Familiares de las víctimas de la matanza de la Cantuta tuvieron que esperar más de una hora antes de poder sepultar los ataúdes de sus seres queridos por la negativa del funcionario de un cementerio local, dijo una representante de los deudos.

Gisela Ortiz, hermana de una de las 10 personas asesinadas en la masacre conocida como La Cantuta durante el régimen del ex presidente Alberto Fujimori, afirmó a una televisora local que el Gobierno no había cumplido con los trámites necesarios para el sepelio, según lo estableció una orden judicial.

En la víspera, los familiares recibieron los restos de los nueve estudiantes y un profesor de la universidad "La Cantuta" y les rindieron homenaje en el día en que se cumplieron 16 años de este crimen que llevó al banquillo de los acusados hasta al propio Fujimori.

"Aquí hay una negligencia o una falta de respeto que tiene que ser esclarecida. Estamos consiguiendo los picos y las palas necesarios para que nosotros mismos podamos enterrarlos," dijo Ortiz a un canal de noticias, mientras esperaba una respuesta de los empleados del cementerio.

El Gobierno peruano, a través del Ministerio de Justicia, tiene la obligación de asumir los gastos y trámites para el entierro de las víctimas, según lo dispusieron un tribunal local y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), refirió Ortiz.

"En un día con tanto sol realmente es muy difícil para nosotros los familiares estar parados aquí," agregó.

La ministra de Justicia de Perú, Rosario Fernández, aclaró que su despacho sí se hizo cargo de la ceremonia religiosa y el traslado de los féretros y de los familiares según la orden judicial, pero que no era responsable de la gestión ante el cementerio, que es administrado por la Beneficencia.

"Ha habido lamentablemente cuestiones burocráticas de menor nivel exigidas por un funcionario o empleado también de menor nivel que no ha tenido el criterio suficiente como para entender que ya los restos estaban ahí y había que dar el pase," explicó Fernández.

MINISTRA OFRECE DISCULPAS

Los restos fueron entregados por peritos forenses que se encargaron de identificarlos, luego de que un mandato de la CIDH ordenó su exhumación como parte de las investigaciones del caso.

"Lo lamento muchísimo y en realidad las disculpas que pueda rendir al respecto las doy con toda contrición (...) Ya afortunadamente los restos están enterrados, las personas descansan en paz," agregó Fernández.

Las víctimas de La Cantuta fueron secuestradas, asesinadas y finalmente quemadas para desaparecer toda evidencia por el grupo militar 'Colina' que actuaba bajo la sombra para combatir a los rebeldes de Sendero Luminoso, que inició una guerra interna en 1980 en busca de imponer un estado comunista.

Fujimori actualmente es procesado en un juicio histórico acusado de autorizar ésta y otra masacre donde murieron 15 personas más, entre ellas un niño, mientras que los familiares siguen buscando justicia para sus seres queridos.

La fiscalía ha pedido 30 años de cárcel para Fujimori por violaciones a los derechos humanos y el pago de 33,6 millones de dólares como reparación civil para los familiares de las víctimas. (Con información de Reuters).

(ANDINA).- El presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, autorizó al procurador Segundo Viteri, a asumir la defensa de la jefa de la Ocma, Elcira Vásquez, en caso el ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Ángel Romero, formalice judicialmente su demanda por un millón de dólares.
Así lo informó hoy el procurador Viteri al señalar que legalmente solamente tiene la obligación de defender a Vásquez Cortez en la vía judicial, por lo cual –aseguró- se ha rechazado totalmente cualquier tipo de conciliación con Romero Díaz.

Romero presentó, mediante la Cámara de Conciliación, una demanda contra Vásquez Cortez por un millón de dólares, al considerar que fue afectado económica y moralmente por el pedido de destitución, planteado por la Ocma, y que lo separo de la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Sin embargo, el procurador Viteri afirmó que por las atribuciones conferidas, la jefa de la Ocma está legalmente facultada de pedir la destitución de magistrados que actuaron indebidamente en el ejercicio de sus funciones, que fue el caso de dicho magistrado superior, anotó.

“Nosotros asumiremos la defensa de la doctora Elcira Vásquez en caso Romero Díaz la demande por vía judicial. Hemos enviado una carta a la Cámara de Conciliación rechazando cualquier tipo de conciliación”, subrayó.

La jefa de la Ocma aseguró no haber cometido ningún exceso y menos un delito por pedir la salida definitiva de Romero por aprobar irregularmente en el 2006 un pedido de ex trabajadores del Banco Central de Reserva (BCR) para que se les paguen sueldos devengados y sean repuestos, refirió el procurador tras haber sostenido una conversión con Vásquez Cortez.

En la víspera, el presidente del Poder Judicial y la Corte Suprema calificó de un “exceso” que Romero Díaz pretenda demandar por un millón de dólares a la jefa de la Ocma, Elcira Vásquez, por cumplir con sus atribuciones al pedir su destitución.

NOTA
Bajo el sistema del CNM, es imposible pedirle al PJ que funcione bien. Imposible si la cabeza no sirve o tiene carnet de compañero

(ANDINA).- El presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Pedro Cueto Chuman, negó hoy haber permitido que su esposa, Esther Silvera de Cueto, en su calidad de presidenta del Comité de Damas de esta jurisdicción, haya hecho mal uso de los bienes del Estado.
El titular de esta sede sostuvo que todas las Cortes del país brindan facilidades a los Comités de Damas, y por eso se les otorga un espacio dentro de sus instalaciones, brindándoles las facilidades necesarias para que puedan cumplir con sus objetivos de desarrollo institucional.

“No constituye un mal uso de los bienes del Estado, ya que en ningún momento han sido destinados para uso personal, sino para fines exclusivamente institucionales”, manifestó

“Además, si se hace un análisis de su accionar, la intervención del Comité de Damas a favor de los trabajadores y de la Corte resulta beneficioso ya que no cobran ni reciben ningún tipo de retribución económica”, anotó.

Recientemente, la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) ordenó abrir investigación disciplinaria a Cueto Chuman, por presuntamente suscribir un contrato a favor de su esposa, otorgando la concesión del servicio de fotocopiadora, que es para el público, dentro de los ambientes de la sede.

También por supuestamente autorizar, permitir y consentir el uso de un vehículo para beneficio del Comité de Damas.

Sin embargo, Cueto negó que durante su gestión se haya hecho mal uso de los bienes del Estado, ni autorizado alguna operación o actividad que esté prohibida por la ley.

Barrios Altos y La Cantuta fueron crímenes "fríamente" premeditados y no simples excesos, afirma fiscal

El ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Nicolás de Bari Hermoza Ríos, en el juicio que se le sigue al ex presidente Alberto Fujimori. Foto: ANDINA/ PJ.

(ANDINA).- Las matanzas perpetradas por el grupo Colina en Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) "no fueron simples excesos, como pretende minimizar" el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Nicolás de Bari Hermoza Ríos, sino que fueron “fríamente” planeados y autorizados por el gobierno de Alberto Fujimori, afirmó hoy el fiscal supremo adjunto Avelino Guillén.
Aseveró que estas acciones criminales se perpetraron en cumplimiento de un plan estratégico de "guerra sucia", y que inclusive los miembros del destacamento Colina ensayaron sus acciones antes de cometerlos.

“Lo que hizo Colina no es un exceso, sino la aplicación de una estrategia de 'guerra sucia0' que consistía en la eliminación de presuntos subversivos y para eso cumplían una serie de pasos: planificación, entrenamiento a los ensayos, ‘luz verde’ o la autorización y luego la ejecución”, sostuvo Guillén.

Advirtió que Hermoza Ríos pretende demostrar que al Ejército, que comandó en la década de 1990, se le escapó de las manos la lucha contra el terrorismo, y por eso se cometieron simples “excesos”, como si fueran acciones no premeditadas, lo cual –aseguró– es totalmente falso.

“Los hechos en Barrios Altos y La Cantuta, y todos los actos que perpetró el equipo especial de inteligencia denominado Colina, fueron una fría planificación de operaciones que ineludiblemente conllevaban a que las víctimas que habían elegido, es decir, sus objetivos, serían eliminadas”, refirió el fiscal.

Lo que Hermoza pretende es maquillar con el término "exceso" las operaciones especiales de inteligencia, que terminaban con la eliminación de personas previamente elegidas, anotó.

El representante del Ministerio Público reiteró que está debidamente probado que se cumplió un plan de "guerra sucia" que tenía el aval de Fujimori, y por el cual será condenado.

En la víspera, durante el juicio a Fujimori, el ex jefe militar admitió que durante la lucha contra el terrorismo se cometieron “muchos excesos”, principalmente en 1992, aunque pretendió justificarlos señalando que estos hechos suceden en todas las guerras.

Al respecto, Guillén sostuvo que "una cosa es un exceso en el desarrollo de una guerra, y una otra es la aplicación de una estrategia debidamente planificada y que se originó en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), al más alto nivel y que fue de conocimiento y aprobada por Fujimori. Se trató de una estrategia fríamente calculada, planificada y ejecutada con la debida preparación".

Refirió que después de salir a la luz pública estos actos, la organización delictiva se "cerró como un puño para tratar de obstaculizar y entorpecer las investigaciones de la justicia".

El Comercio| Para Vito Verna, adjunto de la Defensoría del Pueblo para los Servicios Públicos, las interrupciones en el suministro generan mayor postergación


De acuerdo con Vito Verna, adjunto de la Defensoría del Pueblo para los Servicios Públicos, "Los robos de los bienes de los servicios públicos afectan los derechos de cientos de miles de personas en el país, principalmente de la población de menos recursos, la cual constituye para la Defensoría del Pueblo un grupo de especial interés".


Añadió que "Las interrupciones del suministro de electricidad, agua potable y de comunicación traen graves efectos colaterales, como riesgos para la salud e integridad física de las personas. Imagine si una clínica se queda sin servicio de luz y teléfono por el robo de un cable".


Además de ello, se ven afectados con este delito el comercio y las distintas actividades económicas que dependen de un suministro constante y de calidad para trabajar con normalidad.


"Este delito genera una mayor postergación de los ciudadanos que no cuentan hasta ahora con acceso a servicios de agua potable y desagüe, electricidad y telefonía, sobre todo en las zonas rurales del país, lo que significa mantener su exclusión", afirmó.

(ANDINA).- Los vocales integrantes de las Salas Penales Permanente, Transitoria (Primera y Segunda) y Especial de la Corte Suprema de Justicia, participarán el próximo viernes en el IV Pleno Jurisdiccional Penal.
El objetivo de esta jornada de trabajo es, como corresponde a la Corte Suprema por disposición del artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concordar la jurisprudencia nacional, con lo cual se mejorará la predictibilidad de las resoluciones judiciales.

Los temas que se tratarán son reincidencia, habitualidad y determinación de la pena, cuyo ponente será el vocal supremo, Víctor Prado Saldarriaga.

Asimismo se tratará sobre la inhabilitación y reglas para su ejecución, cuyo tema estará a cargo del vocal supremo Duberli Rodríguez Tineo.

También calificación jurídica y determinación de la pena para el caso del “correo de drogas”, a cargo del vocal supremo Javier Villa Stein.

Asimismo, delito de violación sexual de menores y límites de la responsabilidad penal, cuyo ponente es el vocal supremo José Luis Lecaros Cornejo.

Igualmente; conclusión anticipada del debate oral, pluralidad de acusados y ruptura de la unidad del proceso, a cargo del vocal supremo César San Martín Castro; consecuencias accesorias del delito y reglas procesales para su imposición, siendo el ponente el vocal supremo Héctor Ponce de Mier.

Los temas que se abordarán fueron definidos en reuniones preparatorias realizadas bajo la coordinación del San Martín Castro.

Los Acuerdos Plenarios que se emitan deberán contar con la votación calificada de 14 Vocales Supremos.

Esta actividad se iniciará a las 08:00 horas y culminará a las 17:00 horas. Si se cumple la agenda antes indicada se tiene previsto el conocimiento de otras cuestiones penales que se informarán en su oportunidad.

El IV Pleno Jurisdiccional Penal de la Corte Suprema de Justicia fue autorizado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Acuerdo realizado en sesión del 8 de julio pasado.

CNM confirmó por mayoría no destituir a Ángel Romero y sólo aplicarle una sanción menor
Decisión también alcanza a otros dos vocales



Ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Ángel Romero. Foto: ANDINA/Archivo.

Lima, jul. 15 (ANDINA).- El Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) confirmó hoy por mayoría no destituir al ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Ángel Romero, como lo pedía el Banco Central de Reserva (BCR).
Así lo informó hoy el titular del CNM, Edmundo Peláez Bardales, quien explicó que con esta decisión se confirma de “manera definitiva” que Romero Díaz, y los otros dos vocales -Nestor Pomareda e Ida Rodríguez- no serán destituidos del Poder Judicial.

Sin embargo, los tres magistrados recibirán una sanción menor por aprobar irregularmente un pedido de ex trabajadores del BCR para que sean repuestos y se les pague sueldos devengados, en el año 2006.

Peláez señaló que la resolución final del CNM se fundamenta en que los tres vocales no tienen la obligación de presentar nuevas pruebas en el proceso que afrontaron para no ser destituidos, que era precisamente lo que cuestionaba el BCR.

En diciembre del año pasado, el CNM resolvió destituir a los tres magistrados por actos irregulares. Posteriormente, los vocales apelaron -mediante un recurso de reconsideración- y el Consejo en mayo pasado varió su decisión disponiendo no separarlos definitivamente del Poder Judicial. La decisión de hoy confirma esta resolución.

“La Ley General de Procedimiento Administrativos, número 27444 no exige que el recurso de reconsideración contenga nueva prueba, debido a que el CNM es instancia única y de competencia nacional”, indicó.

Peláez explicó que la entidad bancaria pedía que se anulara la resolución de no destitución, argumentando que la Ley Orgánica del CNM del año 1994, exigía efectivamente ese requisito.

“Al parecer, ellos (el BCR) desconocían que la ley 27444 del año 2000 derogó las normas que se oponían (la de 1994)”, anotó. Sin embargo, apuntó, los magistrados procesados entregaron nuevos elementos de juicio en el recurso de reconsideración.

“Por ejemplo, Romero presentó una sentencia de un caso similar, en la cual accedió al pedido de trabajadores señalando que se trataba de un despido fraudulento”, refirió.

El CNM también basó la decisión de hoy en que los magistrados no tenían antecedentes de irregularidades en su actuación judicial.

Con respecto al caso del vocal Néstor Pomareda, señaló que es incorrecto
–como argumentaba el BCR- que el CNM necesite cuatro votos para destituirlo, por lo cual también se confirmó su permanencia en el Poder Judicial.

“El BCR señalaba en el caso de Pomareda que se necesitaba cuatro votos para alcanzar mayoría, eso es error porque el Reglamento de Procesos Disciplinarios solo establece mayoría, y en este caso tres votaron por la absolución, dos por sanción menor y dos por destitución”, refirió.

Ocma decidirá sanción

El presidente del CNM aclaró que será la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) la que resuelva qué tipo de sanción le corresponderá a estos magistrados.

“La Ocma es la encargada de aplicar sanciones hasta los vocales superiores, y éstos magistrados tienen esa condición. El hecho de que Romero haya sido presidente del Corte es algo circunstancial, no lo hace supremo. La Ocma no sanciona a supremos, pero sí a magistrados de primera instancias”, precisó.

OCMA abrió proceso a juez y secretario por pedir coima a cambio de interceder en procesos

(ANDINA).- La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) abrió proceso disciplinario y ordenó separar temporalmente a un juez y a su secretario, quienes habrían recibido dinero de distintos litigantes a cambio de favorecerlos en procesos tramitados en el Segundo Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de Condevilla, en la Corte Superior de Lima Norte, donde ambos laboraban.
Se trata del juez Carlos Mori Chávez, a cargo del despacho de la referida judicatura, quien recibió mil 500 nuevos soles, de un total de cuatro mil que requirió de un litigante, para autorizar un desalojo.

Por su parte, el secretario, Luis Eddy Quispe Campos, había pedido dos cientos nuevos soles para gestionar el trámite de un exhorto derivado del Quinto Juzgado Comercial de Lima en un proceso sobre ejecución de garantía.

Los operativos se realizaron en forma simultánea y estuvieron a cargo de la Unidad Operativa Móvil de la Ocma por disposición de la Jefatura Suprema de Control a cargo de Elcira Vásquez Cortez.

En el caso de Mori Chávez, la entrega del dinero fue registrada por medios audiovisuales.

Sin embargo, el mismo magistrado optó por devolver el dinero alegando que podía seguir esperando a que el litigante juntara la cantidad de dinero solicitada inicialmente.

Dado a que el acto de corrupción estaba debidamente consumado la Ocma autorizó la intervención con apoyo del Ministerio Público, constatándose que el juez tenía las manos impregnadas con el reactivo químico con que se untó el dinero previamente fotocopiado.

La intervención del Juez puso en alerta al secretario quien se dispuso a huir del escenario de los hechos, pero debido a que su solicitud de dinero había sido grabada en audio las autoridades decidieron ponerlo a disposición del Ministerio Público.

El juez será confinado en un centro penitenciario por mandato de la sala penal superior de Lima Norte, en el proceso penal que se le sigue en paralelo con el secretario de juzgado.

La OCMA desarrollará el respectivo proceso disciplinario contra ambos por la notoria conducta irregular de ambos que atenta contra la respetabilidad de este Poder del Estado.

Habría presionado a hermana de un preso

El Comercio

Agentes de la policía y de la fiscalía de Arequipa detuvieron la noche del miércoles último al titular del Cuarto Juzgado Penal de Arequipa, Francisco León Guerrero, en el momento exacto en que este se disponía a extorsionar a la joven Mercedes Villarán de la Torre a cambio de ayudar al hermano de esta, detenido en el penal de Socabaya.


Villarán ya había presentado una queja ante la presidencia de la Corte de Justicia de Arequipa, en la que denunciaba que el citado juez se contactó con ella en varias ocasiones y le propuso tener relaciones sexuales a cambio de ayudar a su hermano, Juan José Villena de la Torre (23), acusado de asesinar a Alberto Madueño Cuadros el 14 de agosto del 2007. Por ello, las autoridades, en coordinación con Villarán, montaron una operación de captura.


La detención se produjo en el departamento de León, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.


Ante la gravedad del hecho, León fue puesto a disposición de la Fiscalía Superior Penal de turno que despacha Santiago Yrigoyen, quien ayer por la tarde debía ponerlo a disposición de la Cuarta Sala Penal. Hasta el cierre del informe permanecía en el local de la Policía Anticorrupción.


Según se informó, se ha pedido la suspensión temporal del magistrado. Paralelamente, se realizará el proceso penal en su contra.

(ANDINA).- La ley que modifica diversos artículos del Código Penal para endurecer las penas relativas a los delitos ambientales, tráfico de flora y fauna, deforestación y depredación de recursos protegidos, volverá a ser revisada hoy por la Comisión de Justicia del Congreso, a fin que se elabore un texto más preciso.
El dispositivo será debatido a las 17:30 horas por la Comisión Permanente.

Así quedó establecido esta mañana luego que la Comisión Permanente ( por insistencia de la bancada del Partido Nacionalista) acordara que la norma pase a un cuarto intermedio.

Sin embargo, la disposición ya había sido sometida a análisis por parte de la Comisión de Justicia el miércoles último, habiéndose elaborado inclusive un texto consensuado sobre la misma.

La decisión de la Comisión Permanente fue adoptada en presencia de las ministras de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, y de Justicia, Rosario Fernández.

La aprobación de la propuesta es urgente porque le permitirá al Perú lograr la acreditación necesaria, en cumplimiento de las exigencias que impone el Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos.

A través de la misma se modifica el artículo 305° del Código Penal vigente estableciendo formas agravadas para los delitos de contaminación.

En ese sentido, se aplicará una pena no menor de cuatro ni mayor de ocho años de cárcel, para el autor de una actividad contaminante que produzca lesiones graves en las personas.

En caso producto de esa actividad se produce la muerte, la sanción a aplicar fluctuará entre los 6 y 10 años de cárcel, y 3,500 días de multa.

También se considera una sanción carcelaria de entre 3 y 7 años (y desde 300 a 1,000 días multa), para las personas que falseen u oculten información sobre un hecho contaminante.

Igual sanción se aplicará para los que obstaculicen o impidan una actividad fiscalizadora de auditoria, que sea ordenada por la autoridad administrativa competente.

De igual manera se precisa que la pena carcelaria será no menor de 3 ni mayor de cinco años, para los que ingresen ilegalmente al territorio nacional residuos o desechos tóxicos peligrosos.

Establece también una sanción carcelaria de entre 2 y 5 años para el tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre que están protegidas.

Igual sanción se aplicará para la extracción ilegal de especies acuáticas en épocas, cantidades y talla y zonas que están prohibidas o en veda.

Sanciona, además, con una pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años, al que destruya, queme, tale (en todo o en parte), bosques u otras formaciones boscosas sean naturales o plantaciones.

(ANDINA).- El Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) resolvería el próximo jueves si aprueba o no el pedido de nulidad que presentó el Banco Central de Reserva (BCR) para dejar sin efecto la resolución de no destitución de Ángel Romero, quien fue separado temporalmente de la Corte Superior de Justicia de Lima, informó hoy el consejero, Francisco Delgado de la Flor.
Tras escuchar en la víspera los alegatos del abogado de la entidad bancaria, Manuel Monteagudo, así como de Romero Díaz, el CNM acordó poner en agenda dicho pedido, a fin de tomar una decisión definitiva en una votación en la que participarán los siete consejeros.

Previamente, la Comisión de Procesos Disciplinarios del CNM, que preside Carlos Mansilla, deberá emitir su informe al Pleno sobre el pedido de nulidad, precisó Delgado de la Flor.

El abogado Monteagudo argumentó que la resolución de no destitución que emitió el CNM a favor de Romero Díaz, así como de los otros dos magistrados Nestor Pomareda e Ida Rodríguez, tiene “vicios procesales”.

Señaló que dicha resolución debió sustentarse en las pruebas nuevas que debieron presentar los magistrados procesados para no ser destituidos del Poder Judicial, lo cual no habría sucedido.

El BCR cuestiona además que los consejeros resolvieron solo por tres votos no destituir a Pomareda, cuando se necesita legalmente cuatro votos para alcanzar mayoría.

Romero Díaz, Pomareda y Rodríguez fueron hallados responsables de haber emitido un fallo irregular en el 2006 para que el Banco Central de Reserva (BCR) pague sueldos devengados y reponga a ex trabajadores.

Sin embargo, el CNM resolvió que fueran sancionados, mas no destituidos como lo pedía la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma).

El Pleno del CNM está presidido por Edmundo Peláez Bardales, e integrado por Efraín Anaya, Francisco Delgado de la Flor, Maximiliano Cárdenas, Edwin Vegas, Aníbal Torres y Carlos Mansilla.

Entre ellos decidirán si la resolución de no destitución se confirma o si se rechaza.

El Comercio| Fiscalía los investiga por peculado y abuso de autoridad tras compra irregular de camioneta

Por Ítalo Sifuentes Alemán

El presidente del Gobierno Regional de Puno, Hernán Fuentes Guzmán, fue denunciado ante el Ministerio Público por la Contraloría General de la República por el presunto delito de peculado, tras haber estado informado de la compra irregular e innecesaria de una camioneta oficial valorizada en S/.125.920, que habría usado para quehaceres personales.

El gerente general de la región, José Castro Quispe, también fue denunciado por la contraloría; pero en su caso por el supuesto delito de abuso de autoridad, ya que autorizó la compra del vehículo oficial.

Consultado al respecto por este Diario, Castro Quispe indicó que se trataba de un asunto político, puesto que --según él-- para dicha compra no solamente cumplió con los requisitos administrativos y técnicos, sino que también lo hizo con conocimiento de Fuentes.

Aunque se llamó ayer en repetidas ocasiones al titular regional de Puno, fue imposible ubicarlo. En su despacho informaron que se encontraba ocupado en diversas inauguraciones de obras.

Según la contraloría, otros funcionarios de dicho gobierno regional efectuaron el requerimiento de compra de una camioneta con las características técnicas del vehículo (marca Toyota, modelo Land Cruiser Prado), por el que finalmente se pagaron S/.125.920, monto que se estima es el perjuicio económico ocasionado a dicha jurisdicción.

Estos funcionarios son: el gerente de la Oficina Regional de Estudios y Proyectos, Bernardo Ramos; el gerente de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Boris Espezúa; el subgerente de Presupuesto, Santiago Saire; el presidente del Comité Especial Permanente, César Esquivel; y los miembros de este grupo de trabajo David Mendoza y Henry Ramos.

Las irregularidades detectadas radican en que --según la imputación de la contraloría-- estos servidores estatales elaboraron un informe de factibilidad que obvió la Ley de Presupuesto, así como el requisito de cursar invitación a tres postores para la adquisición de bienes.

CLAVES
Informe técnico no fue atendido
- La Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Puno informó el 7 de junio del 2007 al gerente general José Castro Quispe que --según la Ley de Presupuesto-- la única excepción para la adquisición de dicha camioneta era bajo la causal de reposición por pérdida total del vehículo, para lo que además se necesitaba de una exoneración de la Presidencia del Consejo de Ministros.
- La camioneta en mención fue encontrada en una cochera de la ciudad de Juliaca.