetipo de otorongo de la cultura chicha: de la estirpe de los cómicos ambulantes (una vez retó a duelo a 'Payasito' Waisman), de los invasores de mercados (se lo vinculó con Herminio Porras) y, sobre todo, de los futbolistas que son ampayados borrachos (cuando armó un escándalo ebrio frente a los periodistas). Pero como para el otoronguismo no hay clases sociales, el presidente del Congreso de ese entonces Ántero Flores-Aráoz, representante en esa época de un partido antiguo y tradicional, exclamó: "¡Qué culpa tengo yo si al Congreso le toca un tío eléctrico!".

El ridículo congresal es hermano menor de otro síntoma 'otoronguista': el trastorno por el síndrome del desatino contínuo. Se podría hacer una lista de 'elegidos': la toledista Enith Chuquival, el lumpenesco Víctor Valdez hasta, aplaudamos con los ojos cerrados, Carlos Torres Caro. Uno no sabe si su calidad ético-filosófica es digna de Gilligan o Shaggy de Scooby Doo; o, por el contrario, está tan evolucionado que lo hace para burlarse de sí mismo intencionalmente y lograr toda una crítica corrosiva del sistema desde dentro. Sería un maestro, la vanguardia es así

El rubro fuerte contra los congresistas son los delitos contra el patrimonio, la administración y la fe pública. Pero es también denigrante --otoronguismo duro-- que sus propios partidos políticos los defiendan hasta el límite del escándalo y solo los 'suelten' por presión pública. Sucedió con los ya acremente célebres Elsa Canchaya, quien contrató en la planilla del Congreso a su empleada del hogar como asesora. Con Walter Menchola, quien hizo que contraten a su supuesta amante. Con Tula Benites, por hacer lo mismo con un auxiliar fantasma. Con Ricardo Pando, por contratar a otro fantasma, pero fue 'salvado'. Con Margarita Sucari, por obligar a su empleada administrativa a compartir su salario. Con José Anaya, por presentar boletas falsas para justificar gastos operativos. Con Yaneth Cajahuanca, quien contrató a un vendedor de gas y a un inhabilitado. Con José Vega, por contratar a la pareja de su hijo. Con Nancy Obregón, por haber falsificado la partida de nacimiento de un supuesto hijo. Y con Miro Ruiz, el asesino de un perrito.

La presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria recibió 111 denuncias contra 63 legisladores. Los acusados deberían rezarle a San Jorge, pero les basta con la solidaridad negativa de sus partidos políticos. Ahora bien, frente a este otoronguismo de todos los días, ¿cómo ser proactivo en búsqueda de soluciones?

LOS EXPERTOS OPINAN
Si el Congreso fuera una empresa, habría que preguntarle al publicista y escritor Gustavo Rodríguez si sería posible aún cambiarle la imagen y combatir el otoronguismo:

Pensar que revertir la imagen del Congreso depende solo de la comunicación es iluso. Sin embargo, la comunicación puede lograr que su imagen pase de desoladora a moderada. Que por lo menos la gente no piense que "todo" el Congreso es un pozo negro, sino que hay que saber discriminar: que allí conviven representantes íntegros con representantes reprobables. Para que esto ocurra, antes tiene que haber una tarea de shock y sensibilización al interior del Parlamento. Pienso en talleres participativos que acerquen el pensamiento de los congresistas al de una sociedad ideal. Que los bajen en algo de su mundo autorreferencial. Luego, con algún porcentaje de parlamentarios comprometidos con la campaña ya puede pensarse en hacer acciones que trasciendan al exterior. Una campaña integral, que les diga a los ciudadanos qué esperar de sus representantes, qué cosas buenas y malas han hecho. Y que haga creíble la voluntad de transformación ante los medios de comunicación.

Si el Congreso fuera un paciente en el diván, Alberto Péndola, especialista en psicoanálisis y política de la Universidad Ricardo Palma, recomendaría contra el otoronguismo:

Yo propondría unas Olimpiadas: un proceso de selección sumamente exigente como el que lleva un país que va a una olimpiada, para eso habría que ver el currículum vítae, que no sea una hoja de vida hecha en Azángaro Y que estén alertas los medios de comunicación, la sociedad civil, Transparencia, la Defensoría del Pueblo, que de oficio pueden intervenir. Y el contralor que veo que está empezando a auditar los gastos del Congreso La renovación por tercio ayudaría porque hay gente que rápidamente muestran sus habilidades otoronguistas y los electores podrían sacarlos rápido.

Si el Congreso fuera como el fútbol peruano, un deporte popular pero desprestigiado, el sociólogo Aldo Panfichi reflexionaría sobre una posible solución equivalente a clasificar a un Mundial:

En el imaginario el Congreso tiene personajes que son sinónimo de maldad, corrupción, cosas negativas, que se complementan con la idea de que son ineficaces, caros y no representan a nadie más que a sí mismos Imagínate en el imaginario de los periódicos amarillos un presidente del Congreso cuya primera plana apareció en Río de Janeiro con un zambo atrás. Independiente de que sea verdad o mentira, es un tipo al que lo están 'vulnerando'. Y a pesar de todo eso, es elegido presidente. Hay una sobreexposición y una encarnación de la frustración de la gente que se personaliza en estos personajes. Hay que desestructurar las ideas de un otorongo. Pero es muy difícil, lo más probable es que el Congreso siga siendo el pararrayos de lo que rechazamos o repudiamos en el sistema político... Soy muy pesimista.

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